Explotadas y encerradas en hogares del Reino Unido

La Cámara Alta del Parlamento Británico debate si incluyen en una ley contra la esclavitud moderna a las trabajadoras domésticas inmigrantes que llegan con un visado asociado a un empleador extranjero

Elvira, en proceso de ser reconocida víctima de tráfico de personas, huyó de dos hogares por las vejaciones a las que le sometían sus jefes

El porcentaje de empleadas domésticas que sufren abusos se duplica para las que llegan con ‘visados atados’

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los 'visados atados' en Reino Unido./ J.P.C.

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los ‘visados atados’ en Reino Unido./ J.P.C.

Elvira no sabía dónde estaba. Era enero y hacía frío mientras caminaba por algún lugar de Londres, sola, perdida y asustada. Al haber escapado de aquel lugar también había quebrantado la ley. Pero ya había sufrido suficiente, abusos e insultos, días de comer sobras y de encierro. Mientras hablaba por teléfono, al otro lado de la línea una voz de mujer le pedía que describiera qué veía a su alrededor –”¿qué tiendas?, ¿qué edificios?”– para poder averiguar dónde se encontraba exactamente. “Al final la rescatamos”, cuenta Regina de los Reyes con una gran sonrisa; ella también tuvo que escapar de un hogar en Reino Unido antes de unirse a la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas (FDWA).

Esta experiencia, por la que la filipina Elvira Santos tuvo que pasar hace un año, no es un caso aislado. Ella es una de las “muchas trabajadoras domésticas inmigrantes” que llegan al Reino Unido con una familia extranjera que se instala temporalmente en el país y que se encuentran en “situación de esclavitud”, en palabras de la presidenta de Justicia para las Trabajadoras Domésticas (J4DW, en inglés), Marissa Begonia, por una modalidad de visado ligado a un solo empleador.

 Los ‘visados atados’ han vuelto a recuperar protagonismo debido a que la Cámara Alta del Parlamento Británico, la de los Lores, debate si contemplarlos como parte del Proyecto de Ley contra la Esclavitud Moderna. Esta es una iniciativa gubernamental, “la primera de este tipo en Europa”, según el Ministerio del Interior, que endurece las penas contra delitos de tráfico de personas, explotación laboral y abusos sexuales. Entre otras medidas, propone aumentar el castigo de prisión de 14 años a cadena perpetua para los casos más graves.

El proyecto de ley ya recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes, que no consideró oportuno abordar el asunto de las trabajadoras domésticas extranjeras que llegan con ciudadanos que no pasan más de seis meses en el país. Hay muchos diplomáticos y personas adineradas que están de paso el Reino Unido. “Ha sido una oportunidad perdida”, lamentaba Catherine Kenny, de la asociación Kalayaan. No obstante, todavía queda el pronunciamiento de la Cámara de los Lores, que se espera para antes de las elecciones de mayo.

Además, hace apenas unos días la ministra del Interior Theresa May anunció que iba a encargar a un jurista independiente la revisión de los visados atados debido a “la preocupación que ha levantado la explotación de las trabajadoras domésticas extranjeras”. La campaña en contra de los permisos, que existe desde hace tiempo, se ha reforzado en los últimos meses debido a la tramitación del proyecto de ley contra la esclavitud.

Todo tipo de abusos

El número de visados de este tipo no es menor. El Gobierno británico emite cada año entre 15.000 y 16.000 visados para estas trabajadoras domésticas extranjeras con permiso laboral en familias privadas, según los datos oficiales. Además, alrededor de 200 visados se expiden anualmente a aquellas que trabajan en residencias diplomáticas. No quiere decir que todas estas mujeres sufran abusos y vejaciones, pero Phoebe Dimacali, representante de FDWA, advierte de que en muchos casos estas prefieren no denunciar ni tampoco huir de la familia por miedo a las posibles consecuencias.

Un estudio de Kalayaan, una organización británica centrada en la defensa de las empleadas domésticas, sostiene que las condiciones de trabajo son mucho más duras bajo la nueva legislación. En concreto, señala que el porcentaje de mujeres que sufren abusos se duplica: 16% comparado con el 8% de las mujeres con un visado no atado a su empleador. La sensación de los activistas es que la ley no ha reducido el número de inmigrantes –uno de los objetivos de los visados, en su opinión– pero sí ha dejado a las mujeres más vulnerables a abusos y maltratos.

“Se están dando más violaciones de las que nos podemos imaginar. Los abusos físicos y verbales son muy comunes, pero lo que más vemos son jefes que no pagan a sus trabajadoras después de largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas, sin ningún día libre”, explica Marissa Begonia. Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch en Europa Occidental insiste en que no han percibido ningún cambio en el número de trabajadoras extranjeras tras la introducción de los visados atados: “El gobierno percibe a estas trabajadoras como empleo de baja cualificación, que es precisamente lo que están intentando reducir. Quieren disminuir el número de inmigrantes y para ello cambiaron la ley”.

“La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso

En abril de 2012, el Gobierno británico cambió las normas de las solicitudes de visado y eliminó el derecho de las trabajadoras domésticas extranjeras a cambiar de empleo. Desde entonces, la legislación establece que el empleador no resida más de seis meses en el Reino Unido. En la práctica la medida supone que durante ese tiempo, si las trabajadoras abandonan el hogar, se convierten en inmigrantes ilegales y pueden acabar detenidas en un centro de internamiento y ser deportadas.

Elvira debatía si huir o no de la familia qatarí que la había traído a la isla británica. Contar con la ayuda de FDWA hizo que se decantara por la huida. Llegó a Londres en enero de 2014 tras vivir y trabajar durante más de un año en Qatar, donde limpiaba y cuidaba un hogar de siete miembros. Elvira no tuvo más opción que marchar a la Península Arábiga para poder sostener económicamente a su familia. Su marido tiene “una grave enfermedad y no puede trabajar”.

“Pero cuando empecé a trabajar me pagaron mucho menos. En mi contrato ponía 1.400 riales, pero solo me daban 900. Mi jefe decía que el resto era para la agencia que me había contratado”, cuenta Elvira. Y sigue: “La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso. Nada. Ni siquiera podía ir a la iglesia los domingos”.

La situación no cambió cuando se mudaron a Londres. La hermana de su jefe sufrió un ataque al corazón y se trasladaron en busca de tratamiento médico. “La mujer no me dejaba comer. Ni siquiera cuando mi jefe traía comida para las dos; se ponía a chillar y solo me dejaba las sobras”.

A los pocos días de llegar, el empleador de Elvira tenía planeado volver a Qatar y ella pensó que sería imposible sobrevivir sin él presente. En sus pocos momentos de tiempo libre contactó a través de Facebook con un compatriota, que le habló de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas. Así es como consiguió reunir las fuerzas suficientes para poder escapar apenas 13 días después de haber llegado a su nuevo hogar británico.

Víctimas de tráfico de personas

Elvira puede hoy contar su historia sin miedo a represalias porque se encuentra inmersa en proceso para ser reconocida como víctima de tráfico de personas. El procedimiento requiere en muchos casos de asistencia legal para poder completar debidamente los formularios y superar las entrevistas de las autoridades.

Al igual que Elvira, Izza Leghtas (HRW) afirma que muchas de estas mujeres llegan procedentes del Golfo Pérsico, de Qatar en concreto, donde impera el denominado sistema ‘kafala’, por el cual el empleador puede retener el pasaporte de sus trabajadores y, por tanto, limitar su libertad de movimiento. Pocas organizaciones internacionales dudan de que se trate de una forma encubierta de explotación laboral. Para Human Rights Watch, no hay duda de que los visados atados del Reino Unido son una extensión del ‘kafala’ qatarí.

Trabajar en un hogar sin otra supervisión que la del propio jefe puede ser peligroso. No importa que la vivienda se encuentre en uno de los barrios más exclusivos del centro de Londres. “Este tipo de trabajo coloca a las mujeres en situación de gran vulnerabilidad, pues todo se queda dentro de las cuatro paredes y no hay ningún lugar al que poder acudir y pedir ayuda –explica Leghtas–. Al menos antes, con el antiguo visado, las mujeres podían dejar el trabajo y buscarse otro. Ahora las que se atreven a hacerlo acaban trabajando en negro, asustadas e indocumentadas”.

Asimismo, desde Human Rights Watch recuerdan que el gobierno de David Cameron rechazó en 2011 ratificar la Convención Internacional de la Organización de Trabajadores Domésticos, que tenía como objetivo equiparar el derecho laboral de este sector al del resto.

“Solo una mínima proporción”

“La esclavitud moderna es un crimen terrible. Estoy decidida a detenerla en todas sus formas. Mantener a las trabajadoras domésticas en esclavitud o servidumbre es completamente injusto”, aseguró Karen Bradley, responsable de la secretaría contra la esclavitud moderna y el crimen organizado, en noviembre al calor de las críticas recibidas. Desde la oficina de Bradley se declinó la posibilidad de realizar una entrevista en persona para este reportaje.

La responsable rechazó entonces la acusación de que el número de abusos haya aumentado tras la introducción de los visados atados: “Las evidencias muestran que solo una mínima proporción de aquellas que trabajan aquí como empleadas domésticas sufre abusos y explotación”. También acusó a Human Rights Watch y Kalayaan de utilizar deliberadamente “muestras pequeñas” en sus estudios.

Más allá de números, declaraciones, estudios y cifras, Elvira vive ahora con relativa estabilidad. Gracias al apoyo de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas, consiguió comenzar a trabajar para una nueva familia, judía esta vez. Cambió la forma de rezar en el hogar, pero no tanto el trato hacia la empleada de la casa. “Aquello no era para nada estable. Se aprovechaban de que no tenía los papeles en regla y no tuve otra opción que volver a escapar”.

Los planes para poder volver a casa y ver a los suyos no están todavía encima de la mesa. Ahora, que está en proceso de ser reconocida como víctima de tráfico de personas, Elvira puede vivir y trabajar sin preocupaciones en el Reino Unido durante un tiempo y debe aprovecharlo para ayudar a su familia. En la actualidad, combina tres trabajos a tiempo parcial, con tres familias diferentes. “Así es mejor, sin problemas. Voy, limpio durante tres o cuatro horas y me voy”.

La mujer debe volver al trabajo. “Muchas gracias. Aprovecha cuando vuelvas a tu país y disfruta con los que más quieres, tú que puedes”, dice como despedida, agarra una bolsa de plástico con un paquete dentro y desaparece escaleras arriba. “El regalo es para la familia de mi jefe”, había confesado antes.

http://www.eldiario.es/desalambre/Explotadas-encerradas-hogares-Reino-Unido_0_358714760.html

Catálogo de esclavas en Líbano: encerradas, maltratadas y violadas por 175 euros al mes

FEMENINO PLURAL

En el país árabe proliferan las agencias que ofrecen jóvenes inmigrantes como empleadas del hogar, pero que en realidad se convierten en mercancía para sus nuevos ‘dueños’. Doce horas al día, siete días a la semana

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. - FÁTIMA SUBEH

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. – FÁTIMA SUBEH

BEIRUT.- Nacen en plena miseria en países como Nepal, Filipinas, India o Pakistán. Jóvenes e incluso niñas que en su desesperación, deciden viajar a Líbano con la esperanza de poder regalar a sus familiares un poquito de dignidad. Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar más todo aquello que dispongan sus nuevos dueños. En muchos casos, son maltratadas física y psicológicamente. Algunas de ellas sufren abusos sexuales por parte de los señores de la casa.

Pocas consiguen escapar de su infierno y las que huyen suelen acabar en la cárcel o escondiéndose como si hubieran cometido algún delito. Las que no pueden soportarlo más, deciden terminar con sus vidas. Esta es la situación en la que se encuentran las empleadas del hogar inmigrantes en Líbano. Sin una ley que las proteja, desamparadas y abandonadas a su suerte.

Daura es uno de los barrios periféricos de Beirut. Es un lugar ruidoso y con mucha vida. En este barrio hay dos empresas conocidas que ejercen el tráfico de personas. Aunque no es el único, hay muchas compañías dedicadas al negocio de las domestic workers repartidas por todo el país. En ellas se pueden contratar a empleadas del hogar que provienen de países del sureste asiático o del continente africano.

Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar
más todo aquello que dispongan sus ‘dueños’

Al entrar por la puerta se puede apreciar una oficina de lo más normal. Con su aire acondicionado, su escritorio y un par de sofás para los clientes que esperan su turno. Un hombre y una mujer sonrientes atienden a los que se interesan en contratar a una de las chicas. El varón es el encargado de sacar un catálogo con tres mujeres kenianas. “Obedientes”, según dice. Son tres folios con sus fotos, peso, la estatura y el sueldo a pagar: 175 euros al mes. Más otros 2.200 euros que incluyen el viaje hasta Líbano y los gastos de la agencia por las gestiones.

“Para asegurarte de que es consciente de quién manda, déjale unos días sin comer, quítale el pasaporte y no le pagues el sueldo de ese mes”, dice el hombre de repente. El diálogo continúa así:

– “He oído que algunas de ellas escapan”.

– “Como hacen muchas de mis clientas, cierra la puerta de casa con llave cada vez que salgas. Si tienes algún otro problema tráemela que yo me encargo de todo”.

La conversación podría haber tratado sobre un televisor o un equipo de música. Su funcionamiento, día y noche, sin descanso. “Ni un día libre”, insiste el encargado.

El negocio de la trata de personas

Natala y Saru tienen muchas cosas en común. La pobreza las empujó a viajar a Líbano a servir a familias que no son necesariamente pudientes o de clase alta. Natala tiene 14 años. Aún no ha desarrollado su cuerpo. Va a ser guapa, muy guapa. Su madre le engañó y le subió a un avión rumbo a Beirut. Le dijo que tenía que dejar la escuela e irse de vacaciones a visitar a su hermana. Una mujer la recogió en el aeropuerto. La casa a la que llegó se convertiría en su infierno. Se convirtió en la sirvienta de la familia y con su sueldo de 130 euros al mes mantenía a sus padres y hermanos en Bangladesh.

La joven ponía todos sus esfuerzos en complacer a su madame, aunque siempre en vano. Nunca olvidará aquella tarde en la que la señora se acercó, le sentó en el suelo bruscamente y cortó esa larga melena azabache que la había acompañado durante tantos años. “Me miraba con odio, jamás hice nada malo para que me despreciara así”, recuerda la niña a Público.

Natala, de 14 años, viajó a Beirut engañada por su propia madre. La casa a la que llegó se convirtió en su infierno

Fue sometida a insultos y gritos todos los días por norma general. La joven sólo se podía permitir el lujo de llorar cuando ponía fin a sus interminables tareas y llegaba la hora de acostarse. Soñar despierta con el momento de marcharse y regresar a casa era lo único que la mantenía entera. Por suerte, la señora se cansó de ella a los dos meses y la devolvió a la agencia. El dueño de la empresa entró en cólera al ver que una de sus clientas había quedado insatisfecha con la mercancía. Para complacer a la mujer, golpeó Natala varias veces hasta que la tiró al suelo.

Saru quería pagar los estudios de sus dos hijos en Nepal, donde “los salarios no te dan ni para casi comer”, dice esta joven de 30 años. En 2009 pisó por primera vez Beirut. En su primera casa, la dueña solía dirigirse a ella con la palabra sarmuta, que significa puta en árabe. La golpeó dos veces. A la tercera Saru se revolvió. El marido se apiadó de la joven y la dejó regresar a la agencia donde la asignaron una nueva familia.

Aunque trabajaba de ocho de la mañana a doce de la noche, esta vez la trataban con respeto. No paraba en todo el día, pero nadie se metía con ella, así que la situación era más o menos soportable. Se encontraba en el valle del Bekaa a unos 80 kilómetros de la capital. Una tarde el padre de familia, a escondidas de su mujer, intentó forzarla. No lo consiguió. Al día siguiente Saru revolvió la casa entera, encontró su pasaporte, salió corriendo y se montó en un autobús rumbo a su libertad. Regresó a Beirut, donde ahora trabaja para varias familias, pero sólo unas cuantas horas al día. Esto le permite “volver a su casa cuando termina y respirar”.

Aisladas del mundo

“El apartheid empieza ya en el aeropuerto”, declara Krystel, voluntaria en Migrant Forces Task Work (MWTF), ayudando a mujeres inmigrantes. Según esta joven libanesa, “la Policía lleva a las chicas a una habitación y las hace firmar un contrato que está en inglés y árabe. Ellas no lo entienden, por lo que no tienen ni idea de cuáles son sus derechos. Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra”.

“Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra”

Krystel asegura que en ese contrato se establecen una serie de derechos como que las habitaciones en las que se instalen tengan al menos una ventana, que libren obligatoriamente un día a la semana o que habitualmente tengan contacto con sus familiares en sus países de origen. En muchos casos nada de esto se cumple. Algunas duermen en las cocinas o salones de la casa, no libran nunca y se encuentran completamente aisladas del mundo exterior.

La duración de contrato es de tres años generalmente. Cuando una de ellas escapa antes de ese periodo, se encuentra en situación ilegal. En la zona Mathhaf está la cárcel donde son recluidas. Pegada al Ministerio de Justicia. Desde allí son expatriadas, pero antes deben pagarse sus billetes de vuelta. “Tampoco pueden pedirles a sus familias que les manden el dinero porque no lo tienen, así que se quedan meses o incluso años encerradas como si fueran unas delincuentes”, incide Krystel.

Asesinatos convertidos en suicidios

El gran problema es que ser empleada del hogar no se considera un oficio en Líbano. Por lo que existe un vacío legal, que deja totalmente desprotegidas a las inmigrantes. De hecho, tampoco existe una ley específica que asegure los derechos de la mujer, por lo que la violencia sexista de los libaneses también queda impune en muchos casos.

“A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy
difíciles de demostrar”

Emelet Bekele Biru apareció muerta el 6 de noviembre de 2014 en la casa donde servía. Cuatro días después, Birkután Dubri cayó desde la cuarta planta de un edificio después de que, según testigos, mujer y empleada se enzarzaran en una terrible discusión. Según KAFA, una de las ONG más potentes que luchan por los derechos de las domestics workes, un estudio de 2008 reveló que al menos una empleada del hogar se suicida cada semana en el país. Un dato estremecedor que esconde una realidad aún más escalofriante. “A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy difíciles de demostrar. Casi ni se investigan y son automáticamente calificados y archivados como suicidios”, dice Bernadette Daout, coordinadora de programas de la organización.

Son varios los objetivos de esta ONG. KAFA recibe denuncias de ciudadanos libaneses que son conscientes de la situación a la que está sometida alguna joven inmigrante a su alrededor. La ONG trata de recoger el mayor número de información posible sobre el caso. A partir de ahí informa a la Policía para que libere a las chicas y las entregue a la organización. “Tenemos una especie de refugio para estas mujeres, pero todas no caben. Un doctor las examina y esclarece a qué tipo de abuso han sido sometidas, porque ellas no quieren hablar. Tienen miedo. Además es muy difícil probarlo porque los golpes no siempre dejan marcas en la piel”, denuncia Daout, que concluye: “Pocos libaneses han rendido cuentas ante la justicia por casos como estos”.

http://www.publico.es/sociedad/catalogo-esclavas-libano-encerradas-maltratadas.html

La ONU advierte a España de que la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal “socavan” Derechos Humanos

Confían en que se adopten las medidas necesarias

RIS espera que el Gobierno “tenga en cuenta” estas advertencias

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.

La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.

Según explican, “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, plantean.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería “podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

“LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN”

Asimismo, el relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto “vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio”, limitándolo “marcadamente”.

“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuanto al Código Penal, afirman que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y citan como ejemplo que se trate como “circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa'”.

“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalca Maina Kiai.

“PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA”

Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem “conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’, los expertos consideran que “son excesivamente amplias e imprecisas”.

“Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet”, denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

“QUE SE TENGA EN CUENTA”

Rights International Spain (RIS), que viene trabajando para evitar que ambas normas vean la luz en su redactado actual por considerar que vulneran derechos fundamentales en diversos ámbitos, se había dirigido entre otros organismos a algunos de los relatores especiales de Naciones Unidas que se pronuncian ahora en este escrito advirtiendo del contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno.

“Desde la ONU se respaldan muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta. Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha señalado la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-relatores-onu-advierten-espana-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-socavan-derechos-humanos-20150223150631.html

Las 11 medidas de Syriza para el “otro rescate” de Grecia

17 febrero 2015

diagonalperiodico.net

Mientras negocia con las instituciones y países de la UE condiciones más favorables para el pago de la deuda, el Gobierno griego lanza un ambicioso plan para atajar la “emergencia humanitaria” que atraviesa el país.

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Entre las medidas defendidas en el ya conocido como Plan de Salónica, anunciado el domingo 8 de febrero, el Gobierno anunció una batería de iniciativas para hacer frente a la “emergencia social” que vive Grecia. El plan requeriría una inversión de 2.000 millones de euros, una cifra que el ejecutivo pretende recaudar con una lucha más eficaz contra el fraude fiscal y nuevos impuestos para las rentas más altas.

1. Plan de choque contra la pobreza

“Daremos comida, luz, techo y sanidad a decenas de miles de familias que pasan hambre y viven a oscuras”, dijo Alexis Tsipras en el Parlamento griego. Dentro del plan de Syriza se contempla proporcionar ayuda alimentaria y electricidad gratuita para 300.000 hogares.

2. Nueva prohibición de los desahucios

Los desalojos de primeras viviendas de valor inferior a 200.000 euros ya estaban prohibidos desde 2008. La moratoria se fue renovando año por año hasta el último diciembre cuando la prohibición no fue renovada por el anterior Gobierno. En la presentación de su programa en el parlamento Alexis Tsipras anunció una nueva moratoria.

3. Subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo, que ya estaba contemplada en el programa electoral y fue mencionada en el discurso de investidura, fue confirmada en la batería de medidas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la población griega. De forma gradual, “para dar tiempo a los agentes sociales”, el salario mínimo escalará desde los 586 euros actuales hasta los 751 euros. De esta forma superaría ampliamente al salario mínimo español, de 648 euros. Tsipras también adelantó una reforma en el mercado laboral para que los menores de 25 años tengan “los mismos derechos” y que la economía no se base en salarios bajos y trabajadores sin derechos.

4. Reforma de las administraciones

El Gobierno griego ha anunciado un plan para reducir los gastos de las administraciones públicas. La primera fase de estos recortes se desarrollará en los siguientes seis meses. El gobierno reducirá al 30% su personal de la sede de Gobierno y en 40% las escoltas del primer ministro. Se venderá uno de los tres aviones de los que dispone el Ejecutivo y se revisará el derecho a coche oficial de los funcionario de los distintos ministerios. El objetivo es reducir a la mitad la flota de 7.500 coches, cuyos costes ascienden a 700.000 euros.

5. Readmisión de despedidos

En la misma sesión parlamentaria Tsipras anunció que los funcionarios despedidos irregularmente para cumplir con las exigencias de la troika serían readmitidos. Esta medida podría afectar a 3.500 personas. Entre ellas, a las 595 empleadas de la limpieza del Ministerio de Finanzas que llevaban más de un año protestando por su despido.

6. Reapertura de la televisión pública 

Cerrada en 2013 por el Gobierno de Antonis Samaras, la reapertura del canal serviría para “reparar el crimen contra el pueblo griego y la democracia”, en palabras del primer ministro. El 7 de noviembre de ese año la policía desalojó a los trabajadores que se resistían al cierre de la televisión pública griega. Entonces, Syriza impulsó una moción de censura contra el Gobierno.

7. Freno a las privatizaciones

Tsipras anunció que no privatizará las redes y la infraestructura del país que “son nuestro capital nacional, la riqueza natural y mineral”. El primer ministro no escondió su interés por captar la inversión extranjera y todas aquellas inversiones que generen empleo, siempre que favorezcan el “interés público”. “Vender bienes nacionales para pagar una deuda insostenible es un delito”, dijo. Atrás quedarían, en principio, situaciones como la venta o alquiler de hasta 70 islas para atajar el déficit. Además de anunciar la revocación de la venta a capitales chinos del puerto del Pireo, el Ejecutivo anunció que bloquearía la venta de una parte de PPC, empresa propiedad en un 51% del gobierno que controla la mayor parte del mercado minorista de electricidad en Grecia.

8. Sanidad universal y gratuita

Otro anuncio de Tsipras fue la restauración de la sanidad universal y gratuita en un país en el que un tercio de sus habitantes no tiene acceso a este servicio público, pues la cobertura se pierde al pasar más de un año en el paro o al no pagar las contribuciones. Esta falta de cobertura había llevado al nacimiento de las clínicas y farmacias sociales,una de las tantas fórmulas autogestionarias surgidas al calor de la crisis. El ministro Andreas Janto señaló que anularía la cuota de cinco euros que los griegos deben pagar para ser atendidos cada vez que acuden a un hospital y de un euro por cada receta médica.

9. Nacionalidad griega para hijos de inmigrantes

Los hijos de inmigrantes nacidos y criados en Grecia tendrán derecho a la nacionalidad griega, una medida que no comparte su socio de gobierno, el derechista –y xenófobo– partido de derecha nacionalista Griegos Independientes (ANEL).

10. Subida de las pensiones

Otra medida para hacer frente a la “crisis humanitaria” es la recuperación de la paga extraordinaria para pensiones de menos de 700 euros, eliminada por el Gobierno de Antonis Samaras. Una medida que se complementará a partir de finales de 2015 con la subida de las pensiones más bajas. Para financiar este incremento del gasto, el primer ministro anunció la creación de un fondo de pensiones financiado con los ingresos derivados de la explotación de riquezas naturales.

11. Lucha contra la evasión fiscal

Dentro de las iniciativas estrella para sufragar el aumento del gasto social, que había caído en los años de crisis un 60%, destaca la lucha contra la evasión fiscal y una reforma para que paguen los que más tienen. Los tramos de la declaración de la renta serán modificados para que aquellas personas con ingresos menores a 12.000 euros anuales no tengan que pagar este impuesto, al mismo tiempo que aumentan los controles de los grandes depósitos. De igual forma, Syriza ha anunciado la eliminación del impuesto sobre las primeras vivienda, una medida que vendrá acompañada por la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes propiedades.

http://www.attac.es/2015/02/17/las-11-medidas-de-syriza-para-el-otro-rescate-de-grecia/

Tiempo de definirse.

La crisis económica (y las condiciones miserables para un importante sector de la población), la corrupción política y la pérdida de derechos sociales y laborales -conquistados en décadas, arrebatados en meses-, han provocado en los últimos meses un proceso de politización y auge de alternativas. Lo que comenzó como un movimiento de protesta en las calles ha dado paso a nuevos políticos, con dirigentes conocidos y nuevas bases sociales.

Pero en un escenario como éste, donde hay tanta gente deseando la caída del andiamaje político basado en dos partidos, toca definirse, es decir, expresar de forma clara posiciones sobre temas fundamentales relacionados con la economía, la sociedad, la cultura y la educación. No vale con un ataque a la “casta”, dos declaraciones superficiales sobre la sanidad y educación pública y el deseo firme de acabar con la corrupción.

En suma:

-1 ¿Cómo organizará usted el Estado? ¿Será centralista, autonómico, federal…? ¿Y qué me dice de la forma: Monarquía o República?

-2. Más allá de la regeneración de esta democracia corrupta y decadente -es lo que muchos dicen-, ¿qué reformas piensa emprender para que eso no persista? No vale decir que consultaremos en asamblea a los ciudadanos, porque eso ya lo dice hasta Floriano.

3. ¿Cree usted en la primacía del poder civil, en la creación de un Estado laico? ¿Escuelas públicas, concertadas, universidades públicas, privadas, cómo financiarlas?

4. ¿Qué medidas tomará para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y reducir el paro?

Al final, no es lo mismo ser monárquico que republicano, neoliberal o socialista, de izquierda o derecha, reformista o revolucionario. Defínase y ya verá como el vendaval que cree arrastrar ahora se reduce. Y si prefiere la indefinición, la distancia entre el ideal y la realidad saltará por los aires.

Y ya sé que muchos dicen que no toca, que estamos en crisis, que los problemas importantes son otros. Pero ya puestos: ¿cómo va a gestionar la historia y memoria de la guerra civil y del franquismo; la reparación política, jurídica y moral de las víctimas? ¿Seguiremos rodeados de miedos y mentiras y ausencia de políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos?

Tiempo de definirse.

https://www.facebook.com/julian.casanovaruiz?fref=nf

Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú continúan su lucha por justicia

Tomado de: http://kaosenlared.net/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru-continuan-su-lucha-por-justicia/
Por Cristina Fontenele

Desde hace más de un año (enero de 2014), la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso.

Víctimas y organizaciones de derechos humanos se han movilizado para evitar el archivo de las investigaciones.

Para el abogado del caso, Julio Arbizu, “tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no sólo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”.

Sobre los cambios de fiscal del caso (Luis Antonio Landa será el nuevo responsable del proceso, substituyendo a Carmen Ibáñez), Arbizu espera que sea una decisión definitiva y no provisoria. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”.

Según Liz Meléndez, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Perú y miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “La justicia es una utopía para las mujeres.”

peruinforma

Intercambios de Procurador hacen vulnerable el proceso en la justicia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) expresó su preocupación por los casos investigados y cuyas víctimas no recibieron ningún tipo de compensación. El Comité recomienda al Estado que identifique a todas las mujeres víctimas de esa violencia, investigue, procese y castigue a los culpables, así como las debidas reparaciones a las víctimas.

Las primeras denuncias sobre las esterilizaciones ocurrieron entre 1988 y 2001, cuando fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012 a partir de un acuerdo entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado se comprometió a buscar una solución amistosa para algunos casos abiertos.

cuartopoder.es

Una de las historias más significativas del país fue la de la Sra. María Mamérita Mestanza, del distrito de La Encañada, Cajamarca (norte del país), fallecida por infección generalizada en abril de 1988, días después de una intervención forzada de esterilización. Este proceso es el único en el cual se reconoció la responsabilidad penal del Estado, indemnizando a la familia de la víctima con cerca de US$ 80 mil.

Entienda el caso

El ex presidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000), afectando a casi 300 mil mujeres y 22 mil hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.

senaalternativa

Cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron afectados por la política de esterilizaciones de Fujimori.

Las cirugías eran realizadas en los departamentos y provincias más pobres del país, especialmente en las zonas rurales. En la mayoría de los casos se trataba de la población indígena Quechua y Aimara. Mujeres embarazadas también fueron obligadas por agentes de salud a pasar por el procedimiento, que ponía cupos a cumplir.

Vea el video producido por Cladem Perú en colaboración con el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus) sobre los casos de esterilización en Perú.

Cristina Fontenele. Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y Experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG).

 http://www.adital.com.br/?n=cubh

Mineras canadienses cometen una serie de violaciones a los derechos humanos en América Latina

A través de http://kaosenlared.net/mineras-canadienses-cometen-una-serie-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-america-latina/

Por Marcela Belchior

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina.

00Fotografía: Niños expuestos a la contaminación de industria minera canadiense en el territorio de Perú. De Milagros Salazar/IPS.

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina. El TPP, organización independiente fundada en Italia, afirma que el Municipio de Ottawa (capital de Canadá) y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar la disidencia y cometer asesinatos selectivos.

El secretario general del Tribunal, el epidemiólogo y sanitarista italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y en Medicina, fue uno de los ocho jueces que tomaron la decisión. En una entrevista a la agencia de noticias IPS, destaca cómo las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional. “La batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, observa Tognoni. “Lo que se podía hacer se está haciendo, con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas. Para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, agregó.

Tognoni compara las situaciones de violación, como la provocada por las empresas canadienses, con tratados económicos, éstos sí con eficacia inmediata. El secretario general del TPP destaca que el conflicto establecido entre empresas transnacionales y los derechos humanos frecuentemente queda impune. “No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, critica.

Formalmente, Canadá debe defender en tierras extranjeras los mismos derechos que defiende en su propio territorio. Por el Principio de Maastricht, los derechos humanos, universalmente válidos, deben ser respetados por los Estados más allá de sus fronteras. Brechas jurídicas, falta de regulación adecuada y la falta de compromiso de los gobiernos y empresas privadas le abren el camino a la falta de respeto a los derechos humanos en varias partes del mundo.

La sentencia del TPP, reunida en un documento de 86 páginas, señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen sede en Canadá. Además, indica que compañías canadienses tienen inversiones estimadas en más de 50 mil millones de dólares solamente en el sector de extracción en América Latina. Eso representa entre el 50% y el 70% del total de ese tipo de actividad en el continente. “Y el veredicto muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, resaltó Tognoni.

La sentencia no tiene poder concreto de aplicación, ya que el TPP no tiene legalmente el carácter de una Corte Judicial. El Tribunal funciona como un apoyo a las comunidades afectadas en la documentación de abusos cometidos contra las poblaciones, proposición de debate y refuerzo de la presión por la atención a los derechos de los pueblos. En este sentido, el TPP hizo recomendaciones al gobierno canadiense y a las empresas mineras involucradas, así como a agencias y organizaciones internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Con informaciones de IPS Noticias)

Marcela Belchior

«La violencia invisible es la más peligrosa porque está aceptada socialmente»

Angélica Cuenca, durante la conferencia organizada por el Aula de Cultura de SUR.
Angélica Cuenca, durante la conferencia organizada por el Aula de Cultura de SUR. / Álvaro Cabrera
  • La psicóloga Angélica Cuenca analiza el maltrato en parejas adolescentes durante una charla organizada por el Aula de Cultura de SUR

Si el 30% de los jóvenes justifica la violencia y las adolescentes no se sienten representadas cuando se habla de estas agresiones de género, algo falla en la sociedad. «La violencia invisible es la más peligrosa porque está aceptada socialmente». La psicóloga Angélica Cuenca, que ayer ofreció en el Aula de Cultura de SUR la conferencia ‘Violencia invisible en parejas adolescentes’, advirtió sobre la complicación que supone luchar contra ella porque «no se detecta, se tolera y está inmersa en la cultura».

Cerca de un centenar de personas acudieron hasta la Sociedad Económica Amigos del País para asistir a la charla. Esta experta estableció tres tipos de vertientes: la psicológica, la sexual y la social. «Todo el mundo tiene asociada la violencia de género a la física, pero hay otras mucho más peligrosas», resumió. Cuenca, que en diferentes ocasiones se dirigió a los numerosos adolescentes presentes en la sala, dijo que también es preocupante que las chicas sean controladas por sus parejas, que les fuercen a darles las contraseñas de las redes sociales o que las obliguen a mantener relaciones sexuales.

Sobre este último punto, la psicóloga se detuvo especialmente porque «la sexual es la más naturalizada de todas». Y para ello comenzó recordando el ejemplo de una violación que se puede ver en una de las películas de la saga Torrente. «A los chicos les da risa y se lo toman a broma, cuando se trata de un hecho realmente serio». En este sentido, argumentó que el 99% de las adolescentes han sufrido este tipo de violencia a lo largo de su vida pese a que sólo el 6,3% de las chicas aseguran sentirse presionadas para mantener relaciones. «A las mujeres nos educan con el miedo a que nos violen; pero las mayoría de las agresiones se dan en el ámbito de la pareja; es lo que yo llamo la violación por confianza».

Escupen a las chicas

Esta experta en violencia de género lamentó que en la actualidad comienzan a darse casos de adolescentes que incluso «escupen a las chicas como símbolo de menosprecio» y que ellas no siempre lo ven como algo ofensivo. «Hay que tener en cuenta que la violencia siempre va en aumento; una vez que se instala siempre va a más en frecuencia y en brutalidad». Empieza con el control y las limitaciones a salir con los amigos, continúa con las amenazas y termina con la violencia sexual y la física. Llegados a este punto, el problema se vuelve aún mayor por lo complicado que resulta escapar de esta repetición de insultos y agresiones. Y más cuando las mujeres llevan interiormente asimilado lo que se conoce como la ley del dominio –«desde pequeñas tenemos arraigado el sentimiento de culpa»– y la ley del agrado –«hay que agradar por encima de todo, ser servicial, educada y dulce»–.

Por eso reconoció que escapar de una situación así es muy complicado, aunque no imposible. «El proceso de la violencia va desgastando; la mujer no deja a su agresor porque no tiene capacidad para salir;está achicharrada», resumió. Ypor ello consideró clave la formación continua en todos los ámbitos, desde el escolar hasta el familiar: «Debería ser tan importante como las matemáticas».

http://www.diariosur.es/malaga-capital/201502/17/violencia-invisible-peligrosa-porque-20150216234736.html

Explotación de los presos por empresas con Expedientes de Regulación de Empleo

IU logra que el PP prohíba la explotación de los presos por empresas con EREs

LUIS DíEZ | Publicado: 17/2/20

Alberto_Fabra_Istobal

La Izquierda Plural ha conseguido que el PP prohíba la explotación de los presos en beneficio de empresas que han despedido trabajadores. La proposición de ley que defendió en la Comisión de Interior el diputado de IU Ricardo Sixto para prohibir esa práctica fue aceptada por los populares y respaldada por el PSOE, aunque no por CiU, que gobierna en Cataluña y posee la competencia sobre las prisiones catalanas. Su portavoz Feliu Joan Guillaumes dijo que “estaríamos bloqueando el acceso de algunas empresas a un mecanismo que les permite sortear el bajón de la crisis” y anunció su abstención. La representante del PP, Ana Belén Vázquez, manifestó, en cambio, que “no podemos permitir que las empresas que hacen Eres y despiden gente cubran su producción con el trabajo de los presos”. Víctor Morlán, del PSOE, tildó de “abuso” estas prácticas y reclamó que se actualicen los módulos salariales de los reclusos, congelados desde hace cuatro años, y que el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios se transforme de una vez en entidad administrativa.

Cientos de presos están siendo utilizados como mano de obra barata, tirada de precio, por varias empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo y echado a la calle a decenas de trabajadores. La denuncia llegó al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley de los diputados de IU José Luis Centella y Ricardo Sixto y puso al PP en la tesitura de avalar o rechazar con su voto en la Comisión de Interior esa política del ministro Jorge Fernández Díaz y de su subordinado, el veterano secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernándo, consultó a La Moncloa y comunicó a su colega de IU, Centella, la aceptación de la propuesta a cambio de una enmienda pro forma de su grupo.

La explotación laboral de los presos fue destapada hace ocho meses en Valencia, donde los dueños de la empresa Istobal, con excelentes relaciones con el presidente valenciano Alberto Fabra, firmaron un convenio con Yuste para conseguir mano de obra barata de los reclusos de Picassent después de haber echado a la calle a ochenta trabajadores en dos expedientes sucesivos de regulación de empleo desde finales de 2011.

Unas fechas antes, en junio de 2014, la Asociación de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, Acaip-USO, trasladó a los grupos parlamentarios la información de que la multinacional alemana Merak, que viene despidiendo trabajadores desde 2009, está utilizando los talleres de las cárceles de Ocaña I y Ocaña II como centros de producción en los que trabajan unos 150 reclusos ensamblando aparatos de aire acondicionado para trenes y otros vehículos. La denuncia de Acaip era muy seria porque la empresa alemana ha realizado dos EREs –el último en 2012– y echado a la calle a 73 trabajadores de una plantilla de 450 en su factoría de Getafe (Madrid) y porque obligaba a más de 50 empleados a realizar su trabajo diario en los talleres de las prisiones de Ocaña junto a los reclusos, con los consiguientes riesgos de seguridad. Según dijo entonces Juan Figueroa, vicepresidente del sindicato Acaip, “el régimen de vida de la cárcel está subordinado a las necesidades de producción de la empresa”.

La alemana Merak, que surte de frenos y sistemas de aire acondicionado a los trenes convencionales y de alta velocidad y a los metros de medio mundo, ya reconoce que le trae más a cuenta trasladar la producción de determinados componentes de China a España. Su factoría getafense fue visitada por el rey Felipe VI cuando era príncipe heredero. Recibió además la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y secretaria de prisiones Mercedes Gallizo. Cierto que entonces no había planteado el primer ERE que dejó en la calle a 40 trabajadores.

Felipe_VI_Merak

Ese precedente de sustitución de plantillas por el trabajo de los presos fue visto con voracidad por algunos empresarios avispados, que además de pagar unas míseras retribuciones a los reclusos, a tres euros la hora o por pieza acabada, según los casos, se ahorran una parte de la cotización a la Seguridad Social que corre a cargo de Trabajos Penitenciarios, y los costes laborales relacionados con los talleres, el agua, la energía y el vestuario.

Otra empresa de trenes, aunque de lavado de vehículos, la mencionada Istobal, se sumó al carro de la sustitución del trabajo de su plantilla por el más ventajoso de los presos. Esa sociedad fabrica e instala estaciones de lavado en varios países y facturó unos cien millones de euros el último año. Se acogió al convenio con Prisiones para que los presos elegidos de Picassent trabajaran media jornada montando aspiradoras, alfombrillas y otros complementos de limpieza del automóvil, en función de las necesidades, es decir, de los pedidos.

El “chollo” de los presos fue “una solución” para que Istobal pudiera seguir la producción después de dos Expedientes de Regulación de Empleo, uno en 2011 que supuso el despido de 53 trabajadores, y otro en 2013 que dejó a 27 en la calle. El propio director general de la compañía, Rafael Tomás Alfaro, dijo que habían apelado al trabajo de los presos “para conseguir flexibilidad”, es decir, que la reforma laboral y los mil y un modos de contratación les venía mal, y “porque la línea de producción no era rentable; teníamos que volver a ser competitivos y con esta medida lo conseguimos”. El directivo se jactaba de que gracias al convenio con Prisiones no habían trasladado la producción a Portugal o a Turquía.

Otras muchas empresas se benefician del trabajo de los presos con unos salarios que en la mayor parte de los casos no llegan a la mitad del mínimo interprofesional pero que en todo caso es muy interesante para los reclusos porque les permite redimir condena, ayudar a sus familias y acumular un periodo cotizado a la Seguridad Social para la jubilación. Los sindicatos de funcionarios de prisiones coinciden en que la mayoría de los internos desean trabajar. Y la Administración penitenciaria, que cuenta con 146 talleres, facilita la labor mediante convenios con empresas y asociaciones empresariales sin que le importen los despidos ni el dumping social que está provocando. Así, empresas como Industrias Ochoa, utiliza 150 internos de Picassent para producir abrazaderas para la multinacional Hilti. Adequa Uralita utiliza un centenar de presos de Alcalá-Meco (Madrid). Jesús Romero e Hijos (de Guipúzcoa) produce en Estremera (Madrid) con una plantilla de setenta presos.

Y a Instituciones Penitenciarias, es decir, al veterano Yuste, quien ya se ocupó Del negociado a finales del siglo XX con los gobiernos de Aznar, le va bien si tenemos en cuenta los beneficios de 5 millones de euros con una facturación de 162 millones en 2012. La facturación bajó a 158 millones en 2013. La proposición no de ley de IU subraya que 3.119 presos de los 12.217 que trabajaron en los talleres penitenciarios lo hicieron directamente para empresas privadas. Esa cifra se ha reducido a 3.090 internos, según la memoria de Prisiones de 2013, que recoge un promedio laboral de tres horas diarias de los internos, cuya cotización social corre a cargo de Trabajos Penitenciarios en todos los casos. Lo que Izquierda Plural exige en su proposición se reduce a una cuestión de decencia: “Que el Gobierno adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con prisiones de forma que ni puedan utilizar infraestructura penitenciaria ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva”.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/02/17/iu-emplaza-al-gobierno-no-explotar-los-presos-favor-de-empresas-con-eres/15348

Acción Mundial en defensa del derecho de huelga.

La Confederación Sindical Internacional convoca el 18 de febrero una jornada de acción mundial en defensa del derecho de huelga

Más de 300 sindicalistas están sometidos a procedimientos penales y administrativos por defender los derechos de los trabajadores.

| 09 Febrero 2015 – 18:12 h.
Foto: Confederación Sindical Internacional (CSI)​

Foto: Confederación Sindical Internacional (CSI)​

Sin derecho de huelga efectivo, no hay equilibrio posible en las relaciones de trabajo

CCOO y UGT han convocado manifestaciones y concentraciones coincidiendo con la Jornada de Acción Mundial en defensa del derecho de huelga convocada por la CSI. En España, según ha recordado el secretario general de CCOO, José Ignacio Fernández Toxo, esta convocatoria está más que justificada: “Más de 300 sindicalistas están sometidos a procedimientos penales y administrativos por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

“Sin derecho de huelga efectivo, no hay equilibrio posible en las relaciones de trabajo. El conflicto capital-trabajo se desequilibra en favor de una de las partes, y no precisamente de la del más débil, los trabajadores y trabajadoras”, ha explicado Toxo sobre la ofensiva contra el derecho de huelga.

“En España se penaliza el derecho de huelga”, han denunciado los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, durante la presentación en rueda de prensa de la Jornada de Acción Mundial del próximo 18 de febrero convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) contra la posición del grupo de empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que mantiene bloqueado el derecho de huelga con el consiguiente debilitamiento de la libertad sindical.

En nuestro país las movilizaciones, que se llevarán a cabo en las capitales de provincia de todo el país, “están más que justificadas”, señalan.

Reclamamos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que vulnera el derecho de huelga, así como la retirada del proyecto de reforma del Código penal y de la modificación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, con los que el Gobierno pretende incorporar nuevas restricciones  al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación que, junto al derecho de huelga, constituyen una herramienta imprescindible de la libertad sindical”, concluyeron Toxo y Méndez.


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