La corrupción como instrumento político e ideológico de los poderes económicos: la trama

manolo monereo

Manolo Monereo *

Para entender lo que pasa aquí y ahora es necesario hacerse siempre la siguiente pregunta: ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Es un viejo y siempre actual problema. Refleja la contradicción orgánica entre la democracia y el capitalismo, es decir, entre un sistema político que se fundamenta en la igualdad jurídico-formal de las personas y una formación económico-social organizada en base a una desigualdad estructural de poder, renta y riqueza entre clases y grupos sociales. Las relaciones entre democracia y capitalismo han sido siempre conflictuales y, periódicamente, ambas lógicas político-sociales se hacen más antagónicas y contrapuestas, coincidiendo, no es casual, con graves crisis económicas del capitalismo.

Volvamos a la pregunta: ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Si observamos con cuidado los tenedores de las tarjetas negras de Bankia, ¿qué vemos? La cooptación de la entera clase política por los poderes económicos. El instrumento fundamental: la corrupción. Lo que asombra —aquí también hay clases— no es que la derecha política sea corrupta (esto se sabe desde siempre: es una de sus características genéticas, por así decirlo) sino que una parte significativa de la izquierda social y política se deje atrapar en la madeja de intereses corporativos y en los conflictos de los varios grupos de poder en el entorno del PP y lo haga por dinero, mucho, hasta muchísimo para la gente normal, pero calderilla para los que mandan y no se presentan a las elecciones.

El bipartidismo imperfecto (PP y PSOE más la burguesía vasca y catalana) ha sido esencial. Los que mandan y no se presentan a las elecciones necesitaban garantías de que sus intereses nunca serían cuestionados y volvieron a lo de siempre: dos partidos que se turnaban, en beneficio de los intereses generales de la oligarquía dominante, garantizados, en último término, por su corrupta majestad el rey. Como siempre, es decir, en las permanentes y, por ahora, inevitables restauraciones borbónicas, la derecha lo era de verdad; la izquierda era un sucedáneo, con el objetivo específico de impedir el surgimiento y desarrollo de una izquierda verdadera.

Aquí deberíamos afinar y ver lo nuevo, lo singular, de la corrupción en esta fase concreta. Se suele decir, se repite una y otra vez, que siempre habrá corrupción, que es algo natural al ser humano y a la política. No estoy de acuerdo: este tipo de capitalismo monopolista-financiero lleva en su seno y necesita de la corrupción para mantenerse y desarrollarse. Esta es la novedad. Se dirá que es el capitalismo en general, y seguramente es verdad, pero hay que esforzarse en profundizar y en delimitar lo específico de la fase.

El neoliberalismo, capitalismo senil y depredador, sitúa en su centro, en su modo normal de funcionamiento, la especulación, los negocios fraudulentos, la información privilegiada, el expolio de lo público y el ataque a los derechos económico-sociales. La frontera entre lo legal e ilegal desaparece conforme se llega a la cúpula de los poderes económicos-financieros y solo se hace evidente cuando se baja a la base de una sociedad, en el lugar donde habitan, luchan y sufren los hombres y mujeres normales. La legalidad aplicada contra las personas, contra las clases subalternas, de nuevo, “clases peligrosas”.

No me gusta el término casta. ¿Por qué? Porque no anuda, no engarza y no relaciona a los poderes económicos y mediáticos con la clase política. Parecería que la corrupción es cosa de los políticos y solo de ellos. ¿Y los corruptores?, ¿dónde están?, ¿quiénes son?, y ¿para qué compran los poderosos a los políticos? Todo esto desaparece y se pone el foco en los representantes de los ciudadanos, ligando política con corrupción, libertades públicas con expolio del Estado. Por esto prefiero el término trama, precisamente, para poner de manifiesto que existe una relación subjetivamente organizada y necesaria entre el poder del dinero y los políticos del régimen bipartidista. Para que los gobiernos realicen y practiquen políticas contrarias a los intereses mayoritarios tienen que ser corrompidos, anulados y sometidos. Gobernar termina siendo, en la Unión Europea del euro, el arte para conspirar contra los ciudadanos y formar parte de la antipolítica organizada desde la cúspide del poder corporativo y mafioso de las finanzas.

Hay un juego perverso. Los poderosos someten a los políticos. Los medios de comunicación, casi siempre controlados por los que mandan y no se presentan a las elecciones, se hacen eco de los escándalos y denuncian, con razón, a los representantes de los ciudadanos desde una lógica que oculta las necesarias relaciones entre los corruptores poderes económicos y sus subalternos políticos corrompidos. La ideología que se crea es del mayor interés para la oligarquía: la política es corrupción, luego hay que dejársela a los que viven de ella y el resto, la ciudadanía, a lo suyo, a aguantar y al sálvese como se pueda. Abandonar lo colectivo, privatizar lo público y renunciar a la emancipación social y política. Es el “no te metas en política”, que nos aconsejaban nuestros padres, duramente escarmentados por el terror franquista.

Los “neoliberales de todos los partidos” suelen insistir en que los culpables de la corrupción son los políticos y que su origen está en que el Estado interviene mucho y tiene demasiado poder. Su receta es conocida: más liberalizaciones, más privatizaciones, más desregulaciones. Lo más significativo del asunto es que a más predominio de los grupos de poder económicos, más corrupción, más degradación de la sociedad civil, mayor concentración de renta y riqueza, mayor fuerza de los oligopolios y prostitución del mercado como institución social.

El país necesita una revolución democrática que haga real y efectivo lo que dicen las Constituciones: que el poder reside en la soberanía popular. No será fácil, pero la revolución, para ser realmente democrática, tiene que romper con la trama oligárquica que gobierna de facto nuestro presente y controla e impide nuestro futuro como personas libres e iguales. Esto también depende de nosotros: hacer lo necesario posible y diseñar un futuro con sentido para los hombres y mujeres de carne y hueso.

(*) Manolo Monereo. Politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU. Su último libro publicado, junto con Enric Llopis, es Por Europa y contra el sistema euro (El Viejo Topo, 2014).

http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-corrupcion-como-instrumento-politico-e-ideologico-de-los-poderes-economicos-la-trama/6351

España gastó 5 millones de euros para entrar en el Consejo de Seguridad

LUIS DíEZ | Publicado: 17/10/2014 06:09

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer, durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. / Efe

España ha logrado con tres votos más de los necesarios, y en la tercera votación de la Asamblea General de la ONU, la plaza en el Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016 que se disputaba con Turquía y Nueva Zelanda. En la campaña para acceder al sanedrín donde se toman las decisiones geoestratégicas sobre la paz y la seguridad mundial, el Gobierno ha gastado unos cinco millones de euros, los dos últimos en la recta final, este año. El resultado fue acogido con evidente satisfacción por el presidente Mariano Rajoy, quien destacó la confianza de la comunidad internacional en nuestro país, y con un “Spain is back” (España ha vuelto) por el ministro de Exteriores y jefe de la delegación, José Manuel García-Margallo.

Las notas de las agencias destacan lo reñido de la votación. Para los dos sillones asignados a Europa y otros países desarrollados había tres candidatos. En la primera votación sólo pasó Nueva Zelanda, que obtuvo 145 votos y superó ampliamente los dos tercios exigidos (128 del total de 193 países miembros). España se quedó en 121 y Turquía en 109. En la segunda votación, Turquía bajó a 73 pero España sacó 120 y no superó el listón de 128 más uno, de modo que se realizó otra votación y a la tercera fue la vencida: España 132 papeletas y Turquía 60.

Aunque el Gobierno español había intensificado en las últimas semanas las decisiones tendentes a obtener la confianza del área de influencia anglosajona, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido, con su anticipo de enviar 300 militares a Irak para ayudar a combatir a las milicias del Estado Islámico, la importancia de Turquía como un aliado imprescindible para intervenir contra el EI convertía al país de Tayyip Erdogán, promotor con José Luis Rodríguez Zapatero, del diálogo de las civilizaciones, en un rival de primer orden.

Sin embargo, el hecho de que todavía no haya dado su visto bueno definitivo a la utilización de la base de Incirlik para las operaciones de los estadounidenses contra las milicias del EI y, sobre todo, de que el martes pasado haya bombardeado a los kurdos del PKK que luchan contra la guerrilla yiadista del EI, ha pesado decisivamente en las votaciones. A ello se suma que Turquía formó parte del Consejo de Seguridad hasta 2010.

España, aunque no ha cumplido las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas del franquismo, ha hecho valer su condición de sexto contribuyente neto a la ONU, su participación en las misiones de paz –en estos momentos tenemos 600 cascos azules en Líbano, vigilando la frontera con Israel– y, sobre todo, su realidad como potencia media que actúa como puente de diálogo entre Europa y América Latina y facilita el diálogo entre la UE y el sur del Mediterráneo.

Con el fin de atraer el voto de varios países de Oceanía especialmente amenazados por las consecuencias de la contaminación de la atmósfera y el cambio climático, el ministro Margallo realizó una gira en septiembre pasado y manifestó su compromiso de luchar contra esa amenaza cierta desde el Consejo de Seguridad. Luego ya, para no ahuyentar el voto británico, algunos medios subrayan el hecho de que Felipe VI se haya olvidado de mencionar la reivindicación de Gibraltar (un clásico) en su primera y reciente intervención ante la Asamblea General.

La última de las cuatro veces que España ha formado parte del Consejo de Seguridad data del bienio 2003-2004, con José María Aznar de jefe de Gobierno y la ministra de Exteriores Ana Palacio de jefa de delegación. El mandato coincidió con la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de invadir Irak, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo. Palacio se significó por su ardorosa defensa de la invasión, superando al entonces secretario de Estado norteamericano Kolin Powell.

La decisión de optar al quinto mandato la tomó en 2005 el entonces presidente Zapatero y se convirtió en 2012 en un objetivo principal de la política exterior de Rajoy, con una imputación de créditos presupuestarios de medio millón de euros anuales desde aquel ejercicio. El ministro Margallo ha calificado de “muy modesta” su campaña, en la que ha trabajado un comité especial en Madrid y Nueva York. Con España, que sustituye a Luxemburgo, se suman a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) los representantes de Venezuela, Nueva Zelanda, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Nigeria, Angola y Malasia como miembros no permanentes.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/10/17/espana-gasto-5-millones-de-euros-para-entrar-en-el-consejo-de-seguridad

VÍDEO – España apalea y deporta ilegalmente inmigrantes heridos, atados e inconscientes en Melilla

Una vez más, decenas de inmigrantes fueron deportados ilegalmente por la Guardia Civil, por órdenes del Gobierno español, y entregados a fuerzas marroquíes al otro lado de la valla, a pesar de encontrarse ya en territorio español. Muchos fueron golpeados, otros arrastrados atados de pies y manos y varios heridos fueron deportados sin recibir atención médica. Los posibles solicitantes de asilo de Mali también fueron expulsados sin tener en cuenta sus derechos como refugiados.

La portavoz de la Delegación del Gobierno español en Melilla ha explicado a Europa Press que el inmigrante golpeado por la Guardia Civil del vídeo “no estaba herido”, sino que estaba adoptando una actitud de “resistencia pasiva” , que “el salto fue violento” y “hubo escenas violentas como escupir a los agentes y gritar la palabra ébola”. “En esas situaciones es normal que la Guardia Civil actúe con contundencia“, ha dicho, esta portavoz ha considerado que videos como el difundido por Prodein “sólo buscan poner en entredicho el trabajo que hace la Guardia Civil”.

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Según informa la ONG PRODEIN: “Un grupo de malienses intentó entrar en Melilla el 15-11-2014. La violencia con la que se les recibió fue extrema. Fueron deportados ilegalmente a Marruecos sin importar su situación personal, sin importar su edad, sin importar si querían solicitar asilo, sin importar que estuvieran heridos, al margen de la legislación española e internacional”

 

“En el intento de salto que tuvo lugar el 15-10-2014 las Fuerzas Auxiliares y la Guardia Civil se emplearon con los inmigrantes con especial dureza. Prácticamente la totalidad de ellos fueron expulsados de España de forma absolutamente ilegal. Decenas de heridos fueron también expulsados y entregados al ejército marroquí”.“En el vídeo podemos ver los sucesos de ese día. Hacemos un seguimiento a una de las víctimas: Danny, camerunés, de unos 23 años y del cual recibimos noticias contradictorias en el sentido de que está vivo o que murió”.

 

Más información sobre deportaciones en Melilla en Periodismo Humano:

http://periodismohumano.com/migracion/animales-en-la-valla-de-melilla.html

‘Niños robados’ podrán buscar a sus familiares desde casa con un programa que detecta compatibilidades genéticas

Una aplicación informática les permite introducir su perfil genético para buscar las compatibilidades y facilitar los reencuentros

   MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) –

Los afectados por el ‘robo de niños’ han colaborado en el desarrollo de un programa que permite practicar comparativas genéticas de forma automática y “sin intermediarios” desde su propio ordenador, móvil o tableta para encontrar a sus familiares desaparecidos.

La ‘Plataforma de Afectados Clínicas de toda España. Causa de niños robados’ ha promovido esta iniciativa en colaboración con la compañía biomédica Progenie molecular S.L. que ha puesto en marcha este motor de búsqueda gratuito en la página www.bdgenetica.es.

“Nuestro objetivo totalmente altruista es poner a disposición de los afectados una herramienta para la búsqueda de familiares basada en los datos genéticos, de forma gratuita, eficaz y discreta”, explica la sociedad en la web, donde destaca que otra empresa, Prodat Valencia S.L., se encarga del asesoramiento en materia de protección de datos.

El usuario tendrá que aceptar primero las condiciones de uso y después registrar sus datos personales y marcadores de su perfil genético para que el sistema pueda funcionar de forma automática para encontrar las coincidencias. El perfil genético se obtiene tras realizarse las pruebas de ADN en un laboratorio.

“Las familias afectadas por la Causa de los Niños Robados, por fin van a poder hacer sus chequeos con otras desde su propia casa, sin que intervengan intermediarios, ni asociaciones, ni instituciones; en el momento que quieran”, explica la asociación.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Esta iniciativa está pensada exclusivamente para el encuentro entre familiares afectados por adopciones irregulares o por el robo de un hijo y es compatible con otras bases de datos como del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). De hecho, sus promotores recomiendan que los perfiles genéticos estén depositados en el mayor número posible de bases de datos tanto públicas como privadas.

Esta prueba de identificación no se podrá hacer a ningún individuo sin su consentimiento ni autorización y, en el caso de menores, se requerirá el visto bueno del adulto que ostente su patria potestad.

La compañía defiende que la plataforma es “absolutamente” legal, el fichero está registrado en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el uso doloso o fraudulento puede generar “muchos perjuicios” para los afectados, por lo que la empresa se vería “obligada a utilizar medios legales contra los infractores”.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ninos-robados-podran-buscar-familiares-casa-programa-detecta-compatibilidades-geneticas-20141016131410.html

¿Entiende Rajoy el inglés?

Mercè Rivas en ¡A por todas!

“Hay que actuar rápido para dar una respuesta política a un problema político”. Estas palabras no son de ningún representante de la ciudadanía español, ni siquiera de un periodista. Son del Financial Times respecto a Rajoy y Cataluña.

Dicho periódico,  de origen británico con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía, tiene  un promedio de lectores diarios de 2,2 millones de personas alrededor del mundo. Sin lugar a dudas un medio de referencia para el mundo de la economía pero también de la política.

Pues bien esta semana le ha dedicado un editorial en sus páginas a Mariano Rajoy para decirle que tiene que actuar y que el tema de Cataluña es una cuestión política que como Presidente del Gobierno debería abordar.

Rajoy no escucha a nadie y tiene alergia a encarar los temas con gallardía. Se lo ha dicho media España pero ahora se lo dice el periódico de la calle One Southwark Bridge de Londres.

¿También se hará el sordo? ¿No le importará lo que piensen de él los jefes de Gobiernos (todos están pendientes de lo que opina el FT)? ¿Le dará la espalda a los mercados, ese concepto que tanto les gusta a Rajoy, Guindos o Montoro, que no son otra cosa que los bancos, los grupos inversores etc?

Rajoy ya ha hecho bastante el ridículo diciendo que el está para que se cumpla la ley, en plan sheriff y no se ha enterado de que a él lo han elegido para solucionar problemas. Y lo primero que debería haber hecho es sentarse a hablar con los catalanes, abrir vías de diálogo, de acercamiento.

De hecho esos canales los ha habido. Conocidos catalanes en Madrid se han movido para organizar encuentros entre líderes de Convergencia y personajes del Madrid político y mediático, pero por lo visto de poco han servido.

Los encuentros han sido en lugares tranquilos, reservados para no levantar alarmas. Los hombres de Mas han participado en ellas y también conocidos periodistas, políticos y altas instancias.

Pero Rajoy pasa de todo, vive en su burbuja de la Moncloa y sólo le interesa lanzar mensajes a la España nacionalista y ultramontana.

Mercè Rivas Torres es periodista y escritora

http://www.elplural.com/opinion/entiende-rajoy-el-ingles/

Ana Mato, que fue protegida por Aznar, es ahora el bochorno nacional

Enric Sopena en Cabos Sueltos

08/10/2014
Quien es el culpable de tanto desaguisado es don Mariano

Desidia e inutilidad
Semejante virus no va ser frenado fácilmente. En primer lugar, porque el citado virus tiene alcance mundial, según algunos expertos. Y en segundo, porque la masacre puede haber empezado con gran y cruel fuerza en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. También en España, donde ha habido ya dos españoles muertos. Pero lo peor, hoy por hoy, es que la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha vuelto a exhibir, sin paliativos, su desidia y su inutilidad creciente.

Ministra de pitiminí
El PP ha cerrado filas para ayudar a la ministra Mato, pero no ha transmitido la confianza debida a la ciudadanía. Es ella, ciertamente, la ministra de pitiminí. Y es, sobre todo, la ministra asimismo de la torpeza y de la ignorancia más severa. El hundimiento de la sanidad pública se ha ido produciendo a toda velocidad, aunque Mariano Rajoy sólo sepa decir estupideces al respecto. No hay ni un solo ministro o ministra en el Partido Popular -salvo tal vez la ministra de Fomento, Ana Pastor – que proyecte un mínimo de sensatez al servicio de los ciudadanos. Menos todavía de solidez y de dominar al máximo su territorio más concreto.

Hasta tercera división
La alineación ministerial es de segunda y hasta de tercera división. No hay nadie que consiga mejorar las encuestas. El presidente se encuentra suspendido siempre. Es inaudito que la mencionada Mato siga y siga, pertrechada en su despacho ministerial, cuando en cualquier otro país civilizado, y democrático, hubiera sido destituida de forma fulminante. Claro que quien es el culpable de tanto desaguisado es don Mariano. Mientras tanto, Ana Mato, que fue protegida por Aznar, es ahora el bochorno nacional.

Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

http://www.elplural.com/opinion/ana-mato-que-fue-protegida-por-aznar-es-ahora-el-bochorno-nacional/

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Asociación de Enfermería: “Con el ébola se ha puesto en riesgo a toda la población”

ÉBOLA EN ESPAÑA

ANíBAL MALVAR | Publicado: 6/10/2014

Trajes_ébola_hospital

“El ébola puede salir del hospital Carlos III”, advertía desde este periódico, el 8 de agosto pasado, la secretaria de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Amelia Batanero. Esta tarde se ha confirmado que el virus del ébola ha salido del Carlos III. “Odio tener razón, no sé qué decirte. Se ha puesto en riesgo a toda la población”, señala Batanero momentos después de confirmarse el contagio por ébola de una de las enfermeras que atendió a uno de los sacerdotes fallecidos por esta enfermedad en España: Miguel Pajares (12-8-2014) y Manuel García Viejo (26-8-2014). La auxiliar de enfermería contagiada, T. R. de 44 años y con más de 15 años de experiencia, ingresó esta mañana con fiebres altas en el hospital de Alcorcón. Por la tarde, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, confirmaba la noticia.

La repatriación a España de los dos sacerdotes españoles infectados en Liberia y Sierra Leona fue “una improvisación”, insiste en el calificativo Batanero dos meses después de su primera denuncia. “El error fue desmantelar el Carlos III [dependiente de la Comunidad de Madrid] con los recortes en Sanidad. Era el hospital español de referencia de enfermedades infecciosas y pandemias. Desmantelaron un hospital que tenía una función antes de preparar un sustituto”, recuerda.

Cuando el 5 de agosto se decidió repatriar a Pajares, Gobierno central y madrileño recibieron una gran noticia: la planta de habitaciones de presión negativa del Carlos III aún no había sido desmantelada totalmente. Su fecha de defunción estaba prevista para septiembre. Se podía improvisar un entorno seguro. Se llamó a la dirección del hospital y se le pidió un listado detallado de todo lo necesario para aislar y atender a Pajares. El equipo sanitario fue dotado con celeridad de todos los recursos que solicitó, pero no fue suficiente tanta celeridad e improvisación. El virus del ébola se escapó de la planta de aislamiento, y esta tarde la ministra de Sanidad, Ana Mato, constituía un gabinete de crisis para afrontar un problema que ya puede estar flotando por algunas calles del populoso Madrid. El ministerio y la Consejería madrileña de Sanidad confirmaron ayer en rueda de prensa que una treintena de personas que tuvieron contacto personal o profesional con la auxiliar contagiada están siendo sometidas a análisis por si el virus ha podido propagarse más. Lo difícil es establecer la identidad de todas las personas con las que tuvo contacto la enfermera T.R. desde que cogió vacaciones el 27 de agosto, día siguiente al fallecimiento del sacerdote García Viejo.

Amelia_Batanero_AME

“Ahora ni siquiera se puede saber cómo se produjo el contagio”, explica Batanero. “¿Se contagió en la zona de aislamiento o fuera? ¿Se ha producido un error en la limpieza? ¿Puede haber estado expuesta más gente?”. El gabinete de crisis de Ana Mato está trabajando en ello.

Ni siquiera han funcionado, en este caso, los protocolos de seguimiento al personal sanitario que atiende a enfermos de ébola. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, había asegurado en el funeral de Miguel Pajares (13-4-14) que los médicos, enfermeros y auxiliares que habían tenido contacto con el ébola estaban sometidos a “controles continuos”. Algo que desmitió al día siguiente a cuartopoder.es uno de los enfermeros que atendió al sacerdote: “A mí no me han hecho ningún control ni ninguna analítica”, declaró bajo condición de preservar su anonimato. Varios compañeros suyos y la propia AME confirmaron a este periódico la inexistencia de dichos controles.

Batanero no quiere cuestionar la formación de la auxiliar de enfermería cuyo contagio se confirmó ayer. Pero asegura que buena parte de los equipos que atendieron a Pajares y a García Viejo “no estaban preparados”. “No sabemos el error que se pudo cometer ni quién lo cometió. Pero la preparación en estos casos es muy importante, al personal no le habían dado la suficiente. Enseñaron a poner y a quitar los trajes [de aislamiento], pero no es suficiente. Se desplazó al Carlos III a personal de urgencias de La Paz a los que se les habían impartido solo unos cursillos de 20 minutos. Sabíamos que podía haber un error humano y la gente trabajaba con miedo”.

Ahora Sanidad deberá aclarar si cumplió realmente los protocolos para testar al personal sanitario que atendió a los enfermos. Según las propias declaraciones de la ministra Ana Mato y del director general de Atención Primaria de la CAM, Antonio Alemany, no fue así. La infectada llegó el 30 de septiembre  a alertar de que se encontraba mal, pero la despacharon con fiebre leve y leves síntomas de astenia. Todo demasiado leve como para analizar el estado de un enfermero que ha estado recientemente en contacto con infectados de ébola. Todo demasiado leve.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública pidió ayer la dimisión de la ministra Ana Mato por la “gestión desastrosa e irresponsable de esta crisis”.

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El ébola en España: un virus, unos cuantos recortes en Sanidad y muchas mentiras

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Martín Pallín: “En la judicatura española prima la cultura de la autoridad frente a la de servidores públicos”

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín.

El sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes o los crímenes franquistas, son sólo algunos de los temas tratados.

03.10.2014 · Patricia Simón

José Antonio Martín Pallín durante la entrevista (P. S.)

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín. Nacido en 1936, este ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue durante la dictadura franquista uno de los fundadores de la organización clandestina “Justicia Democrática”. Ya entrada la democracia, desempeñó la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Unión Progresista de Fiscales, así como la portavocía de Jueces por la Democracia. Retirado de la magistratura desde 2006, es colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas.

Invitado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a impartir una conferencia en Gijón, conversamos con él sobre el legado de Gallardón en la Administración de Justicia, el sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes y los crímenes franquistas, entre otros asuntos.

Periodismo Humano. El periodo de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia será recordado por su fallido intento de reforma de la Ley del aborto, ensombreciendo la gravedad de otras medidas como el encarecimiento de las tasas judiciales que logró mucha menos atención entre la opinión pública y que el nuevo ministro ya ha avanzado que será reformada. El encarecimiento del acceso a la justicia lo ha alejado de su concepción como derecho, facilitando que sean las clases privilegiadas las que tengan más posibilidades de defenderse y grandes sectores de la población desamparados. El ministro Gallardón amparaba esta medida en el desincentivo del abuso de las demandas y agilizar así el funcionamiento de la Administración de la Justicia. En nuestra anterior entrevista usted apuntaba algunos de los grandes obstáculos para esta Administración: un sistema basado en el papel, el abuso de los recursos, la deficiente cultura del ejercicio de la demanda civil colectiva… Según su criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que debería emprender el sistema judicial español?

Martín Pallín. Efectivamente me sorprende que en el caso de ministro Gallardón se haya centrado la atención en lo relativo a la Ley del aborto. Cualquier decisión sobre el aborto es de gobierno e incluso, de partido puesto que tiene una carga ideológica muy importante. Sin embargo, un ministro de Justicia, como de Fomento, tiene competencias específicas y para mí en este caso lo más desastroso, con diferencia, han sido sus leyes que tratan de estructurar la Administración de Justicia. La ley de tasas es absolutamente desproporcionada, hace añicos el principio constitucional del acceso a la justicia. Y nadie se ha rebelado contra ello. Quizá es muchísimo más grave en cuanto a la incidencia en el conjunto de la ciudadanía que la Ley del aborto. La regulación del Consejo del Poder Judicial, que ha sido deficiente en todos los gobiernos, ya la ha terminado de rematar con la creación de vocales permanentes, que en cualquier estructura se hacen con el poder, y transitorios, condenados a la inestabilidad. La jurisdicción universal la ha lapidado por completo y, paradójicamente, gracias a ello Rajoy ha podido ir a China. Parece que ahí le salió mal el cálculo. O bien, si se mira sólo desde el punto de vista de los negocios. En realidad, su periodo al frente del Ministerio de Justicia ha sido un desastre total. Tampoco ha sacado adelante una reforma de nuestras leyes procesales, y especialmente el penal no puede seguir así. No pueden haber causas que duren cinco o seis años, como la Gürtel o el caso Malaya. Esto es único en el mundo. No hay ningún país democrático y civilizado que tenga un proceso que dure diez años, que tenga doscientos acusados y que el juicio oral dure dos años. ¡Los juicios de Nuremberg duraron seis meses!

  1. Pero precisamente esta Ley de Tasas se presentó como una vía para agilizar la Administración de la Justicia. ¿Qué otras reformas considera urgentes para acabar con estos procesos eternos y que la justicia no pierda su valor ejemplarizante?
  2. P. Lo de agilizar parece una broma de mal gusto, sobre todo cuando se manejan estadísticas falsas y poniendo siempre como modelo a Francia argumentando que con 70 millones de habitantes tiene menos procesos, lo cual es absolutamente falso. En Francia sólo puede ejercitar la acción penal el Ministerio Fiscal. En España hemos visto cómo la ejerce Manos Limpias o cualquier espóntaneo que salte al ruedo. Por supuesto no tengo nada que objetar en que la puedan llevar a cabo los perjudicados por un delito. Pero es que ya lo dijeron los constituyentes: los procesos deben ser orales, especialmente en el ámbito penal, y no se puede seguir haciendo procesos con cientos de miles de papeles. El caso Malaya tiene más de un millón de papeles. Eso lo cuenta uno en otros países y se quedan a cuadros.
  3. En varias intervenciones en medios de comunicación, ha alertado sobre el riesgo de que la jueza Alaya, encargada de la investigación de los ERES de la Junta de Andalucía, estuviera confundiendo la investigación de unos supuestos casos fraudulentos de concesión de subvenciones con la criminalización del poder legislativo que aprobó las leyes andaluzas y, por ende, al partido socialista. Ha hablado del riesgo de que vayamos hacia un gobierno de los jueces. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos para avanzar en la separación de poderes?
  4. P.Eso me preocupa institucionalmente y he aplicado esta misma teoría cuando se me han presentado querellas contra ministros del Partido Popular. No podemos meternos en terrenos estrictamente políticos. Los ERES han manejado unos 700 millones y parece que han llegado a sus destinos legítimos seiscientos y pico. Parece que alguien ha metido la mano en la caja y sobre esto no tengo nada que objetar a la actitud de la jueza instructora, sea Alaya o quien sea. Ahora, pretender criminalizar un gobierno o votaciones de un Parlamento que apoya unas transferencias que según la jueza son ilícitas cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía dice que son inadecuadas… La cantidad de Parlamentos que habrán adoptado decisiones inadecuadas. Además está la paradoja de que esas transferencias fueron aprobadas con los votos favorables del PP y de IU, incluso con enmiedas que pedían que se destinarán más fondos. Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental.
  1. Los crímenes franquistas de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. El reciente informe del Relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha sido especialmente duro en este sentido con el Estado español y le exige al gobierno que los investigue, mientras éste sigue haciendo oídos sordos.  ¿Le queda otra salida a la ciudadanía para que se haga justicia que acudir a tribunales en otros países o a supranacionales como el Europeo de Derechos Humanos?
  2. P. En Estrasburgo se ha intentado pero este tribunal ha salido con una cinta política, no jurídica, diciendo que era un problema de España. Así que veo muy pocas posibilidades. Veo muy bien también que en Argentina se esté abordando estos crímenes, pero yo que estoy muy metido en las Asociaciones de Memoria Histórica, les repito una y otra vez que no se hagan ilusiones porque tiene un recorrido simbólico y de ahí no va a pasar. Éste es un país que ha digerido con una facilidad pasmosa, quizás porque han sido cuarenta años, algo que es digno de un juicio de Nuremberg. De hecho, si los aliados en lugar de ir a Italia, hubieran venido por Gibraltar a España, Franco habría acabado como Mussolini. Pero la Historia es la Historia y no tiene sentido ponernos nostálgicos. Pero es que además en España hay mucha gente que no tiene conciencia de que fueran crímenes. Es más, hay muchos que siguen considerando que Franco fue un salvador frente al comunismo internacional.
  3. Entonces ¿sólo nos queda que la justicia se haga en los tribunales españoles?
  4. P. Por supuesto. Y creo que en algún momento tienen que ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico constitucional y los pactos internacionales firmados por España. Siempre recuerdo, y ya estoy cansado porque parezco un obseso, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece una excepción clarísima a la retroactividad de las normas penales lo firmó España en abril de 1977 y la Ley de Amnistía es de octubre de ese mismo año. Por tanto, esa Amnistía va en contra de un pacto internacional por razones puramente cronológicas. Pero somos un país muy peculiar.
  5. La carrera judicial requiere, como otras, muchos años de preparación lo que, a falta de becas, favorece que la mayoría de las personas que la integran durante décadas pertenecieran a clases privilegiadas económicamente y más conservadoras. Esto parecía que empezaba a cambiar con una clase media más amplia que podía apoyar a sus hijos e hijas en este largo periplo. Con esta larga crisis y el alto desempleo, la carrera judicial vuelve a ser inaccesible para la mayoría de los licenciados en Derecho. ¿Cómo afecta estos condicionantes y tener una magistratura mayoritariamente conservadora a un país?
  6. P. A mí me parece aberrante el sistema de selección: es un sistema que no existe en ningún país del mundo. Tampoco hace falta estudiar tanto: hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabralo consiguen porque es pura memoria… Conozco a compañeros que se estudiaban la mitad de los 500 temas e iban a jugársela a una carta. La generalidad de las personas tienen que invertir tres, cuatro o cinco años encerrados en su casa ocho o diez horas, repetir como loritos ante elpreparador los temas y tener suerte al sacar las bolas. Eso efectivamente no se lo pueden permitir todas las familias. Pero el problema del conservadurismo viene más bien de la falta de controles democráticos durante la formación. El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos. Entonces, ¿por qué vamos a ser una excepción?

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¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?

Periodismo Humano publica este INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, en formato de PDF descargable para mayor comodidad y difusión

“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.

(El INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, DESCARGABLE en PDF)

Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.

Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.

Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuado empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.

Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.

Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:

  1. La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
  2. Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.

Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.

Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.

La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.

Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.

En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños.

Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.

En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.

Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.

En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.

Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 15 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.

Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.

Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos amigas de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.

Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los quesiguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.

Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.

Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?

Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes realizados por el autor sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.

A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones. Empecemos, pues, por el principio. ——->>

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http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/por-que-nadie-busca-a-los-bebes-robados-en-espana.html

Casi 900.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España

Escrito por  Kaos. Derechos Humanos

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña ha alertado este martes de que un total de 873.000 personas han perdido en España el derecho a la asistencia sanitaria en los últimos dos años, después de que en 2012 entrara en vigor el decreto 16/2012, ha informado la entidad en un manifiesto, que recoge cifras del Gobierno.

Agencias

El decreto, llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vinculó la asistencia sanitaria a la condición administrativa del asegurado, restringió ciertas prestaciones y aumentó la carga directa para las personas.

En el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, el Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales catalanas, exige la derogación de esta norma y pide la elaboración de una nueva ley de Sanidad que tenga un “amplio consenso” y garantice el acceso de todas las personas a la sanidad.

Advierte de que la población afectada es especialmente vulnerable y debería gozar de medidas de protección sociosanitarias, además de que es un colectivo que ha contribuido a su financiación mediante los impuestos.

También avisa de que la diferente aplicación del decreto en las comunidades autónomas y la disparidad de criterios por parte de los centros sanitarios “ha deteriorado aún más la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud“, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.

Ha detectado que en los supuestos en los que el decreto reconoce el derecho a la atención —embarazadas, menores y atención de urgencias— se han originado numerosos casos de desatención sin tomarse ninguna iniciativa para resolver los incumplimientos.

Además, han apuntado que al desplazar la atención a las urgencias se genera un retraso diagnóstico y el agravamiento de las patologías, lo que “supone un aumento del gasto sanitario para su atención”, y han recordado que medidas de exclusión similares en otros países han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que cuesta una atención inclusiva.

El manifiesto también recoge reclamos como la exigencia de compromisos de pago; mantener los programas de prevención vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles en sectores de población para evitar brotes epidémicos, y alerta de las desigualdades económicas y de género que genera.

Han recordado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos de organismos como la ONU y el Consejo de Europa, que han instado al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, y le han pedido que evalúe el impacto del decreto en términos de derechos humanos.

También recoge dos autos del Tribunal Constitucional (TC) que apela a la importancia singular en el marco constitucional del derecho a la salud, a la integridad física y a la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, lo que “no puede ser desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/96993-casi-900-000-personas-han-perdido-el-derecho-a-la-asistencia-sanitaria-en-espa%C3%B1a