¿Saliendo de la crisis? Los salarios más bajos y desiguales desde 1992

El Gobierno insiste en la salida de la crisis mientras los datos estadísticos muestran un aumento de la desigualdad y una merma del poder adquisitivo de la población asalariada.

22/12/14

Concentración de trabajadores de Madrid Río en el Parque de M30, el 15 de diciembre. / Juan Zarza / Diso Press

La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada.

La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios(1) correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y distribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales (encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria) presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas laborales como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados.(2)

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años. El pico más alto corresponde a 1993 cuando se alcanzó un salario medio que, en euros constantes, superaba en un 14% al de 2013; el segundo pico corresponde a 2009, con un salario medio un 13% mayor que el último publicado (Gráfico 1).

Gráfico 1. Salario medio anual en España (1992-2013)La evolución del salario medio en las dos últimas décadas no ha sido lineal sino que ha oscilado recorriendo tres etapas: descenso de 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo entre 1993 y 1999, a caballo entre la crisis de 1992-93 y el inicio del largo ciclo expansivo que le siguió; subida de 13 puntos entre 1999 y 2009, coincidiendo con la última etapa del ciclo expansivo y los primeros años de la crisis; y nueva bajada de 11 puntos entre 2009 y 2013. Los perceptores de salarios han pasado, según la Agencia Tributaria, de 19,3 millones de personas en 2007 a 16,7 millones en 2013, es decir, se han reducido en un 13,5% en la reciente etapa de crisis; sin embargo, la masa salarial (la suma de todos los salarios) se ha reducido mucho más (-19,6%), dando lugar a una caída importante del salario medio.

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años

Los salarios reaccionan con retraso a las fluctuaciones de los ciclos económicos y con tendencia general a la baja, a diferencia del capital accionarial de las empresas, que es hipersensible a las coyunturas económicas y con tendencia general al alza. Así, el resultado final para el período cubierto por el Barómetro social de España (1994-2013), es el que se recoge en el Gráfico 2: mientras el PIB ha experimentado un crecimiento global del 45% (de 0,7 a 1 billón de euros constantes de 2013), el valor del capital en acciones se ha revalorizado en un 371% (de 0,4 a 2 billones) y el salario medio se ha depreciado en un 8% (de 20.100 a 18.500 euros, en cómputo anual). Como consecuencia la participación de los salarios en la renta nacional es cada vez menor, perpetuando la tendencia a la redistribución regresiva de la riqueza y la desigualdad social.

Gráfico 2. Evolución del salario medio en comparación con el PIB y el capital en acciones (1994-2013)Una caída salarial desigualmente repartida

Si observamos la evolución salarial por tramos de edad en el último ciclo de crisis (2007-2013), resulta sorprendente que la bajada por tramos haya sido mucho mayor que la reflejada por el salario medio, debido a que la mano de obra ocupada juvenil (menos de 26 años), con salarios mucho más bajos, se ha reducido en un 46%, mientras las personas asalariadas mayores de 35 años, con salarios más altos, han aumentado casi un 4%, escorando hacia arriba el valor del salario medio. Al comienzo de la crisis se destruyeron los empleos más precarios, lo que impulsó en 2008 y 2009 una ligera subida del salario medio y una disminución del abanico salarial, pero a continuación se produjo un deterioro de las retribuciones de la mayoría de la población asalariada, sobre todo de los segmentos más precarios, volviendo a ampliar las diferencias y bajar los valores promedio. El Gráfico 3 recoge la bajada salarial en el último ciclo de crisis por tramos de edad, que ha sido casi tres veces mayor en la juventud que entre los mayores de 35 años.

Gráfico 3. Descenso del salario medio por grupos de edad en España entre 2007 y 2013

Nivel récord de desigualdad salarial

La polarización entre los salarios altos y bajos se ha incrementado de forma importante en la última etapa de crisis: el año 2013 registra la mayor desigualdad de la serie estadística iniciada en 1992 (Gráfico 4). Este indicador se obtiene dividiendo el salario medio de quienes ganan por encima de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes ganan por debajo del SMI en cómputo anual. En 2013 el salario medio del primer grupo (6,2% de la población asalariada, 1 millón de personas) fue 19,2 veces mayor que el del segundo (34,5% de la población asalariada, 5,7 millones de personas). El grupo con mayores ingresos percibió una media anual de 69.389 euros mientras que el segundo percibió 3.617 Euros.(3)

Gráfico 4. Desigualdad salarial en España (1992-2013)

Desigualdad salarial

La polarización entre los salarios ha sido siempre muy elevada en España, con una ratio de distancia entre los salarios altos y bajos de entre 16 y 20 veces, experimentando también oscilaciones relativas en función del ciclo económico, tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2013 nos encontramos en el pico de desigualdad más alto –por ahora- de la actual etapa de crisis, aunque esta situación se produjo también en 1996. La diferencia es que en aquella fecha el deterioro salarial se producía principalmente en base a un fuerte incremento del empleo temporal; en cambio, en la actualidad la tasa de temporalidad se encuentra en valores mínimos y el deterioro de las retribuciones afecta también al empleo indefinido, debido a la presión combinada del desempleo y de las reformas laborales que han debilitado enormemente la capacidad de negociación y defensa de la población asalariada.

Las ganancias del capital se recomponen, mientras los salarios se hunden

Según la Contabilidad Nacional de España la participación de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta ha experimentado un continuo crecimiento relativo entre 2010 y 2013 (+2,4 puntos del PIB), en paralelo con una continua pérdida de peso de los salarios (-3,4 puntos del PIB) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de los beneficios empresariales y los salarios en el reparto de la renta nacional (2010-2013)

Un indicador parcial de este proceso es la evolución opuesta del valor patrimonial del capital en acciones que en el mismo período (2010-2013) ha aumentado el 3,6%, según el Banco de España, mientras el volumen anual de la masa salarial se ha reducido en un 16,4% (todo en euros constantes).

Los avances de la Contabilidad Trimestral de España registran un crecimiento extraordinario del 23% del valor de las acciones entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo período de 2014, lo que ha generado en tan corto espacio de tiempo un plusvalor de 418.000 millones de euros. El discurso gubernamental que afirma que “la crisis ha quedado atrás” sólo es coherente con la situación de estos capitalistas, pero suena a broma pesada para quienes viven de un salario y, más aún, para los millones que no encuentran empleo y han sido abandonados por las políticas públicas. El Gobierno busca apuntalar la ingenua creencia de que “a todos nos irá mejor si los ricos hacen negocio”, pero su política se basa precisamente en lo contrario: en empobrecer a la población asalariada en pos de recomponer la ganancia de una clase social que vive de espaldas a las expectativas e intereses de la mayoría.

Notas

1. Según la metodología de esta fuente, se incluyen todos los trabajadores por cuenta ajena cuyas percepciones, dinerarias o en especie, han sido satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos del trabajo. El País Vasco y Navarra no se recogen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998.

2. No obstante, la evolución negativa de las percepciones salariales se confirma, tanto en la Encuesta de Costes Laborales como en la de Estructura Salarial o la de Decil de salarios del empleo principal.

3. Por comunidades autónomas la mayor desigualdad en el reparto de los salarios corresponde a Madrid (ratio de 19,9 entre los salarios altos y bajos) y la menor a Cantabria (ratio de 16,5).

El tabú de la sexualidad en las personas discapacitadas

discapacitados-sexo

Carla Gómez 17 diciembre 2014

Los especialistas denuncian que a menudo la sociedad ve a los discapacitados como seres asexuados.

Norberto Butler era sólo un adolescente cuando una poliomielitis le postró en una cama. La enfermedad y su consecuente discapacidad aparecieron en su vida justo en el momento en que estaba descubriendo su sexualidad, algo que tuvo que vivir a escondidas. Por aquel entonces, se citaba clandestinamente con su novia para hacer, escondidos en una habitación de su escuela, lo que para el resto de jóvenes de su edad era lo más común. “Forzábamos la puerta y entrábamos, porque no había un solo lugar donde disfrutar de la intimidad”, recuerda.

Norberto tiene ahora 57 años y no está dispuesto a seguir viviendo su sexualidad a escondidas. Después de años de lucha logró que la casa-hospital donde vive le diera una habitación individual para, según cuenta, poder explorar el placer. Con su testimonio y su lucha tiene como objetivo ayudar a otras personas en su misma situación: “Conozco cientos de personas con discapacidad que no resuelven este tema, que no tienen relaciones de ningún tipo. Yo conozco la mortificación que sufren muchos, y este tema es una prioridad absoluta, porque se siente en el cuerpo el escozor por no poder canalizar esto, tener sexo con una chica”, lamenta. Norberto considera que en la sociedad, e incluso entre los propios discapacitados existe una asociación entre la discapacidad y la asexualidad.

En Argentina, la sexualidad de las personas con discapacidad está poco a poco dejando de ser un tema tabú. Recientemente, durante un encuentro en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, especialistas, trabajadoras sexuales y activistas plantearon la regulación de la figura de la “acompañante sexual”. “Se trata de una persona que, después de atravesar un proceso de capacitación, pueda acompañar a varones o mujeres con discapacidad, sexual, afectiva y eróticamente”, ha explicado Silvina Peirano, profesora de discapacidad mental y social y creadora de Sex Assistent, un servicio de formación de asistentes sexuales, asesoramiento y acompañamiento que nació hace años en Barcelona. Peirano ha matizado que este servicio no busca sólo que la persona discapacitada tenga sexo con quien contrata, sino que las acompañantes también asisten a las parejas de los discapacitados que quieren tener relaciones sexuales, enseñándoles a acomodar sus cuerpos y facilitando el encuentro físico, ayudándoles, por ejemplo a colocarse un preservativo.

“Nosotros no decimos que todas las personas con discapacidad deban tener una asistencia sexual, pero sí que puede ser una opción enriquecedora y válida para algunas”, ha explicado la profesora. La figura de la asistente sexual sería pionera en Latinoamérica, pero ya hay países como Suiza donde este ejercicio está regulado por el Estado y es considerado una terapia más.

Reticencias a la figura del acompañante sexual

Es precisamente en los países donde el trabajo de acompañante sexual está reconocido estatalmente donde han aparecido las mayores críticas al respecto, incluso de la mano de los propios discapacitados. Es el caso de Mik Scarlet, un escritor británico que considera que la existencia de la figura del acompañante sexual es “como si el mundo te dijera que las personas discapacitadas son tan poco atractivas que la única manera de tener sexo para ellas es pagando”. “No quiero un mundo donde sea más fácil para las personas discapacitadas visitar a trabajadores sexuales, quiero un mundo que vea a los discapacitados como seres sexuales y como parejas válidas”, sostiene Scarlet. Incluso el propio Norberto Butler tiene sus reparos: “la asistencia sexual podría llenar este huequito”, dice, para los discapacitados que no han podido desarrollar su sexualidad. Pero asegura que debería llegar acompañada de otras políticas de inserción laboral y social. El objetivo, según Butler, es que el discapacitado tenga las mismas oportunidades para conocer a una pareja en cualquier otro ámbito que no sea el del hospital o el del acompañante sexual.

www.cascaraamarga.es/sociedad/56-sociedad/10344-el-tabu-de-la-sexualidad-en-las-personas-discapacitadas.html

Manteros y mercados informales, oprimidos contra opresores

ROSA MORO

Madrid 28/11/2014

El otro día el blog de Michel Collon me recordó una magnífica reflexión de Malcom X que nunca está de más recordar y que viene bien para todo: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. Lo legal y lo ilegal, lo bueno y lo malo, en nuestra mentalidad muchas veces no lo conforma tanto la racionalidad como la machaconería de los mensajes mediáticos y de la educación -estrechamente ceñidos al sistema capitalista.

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Una de estas irracionalidades que hemos asimilado como incuestionables es la ilegalidad o maldad del modo de supervivencia de la gente que no tiene trabajo formal/regular/oficial, más bien que está en situación de “desempleo encubierto” como define el economista Gaspard Muheme* a todos los que no entran en los esquemas cuadriculados de la economía occidental capitalista. Los que alimentan a sus familias y pagan las facturas con trabajo dentro de lo que se considera economía informal, o trabajar en negro.

Mi amigo Bara es mantero, un tipo fantástico, muy educado y respetuoso, inteligente, honrado y con una visión de futuro para él y su familia ceñida a los principios de honradez y respeto a los demás que rigen su vida. Se ve obligado a vivir y mantener a su familia vendiendo en la manta, no le gusta, le encantaría ser asalariado en cualquier sitio, pero no encuentra trabajo que esté integrado en el sistema. ¿qué va a hacer? ¿Robar? ¿Mendigar? Oye, vender en la calle es una forma muy digna de vida en África. En muchos países de África, al no tener instituciones que establezcan y organicen unas normas basadas en la economía tal y como la conocemos en España, la capitalista, la gente basa su economía en las redes de confianza de su comunidad. Los mercados informales tienen sus reglas y la gente las cumple, aunque no encajen en la mentalidad capitalista. ¿y qué pretende hacer el sistema con la gente que se empeña en comer y vivir o sobrevivir a pesar de no tener cabida en él? ¿Matarlos a todos? ¿Meterlos a todos en la cárcel por el crimen de no encajar en el capitalismo? ¡Pero si no se los deja encajar!

Leyendo el interesantísimo blog del filósofo-reportero Robert Neuwirth, “Stealth of nations”, he aprendido que los mercados informales, si fueran un país, la hipotética república popular de los trabajadores informales, serían el país más grande del mundo, la economía más potente, donde vivirían ¡la mitad de los empleados del mundo! El único problema con estos pequeños supervivientes es que no encajan en el sistema capitalista que rige el minoritario mundo occidental… ¿y?

Cuando defiendo a los manteros, porque sobrevivir no es un delito, a veces me callo argumentos por no herir la sensibilidad de quienes dicen “Si todos hacemos lo mismo y no pagamos impuestos ¡España se hundiría!” o “Tiene que ser ilegal vender en la manta porque imagínate que tienes una tienda de bolsos y se te pone a la puerta un mantero a vender los suyos ¿te gustaría?” o “¿Qué hay de los derechos de los autores originales?”.

  1. No creo que a todos nos gustase vender en la manta para no pagar impuestos, egoístamente pensando en no pagar impuestos, me daría más envidia un banquero, un accionista del IBEX, un político que recibe sobres con dinero negro, un Pujol o un Fabra o un Cristina de Borbón de la vida, que tampoco pagan impuestos y tienen millonadas en paraísos fiscales. No creo que el mundo se vaya a echar a perder si se deja de perseguir a los manteros, porque nadie va a abandonar su vida para dedicarse al jugoso negocio de la manta. Nadie envidia su situación de tener que elegir entre pagar impuestos o comer. Ellos desean salir de esta situación y lo harían si pudieran.
  2. Si yo tuviera una tienda de bolsos me asustaría mucho más que abriera enfrente o en cualquier lugar de cerca un corte inglés, un Tiger, un Primark, o cualquier gran cadena internacional de bolsos, ropa, complementos o cosas varias (con sus beneficios fiscales). Esos sí han hecho cerrar cientos de miles de negocios, pero no conozco un solo negocio que haya cerrado por los manteros.
  3. Y por último, no creo que a Louis Vuitton le haga falta mi solidaridad para salvaguardar sus beneficios, y sí creo que a mi amigo Bara no le viene mal mi solidaridad, para defender la dignidad de su medio de pagar el alquiler, las facturas, la comida, la ropa… en fin.

Bara cuenta que a veces, cuando está vendiendo en la calle, alguna señora de buen corazón se le acerca y le da una moneda. Él educadamente lo rechaza, porque está vendiendo, no mendigando. Soy afortunada por haberle conocido y haber aprendido tanto de él y sus compañeros, gracias a ellos he abierto mi mente. A pesar de mi mentalidad europea, he racionalizado esta situación de los vendedores callejeros y he llegado a la conclusión de que estaba odiando al oprimido y defendiendo al opresor. Si quiero un mundo mejor, más me vale asociarme con el oprimido y que el opresor siga ahí arriba, en ese mundo de legalidad con paraísos fiscales, negocios globales con trabajadores esclavos, lujos y derroches.

Gaspard Bagalwa MUHEME es economista y sociólogo. Profesor en las Facultades de Económicas de la Universidad católica de Bukavu, la universidad católica de Graben/Butembo y la universidad de Lubumbashi, en la República Democrática del Congo. Autor, entre otras obras, de “Le Poids Des Economies Non Officiell

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=11&id=4174

La lenta muerte trans

29 Nov 2014
Escrito por  Martín Miguel Quintana

Boys don’t cry, basada en el caso real de Brandon Teena, ponía sobre el tapete de los noventa el problema de la violencia transfóbica. Sólo desde enero de 2008 se contabilizan más de 1500 asesinatos de personas trans (la estadística incluye pocos países fuera de Occidente, donde podemos suponer que la situación es peor). Casi el 80% de esos crímenes ocurrió en América Latina.

 Una escena: la bella Hilary Swank, caracterizada como un hombre —camisa a cuadros, vaqueros— sujeta por dos tipos, aterrada, mientras un tercero le baja los pantalones y descubre que sus genitales son femeninos. Después vendrán los golpes, la violación grupal. Finalmente, la muerte. Boys don’t cry, basada en el caso real de Brandon Teena, ponía sobre el tapete de los noventa el problema de la violencia transfóbica.

Sólo desde enero de 2008 se contabilizan más de 1500 asesinatos de personas trans (la estadística incluye pocos países fuera de Occidente, donde podemos suponer que la situación es peor). Casi el 80% de esos crímenes ocurrió en América Latina. Si consideramos que sólo una de cada 33.000 personas es transexual, la cifra resulta impresionante: un asesinato cada dos días. Esta situación de especial violencia es la que llevó a muchos colectivos LGBT a hablar de un “genocidio trans”.

Veamos cómo está compuesta esa masa de personas transexuales asesinadas. Si tomamos un período prudente de tiempo, podemos ver que en su mayoría se trata de trabajadoras sexuales, de entre veinte y cuarenta años. Jóvenes, precarizadas y en la calle: la fórmula de la desprotección.

La discriminación diaria y elabuso al que están sometidas las personas transexuales las convierte también en un sector especialmente vulnerable al suicidio: el 41% intentó suicidarse al menos una vez, un porcentaje nueve veces más alto que la media (4,6%).

Si escarbamos un poco más, veremos que la situación de las personas transexuales es devastadora en todas las estadísticas: son mucho más pobres, sufren más violencia sexual y policial, doblan la tasa promedio de desempleo y de contagio de HIV, caen más veces en la cárcel, experimentan más situaciones temporarias de calle o son homeless, abusan más que el resto de drogas y alcohol, tienen mucho menos acceso a la educación y a la salud, más de la mitad sufre el rechazo y el alejamiento de sus familias. Los trans, en el siglo XXI, viven en un verdadero ghetto a cielo abierto.

La realidad de los transexuales en nuestro país no es mucho mejor que en el resto del mundo. El 84% no terminó la secundaria, el 64% tiene la primaria incompleta, el 95% se dedica a la prostitución. La gran mayoría interviene su cuerpo en el mercado clandestino: las consecuencias derivadas de la aplicación de siliconas son la tercera causa de muerte en el colectivo. De estas condiciones locales, que también son mundiales, se deriva el dato más atroz: una expectativa de vida promedio de treinta y cinco años.

La legisladora María Rachid presentó esta semana un proyecto de ley para entregar un subsidio a miembros de la comunidad trans que hayan cumplido los cuarenta años. Fue recibido con un alto rechazo en páginas de Internet y redes sociales, con reacciones que van desde el clásico yo no pago mis impuestos para esto a la lisa y llana transfobia. Estos ciudadanos, insólitamente, consideran que los transexuales podrían ser una especie de privilegiados.

De aprobarse el proyecto de Rachid, el alcance de la medida beneficiaría a no mucho más de doscientas personas de la ciudad de Buenos Aires: la minoría de supervivientes que llegó con vida a esa edad. Ese —y no otro— debería ser el verdadero motivo de escándalo.

http://www.laizquierdadiario.com/La-lenta-muerte-trans

A través de http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/101091-la-lenta-muerte-trans

Madres atravesadas por las fronteras

Un joven brasileño, que venía a visitar a su madre de nacionalidad española, ha pasado ocho días detenidos en la sala de no admitidos de Barajas.

Unos días atrás, un niño español de tres años no podía viajar a España junto a su madre por no tener dinero para pagar una multa de 100 euros.

“Se están vulnerando derechos fundamentales amparándose en otro superior, el del control de las fronteras, que no es ningún derecho sino políticas de seguridad”, nos explica el abogado Arsenio Cores.

17.11.2014 · Patricia Simón

“Estoy muy agradecida a España. Cuando conseguí los papeles estaba contentísima, pero no sólo por la documentación, sino por ser una más. Tenía el orgullo de tener la nacionalidad española, pensando que ya era una ciudadana de pleno derecho y ahora descubro que no, que ni siquiera tengo el derecho a que me visite mi hijo”.

Vaineide Paixao Pereira lleva viviendo 14 años en España. Tras años de duro trabajo, tiene su propia empresa agraria en Guadalajara, con una media de 5 trabajadores eventuales. Su hija y su nieta española de siete años, viven también en Castilla La Mancha. Por eso, cuando el jueves a las once de la mañana, su hijo no aparecía en la puerta de llegadas del Aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas), no entendía por qué un policía le recomendaba ir a la comisaría dedicada a inmigración. Su hijo no quería migrar a España, quería visitar a su madre. “Desde entonces, estoy viviendo una situación absurda y arbitraria, pero no voy a parar hasta ver a mi hijo”.

Adalberto Sales, 24 años, lleva desde el jueves detenido en la sala de no admitidos de Barajas, un recinto donde el oscurantismo y la desprotección es aún mayor que en los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). Adalberto no ha podido recibir visitas de familiares, no le pueden hacer llegar objetos personales como ropa o productos de higiene pese a que ya lleva cinco días de reclusión. Sólo puede recibir llamadas a través de la cabina pública que tienen que compartir todos los detenidos. Es precisamente a través de esta vía por la que la policía española le comunicó a Vaneide la razón por la que su hijo no podía pasar unas semanas con ella. En su documentación constaba que hace unos años estuvo de manera irregular en España. “Yo le contesté que como todos los inmigrantes, primero teníamos que llegar ilegalmente hasta que íbamos consiguiendo los papeles. Pero que por aquel entonces, Adalberto era menor de edad así que él no había cometido ningún delito, sino yo”, explica a Periodismo Humano. “El hecho de que haya estado en situación irregular previamente no es ningún requisito para que pueda ser expulsado después”, nos explica el abogado Arsenio Cores. De hecho, en el acuerdo de expulsión que le han entregado a Adalberto, los argumentos para el rechazo son otros: “carecer de la documentación adecuada que justifique los motivos y condiciones relativas a su estancia y carecer de medios de subsistencia suficientes en relación al periodo de su estancia”. Adalberto desconocía que debía traer una carta de invitación de su madre y viajaba con 300 euros porque ella se haría cargo del resto de los gastos durante sus vacaciones en España.

Ya en 2012, Brasil igualó los requisitos para los turistas españoles a los exigidos a sus ciudadanos y ciudadanas en los aeropuertos españoles. El gobierno brasileño respondía así a la no admisión de 1.400 brasileños y al maltrato sufrido por muchos otros que viajaron a nuestro país en 2011.

El abogado de oficio que puso a disposición de Adalberto la policía española “no hizo lo suficiente” según su madre, por lo que ha contratado a otra abogada que ha entregado a las autoridades la documentación que acredita que ella tiene nacionalidad española, ingresos suficientes para mantener a su hijo durante su estancia en España y domicilio propio. Además, Adalberto ha solicitado protección internacional.

De hecho, evidenciando la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan los inmigrantes en España, tengan su situación regularizada o no, Vaneide, consciente de los obstáculos con los que se han encontrado a menudo los brasileños en los aeropuertos españoles, fue a informarse a la comisaría de Guadalajara el día que su hijo iba a coger el vuelo. Allí le recomendaron que el muchacho trajera una carta de invitación, pero como era demasiado tarde para hacérsela llegar, le dijeron que aunque ella era su madre y tenía vivienda en propiedad, trajera una reserva de una habitación en un hotel. Pese al sinsentido, Vaneide así lo hizo siguiendo los consejos de los organismos oficiales.

Al otro lado del charco, unos días antes, una mujer llora desconsoladamente junto a los mostradores de Iberia en el aeropuerto de Santo Domingo. Un crío de tres años balbucea “mamá, mamá” a su lado angustiado por el desconsuelo de su madre. Diana acaba de enterarse de que tiene que pagar 4000 pesos (74 euros) porque su hijo, de nacionalidad española, ha pasado en el país de su madre, dominicana, dos meses más del periodo permitido. Ella, embarazada de más de 5 meses, no tiene más que 50 euros en el bolsillo. Su familia, que ya se ha vuelto para su pueblo, tampoco tiene dinero. Son pobres.

Uno de los pasajeros, que prefiere guardar su anonimato, observa la escena atónito ante la posibilidad de que esta mujer no pueda volver a España, donde reside, trabaja y de donde es su criatura, por la falta de 24 euros. Trabajadores locales de Iberia le confirman que, de no conseguir ese dinero en los próximos minutos, tendrán que quedarse en tierra. El pasajero le da el dinero a la mujer que acompañada por una trabajadora de tierra de la aerolínea, corre a Inmigración para pagar la multa. Allí ambas descubren que habían intentado estafarla: le habían pedido el doble que la cuantía legal.

Mientras en España, siete días después, Adalberto sigue en la sala de inadmitidos de Barajas. En el control de pasaportes “un policía me preguntó que si vivía en España. Le contesté que no, que venía de vacaciones a ver a mi familia y que luego volvería a mi país. Me llevaron a una sala pequeña. Allí vino otro policía. Le expliqué que venía a ver a mi madre que tiene la nacionalidad española, a mi hermana, a mi sobrina de siete años. Me chillaba preguntándome que por qué hablabla tan bien español. Le dije que había recibido cursos, que mi madre me hablaba en español para que no perdiera el idioma, que mi sobrina no hablaba portugués así que también hablabla español con ella. Me gritó que hablaba español mejor que su madre. Volvió a preguntarme por qué venía. Me pusieron en otra sala pequeña con seis dormitorios. Volvieron a entrevistarme y a los cinco minutos el policía me dijo ‘Hemos decidido que no puedes quedarte’. Le contesté que cómo que no me dejaban quedarme si mi madre es española. Me dieron un papel para que lo firmara. Me negué”. Adalberto no pudo ver a su abogada hastra tres días después, el sábado.

La legislación española no recoge el derecho de una madre española a recibir visitas de su hijo ni la dominicana a que un niño español retorne a su país de origen con su madre, aunque ésta no tenga dinero para pagar una multa. Pero sí la Convención Europea de derechos humanos. “La entrada en España no es un derecho fundamental, pero sí lo que subyace detrás de estas decisiones: el derecho a mantener íntegramente relaciones familiares que recoge la Convención Europea. Cuando se habla de derechos fundamentales, siempre se piensan en los civiles y políticos, pero no en los económicos, sociales y culturales porque se impone otro supuestamente superior, el del control de las fronteras que no es ningún derecho, sino unas políticas de seguridad”, explica a Periodismo Humano el abogado Arsenio Cores. Y unas políticas determinadas nunca pueden pasar por encima de derechos fundamentales. “En la práctica, la Ley de Extranjeria y la normativa aplicable no permiten recurrir ante los tribunales la decisión de no dejar entrar a una persona extranjera en su país, menoscabando en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva y con ello la protección de otros derechos también fundamentales como es el derecho a la intimidad familiar”, añade.

Durante estos cinco días, a Adalberto no le han dado siquiera su maleta para que pueda cambiarse de ropa interior. “Desde el jueves no veo la luz del día, no sé qué hora es salvo por el reloj. No puedo ni fumar. Es alucinante que la policía haga esto con un hijo que tiene una madre española. Aquí la policía trata a la gente muy mal, como si fuéramos criminales. Un día, un chico se puso cerca de la puerta y un policía empezó a gritarle que se quitara de ahí. Es como si nos pusieran a prueba para que saltáramos. Hace tres años que no veo a mi madre, mi hermana y mi sobrina y no puedo estar con ellas porque unos policías ‘han decidido que no puedo pasar’. ¿Cómo van a decidir ellos sobre la vida de una persona? La policía debería estar para proteger los derechos de las personas, no para impedir a una persona pasar unos días con su familia. Además no me informan de nada”.

Junto a Adalberto hay otras cinco personas en la sala de inadmitidos. Ninguno de ellos sabe todavía su suerte. Según el informe del Ministerio del Interior sobre la lucha contra la inmigración irregular, se les denegó la entrada 8.704 personas en 2013. No especifican cuántas lo fueron en los aeropuertos.

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24.02.2014 · Naomí Ramírez · Patricia Simón

Tras huir de su país en guerra, veintiséis sirios han tenido que acudir a las mafias para volar desde Turquía a Dubai, para seguir hasta Brasil, Perú y llegar finalmente a Madrid. Hablamos con ellos mientras solicitan asilo en centro de detención de 25 metros cuadrados del Aeropuerto de Barajas donde no pueden entrar ni la prensa, ni ONG ni familiares, si tuvieran en España.

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El caso Josephine Thomas

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Josephine estuvo casi un mes sometida a numerosos interrogatorios y privada de libertad en el recinto policial ubicado en un edificio satélite de la Terminal 4 del aeropuerto. Ahí esperan, sin posibilidad alguna de salir, las personas solicitantes de asilo.

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Mujeres indígenas en Canadá: Crímenes en la oscuridad

Escrito por  Deisy Francis Mexidor

El final de Tina Fontaine, una joven indígena canadiense encontrada muerta el 17 de agosto en Winnipeg. Manitoba, es similar al de otras mujeres nativas asesinadas o desaparecidas durante décadas en ese país.

Tina fue arrojada dentro de un saco al río Red. Cuando apareció su cuerpo el primer ministro canadiense y líder del Partido Conservador de Canadá, Stephen Harper, expresó que no crearía una comisión investigadora.

Según Harper, el fallecimiento de la adolescente de 15 años, así como el de un número de féminas, solo era un crimen más y no un “fenómeno sociológico”.

Pero las denuncias se incrementan. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, grupos de derechos humanos, las Primeras Naciones y los partidos de la oposición se han unido en un creciente reclamo a la administración de Harper convoque una consulta nacional.

El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, advirtió que el caso de Fontaine puso en la agenda doméstica la necesidad de llegar al fondo de este asunto para evitar la impunidad.

Un reciente informe de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reveló el asesinato o desaparición de 1.186 mujeres aborígenes en esa nación.

1.017 perdieron la vida entre 1980 y 2012, y de 169 se desconoce su paradero desde 1952, señaló la entidad el pasado 2 de mayo.

También confirmó que las mujeres indígenas del país sufren más violencia que el resto de las canadienses y que el riesgo de asesinato entre ellas es cuatro veces mayor que el de otras féminas.

La investigación evidenció el aumento de las muertes violentas, que pasaron de ser un ocho por ciento del total de mujeres en 1984, a 23 por ciento en 2012.

El reporte de la Policía Montada ocurrió días después de que un informe de Naciones Unidas criticara el trato que reciben los indígenas en Canadá y las políticas del gobierno de Harper.

Es alarmante que ese segmento poblacional sea víctima del 16 por ciento de todos los homicidios cometidos en Canadá, cuando solo significan el 4,3 por ciento de sus habitantes.

Mientras, el desplazamiento de las tierras ancestrales es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad económica de de estas mujeres que en la actualidad representan el 42,7 por ciento de la tasa de pobreza canadiense.

Audrey Huntley, de la organización No más silencio, es del criterio de estos crímenes son “parte de una visión colonizadora en Canadá”.

Situación que “se agrava por la impunidad en la que quedan estos casos”, dijo Huntley.

El pasado 20 de octubre la Asociación Canadiense de Salud Pública pidió al gobierno del primer ministro Stephen Harper esclarecer incidentes que ocurrieron en las últimas décadas.

Existen cerca de 40 estudios sobre esto, además de las investigaciones de la RCMP, expresó Harper, ante las peticiones que urgen a ir más allá de lo que hasta ahora se ha hecho.

La CPHA (Canadian Public Health Association, en inglés) instó también a los conservadores a que atiendan el llamado de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar e implementar un plan de acción integrado en prevención de la violencia.

Magali San Martin, vicepresidenta de la organización Mujer, denunció que la policía ignora o parece no darle mucha importancia a la desaparición de estas mujeres, “porque siempre se refieren a los indígenas como gente marginal y eso hace que los que cometen los crímenes se sientan impunes”.

El grupo demandó al gobierno federal que “se tomen medidas concretas frente a estos crímenes” y en ese sentido encontrar a los abusadores y llevarlos a la justicia.

La vicepresidenta de Mujer recordó que Canadá “no ha firmado la declaración de la ONU respecto a la convención por los derechos de los pueblos indígenas”.

Entre las razones de la negativa, dijo, se hallan que Ottawa no acepta que estas Primeras Naciones tengan derecho a su soberanía y esto tiene que ver con los recursos naturales de sus asentamientos.

Activistas de derechos humanos aseguran que las mujeres autóctonas de Canadá son cinco veces más vulnerables a las muertes por un acto de violencia que sus congénero de otras poblaciones.

Las exhortaciones al gobierno federal insisten en poner en marcha un sistema nacional de información sobre los asesinatos y desapariciones de indígenas, así como que se haga una investigación independiente sobre denuncias de conducta policial inapropiada.

La Canadian Feminist Alliance for International Action asegura que una de cada 10 mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del oeste.

Y cuando se trata de las indígenas la policía interviene con menos frecuencia, mientras el 70 por ciento de los casos quedan sin resolver.

Huntley, cineasta y descendiente de las Primeras Naciones (Anishnawbe), resume que la violencia contra las indígenas canadienses “es inherente al proceso colonizador”.

Por eso, subrayó, se trata de una violencia sistemática que “no terminará hasta que no alcancemos la descolonización”.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/99198-mujeres-ind%C3%ADgenas-en-canad%C3%A1-cr%C3%ADmenes-en-la-oscuridad

Horror sin fronteras

3 de octubre de 2006. Los colegas de la prensa nos arremolinábamos alrededor del coche de I.J.L., una mujer de 35 años a la que su ex pareja acababa de asestar varias puñaladas en el barrio de Sevilla Este, ante una cafetería, al lado de un colegio. Estaba viva. Camino del Hospital Virgen del Rocío. Necesitó mucha cirugía y, supongo, no pocas horas de psicólogo y de familia, no pocos botes de medicamentos para el cuerpo y el alma. El asesino –que no lo lograra no evita la etiqueta- se suicidó poco después, tras escapar. España tenía desde hacía dos años una ley contra la violencia de género. La conciencia iba ganando terreno al miedo.

19 de febrero de 2014. Nadie alborota –ni plumillas, ni foteros, ni vecinos- junto al coche de F.A.M., una joven de 23 años que acaba de ser apuñalada y, de seguido, atropellada de forma intencional en Hebrón, al sur de Cisjordania (Palestina). La ha atacado su primo, en nombre de una familia que consideraba que la chica era demasiado poco humilde. Demasiado coqueta con sus ropas ceñidas y sus combinaciones –tacones, maxi bolso y hiyab, todo rosa fucsia- y demasiado independiente –universitaria, futura abogada, pese a la tradición hogareña-. ¡Una conductora, por Dios! F.A.M. también está viva, aunque la han tratado de rematar asfixiándola con una almohada en su cama del Hospital Alia. Su asesino sigue suelto, tranquilo, a cara descubierta. No ha sido ni interrogado. Entre los suyos es un hombre cabal que ha dado su merecido a una díscola. Aquí no hay ley que ampare la violencia doméstica, la discriminación por razones de sexo. Es una promesa vieja. La conciencia no va ganando terreno al horror.

Han pasado más de siete años entre una escena y la otra, pero la desolación, el vacío en el estómago, el asco al cubrir la historia son los mismos, porque idéntica es la raíz: la tozudez forjada durante siglos que afirma la necesidad del sometimiento de la mujer, de su degradación; su aplastamiento por sociedades patriarcales, machistas, donde la del hombre es la voz poderosa. O única. La maté porque era mía o porque dañaba el nombre de los nuestros. “Violencia de género” o “crímenes de honor”. Mismo perro con distinto collar.

Las mujeres muertas en España son una evolución del mal, el refinamiento de la persecución en una sociedad que se dice avanzada, pero que proviene del mismo veneno que en esta tierra lleva a ataques como el de Hebrón. Las mujeres aquí son atacadas por adúlteras, por ir con novios no aceptados por la familia, por su inmodestia… pero también porque se convierten en una deshonra para su casa después de haber sufrido una violación que, en el 75% de los casos, ha sido cometida por algún varón de su propia sangre. 27 chicas –musulmanas pero también cristianas- fueron asesinadas por estos motivos el pasado año, sobre una población que roza los cuatro millones. El doble que en 2012. Hay que sumarles otras 20 al menos muertas por sus parejas o ex parejas en casos de lo que se entiende como maltrato doméstico clásico. En España fueron 48 sobre 47 millones.

Quien crea que se trata solamente de unos crímenes atroces propios de países musulmanes se equivoca. Estas muertes no son religiosas, sino culturales. La fortaleza del hombre que manda sobre la mujer que cumple, sin rechistar, o asume las consecuencias. Puede haber añadidos, peculiaridades, pero también las hay en Occidente. Unas 20.000 mujeres mueren al año por crímenes de honor en todo el mundo, según una reciente compilación hecha por el diario británico The Independent. Los casos han saltado a Europa, entre inmigrantes de segunda o tercera generación sobre las que sus progenitores, su entorno familiar, tratan de aplicar el poder de siempre, el que oculta a la mitad del mundo. También en España, alerta el artículo. Rana Husseini, una periodista jordana tan fuerte como dulce, ha estudiado cómo la “vergüenza” acaba siendo limpiada con sangre, y lo ha hecho sin mirar el pasaporte de las víctimas. Concluye que no hay más que un mismo dolor compartido. “Lo que aquí ocurre pudo pasar en España a la generación pasada. Mira los entornos rurales. Hay familias que metían a monja a la hija que salía con el chico equivocado. O que la mandaban a un reformatorio. O que la exiliaban y repudiaban. O que la mataban, al  fin”, resume. Unas décadas de diferencia, más primaveras árabes, más mujeres liberadas, y llegará el momento de la convivencia escogida, del hogar, y también el momento de la otra fase, la nuestra, de violencia.

La única evolución, comparte Rana, es la de la educación. La ocupación, dicen algunos, está por encima de cualquier otro problema que tenga Palestina. Hay que escalonar las prioridades. La legislación puede esperar, antes hay que ajustar otras cosas. Así se repite el mantra –no es lo esencial, con eso no se hace estado- sin reparar en que, con país soberano o sin él, el mal existe, el mal debe ser erradicado por el bien de la sociedad por venir. No hay más que levantar los ojos por encima del hormigón del muro para tener el desmentido: 17 muertas en Israel por violencia doméstica el pasado año, en una población como la de Andalucía. Un país donde las mujeres cobran un 23% menos que los hombres. Donde los abusos sexuales a mujeres en el seno del Ejército han crecido un 9% en el último año.

El horror no sabe de fronteras.

http://www.andalucesdiario.es/oriente_sur/horror-sin-fronteras/

¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?

Periodismo Humano publica este INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, en formato de PDF descargable para mayor comodidad y difusión

“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.

(El INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, DESCARGABLE en PDF)

Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.

Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.

Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuado empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.

Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.

Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:

  1. La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
  2. Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.

Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.

Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.

La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.

Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.

En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños.

Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.

En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.

Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.

En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.

Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 15 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.

Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.

Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos amigas de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.

Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los quesiguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.

Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.

Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?

Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes realizados por el autor sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.

A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones. Empecemos, pues, por el principio. ——->>

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http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/por-que-nadie-busca-a-los-bebes-robados-en-espana.html

España:Naciones Unidas crítica con el poder judicial español

Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

  • Amnistía Internacional participará hoy 10 de septiembre en el diálogo interactivo con el Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde presentará las preocupaciones de la organización.
  • Amnistía Internacional, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se dirigieron a diversas autoridades españolas demandando que cumpla con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas

El Estado español no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, y promoción de la verdad, justicia y reparación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de las principales conclusiones de los informes publicados recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición publicados recientemente.

Ambos mecanismos de Naciones Unidas han coincidido en sus críticas al Poder Judicial; el Relator asegura que es la institución del Estado donde existen los mayores déficits en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

Por su parte, el Grupo de trabajo destaca que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Igualmente alertan de que en la actualidad no existe ninguna investigación judicial efectiva sobre desapariciones forzadas, y observa cómo jueces, fiscales o policía no están presentes en las exhumaciones, lo que es considerado una omisión grave de parte de las autoridades judiciales.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en la que se concluye sobre la imposibilidad de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el Grupo de trabajo constata que a partir de dicha sentencia “prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó, ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas. Si bien esta situación ya existía con anterioridad, las decisiones del Tribunal Supremo dieron nuevos argumentos a los jueces inferiores para no avanzar en las causas judiciales”.

Las organizaciones firmantes se han hecho eco de además las siguientes preocupaciones expresada por los mecanismos de Naciones Unidas:

  • Falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal español, tal y como establece el derecho internacional.
  • La Ley de Amnistía 46/1977. Una vez más los mecanismos de Naciones Unidas alertan de que la ley de Amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales adquiridas por España; asimismo destacan que no hay impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales.
  • Jurisdicción universal y cooperación judicial con otros Estados. Ambos mecanismos se han referido, por un lado, a la reforma de la jurisdicción universal, y a las preocupaciones en torno a la no siempre adecuada colaboración por parte de España con la justicia de otros estados; en particular la argentina, donde se encuentra abierta una investigación por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y que adopten medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición han presentado informes relativos a sus visitas realizadas a España en septiembre de 2013 y enero-febrero de 2014, respectivamente. Dichos informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos durante su 27ª período de sesiones los días 10 y 12 de septiembre.

http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2014/09/10/espananaciones-unidas-critica-con-el-poder-judicial-espanol/

El Gobierno ante la ONU: “Las víctimas de la dictadura han conseguido su objetivo, que es consolidar la democracia”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra
 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado de lamentable la respuesta del Gobierno español ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, cuando en la tarde del día 10 el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha leído el informe elaborado sobre España tras su visita, el pasado mes de marzo. La representante española ha despachado el tema afirmando que “las víctimas de la dictadura ya han conseguido sus objetivos que son consolidar la democracia”.

“Se trata de una enorme falta de respeto a las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, asegura con indignación en un comunicado la ARMH. En su informe, Pablo de Greiff enumera “los numerosos incumplimientos que el Gobierno de España hace de sus compromisos internacionales y en especial de los que afectan a las víctimas de la dictadura franquista”.

“Las víctimas ya han conseguido reparación”
Tras la lectura del informe, a primera hora de la tarde se ha producido esta respuesta de Ana María Menéndez, miembro de la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra. “Ha tachado de impreciso el informe de De Greiff y ha asegurado que las víctimas de la guerra civil y de la dictadura ya han conseguido la reparación que precisaban”, denuncia la Asociación.

Querían una democracia
Para el Gobierno esa reparación consiste, continúa la ARMH, “en tener una democracia. Se trata de algo que se contradice con las miles de peticiones de ayuda, de víctimas de la dictadura franquista, que ha recibido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde el año 2000”.

¿El relator se reunió con quien no debía?
“Además, la representante del Gobierno, asegura que el relator especial es posible que no se haya reunido con los colectivos adecuados, sembrando dudas sobre la representatividad de las numerosas víctimas que se encontraron con el Relator.Menéndez, ha centrado parte de su debate en defender la vigencia de la Ley de Amnistía”, añaden.

“Insulto  hacia cien mil desaparecidos”
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), consideran “un insulto que una representante de nuestro Gobierno considere satisfactoria la desaparición de 114.226 hombres y mujeres cuyos cadáveres siguen en fosas de cunetas y caminos”.

El Gobierno no consultó
“También resulta lamentable que para elaborar su respuesta al informe el Gobierno de España no se haya puesto en contacto con los afectados y envíe a una representante que en algún momento parecía hablar en nombre de las víctimas cuando aseguraba que ya tienen la reparación que tienen”, critican.

Lamentable actitud
Piensa además la Asociación que la representante de España ante un organismo humanitario de la ONU, “ha cometido la lamentable actitud de considerar que el Estado español no tiene una tarea pendiente con respecto a las víctimas de la dictadura”.

El delito más grave contra la persona
“Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver”, ha manifestado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

Discriminación política
Desde esta entidad se remitirá una pregunta por registro a la Representante Permanente de España “para denunciar la discriminación que hace el Gobierno de España de unas víctimas de la violencia con respecto a otras. En ese sentido el informe de De Greiff señala que en una democracia no puede existir una discriminación política a víctimas de delitos tan graves”.

¿Y las víctimas de otros delitos?
 “Queremos saber si a partir de ahora el Gobierno tiene previsto decirles a las víctimas de otros delitos que no van a acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación porque tienen que conformarse con vivir en democracia”, añadió Silva

Desprecio hacia los Derechos Humanos
La ARMH recuerda  que ha exhumado más de 200 fosas desde el año 2000, y que acudió a reclamar la intervención de la ONU en 2002. En esa línea afirma que seguirá denunciando en todos los ámbitos internacionales “el desprecio del Gobierno de España a los Derechos Humanos y el maltrato a las víctimas de la dictadura que mueren cada día sin conocer el paradero de sus seres queridos y sin haber podido darles una sepultura digna”.

http://www.elplural.com/2014/09/10/el-gobierno-ante-la-onu-las-victimas-de-la-dictadura-han-conseguido-su-objetivo-que-es-consolidar-la-democracia/