Catálogo de esclavas en Líbano: encerradas, maltratadas y violadas por 175 euros al mes

FEMENINO PLURAL

En el país árabe proliferan las agencias que ofrecen jóvenes inmigrantes como empleadas del hogar, pero que en realidad se convierten en mercancía para sus nuevos ‘dueños’. Doce horas al día, siete días a la semana

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. – FÁTIMA SUBEH

FÁTIMA SUBEH

BEIRUT.- Nacen en plena miseria en países como Nepal, Filipinas, India o Pakistán. Jóvenes e incluso niñas que en su desesperación, deciden viajar a Líbano con la esperanza de poder regalar a sus familiares un poquito de dignidad. Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar más todo aquello que dispongan sus nuevos dueños. En muchos casos, son maltratadas física y psicológicamente. Algunas de ellas sufren abusos sexuales por parte de los señores de la casa.

Pocas consiguen escapar de su infierno y las que huyen suelen acabar en la cárcel o escondiéndose como si hubieran cometido algún delito. Las que no pueden soportarlo más, deciden terminar con sus vidas. Esta es la situación en la que se encuentran las empleadas del hogar inmigrantes en Líbano. Sin una ley que las proteja, desamparadas y abandonadas a su suerte.

Daura es uno de los barrios periféricos de Beirut. Es un lugar ruidoso y con mucha vida. En este barrio hay dos empresas conocidas que ejercen el tráfico de personas. Aunque no es el único, hay muchas compañías dedicadas al negocio de las domestic workers repartidas por todo el país. En ellas se pueden contratar a empleadas del hogar que provienen de países del sureste asiático o del continente africano.

Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar
más todo aquello que dispongan sus ‘dueños’

Al entrar por la puerta se puede apreciar una oficina de lo más normal. Con su aire acondicionado, su escritorio y un par de sofás para los clientes que esperan su turno. Un hombre y una mujer sonrientes atienden a los que se interesan en contratar a una de las chicas. El varón es el encargado de sacar un catálogo con tres mujeres kenianas. «Obedientes», según dice. Son tres folios con sus fotos, peso, la estatura y el sueldo a pagar: 175 euros al mes. Más otros 2.200 euros que incluyen el viaje hasta Líbano y los gastos de la agencia por las gestiones.

«Para asegurarte de que es consciente de quién manda, déjale unos días sin comer, quítale el pasaporte y no le pagues el sueldo de ese mes», dice el hombre de repente. El diálogo continúa así:

– «He oído que algunas de ellas escapan».

– «Como hacen muchas de mis clientas, cierra la puerta de casa con llave cada vez que salgas. Si tienes algún otro problema tráemela que yo me encargo de todo».

La conversación podría haber tratado sobre un televisor o un equipo de música. Su funcionamiento, día y noche, sin descanso. «Ni un día libre», insiste el encargado.

El negocio de la trata de personas

Natala y Saru tienen muchas cosas en común. La pobreza las empujó a viajar a Líbano a servir a familias que no son necesariamente pudientes o de clase alta. Natala tiene 14 años. Aún no ha desarrollado su cuerpo. Va a ser guapa, muy guapa. Su madre le engañó y le subió a un avión rumbo a Beirut. Le dijo que tenía que dejar la escuela e irse de vacaciones a visitar a su hermana. Una mujer la recogió en el aeropuerto. La casa a la que llegó se convertiría en su infierno. Se convirtió en la sirvienta de la familia y con su sueldo de 130 euros al mes mantenía a sus padres y hermanos en Bangladesh.

La joven ponía todos sus esfuerzos en complacer a su madame, aunque siempre en vano. Nunca olvidará aquella tarde en la que la señora se acercó, le sentó en el suelo bruscamente y cortó esa larga melena azabache que la había acompañado durante tantos años. «Me miraba con odio, jamás hice nada malo para que me despreciara así», recuerda la niña a Público.

Natala, de 14 años, viajó a Beirut engañada por su propia madre. La casa a la que llegó se convirtió en su infierno

Fue sometida a insultos y gritos todos los días por norma general. La joven sólo se podía permitir el lujo de llorar cuando ponía fin a sus interminables tareas y llegaba la hora de acostarse. Soñar despierta con el momento de marcharse y regresar a casa era lo único que la mantenía entera. Por suerte, la señora se cansó de ella a los dos meses y la devolvió a la agencia. El dueño de la empresa entró en cólera al ver que una de sus clientas había quedado insatisfecha con la mercancía. Para complacer a la mujer, golpeó Natala varias veces hasta que la tiró al suelo.

Saru quería pagar los estudios de sus dos hijos en Nepal, donde «los salarios no te dan ni para casi comer», dice esta joven de 30 años. En 2009 pisó por primera vez Beirut. En su primera casa, la dueña solía dirigirse a ella con la palabra sarmuta, que significa puta en árabe. La golpeó dos veces. A la tercera Saru se revolvió. El marido se apiadó de la joven y la dejó regresar a la agencia donde la asignaron una nueva familia.

Aunque trabajaba de ocho de la mañana a doce de la noche, esta vez la trataban con respeto. No paraba en todo el día, pero nadie se metía con ella, así que la situación era más o menos soportable. Se encontraba en el valle del Bekaa a unos 80 kilómetros de la capital. Una tarde el padre de familia, a escondidas de su mujer, intentó forzarla. No lo consiguió. Al día siguiente Saru revolvió la casa entera, encontró su pasaporte, salió corriendo y se montó en un autobús rumbo a su libertad. Regresó a Beirut, donde ahora trabaja para varias familias, pero sólo unas cuantas horas al día. Esto le permite «volver a su casa cuando termina y respirar».

Aisladas del mundo

«El apartheid empieza ya en el aeropuerto», declara Krystel, voluntaria en Migrant Forces Task Work (MWTF), ayudando a mujeres inmigrantes. Según esta joven libanesa, «la Policía lleva a las chicas a una habitación y las hace firmar un contrato que está en inglés y árabe. Ellas no lo entienden, por lo que no tienen ni idea de cuáles son sus derechos. Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra».

«Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra»

Krystel asegura que en ese contrato se establecen una serie de derechos como que las habitaciones en las que se instalen tengan al menos una ventana, que libren obligatoriamente un día a la semana o que habitualmente tengan contacto con sus familiares en sus países de origen. En muchos casos nada de esto se cumple. Algunas duermen en las cocinas o salones de la casa, no libran nunca y se encuentran completamente aisladas del mundo exterior.

La duración de contrato es de tres años generalmente. Cuando una de ellas escapa antes de ese periodo, se encuentra en situación ilegal. En la zona Mathhaf está la cárcel donde son recluidas. Pegada al Ministerio de Justicia. Desde allí son expatriadas, pero antes deben pagarse sus billetes de vuelta. «Tampoco pueden pedirles a sus familias que les manden el dinero porque no lo tienen, así que se quedan meses o incluso años encerradas como si fueran unas delincuentes”, incide Krystel.

Asesinatos convertidos en suicidios

El gran problema es que ser empleada del hogar no se considera un oficio en Líbano. Por lo que existe un vacío legal, que deja totalmente desprotegidas a las inmigrantes. De hecho, tampoco existe una ley específica que asegure los derechos de la mujer, por lo que la violencia sexista de los libaneses también queda impune en muchos casos.

«A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy
difíciles de demostrar»

Emelet Bekele Biru apareció muerta el 6 de noviembre de 2014 en la casa donde servía. Cuatro días después, Birkután Dubri cayó desde la cuarta planta de un edificio después de que, según testigos, mujer y empleada se enzarzaran en una terrible discusión. Según KAFA, una de las ONG más potentes que luchan por los derechos de las domestics workes, un estudio de 2008 reveló que al menos una empleada del hogar se suicida cada semana en el país. Un dato estremecedor que esconde una realidad aún más escalofriante. «A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy difíciles de demostrar. Casi ni se investigan y son automáticamente calificados y archivados como suicidios», dice Bernadette Daout, coordinadora de programas de la organización.

Son varios los objetivos de esta ONG. KAFA recibe denuncias de ciudadanos libaneses que son conscientes de la situación a la que está sometida alguna joven inmigrante a su alrededor. La ONG trata de recoger el mayor número de información posible sobre el caso. A partir de ahí informa a la Policía para que libere a las chicas y las entregue a la organización. «Tenemos una especie de refugio para estas mujeres, pero todas no caben. Un doctor las examina y esclarece a qué tipo de abuso han sido sometidas, porque ellas no quieren hablar. Tienen miedo. Además es muy difícil probarlo porque los golpes no siempre dejan marcas en la piel», denuncia Daout, que concluye: «Pocos libaneses han rendido cuentas ante la justicia por casos como estos».

http://www.publico.es/sociedad/catalogo-esclavas-libano-encerradas-maltratadas.html

Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú continúan su lucha por justicia

Tomado de: http://kaosenlared.net/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru-continuan-su-lucha-por-justicia/
Por Cristina Fontenele

Desde hace más de un año (enero de 2014), la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso.

Para el abogado del caso, Julio Arbizu, “tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no sólo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”.

Sobre los cambios de fiscal del caso (Luis Antonio Landa será el nuevo responsable del proceso, substituyendo a Carmen Ibáñez), Arbizu espera que sea una decisión definitiva y no provisoria. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”.

Según Liz Meléndez, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Perú y miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “La justicia es una utopía para las mujeres.”

Intercambios de Procurador hacen vulnerable el proceso en la justicia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) expresó su preocupación por los casos investigados y cuyas víctimas no recibieron ningún tipo de compensación. El Comité recomienda al Estado que identifique a todas las mujeres víctimas de esa violencia, investigue, procese y castigue a los culpables, así como las debidas reparaciones a las víctimas.

Las primeras denuncias sobre las esterilizaciones ocurrieron entre 1988 y 2001, cuando fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012 a partir de un acuerdo entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado se comprometió a buscar una solución amistosa para algunos casos abiertos.

Una de las historias más significativas del país fue la de la Sra. María Mamérita Mestanza, del distrito de La Encañada, Cajamarca (norte del país), fallecida por infección generalizada en abril de 1988, días después de una intervención forzada de esterilización. Este proceso es el único en el cual se reconoció la responsabilidad penal del Estado, indemnizando a la familia de la víctima con cerca de US$ 80 mil.

Entienda el caso

El ex presidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000), afectando a casi 300 mil mujeres y 22 mil hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.

Cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron afectados por la política de esterilizaciones de Fujimori.

Las cirugías eran realizadas en los departamentos y provincias más pobres del país, especialmente en las zonas rurales. En la mayoría de los casos se trataba de la población indígena Quechua y Aimara. Mujeres embarazadas también fueron obligadas por agentes de salud a pasar por el procedimiento, que ponía cupos a cumplir.

Vea el video producido por Cladem Perú en colaboración con el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus) sobre los casos de esterilización en Perú.

Cristina Fontenele. Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y Experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG).

 http://www.adital.com.br/?n=cubh

Abuso sexual de menores en la Iglesia católica: contra la fe no hay razones

JOAQUíN MAYORDOMO | 7/2/2014

 

El tenebroso mundo de la pederastia en el seno de la Iglesia católica, sobre el que todo el mundo ha tenido información puntual y frecuente en los últimos años, pero al que nadie parecía estar dispuesto a enfrentarse para hacer justicia, ha estallado en Ginebra. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha dicho ¡basta! y ha acusado al Vaticano de “encubrir los crímenes sexuales” perpetrados con menores en el seno de la Iglesia. En el informe publicado por este Comité se acusa abiertamente a la jerarquía eclesiástica de incumplir sus compromisos, tras adherirse, en 1990, a la Convención sobre los Derechos del Niño. Su presidenta, la noruega Kirsten Sandberg, ha señalado que las autoridades eclesiásticas han impuesto un código de silencio y prefieren preservar la reputación de la Iglesia y proteger a los responsables de los abusos por encima del interés supremo de los niños.

Así que, harta ya, la ONU ha apuntado directamente a la Iglesia con el dedo: “Los abusos”, han dicho en Ginebra, “se siguen cometiendo de forma sistemática mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de total impunidad”. A lo que en las altas instancias de la Iglesia han respondido que ellos no son responsables de lo que pueda hacer cada católico… Y qué entre los 40 millones de abusos sexuales a menores que, se calcula, se cometen en el mundo cada año, son una minoría los que tiene autor religioso. ¿Y esto que tiene que ver, pregunto yo, para que se oculte y se proteja a los culpables?

Estudié en un internado de frailes y, aunque no tuve experiencias directas, algo supe de lo que ocurría en aquel mundo oscuro de hombres solos, de niños solos, de amansado erotismo y castrados sentimientos. Ya como profesional, he tenido ocasión de abordar en repetidas ocasiones los abusos sexuales a menores. Con frecuencia lo recuerdo: una de las experiencia más duras que he tenido en este oficio de contar historias fue el día que entrevisté a una madre y su hija de 15 años para escuchar como describían los abusos sexuales sufridos por esta niña y su hermana pequeña de un padre ingeniero y su panda de amigos, encabezada por un cura. Nunca lo he olvidado.

La ONU, que nada tiene que ver con la fe, sino con la ley y la razón, exige ahora a la Iglesia católica que salvaguarde a la infancia del abuso que sufre por parte de esos hombres enfermos y denuncie a los culpables. Y la Iglesia, en lugar de enfrentarse a la realidad, asumirla y depurar responsabilidades, va y se escuda en la doctrina y apela a ‘razones’ de fe para acusar a la ONU, a su vez, de interferir en la libertad religiosa. Lamentamos, dicen el Vaticano en un comunicado “ver en algunos puntos del informe un intento de interferir en las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la dignidad de las personas y el ejercicio de la libertad religiosa”, para añadir a continuación que “protegerá los derechos de los niños según los valores de la doctrina cristiana”. Y se quedarán tan frescos… ¡Qué cinismo!

Pero, bueno, ¿es que nunca podrá la sociedad conseguir que las religiones y sus practicantes se sometan a la ley civil, en lo que atañe a comportamientos sociales? Quiero pensar que en esta ocasión —¡hago un voto de optimismo!— la Iglesia apostólica y romana va a “pinchar en hueso” en su confrontación con Naciones Unidas y, por una vez, tendrá que aceptar que la ONU le fiscalice sus cuentas éticas en relación con la justicia, en lo que a denuncia y castigo se refiere de los religiosos pederastas. Si no es así, el mundo oculto y terrible del abuso a menores seguirá engordando sus interminables listas de víctimas.

¿Víctimas? Las ha habido y las hay. ¿Las habrá siempre? Con instituciones como la Iglesia católica, es muy posible. Según Save the Children, organización internacional que se ocupa de los derechos de la infancia, en un país como España —¡moderno, desarrollado y desinhibido sexualmente a tenor de lo que opinan los jerarcas de la Conferencia Episcopal!— un 23% de las mujeres y un 15% de hombres han sufrido algún tipo de abuso o agresión sexual antes de los 17 años. Aunque hoy otras fuentes, como la Asociación de Mujeres para la Salud, que esta cifra la elevan hasta el 30%. Lo que si es verdad, independientemente de las cifras, es que el abuso sexual de menores (niñas, niños; da lo mismo) es práctica extendida, común a la mayoría de sociedades y países. Y es que, en una sociedad regida por hombres, con sus códigos y normas machistas, el abuso sexual cometido con menores se oculta primero y después se manipula hasta culpabilizar a las víctimas. Hasta tal punto ocurre esto, que una amplia mayoría social piensa, casi siempre, que la víctimas es la culpable o que ésta se inventa el abuso; algo que aún es más grave. Y para muestra, este ejemplo, que no me resisto a rescatar aquí de un reportaje que publiqué en El País, en 2006. “Yo era una niña, y él era mi padre. Cuando al fin lo denuncias, todos te dan la espalda, nadie te cree y te tiran como a una muñeca rota… Si somos las víctimas, ¿por qué lo perdemos todo? Perdemos al padre y a los abuelos; a los primos, a los amigos… Ni los jueces nos creen”.

Pues así están las cosas. Por eso el comportamiento de la autoridad vaticana en este tema es tan deplorable. Con la salud de los menores no se juega; porque éste, que nadie lo dude, es asunto de salud también. Una gran mayoría de las personas que sufren abusos sexuales viven luego una vida extraña, en la que los desequilibrios emocionales y secuelas psíquicas son permanentes.

El abuso sexual de menores es un drama, una tragedia, que entre otras cosas refleja esa parte animal que todavía los humanos llevamos dentro. Los propios abusadores han sido antes víctimas de abusos, en la mayoría de los casos; de ahí que sean incapaces de aceptar, ni siquiera de reconocer, ese comportamiento perverso. Esto es lo que choca: “Quién abusa sexualmente de un menor cree, con frecuencia, que no está haciendo nada malo, porque es la experiencia sexual que él ha tenido”, me decía en una ocasión, el pediatra y especialista en abuso a menores, Juan Gil. Por eso, según decía este experto, apenas se denuncia un 2% de los casos. Y, quizá también por eso, la Iglesia, amparada en esa fe intangible que la mueve, prefiera mirar para otro lado y quien abusa… Pues que siga abusando “en otra parroquia o en otro país”, como le recuerda la ONU, cuando la acusa de no hacer nada a este respecto.

http://www.cuartopoder.es/atusalud/abuso-sexual-de-menores-contra-la-fe-no-hay-razones/2678

Pechos ‘planchados’, la otra mutilación femenina

Por: María Antonia Sánchez-Vallejo | 06 de febrero de 2014

Una mujer asiste con su hijo a una sesión de prevención en Duala / Joe Penney (Reuters)

Las víctimas son niñas prepúberes, entre ocho y once años. Les aplastan los pechos durante meses con un objeto candente para evitar que adquieran turgencia y su volumen atraiga demasiado pronto el interés de los hombres. Es una práctica ancestral denominada “planchado del pecho” y originaria de Camerún, pero hay un creciente número de casos en Reino Unido.

Dicen sus defensores que es un modo de preservar a las chicas del acoso sexual e incluso de evitar embarazos precoces. Nada más lejos de la realidad: la tortura ha demostrado su ineficacia a la hora de impedir la actividad sexual a edades tempranas. En 2010, alrededor del 30% de las camerunesas habían sido madres antes de cumplir los 18 años, según el Fondo de Población de la ONU.

Lejos de la repercusión que otras prácticas de mutilación sexual femenina han alcanzado en el mundo –precisamente esta semana se celebraba el Día Internacional Tolerancia Cero contra las distintas formas de mutilación genital, que afectan a 125 millones de mujeres en 29 países de África y Oriente Próximo-, el fenómeno de las niñas con los pechos deformados sigue siendo en su mayoría  un secreto. También las víctimas callan sobre lo sucedido, en parte porque asumen que es lo mejor para ellas –el discurso tradicional-, y apenas reconfortadas por las mujeres de la familia, que les aseguran que sus pechos volverán a crecer cuando sean mayores.

El silencio perpetúa la práctica y todas sus consecuencias, entre las que se cuentan abscesos, picores, descarga de leche, infecciones, disimetría de las mamas, mastitis, infecciones, fiebre alta, piel quemada y daño en los tejidos… por no hablar de las secuelas psicológicas.

Uno de los instrumentos utilizados para ‘aplanar’ los senos / Joe Penney (Reuters)

El planchado afecta al 24% de las camerunesas –es decir, una de cada cuatro-, y es más común entre la población cristiana y animista del sur del país que en el norte, de mayoría musulmana, donde sólo se ven afectadas el 10% de las mujeres, sostiene el Fondo de Población de la ONU. En 2006, unos cuatro millones de camerunesas habían experimentado el proceso, que puede repetirse a diario durante más de un año, y otros cuatro millones eran víctimas potenciales del mismo, según la agencia alemana de cooperación internacional, que había dado la voz de alarma un año antes.

No es una práctica privativa de Camerún; también se realiza en Guinea-Bissau y en países del centro y el oeste de África como Chad, Togo, Benín y Guinea-Conakry. Más de la mitad de las agresiones (en torno al 58%) son perpetradas por la propia madre de la menor, aunque también suelen participar otras familiares. A menudo el padre permanece ajeno al suceso.

La ONG CAME Women and Girls Development Organisation, con base en Reino Unido, convocó recientemente una conferencia para dar luz pública al fenómeno, que la ONU ha incluido entre los crímenes más comunes que se perpetran contra las mujeres. Otros grupos locales, como la Asociación Red de Tías de Camerún (Renata), formada por víctimas del planchado, alientan campañas de radio y televisión dirigidas a 45.000 estudiantes de zonas rurales.

Las animosas Tías también han publicado carteles en los que se describen los tipos de objetos usados (lascas de piedra, martillos, espátulas, incluso la mano de un mortero calentado sobre brasas), un catálogo de horrores para una tortura silenciosa y, ojalá, cada vez menos secreta. Según el Gobierno camerunés, la práctica se ha reducido en un 50% desde que fuera detectada por primera vez, en 2005 y accidentalmente, durante una investigación de la agencia alemana de cooperación.

Una mujer de 28 años, víctima del ‘planchado’ de pechos, en su casa de Duala / Joe Penney (Reuters)

http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/02/la-otra-mutilaci%C3%B3n-femenina.html

“Yo quería sexo, pero no así”

Lo que iba a ser un encuentro deseado, se convierte en una agresión sexual. Esa situación es más frecuente que el estereotipo de violación por parte de un desconocido en la calle, pero para las mujeres es más difícil de identificar como un delito contra su libertad sexual. La culpa, la vergüenza de exponer su sexualidad y el miedo a que no las crean hace que pocas denuncien e incluso lo cuenten.

June Fernández

,25/11/2012

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La ‘primera vez’ de Blanca fue una violación, pero le costó años reconocerla como tal. Tenía 17 años y ligó con un compañero de clase en una fiesta de fin de curso. El chico le gustaba, y se sentía preparada para tener sexo con él. Pero en un momento dado su actitud le desagradó, y le pidió que parara. Él, lejos de atender sus ‘no’, la empotró contra la pared, le tapó la boca y la forzó. Ella respiró hondo e intentó relajarse para no sufrir lesiones. Se lo contó a sus amigas sin darle mayor importancia: que había tomado dos cervezas y se dejó hacer. Después de nueve años y dos relaciones de pareja marcadas por las humillaciones y los abusos, fortalecida por la terapia y el contacto con el feminismo, Blanca se reconoció como una mujer violada y lloró por primera vez.

Cuando escuchamos la palabra ‘violación’, nos imaginamos una escena muy distinta: una joven camina sola de noche, un desconocido la asalta y la fuerza brutalmente. “Las agresiones sexuales que no se asimilan a ese imaginario de violaciones de película se normalizan, se las considera ‘otra cosa’, o se culpa a la víctima (que le provocó, que no dijo que no con la suficiente insistencia…)”, alerta la psicóloga especialista en violencia de género, Norma Vázquez. El ‘ligoteo’ es uno de los contextos en los que más agresiones sexuales se dan, apunta, pero a las mujeres les cuesta identificarlas como tales, puesto que ellas querían en un primer momento trabar relación o mantener un intercambio sexual.

Agresores conocidos

Vázquez dirige la consultaría Sortzen, responsable del estudio ‘Agresiones sexuales. Cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden’, publicado por la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco, que revela que la mayoría de agresiones sexuales reportadas en 2009 ocurrieron de noche, pero la mitad tuvieron lugar en un domicilio (no se precisa si en el del agresor o de la víctima). La edad de la mayoría de las víctimas y de los agresores era de 26 a 35 años. El 60% de los agresores emplearon la violencia física, pero sólo el 9% amenazaron con un arma blanca.

En Bizkaia, en el 86% de los casos había relación previa entre la víctima y el desconocido; cifra que se queda en el 53% en Gipuzkoa, mientras que en Álava todos los agresores eran desconocidos. “Los datos nos muestran las características de las agresiones sexuales que se denuncian, no de las que ocurren”, se matiza en el informe.

En Castilla y León, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género, Adavas, confirma que, según sus datos, tan sólo son 12-15% de todos los delitos sexuales son asaltos de desconocidos. En la mayoría de casos, “el agresor sexual se prevale de la cercanía con la víctima para perpetrar sus ataques: la propia pareja o ex pareja, o los familiares, cuidadores en el caso de menores, en los que la víctima no denuncia porque piensa que no le van a creer”, explica Manuela Torres , abogada de Adavas.

El límite del consentimiento

Lo que le ocurrió a Blanca es, según el informe del Gobierno vasco, uno de los casos más habituales: una mujer conoce a un hombre con el que le apetece tener un encuentro, en un momento se siente a disgusto o no le gusta el rumbo que toma la situación, y él la presiona o fuerza a seguir.

Para la realización del estudio se contó con los testimonios de alrededor de 70 mujeres a través de grupos de discusión. Muchas reconocieron no tener claro qué se puede considerar como agresión sexual. Por ejemplo, la mayoría no identificaban como tal que el hombre se niegue a usar preservativo. En el informe se alerta de que la actitud masculina tan extendida y normalizada de insistir y presionar para tener sexo, hace que las mujeres acepten esa conducta “como algo consustancial a salir de fiesta”.

Norma Vázquez responde que el límite es “la coacción: si hay presiones, si el hombre no ha respetado el ‘no’ de la mujer”. Pero reconoce que, a menudo, cuando el agresor es conocido, la línea que separa una relación consentida de una forzada es difusa. “Hay mujeres que empiezan diciendo que no, pero que ceden por la presión, el chantaje, o por evitar males menores, como el miedo a la violencia física. Esas mismas mujeres a menudo no lo consideran violencia, porque se quedan con que finalmente aceptaron o con que ellas lo buscaron”.

La psicóloga lamenta que la sociedad no entienda por qué una mujer no se opone con firmeza a una relación sexual no deseada, y que la pregunta sea esa en vez de cuestionar por qué muchos hombres siguen sin aceptar la primera negativa. “Decir que no, mantenerlo y defenderlo cuesta”, recuerda.

Vergüenza y culpa

“Sentí culpa y vergüenza”, relata Blanca. “Porque yo había decidido que quería tener relaciones, yo había decidido que quería irme con ese chico. Hasta le había dejado que me bajase las bragas. Sentía que yo me lo había buscado y que no tenía derecho a echarme atrás en el último momento. Me sentía tonta”, reconoce.

Haber bebido, haber salido de casa con ganas de un revolcón o no haber sabido dar un ‘no’ contundente son algunos de los elementos por los que las víctimas se sienten responsables de lo que les ocurrió, destaca la psicóloga. Si la sociedad transmite a las mujeres que son ellas las que tienen que protegerse y limitarse para no ser agredidas, cuando esto ocurre, su primera reflexión no apela al agresor (¿por qué ha agredido?) sino a la víctima (¿por qué se metió en esa situación?).

Incluso las participantes del estudio que afirmaron no vivir la agresión con culpa, admitieron que sentían que habían dado pie a ello. Por ello, uno de los ejes principales en la atención que brinda Adavas en Castilla y León a las víctimas de agresiones sexuales es transmitirles “que no han tenido la culpa de lo que les ha sucedido y que una agresión comienza cuando se transgrede la barrera del no y se daña así la libertad sexual de una persona”, señala la abogada de la asociación.

Pero una vez superado el sentimiento de culpa, persiste el miedo a ser juzgadas. Las participantes en el estudio del Gobierno vasco opinaron que la sociedad y la justicia tienden a señalar a las mujeres más que a los agresores. Un caso claro que se citó en los grupos de discusión fue el asesinato (homicidio, según la condena) de Nagore Laffage en las fiestas de San Fermín a manos de un psiquiatra del hospital en el que trabajaba, José Diego Yllanes. Pese a que el caso conmocionó a la ciudadanía vasca y navarra, dos preguntas flotaron en el aire en todo momento. ¿Si no quería sexo, para qué subió a casa de Yllanes? ¿Y qué hizo ella para que un tipo tan respetable se volviera loco y la asesinase?

Cuesta denunciar

De las más de 70 mujeres entrevistadas para el estudio, Norma Vázquez destaca que ninguna había denunciado las agresiones sexuales sufridas: “Nos decían cosas como: ‘Yo no me veo explicando al fiscal, al juez, a la médica… que sólo quería un magreo, o que él se puso violento y me dio miedo, o que no supe decir que no a tiempo’. Denunciar lo que está en el limbo de ‘yo sí quería pero no tanto’ es dificilísimo. Es la pescadilla que se muerde la cola: se denuncian las agresiones que más cumplen con el estereotipo de asalto con violencia”.

Blanca admite que si hubiera sufrido esa agresión ahora, tampoco hubiera denunciado. “¿Qué pruebas presentaría? Traté de relajarme en vez de oponer resistencia, por lo que no me desgarró la vagina, no me golpeó ni me rompió la ropa. ¿Por qué me iban a creer?”.

Conseguir pruebas es mucho más complicado cuando no se trata de un asalto con violencia por parte de un desconocido, reconoce Torres, pero señala que existe múltiple jurisprudencia de que en esos casos el testimonio único de la víctima puede ser tenido en cuenta como prueba suficiente, “ya que de lo contrario la mayoría caería en la más absoluta impunidad”. Pero para ello hay que cumplir ciertos requisitos: que no exista interés espurio para denunciar o una enemistad previa, que el testimonio de la víctima sea verosímil y coherente.

Pero según Vázquez, uno de los principales motivos por los que se descarta interponer una denuncia es porque “sienten que tienen que exponer su sexualidad, admitir ante diferentes personas que iban a acostarse con un desconocido y que cuando les dio mal rollo no pudieron parar la situación”. Y esto no ocurre sólo con las jóvenes, sino que las mujeres mayores “también salen de marcha, también se quieren enrollar con gente”, y eso es difícil de contar en un juzgado. Por ello, la psicóloga defiende la importancia de denunciar para romper con la impunidad, pero entiende que “el desgaste y la exposición que supone el proceso” las frene, y por ello reclama centrar las respuestas institucionales y sociales en brindar acompañamiento a las víctimas.

La abogada de Adavas confirma que “si la víctima cuenta con apoyo profesional especializada desde el inicio, la respuesta penal suele ser adecuada al daño ocasionado”. Como prueba, señala que el 73% del total de agresiones sexuales denunciadas por la asociación entre 2010 y 2011 terminaron en una sentencia condenatoria; menos del 10% de los agresores fueron absueltos, y en el resto de los casos no se llegó a juicio, generalmente por falta de pruebas. Eso sí, en 2010-2011 una media del 40% no quiso interponer denuncia, sobre todo por miedo a que no les crean. La abogada considera que, incluso cuando han pasado años desde la agresión (pone como ejemplo los abusos sexuales en la infancia), conviene denunciar si la persona lo desea, “porque ayuda a superar el episodio, porque el abusador debe tomar conciencia de lo que hizo, y puede servir de protección tanto a la víctima como a otras posibles víctimas”.

La asociación brinda asistencia gratuita las 24 horas del día a través de un servicio de emergencias, en coordinación con las demás instituciones. Se trata de una atención integral con perspectiva de género por parte de un equipo formado por psicóloga, abogada, trabajadora social, musicoterapeuta para menores y voluntariado, cuya prioridad es que la víctima supere el trauma, que no sienta culpa y que se sienta apoyada y comprendida en la toma de decisiones. Además, la organización realiza actividades de sensibilización y denuncia, bajo la premisa de que debe haber “una respuesta social adecuada y proporcionada ante los ataques contra la libertad sexual, sin llegar a la alarma social”.

 

http://www.eldiario.es/sociedad/queria-sexo_0_72093264.html

Violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC)

Imagine un orfanato de 300 niños abandonados por haber sido fruto de violaciones sexuales. Ahora imagine una aldea donde solo en el último año fueron violados 11 bebés de entre seis meses y un año y 59 infantes de entre uno y tres años.

14.11.2013 · Toma la palabra · IPS · Babatunde Osotimehin · Zainab Bangura

La historia de la violencia sexual en los conflictos es tan antigua como la guerra misma. No distingue fronteras, condición étnica, religión ni edad.

La población de la República Democrática del Congo (RDC) conoce demasiado bien el sufrimiento de la violencia sexual. Según un informe del Ministerio de Género, solo en 2012 se reportaron 15.654 casos, un aumento de 52 por ciento en relación a 2011.

De estos delitos, 98 por ciento se perpetraron contra mujeres. En las zonas congoleñas de conflicto, la edad promedio de las sobrevivientes es menor a 21 años, y un tercio tienen entre 12 y 17 años. El año pasado, 82 por ciento de todas las víctimas no habían completado la escuela primaria.

Estos no son solo números. Se trata de niños concebidos en violaciones y abandonados, y también de mujeres y niñas que día a día soportan las secuelas físicas y emocionales de semejante agresión, y de hombres y niños que sufren en silencio la vergüenza y el estigma asociados a este delito.

Todos los sobrevivientes deben recibir la atención necesaria, y todos los actores involucrados deben unir fuerzas para permitir que reconstruyan sus vidas y evitar que estos hechos se repitan.

No fue este conflicto el que creó el flagelo de la violencia sexual que hoy enfrentamos en la RDC. Las raíces, en especial la desigualdad de las mujeres y el abuso de poder, han estado ahí durante siglos.

En la RDC y en todo el mundo, la violencia de género es el abuso más prevalente, pero menos reportado, de los derechos humanos.

El conflicto genera inseguridad y un entorno de impunidad, lo que a su vez exacerba la violencia sexual preexistente.

Para erradicar efectivamente la violencia sexual en los conflictos debemos redoblar la promoción de los derechos femeninos como derechos humanos, y crear mecanismos viables que pongan fin a la impunidad y envíen un potente mensaje de que este abuso de poder, extremo y dominante, no se tolerará. Debemos hablar fuerte y claro: se juzgará y se castigará.

La violencia sexual en situaciones de guerra, como la que vive el oriente de la RDC, presenta desafíos únicos. Según el último informe del secretario general (de la Organización de las Naciones Unidas, ONU) solo en esa parte del país operan más de 44 grupos armados, algunos procedentes de países vecinos.

Casi todos estos grupos han estado implicados en delitos sexuales. También se acusa a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía. En este contexto, resulta particularmente complejo atraer a una amplia variedad de actores estatales y no estatales para garantizar que las violaciones no se usen como arma de guerra.

Los costos económicos y humanos de estos delitos y de otras formas de agresión de género son tremendos: incluyen la pérdida de vidas y sustentos, el rechazo de familias y comunidades y graves consecuencias para la salud reproductiva y mental, incluso con riesgo de muerte.

Pero la violencia sexual no es inevitable.

El gobierno de la RDC ha reconocido estas consecuencias y ha tomado medidas para modificar el discurso público ante este problema. En 2006 aprobó una ley que amplió la definición de violencia sexual y promovió sanciones más severas para los perpetradores.

En 2009, el país desarrolló la Estrategia Nacional sobre Violencia de Género, y en marzo de este año el gobierno y la ONU firmaron un comunicado conjunto, exponiendo las acciones concretas que las autoridades adoptarían para erradicar estos delitos.

Todos estos son pasos en la dirección correcta, pero es necesario hacer mucho más. Las leyes tienen que aplicarse, y se debe juzgar y condenar a los agresores.

Hacer que impere la ley en un territorio inmenso donde el derecho consuetudinario es, en muchos lugares, la única autoridad reconocida, representa un enorme desafío para las instituciones y los actores concernidos en el combate a la impunidad.

Sin embargo, la RDC no está sola en esta lucha. El sistema de la ONU, que incluye las fuerzas de mantenimiento de la paz, también tiene una responsabilidad directa en apoyar y facilitar las iniciativas nacionales.

Asumimos esta misión conjunta para la RDC para profundizar el compromiso político, potenciando la participación de las instituciones democráticas, los dirigentes políticos y la sociedad civil.

Nuestro objetivo es que los compromisos asumidos y el trabajo hecho por el gobierno y la ONU marquen una diferencia en las vidas de mujeres, niñas, niños y hombres que viven con temor cada día.

Nos comprometemos a trabajar hacia la eliminación de la violencia sexual en la RDC.

Para lograr avances significativos, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, de todo el sistema de la ONU y del gobierno. También abogamos por una mayor atención de los donantes en los servicios básicos para los sobrevivientes, que incluyan educación, atención de salud, refugio, sustento y otras acciones psicosociales.

La violencia sexual en la RDC dista de haber terminado, pero trabajando juntos podemos poner fin a lo que durante mucho tiempo constituyó el mayor silencio de la historia, y escribir su capítulo final.

Eliminar la violencia de género y empoderar a mujeres y niñas constituyen la esencia de los cambios que este país debe adoptar para alcanzar la paz y el desarrollo.

http://periodismohumano.com/sociedad/discriminacion/violencia-sexual-en-la-rdc.html

“Cuantos más frenos ponemos a una inmigración normalizada, más se refuerzan las redes de trata”

Mujer

Conferencia de la investigadora Helena Maleno en el marco de la jornada de sensibilización organizada en Gijón por Fundación Amaranta, que trabaja con mujeres víctimas de trata o en situación de exclusión.

08.11.2013 · periodismohumano · Helena Maleno

Estamos atravesando una época muy dura en la frontera sur donde se encuentran muchas mujeres y menores víctimas de trata y explotación sexual, también muchos niños que vienen de Guinea Bissau y Conakry como correos de la droga y que están en CETIS en Ceuta y Melilla como si fueran mayores de edad.

Dentro de estas personas que están atravesando a Ceuta y que el otro día fueron deportadas, devueltas, por Policía Nacional y Guardia Civil, había una chica víctima de trata que quería pedir protección y que no pudo porque la Policía Nacional no tuvo el momento de escucharla. Fue cogida por los marroquíes y después la encontraron en la frontera de Oujda donde fue violada sistemáticamente.

Hay que entender que la trata se ha convertido en una oportunidad para migrar en los países de origen. Es complicado para nosotros entenderlo. Pero cuando hemos reforzado las fronteras cada vez más en países donde existía la libertad de circulación desde hace mucho tiempo como es la zona de la CEDEAO, estamos viendo cómo la UE ha puesto entre Senegal y Mali 45 puntos de radar, de control   (…) Cuantos más frenos ponemos a una inmigración controlada y normalizada,  cada vez más las redes de trata se refuerzan y se presentan en los países de origen como una oportunidad, como una garantía y seguridad para migrar. Esta es la paradoja de esta política migratoria que los países de la UE venden como lucha contra las mafias.

Estos perfiles de mujeres vienen de países en guerra, están buscando una mejora de las condiciones económicas, son colectivos en alta situación de pobreza, con una gran tasa de analfabetismo, mujeres que encuentran en las redes de la trata una formar para migrar pero que en realidad vienen buscando acceso a derechos: vienen huyendo de matrimonios forzados, de violencia en su país de origen y que paradójicamente ven en esa red de trata una forma de huir de esa violencia.

“Es muy complejo trabajar con las mujeres nigerianas, camerunesas” nos dicen muchas veces. Y lo es porque hay que entender los contextos de origen donde la trata es endémica, donde el PIB de esa zona son las mujeres, la riqueza de la zona es que las mujeres salgan fuera. Entonces toda la colectividad participa en la trata. Las familias lo normalizan, te explican que tienen siete hijas y van a sacrificar a dos, dos se van a ir, es el futuro de la comunidad. Entonces la trata empieza a visibilizarse como algo que trae beneficios para la comunidad.

Así comenzó Helena Maleno que podéis seguir viendo a continuación.

http://periodismohumano.com/mujer/

Sandra, el viaje interminable de pagar 45.000 euros de deuda por trata

 

Patricia Simón

 

Sandra está pendiente del teléfono esperando la respuesta a una entrevista de trabajo. Busca cualquier empleo, ha trabajado de camarera en bares y hoteles, de dependienta y ha hecho mil cursos de formación. Aunque, puestos a poder elegir, preferiría cuidar a niños o ancianos. Su presencia y su tono en la conversación es contundente, tiene 31 años aunque hay vidas y contextos en los que la edad no nos dice nada de la experiencia acumulada ni de etapas vitales. Sandra, como el resto de mujeres entrevistadas víctimas de trata con fines de explotación sexual, son mujeres a los que sus contextos, sus decisiones y la vida les ha colado más obstáculos de los narrables –cuántos no se habrán quedado en el tintero de la memoria, borrados por la concatenación de desgracias–, pero que han tenido que ir superando porque seguía amaneciendo, dando lugar a unas mujeres en las que casi se materializa la capacidad de supervivencia del ser humano.

Sandra (Javier Bauluz)

 

Sandra relata su vida asépticamente, sin autocompasión ni normalización de los abusos sufridos. Sólo a veces su fortaleza brota con tono de sorna, cuando la sucesión de dificultades se hace abrumadora incluso en el relato. Mientras, su teléfono no para de vibrar, es el presente y espera que tenga forma de un trabajo.

Sandra (Javier Bauluz)

 

Sandra tenía 17 años cuando “como forma de agradecimiento a su abuela, la persona que más quería en el mundo”, con la que vivía por el alcoholismo de su padre -nunca menciona a su madre-, decide que va a darle una vida mejor viniendo a España. Para ello, consigue el teléfono de una mujer que traslada gente a este país europeo y que le confirma que tiene trabajo para muchachas como ella y que a cambio sólo tendrá que pagarle el coste del billete de avión. “Como yo pensaba que aquí caía el dinero del cielo le dije que sí, claro”.

Poco después el hermano de su “jefa” fue a buscarla “y me llevó a un brujo que me dijo que si, por ejemplo, yo no pago, me muero o que esa mujer puede hacer lo que quiera con mi familia. Me dieron algo para comer, luego me pidió cosas de mi cuerpo (cabello de la cabeza, de los genitales y de las axilas, y uñas de los pies y manos)”.

Sandra (Javier Bauluz)

 

El caso de Sandra es paradigmático de la trata de mujeres con fines de explotación sexual con origen nigeriano. El empleo del vudú como forma de coacción, las redes de cercanía con el entorno familiar y las amenazas contra éste, así como la trampa de una deuda que se justifica a partir de los gastos del viaje y que puede alcanzar los 60.000 euros. Por ello Sandra es capaz de asegurar que tuvo suerte, porque fueron 45.000 euros los exigidos por sus tratantes, una rebaja que atribuyen a que Sandra no hizo el viaje en avión como se le prometió inicialmente, sino a pie con otras  ya que finalmente el viaje no fue en avión, sino a pie con otras “sesenta y pico personas”, lo que les llevó un año y medio “porque no había dinero para coche”. Desde Nigeria a Marruecos. En el camino por el desierto, verse sobreviviendo gracias a “beberse la propia orina”, ver cómo compañeras de viaje tienen que dejar sus bebés -muchas veces fruto de violaciones de sus tratantes- “porque no tienen para alimentarlos y porque queda mucho hasta su destino”.  Nueve horas en patera hasta España. Y doce muertos, porque volcó. En varios medios de transporte hasta Palma de Mallorca, donde le esperaba su “chula”. “Cuando me llevó a un club para trabajar, yo nunca había visto a gente así, desnuda, con tanga. Y después ella me dijo que ahora me toca a mí. Es una vida muy dura. Llamé a mi abuela y me dijo que volviera y la jefa me dijo que aunque volviera iba a tener que pagar. ¿Dónde voy a encontrar 45.000 euros para pagar?”.

“Cuando yo estaba sufriendo, sin fuerzas, bebiendo mi meado porque no hay agua, muriendo… Me arrepentí mucho. Ver gente muriendo, sin comida…”

“En Marruecos mucha gente abortaba sin tener idea de cómo hacerlo. Hay mucha gente de mi país que hoy no puede tener hijos porque se quedaban embarazadas y hacen cosas que no deben, gente que ha muerto desangrada y otra que vive por suerte, pero que no puede tener hijos”

“Mi chula todavía hoy tiene cuatro chicas (tratadas) pero no la voy a denunciar (…) Terminé de pagarle el año pasado y duermo muy feliz porque ya no me llama, no me insulta ni amenaza….”

“Cuando pagué le pedí todo lo que me había quitado (uña, pelo de la cabeza, axilas y genitales… para ritos de vudú)”

“Yo aprendí muchísimo aquí (en APRAMP) de informático, de español, para cuidar a personas mayores, sobre drogas, a hacer currículos…”

Llegó en abril de 2002 y terminó de pagar la deuda en 2011. “Cuando les digo a mi familia que aquí no es tan fácil, no me creen. Pero es normal, yo tampoco lo creía”. Sandra sale pitando a una entrevista de trabajo. Tiene 31 años, fue víctima de trata, pero también y gracias al apoyo de la Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida (APRAMP), Sandra ha aprendido a leer y escribir, español, informática, y lo que haga falta para seguir adelante.

http://trata.periodismohumano.com/2012/09/21/sandra-el-viaje-interminable-de-pagar-45-000-euros-de-deuda-por-trata/

Los 37 rostros de la desigualdad

Femenino Plural

ACNUR inaugura en el Museo Nacional de Antropología la exposición del fotógrafo Francisco Magallón ‘Mujer.Todos somos una’; una mirada desde los ojos femeninos de todos los continentes contra la concepción androcéntrica del mundo

Una mujer egipcia portando el ‘niqab’ junto a su hijo en 2011.– FRANCISCO MAGALLÓN

Noticias relacionadas:   Mujer, todos somos una

 

Matrimonio forzoso, mutilación genital, explotación y esclavitud sexual, violencia machista. Todos estos términos son comunes en los titulares de los medios e, inevitablemente, van asociados a la figura de la mujer.

Ser mujer nunca fue fácil. Ni siquiera en los países donde han logrado conquistar -no todos- derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, el camino por la simple supervivencia se les presenta difícil en determinados contextos socioculturales, y de ese calvario particular sólo llegamos a conocer los casos con el desenlace más trágico: la muerte y las heridas irreversibles.

Por esta razón, el reportero gráfico Francisco Magallón, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Museo Nacional de Antropología ha tratado de acercar los rostros de 37 mujeres de distintas partes del mundo que diariamente se enfrentan a situaciones de discriminación, desigualdad, exclusión, violencia o persecución. Unos retratos captados desde 1983  que podrán contemplarse bajo el nombre de Mujer, todos somos una en las paredes de este museo desde el 20 de septiembre hasta el 19 de enero (ver fotogalería).

«No se trata de un alarde gráfico ni de retratos bonitos», afirma el fotógrafo, «sino unas caras que pretenden concienciar de que el problema de la mujer es el de toda la sociedad«, explicó durante la presentación de esta exposición temporal en el Museo Nacional de Antropología de Madrid.

Para Magallón, el título de la exposición hace referencia a esa «responsabilidad que tenemos tanto hombres como mujeres de cambiar esa visión androcéntrica del mundo que conduce a la invisibilidad de las mujeres, la negación de sus derechos y la ocultación de sus aportaciones», un estigma social para el que el único remedio que ve es la educación.

Mujer y refugiada, doble peligro

«Cruzar la frontera conlleva peligros inimaginables para las mujeres y más aún para la madres» «La mayoría de estos peligros para la mujer se da en situaciones de conflicto armado», explica la representante del ACNUR en España, Maricela Daniel, que destaca el «aumento exponencial de los riegos» que el simple hecho de ser mujer conlleva para los refugiados y los desplazados forzosos. Daniel sostiene que «cruzar la frontera conlleva peligros inimaginables para las mujeres y más aún para la madres», y apunta que de los más de 45 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, el 80% son mujeres y niños.

Una conocedora de primera mano de lo que supone huir del país durante una guerra es Esma Kucukalic, que a los diez años abandonó su Bosnia natal, en 1992, junto a su madre y su hermana. Ahora, como periodista en el canal Córdoba Internacional TV y madre, puede explicar el miedo que pasó y que dejó plasmado en su diario. «Mi hermana tenía 21 años, una edad muy expuesta a la mirada de violadores. Mi padre murió en la guerra de los Balcanes y tanto mi madre como nosotras estábamos totalmente desamparadas, con una desprotección absoluta», relata.

«En mi país, la violencia sexual se utilizó de forma sistemática como arma de guerra y con el objetivo de humillar y llevar a cabo una limpieza étnica«, recuerda esta antigua refugiada, inmortalizada en uno de los retratos de Magallón.

«La violación se utilizó en Bosnia de forma sistemática como arma de guerra»

Es precisamente a raíz del conflicto en la antigua Yugoslavia cuando el Tribunal Penal Internacional reconoció la violación como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, según datos de la ONU, cerca de 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de trata cada año, siendo el 80% de las personas con las que se trafica son mujeres y niñas.

La mutilación genital femenina afecta a 3 millones de niñas anualmente en 28 países de África, Asia y Oriente Medio. Y una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada,  maltratada u obligada a mantener relaciones sexuales a lo largo de su vida.

ACNUR ha elaborado directrices sobre persecución por motivos de género, víctimas de trata, orientación sexual e identidad de género y mutilación genital femenina que sirven de orientación legal a quienes trabajan en temas de protección internacional. Pero aún queda mucho trabajo para llegar a conseguir la igualdad de género. Mientras tanto, trabajos como el de Magallón ponen cara a estas cifras. Algunas tiene final feliz; otras ni siquiera tienen rostro.

http://www.publico.es/469621/los-37-rostros-de-la-desigualdad

HOMOFOBIA DE ESTADO E IDENTIDAD

Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

Andrés Stisman

Como sabemos, el estado ruso aprobó recientemente una ley que -bajo la velada forma de prohibir la “propaganda gay”- criminaliza cualquier manifestación pública de la condición homosexual. Así, tanto la realización de la marcha del orgullo gay como el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan darse de la mano en la vía pública (mientras pasean o hacen sus compras) son susceptibles de distintas penalizaciones. Tampoco se permite la aparición de nada que tenga alguna relación con la homosexualidad en los medios de comunicación. Ya sabemos que recientemente el periodista ruso Anton Krasovsky dijo en una cadena rusa de televisión que es gay y pasó a engrosar la lista de desempleados. Se trata, pues, de una campaña orquestada desde las instituciones del estado para invisibilizar la homosexualidad. La homosexualidad no puede existir en las calles, en las plazas, en la televisión. Los homosexuales no son para el estado ruso sujetos que tienen vidas, proyectos, amores, que tienen derechos. En tanto que homosexuales deben desaparecer hasta del campo visual.

Se ha hablado mucho sobre el tema en estas semanas. Evidentemente, constituye una gravísima violación a los derechos humanos que se prohíba a unos ciudadanos lo que se les permite a otros: visibilizar el afecto. No quiero redundar en algunos aspectos sobre los que se ha insistido mucho y con los que estoy plenamente de acuerdo. Deseo remarcar aquí en qué sentido la homofobia de estado que se promueve en Rusia y que amenaza con extenderse a otros países de la región promueve un daño a la subjetividad de las personas contra las que se dirige, y digo “contra” porque esta ley daña (y mucho) a unos y no beneficia a nadie.
La identidad de una persona, la manera en la que ella se ve y se reconoce a sí misma, se forma, entre otras cosas, a partir de la imagen que le devuelven los otros. Nuestra subjetividad se teje a lo largo de nuestra vida a través de la relación con los demás. En mayor o menor medida buscamos el afecto y la aprobación de los demás, queremos saber cómo nos ven, qué piensan de nosotros, y no sólo por una cuestión narcisista que se puede dar en algunas personas, sino porque construimos nuestra identidad con las palabras de los otros. Ellas nos hacen.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la homofobia de estado en Rusia? Todo. Imagínese que usted nace en una sociedad en la que su forma de amar está prohibida por las leyes, en la que sólo puede ejercer su derecho al afecto oculto bajo siete llaves. Imagínese que esto ocurre porque las leyes lo indican, leyes que son promulgadas por poderes del estado que se arrogan la representación de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el mensaje que recibe? Que no es normal, que hace algo malo, que es un marginal. Imagínese crecer así, vivir así. La violencia simbólica institucionalizada es infinita. Si el estado -en nombre de la sociedad- le dice a Ud. que es un marginal, muy probablemente Ud. se sienta un marginal. ¿Cómo se repara ese daño?

Lo dicho, ¿implica un fatalismo?, ¿significa que alguien que vive en un estado homófobo consumirá acríticamente su discurso y construirá su identidad en base a él? Pues no necesariamente. De hecho, existen en Rusia -y en otras sociedades donde la diversidad sexual la tiene muy difícil- activistas que tienen claro quiénes son y que luchan por sus derechos. Con su acción también construyen su identidad (porque no sólo nos identificamos con lo que dicen que somos, sino también con lo que hacemos, somos lo que dejamos en el mundo). Sin embargo, la lucidez (de no consumir el discurso de odio con el que el estado ataca a los miembros del colectivo LGBT) se obtiene en estos casos con un costo muy alto. Y, ¿cuál es? El tiempo que demanda poder vivir felizmente siendo lo que se es y pelear por ello. Me explico: un joven o una joven heterosexual puede enamorarse por primera vez a los 15 años, vivir su noviazgo, sentirse feliz. ¿Qué probabilidades tiene de hacer lo mismo un adolescente que vive en una sociedad que -a través del estado- le dice “tú eres un marginal, y lo eres tanto que tu amor no puede mostrarse en público”? ¿Cuánto tiempo le llevará a este joven darse cuenta de que no tiene nada de malo y aceptarse cómo es? ¿Por qué un adolescente gay o una adolescente lesbiana deben narrar los inicios de su sexualidad en términos de conflicto, de lo que le costó asumirse ante sí y ante los demás? ¿Por qué la adolescencia homosexual tiene que tener ese “plus” de conflictividad y sufrimiento?

Volvamos al asunto, ¿qué tiene que ver todo esto con Rusia? Todo. Porque lo que aquí está en discusión es un modelo de sociedad y cómo construimos nuestra subjetividad a partir de ella.

Por último, y alejándome un tanto de mis consideraciones iniciales, no quiero dejar de señalar que la relación existente entre la promulgación de la ley a la que me estoy refiriendo y los asesinatos a miembros del colectivo LGBT ruso de los que nos venimos enterando en estos días es total. Total, total y sin matices. Si el estado le dice a la sociedad –a través de sus leyes – que la homosexualidad es tan mala que no merece ni siquiera ser expuesta a la luz del día, no puede luego no asumir su plena responsabilidad cuando los sectores más reaccionarios y violentos se apropian precisamente de ese discurso.

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