Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú continúan su lucha por justicia

Tomado de: http://kaosenlared.net/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru-continuan-su-lucha-por-justicia/
Por Cristina Fontenele

Desde hace más de un año (enero de 2014), la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso.

Víctimas y organizaciones de derechos humanos se han movilizado para evitar el archivo de las investigaciones.

Para el abogado del caso, Julio Arbizu, “tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no sólo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”.

Sobre los cambios de fiscal del caso (Luis Antonio Landa será el nuevo responsable del proceso, substituyendo a Carmen Ibáñez), Arbizu espera que sea una decisión definitiva y no provisoria. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”.

Según Liz Meléndez, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Perú y miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “La justicia es una utopía para las mujeres.”

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Intercambios de Procurador hacen vulnerable el proceso en la justicia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) expresó su preocupación por los casos investigados y cuyas víctimas no recibieron ningún tipo de compensación. El Comité recomienda al Estado que identifique a todas las mujeres víctimas de esa violencia, investigue, procese y castigue a los culpables, así como las debidas reparaciones a las víctimas.

Las primeras denuncias sobre las esterilizaciones ocurrieron entre 1988 y 2001, cuando fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012 a partir de un acuerdo entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado se comprometió a buscar una solución amistosa para algunos casos abiertos.

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Una de las historias más significativas del país fue la de la Sra. María Mamérita Mestanza, del distrito de La Encañada, Cajamarca (norte del país), fallecida por infección generalizada en abril de 1988, días después de una intervención forzada de esterilización. Este proceso es el único en el cual se reconoció la responsabilidad penal del Estado, indemnizando a la familia de la víctima con cerca de US$ 80 mil.

Entienda el caso

El ex presidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000), afectando a casi 300 mil mujeres y 22 mil hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.

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Cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron afectados por la política de esterilizaciones de Fujimori.

Las cirugías eran realizadas en los departamentos y provincias más pobres del país, especialmente en las zonas rurales. En la mayoría de los casos se trataba de la población indígena Quechua y Aimara. Mujeres embarazadas también fueron obligadas por agentes de salud a pasar por el procedimiento, que ponía cupos a cumplir.

Vea el video producido por Cladem Perú en colaboración con el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus) sobre los casos de esterilización en Perú.

Cristina Fontenele. Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y Experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG).

 http://www.adital.com.br/?n=cubh

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Mineras canadienses cometen una serie de violaciones a los derechos humanos en América Latina

A través de http://kaosenlared.net/mineras-canadienses-cometen-una-serie-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-america-latina/

Por Marcela Belchior

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina.

00Fotografía: Niños expuestos a la contaminación de industria minera canadiense en el territorio de Perú. De Milagros Salazar/IPS.

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina. El TPP, organización independiente fundada en Italia, afirma que el Municipio de Ottawa (capital de Canadá) y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar la disidencia y cometer asesinatos selectivos.

El secretario general del Tribunal, el epidemiólogo y sanitarista italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y en Medicina, fue uno de los ocho jueces que tomaron la decisión. En una entrevista a la agencia de noticias IPS, destaca cómo las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional. “La batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, observa Tognoni. “Lo que se podía hacer se está haciendo, con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas. Para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, agregó.

Tognoni compara las situaciones de violación, como la provocada por las empresas canadienses, con tratados económicos, éstos sí con eficacia inmediata. El secretario general del TPP destaca que el conflicto establecido entre empresas transnacionales y los derechos humanos frecuentemente queda impune. “No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, critica.

Formalmente, Canadá debe defender en tierras extranjeras los mismos derechos que defiende en su propio territorio. Por el Principio de Maastricht, los derechos humanos, universalmente válidos, deben ser respetados por los Estados más allá de sus fronteras. Brechas jurídicas, falta de regulación adecuada y la falta de compromiso de los gobiernos y empresas privadas le abren el camino a la falta de respeto a los derechos humanos en varias partes del mundo.

La sentencia del TPP, reunida en un documento de 86 páginas, señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen sede en Canadá. Además, indica que compañías canadienses tienen inversiones estimadas en más de 50 mil millones de dólares solamente en el sector de extracción en América Latina. Eso representa entre el 50% y el 70% del total de ese tipo de actividad en el continente. “Y el veredicto muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, resaltó Tognoni.

La sentencia no tiene poder concreto de aplicación, ya que el TPP no tiene legalmente el carácter de una Corte Judicial. El Tribunal funciona como un apoyo a las comunidades afectadas en la documentación de abusos cometidos contra las poblaciones, proposición de debate y refuerzo de la presión por la atención a los derechos de los pueblos. En este sentido, el TPP hizo recomendaciones al gobierno canadiense y a las empresas mineras involucradas, así como a agencias y organizaciones internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Con informaciones de IPS Noticias)

Marcela Belchior

Perú. Ley General del Trabajo: Hundir más a los trabajadores

A través de Kaos en la red

Por Jorge Rendón Vásquez, 9 febrero, 2015

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El nivel de ingresos de los trabajadores en nuestro país bordea ahora en promedio la tercera parte del nivel alcanzado durante el gobierno de Velasco Alvarado. Lo fueron erosionando desde 1975 los regímenes que vinieron después. La inflación promovida desde 1980, con cifras astronómicas durante el primer gobierno Alan García, transfirió a los empresarios una gran parte de los ingresos de los trabajadores.
A comienzos de la década del noventa les quedaba a éstos, sin embargo, el cuadro de derechos que habían ganado penosamente desde comienzos del siglo veinte y que fuera incrementado por el gobierno de Velasco Alvarado. El régimen de Fujimori, una fachada de los más grandes empresarios, les arrebató gran parte de esos derechos.
Cuando Fujimori huyó al Japón en noviembre de 2000 y su régimen se vino abajo, desde las bases sindicales partió el clamor de ponerse en acción para recuperar los derechos despojados. Entonces comenzó la maniobra diversionista: los burócratas del Ministerio de Trabajo, cumpliendo “órdenes de arriba” les dijeron a las centrales sindicales que fueran al Consejo Nacional de Trabajo y “concertaran” allí con los empresarios un proyecto de Ley General del Trabajo que podría incluir sus reclamos. Los dirigentes de las centrales sindicales atracaron. En cambio, los dirigentes de las organizaciones empresariales se desternillaron de risa. ¿Cómo iban a perder en una negociación las leyes que le habían hecho expedir a Fujimori?
 Cuatro años entretuvieron a los delegados de las centrales sindicales, durante los cuales lograron que “consensuaran” el 85% del proyecto de Ley General del Trabajo. Cuando este se filtró al exterior, se pudo ver que ese “consenso” era la convalidación de la legislación laboral de Fujimori. Algo más que hablar debieron haber hecho los empresarios para alcanzar este resultado.
Poseídos por una frenética obsesión, los dirigentes de la CGTP movieron cielo y tierra para que el proyecto ingresara al Congreso de la República y se convirtiera en ley.
Pero el sentido común no había desaparecido en las bases sindicales. Algunos profesores de Derecho del Trabajo, les brindamos nuestro consejo. Y logramos, juntos, detener el trámite del proyecto “consensuado”.
En agosto de 2011, un representante fujimorista presentó en el Congreso de la República el proyecto “consensuado”. Los dirigentes de las centrales sindicales: locos de alegría. Nueva campaña en contra de las bases sindicales. El ministro de Trabajo terció, nombrando una comisión de “expertos” para revisar el proyecto.
Los “expertos” fueron: Carlos Blancas Bustamante; Alfonso de los Heros Pérez-Albela; Javier Neves Mujica; Mario Pasco Cosmópolis; Jaime Zavala Costa; y Alfonso Villavicencio Ríos. De los Heros, Pasco y Zavala eran abogados empresariales.
De los Heros y Pasco habían participado en la redacción de la legislación laboral fujimorista. Pasco, como ministro de Trabajo de Alan García, fue uno de los artífices de la reducción de los derechos sociales a la mitad en las empresas con hasta 150 trabajadores, es decir, cerca de un 70% de los trabajadores del país.
 Como era de prever, de allí salió el primigenio proyecto “consensuado” con algunos retoques.
Las bases sindicales no bajaron la guardia, y el proyecto de los “expertos” fue encarpetado en octubre de 2011.
Ahora, los dirigentes de la CGTP han vuelto a la guerra, como Mambrú. Quieren a toda costa que se apruebe ese proyecto por un Congreso de la República que es casi totalmente favorable a los empresarios.
Manuel Dammert Ego Aguirre, un rabioso antivelasquista por lo que el gobierno de Velasco hizo a favor de los campesinos y trabajadores, les ha dado gusto, presentando como suyo el proyecto de los “expertos”.
 Pero como necesitaba seis firmas ha arrastrado a Verónica Mendoza, Rosa Mavila León, Yohny Lezcano, Mesías Guevara, Manuel Merino y Alejandro Yovera. ¿Estos padres y madres de la patria fueron sorprendidos o se dejaron arrastrar de buena gana?
Lo concreto para los trabajadores es que, como ha sucedido siempre en la historia social, sólo su lucha seguirá impidiendo que les saquen el saldo de derechos que aún les quedan y les reduzcan más aún sus ingresos.

Argentina. Crónicas de la democracia acorralada

 A través de Kaos en la red
Por Silvana Melo y Claudia Rafael, 9 febrero, 2015
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Poco tiempo habrá hoy para destapar champanes. El número redondo que culturalmente da para festejo termina salpicado brutalmente por los nichos donde la democracia todavía no plantó bandera.
El núcleo duro del autoritarismo, la amenaza sombría a un sistema institucional siempre frágil, a pesar de su adultez, están hoy sintetizados en las policías de casi todas las provincias del país.
Con una decena de muertos se despertó hoy la democracia treintona. Jaqueada la reina por peones que nunca lo fueron. Por ejércitos que el poder político nunca decidió operar. Y que están casi intactos, cincuenta mil hijos de Camps y de Etchecolatz en Buenos Aires. Mal pagos, pésimamente equipados, en un trabajo donde la vida es moneda de cambio. Pero eficientes al máximo a la hora de obedecer las órdenes de mantener controlada la protesta social. A palos, a gases, a postas de goma, a balas de plomo. Infalibles en el monopolio de la violencia.
Ciudades enteras abandonadas a su suerte, grupos marginales incitados a la violencia y al saqueo, retirada estratégica del control y la represión para que bandas mixtas de transas con aporte policial siembren terror; comercios desvalijados, vecinos que se arman hasta los dientes y pasan la noche velando los mostradores, gente de barriadas confinadas que invaden territorios prohibidos y se llevan todo aquello que el sistema les niega diariamente y que, diariamente, soportan en silencio y resignación. Medios financiados por los gobiernos provinciales que se enteran a medias de su propio desastre, símbolos de felicidad veraniega (Peatonal San Martín, Mar del Plata) arrasados por la ausencia policial y la libertad delictiva, con visos consistentes de complicidad.

La santa Fe

Tres de la tarde. Cordón Oeste de la ciudad. Ahí donde se apretujan las villas de Santa Fe. “Paró el bondi y empezaron a agitar a los pibes. Yo me acerqué a preguntar y uno me gritó `volá, pendejo`. Tenía una nueve milímetros en la mano y me apuntó”, dijo a APe un educador popular santafesino.La realidad de las calles mansas sólo dejaban al desnudo la presencia de prefectos y gendarmes. El lunes estaba ajeno al ajetreo habitual. No había super ni tampoco bancos. Ramas de árbol improvisadas para la ocasión oficiaban de trincheras para truncar el paso. La palabra miedo se acrecentaba mientras las persianas bajas le iban dando a la ciudad un gris poco cotidiano. Dos veces entraron a Pétalo, un negocito de ropa pegado a una villa. A escasos metros, una armería.“El dueño salió y se puso a repartir armas entre los vecinos”, continuó el joven maestro de arrabales. “Ya hace un tiempo que el clima está muy enrarecido. Volvieron a profundizarse las golpizas en las comisarías. Y fue muy claro ahora, quiénes eran los que iban a buscar pibes para ir a saquear. Son pibes metidos en las cadenas narcos y laburan para ellos. Quedó muy en claro. Además, la nueve milímetros es el arma reglamentaria de la policía”, advirtió Luciano Candiotti, desde aquella ciudad.
Desde Rosario, el periodista Carlos del Frade describe para APe que “en los barrios, en forma paralela, había una disimulada tensión que se observaba en los comercios cerrados por anticipado y decenas de pibes en moto que recorrían el territorio pispeando las evoluciones de las tropas nacionales”. En Santa Fe –relata- “hubo inocultable temor luego de conocidas las noticias que dieron cuenta del saqueo de dos comercios donde se vendía comida. Allí si apareció una vieja postal que remitía a los hechos de diciembre de 2001 y mayo de 1989”.

Conocedor exquisito de los acuerdos narcoinstitucionales, Carlos del Frade analiza que la realidad muestra “policías con muy bajos salarios, responsables de su pésima imagen social como consecuencia de su corrupción histórica” que “estrenarán, en esta provincia con forma de bota militar y nombre profundamente religioso, una nueva forma latinoamericana de desestabilización, la protagonizada por las fuerzas de seguridad provinciales. Algo que ya había anunciado el imperio hacia fines de los años ochenta”. Por eso advierte que “en estos treinta años de democracia también es preciso pensar, de cara a este conflicto que mete miedo en la sociedad santafesina, qué hicieron los distintos gobiernos electos por el voto popular a la hora de conducir la fuerza. `Si quieren transparencia la tienen que pagar bien`, dijo uno de los policías ocultos en un pasamontañas.

Un mensaje más mafioso que sindical, una clara señal de la narcopolicía emergiendo tres décadas después de la democracia que supimos conseguir”.

536 kilómetros al Norte, esta madrugada unos cuarenta policías irrumpieron en una casa, en Resistencia, con la violencia de los dioses paganos de un extraño olimpo. Seis patrulleros, motocicletas, gritos, golpes. “Acá está el que le metió el tiro a un compañero, a un milico, y vamos a entrar como sea, ¿vos no vas a hacer eso si le balean a tu compañero?, así que borrá eso porque nos compromete”, describe el diario Primera Línea, de Chaco.

El sueño entrerriano

Paraná vivía ayer muy lejos del sueño entrerriano de Sergio Urribarri 2015. Alejandra Gervasoni, Secretaria General de Agmer Paraná, revivió para APe “la enorme tensión y temor que vivieron docentes y alumnos de escuelas cercanas a supermercados, a tal punto que los padres los retiraban; se cortó el transporte urbano, las estaciones de servicio no vendían combustibles, cerraron los negocios y había una ola de rumores que aterraba a la gente”.Un 300 por ciento de aumento en los salarios concedió el gobierno de Córdoba a los primeros sediciosos, cuyas cúpulas habían saltado pocos días atrás, investigadas por los límites tan difusos entre policía y narcotráfico. Un mil por ciento aumentó el gobierno de Buenos Aires el monto por ropa y un 50% (de 5700 a 9000) el básico. Para los docentes la oferta del año había sido de 3600 en cuotas pagaderas hasta 2014.Cómo explicarles a los maestros que es necesario alzar las armas para acceder a un salario de modesta dignidad. Cuando el emblema es Carlos Fuentealba. Muerto por la policía cuando pretendía un aumento de sueldo.

“Calles desiertas como si fuera domingo en Paraná, comercios cerrados y enrejados, miedo en la gente, una sensación de indefensión que se transmite, que se contagia”, describe para APe el periodista Osvaldo Quintana. “A media mañana la policía visita cuadra por cuadra los negocios del centro, avisando que ellos son los guardianes del orden pero que mejor cierren, que es por su seguridad. La noticia se propaga como pólvora por todo el radio céntrico y el efecto contagio es eficaz. Los mismos uniformados lo desmentirán horas después, utilizando su particular lenguaje en un canal de televisión local”. A las puertas de un super de calle Don Bosco “se va juntando gente; es el mismo que hace 12 años fue saqueado completamente ante la pasividad de las autoridades policiales. Circulan por las cercanías, expectantes: mujeres, niños y pibes en bicicleta provenientes de las barriadas pobres que rodean al mercado”.

Cerca de Concordia, la nave insignia de los saqueos de 2001, la más pobre de todas hace una docena de años, “la pobreza vuelve a hacerse visible en las calles, en los semáforos –va observando Quintana-, en los contenedores de basura que empiezan a poblarse de familias enteras ni bien asoma la noche. En los vendedores de pan casero que vuelven a circular por los barrios”. Cuando cae la noche “los pequeñísimos comerciantes también cierran sus puertas. En algunos supermercados que no abrieron, vuelven a escucharse disparos y muchos vecinos temerosos se refugian en sus casas”.

La feliz

No hay certezas sobre el número de muertes. Nunca las hay cuando provienen de la oscuridad y del olvido. Seis, siete, diez… 15 años, 20, 23; balazos, cuchillada, golpe feroz… quién sabe. Ciudades enteras en las geografías de una patria en la que el Estado represor se corrió de su lugar de contralor y dejó que se abrieran las fauces leviatanas de la desigualdad.A medida que las horas avanzaban –relató a APe Jorge Ríos, fotógrafo marplatense observador concienzudo e incuestionable de las movidas- “la situación se iba poniendo más y más densa en barrios como Juramento, Regional, Palermo, Belgrano o Las Heras. Los saqueos no ocurrían en el Carrefour del centro sino que iban a los almacencitos de los barrios. La gente estaba armada para defender sus comercios. Había un clima oscuro. Tenso. El domingo, temprano, la agitación empezó con un hombre joven, muy musculoso, muy mesiánico y con discurso nazi que llegó agitando a las puertas de Caballería con mujeres de policías y víctimas de delitos. Es el mismo que se había visto en fotos durante el ataque nazi a los chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires”.La Mar del Plata feliz y balnearia del turismo estival recibió un piedrazo feroz sobre su médula. Cachetada de fuego sobre la playa obrera e igualitaria de los viejos años 50 y 60 que, por unas horas dejó al desnudo que la felicidad hace tiempo que le es ajena. Hasta que, con la contundencia del golpe sobre la mesa, el máximo jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin anunció rimbombante: “Se ha normalizado la situación en la ciudad” y todo, con la casa ya en orden, volvió a sus viejos carriles.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael
Noticias relacionadas: Sandra Cabrera – In memoriam

Denuncian una campaña desestabilizadora de los medios hegemónicos internacionales contra el gobierno argentino

 La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad emitió un comunicado en el que denuncia que “la campaña de desestabilización de los medios hegemónicos internacionales, en conjunción con las fuerzas de la derecha autóctona” contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández iniciado a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Red-de-Intelectuales-Artistas-y-Movimientos-Sociales-624x416-300x200.jpg.pagespeed.ic.UkRsH0Xn4aSegún el documento que lleva la firma de más de 50 personalidades de América y Europa, el mencionado plan desestabilizador “se complementa con el ataque sufrido contra la soberanía nacional por parte de los fondos buitre y se inserta en la ofensiva de Washington contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe”.

Al mismo tiempo, denunciaron el papel de la “prensa concentrada, cuyas cabezas visibles son el diario La Nación y el grupo Clarín”, a quienes les achacaron la intención de “responsabilizar al Ejecutivo del supuesto asesinato del fiscal”.

Con respecto a la denuncia presentada por Nisman días antes de su muerte, destacaron el análisis realizado por los doctores Eugenio Zaffaroni y Julio Maier, la postura oficial de la Asociación Argentina de Juristas así como de las máximas autoridades de Interpol y la prensa especializada, “que han demostrado que la denuncia de Nisman no contaba con las pruebas mínimas necesarias como para ser admitida en sede judicial”.

“El “plan delictivo” denunciado por el fiscal no es más que la ley votada por ambas Cámaras en el Congreso de la Nación: el “Memorándum de Entendimiento con Irán”, concebido para salir del impasse en que se había estancado la causa de la AMIA durante veinte años” aseguraron en el documento”, indicaron.

“La ausencia de la solidez necesaria para exigir la indagatoria de la Jefa del Estado -con toda la gravedad institucional que una tal acusación implica- así como la sórdida pugna interna en la ya disuelta Secretaría de Inteligencia de la Argentina donde sectores recientemente desplazados de la SI intentan erosionar la figura presidencial, tienen como objetivo perjudicar las posibilidades del candidato del kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales” aseguraron en el documento.

Por otro lado, señalaron que el fallecido fiscal tenía “sumisión a las directivas de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la CIA y el Mossad” lo cual “arroja un pesado manto de sospechas sobre su independencia de ciertas constelaciones internacionales de poder y la idoneidad de una investigación realizada bajo tales influencias”.

Finalmente, la Red En Defensa de la Humanidad reivindicó el papel “determinante” de nuestro país en el proceso de unidad e integración de la Patria Grande y llamó a “estar vigilantes sobre el desarrollo del plan desestabilizador”.

manipulacion_mediatica_348Al texto titulado “En defensa de la soberanía argentina” adhirieron Pablo González Casanova (México); Miguel d’Escoto Brockmann (Nicaragua); Stella Calloni (Argentina); Martin Almada (Paraguay): Miguel Concha Malo (México); Theotonio dos Santos (Brasil); Hugo Moldiz (Bolivia); Horacio López (Argentina); Atilio Boron (Argentina); James Cockcroft (Canadá); Ricardo Forster (Argentina); Aldo Díaz Lacayo (Nicaragua); Luis D’Elia (Argentina); Jorge Veraza (México); Eva Golinger (Estados Unidos); Carmen Bohórquez (Venezuela); Omar González (Cuba); Arnold August (Canadá); Pablo Ferreyra (Argentina); Elma Beatriz Rosado (Puerto Rico).

También suscriben Javier Couso (España); Héctor Díaz-Polanco (México); Hildebrando Pérez Grande (Perú); Danny Rivera (Puerto Rico); Katiuska Blanco (Cuba); Andrés Barreda (México) Winston Orrillo(Perú); Camille Chalmers (Haití); Gilberto López y Rivas (México); Salim Lamrani (Francia); Mónica Bruckmann (Brasil); Fernando Buen Abad (México); José Steinsleger (México); Ángel Guerra Cabrera (Cuba); Katu Arkonada (País Vasco); Mario Toer (Argentina); Héctor Poggiese (Argentina); Nayar López Castellanos (México); Carlos Fazio (México); Luis Hernández Navarro (México); Fernando Rendón (Colombia); Darío Salinas (México); María Nela Prada (Bolivia); Rosa C. Báez (Cuba); Ángeles Diez Rodríguez (España).

Otros intelectuales que firman son Jonathan Tea (Argentina); Luciano Vasapollo (Italia); Ramón Chao (España); Roberto Montoya (España); Winston Orrillo (Perú); Bruno Portuguez (Perú); Ricardo Flecha (Paraguay); Marilia Guimaraes (Brasil); Ricardo Bajo (Bolivia); José Miguel Candía (México); Marcelo Colussi (Guatemala); Carlos Prigollini (México); Fanny Palacios Izquierdo (Perú); Ramón Pedregal Casanova (España); Gabo Sequeira (Argentina); Carlos Molina Velásquez (El Salvador); Rita Martufi (Italia); Montserrat Ponsa Tarres (España); Walter Martínez Alves (México); Vicente Otta (Perú); Techi Cusmanich (Paraguay); Pilar Roca (Perú); Rosina Valcárcel (Perú); Alfredo Vera (Ecuador); Gustavo Espinoza (Perú).

http://www.radionacional.com.ar/?p=44483

Chile-Mapuche. Cuestión de dignidad: Mónica Quezada y Catalina Catrileo rechazan indemnización por asesinato de Matías Catrileo

http://kaosenlared.net/chile-mapuche-cuestion-de-dignidad
Por Mapuexpress / AC

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El día 20 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago informó su decisión de confirmar la sentencia del Segundo Juzgad Civil de Santiago, que condena al Fisco por el asesinato de Matías Catrileo, estableciendo la responsabilidad del estado por su asesinato.
 
Mediante un comunicado público Mónica Quezada y Catalina Catrileo, manifiestan su rechazo al pago de la indemnización que ordena el fisco. “Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias”, señalan. La hermana y madre de Matías Catrileo, agregaron que una vez que la sentencia quede firme informarán como procederan al mismo tiempo que expresaron que su decisión es personal, y que respetan  “a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo”.
En el comunicado recordaron que aún no hay justicia en el caso de la muerte de Matías. “El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias”.
A continuación se reproduce el comunicado:
Comunicado Público
En relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 6247-2014, dado a conocer recientemente señalamos lo siguiente:
1. El único objetivo de esta acción judicial ha sido demostrar que la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo y hermano, el 3 de enero del año 2008, es del Estado de Chile. Si bien fue Walter Ramírez, cabo 2° de Carabineros, quien disparó por la espalda a Matias, es el Estado y sus autoridades, incluyendo a la entonces Presidenta Bachelet, los responsables de este crimen.
2. Recordamos que nunca hemos recibido justicia. El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias.
3. Esta resolución no nos deja conforme, por que no garantiza que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que todos los responsables sean verdaderamente castigados. Pero nos permite, como todas las acciones que hemos emprendido, seguir denunciando los crímenes que comete el Estado contra el Pueblo Mapuche.
4. Esperamos que el fallo de segunda instancia quede pronto ejecutoriado, y que no se presenten recursos que vuelvan a dilatar este proceso judicial.
5. Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias. Como ya se señalo, nuestro objetivo con esta demanda no era obtener indemnización alguna, sino lograr que la justicia, aunque sea en forma mínima, declararé que fue el Estado de Chile el responsable del asesinato de Matias Catrileo.
6. Por tanto, informamos que rechazamos ese dinero y que no haremos uso de él. Una vez que quede firme la sentencia informaremos como procederemos. Nuestra decisión es personal, respetamos a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo.
7. Rechazamos las titulares de medios de comunicación que han informado que recibiremos “millonarias sumas”. Este tipo de informaciones buscan ensuciar tanto nuestra incansable búsqueda de justicia, como el legado de lucha y fortaleza que nos dejo Matias.
Mónica Quezada M.                  Catalina Catrileo Quezada
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Chile: Justicia ordena al fisco a pagar indemnización por muerte de Matías Catrileo

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Opiniones encontradas tras la muerte de Alberto Nisman

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman se ha desatado un diluvio de comentarios y opiniones de todos los gustos y colores, tanto sobre la persona de Nisman como sobre quien maneja los innumerables hilos en el caso AMIA no solo en Argentina sino desde otros países y organismos, USA, ISRAEL, etc.

Como muestra dos artículos de opinión, cara y cruz de una misma moneda.

Difícil conocer la verdad en esta maraña de sentimientos, intereses, injerencias y maniobras para desviar culpabilidades y enturbiar el asunto pues como dice el refrán “En río revuelto, ganancia de pescadores”

La cuestión y la pregunta de premio es: ¿quienes son los “pescadores” que se benefician de todo esto? ¿qué se trata de ocultar y a quién se quiere perjudicar?

Van los dos artículos citados, más información (verídica o no) sobre el tema.

“Cristina somos todos”

(Por Emir Sader, * Profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP) y de la Universidad do Estado do Río de Janeiro (Uerj), coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Uerj y autor de numerosos ensayos sobre historia y actualidad latinoamericanas.)

Hablando del complot contra la Presidente Cristina Kisrrchner para hacerla parecer culpable en todo este asunto AMIA-Nisman.

“El gobierno de Cristina Kirchner le sumó traición a la desidia”

Santiago Cantón, ex secretario general de la CIDH opina que “la muerte del fiscal es sólo el último capítulo en la novela de impunidad” de la causa AMIA

Quijotes contra empresas eólicas en México

Pese a las amenazas de muerte, el hostigamiento y ahora la intención de encarcelar a defensores de derechos humanos, los pobladores del istmo mantienen el pulso a las eólicas y han tenido algunos éxitos: un proyecto se ha paralizado y ahora será sometido a consulta; y los contratos de otro podrían ser anulados

Juan Martínez se escabulle en la oscuridad todavía no muy cerrada de su humilde casa buscando el interruptor de la luz. Su hija da las últimas puntadas del día al bordado de un huipil. Juan cruza la sala con rapidez y mete la mano entre un nudo de cables enmarañados. ‘Clic’. “Miren”. La bombilla se prende. Los visitantes no salen de su asombro.

“Allá adentro tengo otra”, justifica. Alumbrado por esa luz, rebusca en un cajón y muestra uno de sus pesares: un factura de marzo de 2011 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un importe de 12.732 pesos (unos 800 euros),  50 veces más de lo que pagaría alguien en un departamento de Ciudad de México con todo tipo de tecnologías y electrodomésticos.

“¿Cómo la iba a pagar?”, susurra el pescador. Desde entonces, es considerado moroso por la compañía, que le cortó el servicio.

Pero no es eso lo que más preocupa al señor Juan. Lo que le quita el sueño es otro tema vinculado también a la electricidad: los peces.

“Cuando en noviembre de 2012 llegó Mareña Renovables [una empresa eólica] perforaron en la barra [el pedazo de tierra que separa la laguna superior de la inferior, ya cerca del mar] y perdimos todo el producto”, explica otro pescador zapoteco, Isidro Guerra.

“Golpeaban (barrenaron) el subsuelo profundo y murió pescado”. Guerra no ofrece explicaciones técnicas ni declaraciones de impacto ambiental, sino una prueba para él irrefutable: “Vimos peces muertos”.  Y luego otra. “En Playa San Vicente, donde hay un parque eólico, no queda nada y vienen a pescar aquí, pero no hay para todos”.

El señor Juan y el señor Isidro hacen todos estos comentarios en los intervalos de una asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Están en pleno istmo de Tehuantepec, apenas 200 km de tierra que separan el océano Atlántico del Pacífico y cuyo potencial eólico es el segundo mayor del mundo tras el de la Patagonia, con 4.000 horas de viento útil (casi medio año), según los expertos.

A partir de 2006 las compañías energéticas, muchas de ellas españolas, llegaron para quedarse (ahora están todavía más incentivadas con la reforma energética que liberaliza el mercado). Las autoridades, tanto estatales como locales, vieron llegar a la gallina de los huevos de oro y firmaron contratos que, la mayoría de las veces, solo beneficiaban al cacique de turno y no a la población. En otras ocasiones, las empresas negociaron directamente con propietarios de tierras contratos leoninos. 

Poco a poco se multiplicaron las críticas, cuando los pobladores comenzaron a ver que habían sido víctimas de abusos. Esa riqueza que las eólicas supuestamente iban a dejar en el pueblo ni les llegaba (algunas comunidades del istmo siguen sin luz), ni les interesaba a muchos de sus habitantes.

Como al señor Juan. Que solo aspira a pescar y pagar lo justo por las tres bombillas que alumbran su casa. Por eso él y sus vecinos se organizaron y desafiaron a las autoridades locales oficiales, y a los poderes económicos, arriesgando la vida. Porque en México disentir es peligroso y los matones, muchas veces a sueldo de las policías locales o estatales, florecen en cada esquina.

Ahora en Álvaro Obregón se gobierna de forma asamblearia y guardias comunitarios vigilan el paso de cualquier sospechoso. El objetivo es tener electricidad a precios razonables y que no instalen un parque eólico en sus tierras, zonas indígenas zapotecas donde habitan pescadores que no confían en los molinos como generadores de riqueza, sino en sus manos y en sus redes.

“En el momento en que la empresa entre, vamos a desaparecer, es la muerte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra comunidad”, teme Pedro López, otro pescador.

En la asamblea de hoy, el señor Juan y sus compañeros ponen al día a Bettina Cruz, una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec  , de los avances en sus reuniones con el ayuntamiento de Juchitán, que prepara una consulta sobre la instalación del parque eólico.

“¿Ven? Ya les consideran interlocutores, ¡vamos avanzando!”, anima esa indígena zapoteca que lleva toda su vida en la lucha social.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), de 1994 hasta 2013, en el estado de Oaxaca se han proyectado dieciséis parques de energía eólica. Sin embargo, no existe un precedente de que se haya celebrado una consulta previa, libre e informada aunque es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Gracias a las movilizaciones y protestas de diciembre de 2012 los tribunales dieron la razón a las comunidades indígenas y ordenaron paralizar el proyecto llamado Mareña Renovables y que pretendía ser, según anunciaba la web de la empresa, el complejo eólico “más grande de Latinoamérica” con 132 aerogeneradores en 5.332 hectáreas.  Ahora la energética vuelve a carga bajo el nombre de Eólica del Sur pero si gana el ‘no’, el proyecto quedará bloqueado de nuevo.

El problema, explica Bettina Cruz, es que la consulta, ni será previa, ni será libre ni será informada porque “han vuelto las amenazas, el hostigamiento y la compra de voluntades”, como denunciaron en noviembre de 2014 varias ONG. En lugar de una especie de referéndum con urnas en el que vote cada ciudadano, los consultados son las organizaciones sindicales, empresariales, de mujeres, la gran mayoría vinculadas a los partidos políticos

LARGA HISTORIA DE ABUSOS

Pese a todos los problemas, llegar a la consulta es un éxito que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Literal. Lo sabe bien Cruz, ingeniera  agrícola  que siempre tuvo claro que su lugar era la defensa del derecho a la tierra de su pueblo, el zapoteco, un derecho humano no siempre reconocido por los gobiernos de turno.

Justo después del fallo del tribunal en el caso de Mareña, el hostigamiento se convirtió en amenazas de muerte contra ella y contra otros líderes indígenas como contábamos en este reportaje en Periodismo Humano . Nadie murió entonces aunque hubo fuertes enfrentamientos cuando los pobladores bloquearon el acceso a la barra donde Mareña quería instalar los aerogeneradores. Cruz y otros defensores tuvieron que exiliarse y esconderse.

Ahora el objetivo de las autoridades es  encarcelar a la activista. “Ya sabemos las consecuencias de esta lucha, no vivimos en un país democrático”, asegura ella tajante. Es, denuncian las ONG, una forma de desactivar a los defensores molestos.

“Hay un patrón generalizado (…) de criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las organizaciones, campañas de desprestigio, agresiones aparejadas a los intentos por imponer proyectos o extraer recursos minerales, sin el consentimiento de las poblaciones”, dice un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos humanos (CMDPDH).

Desde 2011, esta ONG documentó 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones en 29  países. En el mismo periodo, 43 fueron asesinados y 123  sufren acoso judicial. Además,  95% de las violaciones de derechos contra los defensores quedan en la impunidad.

El caso de Bettina Cruz es uno de ellos. El delito por la que la persiguen fue participar en 2011 en una protesta pacífica   frente a la CFE en Juchitán para denunciar el alto precio de la electricidad  y exigir la libertad de Filiberto Vicente Aquino, indigena y comunicador comunitario binniza , acusado de robo de energia electrica. O dicho en versión del Estado: “privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional”.

En 2012 la llegaron a aprehender, salió tras pagar fianza, pero el proceso continúa. Tiene que ir al juzgado cada mes  y en cualquier momento llegará la sentencia, aunque estas escasean en México (más del 90% de los crímenes quedan impunes) y pese a que 300 organizaciones y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se han posicionado a favor de la activista.

“Cuando estaba el conflicto tan fuerte durante el bloqueo de la barra, ir a firmar al juzgado implicaba que me pudieran matar por el camino”, asegura.

Cruz no oculta cierta intranquilidad, pero dice que está acostumbrada a los tiempos duros. Como aquel otoño de 2011 en Unión Hidalgo. “Era como una guerra, día y noche. La tensión con la energética Demex era tanta que hasta pedimos al gobierno que interviniera porque temíamos por nuestras vidas”.

Aquel conflicto con Demex, filial de la española Renovalia, que todavía está en los tribunales, alimentó la desconfianza de los pobladores del istmo hacia todas las energéticas.

“Vinieron con programas para mitigar la pobreza (Oaxaca es uno de los estados más pobres de México) pero lo que hacen relumbra un momento y luego cae”, explica Cruz. En parte, reconoce, por la corrupción que todavía impera en los partidos tradicionales y en las administraciones locales.  Pero las multinacionales siempre dijeron que ese no era su problema.

“Cuando llegaron los de Demex empezaron a coquetear con los propietarios  de las parcelas mediante chicas guapas que debían convencerles para que firmaran; al año siguiente rifaron una camioneta, luego comenzaron a ofrecer dinero”,  explica Juan Regalado, un dueño de tierras en  Unión Hidalgo que no rechaza a las eólicas, rechaza los engaños. “Nos dijeron una bola de mentiras, como que nos pagarían por hectárea y no por el espacio exclusivo del aerogenerador. Por eso firmamos”. Tampoco podían ni imaginar, que la energética incluso se atrevería a hipotecar sus tierras.

Cuando quisieron revisar las condiciones, la empresa se negó y llegó la violencia. “’Ya firmaron, ya se chingaron’, fue la frase repetida por el responsable de Demex, Fernando Ballester”, añade Regalado.

Fue entonces, octubre de 2011, cuando comenzó lo que Bettima llama ‘la guerra’: por un lado los propietarios bloqueando carreteras; por otro, la empresa y las autoridades locales que querían despejarles. “Pagaron a golpeadores y sicarios”, dice Regalado.

“En un momento dado llegó un grupo armado disparando, pensé que nos iban a matar”, rememora Bettina Cruz. “’Ahora sí pinche vieja cabrona’, me dijo uno de ellos. Pero el disparo no llegó”.

El enfrentamiento acabó con un muerto. “Era uno de ellos, que lo debieron matar de un disparo al aire pero acusaron a un compañero aunque nosotros no llevábamos armas. Tardaron dos años en liberarlo”.

La lucha por anular los contratos de Unión Hidalgo continúa a finales de 2014. La demanda de los propietarios fue aceptada por el tribunal agrario, mientras sus habitantes siguen sumando desagravios: se quejan de la cercanía de los aerogeneradores, del ruido que hacen. “La empresa incluso ha preguntado a los médicos si había más padecimientos del oído para ir a repartir más dinero, así funcionan”, dice una pobladora de Unión Hidalgo que pide el anonimato por seguridad.

“No es fácil luchar contra el sistema”, reconoce Bettina Cruz mientras visita a unos y a otros poniendo en común estrategias de lucha, siempre con ojos en la espalda por lo que pueda venir.

No es la única que vive con las amenazas de muerte o de encarcelamiento. Filiberto Vicente, de Santa María Xadani está en una situación parecida y por los mismos motivos. “Nos acusan de todo, yo soy secuestrador, él es ladrón, incluso me acusaron de traficante de armas”, dice socarrón mientras ofrece al visitante pequeños camarones que pescó en la mañana.  “Tuve que poner rejita en la casa”, explica, aunque es difícil creer que esos cuatro hierros puedan evitarle problemas.

El peligro de Vicente se llama ‘Radio Xadani’, una pequeña emisora comunitaria. “Empecé  a hablar de las eólicas y enseguida comenzó el hostigamiento”. En una ocasión incluso llegó la marina y el ejército, recuerda . “A veces me entra el miedo, a veces coraje”.

Él, igual que Bettina Cruz o el Señor Juan, no tiene luz y se enganchan al suministro a través de tomas que le presta algún vecino. La mitad de los 8.000 habitantes de Santa María Xadani está igual. No paga como parte de la protesta por las altas tarifas. “Me cortarán la luz pero no me pueden tapar la boca”, asegura Vicente.

Mientras se desarrolla la conversación, Bettina recibe una llamada. “Una camioneta sospechosa ha intentado entrar a Álvaro Obregón y los compañeros la han retenido”, cuenta. Según Cruz, son de Eólica del Sur o de la CFE e intentan pasar a hacer mediciones.  El ambiente se tensa pero al cabo de unos minutos, Cruz recibe otra llamada. “Ya se fueron, entraron en razón”.  Ya no hace falta que Filiberto Vicente interrumpa la programación para lanzar un mensaje de emergencia por Radio Xadani. No obstante, asegura que la situación está complicada en todo México.

“Está cabrón. Si no, vea cómo desaparecieron a los 43 estudiantes”

“Todo es parte de la misma lucha”, dice Cruz: la lucha por los derechos de los hombres y los pueblos.

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*Este trabajo se realizó con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la UE * 

http://periodismohumano.com/economia/quijotes-contra-empresas-eolicas-en-mexico.html

ECUADOR ¿Qué significa el desalojo de la CONAIE para las luchas de un mundo en común?

Reacción comunitaria al intento de desalojo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento social responsable de la caída de dos presidentes neoliberales.

 22/12/14

Momento de la movilización del año 2000, que tumbó al presidente neoliberal Jamil Mahuad. / Icci

“Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio no cumple ninguna función social”[1]

Cuando leemos estas palabras pareciera ser que se trata de una orden de desalojo a cualquier ciudadan@ que es víctima de la crisis financiera en España[2]. Pero ésta orden tiene lugar en Ecuador, viene ni más ni menos que del Ministerio de la Inclusión Social del gobierno de Rafael Correa, que busca expulsar de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-.

Esta ordenanza representa una de las más grandes agresiones contra las sociedades indígenas del Ecuador y contra el movimiento indígena en Latinoamérica. Jorge Herrera el presidente de la CONAIE lo analiza de la siguiente forma: “ Es por nuestra postura crítica a la ley de Tierras, a la ley del Agua, a la extracción minera”[3].

Siguiendo el análisis de Herrera y conociendo sobre las luchas que actualmente despliega la CONAIE contra esas leyes, que buscan sentar las condiciones para la profundización del despojo de las tierras de las comunidades es preciso hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ordenar que la CONAIE desaloje la sede que ocupa desde 1991? Claramente, ésta es una agresión directa contras las luchas de las nacionalidades indígenas.

La CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas

Porque por muchos años la CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas del Ecuador han sido un referente continental de la capacidad de las comunidades indígenas en los momentos de rebelión y eso mucho nos enseñado a las jóvenes generaciones indígenas en varios lugares del mundo.

Junto a este movimiento, con sus análisis, sus actores y actoras hemos aprendido de la potencia disruptora que tienen las comunidades indígenas cuando interpelan e impugnan el orden de dominación colonial que sigue vivo en Latinoamérica. De esa forma nos enseñaron que la lucha política es por la dignidad, por la vida. Nunca por las armas y por la muerte.

Esta organización se ha solidarizado con el pueblo palestino, cuando ha sido bombardeado por Israel; también han echo notar su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México, y así innumerables actos de apoyo y solidaridad con las luchas en el mundo, seguramente, de no estar enredados en este acto de desalojo, se solidarizarían con las miles de personas desalojados hoy día en España.

Por eso ésta orden de desalojo, es una agresión contra las luchas políticas por la vida en común. Como dice Nina Pacari: “La resistencia no es sólo por la casa, es por la defensa de un proceso histórico que ha luchado contra la agresión, la privatización y contra los Tratados de Libre Comercio.”

NOTAS

Gladys Tzul Tzul:  K’iche’ de Guatemala, ingrante de la Comunidad de Estudios Mayas, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participa en el área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, reside en Alemania donde realiza una estancia en la Universidad de Gissen, Frankfurt. Realizó una estancia doctoral en el Ecuador que tenian como objetivo documentar los levantamientos indígenas de la década de los 90, ahí estaba adscrita al Centro de Investigación de Movimientos   Indígenas del Ecuador. –CEDIME- y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, -FLACSO-

[1] Tomado de Pueblos en Camino. http://www.pueblosencamino.org/index.php/component/allvideoshare/video/l…. Consultado el 15 de diciembre de 2014.

[2] En estos días he conocido a varias mujeres y hombres que han sido desalojados de sus hogares en Madrid. Según los registros en lo que va del año se han realizado 8.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014. Tomado de http://afectadosporlahipoteca.com/2014/10/10/los-datos-del-cgpj-confirma…

[3] Tomado de: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/12/15/presidente-conaie-no-…

https://www.diagonalperiodico.net/global/25151-significa-desalojo-la-conaie-para-luchas-mundo-comun.html

México – Cada hora desaparecen en el país de 9 a 10 niños

Hidalgo
El Sol de Hidalgo,16 de diciembre de 2014

Por Alejandro Colón

Pachuca, Hidalgo.- Alrededor de 500,000 niños han desaparecido en los últimos seis años en México; es decir, entre nueve y 10 cada hora, de los cuales 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino, de acuerdo a distintas agrupaciones, reveló el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Francisco Coronato Rodríguez.

Sin embargo, el legislador de Movimiento Ciudadano puntualizó que en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos, pues los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.

En tal sentido, Coronato Rodríguez refirió que el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150,000, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.

En contraste, el portal de la Procuraduría General de la República (PGR) solo documenta a la fecha los casos de 1,385 niños robados o desaparecidos. Este último dato “demuestra falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”, consideró.

Dado que en México no existe una base de datos oficial que indique la cantidad y mucho menos la identidad de los menores cuyo paradero se desconoce, o que compile las investigaciones relativas al fenómeno, el diputado federal promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

También integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Coronato Rodríguez afirmó que la ausencia de una base de datos eficaz de esta naturaleza, que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.

Asimismo, se contaría, por obligación, con una base de datos de ADN de los menores desaparecidos, además de que permitirá a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto será únicamente para la localización de los niños.

Coronato destacó que la misma PGR calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45,000 menores de edad, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, las entidades donde se registra el mayor número de casos. Abundó que se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50,000 dólares por ellos.

No contar con una base de datos oficial, aseguró el diputado, resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, solo debajo del narcotráfico, pues se estima que tiene ganancias de 32,000 millones de dólares al año.

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