Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú continúan su lucha por justicia

Tomado de: http://kaosenlared.net/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru-continuan-su-lucha-por-justicia/
Por Cristina Fontenele

Desde hace más de un año (enero de 2014), la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso.

Víctimas y organizaciones de derechos humanos se han movilizado para evitar el archivo de las investigaciones.

Para el abogado del caso, Julio Arbizu, “tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no sólo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”.

Sobre los cambios de fiscal del caso (Luis Antonio Landa será el nuevo responsable del proceso, substituyendo a Carmen Ibáñez), Arbizu espera que sea una decisión definitiva y no provisoria. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”.

Según Liz Meléndez, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Perú y miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “La justicia es una utopía para las mujeres.”

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Intercambios de Procurador hacen vulnerable el proceso en la justicia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) expresó su preocupación por los casos investigados y cuyas víctimas no recibieron ningún tipo de compensación. El Comité recomienda al Estado que identifique a todas las mujeres víctimas de esa violencia, investigue, procese y castigue a los culpables, así como las debidas reparaciones a las víctimas.

Las primeras denuncias sobre las esterilizaciones ocurrieron entre 1988 y 2001, cuando fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012 a partir de un acuerdo entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado se comprometió a buscar una solución amistosa para algunos casos abiertos.

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Una de las historias más significativas del país fue la de la Sra. María Mamérita Mestanza, del distrito de La Encañada, Cajamarca (norte del país), fallecida por infección generalizada en abril de 1988, días después de una intervención forzada de esterilización. Este proceso es el único en el cual se reconoció la responsabilidad penal del Estado, indemnizando a la familia de la víctima con cerca de US$ 80 mil.

Entienda el caso

El ex presidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000), afectando a casi 300 mil mujeres y 22 mil hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.

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Cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron afectados por la política de esterilizaciones de Fujimori.

Las cirugías eran realizadas en los departamentos y provincias más pobres del país, especialmente en las zonas rurales. En la mayoría de los casos se trataba de la población indígena Quechua y Aimara. Mujeres embarazadas también fueron obligadas por agentes de salud a pasar por el procedimiento, que ponía cupos a cumplir.

Vea el video producido por Cladem Perú en colaboración con el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus) sobre los casos de esterilización en Perú.

Cristina Fontenele. Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y Experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG).

 http://www.adital.com.br/?n=cubh

Mineras canadienses cometen una serie de violaciones a los derechos humanos en América Latina

A través de http://kaosenlared.net/mineras-canadienses-cometen-una-serie-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-america-latina/

Por Marcela Belchior

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina.

00Fotografía: Niños expuestos a la contaminación de industria minera canadiense en el territorio de Perú. De Milagros Salazar/IPS.

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina. El TPP, organización independiente fundada en Italia, afirma que el Municipio de Ottawa (capital de Canadá) y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar la disidencia y cometer asesinatos selectivos.

El secretario general del Tribunal, el epidemiólogo y sanitarista italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y en Medicina, fue uno de los ocho jueces que tomaron la decisión. En una entrevista a la agencia de noticias IPS, destaca cómo las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional. “La batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, observa Tognoni. “Lo que se podía hacer se está haciendo, con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas. Para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, agregó.

Tognoni compara las situaciones de violación, como la provocada por las empresas canadienses, con tratados económicos, éstos sí con eficacia inmediata. El secretario general del TPP destaca que el conflicto establecido entre empresas transnacionales y los derechos humanos frecuentemente queda impune. “No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, critica.

Formalmente, Canadá debe defender en tierras extranjeras los mismos derechos que defiende en su propio territorio. Por el Principio de Maastricht, los derechos humanos, universalmente válidos, deben ser respetados por los Estados más allá de sus fronteras. Brechas jurídicas, falta de regulación adecuada y la falta de compromiso de los gobiernos y empresas privadas le abren el camino a la falta de respeto a los derechos humanos en varias partes del mundo.

La sentencia del TPP, reunida en un documento de 86 páginas, señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen sede en Canadá. Además, indica que compañías canadienses tienen inversiones estimadas en más de 50 mil millones de dólares solamente en el sector de extracción en América Latina. Eso representa entre el 50% y el 70% del total de ese tipo de actividad en el continente. “Y el veredicto muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, resaltó Tognoni.

La sentencia no tiene poder concreto de aplicación, ya que el TPP no tiene legalmente el carácter de una Corte Judicial. El Tribunal funciona como un apoyo a las comunidades afectadas en la documentación de abusos cometidos contra las poblaciones, proposición de debate y refuerzo de la presión por la atención a los derechos de los pueblos. En este sentido, el TPP hizo recomendaciones al gobierno canadiense y a las empresas mineras involucradas, así como a agencias y organizaciones internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Con informaciones de IPS Noticias)

Marcela Belchior

Perú. Ley General del Trabajo: Hundir más a los trabajadores

A través de Kaos en la red

Por Jorge Rendón Vásquez, 9 febrero, 2015

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El nivel de ingresos de los trabajadores en nuestro país bordea ahora en promedio la tercera parte del nivel alcanzado durante el gobierno de Velasco Alvarado. Lo fueron erosionando desde 1975 los regímenes que vinieron después. La inflación promovida desde 1980, con cifras astronómicas durante el primer gobierno Alan García, transfirió a los empresarios una gran parte de los ingresos de los trabajadores.
A comienzos de la década del noventa les quedaba a éstos, sin embargo, el cuadro de derechos que habían ganado penosamente desde comienzos del siglo veinte y que fuera incrementado por el gobierno de Velasco Alvarado. El régimen de Fujimori, una fachada de los más grandes empresarios, les arrebató gran parte de esos derechos.
Cuando Fujimori huyó al Japón en noviembre de 2000 y su régimen se vino abajo, desde las bases sindicales partió el clamor de ponerse en acción para recuperar los derechos despojados. Entonces comenzó la maniobra diversionista: los burócratas del Ministerio de Trabajo, cumpliendo “órdenes de arriba” les dijeron a las centrales sindicales que fueran al Consejo Nacional de Trabajo y “concertaran” allí con los empresarios un proyecto de Ley General del Trabajo que podría incluir sus reclamos. Los dirigentes de las centrales sindicales atracaron. En cambio, los dirigentes de las organizaciones empresariales se desternillaron de risa. ¿Cómo iban a perder en una negociación las leyes que le habían hecho expedir a Fujimori?
 Cuatro años entretuvieron a los delegados de las centrales sindicales, durante los cuales lograron que “consensuaran” el 85% del proyecto de Ley General del Trabajo. Cuando este se filtró al exterior, se pudo ver que ese “consenso” era la convalidación de la legislación laboral de Fujimori. Algo más que hablar debieron haber hecho los empresarios para alcanzar este resultado.
Poseídos por una frenética obsesión, los dirigentes de la CGTP movieron cielo y tierra para que el proyecto ingresara al Congreso de la República y se convirtiera en ley.
Pero el sentido común no había desaparecido en las bases sindicales. Algunos profesores de Derecho del Trabajo, les brindamos nuestro consejo. Y logramos, juntos, detener el trámite del proyecto “consensuado”.
En agosto de 2011, un representante fujimorista presentó en el Congreso de la República el proyecto “consensuado”. Los dirigentes de las centrales sindicales: locos de alegría. Nueva campaña en contra de las bases sindicales. El ministro de Trabajo terció, nombrando una comisión de “expertos” para revisar el proyecto.
Los “expertos” fueron: Carlos Blancas Bustamante; Alfonso de los Heros Pérez-Albela; Javier Neves Mujica; Mario Pasco Cosmópolis; Jaime Zavala Costa; y Alfonso Villavicencio Ríos. De los Heros, Pasco y Zavala eran abogados empresariales.
De los Heros y Pasco habían participado en la redacción de la legislación laboral fujimorista. Pasco, como ministro de Trabajo de Alan García, fue uno de los artífices de la reducción de los derechos sociales a la mitad en las empresas con hasta 150 trabajadores, es decir, cerca de un 70% de los trabajadores del país.
 Como era de prever, de allí salió el primigenio proyecto “consensuado” con algunos retoques.
Las bases sindicales no bajaron la guardia, y el proyecto de los “expertos” fue encarpetado en octubre de 2011.
Ahora, los dirigentes de la CGTP han vuelto a la guerra, como Mambrú. Quieren a toda costa que se apruebe ese proyecto por un Congreso de la República que es casi totalmente favorable a los empresarios.
Manuel Dammert Ego Aguirre, un rabioso antivelasquista por lo que el gobierno de Velasco hizo a favor de los campesinos y trabajadores, les ha dado gusto, presentando como suyo el proyecto de los “expertos”.
 Pero como necesitaba seis firmas ha arrastrado a Verónica Mendoza, Rosa Mavila León, Yohny Lezcano, Mesías Guevara, Manuel Merino y Alejandro Yovera. ¿Estos padres y madres de la patria fueron sorprendidos o se dejaron arrastrar de buena gana?
Lo concreto para los trabajadores es que, como ha sucedido siempre en la historia social, sólo su lucha seguirá impidiendo que les saquen el saldo de derechos que aún les quedan y les reduzcan más aún sus ingresos.

Argentina. Crónicas de la democracia acorralada

 A través de Kaos en la red
Por Silvana Melo y Claudia Rafael, 9 febrero, 2015
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Poco tiempo habrá hoy para destapar champanes. El número redondo que culturalmente da para festejo termina salpicado brutalmente por los nichos donde la democracia todavía no plantó bandera.
El núcleo duro del autoritarismo, la amenaza sombría a un sistema institucional siempre frágil, a pesar de su adultez, están hoy sintetizados en las policías de casi todas las provincias del país.
Con una decena de muertos se despertó hoy la democracia treintona. Jaqueada la reina por peones que nunca lo fueron. Por ejércitos que el poder político nunca decidió operar. Y que están casi intactos, cincuenta mil hijos de Camps y de Etchecolatz en Buenos Aires. Mal pagos, pésimamente equipados, en un trabajo donde la vida es moneda de cambio. Pero eficientes al máximo a la hora de obedecer las órdenes de mantener controlada la protesta social. A palos, a gases, a postas de goma, a balas de plomo. Infalibles en el monopolio de la violencia.
Ciudades enteras abandonadas a su suerte, grupos marginales incitados a la violencia y al saqueo, retirada estratégica del control y la represión para que bandas mixtas de transas con aporte policial siembren terror; comercios desvalijados, vecinos que se arman hasta los dientes y pasan la noche velando los mostradores, gente de barriadas confinadas que invaden territorios prohibidos y se llevan todo aquello que el sistema les niega diariamente y que, diariamente, soportan en silencio y resignación. Medios financiados por los gobiernos provinciales que se enteran a medias de su propio desastre, símbolos de felicidad veraniega (Peatonal San Martín, Mar del Plata) arrasados por la ausencia policial y la libertad delictiva, con visos consistentes de complicidad.

La santa Fe

Tres de la tarde. Cordón Oeste de la ciudad. Ahí donde se apretujan las villas de Santa Fe. “Paró el bondi y empezaron a agitar a los pibes. Yo me acerqué a preguntar y uno me gritó `volá, pendejo`. Tenía una nueve milímetros en la mano y me apuntó”, dijo a APe un educador popular santafesino.La realidad de las calles mansas sólo dejaban al desnudo la presencia de prefectos y gendarmes. El lunes estaba ajeno al ajetreo habitual. No había super ni tampoco bancos. Ramas de árbol improvisadas para la ocasión oficiaban de trincheras para truncar el paso. La palabra miedo se acrecentaba mientras las persianas bajas le iban dando a la ciudad un gris poco cotidiano. Dos veces entraron a Pétalo, un negocito de ropa pegado a una villa. A escasos metros, una armería.“El dueño salió y se puso a repartir armas entre los vecinos”, continuó el joven maestro de arrabales. “Ya hace un tiempo que el clima está muy enrarecido. Volvieron a profundizarse las golpizas en las comisarías. Y fue muy claro ahora, quiénes eran los que iban a buscar pibes para ir a saquear. Son pibes metidos en las cadenas narcos y laburan para ellos. Quedó muy en claro. Además, la nueve milímetros es el arma reglamentaria de la policía”, advirtió Luciano Candiotti, desde aquella ciudad.
Desde Rosario, el periodista Carlos del Frade describe para APe que “en los barrios, en forma paralela, había una disimulada tensión que se observaba en los comercios cerrados por anticipado y decenas de pibes en moto que recorrían el territorio pispeando las evoluciones de las tropas nacionales”. En Santa Fe –relata- “hubo inocultable temor luego de conocidas las noticias que dieron cuenta del saqueo de dos comercios donde se vendía comida. Allí si apareció una vieja postal que remitía a los hechos de diciembre de 2001 y mayo de 1989”.

Conocedor exquisito de los acuerdos narcoinstitucionales, Carlos del Frade analiza que la realidad muestra “policías con muy bajos salarios, responsables de su pésima imagen social como consecuencia de su corrupción histórica” que “estrenarán, en esta provincia con forma de bota militar y nombre profundamente religioso, una nueva forma latinoamericana de desestabilización, la protagonizada por las fuerzas de seguridad provinciales. Algo que ya había anunciado el imperio hacia fines de los años ochenta”. Por eso advierte que “en estos treinta años de democracia también es preciso pensar, de cara a este conflicto que mete miedo en la sociedad santafesina, qué hicieron los distintos gobiernos electos por el voto popular a la hora de conducir la fuerza. `Si quieren transparencia la tienen que pagar bien`, dijo uno de los policías ocultos en un pasamontañas.

Un mensaje más mafioso que sindical, una clara señal de la narcopolicía emergiendo tres décadas después de la democracia que supimos conseguir”.

536 kilómetros al Norte, esta madrugada unos cuarenta policías irrumpieron en una casa, en Resistencia, con la violencia de los dioses paganos de un extraño olimpo. Seis patrulleros, motocicletas, gritos, golpes. “Acá está el que le metió el tiro a un compañero, a un milico, y vamos a entrar como sea, ¿vos no vas a hacer eso si le balean a tu compañero?, así que borrá eso porque nos compromete”, describe el diario Primera Línea, de Chaco.

El sueño entrerriano

Paraná vivía ayer muy lejos del sueño entrerriano de Sergio Urribarri 2015. Alejandra Gervasoni, Secretaria General de Agmer Paraná, revivió para APe “la enorme tensión y temor que vivieron docentes y alumnos de escuelas cercanas a supermercados, a tal punto que los padres los retiraban; se cortó el transporte urbano, las estaciones de servicio no vendían combustibles, cerraron los negocios y había una ola de rumores que aterraba a la gente”.Un 300 por ciento de aumento en los salarios concedió el gobierno de Córdoba a los primeros sediciosos, cuyas cúpulas habían saltado pocos días atrás, investigadas por los límites tan difusos entre policía y narcotráfico. Un mil por ciento aumentó el gobierno de Buenos Aires el monto por ropa y un 50% (de 5700 a 9000) el básico. Para los docentes la oferta del año había sido de 3600 en cuotas pagaderas hasta 2014.Cómo explicarles a los maestros que es necesario alzar las armas para acceder a un salario de modesta dignidad. Cuando el emblema es Carlos Fuentealba. Muerto por la policía cuando pretendía un aumento de sueldo.

“Calles desiertas como si fuera domingo en Paraná, comercios cerrados y enrejados, miedo en la gente, una sensación de indefensión que se transmite, que se contagia”, describe para APe el periodista Osvaldo Quintana. “A media mañana la policía visita cuadra por cuadra los negocios del centro, avisando que ellos son los guardianes del orden pero que mejor cierren, que es por su seguridad. La noticia se propaga como pólvora por todo el radio céntrico y el efecto contagio es eficaz. Los mismos uniformados lo desmentirán horas después, utilizando su particular lenguaje en un canal de televisión local”. A las puertas de un super de calle Don Bosco “se va juntando gente; es el mismo que hace 12 años fue saqueado completamente ante la pasividad de las autoridades policiales. Circulan por las cercanías, expectantes: mujeres, niños y pibes en bicicleta provenientes de las barriadas pobres que rodean al mercado”.

Cerca de Concordia, la nave insignia de los saqueos de 2001, la más pobre de todas hace una docena de años, “la pobreza vuelve a hacerse visible en las calles, en los semáforos –va observando Quintana-, en los contenedores de basura que empiezan a poblarse de familias enteras ni bien asoma la noche. En los vendedores de pan casero que vuelven a circular por los barrios”. Cuando cae la noche “los pequeñísimos comerciantes también cierran sus puertas. En algunos supermercados que no abrieron, vuelven a escucharse disparos y muchos vecinos temerosos se refugian en sus casas”.

La feliz

No hay certezas sobre el número de muertes. Nunca las hay cuando provienen de la oscuridad y del olvido. Seis, siete, diez… 15 años, 20, 23; balazos, cuchillada, golpe feroz… quién sabe. Ciudades enteras en las geografías de una patria en la que el Estado represor se corrió de su lugar de contralor y dejó que se abrieran las fauces leviatanas de la desigualdad.A medida que las horas avanzaban –relató a APe Jorge Ríos, fotógrafo marplatense observador concienzudo e incuestionable de las movidas- “la situación se iba poniendo más y más densa en barrios como Juramento, Regional, Palermo, Belgrano o Las Heras. Los saqueos no ocurrían en el Carrefour del centro sino que iban a los almacencitos de los barrios. La gente estaba armada para defender sus comercios. Había un clima oscuro. Tenso. El domingo, temprano, la agitación empezó con un hombre joven, muy musculoso, muy mesiánico y con discurso nazi que llegó agitando a las puertas de Caballería con mujeres de policías y víctimas de delitos. Es el mismo que se había visto en fotos durante el ataque nazi a los chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires”.La Mar del Plata feliz y balnearia del turismo estival recibió un piedrazo feroz sobre su médula. Cachetada de fuego sobre la playa obrera e igualitaria de los viejos años 50 y 60 que, por unas horas dejó al desnudo que la felicidad hace tiempo que le es ajena. Hasta que, con la contundencia del golpe sobre la mesa, el máximo jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin anunció rimbombante: “Se ha normalizado la situación en la ciudad” y todo, con la casa ya en orden, volvió a sus viejos carriles.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael
Noticias relacionadas: Sandra Cabrera – In memoriam

No hagas al prójimo lo que no quieres que hagan contigo

El Gobierno ha legalizado las expulsiones ‘en caliente’ con su nueva ley mordaza. Cuando el PP quiere saltarse la ley, legaliza sus ilegalidades

La inmigración no es una amenaza en España, lo que es una amenaza es la emigración. Si en Alemania nos trataran como tratamos nosotros a los africanos, les llamaríamos nazis

JAVIER GALLEGO

18/12/2014 – 09:47h

Cuando un ciudadano se salta la ley, lo paga. Cuando el Gobierno se salta la valla de la legalidad, es la ley la que lo paga. Decía Ignacio Escolar que, cuando al PP le va mal en un juicio, cambia al juez primero y al jefe de policía que les investiga después, como ha hecho en la Gürtel. Pues bien, de la misma manera, cuando al PP le va mal una ley, primero la infringe y después la cambia para legalizar su ilegalidad. No le van bien los negros que saltan la valla, así que primero los expulsa ilegalmente cuando acaban de entrar y ahora nos han colado por el butrón de la ley mordaza la legalización de las expulsiones ‘en caliente’. En la misma norma que nos restringe libertades a todos, la única libertad se la han tomado ellos. Han inventado nuevos delitos para nosotros, pero han convertido sus delitos en legales.

No respetan la opinión pública, pero tampoco los organismos internacionales a los que pertenecemos. Han hecho lo contrario de lo que dice y hace Europa. Cuando la Unión Europea ha visto que sus fondos de desarrollo se han utilizado para construir un obsceno campo de golf junto a la valla de Melilla, la indignación social le ha obligado a prometer que revisará el uso de esas ayudas a partir de ahora. Cuando el Gobierno español ha sido amonestado por el maltrato a personas en la frontera, ha decidido aplastar la leyes nacionales e internacionales con la apisonadora de su mayoría parlamentaria. Si no te gustan mis principios, cambia los tuyos. No me importa lo que diga la Justicia porque “la Justicia soy yo”.

Se comportan como justicieros y hablan como matones, empezando por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha respondido a los comisarios europeos como si estuviera en una taberna: “Que me envíen sus direcciones y les mando a esa gente, a esa pobre gente”. Mejor ser gente pobre que no un pobre hombre como el ministro. Esa no es manera de hablarle a tus colegas ni son maneras de referirse a quienes se juegan la vida para intentar llegar a Europa. Habla de ellos como si fueran paquetes postales. De hecho, durante todo su mandato, los ha tratado como bultos. Ha ordenado que les disparasen, incluso en el agua, que les golpeasen en la valla, que pusiesen cuchillas aunque les desuellen vivos, que los echen fuera. Como maletas en un aeropuerto.

Ha enviado a quince de ellos a la muerte en la playa de Ceuta por culpa de sus órdenes de disparar. Otras dos personas han perdido la vida en los centros de internamiento por falta de asistencia médica, y nada ha dicho el ministro al respecto. Está más preocupado por hacernos creer que va a haber una invasión de negros y que, si no la reprime con contundencia, pronto tendremos a toda África negra llamando a nuestras puertas. Ya ha conseguido la aparatosa imagen de los subsaharianos encaramados a la valla como si fueran hordas y titulares de prensa que amenazan con la llegada de 30.000 más. Hay más racismo y xenofobia que verdad.

La verdad es que la inmigración por la valla o en patera, aunque ha crecido en el último año, no llega al 1% del total. La verdad es que no hacía falta echar a 800.000 sin papeles de la Sanidad Pública porque toda la inmigración solo usa un 5% de nuestros servicios sociales y los inmigrantes aportan más al Estado de lo que utilizan. La verdad es que son más los que se van que los que vienen. La verdad es que España ha dejado de ser el país europeo que más migración recibe. Ahora es Alemania: el país al que emigran los españoles. Allí nosotros somos los pobres. El problema no es que vengan, el problema es que nos vamos. Si los alemanes nos recibieran como recibimos a los africanos, les llamaríamos nazis.

Feliz día mundial del migrante, señor ministro, dios quiera que usted emigre pronto de su ministerio.

Javier Gallego es director de Carne Cruda. Escucha el programa todos los martes y jueves a las 12:00 en http://www.carnecruda.es

www.eldiario.es/zonacritica/hagas-projimo-quieres-hagan-contigo_6_336376364.html

España – Estado policial

Fernando de Silva

Fernando de Silva

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio; pero al menos nos queda la palabra

estadopolicial (foto del blog de Fernando de Silva)Si ahora nos quejamos de que las libertades ciudadanas están siendo perseguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, qué diremos cuando se vean las consecuencias reales de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada con el exclusivo apoyo del PP.

Muy pronto los desahucios, que a diario se llevan a cabo por parte de los bancos contra personas que están sufriendo la marginación social por culpa de la crisis, ya no serán noticia, porque nadie se atreverá a protestar o tratar de impedir que se ejecuten, por miedo a que les impongan una multa millonaria; ni se podrá salir a la calle en protesta espontánea contra las injusticias sociales y laborales que a diario se cometen, para evitar una dura sanción; y mucho cuidado con el contenido de las pancartas que se exhiban en una manifestación legal, no sea que ofendan a nuestras autoridades y apliquen la conocida como “ley mordaza”.

Ni en los últimos años de la dictadura franquista se impuso una ley tan represiva como la aprobada la pasada semana. Pero esta situación no ha llegado sola, y son culpables muchos de los que ahora protestan. Dar el poder absoluto a un partido con convicciones ideológicas antidemocráticas tiene su precio, y ahora lo pagaremos todos, menos ellos; quedarse en casa, como hacen la mayoría de los ciudadanos, sin evidenciar una oposición a los abusos de poder que se están produciendo, les envalentona aún más para humillarnos. Lo que no entiendo es cómo nuestra sociedad, salvo puntuales excepciones, puede permitir esto, a no ser que estemos conformes con la represión ideológica y la pérdida de derechos consagrados en nuestra Constitución.

A partir de ahora los atropellos policiales podrán cometerse con absoluta impunidad, y ya no habrá una foto ni un vídeo tomado por un honrado ciudadano que permita conocer la verdad, para que se haga justicia. Porque enfocar a un grupo de policías que puedan estar pegando una paliza a alguien en plena vía pública, y de esto tenemos algunos ejemplos muy clamorosos en los últimos tiempos, está sancionado con multas muy cuantiosas. Sin embargo podrás acudir a un juicio si has sido testigo de un abuso de autoridad, pero en este momento descubrirás que, por ley, la palabra del funcionario de policía vale más que la tuya. Hasta tiene más valor la palabra del guardia civil detenido por pertenecer al Frente Atlético, que la nuestra.

Mientras desayuno, en el mismo diario, leo en la prensa que varios trabajadores de Arcelor Mittal pueden ser condenados a cinco años de prisión por disturbios producidos durante una protesta laboral. Paso la página y me entero de que un tal Rato, que nos engañó a todos cuando presidía Bankia, lo que ha supuesto desembolsar miles de millones de euros procedentes de nuestros bolsillos,  goza de plena libertad, y hasta se permite el lujo de viajar a Suiza con frecuencia, “no sabemos a qué”, dado que ni siquiera se le ha retenido el pasaporte. ¿En qué hemos convertido nuestro país?; en una vergüenza nacional, para sonrojo de propios y extraños.

¿Y qué dicen los jueces a todos esto? Muchos no se atreven a actuar, otros ya hacen bastante con perseguir  con escasez de medios la corrupción  de quienes nos gobiernan, pero a partir de ahora quedarán anulados por ley para intervenir en todo cuanto se regula en la Ley de Seguridad Ciudadana, dado que el control de las infracciones lo tendrá la propia administración, que se convertirá en juez y parte, dejando a los ciudadanos en una completa indefensión. Y todo esto lo hacen quienes por la mañana defienden la Constitución y por la tarde la vulneran.

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio;  pero al menos nos queda la palabra,  que debemos de usar para defender nuestros derechos y denunciar las injusticias antes de que nos corten también la lengua, que a buen seguro lo intentarán; que nadie lo dude.

Fernando de Silva es abogado, militante de Podemos y autor del blog SInLaVeniA

http://www.elplural.com/opinion/estado-policial/

Colombia – 830 indígenas desplazados en Buenaventura se suman a los 140 mil en 15 años

10 dic 2014

El defensor del Pueblo regional Valle, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, denunció en rueda de prensa, la desatención a la que están sometidos los 830 indígenas desplazados en Buenaventura, por parte de las autoridades locales.

Los indígenas pertenecientes a la etnia Wounaan, que huyen de los enfrentamientos armados, vienen llegando a Buenaventura desde marzo de 2014 y fueron conducidos, unos 430, al coliseo del barrio El Cristal, el resto permanece en casas de familia en distintos barrios de la ciudad.

Llama la atención de la Defensoría, la actitud indiferente de la Alcaldía, que prestó el coliseo para un evento masivo, aún con la presencia de los ciudadadanos indígenas en condición de desplazados dentro del mismo.

Como lo denuncia el senador Alexánder López en rueda de prensa que abrió el evento Marcando Territorio que se realiza del 10 al 12 de diciembre en Buenaventura, en 15 años se han presentado 140 mil personas desplazadas del municipio de Buenaventura. Como se anota, este municipio es expulsor, receptor y tiene, además, la modalidad de desplazamiento intraurbano.

Al mismo tiempo que se agudiza el conflicto armado, denuncia López, el puerto es pujante y amplia en dos millones de toneladas más, su capacidad de carga. Es un contrasentido, denuncian también algunas víctimas presentes en la rueda de prensa, que en Buenaventura se hagan megaproyectos sobre los barrios, y la gente tenga que sufrir noche y día sus consecuencias, como sucede en los barrios Inmaculada y Santafe con el puerto multimodal TCBUEN.

Sobre los desplazados del río San Juan, dijo el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez: “ya son nueve casos de desplazamientos masivos registrados durante 2014 (con un total de 2.007 personas afectadas), generados particularmente por el acoso de que son objeto las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan las riberas del río San Juan en el sur del Chocó y noroccidente del Valle, lo cual les ha generado estar en permanente confinamiento”.

Por su parte, Adriel Ruiz, vicario de la parroquia del barrio Lleras y miembro de la Coordinación Regional del Pacífico, enfatizó que el tipo de violencia que hoy vive Buenaventura que cumple 15 años, no es un fenómeno histórico. Sí lo son las condiciones socio-económicas y de abandono estatal, pero la gente las resolvía mediante la minga y la soldaridad. Hoy, Buenaventura respira desconfianza y miedo.

Por último, el retorno de estas familias Wounaan es cada día más difícil por la actitud negligente de la Gerencia Social que administra la ciudad desde el mes de marzo de este año, figura creada por el Estado con el supuesto propósito de adaptar a la ciudad y al puerto con las exigencias del comercio interbnacional.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/indigenas-desplazados-buenaventura-suman-anos/1153

España es el estado del mundo desarrollado en el que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis, según la OIT

05 Dic 2014
Escrito por  Kaos. Estado español
La productividad por trabajador ha aumentado un 5% por encima de su salario entre 2009 y 2013, lo que ha ocasionado una caída del poder adquisitivo durante la crisis, que llega al 43% en el caso de los salarios más bajos, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Agencias

Esta circunstancia ha llevado a que la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres haya aumentado entre un 40% y un 50% durante la crisis y que España sea el país desarrollado –UE y EE.UU.– en el que más ha aumentado la desigualdad en estos años.

En rueda de prensa, una de las autoras del informe, Rosalía Álvarez, ha explicado que los salarios en España crecían un 1,1% en 2007, mientras que en 2013 caían un 1,3%. Este proceso ha sido, según Álvarez, más marcado que en otros países desarrollados.

Si bien, la productividad laboral ha ido aumentando durante todos estos años. Concretamente, la brecha abierta entre productividad y salarios ha sido del 5% entre 2009 y 2013, y en ese proceso también ha caído el poder adquisitivo de los trabajadores hasta un 17% de media.

Y es que, de este poder adquisitivo, el peso de los salarios ha pasado en España de suponer el 70% en 2006 al 60% en 2013, mientras que las otras fuentes de rentas (subsidios, transferencias sociales, pensiones, ganancias de capitales, etc.) no han variado.

Atendiendo a los diferentes segmentos de rentas, las más bajas han llegado a perder durante la crisis hasta un 43% de su capacidad adquisitiva, por la pérdida del empleo, pero también por la rebaja de los salarios. Por su parte, las rentas más altas apenas han perdido un 3% de su poder de compra, básicamente por unos menores ingresos por pensiones.

“Los trabajadores y sus hogares están obteniendo una parte más pequeña del crecimiento económico, mientras que los propietarios del capital reciben mayores beneficios”, explica la OIT.

La organización alerta en este punto de que España es el país entre los desarrollados en los que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Además, en España los inmigrantes ganan un 30% menos que los trabajadores nacionales y, más aún, si las mujeres fueran remuneradas según factores como antigüedad, cualificación, horas trabajadas, etc. “deberían ganar más que los hombres”, ha señalado Álvarez.

En cuanto a los cambios necesarios para reducir las desigualdades y recuperar el poder adquisitivo perdido, Álvarez ha explicado que “la reducción de la desigualdad empieza en el mercado de trabajo”, a través de la creación de empleo de calidad y con sueldos remunerados de acuerdo con las capacidades y la productividad.

Por su parte, el director general de la OIT en España, Joaquín Nieto, ha asegurado que “existe margen para subir salarios, tanto como lo permita la productividad”. Preguntado por cuál debería ser el incremento salarial para recuperar el terreno perdido, Nieto ha indicado que ello debe acordarse en el ámbito de la negociación colectiva. “La pregunta no es si deben subir los salarios, sino cuánto deben subir”, ha remachado.

En cualquier caso, desde la OIT recomiendan aplicar nuevas políticas fiscales redistributivas, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y transferencias para ayudar a los hogares con menos ingresos. Según Nieto, solventar estas desigualdades es “la prioridad de las prioridades” para relanzar el consumo interno, reactivar la economía y crear empleo.

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Infancia entre rejas

Sociedad

Miles de niños inmigrantes se hacinan en los centros de detención tailandeses en precarias condiciones. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales

. Un informe de HRW denuncia que el confinamiento de menores contraviene la Convención de los Derechos de la Infancia

“Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, resaltan desde las ONG


“La peor parte era estar atrapada, no poder moverte. Si mirabas a la izquierda, siempre había lo mismo. Si mirabas a la derecha, siempre lo mismo. Y, enfrente de ti, sólo un montón de gente, tantísima gente. Si conseguía mirar hacia afuera y veía gente caminando por el barrio, sólo deseaba ser uno de ellos”.

Así describía la pequeña Cindy los tres desesperantes años que pasó en un centro de detención de inmigrantes en Tailandia cuando sólo tenía nueve. Una eterna espera donde cada día era igual al anterior, y donde el temor más profundo radicaba en que el siguiente fuera igual que la jornada transcurrida. No había delito que justificara el internamiento de la niña y su familia –el único crimen era carecer de papeles que legalizasen su situación en Tailandia- pero tampoco había soluciones que le garantizasen la libertad: sus padres, entre rejas como ellos, no podían reunir la suma que le pedían las autoridades para pagarse el viaje de vuelta a su país, y el proceso de reasentamiento familiar como refugiados registrados ante la ONU se eternizaba.

Tres largos años que robaron un pedazo de infancia a Cindy y a sus hermanos en unas prisiones que sólo en Tailandia devoran las inocencias de un miles de niños cada año, según los cálculos de Human Rights Watch. Unos 4.000 menores de edad pasan periodos cortos –de días o semanas- en los infames centros de detención tailandeses y un centenar, como Cindy, periodos de meses o años, pero si miramos hacia el resto del mundo, hablamos de decenas de miles de casos: un escándalo aceptado por gobiernos e instituciones que contraviene las convenciones internacionales y trata de ser combatido desde infinidad de ONG.

Una de ellas, End Child Detention, lanzó hace unos días una campaña de concienciación con motivo del 25 aniversario de la Convención para los Derechos de la Infancia, de la que Tailandia es firmante. Las autoridades de Bangkok –una dictadura militar tras el golpe de Estado del pasado 22 de mayo- no han suscrito, sin embargo, los tratados referentes a los refugiados políticos, lo que deja reducidos a la categoría de inmigrantes ilegales a todas aquellas personas que huyen de la persecución en países vecinos como Birmania, Laos o Camboya en busca de un refugio.

Muchas veces son víctimas del tráfico humano, tras caer en las despiadadas redes de traficantes que secuestran a los desesperados errantes para someterles a trabajos forzados en barcos de pesca o para extorsionar a los familiares a cambio de un puñado de dólares, pero todo eso es accesorio: si son detenidos, las autoridades tailandesas les consideran inmigrantes ilegales y como tales, pueden ser detenidos y hacinados en instalaciones migratorias desbordadas y en un estado deplorable.

Los testimonios recabados por HRW durante 100 entrevistas –más de 40 con menores de edad- e incluidos en el informe Dos años sin luna, que denuncia el arresto de menores en centros de detención para inmigrantes tailandeses, son una detallada descripción del horror. “El suelo estaba hecho de madera, pero se había roto y el agua entraba”, explicaba una refugiada presa en Chiang Mai con una amiga y sus hijas de 6 y 8 años. “Mientras dormía, una rata me mordió la cara”. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales sobre la innecesaria criminalización de niños que piden a las autoridades un cambio en sus normativas.Julia Mayerhofer, responsable de la Red de Derechos del Refugiado en Asia-Pacífico (APRRN) en Bangkok, detalla cómo son las condiciones de vida en el interior de estos centros, repartidos por todo el país. “Pueden llegar a hacinarse hasta 100 personas en una celda con capacidad para 35. Deben hacer turnos para dormir por falta de espacio, a veces lo hacen sentados, y en ocasiones tienen que dormir también en la letrina. Su alimentación depende de los voluntarios, y éstos, a su vez, de la voluntad de los agentes de migración que custodian estos centros de detención. No se trata de una política férrea sino errática, cada centro funciona de una forma”, explica desde la oficina de la ONG en la capital tailandesa.

El director de APRRN, Anoop Sukumaran, incide en que, en realidad, no se trata formalmente de detenciones dado que no son temporales. Y ahí radica la angustia de las víctimas. “A veces son semanas, meses… A veces son años. Son largos periodos sin aire fresco, sin condiciones sanitarias dignas, sin acceso a un sistema de salud. Y todo ello, por nada: no existe crimen, no hay delito. Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, explica Sukuraman.

Según una ONG, al menos 2.500 niños de Camboya, Birmania y Laos pasan cada año sólo por el principal centro de detención de Bangkok antes de ser deportados. Las autoridades tailandesas sólo se encargan de devolver a su lugar de origen a nacionales de países con los que comparten frontera: más allá –se calcula que unos 2.000 refugiados detenidos son de Pakistán, Sri Lanka, Somalia o Siria entre otros países- son las víctimas las que deben costearse el viaje de vuelta. “Si esos niños huyen de sus países con sus familias es porque la situación no era buena. Si se han visto obligados a huir, hay que considerarles víctimas a las que hay que proteger. Además, está estrictamente prohibido por las convenciones detener a niños en el contexto de movimientos migratorios”, explica Don Rono, de la oficina regional de UNICEF. “La migración forzada no es un crimen”.

Mayerhofer explica que existen 14 centros de detención para inmigrantes en todo el país: los más grandes son los situados en el sur, receptores de la desesperada emigración birmana que escapa de la miseria y de las exacciones de un Ejército que persigue a las minorías. “En Bangkok, por el contrario, el 90% son refugiados paquistaníes”. Las salidas son escasas: durante un corto periodo de tiempo, las autoridades ponían refugiados en libertad mediante el pago de una fianza (50.000 bath, unos 1.500 dólares) siempre que un ciudadano local se declarase “garante” de la persona liberada, una práctica que hoy en día se ha vuelto más arbitraria.

Si las familias no se pueden permitir pagar su repatriación o, como sucede en muchos casos, no desean regresar por persecución o falta de futuro, deben quedarse en prisión de forma indefinida hasta que aparezcan soluciones. La más común es obtener un estatuto de refugiado político, pero el camino está plagado de trampas. La principal, el hecho de que Tailandia, como Malasia o Indonesia, no han suscrito las convenciones sobre refugiados y por tanto no los reconoce. Para el país surasiático, se sigue tratando de emigrantes ilegales. “Los refugiados dependen de que la UNCHR les reconozca como tales, y por diversos motivos las entrevistas pueden llegar a demorarse hasta tres o cuatro años. Lo peor es que su estatuto de refugiados no marcará diferencias”, incide Mayerhofer, “salvo que tengan la suerte de ser reasentados en un tercer país y puedan rehacer sus vidas. Pero, mientras eso ocurre, pueden seguir siendo arrestados en Tailandia en su categoría de inmigrantes ilegales. Hay casos de personas que han permanecido en esos centros hasta 8 y 9 años”, resalta la responsable de APRRN.

Para Alistair Boulton, responsable de la oficina regional de la Oficina de la ONU para los Refugiados, “el aumento de refugiados acreditados por la ONU es alarmante”. Está pasando en todo el mundo pero muy especialmente en el sureste asiático, donde la relativa estabilidad y prosperidad tailandesa atrae a refugiados de toda Asia. Para los niños, “la experiencia es altamente traumática a todos los niveles”, cuenta Sharonne Broadhead, responsable de Acceso al Asilo en Tailandia. “Los responsables de esos niños, sus propios padres, está sometidos a un tremendo estrés, algo que aprecian sus hijos. Al estrés de haber huido de tu país se suma la violencia del arresto, la humillación de la prisión, la incapacidad para ejercer como padres… No hay planes, no hay días, no hay rutina”.

Broadhead destaca que, paradójicamente, “los niños que nacen en cautividad son los menos traumatizados porque no conocen otra realidad” más allá de las rejas. “Algunos niños, si han nacido aquí o han estado durante uno o dos años, piensan que esto es la única vida que existe. Piensan que es lo normal. Un hombre en nuestra celda tenía un niña, que llegó cuando era un bebé. Esa niña se quedó durante cuatro años. Pensaba ‘esta es mi vida, es todo lo que tengo’. Si tus hijos se ve obligados a vivir en el centro de detención, sus emociones mueren”, explica Ali, uno de los detenidos entrevistados por HRW.

Los estudios realizados sobre niños detenidos en centros de inmigración de todo el mundo hablan de abusos físicos y mentales de todo tipo que dejan una marca psicológica en forma de trauma.  “Son vulnerables a todo tipo de daños”, prosigue Rono. “Daños físicos, carencias básicas de alimento y luz solar, carecen de ropa con la que cambiarse, suelen contagiarse de todas las dolencias que les rodean y no pueden acudir a la escuela durante meses o años. Y además se enfrenta a un contexto de ira a su alrededor”. Presos violentos que se ensañan con los más débiles, guardianes sin escrúpulos, padres incapaces de enfrentarse a la violencia que se alimenta de la frustración entre rejas. La violencia contra los niños es descrita como “rutinaria”: una de las refugiadas citadas en el informe de HRW, procedente de Sri Lanka, estaba embarazada cuando fue confinada junto a su hija en una celda de Bangkok, en 2011. “Uno de los detenidos pegaba a mi hija. Estaba loco. No había guardias ni policías que nos ayudasen”.

“En muchas ocasiones, a partir de los 10 o 12 años los varones, que hasta entonces estaban con sus madres, son desplazados a celdas masculinas donde conviven con la violencia y el miedo”, señala Sharonne Broadhead. Es el escenario más temido por las madres, que hasta esa edad consiguen retener a sus hijos varones en las celdas femeninas.

Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, aislamiento y desapego son los síntomas más comunes entre los críos hacinados en centros de detención. La familia de Dough, de 6 años, le describía como un niños vital y activo hasta que entró en el centro. Se transformó en un niño permanentemente abatido. “Se sentaba y no se movía. Dejó de hablar”, lamentaba su madre ante los investigadores de HRW. La falta de comida adecuada –frutas y verduras están prácticamente ausentes en la dieta de los centros- y la ausencia de zonas de juego o deporte obligan a los críos a hacer la misma vida penitenciaria de los adultos. El acceso a instalaciones sanitarias es limitado y la ausencia de aulas donde proseguir los estudios, una preocupación mayor para sus familiares.

“Vivimos con miedo cada día aquí, como vivíamos con miedo en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿A dónde huímos?”, se interrogaba angustiada una detenida en un centro de detención en Malasia. “Pensábamos que si sobrevivíamos a la huida en barco, llegaríamos a Australia y se acabarían nuestros problemas. Ahora, no sabemos cómo salir de aquí”, se lamentaba otra mujer.

Las ONG que trabajan en Tailandia intentan beneficiarse de en una corta ventana de oportunidad, ahora que la Junta Militar intenta mejorar su imagen en el exterior, para presionar a las autoridades sobre la cuestión de menores detenidos. Al fin y al cabo, el Gobierno de Bangkok suscribió la Convención de Derechos de la Infancia que impulsa a las administraciones a “cesar rápida y completamente la detención de niños en base a su estatuto migratorio”, unas detenciones contrarias a las leyes internacionales. Aunque no es el único punto de la Convención que desafían, dado que al no proveer la nutrición adecuada ni oportunidades para hacer ejercicio o para jugar, las autoridades tailandesas ya están violando derechos fundamentales.

La ocasión de oro para modificar ese comportamiento y legitimarse ante la comunidad internacional se presenta precisamente ahora, cuando Bangkok opta a un asiento en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU entre 2015-2017: sería “una gran oportunidad” para mejorar su imagen, estimaba Alice Farmer, responsable del departamento de Derechos de la Infancia de HRW y autora del informe. “El número de niños sometidos a arrestos de larga duración no es muy alto así que no sería demasiado caro”. Las soluciones ofrecidas por los expertos van desde los centros abiertos de recepción hasta estatutos especiales para migrantes, como el que aplica Filipinas: un visado específico para quienes están en medio de la legalización de su situación migratoria y que no les expone al abandono indefinido entre rejas.

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