México – Cada hora desaparecen en el país de 9 a 10 niños

Hidalgo
El Sol de Hidalgo,16 de diciembre de 2014

Por Alejandro Colón

Pachuca, Hidalgo.- Alrededor de 500,000 niños han desaparecido en los últimos seis años en México; es decir, entre nueve y 10 cada hora, de los cuales 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino, de acuerdo a distintas agrupaciones, reveló el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Francisco Coronato Rodríguez.

Sin embargo, el legislador de Movimiento Ciudadano puntualizó que en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos, pues los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.

En tal sentido, Coronato Rodríguez refirió que el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150,000, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.

En contraste, el portal de la Procuraduría General de la República (PGR) solo documenta a la fecha los casos de 1,385 niños robados o desaparecidos. Este último dato “demuestra falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”, consideró.

Dado que en México no existe una base de datos oficial que indique la cantidad y mucho menos la identidad de los menores cuyo paradero se desconoce, o que compile las investigaciones relativas al fenómeno, el diputado federal promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

También integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Coronato Rodríguez afirmó que la ausencia de una base de datos eficaz de esta naturaleza, que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.

Asimismo, se contaría, por obligación, con una base de datos de ADN de los menores desaparecidos, además de que permitirá a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto será únicamente para la localización de los niños.

Coronato destacó que la misma PGR calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45,000 menores de edad, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, las entidades donde se registra el mayor número de casos. Abundó que se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50,000 dólares por ellos.

No contar con una base de datos oficial, aseguró el diputado, resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, solo debajo del narcotráfico, pues se estima que tiene ganancias de 32,000 millones de dólares al año.

Infancia entre rejas

Sociedad

Miles de niños inmigrantes se hacinan en los centros de detención tailandeses en precarias condiciones. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales

. Un informe de HRW denuncia que el confinamiento de menores contraviene la Convención de los Derechos de la Infancia

“Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, resaltan desde las ONG


“La peor parte era estar atrapada, no poder moverte. Si mirabas a la izquierda, siempre había lo mismo. Si mirabas a la derecha, siempre lo mismo. Y, enfrente de ti, sólo un montón de gente, tantísima gente. Si conseguía mirar hacia afuera y veía gente caminando por el barrio, sólo deseaba ser uno de ellos”.

Así describía la pequeña Cindy los tres desesperantes años que pasó en un centro de detención de inmigrantes en Tailandia cuando sólo tenía nueve. Una eterna espera donde cada día era igual al anterior, y donde el temor más profundo radicaba en que el siguiente fuera igual que la jornada transcurrida. No había delito que justificara el internamiento de la niña y su familia –el único crimen era carecer de papeles que legalizasen su situación en Tailandia- pero tampoco había soluciones que le garantizasen la libertad: sus padres, entre rejas como ellos, no podían reunir la suma que le pedían las autoridades para pagarse el viaje de vuelta a su país, y el proceso de reasentamiento familiar como refugiados registrados ante la ONU se eternizaba.

Tres largos años que robaron un pedazo de infancia a Cindy y a sus hermanos en unas prisiones que sólo en Tailandia devoran las inocencias de un miles de niños cada año, según los cálculos de Human Rights Watch. Unos 4.000 menores de edad pasan periodos cortos –de días o semanas- en los infames centros de detención tailandeses y un centenar, como Cindy, periodos de meses o años, pero si miramos hacia el resto del mundo, hablamos de decenas de miles de casos: un escándalo aceptado por gobiernos e instituciones que contraviene las convenciones internacionales y trata de ser combatido desde infinidad de ONG.

Una de ellas, End Child Detention, lanzó hace unos días una campaña de concienciación con motivo del 25 aniversario de la Convención para los Derechos de la Infancia, de la que Tailandia es firmante. Las autoridades de Bangkok –una dictadura militar tras el golpe de Estado del pasado 22 de mayo- no han suscrito, sin embargo, los tratados referentes a los refugiados políticos, lo que deja reducidos a la categoría de inmigrantes ilegales a todas aquellas personas que huyen de la persecución en países vecinos como Birmania, Laos o Camboya en busca de un refugio.

Muchas veces son víctimas del tráfico humano, tras caer en las despiadadas redes de traficantes que secuestran a los desesperados errantes para someterles a trabajos forzados en barcos de pesca o para extorsionar a los familiares a cambio de un puñado de dólares, pero todo eso es accesorio: si son detenidos, las autoridades tailandesas les consideran inmigrantes ilegales y como tales, pueden ser detenidos y hacinados en instalaciones migratorias desbordadas y en un estado deplorable.

Los testimonios recabados por HRW durante 100 entrevistas –más de 40 con menores de edad- e incluidos en el informe Dos años sin luna, que denuncia el arresto de menores en centros de detención para inmigrantes tailandeses, son una detallada descripción del horror. “El suelo estaba hecho de madera, pero se había roto y el agua entraba”, explicaba una refugiada presa en Chiang Mai con una amiga y sus hijas de 6 y 8 años. “Mientras dormía, una rata me mordió la cara”. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales sobre la innecesaria criminalización de niños que piden a las autoridades un cambio en sus normativas.Julia Mayerhofer, responsable de la Red de Derechos del Refugiado en Asia-Pacífico (APRRN) en Bangkok, detalla cómo son las condiciones de vida en el interior de estos centros, repartidos por todo el país. “Pueden llegar a hacinarse hasta 100 personas en una celda con capacidad para 35. Deben hacer turnos para dormir por falta de espacio, a veces lo hacen sentados, y en ocasiones tienen que dormir también en la letrina. Su alimentación depende de los voluntarios, y éstos, a su vez, de la voluntad de los agentes de migración que custodian estos centros de detención. No se trata de una política férrea sino errática, cada centro funciona de una forma”, explica desde la oficina de la ONG en la capital tailandesa.

El director de APRRN, Anoop Sukumaran, incide en que, en realidad, no se trata formalmente de detenciones dado que no son temporales. Y ahí radica la angustia de las víctimas. “A veces son semanas, meses… A veces son años. Son largos periodos sin aire fresco, sin condiciones sanitarias dignas, sin acceso a un sistema de salud. Y todo ello, por nada: no existe crimen, no hay delito. Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, explica Sukuraman.

Según una ONG, al menos 2.500 niños de Camboya, Birmania y Laos pasan cada año sólo por el principal centro de detención de Bangkok antes de ser deportados. Las autoridades tailandesas sólo se encargan de devolver a su lugar de origen a nacionales de países con los que comparten frontera: más allá –se calcula que unos 2.000 refugiados detenidos son de Pakistán, Sri Lanka, Somalia o Siria entre otros países- son las víctimas las que deben costearse el viaje de vuelta. “Si esos niños huyen de sus países con sus familias es porque la situación no era buena. Si se han visto obligados a huir, hay que considerarles víctimas a las que hay que proteger. Además, está estrictamente prohibido por las convenciones detener a niños en el contexto de movimientos migratorios”, explica Don Rono, de la oficina regional de UNICEF. “La migración forzada no es un crimen”.

Mayerhofer explica que existen 14 centros de detención para inmigrantes en todo el país: los más grandes son los situados en el sur, receptores de la desesperada emigración birmana que escapa de la miseria y de las exacciones de un Ejército que persigue a las minorías. “En Bangkok, por el contrario, el 90% son refugiados paquistaníes”. Las salidas son escasas: durante un corto periodo de tiempo, las autoridades ponían refugiados en libertad mediante el pago de una fianza (50.000 bath, unos 1.500 dólares) siempre que un ciudadano local se declarase “garante” de la persona liberada, una práctica que hoy en día se ha vuelto más arbitraria.

Si las familias no se pueden permitir pagar su repatriación o, como sucede en muchos casos, no desean regresar por persecución o falta de futuro, deben quedarse en prisión de forma indefinida hasta que aparezcan soluciones. La más común es obtener un estatuto de refugiado político, pero el camino está plagado de trampas. La principal, el hecho de que Tailandia, como Malasia o Indonesia, no han suscrito las convenciones sobre refugiados y por tanto no los reconoce. Para el país surasiático, se sigue tratando de emigrantes ilegales. “Los refugiados dependen de que la UNCHR les reconozca como tales, y por diversos motivos las entrevistas pueden llegar a demorarse hasta tres o cuatro años. Lo peor es que su estatuto de refugiados no marcará diferencias”, incide Mayerhofer, “salvo que tengan la suerte de ser reasentados en un tercer país y puedan rehacer sus vidas. Pero, mientras eso ocurre, pueden seguir siendo arrestados en Tailandia en su categoría de inmigrantes ilegales. Hay casos de personas que han permanecido en esos centros hasta 8 y 9 años”, resalta la responsable de APRRN.

Para Alistair Boulton, responsable de la oficina regional de la Oficina de la ONU para los Refugiados, “el aumento de refugiados acreditados por la ONU es alarmante”. Está pasando en todo el mundo pero muy especialmente en el sureste asiático, donde la relativa estabilidad y prosperidad tailandesa atrae a refugiados de toda Asia. Para los niños, “la experiencia es altamente traumática a todos los niveles”, cuenta Sharonne Broadhead, responsable de Acceso al Asilo en Tailandia. “Los responsables de esos niños, sus propios padres, está sometidos a un tremendo estrés, algo que aprecian sus hijos. Al estrés de haber huido de tu país se suma la violencia del arresto, la humillación de la prisión, la incapacidad para ejercer como padres… No hay planes, no hay días, no hay rutina”.

Broadhead destaca que, paradójicamente, “los niños que nacen en cautividad son los menos traumatizados porque no conocen otra realidad” más allá de las rejas. “Algunos niños, si han nacido aquí o han estado durante uno o dos años, piensan que esto es la única vida que existe. Piensan que es lo normal. Un hombre en nuestra celda tenía un niña, que llegó cuando era un bebé. Esa niña se quedó durante cuatro años. Pensaba ‘esta es mi vida, es todo lo que tengo’. Si tus hijos se ve obligados a vivir en el centro de detención, sus emociones mueren”, explica Ali, uno de los detenidos entrevistados por HRW.

Los estudios realizados sobre niños detenidos en centros de inmigración de todo el mundo hablan de abusos físicos y mentales de todo tipo que dejan una marca psicológica en forma de trauma.  “Son vulnerables a todo tipo de daños”, prosigue Rono. “Daños físicos, carencias básicas de alimento y luz solar, carecen de ropa con la que cambiarse, suelen contagiarse de todas las dolencias que les rodean y no pueden acudir a la escuela durante meses o años. Y además se enfrenta a un contexto de ira a su alrededor”. Presos violentos que se ensañan con los más débiles, guardianes sin escrúpulos, padres incapaces de enfrentarse a la violencia que se alimenta de la frustración entre rejas. La violencia contra los niños es descrita como “rutinaria”: una de las refugiadas citadas en el informe de HRW, procedente de Sri Lanka, estaba embarazada cuando fue confinada junto a su hija en una celda de Bangkok, en 2011. “Uno de los detenidos pegaba a mi hija. Estaba loco. No había guardias ni policías que nos ayudasen”.

“En muchas ocasiones, a partir de los 10 o 12 años los varones, que hasta entonces estaban con sus madres, son desplazados a celdas masculinas donde conviven con la violencia y el miedo”, señala Sharonne Broadhead. Es el escenario más temido por las madres, que hasta esa edad consiguen retener a sus hijos varones en las celdas femeninas.

Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, aislamiento y desapego son los síntomas más comunes entre los críos hacinados en centros de detención. La familia de Dough, de 6 años, le describía como un niños vital y activo hasta que entró en el centro. Se transformó en un niño permanentemente abatido. “Se sentaba y no se movía. Dejó de hablar”, lamentaba su madre ante los investigadores de HRW. La falta de comida adecuada –frutas y verduras están prácticamente ausentes en la dieta de los centros- y la ausencia de zonas de juego o deporte obligan a los críos a hacer la misma vida penitenciaria de los adultos. El acceso a instalaciones sanitarias es limitado y la ausencia de aulas donde proseguir los estudios, una preocupación mayor para sus familiares.

“Vivimos con miedo cada día aquí, como vivíamos con miedo en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿A dónde huímos?”, se interrogaba angustiada una detenida en un centro de detención en Malasia. “Pensábamos que si sobrevivíamos a la huida en barco, llegaríamos a Australia y se acabarían nuestros problemas. Ahora, no sabemos cómo salir de aquí”, se lamentaba otra mujer.

Las ONG que trabajan en Tailandia intentan beneficiarse de en una corta ventana de oportunidad, ahora que la Junta Militar intenta mejorar su imagen en el exterior, para presionar a las autoridades sobre la cuestión de menores detenidos. Al fin y al cabo, el Gobierno de Bangkok suscribió la Convención de Derechos de la Infancia que impulsa a las administraciones a “cesar rápida y completamente la detención de niños en base a su estatuto migratorio”, unas detenciones contrarias a las leyes internacionales. Aunque no es el único punto de la Convención que desafían, dado que al no proveer la nutrición adecuada ni oportunidades para hacer ejercicio o para jugar, las autoridades tailandesas ya están violando derechos fundamentales.

La ocasión de oro para modificar ese comportamiento y legitimarse ante la comunidad internacional se presenta precisamente ahora, cuando Bangkok opta a un asiento en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU entre 2015-2017: sería “una gran oportunidad” para mejorar su imagen, estimaba Alice Farmer, responsable del departamento de Derechos de la Infancia de HRW y autora del informe. “El número de niños sometidos a arrestos de larga duración no es muy alto así que no sería demasiado caro”. Las soluciones ofrecidas por los expertos van desde los centros abiertos de recepción hasta estatutos especiales para migrantes, como el que aplica Filipinas: un visado específico para quienes están en medio de la legalización de su situación migratoria y que no les expone al abandono indefinido entre rejas.

http://periodismohumano.com/sociedad/infancia/infancia-entre-rejas.html

Presentan a la Fiscalía el caso de una “niña robada” en Logroño en 1962

El hermanastro de la desaparecida afirma que la niña fue “anormalmente” separada de la familia en la antigua clínica Santa Cruz en Logroño

EFE | LOGROÑO

20 octubre 2014

Antonio Martín Escorza ha presentado hoy en la Fiscalía Superior de La Rioja un escrito para que investigue el presunto caso de una “niña robada” en 1962 en Logroño, que corresponde a su hermanastra Sara Martín Gutiérrez.

Martín Escorza ha asegurado a Efe que esta niña nació, “por cesárea de urgencia”, el 16 de marzo de 1962 en la clínica privada Santa Cruz de Logroño, situada en esa fecha en la calle Doctores Castroviejo, y a la que él, que entonces tenía 17 años, vio viva y la recuerda “aparentemente sana y respirando apaciblemente”.

Sin embargo, en el legajo de aborto de su hermana, que es como denomina la administración a la partida de nacimiento de un bebé que no llega a un día de vida, se certifica que “la madre ha dado a luz un feto, de unos ocho meses, en el domicilio familiar -en Logroño-, cuya muerte de produjo antes del alumbramiento”.

Martín Escorza, periodista de profesión y residente en Logroño, también ha pedido a la Fiscalía que examine los legajos de aborto de 1962 y 1963 de Logroño porque tiene “indicios” de que pueden contener presuntas falsedades en documento público constitutivas de un delito.

Este legajo está firmado por un médico, fallecido en 1969, y avalado por una persona que la familia desconoce, mientras que no figura la firma del padre de la niña, aunque sí la de la abuela materna de esta, ha dicho.

Ha relatado que a la familia se le dijo que a la niña la habían bautizado de urgencia y se le había impuesto el nombre de Sara, pero Martín Escorza ha afirmado que, en su investigación, no ha encontrado la fe de bautismo ni en la parroquia de Carmelitas, que estaba a escasos metros de la clínica; ni en la de Santa Teresita, que era a la que pertenecía el domicilio familiar; ni en la de La Redonda, que era la que correspondía a la clínica por jurisdicción.

A ello ha sumado que la niña, en la clínica Santa Cruz, fue “separada anormalmente de la familia” y él la vio sola en una habitación distinta, de la que una mujer le ordenó salir cuando quiso permanecer con ella.

La madre de la niña, Carmen Gutiérrez Subero, a la que él también considera su madre, aunque no fuera la biológica y quien falleció el pasado mes de abril, sufrió una embolia durante el embarazo y peligraba su vida, pero, “pese a todo, la niña nació viva, sana y con buen color”, ha subrayado.

“Lo único que me guía es esclarecer la verdad y encontrar a mi hermana, si estuviese viva”, ha apostillado Martín Escorza, quien ha urgido a la Fiscalía a que inste a quien corresponda para que se crucen los ADN del banco de datos que ya existe, al entender que es “el único medio de que los niños robados puedan recuperar su identidad y las familias vuelvan a reunirse”.

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http://www.larioja.com/la-rioja/201410/20/presentan-fiscalia-caso-nina-20141020132601.html

‘Niños robados’ podrán buscar a sus familiares desde casa con un programa que detecta compatibilidades genéticas

Una aplicación informática les permite introducir su perfil genético para buscar las compatibilidades y facilitar los reencuentros

   MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) –

Los afectados por el ‘robo de niños’ han colaborado en el desarrollo de un programa que permite practicar comparativas genéticas de forma automática y “sin intermediarios” desde su propio ordenador, móvil o tableta para encontrar a sus familiares desaparecidos.

La ‘Plataforma de Afectados Clínicas de toda España. Causa de niños robados’ ha promovido esta iniciativa en colaboración con la compañía biomédica Progenie molecular S.L. que ha puesto en marcha este motor de búsqueda gratuito en la página www.bdgenetica.es.

“Nuestro objetivo totalmente altruista es poner a disposición de los afectados una herramienta para la búsqueda de familiares basada en los datos genéticos, de forma gratuita, eficaz y discreta”, explica la sociedad en la web, donde destaca que otra empresa, Prodat Valencia S.L., se encarga del asesoramiento en materia de protección de datos.

El usuario tendrá que aceptar primero las condiciones de uso y después registrar sus datos personales y marcadores de su perfil genético para que el sistema pueda funcionar de forma automática para encontrar las coincidencias. El perfil genético se obtiene tras realizarse las pruebas de ADN en un laboratorio.

“Las familias afectadas por la Causa de los Niños Robados, por fin van a poder hacer sus chequeos con otras desde su propia casa, sin que intervengan intermediarios, ni asociaciones, ni instituciones; en el momento que quieran”, explica la asociación.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Esta iniciativa está pensada exclusivamente para el encuentro entre familiares afectados por adopciones irregulares o por el robo de un hijo y es compatible con otras bases de datos como del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). De hecho, sus promotores recomiendan que los perfiles genéticos estén depositados en el mayor número posible de bases de datos tanto públicas como privadas.

Esta prueba de identificación no se podrá hacer a ningún individuo sin su consentimiento ni autorización y, en el caso de menores, se requerirá el visto bueno del adulto que ostente su patria potestad.

La compañía defiende que la plataforma es “absolutamente” legal, el fichero está registrado en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el uso doloso o fraudulento puede generar “muchos perjuicios” para los afectados, por lo que la empresa se vería “obligada a utilizar medios legales contra los infractores”.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ninos-robados-podran-buscar-familiares-casa-programa-detecta-compatibilidades-geneticas-20141016131410.html

¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?

Periodismo Humano publica este INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, en formato de PDF descargable para mayor comodidad y difusión

“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.

(El INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, DESCARGABLE en PDF)

Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.

Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.

Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuado empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.

Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.

Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:

  1. La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
  2. Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.

Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.

Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.

La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.

Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.

En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños.

Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.

En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.

Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.

En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.

Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 15 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.

Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.

Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos amigas de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.

Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los quesiguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.

Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.

Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?

Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes realizados por el autor sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.

A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones. Empecemos, pues, por el principio. ——->>

El resto de este INFORME ESPECIAL es DESCARGABLE en PDF

 

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/por-que-nadie-busca-a-los-bebes-robados-en-espana.html

NOTA de PRENSA de la FEDERACIÓN COORDINADORA. X – 24

Las Víctimas por Delitos Permanentes, identificados como Robo de Niños, están profundamente indignadas, entre otros motivos, por lo siguiente:

1º.- La invisibilidad intencionada de la mayoría de los medios de comunicación con el fondo de este gravísimo problema de Estado, una vez que creyeron agotado el filón emocional del sensacionalismo primario.

2º- La contumacia en la ilegalidad de la que parecen hacer gala los poderes del Estado, unida a una parálisis que ya está siendo crónica con este Gobierno que incluso afecta a partidos políticos incapaces de plantear en su dimensión real planes para el reconocimiento de la Verdad de esos hechos. Entendemos que este problema es sin duda el de mayor complejidad de los que están incluidos en las dos Recomendaciones de los organismos de NN. UU., remitidas a España como exigencia a finales del pasado mes de julio con un plazo perentorio de noventa días para poner en marcha un plan razonable para su resolución. En el conjunto de las víctimas de la dictadura militar y sus secuelas los casos de Robo de Niños y Alteración Dolosa de la Identidad representan la mayor complejidad. Por ejemplo, el inmenso problema humano de las fosas de asesinados en un  genocidio panificado, falta la voluntad política y una dotación perfectamente asumible, ya que el mapa de fosas es conocido, existen testimonios vivos y los asesinos hace muchos años que siguieron la ruta natural de la muerte no violenta, eso sí, rodeados del respeto de sus cómplices. Pero en los casos que nos afectan, además de constituir tipificación clara de personas desaparecidas y Delitos Permanentes de lesa humanidad, pesa la relevancia social de algunos de los criminales implicados y sus redes clientelares, además del riesgo añadido de que muchos de ellos y sus cómplices, encubridores y beneficiarios siguen vivos y con mucho poder. En su afán de perpetuar la impunidad este Gobierno quiere olvidarse que precisamente estos casos tienen la relevancia de Delitos Internacionales por afectar a tráfico de seres humanos fuera de nuestras fronteras.

3º.- A mitad de los noventa días del emplazamiento expreso no se ha producido ningún intento de coordinar con los únicos interlocutores naturales para atacar este problema, y que lógicamente son las Víctimas, las familias y sus representantes legitimados. Lo conocido apunta a que volveremos a asistir impotentes a la repetición de otra vergonzosa simulación, en este caso no “en diferido” sino con voluntad de mantener la estrategia de inacción, tantas veces denunciada por nuestras asociaciones, y paradójicamente corroborada por la Defensora del Pueblo en respuesta a nuestras quejas. Serán nuevamente excusas inadmisibles y, como mucho, presentar un falso plan de actuación que no tendrá ninguna aplicación, que en absoluto resolverá los problemas y que será otro capítulo más de la desvergüenza internacional de España.

4º.- De las manifestaciones literales del Relator Especial de NN. UU., Pablo de Greiff, se desprende un indicio claro de la falta de voluntad política, judicial y legislativa, para intentar siquiera aceptar las exigencias de NN. UU. y resolver este inmenso problema social del Estado. Dice literalmente un apartado de ese Informe: “Varios representantes del Go­bierno, en las reuniones que mantuvieron, enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Como siempre esgrimiendo el trasnochado peligro  guerracivilista. Esto apunta con toda claridad a que, con las ya conocidas argucias empleadas frente a otras demandas anteriores de aclaración y reparación de estos organismos internacionales, el Ejecutivo español se volverá a pasar estos contundentes Informes por el forro.

Las Asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España, que ya han aportado documentados testimonios y datos contrastados, no sólo en sedes judiciales sino acreditando sus experiencias en el libro “Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España” (editorial Clave Intelectual), no pueden silenciar un comportamiento estatal que, aunque esperado, no deja de ser una vergüenza internacional. Apelamos a la ética cívica de nuestro pueblo para que demande con toda contundencia que el Estado cumpla con unos mínimos criterios de legalidad ante los organismos a los que pertenece por decisión ratificada mediante instrumentos de Derecho Internacional. Desde este momento avisamos que no depondremos nuestra legítima actitud de exigencia en todos los foros internacionales hasta que España cumpla con sus obligaciones. No le servirá la argucia de malos leguleyos (además de rozar la prevaricación) tras haber invalidado una parte sustancial de la Justicia Universal, ya que sigue operando, fuera de su ámbito de manipulación, el Principio de Concurrencia de Jurisdicciones que hace valer su eficacia erga omnes, es decir frente a todos, en aquellos procesos a los que se intenta entorpecer la acción de la Justicia, mediante la estrategia de que, es el país que tiene abierto un procedimiento de esta naturaleza el que puede impedir que se abra en paralelo en otros. En casos como los nuestros, cuya transcendencia trasversal e internacional se reconoció expresamente en el Parlamento Europeo al que acudimos en su momento y en cuyo ámbito nuestros expedientes siguen su proceso, será muy difícil que prosperaran las excusas tramposas a las que acostumbra el Gobierno de España.

Federación Coordinadora X 24 de Asociaciones de Víctimas

por el Robo de Niños en España. Madrid, 13 de septiembre, 2014.

Publicado por gotasdelluvia en:

http://adoptadosbilbao.blogspot.com.es/2014/09/nota-de-prensa-de-la-federacion.html

[Genocidio sionista] Israel, responsable de crímenes de guerra, se retira impunemente de Gaza. La Franja ha quedado devastada

Escrito por 

 

MOHAMED ABED/AFP MOHAMED ABED/AFP

A las 8 entró en vigor la tregua de tres días, y con el correr de la jornada los palestinos de Gaza fueron saliendo de sus casas o refugios en busca de abastecimiento en una región devastada tras 29 días de ataques israelíes por aire, mar y tierra. Ahora, el asesino sionista debe responder por sus crímenes.

Si Israel cumple la tregua, será el periodo de calma más prolongado en casi un mes de ataques y enfrentamientos que provocaron casi 1.900 muertos y unos 10.000 heridos entre los palestinos y palestinas, en su mayoría civiles, y 67 víctimas fatales israelíes, en su mayoría soldados.

UNICEF dio cifras espeluznantes ayer al informar que la cantidad de niños y niñas asesinadas superan las 409, además de tres heridas. Muchos niños y niñas han quedado además sin familia (asesinadas también por Israel), por lo cual se abre otro capítulo de emergencia humanitaria.

De aquí al jueves, mediadores de Egipto tienen previsto mantener contactos separados con una delegación palestina presente en El Cairo desde hace varios días y con otra de funcionarios israelíes arribada hoy a la capital egipcia, informó la agencia de noticias estatal egipcia MENA.

Enviados palestinos anticiparon ayer duras negociaciones con Israel para acordar un alto el fuego duradero en Gaza, que sufrió otra demoledora ofensiva militar israelí a principios de 2019 y otra menos intensa en 2012, aunque ninguna de ellas tan letal y prolongada como la lanzada el 8 de julio pasado.

Los palestinos demandan un cese de las hostilidades, la retirada total de los soldados con que Israel invadió Gaza a partir del 17 de julio, el levantamiento del bloqueo militar que Israel impuso a ese territorio hace siete años y ayuda internacional para reconstruir toda la zona.

La agencia de noticias palestina Wafa informó hoy sobre gestiones en curso para tratar de organizar una conferencia de donantes internacionales para la reconstrucción de Gaza, posiblemente en Noruega en septiembre próximo.

Egipto e Israel impusieron el bloqueo de Gaza luego de que Hamas conquistó la región y echó a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), del presidente Mahmud Abbas, cuya autoridad quedó limitada a los territorios de Cisjordania, separados de Gaza por Israel.

Pero el movimiento islamista y el partido laico Al Fatah, de Abbas, firmaron este año un pacto de reconciliación y formaron un gobierno de unidad nacional, y Hamas insinuó hoy que Abbas podría tener un papel en Gaza en los esfuerzos de reconstrucción de la región costera, donde viven 1,8 millones de personas.

“Sabemos que tenemos un gobierno de unidad nacional que puede encargarse de la conferencia de donantes y de la reconstrucción, pero implementarla sobre el terreno requerirá una cooperación nacional”, dijo Izzat Rishq, dirigente de Hamas y miembro de la delegación palestina presente en el Cairo.

La delegación palestina está liderada por un miembro de Al Fatah,  Azam Al Ahmed, que responde a Abbas, pero también incluye a representantes de Hamas y otros grupos armados de Gaza.

Un eventual retorno de Abbas o de sus funcionarios de primera línea a Gaza serviría para dar garantías a Israel y Egipto, permitiendo un alivio del bloqueo, según analistas.

Las autoridades de Gaza cifran en 1.867 los muertos -más de 400 de ellos niños- y en más de 10.000 los heridos por la ofensiva israelí, aunque estiman que la cifra puede crecer en los próximos días al removerse los escombros de miles de casas bombardeadas, de las cuales más de 1.000 fueron completamente destruidas.

“La ofensiva ha tenido un impacto catastrófico y trágico en los niños. Murieron 392 niños y 2.502 resultaron heridos. Si tenemos en cuenta lo que estas cifras representan para la población de Gaza, es como si hubieran muerto 200.000 niños en Estados Unidos”, afirmó Pernille Ironside, jefa de la Oficina de Unicef en Gaza.

Al entrar hoy en vigor la tregua, Gaza recuperó el silencio  luego de casi un mes de bombardeos, y los residentes se animaron a abandonar sus casas o refugios de desplazados para inspeccionar la magnitud de los daños causados por los ataques israelíes.

En Ciudad de Gaza, donde las calles estuvieron desiertas durante el conflicto, los autos volvieron a circular y los comercios que quedaron en pie, así como también los mercados callejeros, abrieron sus puertas, informó la agencia de noticias EFE.

La reconstrucción de Gaza, donde los daños materiales fueron valorados en más de 5.000 millones de dólares, llevará varios años, estimaron hoy funcionarios palestinos.

“Nunca vi este tipo de destrucción antes”, dijo el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. “Me siento profundamente conmocionado por lo que vi y enojado porque no pudimos prevenir lo que ocurrió”, señaló.

Si bien las organizaciones humanitarias aceleraron el envío de alimentos y medicinas, advirtieron que sus medios son insuficientes ante tanta destrucción en el enclave.

Asimismo, recordaron que los hospitales de Gaza están abarrotados y literalmente colapsados por el alto número de víctimas.

“La gente está empezando a dejar los refugios de la ONU”, escribió en Twitter el vocero local de UNRWA, Chris Gunness.
Por primera vez bajó levemente el número de refugiados, hasta los 267.970 en 90 alojamientos de la ONU, agregó.

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le exigió hoy a Israel que asuma sus responsabilidades por “las crecientes evidencias de crímenes de guerra” ejecutados por el Ejército en la Franja de Gaza.

En tanto, el canciller palestino, Riad Malki, dijo hoy que su gobierno quiere demandar lo antes posible a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.

 

http://www.kaosenlared.net/component/k2/93443-genocidio-sionista-israel,-responsable-de-cr%C3%ADmenes-de-guerra,-se-retira-impunemente-de-gaza-la-franja-ha-quedado-devastada

El catecismo de los obispos

03 jul 2014
 
 
 
 

 

La conferencia Episcopal quiere iluminar a la sociedad española con la publicación de Testigos del Señor. Se trata de un catecismo sobre los asuntos sexuales ideado para personas de entre 11 y 14 años. Nadie puede negarle a la Iglesia su valentía. Su campaña en contra del sexo sería mucho más fácil si se dirigiese a gente mayor de 50 años, hombres y mujeres obligados a pactar con los misterios de la vida y con unos cuerpos cada vez más dóciles, menos imaginativos, necesitados de menos decibelios. La vejez se parece a una alcaldesa represiva.

Empeñarse en negarle el sexo a un adolescente es una tarea ardua. No hay reforma laboral que pueda equipararse a la reforma corporal que intentan las sotanas. Las amenazas contra un obrero protestón causan efectos inmediatos. Quien levanta la voz se convierte hoy en un suicida. Pero el infierno y la condenación eterna son poca frontera cuando uno tiene 14 años, cuando uno siente de forma volcánica la llamada de la carne.

El problema se agrava porque la Conferencia Episcopal se contradice a sí misma y deja a Dios en muy mal lugar. Afirma que la identidad sexual es un don de Dios. Tendré, pues, que reclamarle a Dios por todos los vicios, desarreglos y maldades sexuales que me han alterado desde niño. La iglesia está tonta. Para lanzar sus críticas contra la homosexualidad se mete en camisas de 11 varas sobre la identidad y mantiene que es un don de Dios. Bueno, pues si Dios nos da un don y nos hace desde niños como somos, de forma natural y de acuerdo a los instintos personales de cada uno, quiénes son los obispos para llevarle la contraria a Dios. A la Iglesia se le da mejor prohibir por prohibir que dar explicaciones.

La sexualidad y el amor no son un producto de consumo que se elige en un supermercado según el capricho de cada cliente. Bueno, o por lo menos no debería serlo. Si la Iglesia quisiera ennoblecer la sexualidad y el amor, podría hablar del respeto que se merecen las personas y sus cuerpos, de la singularidad de cada uno de nosotros y nosotras. Un cuerpo no es asunto de usar y tirar, algo sobre lo que merece la pena mantener una conversación.

Pero la Iglesia se olvida del respeto, se obsesiona con el pecado y nos convierte en consumidores del sexo. Menos más que la energía religiosa, por incordio que sea, está muy disminuida en Occidente. Hace siglos que aprendimos a distinguir entre el pecado y el delito. Allí donde lo religioso impera a su gusto puedes ser encarcelado, torturado y ejecutado por tu condición sexual. Aquí las cosas no llegan a tanto, aunque el dolor y el malestar que causan los instintos represivos de la Iglesia llenan de sombras innecesarias muchos rincones silenciosos, sin fiesta, de la sociedad.

Es una impertinencia y un acto contra el civismo que la Conferencia Episcopal elija el inicio de las celebraciones del Orgullo Gay para publicar un panfleto contra los homosexuales. Es una impertinencia que el poder, en su afán totalitario, no se limite sólo a controlar las plazas y los sueños públicos y pretenda también entrar en la intimidad, en las alcobas y en el amor de las personas. Es una impertinencia que una institución religiosa o un ministro quieran decidir sobre la idoneidad de un embarazo o sobre la identidad sexual de los ciudadanos.

Y es una locura condenar al infierno por masturbarse a un niño de 14 años. La Iglesia lo tendría mucho más fácil si se dirigiese a la cúpula del dinero español. No me resisto a meter aquí a los banqueros. Los presidentes del Banco de Santander, el BBVA y La Caixa tienen más de setenta años. Deben ser ya muy receptivos a los buenos propósitos sexuales de los obispos. Se interesan en otras cosas. Cobran, por ejemplo, 370 veces más que muchos de sus empleados.

Si la Iglesia tuviese voluntad de ayudar a la comunidad, en vez de un catecismo protagonizado por el sexo y dirigido a adolescentes, debería publicar un catecismo para banqueros y miembros del partido del Gobierno. El no robarás y el no mentirás tendrían así más protagonismo que la masturbación o la falta de respeto a la homosexualidad.

Hace años convenía acabar cualquier discurso con una insolencia contra el obispo. Hoy conviene no olvidarse nunca de los banqueros. La derecha descarnada que ha empobrecido la vida de este país recibe órdenes de los banqueros y los grandes empresarios. Ellos son d verdad los enemigos. Está bien que nos escandalicemos con las cosas de la Conferencia Episcopal. Pero no dejemos que los malvados nos distraigan con la muleta del anticlericalismo. España no tiene un problema con los adolescentes pajilleros, sino con los setentones avaros. Son ellos los que gobiernan el dolor en el reino de los miedos.

http://blogs.publico.es/luis-garcia-montero/1140/el-catecismo-de-los-obispos

La “conspiración” sobre el bebé robado que puede comprometer a Gallardón

El caso del primer denunciante en España de robo de bebés reúne tal cúmulo de posibles pruebas falsas e irregularidades para intentar archivarlo definitivamente que, de no rectificarse antes del juicio, afectarían gravemente al Ministerio de Justicia. El Parlamento europeo también investigará lo ocurrido.

Sus compañeros, afectados también por el supuesto robo de bebés, no dudan en calificar de “conspiración” lo que están sufriendo los primeros denunciantes de España, el matrimonio granadino de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez. Su caso reúne ya tal cantidad de posibles irregularidades y supuestas pruebas falsas que, de no ser rectificadas o aclaradas antes de llegar a juicio y a la investigación abierta por el Parlamento europeo, pueden comprometer seriamente la actuación del Ministerio que dirige Alberto Ruíz Gallardón. El Juzgado de Granada tiene que decidir sobre el último recurso de reforma, presentado esta misma semana, contra el archivo de uno de los casos a priori más flagrantes de todo el país:

  • 6 de junio de 1990: pasada la medianoche, Eduardo y Nuria acudían al Hospital Clínico San Cecilio de Granada por unas “leves molestias” y pérdida de líquido, tras un proceso de gestación de 38 semanas “absolutamente normal”, según consta en su denuncia en el Juzgado. Sin embargo, en dicho documento la madre relata cómo una enfermera “me rompió la bolsa diciendo que esto ya está” y le dijeron que existía “sufrimiento fetal”. Sin embargo no le practicaron inmediatamente la cesárea. Cuando Eduardo preguntó el motivo del retraso se le comunicó que estaban esperando a que llegara el ginecólogo Adolfo Montero Peña. Este mismo médico fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989. Se trataba de una menor de Murcia que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales de su propio padre. El ginecólogo convenció a la joven de que no abortara, sino que tuviera el hijo y lo entregara a un matrimonio de Alicante, también condenados en esa causa. Ellos se hicieron cargo de “los gastos del embarazo y parto” y al nacer el niño los tres inculpados decidieron inscribirlo en el Registro Civil como hijo propio, ocultando su procedencia. Montero Peña tenía también relación cercana con la Clínica Santa Cristina de Madrid (http://www.afectadosclinicasanramon.com/), donde han sido denunciados decenas de casos de supuesta sustracción de recién nacidos.
  • Corte en la mejilla: Tras la cesárea, a los padres le comunican que la niña tiene una afección hepática muy grave. Cuando Eduardo acude a verla a la incubadora niega que ésa sea su hija, puesto que presenta un corte en la mejilla derecha, con dos puntos de sutura, y sin embargo la que él vio pasar tras salir del paritorio no lo tenía. No obstante, el pediatra Antonio Valenzuela Ruiz, le explica que el corte se le realizó por accidente con el bisturí durante la cesárea y que seguramente en el pasillo se confundió de perfil. Años después, Eduardo y Gloria se entrevistaron con los dos ginecólogos que practicaron la cesárea, Maher Balawi Balawi y Rafael Olivencia Dueso, negando ambos tajantemente que nunca hubieran dado ningún corte en la mejilla a recién nacido alguno en toda su carrera profesional y que, en todo caso, de haberlo hecho, jamás lo hubieran suturado, pues en los neonatos esas heridas no dejan cicatriz. La hipótesis que baraja la acusación particular es que esa bebé fue así “señalada” para la finalidad de enseñarla al matrimonio siempre en horario fuera de visitas.
  • Hepatitis: El 9 de junio de 1990 Valenzuela Ruiz comunica a Eduardo y Gloria que su hija ha muerto como consecuencia de una grave hepatitis neonatal y les pide que donen su cuerpo “para la ciencia”, a lo cual ellos se niegan, puesto que quieren darle sepultura por sus propios medios, aunque autorizan una biopsia del hígado. Ante la rareza de la afección hepática, los doctores Miguel Cámara y Trinidad Caballero envían muestras de hígado a sus colegas Miguel Bruguera, del Hospital Clinic de Barcelona, y Kamal Ishak, del Instituto de Patología del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ambos confirman que se trata de una infección vírica o bacteriana contagiada al feto a través del cuerpo de la madre. Sin embargo el historial clínico de Gloria Rodríguez asegura que en ningún momento del embarazo sufrió infección alguna, descartando incluso expresamente la hepatitis. Hasta ahora el Juzgado de Granada también se ha negado a que los médicos testifiquen sobre esta cuestión.
  • Análisis de ADN: Ante noticias aparecidas en la prensa granadina sobre cambios de bebés en el Hospital Clínico, en el año 2008 Eduardo y Gloria deciden exhumar por su cuenta el cadáver y practicar análisis de ADN. En 2009 los laboratorios ADFTecnogen y Genomica dictaminan que la enterrada no es hija de Gloria Rodríguez, según el cotejo del ADN mitocondrial. Denunciado este hecho ante la Fiscalía de Granada en marzo de 2010, ésta abre diligencias previas por varios presuntos delitos, entre ellos el de detención ilegal. Para entonces aún no habían aparecido ninguna de las miles de denuncias por robo de bebés en toda España ni se había descubierto que el aparato legal armado en 1940 entre registros civiles, instituciones religiosas y profesionales sanitarios, para la separación forzosa de menores de sus familias como medida de represión política, se había convertido a partir de 1955 en un lucrativo negocio que funcionó durante las décadas siguientes ante la pasividad de las autoridades primero franquistas y después democráticas. Tras el último relevo en la jefatura de la Fiscalía granadina, ésta ha cambiado radicalmente de criterio, pidiendo el sobreseimiento libre de esta causa, a pesar de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mostrado su criterio contrario.
  • Instituto Nacional de Toxicología: Ante la petición de análisis de ADN por parte del Juzgado granadino, el 8 de junio de 2011 el Instituto Nacional de Toxicología comunica que los restos biológicos custodiados por el laboratorio privado, unos cabellos, “no son adecuados para realizar un análisis genético de compatibilidad con sus posibles padres biológicos”, solicitando adicionalmente restos óseos. Sin embargo, esas muestras recogidas del cadáver no fueron remitidas a Toxicología hasta el 20 de julio. Es decir, que cuarenta y dos días antes de recibirlas, sin siquiera examinarlas, el organismo científico dependiente del Ministerio de Justicia ya decía que las muestras no le servían, lo cual confirma el 13 de octubre asegurando que ni en los cabellos ni en los restos óseos ha podido encontrar ningún tipo de ADN. Posteriormente, en julio y octubre de 2012, esas mismas muestras han sido estudiadas por los laboratorios Labgenetics y NBTdiagnóstico, llegando a una sola conclusión: “los cabellos analizados no pertenecen a ningún hijo/a biológico/a de Gloria Rodríguez con un 100% de probabilidad”. El último archivo de la causa decretado por el Juzgado ni siquiera ha tenido en cuenta estos dos últimos informes periciales, alegando que ya los había valorado la Audiencia de Granada, cuando la misma no lo hizo debido a que se “traspapelaron”. Evidentemente, éste es uno de los argumentos principales del reciente recurso de reforma de la acusación particular.
  • La “prueba falsa”: En el curso de la instrucción de las diligencias, la Policía Judicial decide informarse sobre la enfermedad que padecía la bebé muerta en 1990, y para ello acude a un facultativo ausente hasta entonces por completo del caso, el doctor José Aneiros Cachaza, quien “casualmente” (dice el informe policial) reconoce su letra en un manuscrito y admite ser la persona que hizo la biopsia al hígado del cadáver de la niña. Aneiros Cachaza localiza muestras de aquella biopsia, que también casualmente se conservaban veintitrés años después, aportándolas al Juzgado. De nuevo el Instituto Nacional de Toxicología realiza análisis de ADN y esta vez asegura que los restos de hígado pertenecen a una hija de Gloria y Eduardo. Sin embargo, la acusación particular envió la biopsia al propio doctor Bruguera, del Clinic de Barcelona, que las había examinado dos décadas antes, dictaminando que no pertenecen ni a un feto ni a un recién nacido de pocos días. Toxicología en cambio le contradice insistiendo en la posibilidad de que sean de un neonato. Para zanjar la polémica, Eduardo y Gloria encargan un tercer análisis, al laboratorio Labgenetics, quien dice contundentemente que la biopsia no pertenece a ningún descendiente de Gloria Rodríguez ni Eduardo Raya “con un 100% de probabilidad”. Sin embargo, éste último informe fue otro de los que se “traspapeló” y también ha sido hasta ahora obviado por la Justicia.
  • Los alelos: El último descubrimiento del letrado de la acusación particular, Rafael López Guarnido, es la cuestión de los denominados alelos o marcadores genéticos. Al examinar los análisis de la biopsia realizados por Labgenetics y por Toxicología, el abogado se ha dado cuenta, y ha puesto en conocimiento de la jueza, que mientras el primero compara 11 marcadores genéticos del hígado hallado, de Gloria y de Eduardo, para descartar la paternidad, el segundo sólo coteja 8 para afirmar lo contrario. Y además, de esos ocho, en cuatro de ellos los valores atribuidos a Gloria y Eduardo son distintos de lo recogido por el laboratorio privado. Uno de los dos informes está equivocado ¿Error de bulto o falseamiento intencionado?
  • Ministerio de Justicia: Ante el cúmulo de posibles irregularidades, que pueden ser incluso constitutivas de delito en último extremo. El propio Eduardo Raya, como presidente de la asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D) había comentando las especificidades de su caso al propio ministro Ruiz Gallardón, con motivo de las reuniones con las asociaciones de bebés robados en la sede del Ministerio. El noviembre de 2012 Raya recibió una carta del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde Díez, en la que concluía: “como puede comprender ningún interés tiene este Ministerio, que tan activamente está colaborando para ayudar a las familias afectadas de posibles sustracciones ilícitas de menores, en dar otros resultados que los que científicamente se obtengan, impidiendo la averiguación de lo sucedido”.
  • Parlamento europeo: En mayo de 2012 la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, Erminia Mazzoni, comunicó a Eduardo Raya la admisión a trámite de la queja que había presentado unos meses antes, por lo que la Eurocámara no sólo realizará la pertinente investigación, sino que además emitirá un dictamen de obligado cumplimiento para el Estado miembro, en este caso España.
  • La ONU: Eduardo y Gloria también comparecieron el pasado mes de octubre ante los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, Ariel Duritzky y Jasminka Dzumhur, que visitaron España para recoger testimonios de las víctimas del franquismo. Con toda seguridad comparecerán de nuevo cuando este organismo internacional inicie su investigación específica sobre el robo de niños, abarcando tanto la dictadura como la época democrática, e incluyendo la motivación económica, además de la política. Una actuación que ha sido solicitada a la ONU por varias asociaciones, como la canaria Colectivo Sin Identidad, y está en tramitación..

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/la-conspiracion-sobre-el-bebe-robado-que-puede-comprometer-a-gallardon.html

Movilh enfrentará en Tribunales a Jacqueline Van Rysselberghe

El movimiento anunció que presentará un recurso de protección contra la senadora electa UDI y su colega Víctor Pérez.

“Deberán demostrar por qué los padres homosexuales son un peligro para sus hijos”, afirman.

Publicado: 11:24 | Autor: Cooperativa.cl
"¿Qué culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual?", dijo hace pocos días la ex intendenta.

“¿Qué culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual?”, dijo hace pocos días la ex intendenta.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) afirmó que parlamentarios de la UDI “han desatado una homofobia sangrante en los últimos días” mediante “odiosas declaraciones que no miden los negativos efectos que tienen en la dignidad y honra de personas y familias con una orientación sexual o una identidad de género diferente”.

“La semana anterior vimos cómo los senadores UDI Víctor Pérez y Jacqueline van Rysselberghe se oponían a la adopción por parte de parejas del mismo sexo por considerarlas un peligro para los niños, mientras esta semana hicieron lo suyo los diputados María Angélica Cristi, Arturo Squella e Iván Moreira“, dijo el Movilh en un comunicado.

El próximo lunes 24 de febrero presentaremos en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra los senadores Pérez y Van Rysselberghe. En tribunales deberán demostrar por qué los padres homosexuales son un peligro para sus hijos, como antojadiza y ofensivamente dicen. A la par evaluaremos con abogados si hacer extensivo el recurso a otros parlamentarios UDI”, anunció el organismo.

“En paralelo haremos desde marzo en el Senado todas las gestiones necesarias para que nuestras más de 30 indicaciones al proyecto de ley AVP sean aprobadas, incluidas en primer lugar la que aseguren no discriminación en la crianza o tuición de menores”, señaló.

  “Odio extremo”

El movimiento expresó además su repudio frente a declaraciones de Cristi en la Revista Ya de El Mercurio, donde comentó: “Ahora seguramente se votará el matrimonio homosexual y hasta podría permitírseles que adopten… Una aberración, porque un niño necesita padres de ambos sexos“, y a partir del “concepto de igualdad de género (…) se debilita a la familia, hay baja natalidad, se defienden los derechos homosexuales, más niños sufren” y “hay más abandono“.

En tanto, Squella comentó en su cuenta de Twitter que es “lamentable que se insista en la aprobación del AVP” y argumentó que “la relevancia jurídica del matrimonio está en que de esa unión puedan nacer y formarse nuevos ciudadanos“. También señaló que “no todo puede ser definido por ley. Ej. ¿Si la ley despenalizara el homicidio, pasaría a ser bueno matar?”.

En tanto, Iván Moreira dijo en CNN Chile que prefería el AVP sobre el matrimonio igualitario “por ser un mal menor”, enumeró el Movilh.

“Vemos así como autoridades tratan a personas de ser peligrosas para los niños y de aberrantes, mientras que las leyes que buscan la igualdad para la diversidad sexual , son calificadas de mal menor o comparadas con la despenalización del homicidio. Esta violencia verbal, que incita y justifica el actuar de quienes atacan físicamente a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, debe cesar“, advirtió la organización.

“Estos parlamentarios han mostrado un odio y una falta de respeto extremo, que violenta especialmente a hijo e hijas de parejas del mismo sexo. La liviandad, la falta de respeto al prójimo, que llega al extremo de ofender a niños y niñas, no está altura de un país civilizado. La libertad de expresión no tiene nada que ver con la incitación al odio y ya es tiempo que la sociedad vaya entendiendo las diferencias entre una y otra, no tolerando bajo ningún punto de vista la violencia verbal o física que denigra a personas sólo por ser diferentes a una mayoría”, agregó.

http://www.gaypress.es/browse?source_url=http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/udi/movilh-enfrentara-en-tribunales-a-jacqueline-van-rysselberghe/2014-02-19/105829.html

 

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