Explotadas y encerradas en hogares del Reino Unido

La Cámara Alta del Parlamento Británico debate si incluyen en una ley contra la esclavitud moderna a las trabajadoras domésticas inmigrantes que llegan con un visado asociado a un empleador extranjero

Elvira, en proceso de ser reconocida víctima de tráfico de personas, huyó de dos hogares por las vejaciones a las que le sometían sus jefes

El porcentaje de empleadas domésticas que sufren abusos se duplica para las que llegan con ‘visados atados’

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los 'visados atados' en Reino Unido./ J.P.C.

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los ‘visados atados’ en Reino Unido./ J.P.C.

Elvira no sabía dónde estaba. Era enero y hacía frío mientras caminaba por algún lugar de Londres, sola, perdida y asustada. Al haber escapado de aquel lugar también había quebrantado la ley. Pero ya había sufrido suficiente, abusos e insultos, días de comer sobras y de encierro. Mientras hablaba por teléfono, al otro lado de la línea una voz de mujer le pedía que describiera qué veía a su alrededor –”¿qué tiendas?, ¿qué edificios?”– para poder averiguar dónde se encontraba exactamente. “Al final la rescatamos”, cuenta Regina de los Reyes con una gran sonrisa; ella también tuvo que escapar de un hogar en Reino Unido antes de unirse a la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas (FDWA).

Esta experiencia, por la que la filipina Elvira Santos tuvo que pasar hace un año, no es un caso aislado. Ella es una de las “muchas trabajadoras domésticas inmigrantes” que llegan al Reino Unido con una familia extranjera que se instala temporalmente en el país y que se encuentran en “situación de esclavitud”, en palabras de la presidenta de Justicia para las Trabajadoras Domésticas (J4DW, en inglés), Marissa Begonia, por una modalidad de visado ligado a un solo empleador.

 Los ‘visados atados’ han vuelto a recuperar protagonismo debido a que la Cámara Alta del Parlamento Británico, la de los Lores, debate si contemplarlos como parte del Proyecto de Ley contra la Esclavitud Moderna. Esta es una iniciativa gubernamental, “la primera de este tipo en Europa”, según el Ministerio del Interior, que endurece las penas contra delitos de tráfico de personas, explotación laboral y abusos sexuales. Entre otras medidas, propone aumentar el castigo de prisión de 14 años a cadena perpetua para los casos más graves.

El proyecto de ley ya recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes, que no consideró oportuno abordar el asunto de las trabajadoras domésticas extranjeras que llegan con ciudadanos que no pasan más de seis meses en el país. Hay muchos diplomáticos y personas adineradas que están de paso el Reino Unido. “Ha sido una oportunidad perdida”, lamentaba Catherine Kenny, de la asociación Kalayaan. No obstante, todavía queda el pronunciamiento de la Cámara de los Lores, que se espera para antes de las elecciones de mayo.

Además, hace apenas unos días la ministra del Interior Theresa May anunció que iba a encargar a un jurista independiente la revisión de los visados atados debido a “la preocupación que ha levantado la explotación de las trabajadoras domésticas extranjeras”. La campaña en contra de los permisos, que existe desde hace tiempo, se ha reforzado en los últimos meses debido a la tramitación del proyecto de ley contra la esclavitud.

Todo tipo de abusos

El número de visados de este tipo no es menor. El Gobierno británico emite cada año entre 15.000 y 16.000 visados para estas trabajadoras domésticas extranjeras con permiso laboral en familias privadas, según los datos oficiales. Además, alrededor de 200 visados se expiden anualmente a aquellas que trabajan en residencias diplomáticas. No quiere decir que todas estas mujeres sufran abusos y vejaciones, pero Phoebe Dimacali, representante de FDWA, advierte de que en muchos casos estas prefieren no denunciar ni tampoco huir de la familia por miedo a las posibles consecuencias.

Un estudio de Kalayaan, una organización británica centrada en la defensa de las empleadas domésticas, sostiene que las condiciones de trabajo son mucho más duras bajo la nueva legislación. En concreto, señala que el porcentaje de mujeres que sufren abusos se duplica: 16% comparado con el 8% de las mujeres con un visado no atado a su empleador. La sensación de los activistas es que la ley no ha reducido el número de inmigrantes –uno de los objetivos de los visados, en su opinión– pero sí ha dejado a las mujeres más vulnerables a abusos y maltratos.

“Se están dando más violaciones de las que nos podemos imaginar. Los abusos físicos y verbales son muy comunes, pero lo que más vemos son jefes que no pagan a sus trabajadoras después de largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas, sin ningún día libre”, explica Marissa Begonia. Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch en Europa Occidental insiste en que no han percibido ningún cambio en el número de trabajadoras extranjeras tras la introducción de los visados atados: “El gobierno percibe a estas trabajadoras como empleo de baja cualificación, que es precisamente lo que están intentando reducir. Quieren disminuir el número de inmigrantes y para ello cambiaron la ley”.

“La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso

En abril de 2012, el Gobierno británico cambió las normas de las solicitudes de visado y eliminó el derecho de las trabajadoras domésticas extranjeras a cambiar de empleo. Desde entonces, la legislación establece que el empleador no resida más de seis meses en el Reino Unido. En la práctica la medida supone que durante ese tiempo, si las trabajadoras abandonan el hogar, se convierten en inmigrantes ilegales y pueden acabar detenidas en un centro de internamiento y ser deportadas.

Elvira debatía si huir o no de la familia qatarí que la había traído a la isla británica. Contar con la ayuda de FDWA hizo que se decantara por la huida. Llegó a Londres en enero de 2014 tras vivir y trabajar durante más de un año en Qatar, donde limpiaba y cuidaba un hogar de siete miembros. Elvira no tuvo más opción que marchar a la Península Arábiga para poder sostener económicamente a su familia. Su marido tiene “una grave enfermedad y no puede trabajar”.

“Pero cuando empecé a trabajar me pagaron mucho menos. En mi contrato ponía 1.400 riales, pero solo me daban 900. Mi jefe decía que el resto era para la agencia que me había contratado”, cuenta Elvira. Y sigue: “La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso. Nada. Ni siquiera podía ir a la iglesia los domingos”.

La situación no cambió cuando se mudaron a Londres. La hermana de su jefe sufrió un ataque al corazón y se trasladaron en busca de tratamiento médico. “La mujer no me dejaba comer. Ni siquiera cuando mi jefe traía comida para las dos; se ponía a chillar y solo me dejaba las sobras”.

A los pocos días de llegar, el empleador de Elvira tenía planeado volver a Qatar y ella pensó que sería imposible sobrevivir sin él presente. En sus pocos momentos de tiempo libre contactó a través de Facebook con un compatriota, que le habló de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas. Así es como consiguió reunir las fuerzas suficientes para poder escapar apenas 13 días después de haber llegado a su nuevo hogar británico.

Víctimas de tráfico de personas

Elvira puede hoy contar su historia sin miedo a represalias porque se encuentra inmersa en proceso para ser reconocida como víctima de tráfico de personas. El procedimiento requiere en muchos casos de asistencia legal para poder completar debidamente los formularios y superar las entrevistas de las autoridades.

Al igual que Elvira, Izza Leghtas (HRW) afirma que muchas de estas mujeres llegan procedentes del Golfo Pérsico, de Qatar en concreto, donde impera el denominado sistema ‘kafala’, por el cual el empleador puede retener el pasaporte de sus trabajadores y, por tanto, limitar su libertad de movimiento. Pocas organizaciones internacionales dudan de que se trate de una forma encubierta de explotación laboral. Para Human Rights Watch, no hay duda de que los visados atados del Reino Unido son una extensión del ‘kafala’ qatarí.

Trabajar en un hogar sin otra supervisión que la del propio jefe puede ser peligroso. No importa que la vivienda se encuentre en uno de los barrios más exclusivos del centro de Londres. “Este tipo de trabajo coloca a las mujeres en situación de gran vulnerabilidad, pues todo se queda dentro de las cuatro paredes y no hay ningún lugar al que poder acudir y pedir ayuda –explica Leghtas–. Al menos antes, con el antiguo visado, las mujeres podían dejar el trabajo y buscarse otro. Ahora las que se atreven a hacerlo acaban trabajando en negro, asustadas e indocumentadas”.

Asimismo, desde Human Rights Watch recuerdan que el gobierno de David Cameron rechazó en 2011 ratificar la Convención Internacional de la Organización de Trabajadores Domésticos, que tenía como objetivo equiparar el derecho laboral de este sector al del resto.

“Solo una mínima proporción”

“La esclavitud moderna es un crimen terrible. Estoy decidida a detenerla en todas sus formas. Mantener a las trabajadoras domésticas en esclavitud o servidumbre es completamente injusto”, aseguró Karen Bradley, responsable de la secretaría contra la esclavitud moderna y el crimen organizado, en noviembre al calor de las críticas recibidas. Desde la oficina de Bradley se declinó la posibilidad de realizar una entrevista en persona para este reportaje.

La responsable rechazó entonces la acusación de que el número de abusos haya aumentado tras la introducción de los visados atados: “Las evidencias muestran que solo una mínima proporción de aquellas que trabajan aquí como empleadas domésticas sufre abusos y explotación”. También acusó a Human Rights Watch y Kalayaan de utilizar deliberadamente “muestras pequeñas” en sus estudios.

Más allá de números, declaraciones, estudios y cifras, Elvira vive ahora con relativa estabilidad. Gracias al apoyo de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas, consiguió comenzar a trabajar para una nueva familia, judía esta vez. Cambió la forma de rezar en el hogar, pero no tanto el trato hacia la empleada de la casa. “Aquello no era para nada estable. Se aprovechaban de que no tenía los papeles en regla y no tuve otra opción que volver a escapar”.

Los planes para poder volver a casa y ver a los suyos no están todavía encima de la mesa. Ahora, que está en proceso de ser reconocida como víctima de tráfico de personas, Elvira puede vivir y trabajar sin preocupaciones en el Reino Unido durante un tiempo y debe aprovecharlo para ayudar a su familia. En la actualidad, combina tres trabajos a tiempo parcial, con tres familias diferentes. “Así es mejor, sin problemas. Voy, limpio durante tres o cuatro horas y me voy”.

La mujer debe volver al trabajo. “Muchas gracias. Aprovecha cuando vuelvas a tu país y disfruta con los que más quieres, tú que puedes”, dice como despedida, agarra una bolsa de plástico con un paquete dentro y desaparece escaleras arriba. “El regalo es para la familia de mi jefe”, había confesado antes.

http://www.eldiario.es/desalambre/Explotadas-encerradas-hogares-Reino-Unido_0_358714760.html

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Catálogo de esclavas en Líbano: encerradas, maltratadas y violadas por 175 euros al mes

FEMENINO PLURAL

En el país árabe proliferan las agencias que ofrecen jóvenes inmigrantes como empleadas del hogar, pero que en realidad se convierten en mercancía para sus nuevos ‘dueños’. Doce horas al día, siete días a la semana

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. - FÁTIMA SUBEH

Ficha de uno de los catálogos de las agencias de contratación. – FÁTIMA SUBEH

BEIRUT.- Nacen en plena miseria en países como Nepal, Filipinas, India o Pakistán. Jóvenes e incluso niñas que en su desesperación, deciden viajar a Líbano con la esperanza de poder regalar a sus familiares un poquito de dignidad. Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar más todo aquello que dispongan sus nuevos dueños. En muchos casos, son maltratadas física y psicológicamente. Algunas de ellas sufren abusos sexuales por parte de los señores de la casa.

Pocas consiguen escapar de su infierno y las que huyen suelen acabar en la cárcel o escondiéndose como si hubieran cometido algún delito. Las que no pueden soportarlo más, deciden terminar con sus vidas. Esta es la situación en la que se encuentran las empleadas del hogar inmigrantes en Líbano. Sin una ley que las proteja, desamparadas y abandonadas a su suerte.

Daura es uno de los barrios periféricos de Beirut. Es un lugar ruidoso y con mucha vida. En este barrio hay dos empresas conocidas que ejercen el tráfico de personas. Aunque no es el único, hay muchas compañías dedicadas al negocio de las domestic workers repartidas por todo el país. En ellas se pueden contratar a empleadas del hogar que provienen de países del sureste asiático o del continente africano.

Trabajan de sol a sol sirviendo a familias libanesas. Realizan las tareas propias del hogar
más todo aquello que dispongan sus ‘dueños’

Al entrar por la puerta se puede apreciar una oficina de lo más normal. Con su aire acondicionado, su escritorio y un par de sofás para los clientes que esperan su turno. Un hombre y una mujer sonrientes atienden a los que se interesan en contratar a una de las chicas. El varón es el encargado de sacar un catálogo con tres mujeres kenianas. “Obedientes”, según dice. Son tres folios con sus fotos, peso, la estatura y el sueldo a pagar: 175 euros al mes. Más otros 2.200 euros que incluyen el viaje hasta Líbano y los gastos de la agencia por las gestiones.

“Para asegurarte de que es consciente de quién manda, déjale unos días sin comer, quítale el pasaporte y no le pagues el sueldo de ese mes”, dice el hombre de repente. El diálogo continúa así:

– “He oído que algunas de ellas escapan”.

– “Como hacen muchas de mis clientas, cierra la puerta de casa con llave cada vez que salgas. Si tienes algún otro problema tráemela que yo me encargo de todo”.

La conversación podría haber tratado sobre un televisor o un equipo de música. Su funcionamiento, día y noche, sin descanso. “Ni un día libre”, insiste el encargado.

El negocio de la trata de personas

Natala y Saru tienen muchas cosas en común. La pobreza las empujó a viajar a Líbano a servir a familias que no son necesariamente pudientes o de clase alta. Natala tiene 14 años. Aún no ha desarrollado su cuerpo. Va a ser guapa, muy guapa. Su madre le engañó y le subió a un avión rumbo a Beirut. Le dijo que tenía que dejar la escuela e irse de vacaciones a visitar a su hermana. Una mujer la recogió en el aeropuerto. La casa a la que llegó se convertiría en su infierno. Se convirtió en la sirvienta de la familia y con su sueldo de 130 euros al mes mantenía a sus padres y hermanos en Bangladesh.

La joven ponía todos sus esfuerzos en complacer a su madame, aunque siempre en vano. Nunca olvidará aquella tarde en la que la señora se acercó, le sentó en el suelo bruscamente y cortó esa larga melena azabache que la había acompañado durante tantos años. “Me miraba con odio, jamás hice nada malo para que me despreciara así”, recuerda la niña a Público.

Natala, de 14 años, viajó a Beirut engañada por su propia madre. La casa a la que llegó se convirtió en su infierno

Fue sometida a insultos y gritos todos los días por norma general. La joven sólo se podía permitir el lujo de llorar cuando ponía fin a sus interminables tareas y llegaba la hora de acostarse. Soñar despierta con el momento de marcharse y regresar a casa era lo único que la mantenía entera. Por suerte, la señora se cansó de ella a los dos meses y la devolvió a la agencia. El dueño de la empresa entró en cólera al ver que una de sus clientas había quedado insatisfecha con la mercancía. Para complacer a la mujer, golpeó Natala varias veces hasta que la tiró al suelo.

Saru quería pagar los estudios de sus dos hijos en Nepal, donde “los salarios no te dan ni para casi comer”, dice esta joven de 30 años. En 2009 pisó por primera vez Beirut. En su primera casa, la dueña solía dirigirse a ella con la palabra sarmuta, que significa puta en árabe. La golpeó dos veces. A la tercera Saru se revolvió. El marido se apiadó de la joven y la dejó regresar a la agencia donde la asignaron una nueva familia.

Aunque trabajaba de ocho de la mañana a doce de la noche, esta vez la trataban con respeto. No paraba en todo el día, pero nadie se metía con ella, así que la situación era más o menos soportable. Se encontraba en el valle del Bekaa a unos 80 kilómetros de la capital. Una tarde el padre de familia, a escondidas de su mujer, intentó forzarla. No lo consiguió. Al día siguiente Saru revolvió la casa entera, encontró su pasaporte, salió corriendo y se montó en un autobús rumbo a su libertad. Regresó a Beirut, donde ahora trabaja para varias familias, pero sólo unas cuantas horas al día. Esto le permite “volver a su casa cuando termina y respirar”.

Aisladas del mundo

“El apartheid empieza ya en el aeropuerto”, declara Krystel, voluntaria en Migrant Forces Task Work (MWTF), ayudando a mujeres inmigrantes. Según esta joven libanesa, “la Policía lleva a las chicas a una habitación y las hace firmar un contrato que está en inglés y árabe. Ellas no lo entienden, por lo que no tienen ni idea de cuáles son sus derechos. Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra”.

“Cuando viene la familia a buscarlas, el policía les entrega el pasaporte y ahí empieza el calvario. Una persona sin pasaporte no es nadie, y menos si eres negra”

Krystel asegura que en ese contrato se establecen una serie de derechos como que las habitaciones en las que se instalen tengan al menos una ventana, que libren obligatoriamente un día a la semana o que habitualmente tengan contacto con sus familiares en sus países de origen. En muchos casos nada de esto se cumple. Algunas duermen en las cocinas o salones de la casa, no libran nunca y se encuentran completamente aisladas del mundo exterior.

La duración de contrato es de tres años generalmente. Cuando una de ellas escapa antes de ese periodo, se encuentra en situación ilegal. En la zona Mathhaf está la cárcel donde son recluidas. Pegada al Ministerio de Justicia. Desde allí son expatriadas, pero antes deben pagarse sus billetes de vuelta. “Tampoco pueden pedirles a sus familias que les manden el dinero porque no lo tienen, así que se quedan meses o incluso años encerradas como si fueran unas delincuentes”, incide Krystel.

Asesinatos convertidos en suicidios

El gran problema es que ser empleada del hogar no se considera un oficio en Líbano. Por lo que existe un vacío legal, que deja totalmente desprotegidas a las inmigrantes. De hecho, tampoco existe una ley específica que asegure los derechos de la mujer, por lo que la violencia sexista de los libaneses también queda impune en muchos casos.

“A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy
difíciles de demostrar”

Emelet Bekele Biru apareció muerta el 6 de noviembre de 2014 en la casa donde servía. Cuatro días después, Birkután Dubri cayó desde la cuarta planta de un edificio después de que, según testigos, mujer y empleada se enzarzaran en una terrible discusión. Según KAFA, una de las ONG más potentes que luchan por los derechos de las domestics workes, un estudio de 2008 reveló que al menos una empleada del hogar se suicida cada semana en el país. Un dato estremecedor que esconde una realidad aún más escalofriante. “A veces pierden la vida intentando escapar. Otras veces no son suicidios, son asesinatos, pero muy difíciles de demostrar. Casi ni se investigan y son automáticamente calificados y archivados como suicidios”, dice Bernadette Daout, coordinadora de programas de la organización.

Son varios los objetivos de esta ONG. KAFA recibe denuncias de ciudadanos libaneses que son conscientes de la situación a la que está sometida alguna joven inmigrante a su alrededor. La ONG trata de recoger el mayor número de información posible sobre el caso. A partir de ahí informa a la Policía para que libere a las chicas y las entregue a la organización. “Tenemos una especie de refugio para estas mujeres, pero todas no caben. Un doctor las examina y esclarece a qué tipo de abuso han sido sometidas, porque ellas no quieren hablar. Tienen miedo. Además es muy difícil probarlo porque los golpes no siempre dejan marcas en la piel”, denuncia Daout, que concluye: “Pocos libaneses han rendido cuentas ante la justicia por casos como estos”.

http://www.publico.es/sociedad/catalogo-esclavas-libano-encerradas-maltratadas.html

Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú continúan su lucha por justicia

Tomado de: http://kaosenlared.net/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-en-peru-continuan-su-lucha-por-justicia/
Por Cristina Fontenele

Desde hace más de un año (enero de 2014), la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso.

Víctimas y organizaciones de derechos humanos se han movilizado para evitar el archivo de las investigaciones.

Para el abogado del caso, Julio Arbizu, “tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no sólo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”.

Sobre los cambios de fiscal del caso (Luis Antonio Landa será el nuevo responsable del proceso, substituyendo a Carmen Ibáñez), Arbizu espera que sea una decisión definitiva y no provisoria. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”.

Según Liz Meléndez, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Perú y miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “La justicia es una utopía para las mujeres.”

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Intercambios de Procurador hacen vulnerable el proceso en la justicia.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) expresó su preocupación por los casos investigados y cuyas víctimas no recibieron ningún tipo de compensación. El Comité recomienda al Estado que identifique a todas las mujeres víctimas de esa violencia, investigue, procese y castigue a los culpables, así como las debidas reparaciones a las víctimas.

Las primeras denuncias sobre las esterilizaciones ocurrieron entre 1988 y 2001, cuando fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012 a partir de un acuerdo entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el Estado se comprometió a buscar una solución amistosa para algunos casos abiertos.

cuartopoder.es

Una de las historias más significativas del país fue la de la Sra. María Mamérita Mestanza, del distrito de La Encañada, Cajamarca (norte del país), fallecida por infección generalizada en abril de 1988, días después de una intervención forzada de esterilización. Este proceso es el único en el cual se reconoció la responsabilidad penal del Estado, indemnizando a la familia de la víctima con cerca de US$ 80 mil.

Entienda el caso

El ex presidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000), afectando a casi 300 mil mujeres y 22 mil hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.

senaalternativa

Cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron afectados por la política de esterilizaciones de Fujimori.

Las cirugías eran realizadas en los departamentos y provincias más pobres del país, especialmente en las zonas rurales. En la mayoría de los casos se trataba de la población indígena Quechua y Aimara. Mujeres embarazadas también fueron obligadas por agentes de salud a pasar por el procedimiento, que ponía cupos a cumplir.

Vea el video producido por Cladem Perú en colaboración con el Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus) sobre los casos de esterilización en Perú.

Cristina Fontenele. Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y Experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG).

 http://www.adital.com.br/?n=cubh

«La violencia invisible es la más peligrosa porque está aceptada socialmente»

Angélica Cuenca, durante la conferencia organizada por el Aula de Cultura de SUR.
Angélica Cuenca, durante la conferencia organizada por el Aula de Cultura de SUR. / Álvaro Cabrera
  • La psicóloga Angélica Cuenca analiza el maltrato en parejas adolescentes durante una charla organizada por el Aula de Cultura de SUR

Si el 30% de los jóvenes justifica la violencia y las adolescentes no se sienten representadas cuando se habla de estas agresiones de género, algo falla en la sociedad. «La violencia invisible es la más peligrosa porque está aceptada socialmente». La psicóloga Angélica Cuenca, que ayer ofreció en el Aula de Cultura de SUR la conferencia ‘Violencia invisible en parejas adolescentes’, advirtió sobre la complicación que supone luchar contra ella porque «no se detecta, se tolera y está inmersa en la cultura».

Cerca de un centenar de personas acudieron hasta la Sociedad Económica Amigos del País para asistir a la charla. Esta experta estableció tres tipos de vertientes: la psicológica, la sexual y la social. «Todo el mundo tiene asociada la violencia de género a la física, pero hay otras mucho más peligrosas», resumió. Cuenca, que en diferentes ocasiones se dirigió a los numerosos adolescentes presentes en la sala, dijo que también es preocupante que las chicas sean controladas por sus parejas, que les fuercen a darles las contraseñas de las redes sociales o que las obliguen a mantener relaciones sexuales.

Sobre este último punto, la psicóloga se detuvo especialmente porque «la sexual es la más naturalizada de todas». Y para ello comenzó recordando el ejemplo de una violación que se puede ver en una de las películas de la saga Torrente. «A los chicos les da risa y se lo toman a broma, cuando se trata de un hecho realmente serio». En este sentido, argumentó que el 99% de las adolescentes han sufrido este tipo de violencia a lo largo de su vida pese a que sólo el 6,3% de las chicas aseguran sentirse presionadas para mantener relaciones. «A las mujeres nos educan con el miedo a que nos violen; pero las mayoría de las agresiones se dan en el ámbito de la pareja; es lo que yo llamo la violación por confianza».

Escupen a las chicas

Esta experta en violencia de género lamentó que en la actualidad comienzan a darse casos de adolescentes que incluso «escupen a las chicas como símbolo de menosprecio» y que ellas no siempre lo ven como algo ofensivo. «Hay que tener en cuenta que la violencia siempre va en aumento; una vez que se instala siempre va a más en frecuencia y en brutalidad». Empieza con el control y las limitaciones a salir con los amigos, continúa con las amenazas y termina con la violencia sexual y la física. Llegados a este punto, el problema se vuelve aún mayor por lo complicado que resulta escapar de esta repetición de insultos y agresiones. Y más cuando las mujeres llevan interiormente asimilado lo que se conoce como la ley del dominio –«desde pequeñas tenemos arraigado el sentimiento de culpa»– y la ley del agrado –«hay que agradar por encima de todo, ser servicial, educada y dulce»–.

Por eso reconoció que escapar de una situación así es muy complicado, aunque no imposible. «El proceso de la violencia va desgastando; la mujer no deja a su agresor porque no tiene capacidad para salir;está achicharrada», resumió. Ypor ello consideró clave la formación continua en todos los ámbitos, desde el escolar hasta el familiar: «Debería ser tan importante como las matemáticas».

http://www.diariosur.es/malaga-capital/201502/17/violencia-invisible-peligrosa-porque-20150216234736.html

Más culpables y otros daños colaterales

Lidia Falcón
09 ene 2015

En recuerdo y homenaje a los compañeros asesinados en Charlie Hebdo

Son unos monstruos los que han asesinado a los periodistas y el policía en la sede del semanario Charlie Hebdo (por cierto, ¿no había ninguna mujer en el consejo de redacción de la revista?). Son unos monstruos formados en las horribles enseñanzas de los fundamentalistas islámicos y no hay palabras para describir la conmoción, la tristeza y el espanto que nos embarga. Pero lo más terrible es que estas eran unas muertes anunciadas.

Y no sólo porque los periodistas de la publicación estaban condenados  por los ayatolás desde hacía tiempo y tanto el Ministerio del Interior francés como la policía lo sabían perfectamente, por eso disfrutaban de “protección” permanente, sino porque a partir de 1979 el “Occidente” democrático ha incubado, alentado y financiado a los  talibanes, los muyahidines, los ayatolás o las madrasas (escuelas) integristas, creando un movimiento islámico destructor de toda civilización que ahora no pueden controlar.

Afganistán fue la última trinchera, la última confrontación bélica de la Guerra Fría. La guerra de Occidente contra ese país comenzó en 1978, cuando se produjo la Revolución de Saur, que hizo de Afganistán un Estado Socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos inició la operación Ciclón en el contexto de la Guerra Fría, suministrando armas y una amplia financiación a los rebeldes islámicos muyahidines que desestabilizaron el país hasta tal punto que menos de un año después el Consejo Revolucionario solicitó la intervención del Ejército Soviético. Las fuerzas soviéticas intentaron, en los diez años que duró su presencia en el país, modernizar una sociedad que comenzaba a evolucionar hacia la igualdad social, económica y sexual. Pero ni el gobierno de Estados Unidos ni el del Reino Unido, con el apoyo explícito de los demás gobiernos europeos, iba a permitir que en la frontera de Pakistán, donde estaban instalados los misiles de largo alcance de la OTAN,  se instaurase un gobierno socialista. La intervención soviética indujo inmediatamente a rebelarse a los guerrilleros muyahidines. EEUU, Israel, Pakistán y Arabia Saudí financiaron y armaron a las más salvajes tribus afganas contra el gobierno soviético. Que la mayoría de la población afgana no estaba contra el poder soviético lo demuestra el hecho de que a pesar de la ingente cantidad de recursos que invirtieron esos países en alentar la sublevación popular no se produjo en diez años ningún brote de la misma. Es bueno leer la novela del escritor estadounidense de origen afgano Khaled Hosseini, Mil Soles Espléndidos, donde describe el avance pacífico que habían experimentado las mujeres y los trabajadores bajo la protección soviética y el horror que se implanta más tarde con la dictadura de los talibanes.

Pero la derrota de las tropas soviéticas no concluyó la guerra. Ni en Afganistán ni en el resto del mundo. Era preciso acabar con todos los países socialistas. El desastre de Yugoslavia vino más tarde. Y los gobiernos democráticos de las potencias occidentales que se felicitaron por la caída del Muro de Berlín y auguraron el “fin de la historia” no fueron tan listos para comprender y predecir que habían incubado los nidos de mil serpientes. Pero tampoco creo que les importe mucho. En realidad, de los desastres de la guerra las oligarquías, a las que sirven esos gobiernos, que controlan los negocios del armamento y de la reconstrucción siempre salen ganando. Organizaron las invasiones de Afganistán e Irak y han dejado esos países destrozados, después de un millón de muertos, y a las tribus más salvajes enfrentadas entre sí. Las primaveras árabes se convirtieron en el caos egipcio y en las guerras de Libia y de Siria, promovidas por los mismos poderes estadounidenses, para cortar todo avance de los movimientos obreros de esos países. Siempre está antes alimentar el monstruo fanático religioso que permitir la instauración del socialismo.

De ese modo, desde la década de los noventa, comenzó el horror que estamos sufriendo. Todos. Los cristianos y los musulmanes, los ciudadanos de países occidentales y los de los países orientales. Mucho más sufrimiento es el de los países africanos como Nigeria o Yemen y por supuesto Afganistán, cuyo tormento es inacabable, e Irak, Irán, Libia, Siria. Se trata de aniquilar cualquier  movimiento socialista, de hundir el posible poderío de naciones no alineadas con Israel y Estados Unidos, y de abandonar a su suerte a las desgraciadas poblaciones de esos países, especialmente a las mujeres.

Ellas son las principales afectadas, dado el odio que sienten esos fanáticos contra las mujeres, que, en todo caso, para el Departamento de Estado de EEUU y los demás compinches europeos no constituyen más que daños colaterales.

Nunca en el último siglo, incluso desde finales del XIX, las mujeres musulmanas han sido tan maltratadas, tan despreciadas, tan humilladas, tan odiadas por sus propios hombres: padres, maridos, hijos, hermanos, compatriotas. Un corresponsal español en la guerra de Afganistán comentaba: “Estos hombres no tienen madre, ni esposa, ni amantes, ni hermanas, ni hijas, ni amigas. Únicamente enemigas”.

En los años setenta, cuando Vietnam estaba a punto de derrotar al imperio americano y las revoluciones socialistas se sucedían, en Marruecos, en Argelia, en Egipto, en Irak, en Irán, en Siria, en Libia, en Afganistán, la mayoría de las mujeres vestían faldas cortas, llevaban los cabellos al aire y ocupaban muchos puestos de trabajo. Es patético verlas ahora envueltas en largas túnicas, tapándose el pelo y hasta la cara como si fueran leprosas y apartadas de todo escenario público. En Siria, en Jordania ninguna mujer es dependienta de comercio, hasta la ropa interior de señora la venden los hombres.

La derrota de los intentos socialistas ha conllevado la masacre de las mujeres, que aumenta día a día. Las normas del más salvaje patriarcado se han impuesto. En el norte de Nigeria se las lapida por adulterio y los asesinos del Estado Islámico secuestran niñas por centenares para adjudicárselas como esposas a los combatientes;  en Arabia Saudí  no tienen consideración de ciudadanas y por tanto no pueden conducir automóviles ni trabajar; se las persigue en Irán como apestadas por no llevar velo o vestir trajes “poco decentes”; se las casa a los diez años en Yemen, y en todo oriente, incluyendo Pakistán y Bangladesh, se impone la poligamia y el matrimonio eventual, una manera de llamar los islamistas a la esclavitud sexual. Se las mutila sexualmente, se las vende como ganado, se las mata por cualquier motivo: en India para cobrar la dote de otra esposa. Hace unos días, en Yemen, un padre había acusado de adulterio a su hija de DIEZ años, y para averiguar quién era su amante la torturó durante horas, hasta que como la niña lo negaba le pegó dos tiros en la cabeza. Las asociaciones de Derechos Humanos, la ONU y organizaciones feministas explican que la miseria, los desplazamientos de población ocasionados por las guerras, los campamentos de refugiados donde se hacinan en condiciones infrahumanas millones de huidos de sus países natales han hecho proliferar la venta de niñas y muchachas para la prostitución y el trabajo esclavo, las violaciones, los raptos y la explotación más inhumana.

La lucha que el Movimiento Feminista ha desarrollado, ¡con tanto esfuerzo!, durante más de doscientos años ha fracasado trágicamente en esas áreas del planeta. Hasta en la que fue avanzada Turquía, ese presidente Erdogan que los gobernantes occidentales veneran llamándole islamista moderado, porque es el principal aliado de la OTAN en la zona,  está imponiendo cada vez más las normas musulmanas. Afirmaba incluso hace poco que la principal tarea de  las mujeres era la maternidad, y que no deben de reírse en público.  Las mujeres del Medio Oriente y de India, Pakistán,  Bangladesh y los países africanos, donde triunfa el fundamentalismo islámico, están abandonadas a su maldita suerte en las manos de los criminales de sus hombres. Esos que no tienen ni madre, ni amigas, ni hermanas, ni amantes, ni hijas, sino únicamente enemigas.

Pero ningún gobierno de los países democráticos considera que hay que defenderlas,  como se hizo contra el apartheid con la población de raza negra en el caso de Sudáfrica, estableciendo las sanciones que utilizan contra otros países cuando les conviene apropiarse de su petróleo o de su gas, o intentan acabar con el régimen socialista como en Cuba.

El triunfo del islamismo sobre los movimientos socialistas significa, entre otros horrores, la masacre de las mujeres. Y las guerras que se suceden en varios continentes. Esas guerras que desencadenaron los gobernantes de los principales países “democráticos” occidentales, para defender sus intereses económicos, porque se desarrollan lejos de sus metrópolis —ya no quieren enfrentarse entre sí para que se repitan los bombardeos sobre Berlín,  París y Londres—  y que ahora van a dirimirse en sus propios territorios.

Pero para  los gobernantes que dirigen los países al servicio del capital está bien, porque con el auge del terrorismo no solo eliminan a enemigos molestos como los políticos de izquierda, los dirigentes sindicales, las activistas feministas, sino que provocan el rechazo a los musulmanes en sus propios países. El atentado contra Charlie Hebdo atizará los odios populares contra los inmigrantes, dará argumentos al FN en Francia y a los nazis en otros países europeos para ganar más votos, facilitará el giro a la ultra derecha a los partidos de derecha que son llamados de centro, enconará las rivalidades entre los trabajadores de la misma región y del mismo pueblo y permitirá acentuar la represión contra todo movimiento en defensa de los derechos humanos. El terrorismo, como decía Lenin, da argumentos al poder para arrasar las organizaciones de izquierda de todo tipo: vecinales, sindicales, de mujeres, de estudiantes. La represión se desencadenará con enorme fiereza y los cuerpos de policía y  la judicatura tendrán carta blanca para detener indiscriminadamente, torturar y condenar a toda persona no ya sospechosa, sino simplemente indeseable en la moderna y blanca Francia, y esa ofensiva será acogida con agrado por la mayoría de la población que odia lo extranjero. Hay que saber, para los que claman contra la islamización del país, que Francia tiene sesenta millones de habitantes y únicamente cinco son musulmanes.

Lo peor de todo es que aunque los culpables son más que los fanáticos del Estado Islámico, las víctimas no son ni el presidente de los Estados Unidos ni el del gobierno del Reino Unido ni el de la República francesa. Sino las mujeres, los trabajadores, los pueblos  y los periodistas, inmolados en las hogueras de los incendios que han provocado los que cada día presumen de defender los valores democráticos.

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/01/09/mas-culpables-y-otros-danos-colaterales/

Mujeres indígenas en Canadá: Crímenes en la oscuridad

Escrito por  Deisy Francis Mexidor

El final de Tina Fontaine, una joven indígena canadiense encontrada muerta el 17 de agosto en Winnipeg. Manitoba, es similar al de otras mujeres nativas asesinadas o desaparecidas durante décadas en ese país.

Tina fue arrojada dentro de un saco al río Red. Cuando apareció su cuerpo el primer ministro canadiense y líder del Partido Conservador de Canadá, Stephen Harper, expresó que no crearía una comisión investigadora.

Según Harper, el fallecimiento de la adolescente de 15 años, así como el de un número de féminas, solo era un crimen más y no un “fenómeno sociológico”.

Pero las denuncias se incrementan. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, grupos de derechos humanos, las Primeras Naciones y los partidos de la oposición se han unido en un creciente reclamo a la administración de Harper convoque una consulta nacional.

El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, advirtió que el caso de Fontaine puso en la agenda doméstica la necesidad de llegar al fondo de este asunto para evitar la impunidad.

Un reciente informe de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reveló el asesinato o desaparición de 1.186 mujeres aborígenes en esa nación.

1.017 perdieron la vida entre 1980 y 2012, y de 169 se desconoce su paradero desde 1952, señaló la entidad el pasado 2 de mayo.

También confirmó que las mujeres indígenas del país sufren más violencia que el resto de las canadienses y que el riesgo de asesinato entre ellas es cuatro veces mayor que el de otras féminas.

La investigación evidenció el aumento de las muertes violentas, que pasaron de ser un ocho por ciento del total de mujeres en 1984, a 23 por ciento en 2012.

El reporte de la Policía Montada ocurrió días después de que un informe de Naciones Unidas criticara el trato que reciben los indígenas en Canadá y las políticas del gobierno de Harper.

Es alarmante que ese segmento poblacional sea víctima del 16 por ciento de todos los homicidios cometidos en Canadá, cuando solo significan el 4,3 por ciento de sus habitantes.

Mientras, el desplazamiento de las tierras ancestrales es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad económica de de estas mujeres que en la actualidad representan el 42,7 por ciento de la tasa de pobreza canadiense.

Audrey Huntley, de la organización No más silencio, es del criterio de estos crímenes son “parte de una visión colonizadora en Canadá”.

Situación que “se agrava por la impunidad en la que quedan estos casos”, dijo Huntley.

El pasado 20 de octubre la Asociación Canadiense de Salud Pública pidió al gobierno del primer ministro Stephen Harper esclarecer incidentes que ocurrieron en las últimas décadas.

Existen cerca de 40 estudios sobre esto, además de las investigaciones de la RCMP, expresó Harper, ante las peticiones que urgen a ir más allá de lo que hasta ahora se ha hecho.

La CPHA (Canadian Public Health Association, en inglés) instó también a los conservadores a que atiendan el llamado de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar e implementar un plan de acción integrado en prevención de la violencia.

Magali San Martin, vicepresidenta de la organización Mujer, denunció que la policía ignora o parece no darle mucha importancia a la desaparición de estas mujeres, “porque siempre se refieren a los indígenas como gente marginal y eso hace que los que cometen los crímenes se sientan impunes”.

El grupo demandó al gobierno federal que “se tomen medidas concretas frente a estos crímenes” y en ese sentido encontrar a los abusadores y llevarlos a la justicia.

La vicepresidenta de Mujer recordó que Canadá “no ha firmado la declaración de la ONU respecto a la convención por los derechos de los pueblos indígenas”.

Entre las razones de la negativa, dijo, se hallan que Ottawa no acepta que estas Primeras Naciones tengan derecho a su soberanía y esto tiene que ver con los recursos naturales de sus asentamientos.

Activistas de derechos humanos aseguran que las mujeres autóctonas de Canadá son cinco veces más vulnerables a las muertes por un acto de violencia que sus congénero de otras poblaciones.

Las exhortaciones al gobierno federal insisten en poner en marcha un sistema nacional de información sobre los asesinatos y desapariciones de indígenas, así como que se haga una investigación independiente sobre denuncias de conducta policial inapropiada.

La Canadian Feminist Alliance for International Action asegura que una de cada 10 mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del oeste.

Y cuando se trata de las indígenas la policía interviene con menos frecuencia, mientras el 70 por ciento de los casos quedan sin resolver.

Huntley, cineasta y descendiente de las Primeras Naciones (Anishnawbe), resume que la violencia contra las indígenas canadienses “es inherente al proceso colonizador”.

Por eso, subrayó, se trata de una violencia sistemática que “no terminará hasta que no alcancemos la descolonización”.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/99198-mujeres-ind%C3%ADgenas-en-canad%C3%A1-cr%C3%ADmenes-en-la-oscuridad

Horror sin fronteras

3 de octubre de 2006. Los colegas de la prensa nos arremolinábamos alrededor del coche de I.J.L., una mujer de 35 años a la que su ex pareja acababa de asestar varias puñaladas en el barrio de Sevilla Este, ante una cafetería, al lado de un colegio. Estaba viva. Camino del Hospital Virgen del Rocío. Necesitó mucha cirugía y, supongo, no pocas horas de psicólogo y de familia, no pocos botes de medicamentos para el cuerpo y el alma. El asesino –que no lo lograra no evita la etiqueta- se suicidó poco después, tras escapar. España tenía desde hacía dos años una ley contra la violencia de género. La conciencia iba ganando terreno al miedo.

19 de febrero de 2014. Nadie alborota –ni plumillas, ni foteros, ni vecinos- junto al coche de F.A.M., una joven de 23 años que acaba de ser apuñalada y, de seguido, atropellada de forma intencional en Hebrón, al sur de Cisjordania (Palestina). La ha atacado su primo, en nombre de una familia que consideraba que la chica era demasiado poco humilde. Demasiado coqueta con sus ropas ceñidas y sus combinaciones –tacones, maxi bolso y hiyab, todo rosa fucsia- y demasiado independiente –universitaria, futura abogada, pese a la tradición hogareña-. ¡Una conductora, por Dios! F.A.M. también está viva, aunque la han tratado de rematar asfixiándola con una almohada en su cama del Hospital Alia. Su asesino sigue suelto, tranquilo, a cara descubierta. No ha sido ni interrogado. Entre los suyos es un hombre cabal que ha dado su merecido a una díscola. Aquí no hay ley que ampare la violencia doméstica, la discriminación por razones de sexo. Es una promesa vieja. La conciencia no va ganando terreno al horror.

Han pasado más de siete años entre una escena y la otra, pero la desolación, el vacío en el estómago, el asco al cubrir la historia son los mismos, porque idéntica es la raíz: la tozudez forjada durante siglos que afirma la necesidad del sometimiento de la mujer, de su degradación; su aplastamiento por sociedades patriarcales, machistas, donde la del hombre es la voz poderosa. O única. La maté porque era mía o porque dañaba el nombre de los nuestros. “Violencia de género” o “crímenes de honor”. Mismo perro con distinto collar.

Las mujeres muertas en España son una evolución del mal, el refinamiento de la persecución en una sociedad que se dice avanzada, pero que proviene del mismo veneno que en esta tierra lleva a ataques como el de Hebrón. Las mujeres aquí son atacadas por adúlteras, por ir con novios no aceptados por la familia, por su inmodestia… pero también porque se convierten en una deshonra para su casa después de haber sufrido una violación que, en el 75% de los casos, ha sido cometida por algún varón de su propia sangre. 27 chicas –musulmanas pero también cristianas- fueron asesinadas por estos motivos el pasado año, sobre una población que roza los cuatro millones. El doble que en 2012. Hay que sumarles otras 20 al menos muertas por sus parejas o ex parejas en casos de lo que se entiende como maltrato doméstico clásico. En España fueron 48 sobre 47 millones.

Quien crea que se trata solamente de unos crímenes atroces propios de países musulmanes se equivoca. Estas muertes no son religiosas, sino culturales. La fortaleza del hombre que manda sobre la mujer que cumple, sin rechistar, o asume las consecuencias. Puede haber añadidos, peculiaridades, pero también las hay en Occidente. Unas 20.000 mujeres mueren al año por crímenes de honor en todo el mundo, según una reciente compilación hecha por el diario británico The Independent. Los casos han saltado a Europa, entre inmigrantes de segunda o tercera generación sobre las que sus progenitores, su entorno familiar, tratan de aplicar el poder de siempre, el que oculta a la mitad del mundo. También en España, alerta el artículo. Rana Husseini, una periodista jordana tan fuerte como dulce, ha estudiado cómo la “vergüenza” acaba siendo limpiada con sangre, y lo ha hecho sin mirar el pasaporte de las víctimas. Concluye que no hay más que un mismo dolor compartido. “Lo que aquí ocurre pudo pasar en España a la generación pasada. Mira los entornos rurales. Hay familias que metían a monja a la hija que salía con el chico equivocado. O que la mandaban a un reformatorio. O que la exiliaban y repudiaban. O que la mataban, al  fin”, resume. Unas décadas de diferencia, más primaveras árabes, más mujeres liberadas, y llegará el momento de la convivencia escogida, del hogar, y también el momento de la otra fase, la nuestra, de violencia.

La única evolución, comparte Rana, es la de la educación. La ocupación, dicen algunos, está por encima de cualquier otro problema que tenga Palestina. Hay que escalonar las prioridades. La legislación puede esperar, antes hay que ajustar otras cosas. Así se repite el mantra –no es lo esencial, con eso no se hace estado- sin reparar en que, con país soberano o sin él, el mal existe, el mal debe ser erradicado por el bien de la sociedad por venir. No hay más que levantar los ojos por encima del hormigón del muro para tener el desmentido: 17 muertas en Israel por violencia doméstica el pasado año, en una población como la de Andalucía. Un país donde las mujeres cobran un 23% menos que los hombres. Donde los abusos sexuales a mujeres en el seno del Ejército han crecido un 9% en el último año.

El horror no sabe de fronteras.

http://www.andalucesdiario.es/oriente_sur/horror-sin-fronteras/

Más allá del aborto en México: cárcel, exilio y amenazas de muerte

El aborto en México (con la honrosa excepción del Distrito Federal) es un agujero negro. Por este motivo han sido encarceladas al menos 157 mujeres en los últimos años. La mayoría sigue en prisión.

Este año, la Corte Suprema se pronunció por primera vez sobre uno de los casos y ordenó la liberación inmediata de Adriana Manzanares, una indígena del estado de Guerrero que llevaba más de 7 años presa.

Antes de llegar a la cárcel, Adriana fue golpeada por su familia y lapidada por su pueblo. Al salir, vive como una exiliada por miedo a regresar a su comunidad. Su mayor apoyo es una defensora de derechos de la mujer amenazada de muerte por su trabajo.

“No quiero recordar más todo eso. Fue un infierno. No sé cómo pude vivir así”. Adriana mira al infinito y luego fija los ojos en sus hijos que juegan en la calle frente a ella a cientos de kilómetros de donde nacieron, la comunidad indígena de Camalote, en las montañas de Guerrero (centro oeste del país), un lugar donde la violencia intrafamiliar y contra las mujeres es la norma.

Su hija mayor, Aracelia, tiene 12 años. “Es muy callada, apenas sale de casa”. Adriana teme que también haya vivido la violencia en sus carnes durante los 7 años 9 meses y 3 días que quedó al cuidado de sus abuelos, el tiempo que ella pasó en la cárcel por un aborto eufemísticamente llamado “homicidio en grado de parentesco” y que, en realidad, fue un parto prematuro en el que el feto nació muerto.

Marco Antonio, su otro hijo, de 10 años, es un torbellino. Ya aguanta los zapatos aunque solo hace dos meses que los usa. No sabe leer ni escribir y en varias ocasiones se escapó de casa de sus abuelos y se fue a la ciudad cercana. “Quería buscarme, me dice. Nunca ponía atención en la escuela porque se la pasaba pensando en mí, es lo que repite”.

“No les conozco, no sé cómo hacer con ellos”, confesaba semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de México ordenara su inmediata liberación porque su juicio no fue justo y se violaron sus derechos más básicos, una constante en muchas mujeres acusadas de delitos relacionados con abortos y que son pobres e indígenas, explica la directora de Las Libres, Verónica Cruz, una de sus abogadas.

Es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre un tema como este y para Cruz, es todo un logro aunque tras la libertad la vida no es fácil.

“Tengo que empezar de cero”, añade Adriana que sueña con poner un pequeño comedor para ganarse la vida. El gobierno de Guerrero, a modo de compensación, le ha dado una casa, lejos de su pueblo, y le ha prometido ayudas para la escuela de los niños y para iniciar el negocio pero, aún así, ella denuncia que en ese estado “no hay justicia”. Sus únicos incondicionales, son las organizaciones sociales.

Muchas incertidumbres rondan su cabeza pero una cosa que tiene clara: no quiere ni puede volver a pisar Camalote, un lugar hundido en la “ignorancia” donde “la gente piensa que no tiene derechos, pero sí los tenemos”, dice. Estuvo allí justo después de lograr su libertad el 22 de enero, pero solo unas horas, para recoger a sus hijos que, sorprendentemente, aunque la dejaron de ver con 5 y 3 años, se fueron con ella sin pensárselo dos veces.

Su comunidad natal, le trae demasiados recuerdos. Ahí comenzó su infierno en 2006, cuando su familia se enteró de que estaba embarazada de su tercer hijo, fuera del matrimonio.  Su marido, del que no sabía nada desde que emigró a EEUU, regresó y durante un mes la sometió a palizas constantes antes de ‘devolverla’ a su padre, que hizo lo mismo.  De nada valió su denuncia. “Nadie me hizo caso”, lamenta.  Sus abogados creen que esos meses de golpes posiblemente provocaron el parto prematuro. El feto nació muerto y a Adriana le entró el pánico. Conocía las tradiciones de los suyos.

Su propio padre la acusó de adulterio y homicidio ante las autoridades comunales que la enjuiciaron. La condena fue lapidarla, escupirla y entregarla a la justicia ordinaria. Adriana no quiere recordar los detalles. Duele demasiado.  “Y luego llegó la violencia institucional, también brutal, porque la justicia nacional hizo caso a la comunitaria sin ningún tipo de investigación y violando sus derechos más básicos”, explica  Verónica Cruz.

Adriana entonces solo hablaba tlapaneco. “El español lo aprendí en la cárcel, donde terminé secundaria”, cuenta. Nadie se preocupó de facilitarle un traductor para explicarle de qué se la acusaba.  Sus abogados defensores de oficio no la defendían. La prueba de cargo fue un análisis realizado al feto para saber si respiró antes de morir que no es científico ni concluyente. “Hasta la Suprema Corte lo consideró primitivo”, dice Cruz. Pero la condena fue contundente: 27 años de prisión, luego reducidos a 22 años, de los que cumplió más de siete. “Se las juzga basándose en prejuicios morales de género y no en pruebas científicas y se ensañan con ellas por ser mujeres, indígenas y pobres”, asegura la directora de Las Libres, que ya ha conseguido sacar a varias.

PROTEGIDA POR UNA AMENAZADA

A kilómetros de su tierra, nada más salir de la cárcel Adriana compartió ‘exilio’ con una de las culpables de su puesta en libertad, Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y vínculo entre Adriana y Las Libres. Al margen de sus hijos y de un tercer pequeño que tuvo en la cárcel y ahora vive con sus abuelos paternos, Silvia es su única familia. “En todo ese tiempo mi madre solo vino a verme 3 veces al reclusorio porque no tenía dinero ni hablaba español. Ya me acostumbré a estar fuera de ella”, dice con su peculiar castellano. “Mi papá fue una vez y le dije que no quería volver a verle nunca más”.

En el pequeño departamento que Adriana y Silvia compartieron durante meses, la paradoja no podía ser mayor. La protectora de la indígena era una mujer que también huye. Esta vez no de las tradiciones de un pueblo sino de las amenazas de muerte suscitadas  por su trabajo como defensora de mujeres.  “Quieren desarticularnos porque no nos callamos, porque denunciamos impunidad donde la hay y hay mucha”, explica Castillo.

Juntas hacen planes y hablan de sus hijos. La primera preocupada porque el niño pega a su hermana, repitiendo el rol del hombre que ha visto en su familia. La segunda sin saber cómo lidiar con los comentarios de la maestra de su hija de 13 años que uno de los primeros días la llamó para avisarla de que “la niña aterraba a sus compañeros con sus historias ‘inventadas’”. “Cuando la pregunté qué les contaba me dijo que los casos de violencia que habíamos tratado en el centro de derechos humanos y que ella escuchaba porque siempre estaba conmigo”.

Silvia conoció a Adriana en 2009. La activista llevaba años denunciando feminicidios y violencia de género y defendiendo el aborto, máxime en casos de violación. “Guerrero permite el aborto en esa circunstancia pero aunque lo dice la ley, en la práctica se niega ese derecho”. “Nosotras vimos que 5.000 mujeres al año llegaban a urgencias por abortos que se habían complicado y que se presentaban unas 2.700 demandas de violaciones al año”. Hay muchas más pero la mayoría no se denuncian.  Según Castillo, en ningún caso se facilitó el acceso a una interrupción del embarazo y las denuncias se quedaban generalmente en papel mojado. “Ese es uno de los motivos por el que llevamos años enfrentándonos con las autoridades”.

Cuando Silvia llegó a la prisión de Chilpancingo, rastreaba a mujeres que hubieran sido encarceladas por  aborto. Encontró a Adriana y logró convencerla para que Las Libres y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llevaran su defensa si no quería pudrirse entre rejas porque sus abogados no hacían nada.  “Pero en 2012 todo se complicó”.

Silvia tuvo que esconderse por amenazas de muerte, no vinculadas al caso de Adriana en concreto sino a todo su trabajo como defensora de derechos humanos. “Mi casa llevaba varios días vigilada cuando recibí mensajes en el celular que me avisaban que matarían a mi hija y me entró el pánico. En Guerrero no se andan con tonterías”. Los datos lo confirman. Meses antes habían matado a  Fabiola Osorio, compañera de batallas, y según un informe de 2013  entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas la mayoría de ellas de Chihuahua y Guerrero.

La situación para Adriana también se complicaba por esas fechas porque, según cuenta Silvia,  el reclusorio se llenó de presas vinculadas al crimen organizado y tomaron el control de la cárcel. “Había que pagar hasta por el agua”, apunta la indígena.

Finalmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema llegó en enero, una sentencia que Las Libres confían que siente un procedente para el futuro. Como ya contamos en Periodismo Humano, este colectivo logró en 2010 la liberación de las primeras nueve mujeres en Guanajuato (condenadas a más de 30 años por abortos espontáneos, en algunos casos, fruto de violaciones). Luego han sacado de prisión a otras seis. Pero quedan muchas más.

“Según datos oficiales, que nos han proporcionado las procuradurías de cada Estado, del 2007 al 2012 se ha encarcelado a 157 mujeres por delitos relacionados con aborto en todo el país”, asegura Verónica Cruz. La gran mayoría siguen en prisión y los estados con mayor incidencia son Baja California, Yucatán y Michoacán. “Entre todos esos caso seguro que hay muchas injusticias como las que ya hemos visto, porque se ataca a las mujeres que están en una situación de mayor marginalidad e indefensión”.

Ahora, sin embargo, es tiempo de celebraciones. Adriana viajaba por primera vez a Guanajuato para la presentación del  documental “Las Libres: la historia después de…” de Gustavo Montaña que cuenta cómo mujeres como ella, maltratadas por la justicia mexicana, intentan rehacer sus vidas. “No me gustó verme ahí, en la pantalla, porque quiero olvidarlo todo pero si ayuda a que no vuelva a pasar… está bien”.

Artículo relacionado:

El delito de ser mujer, pobre y estar embarazada

http://periodismohumano.com/mujer/mas-alla-del-aborto-en-mexico-carcel-exilio-y-amenazas-de-muerte.html

‘Pogromo’ palestino y ser mujer bajo el Gran Muro

Nazanín Armanian, 28-07-2014

¡Matad a todas las madres palestinas para que dejen de parir “pequeñas serpientes”!, propone Ayelet Shaked, la diputada israelí, ignorando que las “soluciones finales” nunca lo han sido y que suelen estallar en la cara de sus idearios. Antes de los nazis, en la Rusia de 1880 también se incitó el pogrom «linchamiento» de las familias judías y el expolio de sus bienes. Los palestinos, al igual que los judíos, sobrevivieron a esta y a otras rondas de exterminio, a pesar de esta señora o del rabino Dov Lior, quien ha lanzado una fatwa legitimando la masacre de los palestinos.

Afortunadamente, éstos, al igual que Buko Haram, Taliban o Bin Laden, no representan la ética de millones de personas a las que afirman representar. Si tales barbaridades las hubiera dicho un líder político o religioso palestino contra los israelíes, ahora estaría en uno de los Guantánamos acusado de la incitación al odio y terrorismo, y su tierra arrasada por la aviación de la OTAN en nombre de la civilización.

El triple desafío de la mujer palestina

1. Como nativas de una tierra enfrentada a una agresión imperialista-colonial, ocupada y sometida a una limpieza étnica sistemática, las palestinas, incluso en los tiempos de paz, sufren el bloqueo más largo de la historia, que prohíbe la entrada de los siguientes artículos al gueto en Gaza:

Lentejas, pasta, especias, galletas, dulces y chocolate entre otros alimentos, causando la desnutrición de 4 de cada 5 niños y la mitad de las mujeres; libros, lápices de colores, papel y ordenadores; balones de fútbol e instrumentos musicales; papel higiénico, ropa, vasos, cubiertos, vajilla, nevera, lavadora, bombillas de luz, agujas, sábanas, mantas, zapatos, colchones; cuerdas de pescar , varillas y criaderos de peces; piezas de repuesto para coches y sillas de ruedas, entre otros objetos.

Mientras:
– Demuelen con bulldozer las viviendas: unas 20.000 desde el año 2000. Aplastaron bajo sus máquinas, en el 2003, a Rachel Corrie de 23 años, activista estadounidense del Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM) cuando impedía la destrucción de una casa palestina.

– Cometen “Ecocidia”: han arrancado de cuajo 1,4 millones de árboles frutales, entre 2000 y 2006. Han matado y golpeado a decenas de mujeres y hombres campesinos.

– Les cortan la electricidad y el agua durante horas o días, y a través de decenas de puestos de control, les impiden la libre circulación (ver: http://www.palestinalibre.org), dificultándoles acudir a sus trabajos, centros académicos e incluso a hospitales. Según Amnistía Internacional (AI), a Rula Ashtiya, embarazada que de madrugada iba a un ambulatorio para dar a luz acompañada de su marido, le impidieron el paso, siendo obligada a tirarse al suelo y parir delante de ellos mismos. El bebé murió minutos después y sólo entonces le dejaron ir a pie al hospital en Nablus, con su hijo muerto en los brazos. En el caso de Maysoon Saleh Nayef, a punto de dar a luz, su coche fue parado por estos controles y nada más arrancar fue tiroteado por los soldados. Mataron a su marido y a ella la hirieron en un hombro. En estado de shock, la sacaron del coche, le obligaron a quitarse la ropa ¡para cachearla!, y luego la dejaron desnuda tirada en el suelo, negándole además algo para cubrirse. Después, llamaron a una ambulancia —¿para mostrar que no eran tan inhumanos, quizás?—, y ella dio a luz a Fida, su niña huérfana. Maysoon, para colmo, no podía regresar a la casa conyugal, ya que sus suegros le hacían responsable de la muerte de su hijo (más casos en los informes de AI y el articulo “y los gemelos murieron” —And The Twins Died— del periodista israelí Gideon Levy).

Un conjunto de situaciones de terror y malas condiciones de vida que hicieron disparar los abortos involuntarios en Cisjordania en un 58% en 2012.

Con tales restricciones sobre el libre movimiento y la escasez de medios en los hospitales sería un disparate hablar de pruebas de prevención de enfermedades como el cáncer. Jahr de Jan Yunis, de 38 años y madre de cuatro hijos, consiguió viajar a Egipto para el tratamiento del cáncer de mama, pero no le dejaron regresar a Gaza, a su casa, mientras entre el 70% y 75% de sus hermanas israelíes se curan en su mismo país.

Fabricar palestinos enfermos, mutilados, incapaces durante las próximas décadas para defender sus derechos sobre su tierra es una estrategia política. Que quitándole el pan, agua, luz, libros, y seguridad a toda una nación, se tenga la indecencia de preguntar “por qué no hay grandes científicos entre los palestinos mientras decenas de judíos son premios Nobel” es indignante.

2. Como ciudadana discriminada por leyes teocráticas de los gobiernos de Gaza y de Cisjordania: ella necesita un tutor varón para realizar muchas gestiones, como si se tratase de una menor o incapacitada mental; la poligamia y el matrimonio infantil son legales. La falta de oportunidades laborales y un seguro social les arrebata el derecho a emanciparse. Ante las exigencias de las feministas, el Gobierno recién formado de la Unidad Nacional ha incluido a tres mujeres en su gabinete, como un intento de cambiar las leyes. Israel, que pretende impedir un Estado palestino a toda costa, canceló los permisos de viaje de los ministros palestinos entre Cisjordania y Gaza días antes del ataque.

3. Como mujer, por estar sometida a las tradiciones y una cultura profundamente patriarcal que le reducen en el “honor” de la familia, negándole su identidad independiente y el derecho a dirigir su vida. El desempleo masivo de los hombres, que ha destruido el tejido tradicional de la familia perturbando los roles, ha propiciado el trabajo de la mujer fuera del hogar, sin que ello haya supuesto su liberación, ya que se han convertido en mano de obra barata de los colonos judíos que han ocupado sus tierras agrícolas, y encima su propia comunidad les acusa de traidoras. Según el movimiento feminista palestino “Assiwar”, unas 40 mujeres murieron en 2013 a mano de sus familiares varones por este maldito honor. Sin apoyo institucional y con un cultura de resignación y aguante, algunas renuncian a ejercer los pocos derechos que tienen a beneficio de los hombres del grupo a cambio de ser protegidas por ellos, y a otras, las subversivas, se las chantajea, recomendándoles posponer sus reivindicaciones feministas para después de ganar la batalla nacional, si no quieren ser acusadas de antipatrióticas.

Y tres desafíos de la mujer israelí

1. “No en mi nombre” ha sido una de las consignas de cientos de mujeres y hombres judíos que han protestado contra los crímenes cometidos por su Gobierno en los territorios ocupados. Aunque desde 1948 el Movimiento de Mujeres Democráticas, fundado por militantes árabes y judías del Partido Comunista de Israel, y otras organizaciones progresistas habían trabajado en circunstancias muy difíciles por la igualdad de la mujer, las minorías étnicas, la separación entre religión y Estado y una paz justa entre ambos pueblos, las feministas judías empiezan a conocer el sufrimiento palestino tras la primera Intifada en 1987, que es cuando además asumen el arriesgado papel de ser la transmisora de esta realidad a la sociedad israelí sometida, según ellas, a un sofisticado lavado de cerebro. El proyecto “Enlace Jerusalén” o “Mujeres de Negro” han sido parte de esta compleja alianza, que a pesar de la asimetría en la relación —unas son ricas y pertenecen a la nación ocupante, y las otras pobres y colonizadas como pueblo—, sigue adelante con sus altibajos.

2. Como ciudadana de un Estado semiteocrático, que no les considera iguales ante la ley. El Gran Rabinato que controla la Ley de Familia las discrimina por su género: ella, por ejemplo, no conseguirá el divorcio si el esposo se niega a dárselo, condenándole así a ser “agunah” (anclada, encadenada) de forma indefinida, e impidiéndole que se case de nuevo o tener hijos “legítimos”. Éstos serán registrados como bastardos y sólo podrán casarse con personas de una lista. Ellas, al contrario de las musulmanas, no pueden incluir sus condiciones en el contrato matrimonial y librarse de estas normas prehistóricas.

Las israelíes van asestando golpes en la estructura patriarcal-religiosa de su sociedad y toman posición: Dorit Beinisch es presidenta de la Corte Suprema, y el 22% de los parlamentarios son mujeres (en Ruanda el porcentaje es de 64%, y en Pakistán, del 20%), y no todas son como Ayelet Shaked.

3. Como mujer “intocable” y despreciada por los poderosos grupos fundamentalistas. La batalla de las “Rosa Parks” israelíes contra la segregación en algunas líneas de autobuses ha dado “medio resultado”: esta ofensa será ilegal, aunque los conductores pueden pedir a las mujeres que ocupen los asientos traseros. ¡Menuda solución para atajar la mentalidad discriminatoria! Las “Patrullas del recato” de los extremistas Haredi, aunque no llegan a actuar como los Taliban, acosan a las mujeres por su vestimenta e incluso por rezar en voz alta.

La mirada sexual a la mujer que recorre los textos sagrados de las religiones abrahámicas fortalece la estructura patriarcal de la sociedad (ver: De dioses y genitales humanos). Así, el 76% de las judías y el 79% de las árabes israelíes temen un asalto sexual. Entre 2003 y 2010 estas agresiones aumentaron de forma espectacular. El ex presidente del país, Moshe Kasave, está en prisión por violación. Según la Organización Internacional sionista (WIZO), el año pasado, unas 200.000 mujeres fueron víctimas de la violencia de género y 600.000 niños fueron testigos de las agresiones. Y eso que tan sólo se denuncia el 20% de los casos. A diferencia de las palestinas, ellas y sus hijos disponen de numerosos centros de atención y casas de acogida.

Un movimiento feminista de izquierda palestina-israelí es clave para la consecución de la paz. Ellas tienen derecho a estar en la mesa de negociaciones para conseguir una solución que no sea militar, sino progresista y justa.

 

Público.es – Punto y seguido

Solidaridad con las 17 mujeres presas por abortar en El Salvador

Post on 17/06/2014 by Carmen Castro

Abortar en El Salvador se paga con la vida propia y también con la cárcel; entre 30 y 40 años es la condena que recae sobre alguna de las 17 mujeres presas actualmente. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico  y organizaciones feministas de El Salvador llaman a una campaña de solidaridad internacional con las 17 mujeres presas por abortar en El Salvador.

Esta campaña denuncia la crueldad con que algunas legislaciones en el mundo someten a las mujeres, vistas como meras incubadoras sin derecho a decidir sobre sus vidas ni sus cuerpos. La legislación más cruel de las existentes es la de El Salvador, que penaliza el aborto de manera absoluta, prohibiéndolo aún cuando es necesario para salvar la vida de la mujer e imponiendo severas sanciones penales para las mujeres y los médicos. Bajo las leyes actuales en El Salvador, cualquier persona que realice un aborto con el consentimiento de la mujer o una mujer que se auto-induce o que consiente para que otra persona le induzca su aborto puede ser encarcelada  hasta por ocho años. En la práctica, muchas de mujeres terminan siendo procesadas y condenadas por homicidio agravado que se castiga  hasta con 40 años de prisión.

El 1 de Abril de 2014, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto y organizaciones feministas de El Salvador presentaron ante la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto, una por cada una de las mujeres que fueron perseguidas, acusadas y condenadas, sin contar con el apoyo legal apropiado para ser escuchadas y defenderse adecuadamente. Todas ellas fueron acusadas por personal de salud pública cuando llegaron desangrándose en busca de ayuda médica, por presentar complicaciones médicas por un aborto espontáneo; y fueron denunciadas, acusadas y procesadas inicialmente por aborto, pero luego les cambiaron el delito condenándolas por homicidio agravado, lo que es permitido por la ley nacional. Aún siguen presas.

Como dice el comunicado de la Plataforma Feminista por el Derecho al Aborto de Euskalherria, lo que está en juego es el uso que los gobiernos hacen sobre el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio con los sectores más ultra católicos y patriarcales de la sociedad.

La campaña de solidaridad internacional reclama la libertad para las 17 mujeres presas por abortar en El Salvador para que puedan continuar con sus vidas.

Puedes sumarte a la campaña ‘Una Flor para las 17′ para que su vida no se marchite’ de diferentes formas:

  • Acudiendo hoy, 17 de Junio de 2014, a alguna de las concentraciones convocadas en muchas ciudades ante las embajadas y consulados de El Salvador con la finalidad de pedir al Congreso salvadoreño el indulto para las 17 mujeres.
  • Enviando tu foto con una flor y tu nombre al correo unaflorporlas17@gmail.com
  • Difundiendo en las redes sociales la campaña internacional; y si tienes perfil en twitter, puedes utilizar las siguientes etiquetas: #17J #LibertadAlas17 #17MujeresCondenadas
  • #ElSalvador #AbortoLibre #FeminismoenRed súmate y haz RT

Solidaridad_Las17_ElSalvador

http://singenerodedudas.com/blog/solidaridad-con-las-17-mujeres-presas-por-abortar-en-el-salvador/

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