La investigación de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca registra 3.587 denuncias

06/02/2015

La ‘Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013’ ha sido liderada por el forense paco Paco Etxebarria quien ha matizado que todavía no han entrado a valorar la veracidad de las denuncias.

Ver vídeo:

http://www.eitb.eus/es/get/multimedia/embed/id/2948898/tipo/video/

La investigación de la tortura encargada por el Gobierno Vasco a un equipo liderado por el médico forense Paco Etxeberria registra, en su primera fase, 3.587 denuncias entre 1960 y 2013 en Euskadi. Se espera que la investigación concluya para septiembre de 2016.

En una rueda de prensa en San Sebastián, el secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, acompañado de Etxeberria, ha dado cuenta de la primera fase de esta investigación que coordina el forense vasco.

Etxeberria ha señalado que se ha elaborado un primer censo individualizado de 3.587 casos de denuncia judicial o pública, y ha puntualizado que aún no se ha entrado a “valorar su veracidad”. El equipo de Etxeberria ha entregado este viernes al Gobierno Vasco esta primera parte del estudio, que, a su vez será, remitido al Parlamento Vasco.

Fernández ha recordado que en marzo de 2014 el Ejecutivo vasco encargó al médico forense y su equipo del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la realización de una Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013. El objetivo de la investigación es “desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar”, ha explicado.

Esta investigación constituye la sexta iniciativa del ‘Plan de Paz y Convivencia’ del Gobierno Vasco y se enmarca en el marco del primero de los tres grades compromisos que define el Plan, “la clarificación del pasado”, ha añadido. Tras apuntar que está previsto que el estudio íntegro esté finalizado “para septiembre de 2016”, Etxeberria ha explicado que los trabajos se están realizando en tres etapas y cinco estudios complementarios.

La primera fase se ha centrado en cuantificar las denuncias y realizar un informe de la información documental disponible sobre la prevalencia de malos tratos y torturas, así como de la información existente en diferentes fuentes para la elaboración de un censo.

Después se procederá a la verificación, un proceso que se prolongará durante un año y en el que se investigarán 200 casos representativos. También se llevará a cabo un estudio cualitativo, narrativo y específico de 40 casos emblemáticos. En una tercera etapa de entre tres o cinco meses se elaborarán las conclusiones y recomendaciones.

Etxeberria ha señalado que de las 3.587 denuncias registradas se han analizado hasta el momento 2.820 casos, 2.394 correspondientes a hombres y 426 a mujeres. Según ha puntualizado de esas denuncias 1.319 corresponden a torturas por parte de la Policía Nacional; 1.174 por la Guardia Civil; y 271 por la Ertzaintza.

Informes

Además, el forense ha indicado que hasta el momento 1.183 afectados han ratificado su denuncia de tortura o malos tratos. También ha explicado que durante esta primera fase de investigación se han recopilado 140 informes (informes locales e internacionales con carácter institucional) de Amnistía Internacional, del Comité para Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, de Relatores de la ONU y del Comité de la ONU contra la Tortura, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Ararteko y del Gobierno vasco.

Asimismo, se han analizado 20 sentencias firmes (31 víctimas y 49 personas condenadas) y se han consultado diversas fuentes, como, por ejemplo, asociaciones ciudadanas, abogados, fiscalía, médicos, y el ámbito policial y judicial.

Asimismo, se ha iniciado un proceso de ratificación de los casos denunciados con las personas afectadas y se ha otro de recogida de testimonios directos, al tiempo que se ha establecido un Protocolo Pericial para la investigación de la fiabilidad de los casos.
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/2948322/investigacion-tortura-informe-encargado-gobierno-vasco/

Ver también: www.noticiasdenavarra.com/2015/02/07/opinion/editorial/constancia-de-la-tortura

Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura

Escrito por  Proyecto Censurado

Las diez naciones seleccionadas para recibir el grueso de la ayuda extranjera de Estados Unidos en el ejercicio económico 2014 practican todas la torturas y son responsables de los mayores abusos contra los derechos humanos, según reporta Daniel Wickham en Left Foot Forward.

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Las diez naciones seleccionadas para recibir el grueso de la ayuda extranjera de Estados Unidos en el ejercicio económico 2014 practican todas la torturas y son responsables de los mayores abusos contra los derechos humanos, según reporta Daniel Wickham en Left Foot Forward.

Wickham llegó a esta conclusión al analizar una combinación de cifras de ayuda extranjera proyectadas, en un informe de enero 2013, por el Servicio de Investigación del Congreso, y cruzó esa información con hallazgos de torturas divulgados independientemente por Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones de derechos humanos con reconocimiento internacional.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso, preparado para los comités del poder legislativo y sus miembros, dio a conocer los presupuestos de ayuda extranjera de Estados Unidos proyectados por país para el ejercicio económico 2014. Según ese informe, estos son los diez países que recibirán la mayor ayuda prevista (en millones de dólares de Estados Unidos actuales):

• Israel 3.100
• Afganistán 2.200
• Egipto 1.600
• Pakistán1.200
• Nigeria 693
• Jordania 671
• Irak 573
• Kenia 564
• Tanzania 553
• Uganda 456

Wickham afirmó que AI, HRW y otras organizaciones de derechos humanos muy reconocidas por Estados Unidos y las grandes potencias, acusaron a cada uno de los gobiernos de estos 10 países de torturar gente durante el año 2013, y por lo menos la mitad lo hizo a una escala masiva.

Por ejemplo, Israel, el beneficiario principal de la asistencia económica de Estados Unidos, fue acusado de cometer importantes abusos de derechos humanos durante el año pasado, incluyendo la tortura de niños palestinos. Un informe reciente del Comité Público Contra la Tortura en Israel describió de qué manera niños policíacamente registrados como “sospechosos de crímenes menores”, fueron asaltados sexualmente por fuerzas israelíes de seguridad y encerrados en jaulas al aire libre durante el invierno. Se encontró que el “74% de los niños palestinos detenidos experimentaron violencia física durante su arresto, traslado o interrogatorio”.

Un reporte de Naciones Unidas divulga que la tortura está “extendida” en Afganistán, mientras Amnistía Internacional documenta que la tortura es “práctica común” en Iraq y en Egipto existe una “situación abismante” de derechos humanos. Human Rights Watch denunció que en Jordania la tortura se practica con “impunidad cuasi total”.

Wickham asegura que la ayuda económica a tales gobiernos podría violar leyes existentes en Estados Unidos, cuyo mandato dispone que poco o nada de financiamiento se conceda al gobierno de cualquier nación que “observe un modelo constante de gruesas violaciones de los derechos humanos reconocidas internacionalmente, incluyendo tortura”.

Estados Unidos sigue siendo signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratamientos y Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en octubre de 1994. Que los diez beneficiarios top de la ayuda extranjera estadounidense “practiquen todos la tortura plantea preguntas serias sobre la postura de la administración Obama en derechos humanos”, escribió Wickham. “Si Estados Unidos quiere ser considerado seriamente en estas cuestiones, se impone una re-evaluación seria de su programa de ayuda extranjera”.

Fuente:
– Daniel Wickham, “Top 10 US Aid Recipients All Practice Torture,” Left Foot Forward, January 30, 2014, http://www.leftfootforward.org/2014/01/top-ten-us-aid-recipients-all-practice-torture.
– Estudiante investigador: Alyssa Tufaro (Florida Atlantic University)
– Evaluador académico: James F. Tracy (Florida Atlantic University)

Ver también:
Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (01): El aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina
Hoy se publican las 25 noticias más censuradas en 2013-2014

http://www.kaosenlared.net/territorios/t2/internacional/98350-los-gobiernos-que-m%C3%A1s-se-benefician-con-ayuda-de-estados-unidos-practican-la-tortura

El Consejo de Europa quiere investigar las agresiones a inmigrantes en la valla de Melilla

CUARTOPODER | Publicado: 17/10/2014

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, considera “necesario abrir una investigación para establecer responsabilidades” por “la violencia” que los agentes de la Guardia Civil ejercieron contra varios inmigrantes el miércoles en un intento de salto de la valla de Melilla y recuerda a España que las devoluciones sumarias son ilegales. La noticia saltó después de que la ONG Prodein difundiera un vídeo rodado este miércoles durante un salto masivo de la valla de Melilla que muestra como uno de ellos es golpeado por los agentes españoles con sus porras hasta en diez ocasiones, cae al suelo y es entregado en volandas a Marruecos en aparente estado de inconsciencia (ver vídeos).

Asociación Pro.De.In. Melilla (Vimeo)

Asociación Pro.De.In. Melilla (Vimeo)

http://www.cuartopoder.es/multimedia/2014/10/17/europa-quiere-investigar-las-agresiones-inmigrantes-en-la-valla-de-melilla/3567

VÍDEO – España apalea y deporta ilegalmente inmigrantes heridos, atados e inconscientes en Melilla

Una vez más, decenas de inmigrantes fueron deportados ilegalmente por la Guardia Civil, por órdenes del Gobierno español, y entregados a fuerzas marroquíes al otro lado de la valla, a pesar de encontrarse ya en territorio español. Muchos fueron golpeados, otros arrastrados atados de pies y manos y varios heridos fueron deportados sin recibir atención médica. Los posibles solicitantes de asilo de Mali también fueron expulsados sin tener en cuenta sus derechos como refugiados.

La portavoz de la Delegación del Gobierno español en Melilla ha explicado a Europa Press que el inmigrante golpeado por la Guardia Civil del vídeo “no estaba herido”, sino que estaba adoptando una actitud de “resistencia pasiva” , que “el salto fue violento” y “hubo escenas violentas como escupir a los agentes y gritar la palabra ébola”. “En esas situaciones es normal que la Guardia Civil actúe con contundencia“, ha dicho, esta portavoz ha considerado que videos como el difundido por Prodein “sólo buscan poner en entredicho el trabajo que hace la Guardia Civil”.

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Según informa la ONG PRODEIN: “Un grupo de malienses intentó entrar en Melilla el 15-11-2014. La violencia con la que se les recibió fue extrema. Fueron deportados ilegalmente a Marruecos sin importar su situación personal, sin importar su edad, sin importar si querían solicitar asilo, sin importar que estuvieran heridos, al margen de la legislación española e internacional”

 

“En el intento de salto que tuvo lugar el 15-10-2014 las Fuerzas Auxiliares y la Guardia Civil se emplearon con los inmigrantes con especial dureza. Prácticamente la totalidad de ellos fueron expulsados de España de forma absolutamente ilegal. Decenas de heridos fueron también expulsados y entregados al ejército marroquí”.“En el vídeo podemos ver los sucesos de ese día. Hacemos un seguimiento a una de las víctimas: Danny, camerunés, de unos 23 años y del cual recibimos noticias contradictorias en el sentido de que está vivo o que murió”.

 

Más información sobre deportaciones en Melilla en Periodismo Humano:

http://periodismohumano.com/migracion/animales-en-la-valla-de-melilla.html

Pechos ‘planchados’, la otra mutilación femenina

Por: María Antonia Sánchez-Vallejo | 06 de febrero de 2014

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Una mujer asiste con su hijo a una sesión de prevención en Duala / Joe Penney (Reuters)

Las víctimas son niñas prepúberes, entre ocho y once años. Les aplastan los pechos durante meses con un objeto candente para evitar que adquieran turgencia y su volumen atraiga demasiado pronto el interés de los hombres. Es una práctica ancestral denominada “planchado del pecho” y originaria de Camerún, pero hay un creciente número de casos en Reino Unido.

Dicen sus defensores que es un modo de preservar a las chicas del acoso sexual e incluso de evitar embarazos precoces. Nada más lejos de la realidad: la tortura ha demostrado su ineficacia a la hora de impedir la actividad sexual a edades tempranas. En 2010, alrededor del 30% de las camerunesas habían sido madres antes de cumplir los 18 años, según el Fondo de Población de la ONU.

Lejos de la repercusión que otras prácticas de mutilación sexual femenina han alcanzado en el mundo –precisamente esta semana se celebraba el Día Internacional Tolerancia Cero contra las distintas formas de mutilación genital, que afectan a 125 millones de mujeres en 29 países de África y Oriente Próximo-, el fenómeno de las niñas con los pechos deformados sigue siendo en su mayoría  un secreto. También las víctimas callan sobre lo sucedido, en parte porque asumen que es lo mejor para ellas –el discurso tradicional-, y apenas reconfortadas por las mujeres de la familia, que les aseguran que sus pechos volverán a crecer cuando sean mayores.

El silencio perpetúa la práctica y todas sus consecuencias, entre las que se cuentan abscesos, picores, descarga de leche, infecciones, disimetría de las mamas, mastitis, infecciones, fiebre alta, piel quemada y daño en los tejidos… por no hablar de las secuelas psicológicas.

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Uno de los instrumentos utilizados para ‘aplanar’ los senos / Joe Penney (Reuters)

El planchado afecta al 24% de las camerunesas –es decir, una de cada cuatro-, y es más común entre la población cristiana y animista del sur del país que en el norte, de mayoría musulmana, donde sólo se ven afectadas el 10% de las mujeres, sostiene el Fondo de Población de la ONU. En 2006, unos cuatro millones de camerunesas habían experimentado el proceso, que puede repetirse a diario durante más de un año, y otros cuatro millones eran víctimas potenciales del mismo, según la agencia alemana de cooperación internacional, que había dado la voz de alarma un año antes.

No es una práctica privativa de Camerún; también se realiza en Guinea-Bissau y en países del centro y el oeste de África como Chad, Togo, Benín y Guinea-Conakry. Más de la mitad de las agresiones (en torno al 58%) son perpetradas por la propia madre de la menor, aunque también suelen participar otras familiares. A menudo el padre permanece ajeno al suceso.

La ONG CAME Women and Girls Development Organisation, con base en Reino Unido, convocó recientemente una conferencia para dar luz pública al fenómeno, que la ONU ha incluido entre los crímenes más comunes que se perpetran contra las mujeres. Otros grupos locales, como la Asociación Red de Tías de Camerún (Renata), formada por víctimas del planchado, alientan campañas de radio y televisión dirigidas a 45.000 estudiantes de zonas rurales.

Las animosas Tías también han publicado carteles en los que se describen los tipos de objetos usados (lascas de piedra, martillos, espátulas, incluso la mano de un mortero calentado sobre brasas), un catálogo de horrores para una tortura silenciosa y, ojalá, cada vez menos secreta. Según el Gobierno camerunés, la práctica se ha reducido en un 50% desde que fuera detectada por primera vez, en 2005 y accidentalmente, durante una investigación de la agencia alemana de cooperación.

Victima

Una mujer de 28 años, víctima del ‘planchado’ de pechos, en su casa de Duala / Joe Penney (Reuters)

Clamor político, social y ciudadano contra la ‘ley de la patada en la boca’

La ‘ley de la patada en la boca’ eleva el clamor contra el bienio antisocial del PP

LUIS DíEZ | 20/11/2013
Manifestaciones como la celebrada el 29 de septiembre de 2012 en las inmediaciones del Congreso, a la que corresponde la imagen, serían sancionadas con una multa de hasta 600.000 euros. / EfeManifestaciones como la celebrada el 29 de septiembre de 2012 en las inmediaciones del Congreso, a la que corresponde la imagen, serían sancionadas con una multa de hasta 600.000 euros. / Efe

Los movimientos sociales, las centrales sindicales, casi toda la oposición parlamentaria, dos asociaciones de jueces y fiscales, tres organizaciones de periodistas y el sindicato mayoritario de la policía consideran “un despropósito” los planteamientos del nuevo proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana con el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha decidido sustituir la ley Corcuera de 1992. El anteproyecto fue conocido la víspera del segundo aniversario del triunfo electoral del PP por mayoría absoluta y se ajusta el inveterado principio de que “si no nos quieren, que nos teman”. Para infundir miedo a los manifestantes contempla multas gubernativas de 30.000 hasta 600.000 euros contra los escraches, las manifestaciones no comunicadas y contra otras “infracciones muy graves”, como la “filmación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente”.

El anteproyecto recoge las apreciaciones de varios dirigentes y parlamentarios del PP que, como su secretaria general, María Dolores de Cospedal, calificaron de “actos filoterroristas” las protestas de los desahuciados por los bancos al quedar en paro y no poder pagar las hipotecas. También recoge la filosofía del exalcalde de Madrid y actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de su correligionaria y adversaria interna Esperanza Aguirre, contra la “ocupación de los espacios públicos” que, como los miles de jóvenes indignados del movimiento 15M resistieron durante dos meses y medio en la Puerta del Sol. Aunque las convocatorias sean pacíficas y tengan por objeto la reivindicación de derechos básicos como el empleo o la vivienda, los gritos ante el domicilio de un político se consideran coacciones similares a las que durante años soportaron los cargos públicos de partidos no nacionalistas en el País Vasco durante “la socialización del dolor” por parte de la banda terrorista ETA.

Contra la PAH y el 15M

El anuncio de mano dura, con multas gubernativas desorbitadas, incendió las redes sociales y convirtió la etiqueta en Twitter #LeyAnti15M en una manifestación de indignación de miles de ciudadanos. Algunos colectivos llamaron a manifestarse el jueves con antorchas ante el Congreso de los Diputados, precisamente el lugar que, junto con las Cámaras Autonómicas, está expresamente vedado en el anteproyecto como lugar de protesta. La dirigente de la Plataforma Antidesahucios (PAH), Ada Colau, que anunció en julio pasado el cese de los escraches ante los domicilios de políticos, convocó una jornada de desobediencia, “comenzando por un escrache virtual” al ministro del Interior. “El día en que el Consejo de Ministros apruebe la ley anti 15-M queda convocada jornada de Desobediencia General: no tenemos miedo, Fuera La Mafia”, escribió en Twitter. En otro mensaje dijo que esa ley “es una muestra más de cómo el PP, en lugar de escuchar las demandas ciudadanas, prefiere asfixiar la democracia con represión”.

El anteproyecto, que podría ser aprobado el próximo viernes por el Consejo de Ministros, contempla sanciones de 1.000 a 30.000 euros por “infracciones graves” como “alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación” y “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a la policía en manifestaciones u otro tipo de protestas”. Y aprovecha ese apartado para añadir una amplia gama de situaciones que van desde un botellón que moleste a unos vecinos al hecho de “ofrecer y aceptar los servicios de prostitución” en lugares públicos por los que puedan pasar menores de edad y en los arcenes de las carreteras que puedan generar inseguridad vial. Con ello, no sólo serán sancionados quienes compren sexo en la calle sino quienes lo ofrezcan en persona. No así, quienes lo hagan en anuncios de pago en los periódicos de información general, cuya compra y lectura no está prohibida a los menores.

Rechazo parlamentario y policial

Si el 15M y otros movimientos sociales interpretaron el producto prelegislativo como “una salida autoritaria” de un partido como el PP que tiene “un problema con la democracia y los derechos humanos y lo está acreditando con su legislación”, IU y el PSOE rechazaron de plano el texto. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, anunció también su rechazo aunque prefirió esperar al texto definitivo. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dijo que estamos ante una “ley de represión ciudadana”, y la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, advirtió: “Con nosotros que no cuenten”, y manifestó la oposición a la pretensión del Gobierno de “castigar, reprimir y restringir los derechos de los ciudadanos por vía gubernativa”, en conductas que no están en el Código Penal ni los jueces consideran delictivas. “Eso es propio de regímenes no democráticos”, recordó. Si en Twitter, la norma ya había sido bautizada como “ley anti 15M”, el portavoz adjunto de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le añadió otro apellido al recordar que si la ley Corcuera fue llamada “de la patada en la puerta” ésta es la ley de la patada en la boca.

Frente a la defensa de los policías, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el CNP y especialmente en las Unidades de Intervención (los antidisturbios), hizo saber que se trata de un mal pretexto, pues, según su portavoz, José María Benito, ya cuentan con la cobertura del Código Penal para sancionar las agresiones y amenazas a los agentes y con la ley reguladora del derecho de reunión y manifestación. Incluso el Código Penal contempla penas de prisión para algunas conductas ahora incluidas en la nueva norma. Tras recordar que las manifestaciones no autorizadas ya están castigadas y también se sanciona a los encapuchados y a los que llevan objetos contundentes, añadió que “bajo la apariencia de proteger a los policías, de lo que se trata es de proteger a la casta política y evitar los escraches”.

Jorge_Verstrynge_escrache_Sáenz_SantamaríaVerstrynge, durante el ‘escrache’ organizado por la PAH ante la vivienda de Sáenz de Santamaría. / K. Rodrigo (Efe)

El detonante: escrache a Santamaría

Desde La Moncloa y el Grupo Popular se realizaron grandes esfuerzos en demostrar que la nueva ley “tiene mucho que ver” con la tramitación en paralelo del nuevo Código Penal. Y es que, según recalcó el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, “pretende compensar la desaparición de penas de cárcel para determinadas conductas”. No concretó qué conductas han dejado de ser punibles. Pero, en todo caso, la codificación de los cincuenta artículos del anteproyecto sancionador administrativo se ha realizado medio año después de que se concluyera el borrador del nuevo Código Penal.

En concreto, y según fuentes gubernamentales, la elaboración del nuevo texto de Seguridad Ciudadana comenzó después de que en julio pasado el titular del juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, archivara la denuncia presentada por Ivan Rosa Vallejo, esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el escrache que promovió la PAH a las 18:20 de 5 de abril pasado en las cercanías de su domicilio, en la colonia del Parque de la Fuente del Berro, en Madrid. En la protesta participaron 27 personas, entre ellas el otrora político conservador Jorge Verstrynge. El juez entendió que “no se produjo ningún delito ni acto violento”. El humor de la vicepresidenta –que cuando se produjo el escrache estaba  en casa con su marido y su madre, quien daba la merienda a su nieto de 18 meses–, estalló como un globo de helio ante el veredicto, y el cambio de timbre que el helio genera en la voz humana fue suficiente para que el ministro del Interior, Fernández Díaz, entendiera la necesidad de ponerse manos a la obra.

Jueces contra la “ley de excepción”

El resultado fue también criticado por dos asociaciones de jueces. El portavoz de la Francisco de Vitoria, precisamente Sexmero, calificó de “desproporcionadas” algunas multas y opinó que “parece una ley de excepción, que no va en consonancia con la democracia y recuerda la ley de vagos y maleantes del franquismo”. Su colega Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia coincidió en la apreciación sobre las “multas desorbitadas” y estimó que el objetivo del Gobierno parece ser el de “desalentar a los ciudadanos a ejercer derechos fundamentales”. Coincidió con Sexmero en que cuando la administración se convierte en “juez y parte” y además las tasas judiciales obstaculizan la apelación a la justicia, estamos en una situación “muy cercana” a la indefensión. Bosch se mostró convencido de que el Gobierno promueve la nueva ley porque “ha visto frustradas sus aspiraciones” de que los tribunales castiguen los escraches y las manifestaciones pacíficas junto a edificios públicos. La portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, Lucía Girón, recordó que “las medidas para garantizar la seguridad no pueden cercenar la libertad de expresión y de manifestación”.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2013/11/20/la-ley-de-la-patada-en-la-boca-eleva-el-clamor-contra-el-bienio-antisocial-del-pp/

Consejo de Europa vuelve a mostrar su preocupación por la tortura en los centros de detención españoles

por Kaos. Derechos humanos

Jueves, 07 de Noviembre de 2013 16:24
El miembro del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa Jean-Pierre Restellini, aseguró ayer que la situación de los malos tratos en los centros detención españoles es “preocupante”, durante la presentación del informe anual de este organismo.
Agencias
Asimismo, el también miembro de la Secretaría del CPT, Fabrice Kellens, agregó que “hay capacidad de mejora en los centros de detención españoles y, desde luego, no es un modelo ejemplar lo que hemos visto en España”.
 Kellens añadió que “desgraciadamente, la situación es similar en muchos países”.
 El informe del CPT examina la situación de prisiones, comisarías y centros de retención de inmigrantes en relación a los exámenes para detectar posibles malos tratos cometidos en esas dependencias.
 Según Restellini, médico forense suizo, los informes realizados en los últimos años sobre los centros de detención españoles y las visitas ad hoc a centros de los mossos d’Esquadra y la cárcel Modelo de Barcelona “han enriquecido nuestras recomendaciones” globales.
 En el informe anual del CPT, que recoge las actividades realizadas durante el último año, se dedica un capítulo a “Recoger e informar de los indicadores médicos de malos tratos”.
 De hecho, Restellini dijo que “no hay ningún país europeo que cumpla las condiciones para evitar malos tratos a los detenidos”.
El pasado mes de abril, un informe del CPT recordó la necesidad de “supervisar de forma constante la manera en que los Mossos d’Esquadra tratan a los detenidos” y recomendó a las autoridades que “difundan el mensaje de tolerancia cero hacia los malos tratos”.
 En otro informe publicado en las mismas fechas, el CPT pidió a las autoridades españolas una mayor firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a los detenidos y presos por parte de las fuerzas del orden y funcionarios de prisiones.
En la valoración global de los 47 estados que componen el Consejo de Europa, Restellini animó a los médicos forenses a denunciar los malos tratos en detenidos.
Aseguró que algunos le han contado que sufren amenazas y “tienen que hacer lo que se espera de ellos para que su familia esté tranquila”.
 El CPT recomienda que se realice un examen médico al detenido 24 horas después de su detención, ya que entonces se puede detectar la existencia de lesiones producidas por malos tratos.
El organismo del Consejo de Europa realizó, entre agosto de 2012 y julio de 2013, un total de 21 visitas a países europeos, 10 de ellas ad hoc, por circunstancias que exigían realizar un examen sobre el terreno sobre un asunto concreto.
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El régimen español acumula 70 condenas del Tribunal de Estrasburgo, 3 de la OSCE, 4 de Transparencia Internacional, Access Info, Agencia Antidopaje…

Seis organizaciones internacionales han condenado al régimen político español un total de 77 veces por sus reiterados incumplimientos de la legalidad internacional y los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (70 veces), la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (3 veces), Transparencia Internacional, Access Info, la Agencia Mundial Antidopaje y hasta la Unión Ciclista Internacional (1 vez cada una) han emitido sentencias, informes, notas y comunicados públicos de condena que en la mayor parte de las ocasiones la mayoría de la prensa española ha silenciado, manipulado o desvirtuado. En paralelo, Cruz Roja ha anunciado que este año va a repartir en España 40 millones de kilos de comida porque los españoles pasan hambre, entre ellos 2 millones de niños, según precisan Unicef y Cáritas. Y a ellos les acompañan 6 millones de parados y 2 millones más de exiliados laborales, una catástrofe humanitaria y diaria que los políticos no ven.

Los profesores Juan Velázquez, Iñaki Valiente y Juan Ignacio Ugartemendía (UPV) han recopilado en un libro las 70 sentencias en contra que acumula España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente entre los años 1988 y 2009. No hay país europeo que haya sido condenado tantas veces y su caso ya es digno de estudio en el ámbito internacional, pues las élites españolas parecen tenerle aversión a las leyes y aún más a su cumplimiento.

 

El “caso Parot” no es el único. La prensa ha puesto sordina a otros precedentes: el “caso Bultó”, el “caso Sanders”, el “caso Castells”, Casado Coca, Díaz Ruano, Ruiz Torija, López Ostra, Salvador Torres… Los hay también famosos como Gómez de Liaño, Juan Alberto Perote o Ruiz Mateos. Todos han tenido que ser indemnizados con el erario público porque sufrieron abusos judiciales y políticos, que en España se entremezclan hasta el delirio. Son tantos los que han recurrido a Estrasburgo y tantos los que han ganado que solo se puede concluir que los 15 ministros de Justicia del régimen han sido unos manifiestos incompetentes y he aquí sus nombres para los libros de Historia, por si algún día debieran devolver esas indemnizaciones con los sueldos públicos y pensiones que cobraron tan generosamente:

Landelino Lavilla (UCD), Iñigo Cavero (UCD), Francisco Fernández Ordóñez (UCD), Pío Cabanillas (UCD), Fernando Ledesma (PSOE), Enrique Múgica (PSOE), Tomás de la Quadra (PSOE), Juan Alberto Belloch (PSOE), Mariscal de Gante (PP), Angel Acebes (PP), José María Michavila (PP), López Aguilar (PSOE), Fernández Bermejo (PSOE), Francisco Caamaño (PSOE) y Ruiz Gallardón (PP).

 

Los gobernantes españoles tienen un problema con su inserción internacional. Émulos de Franco, el régimen de Monarquía de partidos que continuó a la dictadura se basa en el control mediático de la opinión pública interna mediante subvenciones publicitarias directas o concesiones administrativas a sus editores (desde las burdas gasolineras hasta las recalificaciones urbanísticas, mediaciones para créditos o financiaciones bancarias etc…).

Especialistas en adoctrinar en la ignorancia, se hace más difícil emerger a la sociedad civil cuando desde el Estado se promueven valores como el “chanchullo”, el “compadreo”, el “enchufe” o el “amiguismo” frente a la meritocracia, la legalidad, el respeto a la libertad ajena o la división de poderes en un estado democrático. Esta es la clave del porqué la partitocracia española se revuelve por el último “varapalo” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la “doctrina Parot”, que no es sino la aplicación en España de la irretroactividad en las leyes, incluidas las del terrorismo. Si los ciudadanos están indefensos ante los abusos de sus gobernantes, imagínense los terroristas, que han sufrido desde la “guerra sucia” de varios gobiernos hasta el quebranto de las leyes que regulan los derechos humanos en el resto del mundo.

Franco se refugiaba en sus cómicas pero muy eficaces alertas contra el “contubernio de Munich” para impedir las reformas que la comunidad internacional le exigía y la prensa del régimen hacía el resto. Hoy, la ancestral autarquía de la península española es abonada desde el poder para mantener a los ciudadanos ajenos al mundo contemporáneo y solo la sociedad civil más informada, gracias a la globalización informativa que permiten internet y las redes sociales, percibe el engaño: las élites políticas españolas están desacreditadas internacionalmente porque han optado por subyugar a su propio pueblo antes que recortar sus privilegios, que ahogan además a la propia economía.

 

Es un egoísta “harakiri” que se basa en la cada vez menor ceguera e ignorancia interna y que suscita la repulsa internacional de las organizaciones independientes. Por eso las élites de los partidos y sindicatos, víctimas de su propia perversión y de su escasa formación laboral y económica, temen que cuando el “sistema” los sustituya en las urnas, puedan ser perseguidas, enjuiciadas y encarceladas, teniendo que devolver sus patrimonios. Ese pavor a la justicia les hace impedir toda clase de cambio con toda suerte de distracciones: Gibraltar, el terrorismo (hasta cuando no existe), Cataluña, los vascos… etc.

Las condenas internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) junto a las del COI y UCI contra la permisividad hacia el dopaje deportivo en España fueron manipuladas por las élites mediáticas y el “caso Contador” o la “Operación Puerto” se maquillaron como “ataques” a los “éxitos” deportivos o “envidias” de sus competidores. Lo cierto es que los deportistas que hicieron trampas y se doparon fueron absueltos o apenas apercibidos por los tribunales en base a unas leyes, las mismas por cierto que garantizan la impunidad a los políticos y banqueros corruptos y las mismas que ahora han desatado la ira de las víctimas del terrorismo.

 

La realidad es que diputados y senadores apenas saben legislar ni les preocupa la calidad legislativa, pues son elegidos por los partidos y no por los ciudadanos. Un simple repaso a la Comisión de Justicia de ambas cámaras evidencia que mediocres abogados sin apenas trayectoria profesional ni prestigio académico componen sus inútiles reuniones donde lo único que se debate es “lo que sale en la prensa”, según confiesa uno de sus integrantes y da fé la lectura de los órdenes del día.

El sistema jurídico español, sin separación de poderes, hace aguas. Y en este río revuelto, los pescadores más avezados ganan: María del Carmen Fernández-Montalvo García y José Ramón Aparicio de Lázaro, hija y yerno de Rafael Fernández Montalvo, presidente de la Sección Segunda del Tribunal Supremo, han sido nombrados ‘a dedo’ en esta misma institución por un período de tres años, prorrogables otros tres. Como antes el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, firmó la contratación de la hija del vocal Miguel Collado, felizmente frustrada cuando se aireó. Si el Consejo General del Poder Judicial se lo reparten PP, PSOE, CiU y PNV desde su creación, no es de extrañar que los jueces que lo componen sigan idénticas inercias que quienes los han elegido.

 

No son las únicas condenas que ha recibido España. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) condenó también a los actuales políticos españoles por no respetar el derecho de reunión y manifestación para los convocantes de la concentración bajo el lema “Jaque al Rey”. Es la misma organización internacional que ya ha emitido tres comunicados internacionales contra España por su sistema electoral y por su supuesta “ley de Transparencia”, que en opinión de los observadores extranjeros independientes, pretende todo lo contrario: volver a engañar y ocultar al ciudadano su derecho a la información pública sobre su dinero y el destino de sus impuestos. La respuesta del Gobierno fue expulsar a los seis diplomáticos que la OSCE había enviado a Madrid como observadores.

Y es que esta España que asoma al siglo XXI apenas se distingue de la que Valle Inclán describía hace un siglo en su corte de los milagros. La prensa denuncia que ya no se pueden colgar carteles en las Universidades sin el sello del rectorado, España pasa apuros para aprobar el examen internacional sobre blanqueo de capitales, 40 millones de kilos de comida van a repartir este año las ONGs a una España que pasa hambre, se persigue a los chinos vendedores ambulantes de cerveza, desnudan a la profesora Mar Esquembre para asistir a la tribuna del Congreso, expulsan a los que protestan y acordonan con vallas la que se supone que era la casa del pueblo, impiden a los manifestantes acudir a las manifestaciones, expulsan a diplomáticos, apalean a manifestantes… El Gobierno actúa, la oposición, la prensa y los sindicatos callan. Todos ellos se enriquecen mientras España agoniza pero la culpa es del “contubernio” extranjero.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176350

El Gobierno instala una nueva malla ‘antitrepa’ y alambre de cuchillas en la valla de Melilla

La Delegación del Gobierno ha anunciado los nuevos elementos con los que contará la frontera en un mes: alambre de cuchillas y una malla que imposibilita la introducción de los dedos para escalar

El alambre de cuchillas fue retirado en 2007 ante las graves lesiones que ocasionaba a los inmigrantes que intentaban saltar

Una zapatilla enganchada en la valla de seis metros que separa Marruecos de Melilla. / J. Blasco de Avellaneda
 

La triple valla de seis metros de altura que separa Marruecos de Melilla no era suficiente. La Delegación del Gobierno ha anunciado el inicio de las obras en la frontera: en un plazo aproximado de un mes, seis de sus nueve kilómetros de largo estarán cubiertos con una malla ‘antitrepa’ que “evitará la introducción de los dedos” para escalar en ella, mientras que su zona superior estará coronada por un alambre de cuchillas, un material retirado en 2007 ante las graves heridas causadas a las personas que intentaban atravesarla y acceder a territorio español.

“A lo largo del perímetro se están colocando medidas anti-intrusión, poniendo una malla ‘antitrepa’ que imposibilita la introducción de los dedos en la valla”. Con estas palabras, el delegado del Gobierno en Melilla anunciaba las reformas que ya se están añadiendo en el perímetro fronterizo. Además, las obras conllevan la colocación de una “concertina” o alambre de cuchillas en la zona más alta. De esta forma, El Barkani ha reconocido que la futura estructura será similar a la retirada en 2007, una modificación que pretendía instalar un sistema “menos lesivo y más seguro”. Aquellos cambios incluyeron la colocación de la tercera valla intermedia, inexistente hasta entonces.

Mamadou, de Mali, enseña la herida que se hizo en un intento de salto de la valla de Melilla desde Marruecos./Fotografía: Ángel Navarrete.
Mamadou, de Camerún, enseña la herida que se hizo en un intento de salto de la valla de Melilla desde Marruecos. / Fotografía: Ángel Navarrete.
 

En aquel momento, el responsable de la empresa instaladora, César Sayen, explicó a los medios que la idea principal de la reforma era eliminar  los “elementos lesivos de la valla”, como la concertina, “extremadamente cortante”, que había sido sustituida por unos flejes de acero que impedían apoyar escaleras y aumentaban la inestabilidad de la alambrada a la hora de intentar escalarla, según la información recabada entonces por la agencia Efe. El alambre de cuchillas vuelve seis años después sumándose a las medidas que lo sustituían en 2007.

Según las palabras del delegado, esto es solo un primer paso. El Barkani aseguró este lunes que la colocación de los nuevos elementos no conforman la única medida tomada para blindar aún más la frontera, según recogen los medios locales. No obstante, aún no se ha detallado ninguna otra modificación.

El trabajo de los operarios estará listo en un plazo aproximado de un mes, según el teniente coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor. Tanto la malla ‘antitrepa’ como la alambrada de cuchillas superior se instalará en seis de los nueve kilómetros de longitud de la valla. “Se situarán en las zonas en las que se ha estudiado que es más necesario”, zanjó el delegado del Gobierno en Melilla.

Paraguay: pena máxima para los dirigentes campesinos

29/8/2013

x Bernardo Coronel y Vicente Brunetti

El caso Curuguaty en su tramo final :: Es el mismo caso utilizado para el golpe parlamentario que destituyó a Lugo

El proceso judicial con el que se está llevando a juicio a doce campesinos, burdo desde sus inicios, entra en su tramo final. Los campesinos acusados fueron perseguidos, torturados y finalmente encarcelados. Con la farsa de la “presentación de pruebas”, el juicio se volvió grotesco e inmoral. El elenco, bochornoso y risible, lo conforman la juez Janine Ríos, los Fiscales Jalil Rachid y Francisco Ayala; y el defensor público Joaquín Díaz, demostrando mediocridad supina, desconocimiento de leyes y procedimientos, y genuflexión a los intereses de la familia Riquelme, supuesta propietaria de las tierras de Curuguaty. Ante tanta evidencia del montaje, la mayoría sospecha que los campesinos serán condenados a la pena máxima, por un delito que no cometieron.

Sobre las pruebas de la fiscalía, el periodista Rufo Medina, se pregunta: “Cómo entender que 5 monedas demuestran que unas personas son asesinas, que un tornillo prueba el plan para producir la masacre, que 5 honditas de goma y dos semillas de coco indican la preparación de una masacre, que un litro de aceite de comer prueba el delito, que un carnet de afiliación al Partido Colorado es indicio del levantamiento contra el orden jurídico, que una botella de 1/4 de caña o un cortaúñas constatan una actuación asesina de los sintierras, que un envase de gaseosa o un quepis rosado son muestras de una emboscada, o que un rollo de papel higiénico o una caja de cigarrillos son elementos contundentes de la matanza”. Son preguntas que la ciudadanía también se hace.

Según Hugo Valiente, activista de los DDHH, el Fiscal Jalil Rachid incorporó en la causa pruebas de manera extemporánea y que la juez Yanine Ríos admitió, violando garantías constitucionales. “La juez hizo el trabajo sucio de la fiscalía”, añade Valiente.

La doctora Lilian Soto, ex candidata presidencial, dice que con “la admisión de pruebas que no se habían presentado, la expulsión de gente de la audiencia por haberse manifestado fuera del recinto, pedido de sobreseimiento del fiscal a personas que no estuvieron en el lugar de la masacre y a quienes mantuvo imputados durante casi un año, prisión de personas contra quienes no existen pruebas de que hayan disparado una bala y a quienes se juzga por su lucha por la tierra, un fiscal que afirma sin rubor que la inocencia se debe demostrar”, se sospecha que el juicio representa una gran farsa.

El mayor agravante es que los campesinos fueron previamente culpabilizados de la Matanza de Curuguaty, hecho utilizado como argumento para ejecutar el Golpe de Estado de junio del 2012 contra Fernando Lugo. Sin desparpajos, el fiscal Jalil Rachid asegura que “los campesinos son culpables, y ellos deben demostrar que son inocentes”. Esta “inversión de la prueba” esgrimida por el fiscal, viola el principio universal de la presunción de inocencia.

El padre del fiscal, Bader Rachid Lichi, un político de estirpe colorado stronista, figura entre los usurpadores de tierras fiscales al igual que la familia Riquelme.

Pero a pesar de su vergonzosa actuación, el fiscal Rachid sigue ejerciendo el cargo de docente titular de Derecho Agrario, en la Universidad Católica de Asunción. Docentes y sus alumnos de la universidad ya firmaron cartas de protesta por la conducta del fiscal. Sin embrago, no hay indicios de que el fiscal pueda comprender el alcance del repudio que suscita a nivel académico. La tozudez de Rachid, permitirá que sus alumnos lo puedan recusar en los exámenes con la firma de una nota simple dirigida al Decanato de la Facultad, manifestando la incomodidad de ser examinados por una persona, cuyo estado civil es de “alquiler permanente” al servicio de las familias mafiosas.

La Haine

http://www.lahaine.org/index.php?p=71314