Cómo ganar dinero desahuciando bebés de viviendas públicas

En la mañana del viernes 23 de enero de 2015, un dispositivo de unos cincuenta policías antidisturbios ejecutó el desahucio de Wilson Ruilova y Cecilia Paredes, de 35 y 43 años, y sus tres hijos, de 16 y 7 años y mes y medio de edad.

La vivienda, sita en el número 68 de la Avenida de las Suertes del barrio de Vallecas de Madrid, fué adjudicada a la familia cuando era de protección oficial por el Ayuntamiento de Madrid en 2009 a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La EMVS, para reducir su deuda, que ascendía a 630 millones, vendió 1.860 viviendas públicas por 128,5 millones, con sus inquilinos dentro, a Fidere, filial en España del fondo buitre de inversión estadounidense Blackstone, entre ellas la de Wilson y su familia.

El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar, a precio muy bajo, deuda pública de entidades cercanas a la quiebra, para después intentar cobrar la totalidad de su valor.

Wilson, electricista en paro, y Cecilia, cuidadora también en el paro, y sus hijos viven con unos ingresos mensuales de 391€ al mes procedentes de un subsidio del Estado con los que no pueden hacer frente al alquiler, que de 480€ ha subido hasta 700€.

Intentaron negociar con Fidere un alquiler al que pudieran hacer frente, sin éxito.

Horror sin fronteras

3 de octubre de 2006. Los colegas de la prensa nos arremolinábamos alrededor del coche de I.J.L., una mujer de 35 años a la que su ex pareja acababa de asestar varias puñaladas en el barrio de Sevilla Este, ante una cafetería, al lado de un colegio. Estaba viva. Camino del Hospital Virgen del Rocío. Necesitó mucha cirugía y, supongo, no pocas horas de psicólogo y de familia, no pocos botes de medicamentos para el cuerpo y el alma. El asesino –que no lo lograra no evita la etiqueta- se suicidó poco después, tras escapar. España tenía desde hacía dos años una ley contra la violencia de género. La conciencia iba ganando terreno al miedo.

19 de febrero de 2014. Nadie alborota –ni plumillas, ni foteros, ni vecinos- junto al coche de F.A.M., una joven de 23 años que acaba de ser apuñalada y, de seguido, atropellada de forma intencional en Hebrón, al sur de Cisjordania (Palestina). La ha atacado su primo, en nombre de una familia que consideraba que la chica era demasiado poco humilde. Demasiado coqueta con sus ropas ceñidas y sus combinaciones –tacones, maxi bolso y hiyab, todo rosa fucsia- y demasiado independiente –universitaria, futura abogada, pese a la tradición hogareña-. ¡Una conductora, por Dios! F.A.M. también está viva, aunque la han tratado de rematar asfixiándola con una almohada en su cama del Hospital Alia. Su asesino sigue suelto, tranquilo, a cara descubierta. No ha sido ni interrogado. Entre los suyos es un hombre cabal que ha dado su merecido a una díscola. Aquí no hay ley que ampare la violencia doméstica, la discriminación por razones de sexo. Es una promesa vieja. La conciencia no va ganando terreno al horror.

Han pasado más de siete años entre una escena y la otra, pero la desolación, el vacío en el estómago, el asco al cubrir la historia son los mismos, porque idéntica es la raíz: la tozudez forjada durante siglos que afirma la necesidad del sometimiento de la mujer, de su degradación; su aplastamiento por sociedades patriarcales, machistas, donde la del hombre es la voz poderosa. O única. La maté porque era mía o porque dañaba el nombre de los nuestros. “Violencia de género” o “crímenes de honor”. Mismo perro con distinto collar.

Las mujeres muertas en España son una evolución del mal, el refinamiento de la persecución en una sociedad que se dice avanzada, pero que proviene del mismo veneno que en esta tierra lleva a ataques como el de Hebrón. Las mujeres aquí son atacadas por adúlteras, por ir con novios no aceptados por la familia, por su inmodestia… pero también porque se convierten en una deshonra para su casa después de haber sufrido una violación que, en el 75% de los casos, ha sido cometida por algún varón de su propia sangre. 27 chicas –musulmanas pero también cristianas- fueron asesinadas por estos motivos el pasado año, sobre una población que roza los cuatro millones. El doble que en 2012. Hay que sumarles otras 20 al menos muertas por sus parejas o ex parejas en casos de lo que se entiende como maltrato doméstico clásico. En España fueron 48 sobre 47 millones.

Quien crea que se trata solamente de unos crímenes atroces propios de países musulmanes se equivoca. Estas muertes no son religiosas, sino culturales. La fortaleza del hombre que manda sobre la mujer que cumple, sin rechistar, o asume las consecuencias. Puede haber añadidos, peculiaridades, pero también las hay en Occidente. Unas 20.000 mujeres mueren al año por crímenes de honor en todo el mundo, según una reciente compilación hecha por el diario británico The Independent. Los casos han saltado a Europa, entre inmigrantes de segunda o tercera generación sobre las que sus progenitores, su entorno familiar, tratan de aplicar el poder de siempre, el que oculta a la mitad del mundo. También en España, alerta el artículo. Rana Husseini, una periodista jordana tan fuerte como dulce, ha estudiado cómo la “vergüenza” acaba siendo limpiada con sangre, y lo ha hecho sin mirar el pasaporte de las víctimas. Concluye que no hay más que un mismo dolor compartido. “Lo que aquí ocurre pudo pasar en España a la generación pasada. Mira los entornos rurales. Hay familias que metían a monja a la hija que salía con el chico equivocado. O que la mandaban a un reformatorio. O que la exiliaban y repudiaban. O que la mataban, al  fin”, resume. Unas décadas de diferencia, más primaveras árabes, más mujeres liberadas, y llegará el momento de la convivencia escogida, del hogar, y también el momento de la otra fase, la nuestra, de violencia.

La única evolución, comparte Rana, es la de la educación. La ocupación, dicen algunos, está por encima de cualquier otro problema que tenga Palestina. Hay que escalonar las prioridades. La legislación puede esperar, antes hay que ajustar otras cosas. Así se repite el mantra –no es lo esencial, con eso no se hace estado- sin reparar en que, con país soberano o sin él, el mal existe, el mal debe ser erradicado por el bien de la sociedad por venir. No hay más que levantar los ojos por encima del hormigón del muro para tener el desmentido: 17 muertas en Israel por violencia doméstica el pasado año, en una población como la de Andalucía. Un país donde las mujeres cobran un 23% menos que los hombres. Donde los abusos sexuales a mujeres en el seno del Ejército han crecido un 9% en el último año.

El horror no sabe de fronteras.

http://www.andalucesdiario.es/oriente_sur/horror-sin-fronteras/

Colombia – “El Estado revictimiza al Chocó”

1 oct 2014ELESPECTADOR.COM.

Defensoría del Pueblo revela, en su más reciente resolución, las presuntas negligencias que tienen sumida a la población del Chocó en una grave crisis humanitaria. Unidad de Víctimas y Minsalud estarían incumpliendo sus funciones.

Vivienda en Puerto Meluk, Medio Baudó

Desde siempre, factores geográficos, económicos y de fragilidad institucional han permitido el afincamiento de distintos actores armados en el departamento del Chocó. Hoy, las Farc, el Eln y el brazo rural de los Urabeños, conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cometen múltiples crímenes contra la población civil en su cruzada por lucrarse del narcotráfico y de rentas legales e ilegales como la minería, la extorsión, la extracción de recursos naturales y el cobro de “impuestos”. Esa pugna ha fracturado el equilibrio de las comunidades negras e indígenas y ha puesto en peligro su pervivencia, un asunto de tal gravedad que ha sido tratado en distintas ocasiones por la Corte Constitucional.

Sin embargo, la vulnerabilidad de esos grupos étnicos, que representan el 96% de los habitantes del departamento, se ha visto agravada por la lánguida respuesta del Estado, que ha sido incapaz de reversar la crisis. Justamente, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, acaba de firmar una resolución en la que denuncia graves falencias en las actuaciones de las instituciones encargadas de atender a la población. Una de las que sale peor librada es, paradójicamente, la Unidad de Víctimas, que según la Defensoría no ha avanzado en la realización de las consultas previas para definir con las comunidades la manera como serán reparadas colectivamente, lo cual “no responde a las necesidades urgentes de atención y reparación”.

Otra de las críticas es que, supuestamente, la Unidad no ha atendido los casos de confinamiento que se han presentado por cuenta de enfrentamientos y restricciones a la movilidad ordenados por los grupos armados. Sobre este punto, la Defensoría aseguró que “el derecho a la atención humanitaria inmediata, especialmente en los temas alimentario y de aseo, es generalmente desconocido por la Unidad de Víctimas. Como sucedió con el confinamiento de las comunidades Las Delicias, Batatal y Puerto Misael, en noviembre de 2013, cuando amparados en cuestiones de seguridad, orden público o insuficiencia presupuestal, ignoraron la obligación de brindar la asistencia humanitaria”.

Además, cuestionó que el Registro Único de Víctimas, a cargo de la Unidad, solamente hubiera reportado el desplazamiento de 833 personas entre enero y junio, mientras la Defensoría pudo constatar, en ese mismo periodo, la expulsión de al menos 3.311 pobladores de municipios como Riosucio, Medio Atrato y Alto Baudó. Una diferencia de 2.478 personas que podría incidir en la formulación de políticas y planes de contingencia. Más aún, en la otra orilla, la del retorno de las comunidades desplazadas, también resultó cuestionado el Ministerio de Salud, que según la resolución defensorial no ha cumplido los compromisos del Plan Interinstitucional de Retorno de Víctimas elaborado en 2013.

La Defensoría apuntó que las comunidades retornadas reclaman “que se construyan y reconstruyan puestos de salud en zonas rurales, que cuenten con dotación y personal médico, así como con la formación y contratación de miembros de las comunidades para que ejerzan como promotores de salud”. Y denunció que en lo corrido del año han muerto 20 menores de cinco años por falta de prevención o tratamiento, en su mayor parte niños que integran el grueso de víctimas que han retornado a zonas como el Alto Andágueda. Entre los hallazgos sobre las irregularidades en la prestación del servicio de salud, se destacan que “las EPS no cuentan con red suficiente para atender a la población afiliada, en ninguno de los niveles de atención, ni cumplen con su función de aseguramiento, ni de supervisión, de las IPS que contratan”.

Asimismo, que “las IPS contratadas no cuentan con los servicios que ofertan a las aseguradoras para la adecuada atención de la población afiliada, existen anormalidades de contratación respecto a los medicamentos, las EPS Comparta y Caprecom no cumplen con lo establecido por la norma y la Ips Santa, que atiende a las comunidades indígenas del Alto Andágueda, no cuenta con la infraestructura, personal idóneo, ni requisitos mínimos exigidos para un primer nivel de atención”, entre otras situaciones. A ello se suman problemas de tipo diferencial, como que el personal médico es incapaz de comunicarse con sus pacientes indígenas debido a la falta de traductores y la inexistencia de un censo actualizado de esa población, lo que “impide una adecuada asignación de recursos públicos y su correspondiente acceso oportuno a los servicios a que tiene derecho”.

Las falencias en todos los niveles han ocasionado que, por ejemplo, los niños y niñas de algunos resguardos indígenas no sean registrados al nacer o al morir, lo que en concepto de la Defensoría los “invisibiliza en su carácter de ciudadanos”. Además, el deficiente estado de las vías ha dificultado el acceso a los pocos servicios de asistencia ofrecidos en la región, produciéndose hechos tan lamentables como la muerte de Adolfo Arias, un hombre de 38 años que “no soportó llevar la ayuda humanitaria de sus 10 hijos en sus hombros y murió en el camino a su comunidad a causa de un infarto”. De ahí que el defensor le haya formulado recomendaciones a múltiples entidades para que asuman sus funciones y mejoren la calidad de vida de los chocoanos.

Entre los llamados a resolver la crisis se encuentran los ministerios de Defensa, Interior, Hacienda y Salud, la gobernación del Chocó, la Unidad de Víctimas, la Superintendencia de Salud, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Registraduría y la Comisión Interesectorial para la Prevención del Reclutamiento. Ello, porque según el defensor, “las intervenciones de las instituciones han sido parciales y esporádicas, y no cuentan con un enfoque diferencial-étnico”, razón por la cual “la precaria respuesta del Estado ha generado y facilitado la revictimización de la población desplazada y confinada que ha retornado a las zonas rurales del departamento del Chocó”.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/estado-revictimiza-choco-defensoria/1119

Martín Pallín: “En la judicatura española prima la cultura de la autoridad frente a la de servidores públicos”

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín.

El sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes o los crímenes franquistas, son sólo algunos de los temas tratados.

03.10.2014 · Patricia Simón

José Antonio Martín Pallín durante la entrevista (P. S.)

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín. Nacido en 1936, este ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue durante la dictadura franquista uno de los fundadores de la organización clandestina “Justicia Democrática”. Ya entrada la democracia, desempeñó la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Unión Progresista de Fiscales, así como la portavocía de Jueces por la Democracia. Retirado de la magistratura desde 2006, es colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas.

Invitado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a impartir una conferencia en Gijón, conversamos con él sobre el legado de Gallardón en la Administración de Justicia, el sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes y los crímenes franquistas, entre otros asuntos.

Periodismo Humano. El periodo de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia será recordado por su fallido intento de reforma de la Ley del aborto, ensombreciendo la gravedad de otras medidas como el encarecimiento de las tasas judiciales que logró mucha menos atención entre la opinión pública y que el nuevo ministro ya ha avanzado que será reformada. El encarecimiento del acceso a la justicia lo ha alejado de su concepción como derecho, facilitando que sean las clases privilegiadas las que tengan más posibilidades de defenderse y grandes sectores de la población desamparados. El ministro Gallardón amparaba esta medida en el desincentivo del abuso de las demandas y agilizar así el funcionamiento de la Administración de la Justicia. En nuestra anterior entrevista usted apuntaba algunos de los grandes obstáculos para esta Administración: un sistema basado en el papel, el abuso de los recursos, la deficiente cultura del ejercicio de la demanda civil colectiva… Según su criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que debería emprender el sistema judicial español?

Martín Pallín. Efectivamente me sorprende que en el caso de ministro Gallardón se haya centrado la atención en lo relativo a la Ley del aborto. Cualquier decisión sobre el aborto es de gobierno e incluso, de partido puesto que tiene una carga ideológica muy importante. Sin embargo, un ministro de Justicia, como de Fomento, tiene competencias específicas y para mí en este caso lo más desastroso, con diferencia, han sido sus leyes que tratan de estructurar la Administración de Justicia. La ley de tasas es absolutamente desproporcionada, hace añicos el principio constitucional del acceso a la justicia. Y nadie se ha rebelado contra ello. Quizá es muchísimo más grave en cuanto a la incidencia en el conjunto de la ciudadanía que la Ley del aborto. La regulación del Consejo del Poder Judicial, que ha sido deficiente en todos los gobiernos, ya la ha terminado de rematar con la creación de vocales permanentes, que en cualquier estructura se hacen con el poder, y transitorios, condenados a la inestabilidad. La jurisdicción universal la ha lapidado por completo y, paradójicamente, gracias a ello Rajoy ha podido ir a China. Parece que ahí le salió mal el cálculo. O bien, si se mira sólo desde el punto de vista de los negocios. En realidad, su periodo al frente del Ministerio de Justicia ha sido un desastre total. Tampoco ha sacado adelante una reforma de nuestras leyes procesales, y especialmente el penal no puede seguir así. No pueden haber causas que duren cinco o seis años, como la Gürtel o el caso Malaya. Esto es único en el mundo. No hay ningún país democrático y civilizado que tenga un proceso que dure diez años, que tenga doscientos acusados y que el juicio oral dure dos años. ¡Los juicios de Nuremberg duraron seis meses!

  1. Pero precisamente esta Ley de Tasas se presentó como una vía para agilizar la Administración de la Justicia. ¿Qué otras reformas considera urgentes para acabar con estos procesos eternos y que la justicia no pierda su valor ejemplarizante?
  2. P. Lo de agilizar parece una broma de mal gusto, sobre todo cuando se manejan estadísticas falsas y poniendo siempre como modelo a Francia argumentando que con 70 millones de habitantes tiene menos procesos, lo cual es absolutamente falso. En Francia sólo puede ejercitar la acción penal el Ministerio Fiscal. En España hemos visto cómo la ejerce Manos Limpias o cualquier espóntaneo que salte al ruedo. Por supuesto no tengo nada que objetar en que la puedan llevar a cabo los perjudicados por un delito. Pero es que ya lo dijeron los constituyentes: los procesos deben ser orales, especialmente en el ámbito penal, y no se puede seguir haciendo procesos con cientos de miles de papeles. El caso Malaya tiene más de un millón de papeles. Eso lo cuenta uno en otros países y se quedan a cuadros.
  3. En varias intervenciones en medios de comunicación, ha alertado sobre el riesgo de que la jueza Alaya, encargada de la investigación de los ERES de la Junta de Andalucía, estuviera confundiendo la investigación de unos supuestos casos fraudulentos de concesión de subvenciones con la criminalización del poder legislativo que aprobó las leyes andaluzas y, por ende, al partido socialista. Ha hablado del riesgo de que vayamos hacia un gobierno de los jueces. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos para avanzar en la separación de poderes?
  4. P.Eso me preocupa institucionalmente y he aplicado esta misma teoría cuando se me han presentado querellas contra ministros del Partido Popular. No podemos meternos en terrenos estrictamente políticos. Los ERES han manejado unos 700 millones y parece que han llegado a sus destinos legítimos seiscientos y pico. Parece que alguien ha metido la mano en la caja y sobre esto no tengo nada que objetar a la actitud de la jueza instructora, sea Alaya o quien sea. Ahora, pretender criminalizar un gobierno o votaciones de un Parlamento que apoya unas transferencias que según la jueza son ilícitas cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía dice que son inadecuadas… La cantidad de Parlamentos que habrán adoptado decisiones inadecuadas. Además está la paradoja de que esas transferencias fueron aprobadas con los votos favorables del PP y de IU, incluso con enmiedas que pedían que se destinarán más fondos. Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental.
  1. Los crímenes franquistas de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. El reciente informe del Relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha sido especialmente duro en este sentido con el Estado español y le exige al gobierno que los investigue, mientras éste sigue haciendo oídos sordos.  ¿Le queda otra salida a la ciudadanía para que se haga justicia que acudir a tribunales en otros países o a supranacionales como el Europeo de Derechos Humanos?
  2. P. En Estrasburgo se ha intentado pero este tribunal ha salido con una cinta política, no jurídica, diciendo que era un problema de España. Así que veo muy pocas posibilidades. Veo muy bien también que en Argentina se esté abordando estos crímenes, pero yo que estoy muy metido en las Asociaciones de Memoria Histórica, les repito una y otra vez que no se hagan ilusiones porque tiene un recorrido simbólico y de ahí no va a pasar. Éste es un país que ha digerido con una facilidad pasmosa, quizás porque han sido cuarenta años, algo que es digno de un juicio de Nuremberg. De hecho, si los aliados en lugar de ir a Italia, hubieran venido por Gibraltar a España, Franco habría acabado como Mussolini. Pero la Historia es la Historia y no tiene sentido ponernos nostálgicos. Pero es que además en España hay mucha gente que no tiene conciencia de que fueran crímenes. Es más, hay muchos que siguen considerando que Franco fue un salvador frente al comunismo internacional.
  3. Entonces ¿sólo nos queda que la justicia se haga en los tribunales españoles?
  4. P. Por supuesto. Y creo que en algún momento tienen que ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico constitucional y los pactos internacionales firmados por España. Siempre recuerdo, y ya estoy cansado porque parezco un obseso, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece una excepción clarísima a la retroactividad de las normas penales lo firmó España en abril de 1977 y la Ley de Amnistía es de octubre de ese mismo año. Por tanto, esa Amnistía va en contra de un pacto internacional por razones puramente cronológicas. Pero somos un país muy peculiar.
  5. La carrera judicial requiere, como otras, muchos años de preparación lo que, a falta de becas, favorece que la mayoría de las personas que la integran durante décadas pertenecieran a clases privilegiadas económicamente y más conservadoras. Esto parecía que empezaba a cambiar con una clase media más amplia que podía apoyar a sus hijos e hijas en este largo periplo. Con esta larga crisis y el alto desempleo, la carrera judicial vuelve a ser inaccesible para la mayoría de los licenciados en Derecho. ¿Cómo afecta estos condicionantes y tener una magistratura mayoritariamente conservadora a un país?
  6. P. A mí me parece aberrante el sistema de selección: es un sistema que no existe en ningún país del mundo. Tampoco hace falta estudiar tanto: hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabralo consiguen porque es pura memoria… Conozco a compañeros que se estudiaban la mitad de los 500 temas e iban a jugársela a una carta. La generalidad de las personas tienen que invertir tres, cuatro o cinco años encerrados en su casa ocho o diez horas, repetir como loritos ante elpreparador los temas y tener suerte al sacar las bolas. Eso efectivamente no se lo pueden permitir todas las familias. Pero el problema del conservadurismo viene más bien de la falta de controles democráticos durante la formación. El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos. Entonces, ¿por qué vamos a ser una excepción?

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¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?

Periodismo Humano publica este INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, en formato de PDF descargable para mayor comodidad y difusión

“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.

(El INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, DESCARGABLE en PDF)

Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.

Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.

Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuado empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.

Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.

Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:

  1. La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
  2. Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.

Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.

Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.

La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.

Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.

En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños.

Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.

En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.

Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.

En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.

Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 15 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.

Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.

Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos amigas de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.

Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los quesiguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.

Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.

Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?

Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes realizados por el autor sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.

A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones. Empecemos, pues, por el principio. ——->>

El resto de este INFORME ESPECIAL es DESCARGABLE en PDF

 

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/por-que-nadie-busca-a-los-bebes-robados-en-espana.html

España:Naciones Unidas crítica con el poder judicial español

Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

  • Amnistía Internacional participará hoy 10 de septiembre en el diálogo interactivo con el Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde presentará las preocupaciones de la organización.
  • Amnistía Internacional, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se dirigieron a diversas autoridades españolas demandando que cumpla con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas

El Estado español no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, y promoción de la verdad, justicia y reparación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de las principales conclusiones de los informes publicados recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición publicados recientemente.

Ambos mecanismos de Naciones Unidas han coincidido en sus críticas al Poder Judicial; el Relator asegura que es la institución del Estado donde existen los mayores déficits en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

Por su parte, el Grupo de trabajo destaca que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Igualmente alertan de que en la actualidad no existe ninguna investigación judicial efectiva sobre desapariciones forzadas, y observa cómo jueces, fiscales o policía no están presentes en las exhumaciones, lo que es considerado una omisión grave de parte de las autoridades judiciales.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en la que se concluye sobre la imposibilidad de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el Grupo de trabajo constata que a partir de dicha sentencia “prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó, ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas. Si bien esta situación ya existía con anterioridad, las decisiones del Tribunal Supremo dieron nuevos argumentos a los jueces inferiores para no avanzar en las causas judiciales”.

Las organizaciones firmantes se han hecho eco de además las siguientes preocupaciones expresada por los mecanismos de Naciones Unidas:

  • Falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal español, tal y como establece el derecho internacional.
  • La Ley de Amnistía 46/1977. Una vez más los mecanismos de Naciones Unidas alertan de que la ley de Amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales adquiridas por España; asimismo destacan que no hay impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales.
  • Jurisdicción universal y cooperación judicial con otros Estados. Ambos mecanismos se han referido, por un lado, a la reforma de la jurisdicción universal, y a las preocupaciones en torno a la no siempre adecuada colaboración por parte de España con la justicia de otros estados; en particular la argentina, donde se encuentra abierta una investigación por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y que adopten medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición han presentado informes relativos a sus visitas realizadas a España en septiembre de 2013 y enero-febrero de 2014, respectivamente. Dichos informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos durante su 27ª período de sesiones los días 10 y 12 de septiembre.

http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2014/09/10/espananaciones-unidas-critica-con-el-poder-judicial-espanol/

Pedagogía de la sumisión

Escrito por 

Para que exista sumisión social se proporciona a los ciudadanos información sesgada, condicionada ,contradictoria y parcial ( que se disfrazará de libertad de información) y terminará por convertirse en “opinión pública”. La gente creerá estar bien informada y poder elegir qué pensar.

Globos sonda,  sumisión y  verdad revolucionaria

Vivimos bombardeados por encuestas de todo tipo: el Gran Hermano necesita información, y de vez en cuando salen sus monaguillos a hacer preguntas.

Los sumisos “creyentes” del (des) orden establecido del Gran Hermano ignoran que a diario se lanzan todo tipo desondas para captar el pensamiento colectivo en las áreasque se pretende controlar, por más aparentemente ingenuas y hasta inocentesque parezcan las preguntas.

Las agencias encargadas de las encuestas, y los medios de comunicación con la televisión al frente, son excelentes bases de lanzamiento de esa clase de globos. Ydespués de las sondas llegan los mensajesadecuadosa través de esosmedios de comunicación y educación popular en manos de grupos concretos de poder que controlan las agencias de noticias .El resto lo hacenlas escuelas, las iglesiasy las tradiciones. Así se forma la opinión pública, que es la opinión de los sumisos, y oh sorpresa,lamisma del Gran Hermano. Por tanto, las democracias están inicialmente devaluadas, pues los sumisos son mayoría en el mundo.

Podríamos preguntarnos entonces dos cosas: ¿Se preocupan los poderes públicos por aumentar la calidad del pensamiento colectivo para que las opinionesfuesen de calidad?… ¿Se preocupan los poderes públicos en mejorar la calidad de las democracias? Para ello tendrían que favorecer un alto nivel de cultura integral y crítica y fortalecer las instituciones de base de los ciudadanos.: la democracia laboral enlas empresas, que es la democracia social (no la democracia formal con que se pretende tapar la boca a todo el mundo).Para que tal cosa sucediera se tendría quefavorecer una educación libre del intervencionismo de las instituciones estatales y religiosas; una educación que favoreciera el desarrollo de unacultura crítica, cooperativa, pacífica y creativa. Se haría preciso combatir la manipulación de las mentes que a diario se practica pues ¿acaso la manipulación dela mente por medio del adoctrinamiento mediáticoy cultural no es la forma más sutil, duradera y perversa de terrorismo al convertir a las personas en sumisos, miedosos, desinformados, mentalmente abducidos y obnulibados? ¿No es este acaso el objetivo de las instituciones educativas desde el parvulario a la universidad, y el de televisiones, iglesias,sindicatos? La pedagogía de la sumisión es la auténtica pedagogía popular, e incluso la meta de partidos que se autoproclaman de izquierdas.

A través del poder parlamentario y del poder mediático, el capitalismo y sus servidores se convierten en intermediarios del poder y tratan de torpedear la capacidad de elegir que sólo es posible cuando existe unamente no condicionada, una mente correctamente informada y libre de ataduras ideológicas y tradiciones estúpidas. Sin embargo, la mente de la humanidad actualestá siendo condicionada y sometida a un verdadero asedio para ser conformarla hastaconvertirse en aliada sumisa del mismo sistema que la pervierte. Y este asalto al último reducto, a la últimade nuestra posesión, la conciencia, es lo que estamos soportando a diario en todo el mundo.

Tal vez es urgente abandonar las salas de estarmás a menudo, leer menos periódicos,mantenerse en contacto con puntos de contra-información y atreverse a pensar /sentir contra la corriente general sin miedo a ser diferente. Eso para empezar.

El más grande de los revolucionarios a pesar de sus seguidores (Jesús de Nazaret) fue asesinado por predicar la libertad de conciencia, la igualdad social y el amor desinteresado: por insumiso. Y deSuasesinato fue responsable directo la explosiva mezcla de política y religión fanatizadas que siguen dominando hasta hoy mismo. Pero tuvo másresponsables: las masas sumisas. Si volviera físicamente a este mundo, los gobiernos y las iglesias intentaríanasesinarlo de nuevo y las masas sumisas de partidos políticos y de iglesias con el nombre de cristianas volverían a darles su apoyo como hicieronentonces. Si ese es el comportamiento que cabe esperarante el ser más puro que ha nacido en este Planeta, ¿cómo puede extrañarnos lo que ocurre con los que pretendemos defender los mismos valores?

La sumisión es contrarrevolucionaria, el estado de conciencia preciso para mantenerse todo tipo de poder sobre las hipnotizadas masas.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/93457-pedagog%C3%ADa-de-la-sumisi%C3%B3n

Argentina. Posadas: Policías de la comisaría XIII mataron a golpes a un albañil esposado

Escrito por  Llella de Misiones

Luego de ser reducido a golpes y esposado, Guirula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a la comisaria, distante a 20 cuadras, a donde llegó muerto.

 El sábado 19 de julio por la madrugada el albañil Carlos Guirula fue detenido por policías de la Comisaría XIII de Posadas en el interior de un motel, a pedido de los empleados del establecimiento que lo acusaban de escándalo. También se hicieron presentes uniformados del Comando Radioeléctrico. Luego de ser reducido a golpes y esposado, Guirula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a la comisaria, distante a 20 cuadras, a donde llegó muerto.

Ese mismo día fueron detenidos 9 policías participantes del operativo en que se detuvo aGuirula, que contaron versiones diferentes de las circunstancias en las que el detenido resultó muerto. Días después se ordenó la captura de dos efectivos más. El teléfono celular de la víctima fue encontrado en poder de la oficialTabares quien hasta ahora es coincidentemente sindicada como la persona que con mayor saña golpeó aGuirula estando esposado.Las pericias practicadas posteriormente revelan que la causa de muerte fue la brutal paliza que recibió el albañil, que le provocaron el hundimiento del tórax, estallido de un pulmón y del bazo, además de presentar severos golpes en el cráneo y la zona lumbar. La saña con la que fue golpeado estando indefenso queda demostrada en la huellas de los borceguíes que le quedaron marcadas en la piel. Asimismo quedó en evidencia que los policías participantes habrían intentado borrar pruebas, y que habrían lavado la camioneta en la que se trasladó a la víctima, en la que igualmente se detectaron rastros de sangre.

Este nuevo caso de asesinato policial recuerda al de Hugo Miguel Wasyluk en el año 2010, quien fuera golpeado con saña, también encontrándose esposado e indefenso, por policías de Villa Bonita. Las gravísimas lesiones provocadas a Wasyluk lo llevaron a la muerte en la comisaria 1ra de Oberá.

En Misiones la policía provincial acumula casos de golpizas y torturas en su haber, que en varios casos culminaron con la muerte de la víctima. En muchos casos las muertes en celda se caratulan rápidamente como “suicidio”, siendo tal carátula la mayoría de las veces una sentencia anticipada de impunidad.

Es notable la sistematicidad con que esos casos, en los que las víctimas son personas que se encuentran bajo la guarda y responsabilidad del estado provincial, terminan rápidamente en la nada. En contados casos las comisarias fueron intervenidas y se anunció que el personal policial implicado habría sido puesto “a disponibilidad”, para que en unas semanas todo regrese a la “normalidad” o que esos mismos efectivos sean trasladados a otros puntos de la provincia a donde continúan con sus prácticas represivas.
Contados son los casos en que se abre un proceso penal en contra de los responsables, lo cual tampoco es garantía de justicia: hace años que en las muertes en manos de agentes del estado no se registra un solo condenado en la provincia.
Tampoco se dan a conocer medidas políticas que demuestren alguna preocupación por parte del gobierno provincial en poner fin a esta práctica de represión que tienen una larga lista de víctimas. Recordemos que la Policía de la Provincia es una institución vertical, cuyo Jefe político es el Ministro de Gobierno Jorge Franco, quien continúa al frente de su cartera a pesar de la gran cantidad de casos de violencia policial denunciados.

Agencia Para La Libertad, periodismo de intervención socialwww.agenciaparalalibertad.org

A través de Kaos en la red

Otro día de horror] Mueren 66 personas en las últimas horas en Gaza por la ofensiva sionista: 714 palestinos y palestinas asesinadas

Escrito por  Kaos. Solidaridad con Palestina

[Otro día de horror] Mueren 66 personas en las últimas horas en Gaza por la ofensiva sionista: 714 palestinos y palestinas asesinadas Foto: EFE

Más de 66 palestinos y palestinas murieron este miércoles, 16º día de la ofensiva militar israelí contra Gaza, elevándose así a más de 714 las personas palestinas asesinadas en la ofensiva de Israel desde el 8 de julio, según el portavoz de los servicios de emergencia palestinos, Ashraf al Qudra.

En el otro campo han muerto 32 soldados, la mayoría en combate en Gaza, dos civiles en Israel por un obús disparado desde Gaza, y un trabajador extranjero víctima de un obús palestino. Al Qudra señaló 18 personas muertas en ataques a primera hora del jueves. El balance no cesa de agravarse.

Varios niños figuran entre las víctimas de los bombardeos aéreos y artilleros contra los sectores del enclave palestino.

Grupos de derechos humanos indican que más de 80% de los palestinos muertos son civiles, y el Centro de Derechos Humanos de Palestina, con sede en Gaza, indicó que 90 de los muertos son mujeres y 160 niños. La mayoría de las víctimas palestinas son civiles.

Seis palestinos de una misma familia, incluyendo dos niños, murieron la mañana del jueves en un bombardeo israelí al oeste de Jan Yunes, sur de la Franja de Gaza, indicaron los servicios de socorro palestinos.

“Seis miembros de la familia Al Aftal, incluidos una niña de 5 años y un niño de 3 años, murieron”, precisó Ashraf al Qudra, portavoz de los socorristas en la zona.

Con esto, suman 18 los palestinos muertos durante la jornada en bombardeos israelíes.

Grupos de derechos humanos indican que más del 80% de los palestinos muertos son civiles, y el Centro de Derechos Humanos de Palestina, con sede en Gaza, indicó que 90 de los muertos son mujeres y 160 niños.

Según la ONU también, la mayoría de las víctimas palestinas son civiles.

Stefan Dominioni, voluntario de Médicos sin Frontera, informó desde Gaza que muchas organizaciones de ayuda se han retirado de la Franja debido a las condiciones de inseguridad que enfrentan día a día para atender a los cientos de heridos que llegan.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Dominioni, quien se encuentra en el norte de Gaza a cargo de la logística, indicó que actualmente el equipo de Médicos sin Fronteras lo componen cinco personas de distintas nacionalidades: Italia, Nueva Zelanda, Rumania, Australia y Francia.

“Hacemos sólo lo mínimo y con mucha precaución”, explicó respecto a los problemas que enfrentan en medio de un conflicto que ya ha dejado 700 muertos, en su mayoría civiles.

Dominioni explicó que “para poder trabajar en condiciones de inseguridad y con tantos heridos, ellos (los médicos) están muy concentrados en sus trabajo y tratan de no prestar atención a lo que pasa alrededor, sólo a sus pacientes”.

Además señaló que trabajan en lugares que Israel conoce y con el permiso de ellos, por lo que “no somos una meta, no corremos un riesgo directo”.

El voluntario en Gaza informó que al menos un cuarto de los muertos son niños y una mitad son mujeres. La gran mayoría llega “con heridas por explosión o por fuego, traumas, fracturas, los casos más graves mueren a los pocos minutos de llegar” debido a la “intensidad de las lesiones”.

El médico además comentó que muchas organizaciones de ayuda “eligieron salir porque era demasiado peligroso”, y que sólo queda la Cruz Roja y algún otro grupo.

Sin embargo, explicó que por el bloqueo “la mayoría no puede salir”.

“Muchos tuvieron que evacuar de sus casas, ahora están viviendo todas las familias juntas. Por ejemplo, una casa donde vivían nueve ahora hay 40”, comentó.

Respecto a la labor que realizan, detalló que “trabajamos donde hay necesidad, no tomamos parte en las decisiones políticas”, puntualizó.

Kaos en la red

El Gobierno de España está librando una guerra contra internet y tú eres la víctima

Escrito por  La República

Medidas como estas marcan una verdadera guerra por parte del Gobierno de España contra internet, donde aquellos que vivimos en el país terminamos siendo las “víctimas”. Días atrás decía Alberto Sánchez que la pelota está en nuestro lado y que somos nosotros los que deberíamos parar la implantación del canonazo.

La Comisión de Cultura ha aprobado la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, que incluye el controvertido canon AEDE o tasa Google, hoy tras una sesión extraordinaria. La sesión había sido pedida por el Partido Popular al Congreso, para así poder aprobar la normativa en julio en un debate express y enviarla al Senado para zanjar su tramitación sin pasar por el pleno del Congreso (y por lo tanto un mayor debate público) al contar con competencia legislativa plena.

La ley salió adelante con una diferencia de dos votos, y sólo con el apoyo del PP, ya que PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur y ERC han votado en contra. El consenso del que hablaba el PP no ha aparecido por aquí. Cabe señalar que el PSOE votó en contra de la propuesta porque aún quería una ley más retrógrada.

El Canon AEDE se conoce así porque permitiría que todos los medios afiliados a esa organización empiecen a obtener parte de una recaudación cobrada a todas las webs que se considere que se están beneficiando por hacer citas de contenidos publicados por dichos medios.

Las razones por las cuales se ha trabajado y se va a imponer el canon es por una labor de lobbying que se ha realizado desde hace algunos años por parte de medios de comunicación tradicionales, que buscan una forma nueva de obtener ingresos por prácticas que ellos consideran injustas. El gobierno, por motivos que generan mucha especulación, ha accedido a tales presiones.

Verán: dentro de las corporaciones que están detrás de estos medios de comunicación hay personas que no entienden como circula la información en internet, y los pocos que la entienden creen que no les conviene. ¿Por qué? Ahora obtenemos noticias y opiniones de muchísimas fuentes, a diferencia del pasado, donde se leían una o dos cabeceras “de preferencia”.

Debido a que internet permite la fácil distribución de contenido sin limitaciones físicas impuestas por el papel, señal de radio o TV, han aparecido tantos nuevos medios digitales que necesitamos herramientas para concentrar toda la información que nos llama la atención en un solo lugar.

El Canon AEDE busca, justamente, imponer un impuesto a dichas herramientas, muchas de ellas conocidas como agregadores. Es posible que uses alguna de estas herramientas: Menéame es una de las más conocidas en España, en donde una comunidad elige las noticias que llegan “a portada” por medio de votos. También, como ya sucedió con la audiencia anglosajona, se empiezan a popularizar aplicaciones que observan tu actividad social y crean una lista de artículos que casi con toda seguridad te interesen, algunos en formato revista como Flipboard o Zite, y otros en formatos más tradicionales como Feedly o Google News.

Todas estas herramientas, si se aprueba el Canon AEDE, deberán empezar a pagar una cantidad aún no especificada (de hecho no se ha revelado la forma en que se medirá quién paga o cuanto se debe pagar), pero eso es apenas el principio de algo mucho más grave que puede lastimar severamente el desarrollo de la innovación y la forma en que se usa internet en España.

El artículo propuesto es sumamente vago y no deja claro los límites o alcances de la ley, por lo que cualquier web que enlace a una noticia en un medio digital con una cita para dar contexto del link, sin importar si se hace de forma manual o automatizada, y sin importar el formato o su finalidad, en teoría debería pagar un canon por hacerlo. En pocas palabras: la ley tasaría el derecho a cita en internet. Por lo tanto, las redes sociales como Twitter o Facebook, donde es sumamente común enlazar a contenido interesante y normalmente se hace un pequeño extracto de la noticia reverenciada para dar contexto, también se verán afectadas por la medida.

Pero eso no es todo: debido a que no terminan de explicarse los límites de lo que es agregar o no, si en tu blog enlazas habitualmente a medios de comunicación o tus lectores lo hacen en los comentarios, es posible que también tengas que pagar el canon por enlazar si se determina que “incurres en la práctica de agregación”.

No está claro si el Gobierno ejercerá mano dura al implantar el canon AEDE, el cual se cobraría por medio de CEDRO, de la misma forma como en su momento lo hizo la SGAE, o pasará al olvido como la Ley Sinde. Lo que sí sabemos es que sus implicaciones dejarían en la calle a algunos emprendedores y podrían significar el cierre de algunas startups, particularmente aquellas que tienen relación con los contenidos.

Medidas como estas marcan una verdadera guerra por parte del Gobierno de España contra internet, donde aquellos que vivimos en el país terminamos siendo las “víctimas”. Días atrás decía Alberto Sánchez que la pelota está en nuestro lado y que somos nosotros los que deberíamos parar la implantación del canonazo. Tal vez ahora que tenemos claro que nos afecta de forma directa, tomemos acción.

http://www.larepublica.es/2014/07/el-gobierno-de-espana-esta-librando-una-guerra-contra-internet-y-tu-eres-la-victima/