Explotadas y encerradas en hogares del Reino Unido

La Cámara Alta del Parlamento Británico debate si incluyen en una ley contra la esclavitud moderna a las trabajadoras domésticas inmigrantes que llegan con un visado asociado a un empleador extranjero

Elvira, en proceso de ser reconocida víctima de tráfico de personas, huyó de dos hogares por las vejaciones a las que le sometían sus jefes

El porcentaje de empleadas domésticas que sufren abusos se duplica para las que llegan con ‘visados atados’

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los 'visados atados' en Reino Unido./ J.P.C.

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los ‘visados atados’ en Reino Unido./ J.P.C.

Elvira no sabía dónde estaba. Era enero y hacía frío mientras caminaba por algún lugar de Londres, sola, perdida y asustada. Al haber escapado de aquel lugar también había quebrantado la ley. Pero ya había sufrido suficiente, abusos e insultos, días de comer sobras y de encierro. Mientras hablaba por teléfono, al otro lado de la línea una voz de mujer le pedía que describiera qué veía a su alrededor –”¿qué tiendas?, ¿qué edificios?”– para poder averiguar dónde se encontraba exactamente. “Al final la rescatamos”, cuenta Regina de los Reyes con una gran sonrisa; ella también tuvo que escapar de un hogar en Reino Unido antes de unirse a la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas (FDWA).

Esta experiencia, por la que la filipina Elvira Santos tuvo que pasar hace un año, no es un caso aislado. Ella es una de las “muchas trabajadoras domésticas inmigrantes” que llegan al Reino Unido con una familia extranjera que se instala temporalmente en el país y que se encuentran en “situación de esclavitud”, en palabras de la presidenta de Justicia para las Trabajadoras Domésticas (J4DW, en inglés), Marissa Begonia, por una modalidad de visado ligado a un solo empleador.

 Los ‘visados atados’ han vuelto a recuperar protagonismo debido a que la Cámara Alta del Parlamento Británico, la de los Lores, debate si contemplarlos como parte del Proyecto de Ley contra la Esclavitud Moderna. Esta es una iniciativa gubernamental, “la primera de este tipo en Europa”, según el Ministerio del Interior, que endurece las penas contra delitos de tráfico de personas, explotación laboral y abusos sexuales. Entre otras medidas, propone aumentar el castigo de prisión de 14 años a cadena perpetua para los casos más graves.

El proyecto de ley ya recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes, que no consideró oportuno abordar el asunto de las trabajadoras domésticas extranjeras que llegan con ciudadanos que no pasan más de seis meses en el país. Hay muchos diplomáticos y personas adineradas que están de paso el Reino Unido. “Ha sido una oportunidad perdida”, lamentaba Catherine Kenny, de la asociación Kalayaan. No obstante, todavía queda el pronunciamiento de la Cámara de los Lores, que se espera para antes de las elecciones de mayo.

Además, hace apenas unos días la ministra del Interior Theresa May anunció que iba a encargar a un jurista independiente la revisión de los visados atados debido a “la preocupación que ha levantado la explotación de las trabajadoras domésticas extranjeras”. La campaña en contra de los permisos, que existe desde hace tiempo, se ha reforzado en los últimos meses debido a la tramitación del proyecto de ley contra la esclavitud.

Todo tipo de abusos

El número de visados de este tipo no es menor. El Gobierno británico emite cada año entre 15.000 y 16.000 visados para estas trabajadoras domésticas extranjeras con permiso laboral en familias privadas, según los datos oficiales. Además, alrededor de 200 visados se expiden anualmente a aquellas que trabajan en residencias diplomáticas. No quiere decir que todas estas mujeres sufran abusos y vejaciones, pero Phoebe Dimacali, representante de FDWA, advierte de que en muchos casos estas prefieren no denunciar ni tampoco huir de la familia por miedo a las posibles consecuencias.

Un estudio de Kalayaan, una organización británica centrada en la defensa de las empleadas domésticas, sostiene que las condiciones de trabajo son mucho más duras bajo la nueva legislación. En concreto, señala que el porcentaje de mujeres que sufren abusos se duplica: 16% comparado con el 8% de las mujeres con un visado no atado a su empleador. La sensación de los activistas es que la ley no ha reducido el número de inmigrantes –uno de los objetivos de los visados, en su opinión– pero sí ha dejado a las mujeres más vulnerables a abusos y maltratos.

“Se están dando más violaciones de las que nos podemos imaginar. Los abusos físicos y verbales son muy comunes, pero lo que más vemos son jefes que no pagan a sus trabajadoras después de largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas, sin ningún día libre”, explica Marissa Begonia. Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch en Europa Occidental insiste en que no han percibido ningún cambio en el número de trabajadoras extranjeras tras la introducción de los visados atados: “El gobierno percibe a estas trabajadoras como empleo de baja cualificación, que es precisamente lo que están intentando reducir. Quieren disminuir el número de inmigrantes y para ello cambiaron la ley”.

“La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso

En abril de 2012, el Gobierno británico cambió las normas de las solicitudes de visado y eliminó el derecho de las trabajadoras domésticas extranjeras a cambiar de empleo. Desde entonces, la legislación establece que el empleador no resida más de seis meses en el Reino Unido. En la práctica la medida supone que durante ese tiempo, si las trabajadoras abandonan el hogar, se convierten en inmigrantes ilegales y pueden acabar detenidas en un centro de internamiento y ser deportadas.

Elvira debatía si huir o no de la familia qatarí que la había traído a la isla británica. Contar con la ayuda de FDWA hizo que se decantara por la huida. Llegó a Londres en enero de 2014 tras vivir y trabajar durante más de un año en Qatar, donde limpiaba y cuidaba un hogar de siete miembros. Elvira no tuvo más opción que marchar a la Península Arábiga para poder sostener económicamente a su familia. Su marido tiene “una grave enfermedad y no puede trabajar”.

“Pero cuando empecé a trabajar me pagaron mucho menos. En mi contrato ponía 1.400 riales, pero solo me daban 900. Mi jefe decía que el resto era para la agencia que me había contratado”, cuenta Elvira. Y sigue: “La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso. Nada. Ni siquiera podía ir a la iglesia los domingos”.

La situación no cambió cuando se mudaron a Londres. La hermana de su jefe sufrió un ataque al corazón y se trasladaron en busca de tratamiento médico. “La mujer no me dejaba comer. Ni siquiera cuando mi jefe traía comida para las dos; se ponía a chillar y solo me dejaba las sobras”.

A los pocos días de llegar, el empleador de Elvira tenía planeado volver a Qatar y ella pensó que sería imposible sobrevivir sin él presente. En sus pocos momentos de tiempo libre contactó a través de Facebook con un compatriota, que le habló de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas. Así es como consiguió reunir las fuerzas suficientes para poder escapar apenas 13 días después de haber llegado a su nuevo hogar británico.

Víctimas de tráfico de personas

Elvira puede hoy contar su historia sin miedo a represalias porque se encuentra inmersa en proceso para ser reconocida como víctima de tráfico de personas. El procedimiento requiere en muchos casos de asistencia legal para poder completar debidamente los formularios y superar las entrevistas de las autoridades.

Al igual que Elvira, Izza Leghtas (HRW) afirma que muchas de estas mujeres llegan procedentes del Golfo Pérsico, de Qatar en concreto, donde impera el denominado sistema ‘kafala’, por el cual el empleador puede retener el pasaporte de sus trabajadores y, por tanto, limitar su libertad de movimiento. Pocas organizaciones internacionales dudan de que se trate de una forma encubierta de explotación laboral. Para Human Rights Watch, no hay duda de que los visados atados del Reino Unido son una extensión del ‘kafala’ qatarí.

Trabajar en un hogar sin otra supervisión que la del propio jefe puede ser peligroso. No importa que la vivienda se encuentre en uno de los barrios más exclusivos del centro de Londres. “Este tipo de trabajo coloca a las mujeres en situación de gran vulnerabilidad, pues todo se queda dentro de las cuatro paredes y no hay ningún lugar al que poder acudir y pedir ayuda –explica Leghtas–. Al menos antes, con el antiguo visado, las mujeres podían dejar el trabajo y buscarse otro. Ahora las que se atreven a hacerlo acaban trabajando en negro, asustadas e indocumentadas”.

Asimismo, desde Human Rights Watch recuerdan que el gobierno de David Cameron rechazó en 2011 ratificar la Convención Internacional de la Organización de Trabajadores Domésticos, que tenía como objetivo equiparar el derecho laboral de este sector al del resto.

“Solo una mínima proporción”

“La esclavitud moderna es un crimen terrible. Estoy decidida a detenerla en todas sus formas. Mantener a las trabajadoras domésticas en esclavitud o servidumbre es completamente injusto”, aseguró Karen Bradley, responsable de la secretaría contra la esclavitud moderna y el crimen organizado, en noviembre al calor de las críticas recibidas. Desde la oficina de Bradley se declinó la posibilidad de realizar una entrevista en persona para este reportaje.

La responsable rechazó entonces la acusación de que el número de abusos haya aumentado tras la introducción de los visados atados: “Las evidencias muestran que solo una mínima proporción de aquellas que trabajan aquí como empleadas domésticas sufre abusos y explotación”. También acusó a Human Rights Watch y Kalayaan de utilizar deliberadamente “muestras pequeñas” en sus estudios.

Más allá de números, declaraciones, estudios y cifras, Elvira vive ahora con relativa estabilidad. Gracias al apoyo de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas, consiguió comenzar a trabajar para una nueva familia, judía esta vez. Cambió la forma de rezar en el hogar, pero no tanto el trato hacia la empleada de la casa. “Aquello no era para nada estable. Se aprovechaban de que no tenía los papeles en regla y no tuve otra opción que volver a escapar”.

Los planes para poder volver a casa y ver a los suyos no están todavía encima de la mesa. Ahora, que está en proceso de ser reconocida como víctima de tráfico de personas, Elvira puede vivir y trabajar sin preocupaciones en el Reino Unido durante un tiempo y debe aprovecharlo para ayudar a su familia. En la actualidad, combina tres trabajos a tiempo parcial, con tres familias diferentes. “Así es mejor, sin problemas. Voy, limpio durante tres o cuatro horas y me voy”.

La mujer debe volver al trabajo. “Muchas gracias. Aprovecha cuando vuelvas a tu país y disfruta con los que más quieres, tú que puedes”, dice como despedida, agarra una bolsa de plástico con un paquete dentro y desaparece escaleras arriba. “El regalo es para la familia de mi jefe”, había confesado antes.

http://www.eldiario.es/desalambre/Explotadas-encerradas-hogares-Reino-Unido_0_358714760.html

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Catálogo de esclavas en Líbano: encerradas, maltratadas y violadas por 175 euros al mes

FEMENINO PLURAL

En el país árabe proliferan las agencias que ofrecen jóvenes inmigrantes como empleadas del hogar, pero que en realidad se convierten en mercancía para sus nuevos ‘dueños’. Doce horas al día, siete días a la semana

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. - FÁTIMA SUBEH

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. – FÁTIMA SUBEH

BEIRUT.- Nacen en plena miseria en países como Nepal, Filipinas, India o Pakistán. Jóvenes e incluso niñas que en su desesperación, deciden viajar a Líbano con la esperanza de poder regalar a sus familiares un poquito de dignidad. Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar más todo aquello que dispongan sus nuevos dueños. En muchos casos, son maltratadas física y psicológicamente. Algunas de ellas sufren abusos sexuales por parte de los señores de la casa.

Pocas consiguen escapar de su infierno y las que huyen suelen acabar en la cárcel o escondiéndose como si hubieran cometido algún delito. Las que no pueden soportarlo más, deciden terminar con sus vidas. Esta es la situación en la que se encuentran las empleadas del hogar inmigrantes en Líbano. Sin una ley que las proteja, desamparadas y abandonadas a su suerte.

Daura es uno de los barrios periféricos de Beirut. Es un lugar ruidoso y con mucha vida. En este barrio hay dos empresas conocidas que ejercen el tráfico de personas. Aunque no es el único, hay muchas compañías dedicadas al negocio de las domestic workers repartidas por todo el país. En ellas se pueden contratar a empleadas del hogar que provienen de países del sureste asiático o del continente africano.

Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar
más todo aquello que dispongan sus ‘dueños’

Al entrar por la puerta se puede apreciar una oficina de lo más normal. Con su aire acondicionado, su escritorio y un par de sofás para los clientes que esperan su turno. Un hombre y una mujer sonrientes atienden a los que se interesan en contratar a una de las chicas. El varón es el encargado de sacar un catálogo con tres mujeres kenianas. “Obedientes”, según dice. Son tres folios con sus fotos, peso, la estatura y el sueldo a pagar: 175 euros al mes. Más otros 2.200 euros que incluyen el viaje hasta Líbano y los gastos de la agencia por las gestiones.

“Para asegurarte de que es consciente de quién manda, déjale unos días sin comer, quítale el pasaporte y no le pagues el sueldo de ese mes”, dice el hombre de repente. El diálogo continúa así:

– “He oído que algunas de ellas escapan”.

– “Como hacen muchas de mis clientas, cierra la puerta de casa con llave cada vez que salgas. Si tienes algún otro problema tráemela que yo me encargo de todo”.

La conversación podría haber tratado sobre un televisor o un equipo de música. Su funcionamiento, día y noche, sin descanso. “Ni un día libre”, insiste el encargado.

El negocio de la trata de personas

Natala y Saru tienen muchas cosas en común. La pobreza las empujó a viajar a Líbano a servir a familias que no son necesariamente pudientes o de clase alta. Natala tiene 14 años. Aún no ha desarrollado su cuerpo. Va a ser guapa, muy guapa. Su madre le engañó y le subió a un avión rumbo a Beirut. Le dijo que tenía que dejar la escuela e irse de vacaciones a visitar a su hermana. Una mujer la recogió en el aeropuerto. La casa a la que llegó se convertiría en su infierno. Se convirtió en la sirvienta de la familia y con su sueldo de 130 euros al mes mantenía a sus padres y hermanos en Bangladesh.

La joven ponía todos sus esfuerzos en complacer a su madame, aunque siempre en vano. Nunca olvidará aquella tarde en la que la señora se acercó, le sentó en el suelo bruscamente y cortó esa larga melena azabache que la había acompañado durante tantos años. “Me miraba con odio, jamás hice nada malo para que me despreciara así”, recuerda la niña a Público.

Natala, de 14 años, viajó a Beirut engañada por su propia madre. La casa a la que llegó se convirtió en su infierno

Fue sometida a insultos y gritos todos los días por norma general. La joven sólo se podía permitir el lujo de llorar cuando ponía fin a sus interminables tareas y llegaba la hora de acostarse. Soñar despierta con el momento de marcharse y regresar a casa era lo único que la mantenía entera. Por suerte, la señora se cansó de ella a los dos meses y la devolvió a la agencia. El dueño de la empresa entró en cólera al ver que una de sus clientas había quedado insatisfecha con la mercancía. Para complacer a la mujer, golpeó Natala varias veces hasta que la tiró al suelo.

Saru quería pagar los estudios de sus dos hijos en Nepal, donde “los salarios no te dan ni para casi comer”, dice esta joven de 30 años. En 2009 pisó por primera vez Beirut. En su primera casa, la dueña solía dirigirse a ella con la palabra sarmuta, que significa puta en árabe. La golpeó dos veces. A la tercera Saru se revolvió. El marido se apiadó de la joven y la dejó regresar a la agencia donde la asignaron una nueva familia.

Aunque trabajaba de ocho de la mañana a doce de la noche, esta vez la trataban con respeto. No paraba en todo el día, pero nadie se metía con ella, así que la situación era más o menos soportable. Se encontraba en el valle del Bekaa a unos 80 kilómetros de la capital. Una tarde el padre de familia, a escondidas de su mujer, intentó forzarla. No lo consiguió. Al día siguiente Saru revolvió la casa entera, encontró su pasaporte, salió corriendo y se montó en un autobús rumbo a su libertad. Regresó a Beirut, donde ahora trabaja para varias familias, pero sólo unas cuantas horas al día. Esto le permite “volver a su casa cuando termina y respirar”.

Aisladas del mundo

“El apartheid empieza ya en el aeropuerto”, declara Krystel, voluntaria en Migrant Forces Task Work (MWTF), ayudando a mujeres inmigrantes. Según esta joven libanesa, “la Policía lleva a las chicas a una habitación y las hace firmar un contrato que está en inglés y árabe. Ellas no lo entienden, por lo que no tienen ni idea de cuáles son sus derechos. Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra”.

“Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra”

Krystel asegura que en ese contrato se establecen una serie de derechos como que las habitaciones en las que se instalen tengan al menos una ventana, que libren obligatoriamente un día a la semana o que habitualmente tengan contacto con sus familiares en sus países de origen. En muchos casos nada de esto se cumple. Algunas duermen en las cocinas o salones de la casa, no libran nunca y se encuentran completamente aisladas del mundo exterior.

La duración de contrato es de tres años generalmente. Cuando una de ellas escapa antes de ese periodo, se encuentra en situación ilegal. En la zona Mathhaf está la cárcel donde son recluidas. Pegada al Ministerio de Justicia. Desde allí son expatriadas, pero antes deben pagarse sus billetes de vuelta. “Tampoco pueden pedirles a sus familias que les manden el dinero porque no lo tienen, así que se quedan meses o incluso años encerradas como si fueran unas delincuentes”, incide Krystel.

Asesinatos convertidos en suicidios

El gran problema es que ser empleada del hogar no se considera un oficio en Líbano. Por lo que existe un vacío legal, que deja totalmente desprotegidas a las inmigrantes. De hecho, tampoco existe una ley específica que asegure los derechos de la mujer, por lo que la violencia sexista de los libaneses también queda impune en muchos casos.

“A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy
difíciles de demostrar”

Emelet Bekele Biru apareció muerta el 6 de noviembre de 2014 en la casa donde servía. Cuatro días después, Birkután Dubri cayó desde la cuarta planta de un edificio después de que, según testigos, mujer y empleada se enzarzaran en una terrible discusión. Según KAFA, una de las ONG más potentes que luchan por los derechos de las domestics workes, un estudio de 2008 reveló que al menos una empleada del hogar se suicida cada semana en el país. Un dato estremecedor que esconde una realidad aún más escalofriante. “A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy difíciles de demostrar. Casi ni se investigan y son automáticamente calificados y archivados como suicidios”, dice Bernadette Daout, coordinadora de programas de la organización.

Son varios los objetivos de esta ONG. KAFA recibe denuncias de ciudadanos libaneses que son conscientes de la situación a la que está sometida alguna joven inmigrante a su alrededor. La ONG trata de recoger el mayor número de información posible sobre el caso. A partir de ahí informa a la Policía para que libere a las chicas y las entregue a la organización. “Tenemos una especie de refugio para estas mujeres, pero todas no caben. Un doctor las examina y esclarece a qué tipo de abuso han sido sometidas, porque ellas no quieren hablar. Tienen miedo. Además es muy difícil probarlo porque los golpes no siempre dejan marcas en la piel”, denuncia Daout, que concluye: “Pocos libaneses han rendido cuentas ante la justicia por casos como estos”.

http://www.publico.es/sociedad/catalogo-esclavas-libano-encerradas-maltratadas.html

“Cuantos más frenos ponemos a una inmigración normalizada, más se refuerzan las redes de trata”

Mujer

Conferencia de la investigadora Helena Maleno en el marco de la jornada de sensibilización organizada en Gijón por Fundación Amaranta, que trabaja con mujeres víctimas de trata o en situación de exclusión.

Estamos atravesando una época muy dura en la frontera sur donde se encuentran muchas mujeres y menores víctimas de trata y explotación sexual, también muchos niños que vienen de Guinea Bissau y Conakry como correos de la droga y que están en CETIS en Ceuta y Melilla como si fueran mayores de edad.

Dentro de estas personas que están atravesando a Ceuta y que el otro día fueron deportadas, devueltas, por Policía Nacional y Guardia Civil, había una chica víctima de trata que quería pedir protección y que no pudo porque la Policía Nacional no tuvo el momento de escucharla. Fue cogida por los marroquíes y después la encontraron en la frontera de Oujda donde fue violada sistemáticamente.

Hay que entender que la trata se ha convertido en una oportunidad para migrar en los países de origen. Es complicado para nosotros entenderlo. Pero cuando hemos reforzado las fronteras cada vez más en países donde existía la libertad de circulación desde hace mucho tiempo como es la zona de la CEDEAO, estamos viendo cómo la UE ha puesto entre Senegal y Mali 45 puntos de radar, de control   (…) Cuantos más frenos ponemos a una inmigración controlada y normalizada,  cada vez más las redes de trata se refuerzan y se presentan en los países de origen como una oportunidad, como una garantía y seguridad para migrar. Esta es la paradoja de esta política migratoria que los países de la UE venden como lucha contra las mafias.

Estos perfiles de mujeres vienen de países en guerra, están buscando una mejora de las condiciones económicas, son colectivos en alta situación de pobreza, con una gran tasa de analfabetismo, mujeres que encuentran en las redes de la trata una formar para migrar pero que en realidad vienen buscando acceso a derechos: vienen huyendo de matrimonios forzados, de violencia en su país de origen y que paradójicamente ven en esa red de trata una forma de huir de esa violencia.

“Es muy complejo trabajar con las mujeres nigerianas, camerunesas” nos dicen muchas veces. Y lo es porque hay que entender los contextos de origen donde la trata es endémica, donde el PIB de esa zona son las mujeres, la riqueza de la zona es que las mujeres salgan fuera. Entonces toda la colectividad participa en la trata. Las familias lo normalizan, te explican que tienen siete hijas y van a sacrificar a dos, dos se van a ir, es el futuro de la comunidad. Entonces la trata empieza a visibilizarse como algo que trae beneficios para la comunidad.

Así comenzó Helena Maleno que podéis seguir viendo a continuación.

http://periodismohumano.com/mujer/

Niñas esposas, niñas esclavas

Por: Autor invitado | 11 de octubre de 2013

Esta entrada ha sido escrita por Anna Lucas, coordinadora de la iniciativa de salud materno-infantil del Instituto de Salud Global de Barcelona (@ISGlobalorg). Esta entrada se publica conjuntamente con el blog de ISGlobal, que les recomendamos.

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Segunda edición del Día Internacional de la Niña. Un grupo que en las regiones en desarrollo sufre la desigualdad de género, la pobreza y la falta de derechos propia de los niños. Y a las que hemos abandonado a su suerte. El exponente más evidente de ello es el matrimonio infantil (contraído antes de cumplir los 18 años y mayoritariamente forzado), una práctica que determina fatalmente la trayectoria vital de millones de niñas. Supone una violación de sus derechos humanos, las aparta de la educación y pone en grave riesgo su salud. Propicia que sean víctimas de la violencia sexual y psicológica en el hogar, porque no tienen información ni capacidad para negociar prácticas sexuales seguras. Las expone a embarazos de riesgo, no deseados, a infecciones de transmisión sexual y a enfermedades mentales, con mucha más frecuencia que las que permanecen solteras.

¿Qué nos dicen los datos disponibles? Las niñas-esposas se concentran sobre todo en el Sur de Asia, donde casi la mitad de las jóvenes están casadas antes de alcanzar su décimo octavo cumpleaños, y en África subsahariana, donde son más de un tercio de las jóvenes. 70 millones de niñas. Un 12% del total antes de los 15 años. Y, una vez más, la inequidad como explicación de los matrimonios precoces: la situación económica (hasta el 54% en las más pobres), la falta de educación (63% de las niñas sin educación primaria frente al 20% de las que han completado la  secundaria) y vivir en el medio rural (44%).

No es casualidad que los mismos países que ocupan los primeros puestos en el penoso ranking de matrimonios infantiles tengan también las tasas de mortalidad materna más altas (Níger, ¡con un 75% de matrimonios!,  tiene la tasa más alta, y le siguen países como Chad, Malawi, Mozambique o Bangladesh). Las complicaciones del embarazo y el parto son las principales causas de muerte de las niñas entre las edades de 15 y 19 en estos países. En África, donde se concentran gran parte de las mortalidad materna global, la cuarta parte de los fallecimientos se produce entre adolescentes.

Ni siquiera en este momento de perenne valoración y evaluación de los Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) se resalta suficientemente el estrecho vínculo entre la situación de las niñas y el no cumplimiento del ODM5 (mejora de la salud materna), y de otros como el ODM4 (reducción de la mortalidad infantil): los hijos de las niñas-madres tienen hasta un 60% más probabilidades de morir durante el primer año de vida. O los ODM2 (educación primaria universal) y ODM3 (igualdad y empoderamiento).

¿Cómo avanzar? Hay nuevos actores e iniciativas globales en marcha como Girls, Not Brides. El grupo de alto nivel de Naciones Unidas designado por Ban Ki-moon para asesorar en el marco post-2015 ha pedido que el matrimonio infantil sea uno de los cuatro indicadores clave para medir el progreso hacia el empoderamiento de niñas y mujeres. Pero los cambios sociales deben producirse desde abajo. La mayoría de países han modificado sus legislaciones elevando la edad legal para contraer matrimonio pero apenas se ha avanzado durante la última década. Hay que involucrar a líderes comunitarios y religiosos locales, padres y docentes para cambiar percepciones y conductas, como los sesgos contra la educación de las niñas que se dan ya a edades muy tempranas. Y ofrecer opciones que disminuyan la probabilidad de que la necesidad económica les empuje a casar a las niñas.

A falta de voluntad política de los países, los recursos deberían canalizarse hacia los que conocen mejor que nadie las barreras existentes para defender los derechos de niñas, como las ONG locales que trabajan en el terreno combatiendo estas prácticas. Por el momento, su poca reconocida labor parece la única opción para acelerar la erradicación de esta costumbre terrible que es causa y consecuencia de subdesarrollo.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/ninas-esposas-ninas-esclavas.html

Sandra, el viaje interminable de pagar 45.000 euros de deuda por trata

 

Patricia Simón

 

Sandra está pendiente del teléfono esperando la respuesta a una entrevista de trabajo. Busca cualquier empleo, ha trabajado de camarera en bares y hoteles, de dependienta y ha hecho mil cursos de formación. Aunque, puestos a poder elegir, preferiría cuidar a niños o ancianos. Su presencia y su tono en la conversación es contundente, tiene 31 años aunque hay vidas y contextos en los que la edad no nos dice nada de la experiencia acumulada ni de etapas vitales. Sandra, como el resto de mujeres entrevistadas víctimas de trata con fines de explotación sexual, son mujeres a los que sus contextos, sus decisiones y la vida les ha colado más obstáculos de los narrables –cuántos no se habrán quedado en el tintero de la memoria, borrados por la concatenación de desgracias–, pero que han tenido que ir superando porque seguía amaneciendo, dando lugar a unas mujeres en las que casi se materializa la capacidad de supervivencia del ser humano.

Sandra (Javier Bauluz)

 

Sandra relata su vida asépticamente, sin autocompasión ni normalización de los abusos sufridos. Sólo a veces su fortaleza brota con tono de sorna, cuando la sucesión de dificultades se hace abrumadora incluso en el relato. Mientras, su teléfono no para de vibrar, es el presente y espera que tenga forma de un trabajo.

Sandra (Javier Bauluz)

 

Sandra tenía 17 años cuando “como forma de agradecimiento a su abuela, la persona que más quería en el mundo”, con la que vivía por el alcoholismo de su padre -nunca menciona a su madre-, decide que va a darle una vida mejor viniendo a España. Para ello, consigue el teléfono de una mujer que traslada gente a este país europeo y que le confirma que tiene trabajo para muchachas como ella y que a cambio sólo tendrá que pagarle el coste del billete de avión. “Como yo pensaba que aquí caía el dinero del cielo le dije que sí, claro”.

Poco después el hermano de su “jefa” fue a buscarla “y me llevó a un brujo que me dijo que si, por ejemplo, yo no pago, me muero o que esa mujer puede hacer lo que quiera con mi familia. Me dieron algo para comer, luego me pidió cosas de mi cuerpo (cabello de la cabeza, de los genitales y de las axilas, y uñas de los pies y manos)”.

Sandra (Javier Bauluz)

 

El caso de Sandra es paradigmático de la trata de mujeres con fines de explotación sexual con origen nigeriano. El empleo del vudú como forma de coacción, las redes de cercanía con el entorno familiar y las amenazas contra éste, así como la trampa de una deuda que se justifica a partir de los gastos del viaje y que puede alcanzar los 60.000 euros. Por ello Sandra es capaz de asegurar que tuvo suerte, porque fueron 45.000 euros los exigidos por sus tratantes, una rebaja que atribuyen a que Sandra no hizo el viaje en avión como se le prometió inicialmente, sino a pie con otras  ya que finalmente el viaje no fue en avión, sino a pie con otras “sesenta y pico personas”, lo que les llevó un año y medio “porque no había dinero para coche”. Desde Nigeria a Marruecos. En el camino por el desierto, verse sobreviviendo gracias a “beberse la propia orina”, ver cómo compañeras de viaje tienen que dejar sus bebés -muchas veces fruto de violaciones de sus tratantes- “porque no tienen para alimentarlos y porque queda mucho hasta su destino”.  Nueve horas en patera hasta España. Y doce muertos, porque volcó. En varios medios de transporte hasta Palma de Mallorca, donde le esperaba su “chula”. “Cuando me llevó a un club para trabajar, yo nunca había visto a gente así, desnuda, con tanga. Y después ella me dijo que ahora me toca a mí. Es una vida muy dura. Llamé a mi abuela y me dijo que volviera y la jefa me dijo que aunque volviera iba a tener que pagar. ¿Dónde voy a encontrar 45.000 euros para pagar?”.

“Cuando yo estaba sufriendo, sin fuerzas, bebiendo mi meado porque no hay agua, muriendo… Me arrepentí mucho. Ver gente muriendo, sin comida…”

“En Marruecos mucha gente abortaba sin tener idea de cómo hacerlo. Hay mucha gente de mi país que hoy no puede tener hijos porque se quedaban embarazadas y hacen cosas que no deben, gente que ha muerto desangrada y otra que vive por suerte, pero que no puede tener hijos”

“Mi chula todavía hoy tiene cuatro chicas (tratadas) pero no la voy a denunciar (…) Terminé de pagarle el año pasado y duermo muy feliz porque ya no me llama, no me insulta ni amenaza….”

“Cuando pagué le pedí todo lo que me había quitado (uña, pelo de la cabeza, axilas y genitales… para ritos de vudú)”

“Yo aprendí muchísimo aquí (en APRAMP) de informático, de español, para cuidar a personas mayores, sobre drogas, a hacer currículos…”

Llegó en abril de 2002 y terminó de pagar la deuda en 2011. “Cuando les digo a mi familia que aquí no es tan fácil, no me creen. Pero es normal, yo tampoco lo creía”. Sandra sale pitando a una entrevista de trabajo. Tiene 31 años, fue víctima de trata, pero también y gracias al apoyo de la Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida (APRAMP), Sandra ha aprendido a leer y escribir, español, informática, y lo que haga falta para seguir adelante.

http://trata.periodismohumano.com/2012/09/21/sandra-el-viaje-interminable-de-pagar-45-000-euros-de-deuda-por-trata/

Los 37 rostros de la desigualdad

ACNUR inaugura en el Museo Nacional de Antropología la exposición del fotógrafo Francisco Magallón ‘Mujer.Todos somos una’; una mirada desde los ojos femeninos de todos los continentes contra la concepción androcéntrica del mundo

JAIRO VARGAS Madrid 23/09/2013

Una mujer egipcia portando el 'niqab' junto a su hijo en 2011.

Una mujer egipcia portando el ‘niqab’ junto a su hijo en 2011.– FRANCISCO MAGALLÓN

Noticias relacionadas:   Mujer, todos somos una

 

Matrimonio forzoso, mutilación genital, explotación y esclavitud sexual, violencia machista. Todos estos términos son comunes en los titulares de los medios e, inevitablemente, van asociados a la figura de la mujer.

Ser mujer nunca fue fácil. Ni siquiera en los países donde han logrado conquistar -no todos- derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, el camino por la simple supervivencia se les presenta difícil en determinados contextos socioculturales, y de ese calvario particular sólo llegamos a conocer los casos con el desenlace más trágico: la muerte y las heridas irreversibles.

Por esta razón, el reportero gráfico Francisco Magallón, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Museo Nacional de Antropología ha tratado de acercar los rostros de 37 mujeres de distintas partes del mundo que diariamente se enfrentan a situaciones de discriminación, desigualdad, exclusión, violencia o persecución. Unos retratos captados desde 1983  que podrán contemplarse bajo el nombre de Mujer, todos somos una en las paredes de este museo desde el 20 de septiembre hasta el 19 de enero (ver fotogalería).

“No se trata de un alarde gráfico ni de retratos bonitos”, afirma el fotógrafo, “sino unas caras que pretenden concienciar de que el problema de la mujer es el de toda la sociedad“, explicó durante la presentación de esta exposición temporal en el Museo Nacional de Antropología de Madrid.

Para Magallón, el título de la exposición hace referencia a esa “responsabilidad que tenemos tanto hombres como mujeres de cambiar esa visión androcéntrica del mundo que conduce a la invisibilidad de las mujeres, la negación de sus derechos y la ocultación de sus aportaciones”, un estigma social para el que el único remedio que ve es la educación.

Mujer y refugiada, doble peligro

“Cruzar la frontera conlleva peligros inimaginables para las mujeres y más aún para la madres” “La mayoría de estos peligros para la mujer se da en situaciones de conflicto armado”, explica la representante del ACNUR en España, Maricela Daniel, que destaca el “aumento exponencial de los riegos” que el simple hecho de ser mujer conlleva para los refugiados y los desplazados forzosos. Daniel sostiene que “cruzar la frontera conlleva peligros inimaginables para las mujeres y más aún para la madres”, y apunta que de los más de 45 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, el 80% son mujeres y niños.

Una conocedora de primera mano de lo que supone huir del país durante una guerra es Esma Kucukalic, que a los diez años abandonó su Bosnia natal, en 1992, junto a su madre y su hermana. Ahora, como periodista en el canal Córdoba Internacional TV y madre, puede explicar el miedo que pasó y que dejó plasmado en su diario. “Mi hermana tenía 21 años, una edad muy expuesta a la mirada de violadores. Mi padre murió en la guerra de los Balcanes y tanto mi madre como nosotras estábamos totalmente desamparadas, con una desprotección absoluta”, relata.

“En mi país, la violencia sexual se utilizó de forma sistemática como arma de guerra y con el objetivo de humillar y llevar a cabo una limpieza étnica“, recuerda esta antigua refugiada, inmortalizada en uno de los retratos de Magallón.

“La violación se utilizó en Bosnia de forma sistemática como arma de guerra”

Es precisamente a raíz del conflicto en la antigua Yugoslavia cuando el Tribunal Penal Internacional reconoció la violación como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, según datos de la ONU, cerca de 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de trata cada año, siendo el 80% de las personas con las que se trafica son mujeres y niñas.

La mutilación genital femenina afecta a 3 millones de niñas anualmente en 28 países de África, Asia y Oriente Medio. Y una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada,  maltratada u obligada a mantener relaciones sexuales a lo largo de su vida.

ACNUR ha elaborado directrices sobre persecución por motivos de género, víctimas de trata, orientación sexual e identidad de género y mutilación genital femenina que sirven de orientación legal a quienes trabajan en temas de protección internacional. Pero aún queda mucho trabajo para llegar a conseguir la igualdad de género. Mientras tanto, trabajos como el de Magallón ponen cara a estas cifras. Algunas tiene final feliz; otras ni siquiera tienen rostro.

http://www.publico.es/469621/los-37-rostros-de-la-desigualdad

Aniversario negro en Guantánamo

El agujero negro de Guantánamo sigue en marcha once años después. Obama se ha vuelto a referir a la necesidad de coger impulso para cerrarlo. Es una vergüenza para la humanidad.
nuevatribuna.es | Mercè Rivas Torres | 18 Enero 2013

Las autoridades estadounidenses deben adoptar medidas urgentes para reparar estos once años de abusos legales. Los internados en este campo de concentración estadounidense, deben ser sometidos a juicios con garantías ante tribunales independientes o deberían quedar en libertad. Es la hora de poner en marcha la Declaración Mundial de Derechos Humanos.

De las 779 personas que fueron detenidas, 600 han sido enviados a otros países y quedan 169, según el New York Times. Además, ocho detenidos murieron bajo custodia.

“Han pasado más de 10 años desde que quedó bajo custodia, y Estados Unidos, que no lo ha acusado de ningún delito, alega que tiene derecho a mantenerlo recluido indefinidamente en nombre de su “guerra” global contra Al Qaeda y sus grupos afines”, afirma Amnistía Internacional

Y es que estos once años de abusos, iniciados por el Presidente Bush, tras el ataque del 11 de septiembre, tienen su reflejo en la persona de Musaab Omar al Madhwani, según investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional. Musaab lleva un tercio de su vida en este agujero negro sin saber exactamente cuál va a ser su futuro.

A sus 32 años, este ciudadano yemení era detenido el 11 de septiembre de 2002 en un apartamento de Karachi (Pakistán). Le ataron de manos y pies, le vendaron los ojos y le golpearon insistentemente con un fusil. Cinco días después lo entregaron a las fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron inmediatamente a Afganistán pasando más de un mes en un lugar secreto gestionado por los militares.

Durante este tiempo fue torturado hasta la saciedad. En octubre lo enviaron a la base estadounidense de Bagram (Irak) en donde fue de nuevo sometido a maltratos ilegales. Como no decía lo que los militares estadounidenses querían oír, lo enviaron a Guantánamo, una ciudad al sudeste de la isla cubana, capital de la provincia del mismo nombre en donde sus habitantes viven del azúcar y del café.

Pasaron dos años más hasta que tuvo acceso a un abogado, y casi seis hasta que la Corte Suprema de Justicia estadounidense resolvió que él y otras personas recluidas en Guantánamo tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. Finalmente, la petición de habeas corpus de Musaab Al Madhwani se estudió en 2010.

En 2010, un juez de la Corte Federal de Primera Instancia encargado de estudiar la petición de Musaab al Madhwani concluyó que éste era “como mucho, una figura menor en Al Qaeda, que al parecer nunca finalizó su adiestramiento en el manejo de armas, nunca disparó un arma en una batalla, y nunca planificó conspiraciones terroristas, participó en ellas o siquiera tuvo conocimiento sobre ellas”. En mayo de 2011, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo.

La triste historia de Musaab es sólo un caso más de las muchas que han pasado por Guantánamo

De los 779 detenidos recluidos en la base de Guantánamo desde 2002, sólo uno ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado ante una corte federal ordinaria. Otros han sido enjuiciados ante comisiones militares, en procesos que incumplen las normas internacionales sobre garantías procesales. Actualmente, el gobierno pide la pena de muerte para seis de los hombres sometidos a estos juicios, lo que supone una clara violación del derecho internacional.

Los papeles publicados por Wikileaks en 2012 afirmaban que Guantánamo “creó un sistema policial y penal sin garantías en el que solo importaban dos cuestiones: cuánta información se obtendría de los presos, aunque fueran inocentes, y si podían ser peligrosos en el futuro”. Hay casos, según revelan los informes secretos, en los que ni siquiera el Gobierno de EE UU sabe los motivos por los que alguno de los hombres fue trasladado a Guantánamo, y otros en los que ha concluido que el detenido no suponía peligro alguno como el caso de un anciano de 89 años con demencia senil y depresión que vivía en un complejo residencial en el que apareció un teléfono por satélite.

Treinta presos en Guantánamo padecían enfermedades psiquiátricas, depresiones profundas, graves trastornos de personalidad y varios protagonizaron reiterados intentos de suicidio que en algunos casos se consumaron, según las evaluaciones médicas a las que se les sometía en el campo Rayos X al ingresar en el centro carcelario. Según los psiquiatras militares, la enfermedad de algunos presos se transformaba en peligro de militancia en los grupos yihadistas.

Georges Busch inició la llamada “guerra contra el terror”, tras los espantosos atentados del 11 de Septiembre, en donde vimos morir a miles de ciudadanos inocentes de forma cruel. Pero esos hechos no justifican que un país democrático como Estados Unidos utilice las desapariciones forzosas o la tortura como método para luchar contra nada.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/aniversario-negro-en-guantanamo/20130118130242086875.html

Si ahorcasen a todos los violadores

El Gobierno indio, siguiendo la voluntad temeraria de sus conmocionados ciudadanos, aplicará la pena de muerte a los cinco acusados de violar y asesinar a la joven Amanat. ¿Cuántos hombres serían ejecutados si este castigo se llevase a cabo en todo el mundo contra los que han agredido sexualmente a niñas, niños y mujeres?

Sólo una hipótesis escalofriante pero reveladora de nuestro sórdido mundo: serían las decenas de millones de hombres que tienen en sus lechos a niñas–esposas de edades entre 6 o 12 años como esclavas sexuales, además de los pederastas que hacen lo mismo, pero fuera de la ley; casi la mitad [siendo optimista] de todos los hombres del planeta que, en calidad de maridos, agreden a sus mujeres reclamándoles el “débito matrimonial”; los millones de cuidadores, vigilantes de los campos de refugiados, celadores de residencias de ancianos, discapacitados físicos y psíquicos, sacerdotes, padres, hermanos, tíos y abuelos que han convertido en terror la vida de no se sabe cuántos millones de niños y niñas o los soldados y los civiles que han torturado sexualmente a miles de mujeres como “botín de la guerra” [expresión utilizada también por los libros sagrados de las religiones abrahámicas] en Afganistán, Congo, Somalia, Sudan, Libia, Yugoslavia o Irak.

Así fue la masacre de Mahmudiyah, en 2006, en la que varios marines violaron a una niña de 11 años, la mataron junto a su familia e incendiaron la casa simulando un ataque insurgente. Los militares misóginos no distinguen entre mujeres “del enemigo” y “compañeras soldados”. Lavena Jonson es una de los cientos de mujeres violadas dentro del ejército de EEUU. Tras ser agredida por varios colegas, fue mutilada y asesinada en Irak en 2005.

Toda los casos narrados previamente formarían parte de los violadores “no convencionales”, una categoría en la que entrarían, por ejemplo, los delincuentes sexuales convertidos en mandatarios en Ciudad Juárez.

Ejecutar o castrar a los violadores, además de ser inhumano y bárbaro, es una cortina de humo que utilizan las autoridades para cubrir su misoginia, su incompetencia política y su voluntad de ocultar su responsabilidad. Sancionan a los chivos expiatorios y desligan este tipo de barbaries de la estructura social, económica, política y religiosa del país. Tampoco acertó en su método

Phoolan Devi, la Reina Bandida, quien en la década de los noventa, tras ser violada en varias ocasiones por grupos de hombres, creó bandas organizadas de mujeres agredidas para eliminar a los depredadores sexuales. Mataron a una veintena de jóvenes, todos de castas superiores. Tras 11 años en prisión –sin ser juzgada–, la heroína de los pobres y los discriminados, fue elegida diputada. En 2001 fue asesinada a balazos por defensores de la supremacía masculina, esos que consideran a la mujer un ser creado para satisfacer las necesidades de los hijos varones de Adán.

En este país capitalista, hundido en la miseria y en injusticias de todo índole, apodado absurdamente “la mayor democracia del mundo”, con casi la mitad de la población analfabeta, cada seis horas una joven es quemada viva, golpeada hasta la muerte u obligada a quitarse la vida. Aquí, ser niña es peligroso incluso cuando se está en el vientre de la madre. Cada día se producen 2.000 abortos de fetos de sexo femenino y un numero parecido de niñas nacidad son asesinadas, no sólo por parte de padres incultos y desalmados, sino también por médicos cultos  que actúan con el beneplácito de las autoridades del país. Uno de los principales motivos del feticidio e infanticidio femenino en la India es la costosa dote que los padres deben entregar al futuro marido de sus hijas. Progenitores que, en vez de eliminar la dote, eliminan a la niña. La estupidez humana, sin duda, no tiene límite.

Los políticos, preocupados por el desequilibrio poblacional en cuanto al género –sólo hay 866 niñas por cada 1.000 niños– quieren que haya muchas mujeres, aunque tengan un estatus infrahumano. Muchos de los hombres honorables que se manifestaban a favor del castigo capital para los violadores de Amanat lo hicieron porque consideran el cuerpo de sus mujeres el habitáculo de su propio honor. Una agresión muestra, por tanto, falta de hombría y capacidad para proteger su honra y su propiedad. Poco o nada importa lo que sufren las Amanat.

 

El crimen sexual es la forma más extrema de una mirada mercantilista y patriarcal que cosifica a la mujer y desprecia sus capacidades. Otro ejemplo es la observación que hizo un contertulio de televisión en España sobre la forense que cometió un error en su diagnóstico sobre los restos de los niños desaparecidos en Córdoba: ¡Qué vaya a trabajar en una mercería!, dijo. Ninguno de los componentes de la mesa de “análisis”, esos todólogos, reaccionó. Tampoco la presentadora.

Además de leyes que garanticen la seguridad de las mujeres y los menores y de prohibir tradiciones que les humillan y matan, es necesario poner en marcha planes integrales que incluyan programas educativos para toda la población encaminados a crear un cambio de mentalidad. La India emerge. Sus nuevos mil millonarios se siguen forrando gracias al obsceno subdesarrollo de un país con bomba atómica [ilegal] y uno de los principales almacenes de armas del mundo. Mientras, sus mujeres y hombres, se bañan junto a los cadáveres en las sagradas y turbias aguas del Ganges.

29 días encerrada en Barajas

Josephine Thomas fue detenida por la Policía del Aeropuerto de Barajas cuando intentó cruzar el control fronterizo usando el pasaporte español que le había servido para entrar en Europa

Horas después de ser detenida y ya con un intérprete presente, pudo confesar su nacionalidad nigeriana, que no era turista, que la documentación era falsa, que tenía 16 años y el propósito de su llegada a España: venía para ser prostituida.

08.01.2013 · · Mercedes Hernández
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Archivo (Javier Bauluz /Piraván)

Josephine Thomas (nombre ficticio) fue detenida por la Policía del Aeropuerto de Barajas cuando intentó cruzar el control fronterizo usando el pasaporte español que le había servido para entrar en Europa. Su piel negra y su habla inglesa hicieron saltar todas las alarmas. No pudo responder al interrogatorio en castellano que le hizo el oficial de control de fronteras, así que fue trasladada inmediatamente a la Sala de Rechazos y se le inició un expediente de devolución a Rumanía, desde donde procedía el vuelo que la trajo a España. Horas después de ser detenida y ya con un intérprete presente, pudo confesar su nacionalidad nigeriana, que no era turista, que la documentación era falsa, que tenía 16 años y el propósito de su llegada a España: venía para ser prostituida.

La sola condición de ser menor le otorgaba a Josephine el derecho a la admisión a trámite de la solicitud de asilo que hizo, el acceso a los recursos específicos de protección para menores extranjeros no acompañados (MENAS) y la autorización inmediata de entrar en el territorio del Estado español para ser tutelada por la Comunidad Autónoma de Madrid. Porque España, Estado miembro de la Unión Europea, es firmante de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, de la Convención de Ginebra de 1951 para los refugiados, del Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Seres Humanos, Especialmente de Mujeres y Niños, y del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, entre otros. Además, la legislación española sobre el Derecho de Asilo ordena la protección de las mujeres víctimas de persecución por motivos de género; y el artículo 59.bis de la Ley de Extranería establece la posibilidad de una protección específica para las mujeres víctimas de trata con fines de explotación.

Sin embargo, Josephine estuvo encerrada 29 días en un espacio donde tenía menos derechos que cualquier recluso.

De Nigeria a Rumanía: un camino de esclavitud doméstica y sexual

Josephine nació en Haití, pero había vivido desde los cinco años en Benin City, al sur de Nigeria. Se quedó huérfana a los 11 años y desde entonces fue la esclava doméstica de su tía y la esclava sexual del esposo de ésta. Le daban comida sólo tres veces por semana, el resto del tiempo se alimentaba de la basura, según cuenta. Después de años de violaciones, amenazas y cautiverio, un día descubrió que estaba embarazada. Cuando su tía se enteró la echó de la casa y tuvo que vivir en la calle, donde también fue violada, esta vez por tres hombres. Ahí conoció a Peter. Él le dio de comer, la llevó a su casa, le compró ropa, contactó y pagó la clínica donde ella abortó.

Dos semanas después ambos se dirigían al aeropuerto de Lagos, la capital de Nigeria, con sendos billetes de avión hacia Rumanía, pasaportes y DNI españoles. Peter le aseguró a Josephine que “donde viven los blancos” podría trabajar y hacer realidad su gran sueño desde niña: ir a la escuela.

En el autobús desde Benin City a Lagos, el tratante cambió drásticamente la amable actitud de los días anteriores, le aseguró que la mataría si contaba el más mínimo detalle sobre la ceremonia Juju, por la que le habían cortado vello de las axilas y del pubis. Un ritual de brujería por el que se entiende que queda vinculada en cuerpo y alma al tratante, hasta saldar la deuda de 55.000 euros contraída por haber sido “rescatada de la calle”. Al llegar al aeropuerto, él se encargó de mostrar toda la documentación para poder pasar los controles migratorios. Llegaron a Timisoara, el segundo aeropuerto más importante de Rumanía. Josephine permaneció cuatro meses encerrada en diferentes hoteles de varias ciudades rumanas. Ahí fue violada y prostituida por el tratante, quien le advirtió que ese país no era su destino final.

En Madrid: Las mil y una incoherencias procesales

El 1 de abril de 2011, Josephine viajó sola de Bucarest a Madrid. Sabía que en Barajas la estaban esperando los socios del tratante, la reconocerían por las fotos que éste les había enviado. Ella no sabía quiénes ni cómo eran, podía ser cualquiera.

Tras ser detenida, la Fiscalía del Menor de Madrid ordenó que se le realizara una prueba de determinación de la edad, que se hizo, nuevamente sin la presencia de un intérprete ni la de su abogado. La prueba incluía una exploración del vello púbico y axilar. Para ella, la escena se repetía. Al día siguiente de su detención, el Fiscal de Menores de Madrid decretó que Josephine era mayor de edad, basándose en el informe del médico forense de la Fiscalía de Guardia que estimaba su edad en 18 años, con un margen de error de dos años más o menos. Esta decisión es contraria a los propios protocolos de la Fiscalía de Menores, que en otras ocasiones ha sostenido: “Siempre habrá de tomarse como edad del extranjero no acompañado la menor que se desprenda del informe médico.” Y al Artículo 10.3 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos que ordena: “En caso de que no exista seguridad sobre la edad de la víctima y cuando existan razones para creer que se trata de un niño, tendrá la consideración de tal y se le concederán medidas de protección específicas a la espera de que se pueda comprobar su edad.”

El sexto día de encierro, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) le denegó a Josephine la petición de protección internacional que había realizado tres días antes, a pesar de que los artículos 6, 7.1 y 46 de la Ley de Asilo recogen la persecución por motivos de género como causa de protección y el tratamiento diferenciado a las solicitudes de las personas víctimas de trata por “la gravedad de las violaciones de derechos que han podido sufrir.” Ante la denegación de la solicitud de asilo, el procedimiento otorga la posibilidad de una revisión de esa primera resolución a través de un reexamen. Así se hizo. Pero la OAR volvió a denegar la protección internacional para Josephine, desoyendo incluso los informes de apoyo, en la práctica considerados periciales, que en ambas ocasiones realizó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y sin motivar tal decisión.

Los días 9 y 10 del encierro, fue entrevistada, primero, por dos agentes de la Policía Nacional, y después por un agente de fronteras rumano sobre cómo había obtenido la documentación.

El día 11, con la denegación del reexamen de su solicitud de protección internacional, se le comunicó a Josephine que sería expulsada a Rumanía el día 15.

El día 13, se recurrió la decisión denegatoria de la OAR, ante la Audiencia Nacional, solicitándose a la vez una medida cautelarísima de suspensión de la expulsión. La Audiencia Nacional paralizó la expulsión de forma provisional. La provisionalidad se basaba en una supuesta dificultad de carácter procesal que antes debía superarse para resolver de forma definitiva.

El día 14, se llevó a cabo una acción jamás realizada en un puesto fronterizo: se solicitó para Josephine la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión establecido en el Artículo 59.bis de la Ley de Extranjería, que establece, entre otros aspectos, un período de —como mínimo— 30 días de acceso a todos los recursos disponibles para las víctimas de trata.

Ese mismo día, por la tarde, se presentó una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo, denunciando el silencio de los organismos competentes para resolver sobre el periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas de trata, cuya reacción debía ser inmediata a fines de paralizar la expulsión de Josephine.

La inexistencia de un protocolo de actuación ante tal solicitud generó un conflicto entre la Delegación de Gobierno de Madrid, la Unidad Central de Fronteras y la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF), que inicialmente repercutió en la desatención del caso y posteriormente en una absoluta disfuncionalidad de las competencias. Josephine fue revictimizada en múltiples ocasiones a través de un proceso experimental de numerosas e innecesarias entrevistas, con intervalos de hasta cuatro días entre una y otra.El día 15, por la mañana, fue entrevistada por dos técnicas especializadas en el abordaje de casos de trata de seres humanos representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo y por la tarde fue entrevistada, otra vez, por una funcionaria no especializada de la Unidad Central de Fronteras.

El día 18, sin que mediara una comunicación oficial y sin competencias para ello, la Unidad Central de Fronteras practicó un interrogatorio más a Josephine y posteriormente emitió una propuesta negativa respecto de la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión, generando así una resolución nula ipso iure por falta de competencia objetiva de este organismo.

Desde el octavo hasta el vigésimo día, el abogado de Josephine no tuvo acceso a la sala donde ella permanecía privada de libertad, ni siquiera se le notificó sobre los interrogatorios a los que fue sometida.

El día 20, la Oficina del Defensor del Pueblo emitió un informe en el que se resaltaban los indicios de que Josephine fuera víctima de trata y el riesgo que correría en caso de que fuera devuelta a Rumanía o a su país de origen. El informe también cuestionaba que la determinación de la edad fuera ajustada a derecho.

Siguiendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en funciones, la Delegación de Gobierno de Madrid ordenó una entrevista más para evaluar la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión para víctimas de trata. Asimismo, el vigésimo día, toda la documentación, incluyendo el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se le trasladó al entonces Delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente  quien también destacó los indicios de trata en el caso de Josephine y así se lo comunicó a la Delegación de Gobierno de Madrid.

El mismo día 20, la Audiencia Nacional le concedió al abogado de Josephine un plazo de diez días laborables para presentar formalmente la petición de paralización definiva de la expulsión.

El día 21, con la sintomatología de una salud sumamente dañada y el informe médico que así lo acreditaba, Josephine solicitó, a través de su abogado, al Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid (en funciones de guardia) el cese del aislamiento en dependencias no acondicionadas para estancias largas, mientras no hubiese resolución judicial o administrativa en los procedimientos pendientes. También se solicitó que pudiera beneficiarse de los recursos especializados de Proyecto Esperanza, una organización de amplia y reconocida trayectoria en la atención especializada a víctimas de trata. La solicitud fue denegada el mismo día a través del auto de 20 abril de 2011, donde el juez Adolfo Carretero Sánchez afirmó:

La influencia mediáticaEl día 29, a primera hora, el caso pormenorizado de Josephine apareció en algunos medios de comunicación. Quizá esa sea la única razón existente para que esa misma mañana la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, interrumpiendo el plazo por la misma Sala concedido, resolviera finalmente la solicitud de Josephine, en auto de 29 de abril de 2011, demostrando que el famoso asunto protocolar era sólo una excusa que prolongó innecesaria e injustificadamente su cautiverio. La resolución fue denegatoria y dejó abierta —una vez más— la vía para la expulsión de Josephine.

El Tribunal denegó concluyendo que se trataba de un “relato inconcreto,” además de “una edad y unos documentos falsos”, dejando clara su postura en este caso: si la documentación con la que Josephine fue obligada a viajar es falsa toda la historia carece de veracidad y es inexistente el peligro que puede correr si es expulsada de España:

Eso sí, la Audiencia Nacional argumentó que le denegaba a Josephine la protección internacional en nombre de su “libertad ambulatoria” y como “garantía de sus derechos fundamentales de la interesada y en concreto a su derecho a la libertad.” Esta denegación sólo era un avance de lo que más tarde sería la sentencia, en un procedimiento plagado de incoherencias procesales.

Pero, también el día 29, finalmente, la Delegación de Gobierno de Madrid, sobre la base de todos los informes precitados, notificó oficialmente a Josephine la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión que le había sido concedido desde el día 27, evidenciando la existencia de unos indicios de trata que fueron ignorados por la OAR y la Audiencia Nacional.

En la práctica, ¿las víctimas de trata son susceptibles de protección internacional?

Actualmente, Josephine tiene concedida una autorización provisional de residencia y trabajo, en atención a su situación personal, prevista por el artículo 59.bis de la Ley de Extranjería, que recoge la protección a las víctimas de trata. Mientras, espera que sea resuelta su solicitud de una autorización definitiva de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

La sentencia denegatoria de la Audiencia Nacional está recurrida en casación y será el Tribunal Supremo quien decida si el Estado español debe o no admitir a trámite, para un estudio más riguroso, la solicitud de asilo de Josephine. Si el fallo del Supremo es favorable, Josephine Thomas se enfrentaría por tercera vez a los criterios de la OAR, que ya ha desestimado su petición de asilo en dos ocasiones y sin que se conozca, por el momento, una sola concesión de estatuto de protección internacional para una víctima de trata en España, a pesar de que son detectadas más de mil cada año por los propios organismos del Gobierno.

Mientras, Josephine, en ocasiones ajena al importante precedente que sentaría su caso, intenta reconstruir la vida que le ha sido tantas veces violentada, allá y aquí, y ha hecho realidad su gran sueño: ir a la escuela.

http://periodismohumano.com/migracion/29-dias-encerrada-en-barajas-i.html

Compradas, vendidas y abusadas en Yemen

Aisha, de 21 años, se aferra a sus dos hijos mientras relata su historia de horror.

Creció en Mogadiscio, la capital de Somalia, donde se enamoró y, hace cuatro años, tuvo un hijo sin haberse casado

. Cuando su familia la amenazó de muerte por haber destruido su “honor”, escapó.

04.01.2013 · · Rebecca Murray · (Aden)

Aisha, de 21 años, se aferra a su hijo mientras relata cómo fue víctima de tráfico (R. M.)

La joven se animó a realizar un peligroso viaje con contrabandistas, por el océano Índico hasta Yemen, hacia lo que ella creía sería una vida mejor. En cambio, ahora Aisha y otras cuatro mujeres ocupan ilegalmente una vivienda en el tugurio de Basateen, en la sudoriental ciudad portuaria de Aden. Cada día piden limosna y, a menudo, se prostituyen por dos dólares el servicio. Luego dividen sus magras ganancias con su proxeneta. “Solo quiero ir a un lugar más seguro para mis hijos. En otro país”, suspira Aisha.

Las redes internacionales de tráfico de personas se expanden en Yemen, y con la pobreza como factor clave, las mujeres explotadas sexualmente son las víctimas más vulnerables. Aunque el futuro de Aisha pueda lucir sombrío, su destino es mejor que el de una muchacha etíope de 17 años que falleció sola en un hospital de Haradh, en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita. Comprada y vendida dentro de la red de tráfico que opera en todo Yemen, la violaron y golpearon reiteradamente, hasta que murió. Ahora está enterrada lejos de su hogar y el traficante que la asesinó está libre.

“Entre 2011 y 2012 hubo un aumento significativo en el contrabando y el tráfico, así como en los casos reportados de violencia y abusos perpetrados contra recién llegadas”, dijo Edward Leposky, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En 2011, Acnur registró 103.000 nuevas llegadas a Yemen. Se trata del mayor influjo registrado desde que se empezó a documentar estadísticas hace seis años, y Leposky sospecha que en 2012 se produjo un aumento. Se cree que los números reales son muy superiores.

Las mujeres que inmigran, principalmente etíopes y somalíes, a menudo huyen de la pobreza y la violencia reinantes en sus países de origen. Pagan cientos de dólares para llegar a puntos de tránsito en Yibuti o Puntlandia (autoproclamado estado autónomo de Somalia), y también para ser trasladadas a Yemen en peligrosas embarcaciones hacinadas, cuyos trayectos pueden durar entre uno y tres días.

Su objetivo es llegar a estados del Golfo como Arabia Saudita, para allí poder trabajar. Pero en el camino suelen ser violadas por pandillas, asfixiadas por el hacinamiento o tiradas por la borda por contrabandistas, además de tomadas como rehenes por traficantes una vez que llegan a suelo yemení.

“La mayor parte del tráfico que vemos que ocurre aquí es el de quienes llegan del Cuerno de África a Arabia Saudita”, dice Eman Mashour, integrante del equipo antitráfico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Yemen. “Hay una red. Las mujeres pueden ser severamente explotadas por los traficantes. Las mujeres nos dijeron que a lo largo del camino mantenían relaciones sexuales con los contrabandistas”, plantea la experta.

La confirmación radica en las sombrías conclusiones del estudio “Desperate Choices” (Elecciones desesperadas) [pdf en inglés], divulgado en octubre por el Consejo Danés para los Refugiados y la Secretaría Regional de Migraciones Mixtas.

“Las redes delictivas se extienden por Etiopía, Yemen, Yibuti y Arabia Saudita”, según el informe. “Parece altamente probable que estas pandillas tengan contactos en otros países”.

Ciudadanas locales son víctimas del tráfico
Sin embargo, no todas las víctimas del tráfico sexual en Yemen son inmigrantes. Los breves matrimonios entre jóvenes muchachas yemeníes y visitantes de los estados del Golfo (práctica comúnmente conocida como “turismo sexual”) son el resultado de la pobreza entre grandes familias yemeníes, principalmente en las áreas rurales. “Adolescentes de incluso 15 años son objeto de comercio sexual en hoteles y clubes, en las gobernaciones de Sanaa, Aden y Taiz”, plantea el informe 2012 sobre tráfico del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.

“La mayoría de los turistas (que buscan) sexo con niñas y niños en Yemen proceden de Arabia Saudita, y una cantidad más pequeña posiblemente llega de otras naciones de la región. Las muchachas yemeníes que se casan con turistas sauditas a menudo no se dan cuenta de la naturaleza temporaria y explotadora de estos acuerdos, y algunas son sometidas a tráfico sexual o abandonadas en las calles de Arabia Saudita”, agrega.

Leila, una víctima de otra clase de tráfico sexual, tenía 15 años cuando finalmente pudo esconderse en el refugio secreto de una mujer, ubicado en un tranquilo barrio de Sanaa. Golpeada por su familia, Leila había escapado de su casa dos años antes, y vivía en las calles. Pronto una mujer mayor la recogió, llevándola a un burdel del vecindario. Allí, las muchachas eran fotografiadas manteniendo relaciones sexuales como chantaje para hacer que se quedaran, les daban drogas y las obligaban a atender clientes por las noches. La mujer se embolsaba el dinero que les pagaban.

Leila y la mujer que trabajaba como su proxeneta fueron arrestadas justo cuando Leila estaba por ser traficada a Arabia Saudita. Luego Leila pasó dos años en prisión por su “delito”. Su familia la repudió, acusándola de destruir su honor, y su hermano la amenazó de muerte.

Cuando personal de la Unión de Mujeres Yemeníes visitó la cárcel, Leila supo que existía el pequeño refugio de mujeres, una rareza en Yemen, y fue uno de sus primeros casos. Con ayuda psicológica y trabajos prácticos se le fueron pasando los días, y se quedó en el refugio hasta que el personal resolvió la disputa familiar.

El Código Penal de Yemen prevé 10 años de prisión para quienes participan en la compra o venta de seres humanos. Aunque reconoce la actual crisis política en el país, el informe del Departamento de Estado enfatiza que en 2012 faltaron esfuerzos gubernamentales para contrarrestar el tráfico.

“El gobierno de Yemen no fue capaz de brindar datos sobre la aplicación de la ley para contribuir con este informe, y tampoco instituyó procedimientos formales para identificar y proteger a las víctimas de tráfico o tomar medidas para abordar el tráfico con fines de explotación sexual comercial”, señala.

Nicoletta Giordano, directora de las actividades de la OIM en Yemen, alertó sobre la inactividad. “Hay un floreciente negocio de contrabando y tráfico. Es un negocio internacional… Muchos países occidentales se centran en los asuntos de la piratería, y la atención (que se debería dedicar) al contrabando y el tráfico quedan a mitad de camino”, dice. Sería de interés para todos los países involucrados adoptar un enfoque más integral sobre el manejo de fronteras, para dar asistencia y protección a quienes las necesitan y para hacer frente a quienes puedan plantear una amenaza, según Giordano.

* Los nombres de las víctimas de tráfico sexual fueron cambiados para proteger sus identidades.

http://periodismohumano.com/mujer/compradas-vendidas-y-abusadas-en-yemen.html

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