Explotadas y encerradas en hogares del Reino Unido

La Cámara Alta del Parlamento Británico debate si incluyen en una ley contra la esclavitud moderna a las trabajadoras domésticas inmigrantes que llegan con un visado asociado a un empleador extranjero

Elvira, en proceso de ser reconocida víctima de tráfico de personas, huyó de dos hogares por las vejaciones a las que le sometían sus jefes

El porcentaje de empleadas domésticas que sufren abusos se duplica para las que llegan con ‘visados atados’

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los 'visados atados' en Reino Unido./ J.P.C.

Manifestación frente el Parlamento británico en contra de los ‘visados atados’ en Reino Unido./ J.P.C.

Elvira no sabía dónde estaba. Era enero y hacía frío mientras caminaba por algún lugar de Londres, sola, perdida y asustada. Al haber escapado de aquel lugar también había quebrantado la ley. Pero ya había sufrido suficiente, abusos e insultos, días de comer sobras y de encierro. Mientras hablaba por teléfono, al otro lado de la línea una voz de mujer le pedía que describiera qué veía a su alrededor –”¿qué tiendas?, ¿qué edificios?”– para poder averiguar dónde se encontraba exactamente. “Al final la rescatamos”, cuenta Regina de los Reyes con una gran sonrisa; ella también tuvo que escapar de un hogar en Reino Unido antes de unirse a la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas (FDWA).

Esta experiencia, por la que la filipina Elvira Santos tuvo que pasar hace un año, no es un caso aislado. Ella es una de las “muchas trabajadoras domésticas inmigrantes” que llegan al Reino Unido con una familia extranjera que se instala temporalmente en el país y que se encuentran en “situación de esclavitud”, en palabras de la presidenta de Justicia para las Trabajadoras Domésticas (J4DW, en inglés), Marissa Begonia, por una modalidad de visado ligado a un solo empleador.

 Los ‘visados atados’ han vuelto a recuperar protagonismo debido a que la Cámara Alta del Parlamento Británico, la de los Lores, debate si contemplarlos como parte del Proyecto de Ley contra la Esclavitud Moderna. Esta es una iniciativa gubernamental, “la primera de este tipo en Europa”, según el Ministerio del Interior, que endurece las penas contra delitos de tráfico de personas, explotación laboral y abusos sexuales. Entre otras medidas, propone aumentar el castigo de prisión de 14 años a cadena perpetua para los casos más graves.

El proyecto de ley ya recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes, que no consideró oportuno abordar el asunto de las trabajadoras domésticas extranjeras que llegan con ciudadanos que no pasan más de seis meses en el país. Hay muchos diplomáticos y personas adineradas que están de paso el Reino Unido. “Ha sido una oportunidad perdida”, lamentaba Catherine Kenny, de la asociación Kalayaan. No obstante, todavía queda el pronunciamiento de la Cámara de los Lores, que se espera para antes de las elecciones de mayo.

Además, hace apenas unos días la ministra del Interior Theresa May anunció que iba a encargar a un jurista independiente la revisión de los visados atados debido a “la preocupación que ha levantado la explotación de las trabajadoras domésticas extranjeras”. La campaña en contra de los permisos, que existe desde hace tiempo, se ha reforzado en los últimos meses debido a la tramitación del proyecto de ley contra la esclavitud.

Todo tipo de abusos

El número de visados de este tipo no es menor. El Gobierno británico emite cada año entre 15.000 y 16.000 visados para estas trabajadoras domésticas extranjeras con permiso laboral en familias privadas, según los datos oficiales. Además, alrededor de 200 visados se expiden anualmente a aquellas que trabajan en residencias diplomáticas. No quiere decir que todas estas mujeres sufran abusos y vejaciones, pero Phoebe Dimacali, representante de FDWA, advierte de que en muchos casos estas prefieren no denunciar ni tampoco huir de la familia por miedo a las posibles consecuencias.

Un estudio de Kalayaan, una organización británica centrada en la defensa de las empleadas domésticas, sostiene que las condiciones de trabajo son mucho más duras bajo la nueva legislación. En concreto, señala que el porcentaje de mujeres que sufren abusos se duplica: 16% comparado con el 8% de las mujeres con un visado no atado a su empleador. La sensación de los activistas es que la ley no ha reducido el número de inmigrantes –uno de los objetivos de los visados, en su opinión– pero sí ha dejado a las mujeres más vulnerables a abusos y maltratos.

“Se están dando más violaciones de las que nos podemos imaginar. Los abusos físicos y verbales son muy comunes, pero lo que más vemos son jefes que no pagan a sus trabajadoras después de largas jornadas de trabajo de hasta 16 horas, sin ningún día libre”, explica Marissa Begonia. Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch en Europa Occidental insiste en que no han percibido ningún cambio en el número de trabajadoras extranjeras tras la introducción de los visados atados: “El gobierno percibe a estas trabajadoras como empleo de baja cualificación, que es precisamente lo que están intentando reducir. Quieren disminuir el número de inmigrantes y para ello cambiaron la ley”.

“La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso

En abril de 2012, el Gobierno británico cambió las normas de las solicitudes de visado y eliminó el derecho de las trabajadoras domésticas extranjeras a cambiar de empleo. Desde entonces, la legislación establece que el empleador no resida más de seis meses en el Reino Unido. En la práctica la medida supone que durante ese tiempo, si las trabajadoras abandonan el hogar, se convierten en inmigrantes ilegales y pueden acabar detenidas en un centro de internamiento y ser deportadas.

Elvira debatía si huir o no de la familia qatarí que la había traído a la isla británica. Contar con la ayuda de FDWA hizo que se decantara por la huida. Llegó a Londres en enero de 2014 tras vivir y trabajar durante más de un año en Qatar, donde limpiaba y cuidaba un hogar de siete miembros. Elvira no tuvo más opción que marchar a la Península Arábiga para poder sostener económicamente a su familia. Su marido tiene “una grave enfermedad y no puede trabajar”.

“Pero cuando empecé a trabajar me pagaron mucho menos. En mi contrato ponía 1.400 riales, pero solo me daban 900. Mi jefe decía que el resto era para la agencia que me había contratado”, cuenta Elvira. Y sigue: “La hermana de mi empleador me insultaba a todas horas. Ella era la que peor me trataba. Me pasaba trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, sin ningún descanso. Nada. Ni siquiera podía ir a la iglesia los domingos”.

La situación no cambió cuando se mudaron a Londres. La hermana de su jefe sufrió un ataque al corazón y se trasladaron en busca de tratamiento médico. “La mujer no me dejaba comer. Ni siquiera cuando mi jefe traía comida para las dos; se ponía a chillar y solo me dejaba las sobras”.

A los pocos días de llegar, el empleador de Elvira tenía planeado volver a Qatar y ella pensó que sería imposible sobrevivir sin él presente. En sus pocos momentos de tiempo libre contactó a través de Facebook con un compatriota, que le habló de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas. Así es como consiguió reunir las fuerzas suficientes para poder escapar apenas 13 días después de haber llegado a su nuevo hogar británico.

Víctimas de tráfico de personas

Elvira puede hoy contar su historia sin miedo a represalias porque se encuentra inmersa en proceso para ser reconocida como víctima de tráfico de personas. El procedimiento requiere en muchos casos de asistencia legal para poder completar debidamente los formularios y superar las entrevistas de las autoridades.

Al igual que Elvira, Izza Leghtas (HRW) afirma que muchas de estas mujeres llegan procedentes del Golfo Pérsico, de Qatar en concreto, donde impera el denominado sistema ‘kafala’, por el cual el empleador puede retener el pasaporte de sus trabajadores y, por tanto, limitar su libertad de movimiento. Pocas organizaciones internacionales dudan de que se trate de una forma encubierta de explotación laboral. Para Human Rights Watch, no hay duda de que los visados atados del Reino Unido son una extensión del ‘kafala’ qatarí.

Trabajar en un hogar sin otra supervisión que la del propio jefe puede ser peligroso. No importa que la vivienda se encuentre en uno de los barrios más exclusivos del centro de Londres. “Este tipo de trabajo coloca a las mujeres en situación de gran vulnerabilidad, pues todo se queda dentro de las cuatro paredes y no hay ningún lugar al que poder acudir y pedir ayuda –explica Leghtas–. Al menos antes, con el antiguo visado, las mujeres podían dejar el trabajo y buscarse otro. Ahora las que se atreven a hacerlo acaban trabajando en negro, asustadas e indocumentadas”.

Asimismo, desde Human Rights Watch recuerdan que el gobierno de David Cameron rechazó en 2011 ratificar la Convención Internacional de la Organización de Trabajadores Domésticos, que tenía como objetivo equiparar el derecho laboral de este sector al del resto.

“Solo una mínima proporción”

“La esclavitud moderna es un crimen terrible. Estoy decidida a detenerla en todas sus formas. Mantener a las trabajadoras domésticas en esclavitud o servidumbre es completamente injusto”, aseguró Karen Bradley, responsable de la secretaría contra la esclavitud moderna y el crimen organizado, en noviembre al calor de las críticas recibidas. Desde la oficina de Bradley se declinó la posibilidad de realizar una entrevista en persona para este reportaje.

La responsable rechazó entonces la acusación de que el número de abusos haya aumentado tras la introducción de los visados atados: “Las evidencias muestran que solo una mínima proporción de aquellas que trabajan aquí como empleadas domésticas sufre abusos y explotación”. También acusó a Human Rights Watch y Kalayaan de utilizar deliberadamente “muestras pequeñas” en sus estudios.

Más allá de números, declaraciones, estudios y cifras, Elvira vive ahora con relativa estabilidad. Gracias al apoyo de la Asociación Filipina de Trabajadoras Domésticas, consiguió comenzar a trabajar para una nueva familia, judía esta vez. Cambió la forma de rezar en el hogar, pero no tanto el trato hacia la empleada de la casa. “Aquello no era para nada estable. Se aprovechaban de que no tenía los papeles en regla y no tuve otra opción que volver a escapar”.

Los planes para poder volver a casa y ver a los suyos no están todavía encima de la mesa. Ahora, que está en proceso de ser reconocida como víctima de tráfico de personas, Elvira puede vivir y trabajar sin preocupaciones en el Reino Unido durante un tiempo y debe aprovecharlo para ayudar a su familia. En la actualidad, combina tres trabajos a tiempo parcial, con tres familias diferentes. “Así es mejor, sin problemas. Voy, limpio durante tres o cuatro horas y me voy”.

La mujer debe volver al trabajo. “Muchas gracias. Aprovecha cuando vuelvas a tu país y disfruta con los que más quieres, tú que puedes”, dice como despedida, agarra una bolsa de plástico con un paquete dentro y desaparece escaleras arriba. “El regalo es para la familia de mi jefe”, había confesado antes.

http://www.eldiario.es/desalambre/Explotadas-encerradas-hogares-Reino-Unido_0_358714760.html

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El año en que el Gobierno español actuó peligrosamente en Ceuta y Melilla

A través de: Periodismo humano

Hace ya un año de la muerte de 15 personas inmigrantes, tras los disparos de la Guardia Civil española de pelotas de goma y gas lacrimógeno, mientras nadaban hacia la playa española de El Tarajal, Ceuta, y todavía no se ha pronunciado la justicia española.

En la valla de Melilla continúan las deportaciones ilegales realizadas por la Guardia Civil por órdenes del Gobierno español, a pesar de la violación de los Derechos Humanos y leyes nacionales, europeas e internacionales denunciada por centenares de organizaciones e instituciones.

En Periodismo Humano llevamos 5 años documentando la violación continua de derechos humanos en Ceuta y Melilla.

Resumen en vídeo de la política del Gobierno español en Melilla.

Por PRODEIN

El Tarajal, historia de una tragedia sin nombres 

 Por Alberto Senante-Amnistía Internacional

Lo sucedido hace un año en la playa ceutí muestra cómo la política de fronteras pone en riesgo a vida de las personas que tratan de alcanzar el sur de Europa.

El Gobierno español ha introducido enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de dar cobertura legal a las ‘devoluciones en caliente’.

Hace un año al menos 15 personas murieron a pocos metros de llegar a la playa de El Tarajal, la orilla española más cercana a la frontera entre Marruecos y Ceuta. Sabemos mucho de lo sucedido aquella mañana, gracias a varios vídeos de la Guardia Civil y al testimonio de algunos de los supervivientes de aquel intento de entrar en España. Pero por ahora la del Tarajal es una historia de números, en la que no se conocen los nombres de sus protagonistas.

Se sabe, por ejemplo, que alrededor de 200 fueron las personas que intentaron entrar en España ese día al amanecer. De ellas, unas 90 alcanzaron las aguas que bañan la zona fronteriza. La causa de las 15 muertes confirmadas fue por ahogamiento, y 23 personas fueron devueltas a Marruecos tras ser interceptados por agentes españoles.

La escena es el mejor ejemplo de las actuales directrices del gobierno español: que no entren. A cualquier precio.

Después de que el ministro del Interior lo negara, categóricamente y repetidas veces, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez reconoció en su comparencia en el Congreso que se disparó “material antidisturbios” para detener a los inmigrantes. También en esta ocasión conocemos mejor los números que los nombres. Agentes de la Guardia Civil lanzaron un total de 145 pelotas de goma y usaron 5 botes de humo. Sin embargo, sigue sin saberse quien dio la orden de disparar hacia un grupo de 90 personas que se amontonaban en el agua, asediadas además por una patrullera marroquí.

El segundo de Fernández Díaz destacó que ninguno de los inmigrantes que llegaron a la orilla presentó heridas y que solo se les disparó mientras estaban en aguas marroquíes. Pero ¿por qué no  se rescató a las personas que se ahogaban? El ministerio del Interior alegó que no podían entrar en aguas extranjeras. La línea fronteriza no permitió pasar a los posibles rescatadores, pero sí a las pelotas de goma. Quince personas pagaron con su vida esta diferencia de criterio. La escena es el mejor ejemplo de las actuales directrices del gobierno español: que no entren. A cualquier precio.

¿Quiénes eran las personas que murieron aquella mañana? Aunque se cree conocer la identidad de seis de los fallecidos, solo uno fue identificado oficialmente. Y ya parece imposible que puedan saberse. Una vez más, tenemos el número, faltan los nombres.


Todo indica que nos quedaremos sin saber los nombres de los fallecidos a la orilla de El Tarajal, y también los de sus responsables.

Según las imágenes y los testimonios, la mayoría eran hombres jóvenes provenientes de países subsaharianos. Así que podemos adivinar que encontraron la muerte en la última etapa de un camino de meses, o años. Quizás escapaban de un conflicto, puede que otros quisieran reunirse con algún familiar en Europa, o sencillamente huían del hambre.

Alguno de esos 15 hombres fallecidos, o de los 23 que fueron devueltos tras llegar a la orilla, tal vez fue perseguido en su país por sus ideas políticas, o por su etnia, o por su sexualidad. Lo que le hubiera convertido en refugiado y habría obligado a España (según sus propias leyes), a concederle ese estatuto. Pero eso ya no lo sabremos. En la frontera de Ceuta y Melilla se ha instaurado la norma de primero devuelvo (y en este caso, disparo), y así nunca pregunto.

Una tragedia ‘ejemplar’

Lo sucedido el 6 de febrero de 2014 en El Tarajal muestra cómo la política de fronteras española y europea empuja a miles de personas a tomar cada vez más riesgos para cumplir su sueño de mejorar sus vidas, o simplemente de sobrevivir. Se calcula que desde el año 2000 han muerto 22 mil personas tratando de llegar a algún país del sur de Europa. Una cifra que compite, dramáticamente, con la que provocan muchos de los conflictos bélicos que tienen lugar hoy día en el mundo.

Ha pasado un año de esta tragedia ‘ejemplar’, pero nada ha cambiado en la política de fronteras y  apenas sabemos algo más de lo que conocimos en los días posteriores al 6 de febrero. La justicia parece haber ralentizado todo lo posible la investigación y el caso se ha convertido en una patata caliente entre los juzgados de Ceuta y la Audiencia Nacional. Todo indica que nos quedaremos sin saber los nombres de los fallecidos a la orilla de El Tarajal, y también los de sus responsables. 

Bueno, algo sí ha cambiado durante este año. A peor. A través de la ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno pretende introducir un cambio en la Ley de Extranjería que permitirá las devoluciones automáticas  y colectivas, de las personas que crucen las fronteras de Ceuta y Melilla. Es decir, se pretende dar apariencia de legalidad a las devoluciones en caliente, un acto contrario a las normas internacionales que España se ha comprometido a respetar. En los próximos días, la enmienda se discutirá en el Senado.

Ninguna ley podrá, por sí sola, detener el drama humanitario de la frontera sur de Europa. Pero desde luego solo respetando la normas del derecho internacional en el trato a migrantes y refugiados evitaremos provocar nuevas tragedias sin nombre en nuestras orillas. Como la ocurrida en la playa de El Tarajal hace ahora un año.

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Recomendamos el reportaje realizado por el fotoperiodista Juan Medina para la agencia Reuters reconstruye la tragedia del Tarajal a través de los testimonios de los supervivientes

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gc ceuta 13 muertos

07.02.2014 ·  ·  Sexta

NUEVO VÍDEO. Inmigrantes recogen los cuerpos de sus compañeros ahogados en Ceuta. El Gobierno español mintió sobre la actuación de la Guardia CIvil en los hechos que terminaron con la muerte de 13 inmigrantes que pretendían entrar a nado por la frontera de Ceuta. Primero dijeron que no habían intervenido, que solo había intervenido la policía marroquí, pero después de ser acusados por testigos de haber disparado con gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los inmigrantes que nadaban, reconocieron que sí que habían disparado, pero solo contra inmigrantes en tierra. Además negaron que hubieran devuelto ilegalmente a varios inmigrantes que lograron llegar a territorio español cosa que niegan estos VÍDEOS. _________________________________________________

En Periodismo Humano llevamos 5 años documentando la violación continua de derechos humanos en Ceuta y Melilla.

Estas son algunas de nuestras historias:

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Seis muertos y cuatro desaparecidos en el naufragio de una patera cerca de Melilla

Por Kaos. Derechos humanos

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Seis personas han muerto y cuatro más están desaparecidas tras el naufragio de una patera con inmigrantes que había salido del norte de Marruecos, en una playa de Nador, cercana a Melilla, y trataba de llegar ilegalmente a las costas españolas, según han informado fuentes oficiales marroquíes y recoge EFE.

Las autoridades locales, citadas por la agencia MAP, aseguraron que la patera transportaba a veinte personas, entre ellas dos barqueros o “pasadores”, de las que diez han sido rescatadas con vida y hospitalizadas en un primer momento, aunque nueve ya han abandonado el Hospital Hassani de Nador.

Estas cifras difieren de las facilitadas por Helena Maleno, activista de la organización Caminando Fronteras, que, citando a familiares de los inmigrantes, asegura en su cuenta de Twitter que en la embarcación viajaban 31 personas, la mayoría de ellos guineanos. Según asegura esta activista, la intención de los migrantes era arribar a las costas de Melilla.

El naufragio se produjo en la conocida como Playa Bocana, distante unos seis kilómetros del puerto de Nador, la ciudad marroquí más cercana a Melilla. Agentes de la Gendarmería Real, la Policía y la Protección Civil han participado en las operaciones de rescate nada más conocerse los hechos.

Desde Melilla no se ha desarrollado ninguna intervención por este naufragio, al tratarse de aguas marroquíes y estar fuera de la competencia de las autoridades españoles, y porque no se ha requerido ayuda por parte de Marruecos, según las fuentes.

http://kaosenlared.net/seis-muertos-y-cuatro-desaparecidos-en-el-naufragio-de-un-patera-cerca-de-melilla/

Por qué y cómo maneja Marruecos la compuerta de la inmigración

La semana pasada, como en otras ocasiones, Marruecos dejó de vigilar las costas y se produjo un auge de llegadas por patera y en las vallas. ¿Por qué?

El estado alauíta intenta mantener el equilibrio entre su papel como “gendarme de Europa” y su alianza con países subsaharianos. Entre medias: los inmigrantes

Unos 200 subsaharianos protagonizan un nuevo intento de entrada a Melilla

Fuerzas marroquíes con un grupo de personas próximos a la valla de Melilla (EFE)

Boukhalef, el barrio tangerino donde vivían la mayor parte de los más de mil subsaharianos que llegaron el lunes y el martes a España en lanchas de juguete, es un horizonte de edificios blancos concebido para realojar a marroquíes que habitaban los mares de chabolas que rodeaban la ciudad. La población del vecindario es humilde y, muchas veces, conservadora. Con los inmigrantes comparten poco más que las dificultades para acceder al transporte en este suburbio situado a 12 kilómetros del centro y no muy lejos de unas playas que se asoman al Estrecho de Gibraltar que se intuye tras el Cabo Espartel.

De estas dos comunidades, la más vulnerable, la inmigrante, ha sido y es objeto de ataques racistas y constantes redadas, en ocasiones dos veces al día, de la policía marroquí, cuyos brutales modos desmienten la nueva política migratoria, en teoría respetuosa de la dignidad humana, anunciada por Mohamed VI en otoño de 2013.

Cuando la semana pasada los barcos de la Gendarmería y de la Marina Real dejaron de patrullar las costas por lo que el ministro marroquí de Interior, Mohamed Hasad, calificó como “disfunciones”, el efecto en Tánger fue como el de una olla exprés a la que se le quita la espita durante un minuto. Boukhalef quedó “vacío”, explica por teléfono Helena Maleno, investigadora de Caminando Fronteras -colectivo que apoya a los subsaharianos en Marruecos y que denuncia de forma constante las vulneraciones de derechos humanos en la frontera-, para luego volver a llenarse en los días posteriores con inmigrantes llegados de Rabat y Casablanca.

La calma duró muy poco: durante la noche del viernes 15 de agosto una turba de marroquíes atacó de nuevo con machetes a los subsaharianos. Cinco resultaron heridos por arma blanca. Según la activista, la policía no hizo nada para evitarlo y abandonó el barrio. Maleno cree que el ataque estuvo planificado, quizás para amedrentar a los subsaharianos y vaciar definitivamente de inmigrantes esta conflictiva barriada, en la que son frecuentes las redadas de la Gendarmería marroquí. En una de estas redadas, en diciembre, un chico camerunés de 16 años, Cedrick Bété, se precipitó al vacío desde un cuarto piso cuando trataba de esconderse de la policía. El colectivo de apoyo a las redes migrantes Caminando Fronteras denunció entonces que el adolescente cayó cuando estaba forcejeando con los agentes.

¿Meras “disfunciones”?

En Marruecos, las fuerzas de seguridad están férreamente controladas por el Majzen, el aparato de poder semifeudal cuya cumbre ocupan el rey, su camarilla y los generales que controlan las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Tras su salida, los inmigrantes explicaron a Maleno que fueron los gendarmes quienes les indicaron que no habría vigilancia durante 48 horas, una voz que pronto corrió por el barrio. No parece probable que este escenario obedezca a una “disfunción” sino más bien a una orden explícita de Rabat.

El intento de vaciar de inmigrantes Boukhalef, considerado un foco de conflicto por las autoridades marroquíes, probablemente buscaba dar un respiro a Marruecos en varios frentes.

Para empezar, porque el discurso de la excepcionalidad de Marruecos, su fachada de país democrático, difícilmente se puede conciliar con las constantes denuncias de asociaciones de derechos humanos y con las portadas, incluso en la prensa marroquí, que dan cuenta de los ataques racistas en este barrio, escenario de buena parte de los abusos policiales y de las tensiones entre comunidades en Tánger. Y Marruecos no es inmune a su imagen pública. Un buen ejemplo tuvo lugar en 2013, cuando tras la publicación de un demoledor informe de MSF y de denuncias de otras asociaciones sobre el trato dispensado a los migrantes, incluso el oficialista Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció abusos en el informe que estuvo en el origen de la nueva política migratoria marroquí. Boukhalef es, en realidad, otra demostración, junto con lo que sucede en Ceuta y Melilla, de que el cambio que el rey anunció a bombo y platillo no está siendo tal.

“En Tánger ha habido muchísima represión y tres asesinatos; las redadas son continuas. Marruecos estaba entre la espada y la pared. Por un lado, Europa exigiéndole que controle la inmigración y, por otro, las ONG que no paraban de denunciar la represión”, explica el expreso político y activista social Boubker Khamlichi.

La presión que soporta Marruecos al haber asumido “una responsabilidad que no le corresponde, la de gendarme de la Unión Europea”, denuncia el profesor universitario y secretario de la Asociación Marroquí de Estudios e Investigación sobre Migraciones (AMERM), Mohamed Khachani, no se ha visto además aliviada por el proceso de regularización de sin papeles que Rabat presentó como el hito de su nueva política.

Esta iniciativa, dirigida a los entre 25.000 y 40.000 sin papeles que viven en el país, no ha tenido los resultados esperados. De acuerdo con datos ofrecidos por Marcel Amiyeto, secretario general del sindicato Organización Democrática de los Trabajadores Inmigrantes (ODT), en una entrevista con el diario Al Bayane, entre el 1 de enero y mediados de junio, 15.600 personas se acogieron al proceso de regularización. Solo 1200 han tenido una respuesta positiva.

“La regularización está siendo un fracaso y el rumor que corre es que una vez que concluya, en diciembre, la Unión Europea quiere que Marruecos expulse a los no regularizados, por lo que los inmigrantes tienen urgencia por cruzar”, recalca Maleno.

África, España y el trasfondo del Sáhara

En el preámbulo de la constitución marroquí, se proclama que Marruecos tiene como uno de sus objetivos la unidad africana, una vocación asumida con entusiasmo por Mohamed VI. En marzo, el soberano efectuó una gira que le llevó a Costa de Marfil, Gabón y Senegal. Un mes antes, había visitado Mali.

El rey no sólo volvió con decenas de acuerdos comerciales y de cooperación en diversas áreas, sino que, en Dakar, Mohamed VI obtuvo una declaración tajante según la cual Senegal reafirmaba su apoyo a la “marroquinidad” del Sáhara Occidental. Muchos de los inmigrantes de Boukhalef son senegaleses. También hay un colectivo importante procedente de Camerún, otro país alineado con Marruecos en la cuestión de la excolonia española.

El profesor Khachani recalca cómo su país está haciendo equilibrios entre el papel de “gendarme” exigido por Europa y su necesidad de quedar bien con sus socios africanos. Si cuando concluya la regularización, Rabat expulsa de forma masiva a sus ciudadanos, estos Estados lo tendrán más difícil para fingir que no sucede nada, como hacen ante los abusos policiales y los ataques racistas a sus inmigrantes en Marruecos. El enfriamiento de la relación de Rabat con esos países africanos podría repercutir negativamente sobre sus intentos de acercarse a la Unión Africana- siempre con el Sáhara en la mente- una organización que abandonó en 1984 en protesta por la aceptación del Frente Polisario como miembro.

En septiembre, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Cristopher Ross, tiene previsto iniciar una nueva gira en el Magreb para tratar de desbloquear el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. En un contexto en el que las relaciones con Francia, su principal valedor, no pasan por su mejor momento, para Marruecos es crucial no sólo recabar todos los apoyos africanos posibles, sino también que Madrid mantenga su tradicional neutralidad -que en la práctica le beneficia- sobre la cuestión. España fue la potencia colonial y su voz tiene peso en Naciones Unidas en lo relativo a esta descolonización inconclusa. ¿La decisión de permitir la salida de subsaharianos ha sido también un aviso de que Marruecos puede abrir el grifo de la inmigración si España presiona por la autodeterminación de los saharauis? La respuesta es otro de los arcanos del Majzen.

La oleada de lanchasde juguete no sólo podría dirigirse a aliviar algo la tensión migratoria en Boukhalef, uno de los focos de conflicto de la región norte de Marruecos, que afecta también a Ceuta y Melilla -los inmigrantes van y vienen entre Tánger y los alrededores de las dos ciudades- sino que además la permisividad marroquí no puede sino ser bien acogida por los países de origen de los subsaharianos cuya importancia para Rabat va en aumento. La decisión de dejar cruzar a más de mil inmigrantes no ha conllevado además reproche público alguno por parte de España, pues el gobierno ha contemporizado esperando que se trate de un episodio aislado, Madrid no ha llamado a consultas al embajador -como sí se hizo en 2001 ante una oleada de pateras algo más reducida- e incluso ha resaltado los “ estrechos contactos” con Rabat.

http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos_0_293620856.html

Infancia entre rejas

Sociedad

Miles de niños inmigrantes se hacinan en los centros de detención tailandeses en precarias condiciones. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales

. Un informe de HRW denuncia que el confinamiento de menores contraviene la Convención de los Derechos de la Infancia

“Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, resaltan desde las ONG


“La peor parte era estar atrapada, no poder moverte. Si mirabas a la izquierda, siempre había lo mismo. Si mirabas a la derecha, siempre lo mismo. Y, enfrente de ti, sólo un montón de gente, tantísima gente. Si conseguía mirar hacia afuera y veía gente caminando por el barrio, sólo deseaba ser uno de ellos”.

Así describía la pequeña Cindy los tres desesperantes años que pasó en un centro de detención de inmigrantes en Tailandia cuando sólo tenía nueve. Una eterna espera donde cada día era igual al anterior, y donde el temor más profundo radicaba en que el siguiente fuera igual que la jornada transcurrida. No había delito que justificara el internamiento de la niña y su familia –el único crimen era carecer de papeles que legalizasen su situación en Tailandia- pero tampoco había soluciones que le garantizasen la libertad: sus padres, entre rejas como ellos, no podían reunir la suma que le pedían las autoridades para pagarse el viaje de vuelta a su país, y el proceso de reasentamiento familiar como refugiados registrados ante la ONU se eternizaba.

Tres largos años que robaron un pedazo de infancia a Cindy y a sus hermanos en unas prisiones que sólo en Tailandia devoran las inocencias de un miles de niños cada año, según los cálculos de Human Rights Watch. Unos 4.000 menores de edad pasan periodos cortos –de días o semanas- en los infames centros de detención tailandeses y un centenar, como Cindy, periodos de meses o años, pero si miramos hacia el resto del mundo, hablamos de decenas de miles de casos: un escándalo aceptado por gobiernos e instituciones que contraviene las convenciones internacionales y trata de ser combatido desde infinidad de ONG.

Una de ellas, End Child Detention, lanzó hace unos días una campaña de concienciación con motivo del 25 aniversario de la Convención para los Derechos de la Infancia, de la que Tailandia es firmante. Las autoridades de Bangkok –una dictadura militar tras el golpe de Estado del pasado 22 de mayo- no han suscrito, sin embargo, los tratados referentes a los refugiados políticos, lo que deja reducidos a la categoría de inmigrantes ilegales a todas aquellas personas que huyen de la persecución en países vecinos como Birmania, Laos o Camboya en busca de un refugio.

Muchas veces son víctimas del tráfico humano, tras caer en las despiadadas redes de traficantes que secuestran a los desesperados errantes para someterles a trabajos forzados en barcos de pesca o para extorsionar a los familiares a cambio de un puñado de dólares, pero todo eso es accesorio: si son detenidos, las autoridades tailandesas les consideran inmigrantes ilegales y como tales, pueden ser detenidos y hacinados en instalaciones migratorias desbordadas y en un estado deplorable.

Los testimonios recabados por HRW durante 100 entrevistas –más de 40 con menores de edad- e incluidos en el informe Dos años sin luna, que denuncia el arresto de menores en centros de detención para inmigrantes tailandeses, son una detallada descripción del horror. “El suelo estaba hecho de madera, pero se había roto y el agua entraba”, explicaba una refugiada presa en Chiang Mai con una amiga y sus hijas de 6 y 8 años. “Mientras dormía, una rata me mordió la cara”. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales sobre la innecesaria criminalización de niños que piden a las autoridades un cambio en sus normativas.Julia Mayerhofer, responsable de la Red de Derechos del Refugiado en Asia-Pacífico (APRRN) en Bangkok, detalla cómo son las condiciones de vida en el interior de estos centros, repartidos por todo el país. “Pueden llegar a hacinarse hasta 100 personas en una celda con capacidad para 35. Deben hacer turnos para dormir por falta de espacio, a veces lo hacen sentados, y en ocasiones tienen que dormir también en la letrina. Su alimentación depende de los voluntarios, y éstos, a su vez, de la voluntad de los agentes de migración que custodian estos centros de detención. No se trata de una política férrea sino errática, cada centro funciona de una forma”, explica desde la oficina de la ONG en la capital tailandesa.

El director de APRRN, Anoop Sukumaran, incide en que, en realidad, no se trata formalmente de detenciones dado que no son temporales. Y ahí radica la angustia de las víctimas. “A veces son semanas, meses… A veces son años. Son largos periodos sin aire fresco, sin condiciones sanitarias dignas, sin acceso a un sistema de salud. Y todo ello, por nada: no existe crimen, no hay delito. Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, explica Sukuraman.

Según una ONG, al menos 2.500 niños de Camboya, Birmania y Laos pasan cada año sólo por el principal centro de detención de Bangkok antes de ser deportados. Las autoridades tailandesas sólo se encargan de devolver a su lugar de origen a nacionales de países con los que comparten frontera: más allá –se calcula que unos 2.000 refugiados detenidos son de Pakistán, Sri Lanka, Somalia o Siria entre otros países- son las víctimas las que deben costearse el viaje de vuelta. “Si esos niños huyen de sus países con sus familias es porque la situación no era buena. Si se han visto obligados a huir, hay que considerarles víctimas a las que hay que proteger. Además, está estrictamente prohibido por las convenciones detener a niños en el contexto de movimientos migratorios”, explica Don Rono, de la oficina regional de UNICEF. “La migración forzada no es un crimen”.

Mayerhofer explica que existen 14 centros de detención para inmigrantes en todo el país: los más grandes son los situados en el sur, receptores de la desesperada emigración birmana que escapa de la miseria y de las exacciones de un Ejército que persigue a las minorías. “En Bangkok, por el contrario, el 90% son refugiados paquistaníes”. Las salidas son escasas: durante un corto periodo de tiempo, las autoridades ponían refugiados en libertad mediante el pago de una fianza (50.000 bath, unos 1.500 dólares) siempre que un ciudadano local se declarase “garante” de la persona liberada, una práctica que hoy en día se ha vuelto más arbitraria.

Si las familias no se pueden permitir pagar su repatriación o, como sucede en muchos casos, no desean regresar por persecución o falta de futuro, deben quedarse en prisión de forma indefinida hasta que aparezcan soluciones. La más común es obtener un estatuto de refugiado político, pero el camino está plagado de trampas. La principal, el hecho de que Tailandia, como Malasia o Indonesia, no han suscrito las convenciones sobre refugiados y por tanto no los reconoce. Para el país surasiático, se sigue tratando de emigrantes ilegales. “Los refugiados dependen de que la UNCHR les reconozca como tales, y por diversos motivos las entrevistas pueden llegar a demorarse hasta tres o cuatro años. Lo peor es que su estatuto de refugiados no marcará diferencias”, incide Mayerhofer, “salvo que tengan la suerte de ser reasentados en un tercer país y puedan rehacer sus vidas. Pero, mientras eso ocurre, pueden seguir siendo arrestados en Tailandia en su categoría de inmigrantes ilegales. Hay casos de personas que han permanecido en esos centros hasta 8 y 9 años”, resalta la responsable de APRRN.

Para Alistair Boulton, responsable de la oficina regional de la Oficina de la ONU para los Refugiados, “el aumento de refugiados acreditados por la ONU es alarmante”. Está pasando en todo el mundo pero muy especialmente en el sureste asiático, donde la relativa estabilidad y prosperidad tailandesa atrae a refugiados de toda Asia. Para los niños, “la experiencia es altamente traumática a todos los niveles”, cuenta Sharonne Broadhead, responsable de Acceso al Asilo en Tailandia. “Los responsables de esos niños, sus propios padres, está sometidos a un tremendo estrés, algo que aprecian sus hijos. Al estrés de haber huido de tu país se suma la violencia del arresto, la humillación de la prisión, la incapacidad para ejercer como padres… No hay planes, no hay días, no hay rutina”.

Broadhead destaca que, paradójicamente, “los niños que nacen en cautividad son los menos traumatizados porque no conocen otra realidad” más allá de las rejas. “Algunos niños, si han nacido aquí o han estado durante uno o dos años, piensan que esto es la única vida que existe. Piensan que es lo normal. Un hombre en nuestra celda tenía un niña, que llegó cuando era un bebé. Esa niña se quedó durante cuatro años. Pensaba ‘esta es mi vida, es todo lo que tengo’. Si tus hijos se ve obligados a vivir en el centro de detención, sus emociones mueren”, explica Ali, uno de los detenidos entrevistados por HRW.

Los estudios realizados sobre niños detenidos en centros de inmigración de todo el mundo hablan de abusos físicos y mentales de todo tipo que dejan una marca psicológica en forma de trauma.  “Son vulnerables a todo tipo de daños”, prosigue Rono. “Daños físicos, carencias básicas de alimento y luz solar, carecen de ropa con la que cambiarse, suelen contagiarse de todas las dolencias que les rodean y no pueden acudir a la escuela durante meses o años. Y además se enfrenta a un contexto de ira a su alrededor”. Presos violentos que se ensañan con los más débiles, guardianes sin escrúpulos, padres incapaces de enfrentarse a la violencia que se alimenta de la frustración entre rejas. La violencia contra los niños es descrita como “rutinaria”: una de las refugiadas citadas en el informe de HRW, procedente de Sri Lanka, estaba embarazada cuando fue confinada junto a su hija en una celda de Bangkok, en 2011. “Uno de los detenidos pegaba a mi hija. Estaba loco. No había guardias ni policías que nos ayudasen”.

“En muchas ocasiones, a partir de los 10 o 12 años los varones, que hasta entonces estaban con sus madres, son desplazados a celdas masculinas donde conviven con la violencia y el miedo”, señala Sharonne Broadhead. Es el escenario más temido por las madres, que hasta esa edad consiguen retener a sus hijos varones en las celdas femeninas.

Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, aislamiento y desapego son los síntomas más comunes entre los críos hacinados en centros de detención. La familia de Dough, de 6 años, le describía como un niños vital y activo hasta que entró en el centro. Se transformó en un niño permanentemente abatido. “Se sentaba y no se movía. Dejó de hablar”, lamentaba su madre ante los investigadores de HRW. La falta de comida adecuada –frutas y verduras están prácticamente ausentes en la dieta de los centros- y la ausencia de zonas de juego o deporte obligan a los críos a hacer la misma vida penitenciaria de los adultos. El acceso a instalaciones sanitarias es limitado y la ausencia de aulas donde proseguir los estudios, una preocupación mayor para sus familiares.

“Vivimos con miedo cada día aquí, como vivíamos con miedo en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿A dónde huímos?”, se interrogaba angustiada una detenida en un centro de detención en Malasia. “Pensábamos que si sobrevivíamos a la huida en barco, llegaríamos a Australia y se acabarían nuestros problemas. Ahora, no sabemos cómo salir de aquí”, se lamentaba otra mujer.

Las ONG que trabajan en Tailandia intentan beneficiarse de en una corta ventana de oportunidad, ahora que la Junta Militar intenta mejorar su imagen en el exterior, para presionar a las autoridades sobre la cuestión de menores detenidos. Al fin y al cabo, el Gobierno de Bangkok suscribió la Convención de Derechos de la Infancia que impulsa a las administraciones a “cesar rápida y completamente la detención de niños en base a su estatuto migratorio”, unas detenciones contrarias a las leyes internacionales. Aunque no es el único punto de la Convención que desafían, dado que al no proveer la nutrición adecuada ni oportunidades para hacer ejercicio o para jugar, las autoridades tailandesas ya están violando derechos fundamentales.

La ocasión de oro para modificar ese comportamiento y legitimarse ante la comunidad internacional se presenta precisamente ahora, cuando Bangkok opta a un asiento en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU entre 2015-2017: sería “una gran oportunidad” para mejorar su imagen, estimaba Alice Farmer, responsable del departamento de Derechos de la Infancia de HRW y autora del informe. “El número de niños sometidos a arrestos de larga duración no es muy alto así que no sería demasiado caro”. Las soluciones ofrecidas por los expertos van desde los centros abiertos de recepción hasta estatutos especiales para migrantes, como el que aplica Filipinas: un visado específico para quienes están en medio de la legalización de su situación migratoria y que no les expone al abandono indefinido entre rejas.

http://periodismohumano.com/sociedad/infancia/infancia-entre-rejas.html

Madres atravesadas por las fronteras

Un joven brasileño, que venía a visitar a su madre de nacionalidad española, ha pasado ocho días detenidos en la sala de no admitidos de Barajas.

Unos días atrás, un niño español de tres años no podía viajar a España junto a su madre por no tener dinero para pagar una multa de 100 euros.

“Se están vulnerando derechos fundamentales amparándose en otro superior, el del control de las fronteras, que no es ningún derecho sino políticas de seguridad”, nos explica el abogado Arsenio Cores.

17.11.2014 · Patricia Simón

“Estoy muy agradecida a España. Cuando conseguí los papeles estaba contentísima, pero no sólo por la documentación, sino por ser una más. Tenía el orgullo de tener la nacionalidad española, pensando que ya era una ciudadana de pleno derecho y ahora descubro que no, que ni siquiera tengo el derecho a que me visite mi hijo”.

Vaineide Paixao Pereira lleva viviendo 14 años en España. Tras años de duro trabajo, tiene su propia empresa agraria en Guadalajara, con una media de 5 trabajadores eventuales. Su hija y su nieta española de siete años, viven también en Castilla La Mancha. Por eso, cuando el jueves a las once de la mañana, su hijo no aparecía en la puerta de llegadas del Aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas), no entendía por qué un policía le recomendaba ir a la comisaría dedicada a inmigración. Su hijo no quería migrar a España, quería visitar a su madre. “Desde entonces, estoy viviendo una situación absurda y arbitraria, pero no voy a parar hasta ver a mi hijo”.

Adalberto Sales, 24 años, lleva desde el jueves detenido en la sala de no admitidos de Barajas, un recinto donde el oscurantismo y la desprotección es aún mayor que en los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). Adalberto no ha podido recibir visitas de familiares, no le pueden hacer llegar objetos personales como ropa o productos de higiene pese a que ya lleva cinco días de reclusión. Sólo puede recibir llamadas a través de la cabina pública que tienen que compartir todos los detenidos. Es precisamente a través de esta vía por la que la policía española le comunicó a Vaneide la razón por la que su hijo no podía pasar unas semanas con ella. En su documentación constaba que hace unos años estuvo de manera irregular en España. “Yo le contesté que como todos los inmigrantes, primero teníamos que llegar ilegalmente hasta que íbamos consiguiendo los papeles. Pero que por aquel entonces, Adalberto era menor de edad así que él no había cometido ningún delito, sino yo”, explica a Periodismo Humano. “El hecho de que haya estado en situación irregular previamente no es ningún requisito para que pueda ser expulsado después”, nos explica el abogado Arsenio Cores. De hecho, en el acuerdo de expulsión que le han entregado a Adalberto, los argumentos para el rechazo son otros: “carecer de la documentación adecuada que justifique los motivos y condiciones relativas a su estancia y carecer de medios de subsistencia suficientes en relación al periodo de su estancia”. Adalberto desconocía que debía traer una carta de invitación de su madre y viajaba con 300 euros porque ella se haría cargo del resto de los gastos durante sus vacaciones en España.

Ya en 2012, Brasil igualó los requisitos para los turistas españoles a los exigidos a sus ciudadanos y ciudadanas en los aeropuertos españoles. El gobierno brasileño respondía así a la no admisión de 1.400 brasileños y al maltrato sufrido por muchos otros que viajaron a nuestro país en 2011.

El abogado de oficio que puso a disposición de Adalberto la policía española “no hizo lo suficiente” según su madre, por lo que ha contratado a otra abogada que ha entregado a las autoridades la documentación que acredita que ella tiene nacionalidad española, ingresos suficientes para mantener a su hijo durante su estancia en España y domicilio propio. Además, Adalberto ha solicitado protección internacional.

De hecho, evidenciando la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan los inmigrantes en España, tengan su situación regularizada o no, Vaneide, consciente de los obstáculos con los que se han encontrado a menudo los brasileños en los aeropuertos españoles, fue a informarse a la comisaría de Guadalajara el día que su hijo iba a coger el vuelo. Allí le recomendaron que el muchacho trajera una carta de invitación, pero como era demasiado tarde para hacérsela llegar, le dijeron que aunque ella era su madre y tenía vivienda en propiedad, trajera una reserva de una habitación en un hotel. Pese al sinsentido, Vaneide así lo hizo siguiendo los consejos de los organismos oficiales.

Al otro lado del charco, unos días antes, una mujer llora desconsoladamente junto a los mostradores de Iberia en el aeropuerto de Santo Domingo. Un crío de tres años balbucea “mamá, mamá” a su lado angustiado por el desconsuelo de su madre. Diana acaba de enterarse de que tiene que pagar 4000 pesos (74 euros) porque su hijo, de nacionalidad española, ha pasado en el país de su madre, dominicana, dos meses más del periodo permitido. Ella, embarazada de más de 5 meses, no tiene más que 50 euros en el bolsillo. Su familia, que ya se ha vuelto para su pueblo, tampoco tiene dinero. Son pobres.

Uno de los pasajeros, que prefiere guardar su anonimato, observa la escena atónito ante la posibilidad de que esta mujer no pueda volver a España, donde reside, trabaja y de donde es su criatura, por la falta de 24 euros. Trabajadores locales de Iberia le confirman que, de no conseguir ese dinero en los próximos minutos, tendrán que quedarse en tierra. El pasajero le da el dinero a la mujer que acompañada por una trabajadora de tierra de la aerolínea, corre a Inmigración para pagar la multa. Allí ambas descubren que habían intentado estafarla: le habían pedido el doble que la cuantía legal.

Mientras en España, siete días después, Adalberto sigue en la sala de inadmitidos de Barajas. En el control de pasaportes “un policía me preguntó que si vivía en España. Le contesté que no, que venía de vacaciones a ver a mi familia y que luego volvería a mi país. Me llevaron a una sala pequeña. Allí vino otro policía. Le expliqué que venía a ver a mi madre que tiene la nacionalidad española, a mi hermana, a mi sobrina de siete años. Me chillaba preguntándome que por qué hablabla tan bien español. Le dije que había recibido cursos, que mi madre me hablaba en español para que no perdiera el idioma, que mi sobrina no hablaba portugués así que también hablabla español con ella. Me gritó que hablaba español mejor que su madre. Volvió a preguntarme por qué venía. Me pusieron en otra sala pequeña con seis dormitorios. Volvieron a entrevistarme y a los cinco minutos el policía me dijo ‘Hemos decidido que no puedes quedarte’. Le contesté que cómo que no me dejaban quedarme si mi madre es española. Me dieron un papel para que lo firmara. Me negué”. Adalberto no pudo ver a su abogada hastra tres días después, el sábado.

La legislación española no recoge el derecho de una madre española a recibir visitas de su hijo ni la dominicana a que un niño español retorne a su país de origen con su madre, aunque ésta no tenga dinero para pagar una multa. Pero sí la Convención Europea de derechos humanos. “La entrada en España no es un derecho fundamental, pero sí lo que subyace detrás de estas decisiones: el derecho a mantener íntegramente relaciones familiares que recoge la Convención Europea. Cuando se habla de derechos fundamentales, siempre se piensan en los civiles y políticos, pero no en los económicos, sociales y culturales porque se impone otro supuestamente superior, el del control de las fronteras que no es ningún derecho, sino unas políticas de seguridad”, explica a Periodismo Humano el abogado Arsenio Cores. Y unas políticas determinadas nunca pueden pasar por encima de derechos fundamentales. “En la práctica, la Ley de Extranjeria y la normativa aplicable no permiten recurrir ante los tribunales la decisión de no dejar entrar a una persona extranjera en su país, menoscabando en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva y con ello la protección de otros derechos también fundamentales como es el derecho a la intimidad familiar”, añade.

Durante estos cinco días, a Adalberto no le han dado siquiera su maleta para que pueda cambiarse de ropa interior. “Desde el jueves no veo la luz del día, no sé qué hora es salvo por el reloj. No puedo ni fumar. Es alucinante que la policía haga esto con un hijo que tiene una madre española. Aquí la policía trata a la gente muy mal, como si fuéramos criminales. Un día, un chico se puso cerca de la puerta y un policía empezó a gritarle que se quitara de ahí. Es como si nos pusieran a prueba para que saltáramos. Hace tres años que no veo a mi madre, mi hermana y mi sobrina y no puedo estar con ellas porque unos policías ‘han decidido que no puedo pasar’. ¿Cómo van a decidir ellos sobre la vida de una persona? La policía debería estar para proteger los derechos de las personas, no para impedir a una persona pasar unos días con su familia. Además no me informan de nada”.

Junto a Adalberto hay otras cinco personas en la sala de inadmitidos. Ninguno de ellos sabe todavía su suerte. Según el informe del Ministerio del Interior sobre la lucha contra la inmigración irregular, se les denegó la entrada 8.704 personas en 2013. No especifican cuántas lo fueron en los aeropuertos.

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“Salimos de una especie de cárcel para entrar en otra, no podemos ni salir de Barajas”

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24.02.2014 · Naomí Ramírez · Patricia Simón

Tras huir de su país en guerra, veintiséis sirios han tenido que acudir a las mafias para volar desde Turquía a Dubai, para seguir hasta Brasil, Perú y llegar finalmente a Madrid. Hablamos con ellos mientras solicitan asilo en centro de detención de 25 metros cuadrados del Aeropuerto de Barajas donde no pueden entrar ni la prensa, ni ONG ni familiares, si tuvieran en España.

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El caso Josephine Thomas

09.04.2013 · periodismohumano · Mercedes Hernández · (Madrid)

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29 días encerrada en Barajas (I)

08.01.2013 · periodismohumano · Mercedes Hernández

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‘Mos maiorum’, una nueva “operación racista” encubierta a escala europea

Beatriz Ríos *

Publicado: 28/10/2014

Mos_Maiorum_Bruselas

BRUSELAS.– El domingo concluyó en el Espacio Schengen la operación Mos maiorum que preveía la retención masiva de inmigrantes irregulares para recabar información sobre las rutas de llegada a Europa y sus responsables, sin embargo, gran parte de los grupos del Parlamento Europeo consideran que no se trata más que de una operación racista que atenta contra la dignidad humana y que criminaliza a la víctima del tráfico ilegal de personas: el inmigrante.

Mos maiorum es una operación policial coordinada por la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea en colaboración con Frontex, la agencia de control de fronteras de la Unión. Entre los días 13 y 26 de octubre, Italia llamaba a los estados miembros del Espacio Schengen a controlar, no solo en las fronteras sino en todo el territorio, los movimientos migratorios. La operación preveía arrestar a inmigrantes en situación irregular para interrogarles sobre las vías de entrada a Europa. El objetivo era recabar información para luchar contra del tráfico de seres humanos.

La opacidad sobre los métodos de la operación también preocupa a los eurodiputados. Aunque la europarlamentaria española Marina Albiol solicitó al Consejo de la Unión Europea información detallada sobre el dispositivo, no se conocen los detalles de la operación. Los resultados de la misma no verán la luz hasta el próximo mes de diciembre.

Según Albiol, el Consejo de la Unión no ha hecho más que extender a todo el territorio Schengen algo que en España se hace cada día: las redadas racistas. La diputada de la Izquierda Plural en el Parlamento detalla el proceso habitual: “se realizan controles en estaciones de metro, autobús, tren o incluso colegios o centros de salud. Paran a determinadas personas para pedirles la documentación y lo hacen en función de su aspecto, según el color de su piel, lo cual es una práctica racista. ”

Este tipo de redadas ya fueron condenadas por la propia Unión Europea a través de la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo GUE/NGL sobre su práctica en España. La Comisión reconocía ser consciente de estos dispositivos y condenaba “toda forma y manifestación de racismo y xenofobia, sin importar de quién venga.” Sin embargo, justificaba la ausencia de sanción en que la vigilancia del respeto a los derechos humanos depende de cada estado miembro. Resulta sorprendente entonces que esta práctica se haya extendido e institucionalizado, aunque solo durante unas semanas, al territorio de todos los miembros del Espacio Schengen.

Fernando López Aguilar, eurodiputado por el Partido Socialista, cuestiona además la utilidad de esta práctica ya que “la identificación apunta más a las víctimas del tráfico ilícito de personas que a las mafias que hay detrás.”

Pablo Echenique, de Podemos, denuncia que se trata de un dispositivo basado en el miedo cuyo objetivo es “aterrorizar a los que han llegado a Europa en busca de trabajo, techo y pan.” Ángela Vallina, de la Izquierda Plural añade que “Mos maiorum significa asociar la idea del inmigrante con el criminal. Pone en riesgo el derecho a la no discriminación y a la libertad de movimiento.”

Sin embargo, Mos maiorum no es la primera de estas operaciones contra el tráfico de personas. Estos dispositivos policiales coordinados se realizan cada cierto tiempo desde 2011. A Mos Maoirum le preceden Hermes, Balder, Mitras, Demeter, Afrodita y la última, entre septiembre y octubre de 2013, Perkunas.

El ministerio del interior italiano en colaboración con la agencia europea Frontex es el responsable en esta ocasión.

Perkunas: conclusiones de la última operación

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Coordinada por la presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea, Perkunas se saldó con 10.459 personas inmigrantes irregulares interceptadas de las cuales, el 68’52% demandaron protección internacional. Esta cifra no sorprende en absoluto si tenemos en cuenta que los principales países de origen eran Siria, Eritrea y Afganistán, tres territorios marcados por la guerra y la pobreza.

Esta es la clave que algunos eurodiputados pusieron sobre la mesa el pasado 22 de marzo durante un debate en el Parlamento Europeo: ¿de dónde vienen estas personas y de qué huyen?

Ángela Vallina, en su intervención en el debate, denunciaba que “explotamos en origen sus recursos, somos cómplices de Estados corruptos y cuando la presión del hambre, la pobreza y la muerte les empuja a saltar vallas, a jugarse la vida en embarcaciones… Los encerramos, los expulsamos y los abandonamos a su suerte.”

Hambre y guerra

Durante la ‘operación Perkunas’, 3.770 personas fueron identificadas como nacionales sirios. La ONU estima que entre 2011 y 2014, más de 191.000 personas han muerto a causa de la guerra en Siria. A esta cifra habría que sumar los fallecidos por falta de acceso a recursos básicos. Además, unos 9 millones de personas han dejado el país huyendo de la guerra convirtiéndose en refugiados, menos de 100.000 de ellos reclamaron asilo en Europa.

Eritrea fue el segundo lugar de origen en cuanto a inmigrantes irregulares retenidos entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2013. Con una renta per cápita de 409 euros, desde su independencia en 1993, Eritrea ha sufrido tres guerras fronterizas. El conflicto con Etiopia ha causado desde 1998 más de 100.000 muertes y aunque los enfrentamientos cesaron en 2002, la situación en la zona continúa siendo inestable.

Desde Afganistán llegaron 590 personas a Europa durante la operación, según datos del gobierno lituano. En Afganistán la renta per cápita es de 511 euros y de sobra conocida es su situación política y social. En guerra desde 2001, hasta siete países del Espacio Schengen han intervenido en el país. Casi 8000 civiles han muerto en los últimos seis años a causa del conflicto en un país en el que los ataques terroristas son un fenómeno casi diario.

Estas cifras arrojan luz sobre las razones por las que miles de personas cada año se juegan la vida para llegar a Europa. Es por esto que los eurodiputados reclaman mayor transparencia para la ‘operación Mos Maiorum’, respeto a los derechos fundamentales y mejoras en procesos de gestión de las demandas de asilo. Para el Parlamento Europeo, una operación policial no puede ser la única respuesta a una situación que lejos de ser un problema de seguridad es una crisis humanitaria.

(*) Beatriz Ríos es periodista.

http://www.cuartopoder.es/invitados/2014/10/28/mos-maiorum-operacion-racista-europea/3606

El Consejo de Europa quiere investigar las agresiones a inmigrantes en la valla de Melilla

CUARTOPODER | Publicado: 17/10/2014

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, considera “necesario abrir una investigación para establecer responsabilidades” por “la violencia” que los agentes de la Guardia Civil ejercieron contra varios inmigrantes el miércoles en un intento de salto de la valla de Melilla y recuerda a España que las devoluciones sumarias son ilegales. La noticia saltó después de que la ONG Prodein difundiera un vídeo rodado este miércoles durante un salto masivo de la valla de Melilla que muestra como uno de ellos es golpeado por los agentes españoles con sus porras hasta en diez ocasiones, cae al suelo y es entregado en volandas a Marruecos en aparente estado de inconsciencia (ver vídeos).

Asociación Pro.De.In. Melilla (Vimeo)

Asociación Pro.De.In. Melilla (Vimeo)

http://www.cuartopoder.es/multimedia/2014/10/17/europa-quiere-investigar-las-agresiones-inmigrantes-en-la-valla-de-melilla/3567

VÍDEO – España apalea y deporta ilegalmente inmigrantes heridos, atados e inconscientes en Melilla

Una vez más, decenas de inmigrantes fueron deportados ilegalmente por la Guardia Civil, por órdenes del Gobierno español, y entregados a fuerzas marroquíes al otro lado de la valla, a pesar de encontrarse ya en territorio español. Muchos fueron golpeados, otros arrastrados atados de pies y manos y varios heridos fueron deportados sin recibir atención médica. Los posibles solicitantes de asilo de Mali también fueron expulsados sin tener en cuenta sus derechos como refugiados.

La portavoz de la Delegación del Gobierno español en Melilla ha explicado a Europa Press que el inmigrante golpeado por la Guardia Civil del vídeo “no estaba herido”, sino que estaba adoptando una actitud de “resistencia pasiva” , que “el salto fue violento” y “hubo escenas violentas como escupir a los agentes y gritar la palabra ébola”. “En esas situaciones es normal que la Guardia Civil actúe con contundencia“, ha dicho, esta portavoz ha considerado que videos como el difundido por Prodein “sólo buscan poner en entredicho el trabajo que hace la Guardia Civil”.

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Según informa la ONG PRODEIN: “Un grupo de malienses intentó entrar en Melilla el 15-11-2014. La violencia con la que se les recibió fue extrema. Fueron deportados ilegalmente a Marruecos sin importar su situación personal, sin importar su edad, sin importar si querían solicitar asilo, sin importar que estuvieran heridos, al margen de la legislación española e internacional”

 

“En el intento de salto que tuvo lugar el 15-10-2014 las Fuerzas Auxiliares y la Guardia Civil se emplearon con los inmigrantes con especial dureza. Prácticamente la totalidad de ellos fueron expulsados de España de forma absolutamente ilegal. Decenas de heridos fueron también expulsados y entregados al ejército marroquí”.“En el vídeo podemos ver los sucesos de ese día. Hacemos un seguimiento a una de las víctimas: Danny, camerunés, de unos 23 años y del cual recibimos noticias contradictorias en el sentido de que está vivo o que murió”.

 

Más información sobre deportaciones en Melilla en Periodismo Humano:

http://periodismohumano.com/migracion/animales-en-la-valla-de-melilla.html

Más de 3.000 personas han muerto desde enero en aguas del Mediterráneo, según la OIM

Escrito por  Kaos. Derechos Humanos
La cifra es cuatro veces mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones. El Mediterráneo concentra tres cuartos de las muertes de migrantes en el mundo que ascienden a 4.000 personas. El organismo de la ONU pide a la comunidad internacional que cuente el número de víctimas y que haga más por evitar las muertes.

Agencias

Más de 3.000 personas han muerto en el mar Mediterráneo desde el pasado mes de enero mientras intentaban alcanzar suelo europeo, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que cifra por encima de 4.000 el número de inmigrantes fallecidos en el mundo.

En concreto, 4.077 personas han perdido la vida mientras intentaban alcanzar algún otro país. De ellas, 3.072 han perecido en el área mediterránea, un número muy por encima de los 251 muertos registrados en la zona este de África, los 230 de la frontera entre Estados Unidos y Rusia, los 205 de la bahía de Bengala y los 123 del Cuerno de África.

El informe ‘Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration’ (‘Viajes fatales: registrando vidas perdidas durante migraciones’) alerta de la “epidemia de crimen y victimización” que sufren miles de personas en todo el mundo por su deseo de buscar una vida mejor en otro país.

Desde el año 2000, más de 40.000 personas han fallecido en rutas migratorias, incluidas 22.000 víctimas en el mar Mediterráneo. La OIM, de hecho, comenzó este estudio a partir de las tragedias de Lampedusa de octubre de 2013, en las que murieron más de 400 inmigrantes por el naufragio de dos pateras.

“Escasa respuesta” de la comunidad internacional

“Están muriendo inmigrantes que no sería necesario que murieran”, ha subrayado el director general de la OIM, William Lacy Swing, que ha emplazado a la comunidad internacional a hacer más no sólo para ayudar a estos colectivos sino también para “contar el número de víctimas”, toda vez que los informes de la organización se basan en un conglomerado de datos elaborados a partir de distintas instituciones y ONG.

El jefe del equipo de investigadores de la OIM, Frank Laczko, ha comparado las “grandes sumas de dinero” invertidas en la recolección de datos sobre control de frontera y la escasa información recabada en relación a fallecimientos. Además, ninguna organización se encarga a nivel mundial de la observación de este tipo de casos.

La OIM teme que el número de víctimas sea considerablemente mayor al citado en su informe, toda vez que a la reducida información en zonas más o menos transitadas se suman los nulos datos relativos a regiones remotas.

“La paradoja es que, en un momento en el que una de cada siete personas son migrantes, estamos viendo una respuesta extraordinariamente escasa a este fenómeno en el mundo desarrollado”, ha apuntado Swing.

El director general de la OIM ha avisado de que las “oportunidades limitadas” existentes para los viajes “seguros” lleva a los inmigrantes a “manos de contrabandistas”. En este sentido, ha recordado que los “inmigrantes indocumentados no son criminales”, sino “seres humanos que necesitan de protección y asistencia”.

Desaparecidos

La OIM ha lanzado el Proyecto de Migrantes Desaparecidos no sólo para tratar de aclarar el paradero de cientos de personas, sino también para llegar a comunidades de todo el mundo y disuadir a potenciales emigrantes.

Un portavoz de la organización, Leonard Doyle, ha explicado que la campaña, basada principalmente en redes sociales, no consistirá en cuñas de radio o carteles, sino en métodos “más persuasivos” como difundir “la voz de los supervivientes y de los familiares de desaparecidos”.

Tras el naufragio de una barcaza este mes en Malta, oficinas de la OIM en todo el mundo recibieron llamadas y correos electrónicos de personas residentes en Europa y Oriente Próximo para tratar de obtener información sobre sus parientes, a pesar de que la mayoría habrían perecido ahogados.

“La gente ya busca información de migrantes desaparecidos en Facebook. También sabemos que las personas se convierten en víctimas del tráfico en todo el mundo a través de Facebook y otras redes sociales”, ha advertido Doyle.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/96978-m%C3%A1s-de-3-000-personas-han-muerto-desde-enero-en-aguas-del-mediterr%C3%A1neo,-seg%C3%BAn-la-oim