La ONU advierte a España de que la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal “socavan” Derechos Humanos

Confían en que se adopten las medidas necesarias

RIS espera que el Gobierno “tenga en cuenta” estas advertencias

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.

La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.

Según explican, “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, plantean.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería “podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

“LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN”

Asimismo, el relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto “vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio”, limitándolo “marcadamente”.

“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuanto al Código Penal, afirman que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y citan como ejemplo que se trate como “circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa'”.

“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalca Maina Kiai.

“PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA”

Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem “conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’, los expertos consideran que “son excesivamente amplias e imprecisas”.

“Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet”, denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

“QUE SE TENGA EN CUENTA”

Rights International Spain (RIS), que viene trabajando para evitar que ambas normas vean la luz en su redactado actual por considerar que vulneran derechos fundamentales en diversos ámbitos, se había dirigido entre otros organismos a algunos de los relatores especiales de Naciones Unidas que se pronuncian ahora en este escrito advirtiendo del contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno.

“Desde la ONU se respaldan muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta. Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha señalado la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-relatores-onu-advierten-espana-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-socavan-derechos-humanos-20150223150631.html

Mineras canadienses cometen una serie de violaciones a los derechos humanos en América Latina

A través de http://kaosenlared.net/mineras-canadienses-cometen-una-serie-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-america-latina/

Por Marcela Belchior

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina.

00Fotografía: Niños expuestos a la contaminación de industria minera canadiense en el territorio de Perú. De Milagros Salazar/IPS.

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina. El TPP, organización independiente fundada en Italia, afirma que el Municipio de Ottawa (capital de Canadá) y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar la disidencia y cometer asesinatos selectivos.

El secretario general del Tribunal, el epidemiólogo y sanitarista italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y en Medicina, fue uno de los ocho jueces que tomaron la decisión. En una entrevista a la agencia de noticias IPS, destaca cómo las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional. “La batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, observa Tognoni. “Lo que se podía hacer se está haciendo, con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas. Para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, agregó.

Tognoni compara las situaciones de violación, como la provocada por las empresas canadienses, con tratados económicos, éstos sí con eficacia inmediata. El secretario general del TPP destaca que el conflicto establecido entre empresas transnacionales y los derechos humanos frecuentemente queda impune. “No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, critica.

Formalmente, Canadá debe defender en tierras extranjeras los mismos derechos que defiende en su propio territorio. Por el Principio de Maastricht, los derechos humanos, universalmente válidos, deben ser respetados por los Estados más allá de sus fronteras. Brechas jurídicas, falta de regulación adecuada y la falta de compromiso de los gobiernos y empresas privadas le abren el camino a la falta de respeto a los derechos humanos en varias partes del mundo.

La sentencia del TPP, reunida en un documento de 86 páginas, señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen sede en Canadá. Además, indica que compañías canadienses tienen inversiones estimadas en más de 50 mil millones de dólares solamente en el sector de extracción en América Latina. Eso representa entre el 50% y el 70% del total de ese tipo de actividad en el continente. “Y el veredicto muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, resaltó Tognoni.

La sentencia no tiene poder concreto de aplicación, ya que el TPP no tiene legalmente el carácter de una Corte Judicial. El Tribunal funciona como un apoyo a las comunidades afectadas en la documentación de abusos cometidos contra las poblaciones, proposición de debate y refuerzo de la presión por la atención a los derechos de los pueblos. En este sentido, el TPP hizo recomendaciones al gobierno canadiense y a las empresas mineras involucradas, así como a agencias y organizaciones internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Con informaciones de IPS Noticias)

Marcela Belchior

Acción Mundial en defensa del derecho de huelga.

La Confederación Sindical Internacional convoca el 18 de febrero una jornada de acción mundial en defensa del derecho de huelga

Más de 300 sindicalistas están sometidos a procedimientos penales y administrativos por defender los derechos de los trabajadores.

| 09 Febrero 2015 – 18:12 h.
Foto: Confederación Sindical Internacional (CSI)​

Foto: Confederación Sindical Internacional (CSI)​

Sin derecho de huelga efectivo, no hay equilibrio posible en las relaciones de trabajo

CCOO y UGT han convocado manifestaciones y concentraciones coincidiendo con la Jornada de Acción Mundial en defensa del derecho de huelga convocada por la CSI. En España, según ha recordado el secretario general de CCOO, José Ignacio Fernández Toxo, esta convocatoria está más que justificada: “Más de 300 sindicalistas están sometidos a procedimientos penales y administrativos por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

“Sin derecho de huelga efectivo, no hay equilibrio posible en las relaciones de trabajo. El conflicto capital-trabajo se desequilibra en favor de una de las partes, y no precisamente de la del más débil, los trabajadores y trabajadoras”, ha explicado Toxo sobre la ofensiva contra el derecho de huelga.

“En España se penaliza el derecho de huelga”, han denunciado los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, durante la presentación en rueda de prensa de la Jornada de Acción Mundial del próximo 18 de febrero convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) contra la posición del grupo de empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que mantiene bloqueado el derecho de huelga con el consiguiente debilitamiento de la libertad sindical.

En nuestro país las movilizaciones, que se llevarán a cabo en las capitales de provincia de todo el país, “están más que justificadas”, señalan.

Reclamamos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que vulnera el derecho de huelga, así como la retirada del proyecto de reforma del Código penal y de la modificación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, con los que el Gobierno pretende incorporar nuevas restricciones  al ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación que, junto al derecho de huelga, constituyen una herramienta imprescindible de la libertad sindical”, concluyeron Toxo y Méndez.


Cómo ganar dinero desahuciando bebés de viviendas públicas

En la mañana del viernes 23 de enero de 2015, un dispositivo de unos cincuenta policías antidisturbios ejecutó el desahucio de Wilson Ruilova y Cecilia Paredes, de 35 y 43 años, y sus tres hijos, de 16 y 7 años y mes y medio de edad.

La vivienda, sita en el número 68 de la Avenida de las Suertes del barrio de Vallecas de Madrid, fué adjudicada a la familia cuando era de protección oficial por el Ayuntamiento de Madrid en 2009 a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La EMVS, para reducir su deuda, que ascendía a 630 millones, vendió 1.860 viviendas públicas por 128,5 millones, con sus inquilinos dentro, a Fidere, filial en España del fondo buitre de inversión estadounidense Blackstone, entre ellas la de Wilson y su familia.

El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar, a precio muy bajo, deuda pública de entidades cercanas a la quiebra, para después intentar cobrar la totalidad de su valor.

Wilson, electricista en paro, y Cecilia, cuidadora también en el paro, y sus hijos viven con unos ingresos mensuales de 391€ al mes procedentes de un subsidio del Estado con los que no pueden hacer frente al alquiler, que de 480€ ha subido hasta 700€.

Intentaron negociar con Fidere un alquiler al que pudieran hacer frente, sin éxito.

España se somete al examen de la ONU sobre derechos humanos

Los países miembros interrogarán este miércoles a España sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, el trato a los inmigrantes o la limitación de la Justicia Universal. 

Protestas contra la 'ley Mordaza' en Madrid. AFP

Protestas contra la ‘ley Mordaza’ en Madrid. AFP

MADRID. -España ha firmado gran parte de los tratados y convenios internacionales referentes a derechos humanos, pero ¿Está cumpliendo realmente con sus obligaciones y compromisos? Esto es lo que pretende averiguar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este miércoles somete a España al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación por la que deben pasar todos los Estados miembros para rendir cuentas sobre esta materia cada cuatro años.

Durante aproximadamente tres horas y media, España deberá contestar en Ginebra a las preguntas de los otros 191 países miembros, que elaboran su interrogatorio a partir de la información proporcionada por los informes del propio Gobierno español, las instituciones y organismos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. En un informe que no se hará público hasta el viernes, cada país expondrá sus recomendaciones, que España es libre de aceptar o no.

Aunque la mayoría de las preguntas que los diferentes países harán a España todavía se desconocen, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho públicas las cuestiones del interrogatorio que algunos de los Estados ya han dirigido por adelantado.

Las preguntas versarán sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, inmigración o violencia de género

Llama la atención el interés sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ‘ley Mordaza’, que es puesta en entredicho, por ejemplo, por República Checa, Noruega, Suecia y Reino Unido. Este último país, en concreto, elabora la siguiente pregunta: “Por favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones menores?”

Otra pregunta frecuente, al menos entre los países que las han adelantado (siete hasta el momento) se refiere a cuestiones de violencia de género o inmigración, enfocado sobre todo a la implementación del Real Decreto Ley 16/2012 que limita la asistencia sanitaria a los extranjeros.

“¿Las autoridades aseguran que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos por parte de detenidos o de inmigrantes ilegales están sujetas a una investigación imparcial y que los migrantes en situación irregular tienen acceso a servicios de salud bajo la ley española?”, pregunta Holanda.

Según los documentos publicados por la Oficina del Alto Comisionado, también habrá preguntas a la limitación del Gobierno a la Justicia Universal, por el que muchos crímenes internacionales ya no podrán ser perseguidos desde instancias españolas.

Muchas de estas preguntas caminan en la línea de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país, que con motivo del Examen Periódico Universal denuncian vulneraciones reiteradas, sobre todo en materia de inmigración, sanidad, torturas y desapariciones, libertad de expresión y reunión o en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

“España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, asegura Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional que ha acudido a Ginebra y estará presente durante el interrogatorio.

Es la segunda vez que España se somete al examen. En 2010, aceptó 98 de las 120 recomendaciones.

Además de Amnistía, otras organizaciones de derechos humanos como Médicos del Mundo, Center for Economic and Social Rights y la Red Acoge ponen el acento en la merma de derechos que ha supuesto la aprobación de la reforma sanitaria y “la imposición” de otras políticas de austeridad que, aseguran “ha puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables”, sobre todos los de la infancia.

Eslovenia, por ejemplo, se hace eco de estas cuestiones y preguntará a España sobre qué servicios básicos de salud siguen disponibles de forma gratuita para los niños son cobertura médica y si existe garantía de que los niños migrantes en situación irregular serán atendidos en la sanidad básica gratuita.

Recomendaciones incumplidas

Esta es la segunda vez que España se somete al Examen Periódico Universal. La primera lo hizo en 2010, cuando aceptó 98 de las 128 recomendaciones formuladas por otros Estados, aunque Amnistía denuncia que algunas no se han aplicado.

En aquella ocasión, 17 países hicieron recomendaciones a España en relación a la tortura y otros malos tratos, 8 pusieron el foco en la violencia contra las mujeres y hubo 25 recomendaciones relativas al racismo y la discriminación de las personas migrantes. Amnistía denuncia que España, pese a haber aceptado casi todas de ellas, sigue en muchos casos sin cumplirlas o sin implementar medidas para mejorar la situación.

[Otro paso del regimen] Aprobaron anteproyecto de la Ley Mordaza: En breve todxs seremos terroristas

Por Kaos. Criminalización y represión

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Con absoluta hipocresía y cinismo el gobierno ha alegado que la ley de Seguridad Nacional no reprime las libertades y no constituye una amenaza para las propiedades privadas de los ciudadanos.  La verdad es que  escraches, huelgas con piquetes y otras protestas ciudadanas serán delitos de TERRORISMO!

Que agregar que no vengamos informando acerca de esta ley totalitaria y reprsiva que sanciona el disenso y la lucha por la igualdad, la libbertad y la justicia. Lo que debemos saber es que estamos en la cuenta regresiva para su aprobación y por ende la criminalización generalizada de la gente que disienta, proteste y se manifieste.

Repercusión en las redes sociales:

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Adelanto del diccionario de la RAE 2016: TERRORISTA: Dícese del q haga algo q no le guste al gobernante. #YoNoSoyTerrorista #LeyMordaza NO!

El PP enarbola la seguridad como tema estrella de su campaña

El Gobierno aprueba una ley que recoge la situación inédita de “interés para la seguridad nacional” y da más poder al presidente. Los conservadores celebran hoy y mañana un foro para explicar las medidas del Ejecutivo.

MADRID.- Desde La Moncloa y desde el PP insisten continuamente en que la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley de seguridad nacional y la celebración del Foro Libertad y Seguridad estaban previstos desde hace bastante más tiempo de que se produjeran los ataques en París la semana pasada. De hecho, la vicepresidenta ha advertido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo de que la norma que inicia hoy su andadura es independiente del futuro plan nacional de lucha contra el terrorismo yihadista, que el Gobierno pactó con el PSOE.

Sin embargo, casualidad o no, la seguridad se ha convertido en uno de los temas estrella que centrarán la campaña electoral del PP para las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, reconocen los conservadores. Máxime en un momento en el que la población europea -y la española no es una excepción- permanece en estado de alerta por el incremento de la amenaza yihadista, que se ha materializado ya en Francia y en Bélgica.

El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que da más poder al presidente del Gobierno y le permite declarar la situación inédita de “interés para la seguridad nacional”, un estadio anterior a los de alarma, de excepción o de sitio, aunque el nuevo puede declararlo el jefe del Ejecutivo y los otros tres -que la nueva ley también regula- requieren de la aprobación del Gobierno en pleno o del Parlamento. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado asimismo -y ha insistido varias veces en este punto- que la situación de “interés para la seguridad nacional” no implica la “suspensión” en caso alguno de los “derechos y libertades” de los ciudadanos, algo que sí ocurre en los grados posteriores. El último caso de estado de alarma, ha recordado la portavoz del Ejecutivo, lo vivimos con la huelga de controladores en 2010.

Desde la ley de 1981

El estado de “interés para la seguridad nacional” se adoptará ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración, aunque su gravedad no alcanza la necesidad de declarar el estado de alarma, excepción o sitio contemplados en la ley de 1981. La nueva norma busca incrementar las capacidades del Estado para responder a desafíos y amenazas, define competencias en materias como la ciberseguridad, la seguridad marítima o la seguridad financiera, así como el medio ambiente, los transportes o las telecomunicaciones.

La ley de seguridad nacional empezó a andar en 2012, con la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la aprobación de una Estrategia que incluía la aprobación de la norma seis meses después; se ha aprobado, pues, con mucho retraso. La mejora de la coordinación y un funcionamiento más integrado es el objetivo prioritario de esta ley, para cuya elaboración se ha contado con los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior y con Presidencia del Gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional la aprobó el pasado 31 de octubre.

Alfano, invitado estrella del PP

Dos horas después de finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy, el PP celebra el Foro Libertad y Seguridad, inaugurado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Cuenta, además, con la participación del director de Gabinete del presidente Mariano Rajoy, Jorge Moragas, que leerá un documento de elogio explícito sobre la ley del Ejecutivo aprobada horas antes: ‘El nuevo sistema de seguridad nacional. Un compromiso cumplido’.

El Foro del PP será clausurado el sábado 17 por el presidente del Gobierno y viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Angelino Alfano. El responsable de la seguridad de Italia, que fuera señalado ‘delfín’ del exprimer ministro Silvio Berlusconi, es un habitual de los actos del PP. El año pasado, por estas mismas fechas, Alfano participó en la Convención Nacional que los conservadores celebraron en Valladolid.

http://www.publico.es/politica/pp-enarbola-seguridad-tema-estrella.html

http://kaosenlared.net/otro-paso-del-regimen-aprobaron-anteproyecto-de-la-ley-mordaza-en-breve-todxs-seremos-terroristas/

Cambiamos de año, pero no de injusticias.

Acabó el 2014 con sombras y luces.

Sombras porque ha sido un año de menos actividad en el blog, me ha pillado con menos entusiasmo por publicar, lo que por supuesto se ha traducido en un descenso de visitas, poco más de 11.000 en comparación de las más de 26.000 de los años 2011 y 2012.

Siguen teniendo visitantes las noticias sobre bebés robados a pesar de ser antiguas y ante eso debo aclarar que no es un tema ante el que pase sino que, así como antes había que dar a conocer esa lucha por los derechos de madres e hijos, ahora pienso que, aunque no solucionado, al menos esa lucha todavía dura está ya suficientemente canalizada como para poder acudir a asociaciones sobre bebés robados, presentes en cualquier provincia, que son las plataformas unificadas para seguir luchando por conseguir que se reconozcan sus derechos y lograr llegar a la verdad y en determinadas ocasiones al feliz encuentro tan anhelado.

Año también de algunas luces, pequeños triunfos o satisfacciones simbólicas como son el haber sobrepasado las 100.000 visitas al blog o la nominación con el Premio Dardos, premio otorgado por otros blogueros para dar un empujoncito, un premio más que de reconocimiento de cariño y de apoyo a la labor de mantener un blog. Fue Loretta Maio quien me lo adjudicó, autora del blog del mismo nombre, excelente bloguera y mejor persona, atenta y cariñosa, blog que sigo y que recomiendo visitéis.

Dicho premio lleva aparejadas unas condiciones como son nombrar al blog que me lo concedió, cosa que hago ahora (https://lorettamaio.wordpress.com/) y nominar a otros blogs merecedores de dicho premio, dicen que 10, pero es una condición que no voy a cumplir dado que no acostumbro a seguir cadenas de este u otros tipos.

Hay blogs merecedores de ese y mayores premios pero por una parte los de temática parecida a la este blog, denuncia de injusticias y defensa de derechos humanos, pienso que estos premios no entran en su filosofía y otros preciosos blogs que sigo personalmente, de poesía, literatura y otros temas relajantes, remansos dentro de este mundo tan injusto, al ser la temática tan diferente a esta, tampoco me parece que deba inmiscuirlos o compremeterlos con mis nominaciones, aparte de que ya la mayoría de ellos cuenta con este y otros más importantes premios.

Agradezco en el alma este detalle de ánimo, apoyo y cariño por parte de Loretta y confío en que no se moleste por no seguir dicha cadena.

Por distintas circunstancias acabé el año 2014 con intención de no continuar con el blog pero por el momento continuaré denunciando atropellos e injusticias y apoyando las luchas por los derechos de personas, colectivos o pueblos, tristemente cada vez más oprimidos y reprimidos por los poderosos e incluso los propios gobiernos.

Lamentablemente en lugar de avanzar en el bienestar, en el reconocimiento de derechos y ayuda a los menos favorecidos, cada vez hay más injusticias, más opresión y más violencia contra los humildes, el pueblo llano, los desfavorecidos, cada vez más despotismo y más avaricia y ambición por parte de los poderosos, los que precisamente tienen los medios para que el mundo juese más justo y la vida mejor, y todo esto sin distinción de razas ni de países.

En lugar de lograr la igualdad en derechos y bienestar, es en las injusticias y la represión donde parece no haber discriminaciones en cuanto a ser víctimas aunque sí que las hay en la intensidad de esa represión, mucho mayor hacia las mujeres, hacia los pueblos indígenas y hacia los más desprotegidos.

Con razón dicen que “las serpientes muerden los pies descalzos” y esas serpientes cada día aumentan y son más agresivas y únicamente todos los pueblos unidos podremos eliminar o neutralizar.

A pesar de todo esto deseo a todos un feliz año 2015, que logréis mejorar vuestra vida y conseguir lo que deseáis y os animo a poner cada uno su parte para lograr un mundo mejor.

Feliz año de cambio

Que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas

Beatriz Gimeno 

25/12/2014 – 19:12h

La semana pasada volvía a Madrid en avión y, por la razón que fuera, tuvimos que dar unas vueltas antes de tomar tierra. Mirando por la ventanilla, a esa altura en la que se ven los huesos y las venas de las ciudades, e incluso se distinguen los coches, lo que se distinguía muy claramente era una línea de cemento que como un río tranquilo se delineaba al lado de las autopistas atestadas. Una línea larga, ancha y completamente vacía que discurría en muchos tramos paralela a la otra vía llena de coches. Y al final de ambas esperaba el atasco de entrada a Madrid en hora punta. Era evidente que nadie iba a pagar por llegar un poco antes al atasco de entrada, era evidente que las radiales de pago iban a ser un fracaso, era evidente que se hicieron no por necesidad, sino por la razón por la que en España se vienen haciendo las obras públicas desde hace mucho, por dinero: dinero que se va distribuyendo por medio de comisiones entre muchos actores opacos, dinero de sobreprecios, dinero del rescate con intereses que se pacta desde el comienzo de la obra. El final es ya conocido: la obra es un inmenso fiasco, pero no importa porque los que hacen negocio se han enriquecido un poco más y porque al final el fiasco lo pagamos nosotros y nosotras.

Lo hemos visto con auditorios enormes vacíos e innecesarios, autopistas, hospitales que no sirven, aeropuertos, estaciones de tren, edificios mastodónticos o almacenes de gas que provocan terremotos. Siempre hay dinero para construir lo que no hace falta, lo que nadie quiere, lo que es peligroso o contaminante; y hay dinero también, lo que sea necesario,  para tratar de reconstruir el desaguisado o, simplemente, para devolvérselo a quienes antes lo han tirado, y lo han tirado porque saben que llegará más.  2400 millones de euros es lo que nos quitan para dárselo a los dueños de unas autopistas que cualquier persona normal hubiera predicho que iban a ser un desastre. Pero eso no importa porque ese es el verdadero negocio de estas obras inútiles, faraónicas, carísimas e innecesarias: el rescate. Que se lo digan a Florentino Pérez, que al final va a recibir 4000 millones entre devolución más los intereses de su proyecto de almacén de gas Castor. Todo para el pueblo, Todo el poder para los soviets, Power to the people… A estos lemas históricos habría que sumar otro, el de la revolución neoliberal, uno que se cuidan de ir gritando por las calles pero que se  saben de memoria en los despachos: “Todo el dinero para los ricos”.  Lo bueno es que ya nos vamos dando cuenta de que ese “todo” se refiere a nuestro dinero; es decir, al que se destinaba a pagar aquello que necesitamos para poder vivir: la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes, la energía, todo lo que es o debería ser común.

El mismo día en que yo aterrizaba en Madrid y veía desde arriba ese inmenso timo, perpetrado entre otros por quien ahora se postula para alcaldesa de Madrid, los enfermos de hepatitis C se encerraban en el hospital 12 de octubre para pedir que se les administre un medicamento que les puede salvar la vida. Los habituales defensores de la vida embrionaria y fetal, en cambio, no tienen opinión sobre las vidas de estas personas que están condenadas a morir porque los ricos, las farmacéuticas en este caso, han puesto un precio absurdo, desorbitado y criminal a un medicamento; y también porque los políticos que nos gobiernan, y que son los que supuestamente velan por el bien común, solo velan, en realidad, para detraer dinero público y enviarlo a los bolsillos de quienes más tienen, y no para distribuirlo, faltaría más, en las necesidades de la gente, aunque sean necesidades vitales.

Ya sé que la mayoría de los que leemos este diario lo sabemos; ya sé que mucha gente lo sabe aunque no debe saberlo la suficiente puesto que los políticos que nos han hecho esto siguen sacando cotas inexplicables de votos. Por eso no podemos dejar de insistir, de golpear la misma piedra hasta que la piedra se haga añicos. Repitan conmigo: 1350 millones de euros al proyecto Castor (al final serán 4000 millones); 2400 millones de euros a las innecesarias autopistas de  peaje; 3000 millones regalados a las empresas eléctricas porque sí; 100.000 millones (o más)  a bancos y cajas de ahorros, a los de las tarjetas black, a los de las preferentes, a los estafadores de jubilados y de pequeños ahorradores. Y esto son solo las cifras más llamativas, las otras, las que hablan de millones de euros diseminados en proyectos o negocios que significan dinero público que se detrae de nuestras vidas para acabar en los bolsillos de alguien… esos son literalmente innumerables; la última semana, por ejemplo,  una imprescindible Torre del Vino por más de 4 millones de euros en Socuéllamos y que no va a visitar nadie (podéis llamarme vidente). Una obra inaugurada por la misma Cospedal en cuya comunidad los enfermos mueren en los pasillos porque el dinero para cuidarles ha ido a la torre del vino, a muchas torres y a unos pocos bolsillos.

En los pasillos del hospital 12 de octubre los enfermos y las enfermas de hepatitis C y sus familiares esperan con la angustia de los condenados a muerte un medicamento que les salve la vida. Estas personas no han robado a nadie, no se han enriquecido a costa de nadie, sino que son las víctimas de los robos de otros.  Pensemos por un instante en un sistema que pone un precio de 25.000 euros a un tratamiento médico y que, en cambio, pone un precio de cero euros a la vida humana. Pensemos en unos supuestos representantes públicos que hacen lo contrario exactamente de lo que la gente quiere que hagan, que gestionan lo que es de todos de manera que acabe en los bolsillos de muy pocos. Sigamos repitiendo las obviedades porque no deben ser tan obvias cuando tanta gente aún no lo acaba de tener claro. Sigamos dando y dando a la piedra hasta que no quede piedra donde dar.

Os deseo a todos y todas, y deseo para mí misma, un año 2015 de cambio; que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas. Y que a los ladrones y a los corruptos se les pueda juzgar y castigar. Que nuestro deseo de cambio nos convierta en la fuerza imparable que necesitamos para recuperar la vida que nos roban.

www.eldiario.es/zonacritica/Feliz-ano-cambio_6_338826116.html

Quijotes contra empresas eólicas en México

Pese a las amenazas de muerte, el hostigamiento y ahora la intención de encarcelar a defensores de derechos humanos, los pobladores del istmo mantienen el pulso a las eólicas y han tenido algunos éxitos: un proyecto se ha paralizado y ahora será sometido a consulta; y los contratos de otro podrían ser anulados

Juan Martínez se escabulle en la oscuridad todavía no muy cerrada de su humilde casa buscando el interruptor de la luz. Su hija da las últimas puntadas del día al bordado de un huipil. Juan cruza la sala con rapidez y mete la mano entre un nudo de cables enmarañados. ‘Clic’. “Miren”. La bombilla se prende. Los visitantes no salen de su asombro.

“Allá adentro tengo otra”, justifica. Alumbrado por esa luz, rebusca en un cajón y muestra uno de sus pesares: un factura de marzo de 2011 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un importe de 12.732 pesos (unos 800 euros),  50 veces más de lo que pagaría alguien en un departamento de Ciudad de México con todo tipo de tecnologías y electrodomésticos.

“¿Cómo la iba a pagar?”, susurra el pescador. Desde entonces, es considerado moroso por la compañía, que le cortó el servicio.

Pero no es eso lo que más preocupa al señor Juan. Lo que le quita el sueño es otro tema vinculado también a la electricidad: los peces.

“Cuando en noviembre de 2012 llegó Mareña Renovables [una empresa eólica] perforaron en la barra [el pedazo de tierra que separa la laguna superior de la inferior, ya cerca del mar] y perdimos todo el producto”, explica otro pescador zapoteco, Isidro Guerra.

“Golpeaban (barrenaron) el subsuelo profundo y murió pescado”. Guerra no ofrece explicaciones técnicas ni declaraciones de impacto ambiental, sino una prueba para él irrefutable: “Vimos peces muertos”.  Y luego otra. “En Playa San Vicente, donde hay un parque eólico, no queda nada y vienen a pescar aquí, pero no hay para todos”.

El señor Juan y el señor Isidro hacen todos estos comentarios en los intervalos de una asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Están en pleno istmo de Tehuantepec, apenas 200 km de tierra que separan el océano Atlántico del Pacífico y cuyo potencial eólico es el segundo mayor del mundo tras el de la Patagonia, con 4.000 horas de viento útil (casi medio año), según los expertos.

A partir de 2006 las compañías energéticas, muchas de ellas españolas, llegaron para quedarse (ahora están todavía más incentivadas con la reforma energética que liberaliza el mercado). Las autoridades, tanto estatales como locales, vieron llegar a la gallina de los huevos de oro y firmaron contratos que, la mayoría de las veces, solo beneficiaban al cacique de turno y no a la población. En otras ocasiones, las empresas negociaron directamente con propietarios de tierras contratos leoninos. 

Poco a poco se multiplicaron las críticas, cuando los pobladores comenzaron a ver que habían sido víctimas de abusos. Esa riqueza que las eólicas supuestamente iban a dejar en el pueblo ni les llegaba (algunas comunidades del istmo siguen sin luz), ni les interesaba a muchos de sus habitantes.

Como al señor Juan. Que solo aspira a pescar y pagar lo justo por las tres bombillas que alumbran su casa. Por eso él y sus vecinos se organizaron y desafiaron a las autoridades locales oficiales, y a los poderes económicos, arriesgando la vida. Porque en México disentir es peligroso y los matones, muchas veces a sueldo de las policías locales o estatales, florecen en cada esquina.

Ahora en Álvaro Obregón se gobierna de forma asamblearia y guardias comunitarios vigilan el paso de cualquier sospechoso. El objetivo es tener electricidad a precios razonables y que no instalen un parque eólico en sus tierras, zonas indígenas zapotecas donde habitan pescadores que no confían en los molinos como generadores de riqueza, sino en sus manos y en sus redes.

“En el momento en que la empresa entre, vamos a desaparecer, es la muerte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra comunidad”, teme Pedro López, otro pescador.

En la asamblea de hoy, el señor Juan y sus compañeros ponen al día a Bettina Cruz, una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec  , de los avances en sus reuniones con el ayuntamiento de Juchitán, que prepara una consulta sobre la instalación del parque eólico.

“¿Ven? Ya les consideran interlocutores, ¡vamos avanzando!”, anima esa indígena zapoteca que lleva toda su vida en la lucha social.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), de 1994 hasta 2013, en el estado de Oaxaca se han proyectado dieciséis parques de energía eólica. Sin embargo, no existe un precedente de que se haya celebrado una consulta previa, libre e informada aunque es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Gracias a las movilizaciones y protestas de diciembre de 2012 los tribunales dieron la razón a las comunidades indígenas y ordenaron paralizar el proyecto llamado Mareña Renovables y que pretendía ser, según anunciaba la web de la empresa, el complejo eólico “más grande de Latinoamérica” con 132 aerogeneradores en 5.332 hectáreas.  Ahora la energética vuelve a carga bajo el nombre de Eólica del Sur pero si gana el ‘no’, el proyecto quedará bloqueado de nuevo.

El problema, explica Bettina Cruz, es que la consulta, ni será previa, ni será libre ni será informada porque “han vuelto las amenazas, el hostigamiento y la compra de voluntades”, como denunciaron en noviembre de 2014 varias ONG. En lugar de una especie de referéndum con urnas en el que vote cada ciudadano, los consultados son las organizaciones sindicales, empresariales, de mujeres, la gran mayoría vinculadas a los partidos políticos

LARGA HISTORIA DE ABUSOS

Pese a todos los problemas, llegar a la consulta es un éxito que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Literal. Lo sabe bien Cruz, ingeniera  agrícola  que siempre tuvo claro que su lugar era la defensa del derecho a la tierra de su pueblo, el zapoteco, un derecho humano no siempre reconocido por los gobiernos de turno.

Justo después del fallo del tribunal en el caso de Mareña, el hostigamiento se convirtió en amenazas de muerte contra ella y contra otros líderes indígenas como contábamos en este reportaje en Periodismo Humano . Nadie murió entonces aunque hubo fuertes enfrentamientos cuando los pobladores bloquearon el acceso a la barra donde Mareña quería instalar los aerogeneradores. Cruz y otros defensores tuvieron que exiliarse y esconderse.

Ahora el objetivo de las autoridades es  encarcelar a la activista. “Ya sabemos las consecuencias de esta lucha, no vivimos en un país democrático”, asegura ella tajante. Es, denuncian las ONG, una forma de desactivar a los defensores molestos.

“Hay un patrón generalizado (…) de criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las organizaciones, campañas de desprestigio, agresiones aparejadas a los intentos por imponer proyectos o extraer recursos minerales, sin el consentimiento de las poblaciones”, dice un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos humanos (CMDPDH).

Desde 2011, esta ONG documentó 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones en 29  países. En el mismo periodo, 43 fueron asesinados y 123  sufren acoso judicial. Además,  95% de las violaciones de derechos contra los defensores quedan en la impunidad.

El caso de Bettina Cruz es uno de ellos. El delito por la que la persiguen fue participar en 2011 en una protesta pacífica   frente a la CFE en Juchitán para denunciar el alto precio de la electricidad  y exigir la libertad de Filiberto Vicente Aquino, indigena y comunicador comunitario binniza , acusado de robo de energia electrica. O dicho en versión del Estado: “privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional”.

En 2012 la llegaron a aprehender, salió tras pagar fianza, pero el proceso continúa. Tiene que ir al juzgado cada mes  y en cualquier momento llegará la sentencia, aunque estas escasean en México (más del 90% de los crímenes quedan impunes) y pese a que 300 organizaciones y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se han posicionado a favor de la activista.

“Cuando estaba el conflicto tan fuerte durante el bloqueo de la barra, ir a firmar al juzgado implicaba que me pudieran matar por el camino”, asegura.

Cruz no oculta cierta intranquilidad, pero dice que está acostumbrada a los tiempos duros. Como aquel otoño de 2011 en Unión Hidalgo. “Era como una guerra, día y noche. La tensión con la energética Demex era tanta que hasta pedimos al gobierno que interviniera porque temíamos por nuestras vidas”.

Aquel conflicto con Demex, filial de la española Renovalia, que todavía está en los tribunales, alimentó la desconfianza de los pobladores del istmo hacia todas las energéticas.

“Vinieron con programas para mitigar la pobreza (Oaxaca es uno de los estados más pobres de México) pero lo que hacen relumbra un momento y luego cae”, explica Cruz. En parte, reconoce, por la corrupción que todavía impera en los partidos tradicionales y en las administraciones locales.  Pero las multinacionales siempre dijeron que ese no era su problema.

“Cuando llegaron los de Demex empezaron a coquetear con los propietarios  de las parcelas mediante chicas guapas que debían convencerles para que firmaran; al año siguiente rifaron una camioneta, luego comenzaron a ofrecer dinero”,  explica Juan Regalado, un dueño de tierras en  Unión Hidalgo que no rechaza a las eólicas, rechaza los engaños. “Nos dijeron una bola de mentiras, como que nos pagarían por hectárea y no por el espacio exclusivo del aerogenerador. Por eso firmamos”. Tampoco podían ni imaginar, que la energética incluso se atrevería a hipotecar sus tierras.

Cuando quisieron revisar las condiciones, la empresa se negó y llegó la violencia. “’Ya firmaron, ya se chingaron’, fue la frase repetida por el responsable de Demex, Fernando Ballester”, añade Regalado.

Fue entonces, octubre de 2011, cuando comenzó lo que Bettima llama ‘la guerra’: por un lado los propietarios bloqueando carreteras; por otro, la empresa y las autoridades locales que querían despejarles. “Pagaron a golpeadores y sicarios”, dice Regalado.

“En un momento dado llegó un grupo armado disparando, pensé que nos iban a matar”, rememora Bettina Cruz. “’Ahora sí pinche vieja cabrona’, me dijo uno de ellos. Pero el disparo no llegó”.

El enfrentamiento acabó con un muerto. “Era uno de ellos, que lo debieron matar de un disparo al aire pero acusaron a un compañero aunque nosotros no llevábamos armas. Tardaron dos años en liberarlo”.

La lucha por anular los contratos de Unión Hidalgo continúa a finales de 2014. La demanda de los propietarios fue aceptada por el tribunal agrario, mientras sus habitantes siguen sumando desagravios: se quejan de la cercanía de los aerogeneradores, del ruido que hacen. “La empresa incluso ha preguntado a los médicos si había más padecimientos del oído para ir a repartir más dinero, así funcionan”, dice una pobladora de Unión Hidalgo que pide el anonimato por seguridad.

“No es fácil luchar contra el sistema”, reconoce Bettina Cruz mientras visita a unos y a otros poniendo en común estrategias de lucha, siempre con ojos en la espalda por lo que pueda venir.

No es la única que vive con las amenazas de muerte o de encarcelamiento. Filiberto Vicente, de Santa María Xadani está en una situación parecida y por los mismos motivos. “Nos acusan de todo, yo soy secuestrador, él es ladrón, incluso me acusaron de traficante de armas”, dice socarrón mientras ofrece al visitante pequeños camarones que pescó en la mañana.  “Tuve que poner rejita en la casa”, explica, aunque es difícil creer que esos cuatro hierros puedan evitarle problemas.

El peligro de Vicente se llama ‘Radio Xadani’, una pequeña emisora comunitaria. “Empecé  a hablar de las eólicas y enseguida comenzó el hostigamiento”. En una ocasión incluso llegó la marina y el ejército, recuerda . “A veces me entra el miedo, a veces coraje”.

Él, igual que Bettina Cruz o el Señor Juan, no tiene luz y se enganchan al suministro a través de tomas que le presta algún vecino. La mitad de los 8.000 habitantes de Santa María Xadani está igual. No paga como parte de la protesta por las altas tarifas. “Me cortarán la luz pero no me pueden tapar la boca”, asegura Vicente.

Mientras se desarrolla la conversación, Bettina recibe una llamada. “Una camioneta sospechosa ha intentado entrar a Álvaro Obregón y los compañeros la han retenido”, cuenta. Según Cruz, son de Eólica del Sur o de la CFE e intentan pasar a hacer mediciones.  El ambiente se tensa pero al cabo de unos minutos, Cruz recibe otra llamada. “Ya se fueron, entraron en razón”.  Ya no hace falta que Filiberto Vicente interrumpa la programación para lanzar un mensaje de emergencia por Radio Xadani. No obstante, asegura que la situación está complicada en todo México.

“Está cabrón. Si no, vea cómo desaparecieron a los 43 estudiantes”

“Todo es parte de la misma lucha”, dice Cruz: la lucha por los derechos de los hombres y los pueblos.

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*Este trabajo se realizó con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la UE * 

http://periodismohumano.com/economia/quijotes-contra-empresas-eolicas-en-mexico.html

ECUADOR ¿Qué significa el desalojo de la CONAIE para las luchas de un mundo en común?

Reacción comunitaria al intento de desalojo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento social responsable de la caída de dos presidentes neoliberales.

 22/12/14

Momento de la movilización del año 2000, que tumbó al presidente neoliberal Jamil Mahuad. / Icci

“Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio no cumple ninguna función social”[1]

Cuando leemos estas palabras pareciera ser que se trata de una orden de desalojo a cualquier ciudadan@ que es víctima de la crisis financiera en España[2]. Pero ésta orden tiene lugar en Ecuador, viene ni más ni menos que del Ministerio de la Inclusión Social del gobierno de Rafael Correa, que busca expulsar de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-.

Esta ordenanza representa una de las más grandes agresiones contra las sociedades indígenas del Ecuador y contra el movimiento indígena en Latinoamérica. Jorge Herrera el presidente de la CONAIE lo analiza de la siguiente forma: “ Es por nuestra postura crítica a la ley de Tierras, a la ley del Agua, a la extracción minera”[3].

Siguiendo el análisis de Herrera y conociendo sobre las luchas que actualmente despliega la CONAIE contra esas leyes, que buscan sentar las condiciones para la profundización del despojo de las tierras de las comunidades es preciso hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ordenar que la CONAIE desaloje la sede que ocupa desde 1991? Claramente, ésta es una agresión directa contras las luchas de las nacionalidades indígenas.

La CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas

Porque por muchos años la CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas del Ecuador han sido un referente continental de la capacidad de las comunidades indígenas en los momentos de rebelión y eso mucho nos enseñado a las jóvenes generaciones indígenas en varios lugares del mundo.

Junto a este movimiento, con sus análisis, sus actores y actoras hemos aprendido de la potencia disruptora que tienen las comunidades indígenas cuando interpelan e impugnan el orden de dominación colonial que sigue vivo en Latinoamérica. De esa forma nos enseñaron que la lucha política es por la dignidad, por la vida. Nunca por las armas y por la muerte.

Esta organización se ha solidarizado con el pueblo palestino, cuando ha sido bombardeado por Israel; también han echo notar su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México, y así innumerables actos de apoyo y solidaridad con las luchas en el mundo, seguramente, de no estar enredados en este acto de desalojo, se solidarizarían con las miles de personas desalojados hoy día en España.

Por eso ésta orden de desalojo, es una agresión contra las luchas políticas por la vida en común. Como dice Nina Pacari: “La resistencia no es sólo por la casa, es por la defensa de un proceso histórico que ha luchado contra la agresión, la privatización y contra los Tratados de Libre Comercio.”

NOTAS

Gladys Tzul Tzul:  K’iche’ de Guatemala, ingrante de la Comunidad de Estudios Mayas, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participa en el área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, reside en Alemania donde realiza una estancia en la Universidad de Gissen, Frankfurt. Realizó una estancia doctoral en el Ecuador que tenian como objetivo documentar los levantamientos indígenas de la década de los 90, ahí estaba adscrita al Centro de Investigación de Movimientos   Indígenas del Ecuador. –CEDIME- y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, -FLACSO-

[1] Tomado de Pueblos en Camino. http://www.pueblosencamino.org/index.php/component/allvideoshare/video/l…. Consultado el 15 de diciembre de 2014.

[2] En estos días he conocido a varias mujeres y hombres que han sido desalojados de sus hogares en Madrid. Según los registros en lo que va del año se han realizado 8.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014. Tomado de http://afectadosporlahipoteca.com/2014/10/10/los-datos-del-cgpj-confirma…

[3] Tomado de: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/12/15/presidente-conaie-no-…

https://www.diagonalperiodico.net/global/25151-significa-desalojo-la-conaie-para-luchas-mundo-comun.html

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