Las 11 medidas de Syriza para el “otro rescate” de Grecia

17 febrero 2015

diagonalperiodico.net

Mientras negocia con las instituciones y países de la UE condiciones más favorables para el pago de la deuda, el Gobierno griego lanza un ambicioso plan para atajar la “emergencia humanitaria” que atraviesa el país.

16255981348_d9b609cef2_z (1)

Entre las medidas defendidas en el ya conocido como Plan de Salónica, anunciado el domingo 8 de febrero, el Gobierno anunció una batería de iniciativas para hacer frente a la “emergencia social” que vive Grecia. El plan requeriría una inversión de 2.000 millones de euros, una cifra que el ejecutivo pretende recaudar con una lucha más eficaz contra el fraude fiscal y nuevos impuestos para las rentas más altas.

1. Plan de choque contra la pobreza

“Daremos comida, luz, techo y sanidad a decenas de miles de familias que pasan hambre y viven a oscuras”, dijo Alexis Tsipras en el Parlamento griego. Dentro del plan de Syriza se contempla proporcionar ayuda alimentaria y electricidad gratuita para 300.000 hogares.

2. Nueva prohibición de los desahucios

Los desalojos de primeras viviendas de valor inferior a 200.000 euros ya estaban prohibidos desde 2008. La moratoria se fue renovando año por año hasta el último diciembre cuando la prohibición no fue renovada por el anterior Gobierno. En la presentación de su programa en el parlamento Alexis Tsipras anunció una nueva moratoria.

3. Subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo, que ya estaba contemplada en el programa electoral y fue mencionada en el discurso de investidura, fue confirmada en la batería de medidas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la población griega. De forma gradual, “para dar tiempo a los agentes sociales”, el salario mínimo escalará desde los 586 euros actuales hasta los 751 euros. De esta forma superaría ampliamente al salario mínimo español, de 648 euros. Tsipras también adelantó una reforma en el mercado laboral para que los menores de 25 años tengan “los mismos derechos” y que la economía no se base en salarios bajos y trabajadores sin derechos.

4. Reforma de las administraciones

El Gobierno griego ha anunciado un plan para reducir los gastos de las administraciones públicas. La primera fase de estos recortes se desarrollará en los siguientes seis meses. El gobierno reducirá al 30% su personal de la sede de Gobierno y en 40% las escoltas del primer ministro. Se venderá uno de los tres aviones de los que dispone el Ejecutivo y se revisará el derecho a coche oficial de los funcionario de los distintos ministerios. El objetivo es reducir a la mitad la flota de 7.500 coches, cuyos costes ascienden a 700.000 euros.

5. Readmisión de despedidos

En la misma sesión parlamentaria Tsipras anunció que los funcionarios despedidos irregularmente para cumplir con las exigencias de la troika serían readmitidos. Esta medida podría afectar a 3.500 personas. Entre ellas, a las 595 empleadas de la limpieza del Ministerio de Finanzas que llevaban más de un año protestando por su despido.

6. Reapertura de la televisión pública 

Cerrada en 2013 por el Gobierno de Antonis Samaras, la reapertura del canal serviría para “reparar el crimen contra el pueblo griego y la democracia”, en palabras del primer ministro. El 7 de noviembre de ese año la policía desalojó a los trabajadores que se resistían al cierre de la televisión pública griega. Entonces, Syriza impulsó una moción de censura contra el Gobierno.

7. Freno a las privatizaciones

Tsipras anunció que no privatizará las redes y la infraestructura del país que “son nuestro capital nacional, la riqueza natural y mineral”. El primer ministro no escondió su interés por captar la inversión extranjera y todas aquellas inversiones que generen empleo, siempre que favorezcan el “interés público”. “Vender bienes nacionales para pagar una deuda insostenible es un delito”, dijo. Atrás quedarían, en principio, situaciones como la venta o alquiler de hasta 70 islas para atajar el déficit. Además de anunciar la revocación de la venta a capitales chinos del puerto del Pireo, el Ejecutivo anunció que bloquearía la venta de una parte de PPC, empresa propiedad en un 51% del gobierno que controla la mayor parte del mercado minorista de electricidad en Grecia.

8. Sanidad universal y gratuita

Otro anuncio de Tsipras fue la restauración de la sanidad universal y gratuita en un país en el que un tercio de sus habitantes no tiene acceso a este servicio público, pues la cobertura se pierde al pasar más de un año en el paro o al no pagar las contribuciones. Esta falta de cobertura había llevado al nacimiento de las clínicas y farmacias sociales,una de las tantas fórmulas autogestionarias surgidas al calor de la crisis. El ministro Andreas Janto señaló que anularía la cuota de cinco euros que los griegos deben pagar para ser atendidos cada vez que acuden a un hospital y de un euro por cada receta médica.

9. Nacionalidad griega para hijos de inmigrantes

Los hijos de inmigrantes nacidos y criados en Grecia tendrán derecho a la nacionalidad griega, una medida que no comparte su socio de gobierno, el derechista –y xenófobo– partido de derecha nacionalista Griegos Independientes (ANEL).

10. Subida de las pensiones

Otra medida para hacer frente a la “crisis humanitaria” es la recuperación de la paga extraordinaria para pensiones de menos de 700 euros, eliminada por el Gobierno de Antonis Samaras. Una medida que se complementará a partir de finales de 2015 con la subida de las pensiones más bajas. Para financiar este incremento del gasto, el primer ministro anunció la creación de un fondo de pensiones financiado con los ingresos derivados de la explotación de riquezas naturales.

11. Lucha contra la evasión fiscal

Dentro de las iniciativas estrella para sufragar el aumento del gasto social, que había caído en los años de crisis un 60%, destaca la lucha contra la evasión fiscal y una reforma para que paguen los que más tienen. Los tramos de la declaración de la renta serán modificados para que aquellas personas con ingresos menores a 12.000 euros anuales no tengan que pagar este impuesto, al mismo tiempo que aumentan los controles de los grandes depósitos. De igual forma, Syriza ha anunciado la eliminación del impuesto sobre las primeras vivienda, una medida que vendrá acompañada por la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes propiedades.

http://www.attac.es/2015/02/17/las-11-medidas-de-syriza-para-el-otro-rescate-de-grecia/

Anuncios

Feliz año de cambio

Que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas

Beatriz Gimeno 

25/12/2014 – 19:12h

La semana pasada volvía a Madrid en avión y, por la razón que fuera, tuvimos que dar unas vueltas antes de tomar tierra. Mirando por la ventanilla, a esa altura en la que se ven los huesos y las venas de las ciudades, e incluso se distinguen los coches, lo que se distinguía muy claramente era una línea de cemento que como un río tranquilo se delineaba al lado de las autopistas atestadas. Una línea larga, ancha y completamente vacía que discurría en muchos tramos paralela a la otra vía llena de coches. Y al final de ambas esperaba el atasco de entrada a Madrid en hora punta. Era evidente que nadie iba a pagar por llegar un poco antes al atasco de entrada, era evidente que las radiales de pago iban a ser un fracaso, era evidente que se hicieron no por necesidad, sino por la razón por la que en España se vienen haciendo las obras públicas desde hace mucho, por dinero: dinero que se va distribuyendo por medio de comisiones entre muchos actores opacos, dinero de sobreprecios, dinero del rescate con intereses que se pacta desde el comienzo de la obra. El final es ya conocido: la obra es un inmenso fiasco, pero no importa porque los que hacen negocio se han enriquecido un poco más y porque al final el fiasco lo pagamos nosotros y nosotras.

Lo hemos visto con auditorios enormes vacíos e innecesarios, autopistas, hospitales que no sirven, aeropuertos, estaciones de tren, edificios mastodónticos o almacenes de gas que provocan terremotos. Siempre hay dinero para construir lo que no hace falta, lo que nadie quiere, lo que es peligroso o contaminante; y hay dinero también, lo que sea necesario,  para tratar de reconstruir el desaguisado o, simplemente, para devolvérselo a quienes antes lo han tirado, y lo han tirado porque saben que llegará más.  2400 millones de euros es lo que nos quitan para dárselo a los dueños de unas autopistas que cualquier persona normal hubiera predicho que iban a ser un desastre. Pero eso no importa porque ese es el verdadero negocio de estas obras inútiles, faraónicas, carísimas e innecesarias: el rescate. Que se lo digan a Florentino Pérez, que al final va a recibir 4000 millones entre devolución más los intereses de su proyecto de almacén de gas Castor. Todo para el pueblo, Todo el poder para los soviets, Power to the people… A estos lemas históricos habría que sumar otro, el de la revolución neoliberal, uno que se cuidan de ir gritando por las calles pero que se  saben de memoria en los despachos: “Todo el dinero para los ricos”.  Lo bueno es que ya nos vamos dando cuenta de que ese “todo” se refiere a nuestro dinero; es decir, al que se destinaba a pagar aquello que necesitamos para poder vivir: la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes, la energía, todo lo que es o debería ser común.

El mismo día en que yo aterrizaba en Madrid y veía desde arriba ese inmenso timo, perpetrado entre otros por quien ahora se postula para alcaldesa de Madrid, los enfermos de hepatitis C se encerraban en el hospital 12 de octubre para pedir que se les administre un medicamento que les puede salvar la vida. Los habituales defensores de la vida embrionaria y fetal, en cambio, no tienen opinión sobre las vidas de estas personas que están condenadas a morir porque los ricos, las farmacéuticas en este caso, han puesto un precio absurdo, desorbitado y criminal a un medicamento; y también porque los políticos que nos gobiernan, y que son los que supuestamente velan por el bien común, solo velan, en realidad, para detraer dinero público y enviarlo a los bolsillos de quienes más tienen, y no para distribuirlo, faltaría más, en las necesidades de la gente, aunque sean necesidades vitales.

Ya sé que la mayoría de los que leemos este diario lo sabemos; ya sé que mucha gente lo sabe aunque no debe saberlo la suficiente puesto que los políticos que nos han hecho esto siguen sacando cotas inexplicables de votos. Por eso no podemos dejar de insistir, de golpear la misma piedra hasta que la piedra se haga añicos. Repitan conmigo: 1350 millones de euros al proyecto Castor (al final serán 4000 millones); 2400 millones de euros a las innecesarias autopistas de  peaje; 3000 millones regalados a las empresas eléctricas porque sí; 100.000 millones (o más)  a bancos y cajas de ahorros, a los de las tarjetas black, a los de las preferentes, a los estafadores de jubilados y de pequeños ahorradores. Y esto son solo las cifras más llamativas, las otras, las que hablan de millones de euros diseminados en proyectos o negocios que significan dinero público que se detrae de nuestras vidas para acabar en los bolsillos de alguien… esos son literalmente innumerables; la última semana, por ejemplo,  una imprescindible Torre del Vino por más de 4 millones de euros en Socuéllamos y que no va a visitar nadie (podéis llamarme vidente). Una obra inaugurada por la misma Cospedal en cuya comunidad los enfermos mueren en los pasillos porque el dinero para cuidarles ha ido a la torre del vino, a muchas torres y a unos pocos bolsillos.

En los pasillos del hospital 12 de octubre los enfermos y las enfermas de hepatitis C y sus familiares esperan con la angustia de los condenados a muerte un medicamento que les salve la vida. Estas personas no han robado a nadie, no se han enriquecido a costa de nadie, sino que son las víctimas de los robos de otros.  Pensemos por un instante en un sistema que pone un precio de 25.000 euros a un tratamiento médico y que, en cambio, pone un precio de cero euros a la vida humana. Pensemos en unos supuestos representantes públicos que hacen lo contrario exactamente de lo que la gente quiere que hagan, que gestionan lo que es de todos de manera que acabe en los bolsillos de muy pocos. Sigamos repitiendo las obviedades porque no deben ser tan obvias cuando tanta gente aún no lo acaba de tener claro. Sigamos dando y dando a la piedra hasta que no quede piedra donde dar.

Os deseo a todos y todas, y deseo para mí misma, un año 2015 de cambio; que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas. Y que a los ladrones y a los corruptos se les pueda juzgar y castigar. Que nuestro deseo de cambio nos convierta en la fuerza imparable que necesitamos para recuperar la vida que nos roban.

www.eldiario.es/zonacritica/Feliz-ano-cambio_6_338826116.html

¿Saliendo de la crisis? Los salarios más bajos y desiguales desde 1992

El Gobierno insiste en la salida de la crisis mientras los datos estadísticos muestran un aumento de la desigualdad y una merma del poder adquisitivo de la población asalariada.

22/12/14

Concentración de trabajadores de Madrid Río en el Parque de M30, el 15 de diciembre. / Juan Zarza / Diso Press

La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada.

La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios(1) correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y distribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales (encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria) presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas laborales como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados.(2)

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años. El pico más alto corresponde a 1993 cuando se alcanzó un salario medio que, en euros constantes, superaba en un 14% al de 2013; el segundo pico corresponde a 2009, con un salario medio un 13% mayor que el último publicado (Gráfico 1).

Gráfico 1. Salario medio anual en España (1992-2013)La evolución del salario medio en las dos últimas décadas no ha sido lineal sino que ha oscilado recorriendo tres etapas: descenso de 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo entre 1993 y 1999, a caballo entre la crisis de 1992-93 y el inicio del largo ciclo expansivo que le siguió; subida de 13 puntos entre 1999 y 2009, coincidiendo con la última etapa del ciclo expansivo y los primeros años de la crisis; y nueva bajada de 11 puntos entre 2009 y 2013. Los perceptores de salarios han pasado, según la Agencia Tributaria, de 19,3 millones de personas en 2007 a 16,7 millones en 2013, es decir, se han reducido en un 13,5% en la reciente etapa de crisis; sin embargo, la masa salarial (la suma de todos los salarios) se ha reducido mucho más (-19,6%), dando lugar a una caída importante del salario medio.

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años

Los salarios reaccionan con retraso a las fluctuaciones de los ciclos económicos y con tendencia general a la baja, a diferencia del capital accionarial de las empresas, que es hipersensible a las coyunturas económicas y con tendencia general al alza. Así, el resultado final para el período cubierto por el Barómetro social de España (1994-2013), es el que se recoge en el Gráfico 2: mientras el PIB ha experimentado un crecimiento global del 45% (de 0,7 a 1 billón de euros constantes de 2013), el valor del capital en acciones se ha revalorizado en un 371% (de 0,4 a 2 billones) y el salario medio se ha depreciado en un 8% (de 20.100 a 18.500 euros, en cómputo anual). Como consecuencia la participación de los salarios en la renta nacional es cada vez menor, perpetuando la tendencia a la redistribución regresiva de la riqueza y la desigualdad social.

Gráfico 2. Evolución del salario medio en comparación con el PIB y el capital en acciones (1994-2013)Una caída salarial desigualmente repartida

Si observamos la evolución salarial por tramos de edad en el último ciclo de crisis (2007-2013), resulta sorprendente que la bajada por tramos haya sido mucho mayor que la reflejada por el salario medio, debido a que la mano de obra ocupada juvenil (menos de 26 años), con salarios mucho más bajos, se ha reducido en un 46%, mientras las personas asalariadas mayores de 35 años, con salarios más altos, han aumentado casi un 4%, escorando hacia arriba el valor del salario medio. Al comienzo de la crisis se destruyeron los empleos más precarios, lo que impulsó en 2008 y 2009 una ligera subida del salario medio y una disminución del abanico salarial, pero a continuación se produjo un deterioro de las retribuciones de la mayoría de la población asalariada, sobre todo de los segmentos más precarios, volviendo a ampliar las diferencias y bajar los valores promedio. El Gráfico 3 recoge la bajada salarial en el último ciclo de crisis por tramos de edad, que ha sido casi tres veces mayor en la juventud que entre los mayores de 35 años.

Gráfico 3. Descenso del salario medio por grupos de edad en España entre 2007 y 2013

Nivel récord de desigualdad salarial

La polarización entre los salarios altos y bajos se ha incrementado de forma importante en la última etapa de crisis: el año 2013 registra la mayor desigualdad de la serie estadística iniciada en 1992 (Gráfico 4). Este indicador se obtiene dividiendo el salario medio de quienes ganan por encima de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes ganan por debajo del SMI en cómputo anual. En 2013 el salario medio del primer grupo (6,2% de la población asalariada, 1 millón de personas) fue 19,2 veces mayor que el del segundo (34,5% de la población asalariada, 5,7 millones de personas). El grupo con mayores ingresos percibió una media anual de 69.389 euros mientras que el segundo percibió 3.617 Euros.(3)

Gráfico 4. Desigualdad salarial en España (1992-2013)

Desigualdad salarial

La polarización entre los salarios ha sido siempre muy elevada en España, con una ratio de distancia entre los salarios altos y bajos de entre 16 y 20 veces, experimentando también oscilaciones relativas en función del ciclo económico, tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2013 nos encontramos en el pico de desigualdad más alto –por ahora- de la actual etapa de crisis, aunque esta situación se produjo también en 1996. La diferencia es que en aquella fecha el deterioro salarial se producía principalmente en base a un fuerte incremento del empleo temporal; en cambio, en la actualidad la tasa de temporalidad se encuentra en valores mínimos y el deterioro de las retribuciones afecta también al empleo indefinido, debido a la presión combinada del desempleo y de las reformas laborales que han debilitado enormemente la capacidad de negociación y defensa de la población asalariada.

Las ganancias del capital se recomponen, mientras los salarios se hunden

Según la Contabilidad Nacional de España la participación de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta ha experimentado un continuo crecimiento relativo entre 2010 y 2013 (+2,4 puntos del PIB), en paralelo con una continua pérdida de peso de los salarios (-3,4 puntos del PIB) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de los beneficios empresariales y los salarios en el reparto de la renta nacional (2010-2013)

Un indicador parcial de este proceso es la evolución opuesta del valor patrimonial del capital en acciones que en el mismo período (2010-2013) ha aumentado el 3,6%, según el Banco de España, mientras el volumen anual de la masa salarial se ha reducido en un 16,4% (todo en euros constantes).

Los avances de la Contabilidad Trimestral de España registran un crecimiento extraordinario del 23% del valor de las acciones entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo período de 2014, lo que ha generado en tan corto espacio de tiempo un plusvalor de 418.000 millones de euros. El discurso gubernamental que afirma que “la crisis ha quedado atrás” sólo es coherente con la situación de estos capitalistas, pero suena a broma pesada para quienes viven de un salario y, más aún, para los millones que no encuentran empleo y han sido abandonados por las políticas públicas. El Gobierno busca apuntalar la ingenua creencia de que “a todos nos irá mejor si los ricos hacen negocio”, pero su política se basa precisamente en lo contrario: en empobrecer a la población asalariada en pos de recomponer la ganancia de una clase social que vive de espaldas a las expectativas e intereses de la mayoría.

Notas

1. Según la metodología de esta fuente, se incluyen todos los trabajadores por cuenta ajena cuyas percepciones, dinerarias o en especie, han sido satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos del trabajo. El País Vasco y Navarra no se recogen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998.

2. No obstante, la evolución negativa de las percepciones salariales se confirma, tanto en la Encuesta de Costes Laborales como en la de Estructura Salarial o la de Decil de salarios del empleo principal.

3. Por comunidades autónomas la mayor desigualdad en el reparto de los salarios corresponde a Madrid (ratio de 19,9 entre los salarios altos y bajos) y la menor a Cantabria (ratio de 16,5).

Manteros y mercados informales, oprimidos contra opresores

ROSA MORO

Madrid 28/11/2014

El otro día el blog de Michel Collon me recordó una magnífica reflexión de Malcom X que nunca está de más recordar y que viene bien para todo: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. Lo legal y lo ilegal, lo bueno y lo malo, en nuestra mentalidad muchas veces no lo conforma tanto la racionalidad como la machaconería de los mensajes mediáticos y de la educación -estrechamente ceñidos al sistema capitalista.

Etiquetas relacionadas

Una de estas irracionalidades que hemos asimilado como incuestionables es la ilegalidad o maldad del modo de supervivencia de la gente que no tiene trabajo formal/regular/oficial, más bien que está en situación de “desempleo encubierto” como define el economista Gaspard Muheme* a todos los que no entran en los esquemas cuadriculados de la economía occidental capitalista. Los que alimentan a sus familias y pagan las facturas con trabajo dentro de lo que se considera economía informal, o trabajar en negro.

Mi amigo Bara es mantero, un tipo fantástico, muy educado y respetuoso, inteligente, honrado y con una visión de futuro para él y su familia ceñida a los principios de honradez y respeto a los demás que rigen su vida. Se ve obligado a vivir y mantener a su familia vendiendo en la manta, no le gusta, le encantaría ser asalariado en cualquier sitio, pero no encuentra trabajo que esté integrado en el sistema. ¿qué va a hacer? ¿Robar? ¿Mendigar? Oye, vender en la calle es una forma muy digna de vida en África. En muchos países de África, al no tener instituciones que establezcan y organicen unas normas basadas en la economía tal y como la conocemos en España, la capitalista, la gente basa su economía en las redes de confianza de su comunidad. Los mercados informales tienen sus reglas y la gente las cumple, aunque no encajen en la mentalidad capitalista. ¿y qué pretende hacer el sistema con la gente que se empeña en comer y vivir o sobrevivir a pesar de no tener cabida en él? ¿Matarlos a todos? ¿Meterlos a todos en la cárcel por el crimen de no encajar en el capitalismo? ¡Pero si no se los deja encajar!

Leyendo el interesantísimo blog del filósofo-reportero Robert Neuwirth, “Stealth of nations”, he aprendido que los mercados informales, si fueran un país, la hipotética república popular de los trabajadores informales, serían el país más grande del mundo, la economía más potente, donde vivirían ¡la mitad de los empleados del mundo! El único problema con estos pequeños supervivientes es que no encajan en el sistema capitalista que rige el minoritario mundo occidental… ¿y?

Cuando defiendo a los manteros, porque sobrevivir no es un delito, a veces me callo argumentos por no herir la sensibilidad de quienes dicen “Si todos hacemos lo mismo y no pagamos impuestos ¡España se hundiría!” o “Tiene que ser ilegal vender en la manta porque imagínate que tienes una tienda de bolsos y se te pone a la puerta un mantero a vender los suyos ¿te gustaría?” o “¿Qué hay de los derechos de los autores originales?”.

  1. No creo que a todos nos gustase vender en la manta para no pagar impuestos, egoístamente pensando en no pagar impuestos, me daría más envidia un banquero, un accionista del IBEX, un político que recibe sobres con dinero negro, un Pujol o un Fabra o un Cristina de Borbón de la vida, que tampoco pagan impuestos y tienen millonadas en paraísos fiscales. No creo que el mundo se vaya a echar a perder si se deja de perseguir a los manteros, porque nadie va a abandonar su vida para dedicarse al jugoso negocio de la manta. Nadie envidia su situación de tener que elegir entre pagar impuestos o comer. Ellos desean salir de esta situación y lo harían si pudieran.
  2. Si yo tuviera una tienda de bolsos me asustaría mucho más que abriera enfrente o en cualquier lugar de cerca un corte inglés, un Tiger, un Primark, o cualquier gran cadena internacional de bolsos, ropa, complementos o cosas varias (con sus beneficios fiscales). Esos sí han hecho cerrar cientos de miles de negocios, pero no conozco un solo negocio que haya cerrado por los manteros.
  3. Y por último, no creo que a Louis Vuitton le haga falta mi solidaridad para salvaguardar sus beneficios, y sí creo que a mi amigo Bara no le viene mal mi solidaridad, para defender la dignidad de su medio de pagar el alquiler, las facturas, la comida, la ropa… en fin.

Bara cuenta que a veces, cuando está vendiendo en la calle, alguna señora de buen corazón se le acerca y le da una moneda. Él educadamente lo rechaza, porque está vendiendo, no mendigando. Soy afortunada por haberle conocido y haber aprendido tanto de él y sus compañeros, gracias a ellos he abierto mi mente. A pesar de mi mentalidad europea, he racionalizado esta situación de los vendedores callejeros y he llegado a la conclusión de que estaba odiando al oprimido y defendiendo al opresor. Si quiero un mundo mejor, más me vale asociarme con el oprimido y que el opresor siga ahí arriba, en ese mundo de legalidad con paraísos fiscales, negocios globales con trabajadores esclavos, lujos y derroches.

Gaspard Bagalwa MUHEME es economista y sociólogo. Profesor en las Facultades de Económicas de la Universidad católica de Bukavu, la universidad católica de Graben/Butembo y la universidad de Lubumbashi, en la República Democrática del Congo. Autor, entre otras obras, de “Le Poids Des Economies Non Officiell

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=11&id=4174

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 25/10/2010

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una “propensión al intercambio de favores” entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos “provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores”.

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como “interlocutor” en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que “reportaba” a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

Noticias relacionadas

http://www.publico.es/espana/343213/anticorrupcion-confirma-que-aguirre-se-financio-ilegalmente?src=lmFn&pos=3

Varapalo del Poder Judicial a la reforma tributaria del Gobierno

FéLIX BORNSTEIN | Publicado: 26/10/2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. / lamoncloa.gob.es

Cualquier modificación normativa debe pasar, en última instancia, el test de los jueces. Cuando, por ejemplo, cambia el “decorado fiscal”, las normas se traducen en actos administrativos de aplicación de los tributos que son susceptibles de revisión judicial por una doble vía. La más habitual es el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. En los asuntos más graves (posibles delitos contra la Hacienda Pública) la última palabra será pronunciada por los jueces penales. Incluso cabe un control más intenso si la aplicación de los tributos afecta a los derechos fundamentales: en este último caso la que debe ser chequeada es la propia Ley fiscal (y no sólo los actos dimanantes de la misma) y quien es llamado a resolver la cuestión es el Tribunal Constitucional.

Esa triple dimensión revisora llega a su máxima potencia (y necesidad) si la modificación legal no es de simple detalle, sino de una envergadura que trastoca piezas básicas de un sector del sistema jurídico. Éste es el caso de la propuesta de reforma del Gobierno, en sus cuatro apartados: IRPF-IRNR, Sociedades, IVA y Ley General Tributaria. Por sus consecuencias “directamente” procesales, es el cuarto ámbito citado el que refleja, más que los tres anteriores, el protagonismo futuro de los jueces y magistrados. Dicha situación justifica la necesidad de que las propuestas del Gobierno sean sometidas con carácter previo a su aprobación al examen de quienes deberán aplicarlas posteriormente (antes de que sea demasiado tarde si, tras la pertinente tramitación parlamentaria, la iniciativa gubernamental se mantiene en sus propios términos y acaba lesionando derechos ciudadanos y/o invade las competencias constitucionales de los jueces). En todo caso, como el informe del órgano interesado no es vinculante, puede que la contumacia venza a la razón técnica (si tal es el caso). Pero, siempre, el Parlamento y la opinión pública tendrán más elementos de juicio.

Por dicho motivo, el 29 de agosto pasado tuvo entrada en el Registro del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el Anteproyecto de la Ley de modificación parcial de la vigente Ley General Tributaria, a efectos de la emisión del preceptivo Informe. Éste ha sido aprobado por el Pleno del CGPJ en sesión celebrada el 30 de septiembre y su contenido –en 37 páginas- es demoledor para la imagen no sólo del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (cuyo departamento es el que remitió el texto al Consejo), sino también para la del Gobierno de Mariano Rajoy en bloque, por la sencilla razón de que el citado Anteproyecto (aunque hoy todavía no ha sido remitido al Congreso de los Diputados) se aprobó durante el verano por el Consejo de Ministros como parte integral de su propuesta de reforma tributaria.

El CGPJ manifiesta dos críticas preliminares al Anteproyecto. La primera en la misma frente del texto: “No viene acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. La segunda, a propósito de las intenciones formales del Gobierno (según consta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto), que fundamentalmente buscan “lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario”, todo ello con el objetivo de “reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria”. Pues bien, el Informe, como cuestión de principio, ya nos advierte “de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente en la norma proyectada”. Traspasado este doble arco de entrada, el Informe va desmontando, una por una, las figuras clave de la reforma gubernamental, que no parece ir en la dirección anunciada de otorgar mayor seguridad jurídica al ciudadano, sino más bien -según la opinión del órgano de gobierno de los jueces- en la ruta contraria de sacralizar una posición de abuso de la Administración impropia en un Estado de Derecho. Veamos algunos epígrafes concretos.

1.- Sobre el llamado conflicto en la aplicación de la norma tributaria:

El Consejo denuncia “la insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías de los contribuyentes”. La crítica es amablemente feroz: la reforma “viene a dar la espalda a los límites constitucionales, y de prosperar…bastará con que la Comisión consultiva –órgano de composición y naturaleza íntegramente administrativa- emita informe estimando que un determinado acto o negocio constituye conflicto de normas tributarias, para que se dé lugar a la imposición de sanciones”. El CGPJ, que se decanta primordialmente por la supresión de la propuesta, pone en duda que el Gobierno guarde “el respeto debido a los principios de legalidad y tipicidad”.

2.- Sobre la prescripción:

El Informe acusa al Gobierno de otorgar ”poderes exorbitantes a la Administración tributaria” y, sobre el supuesto “derecho” imprescriptible de la inspección fiscal para realizar determinadas comprobaciones y averiguaciones, efectúa el siguiente diagnóstico: “resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá [de] la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad”.

3.- Sobre la publicación periódica de listas de contribuyentes morosos:

Debajo del pretexto esgrimido por Cristóbal Montoro –luchar contra el fraude fiscal a través de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos y promover una auténtica conciencia cívica tributaria– el CGPJ detecta una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, amén de una quiebra del principio de proporcionalidad, ya que la “formulación excesivamente abierta” de la medida “no necesariamente se corresponde con conductas defraudatorias”. Por si lo anterior fuera poco, la publicación de las listas –según el Consejo- difícilmente se concilia con “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (Sentencia de 9 de noviembre de 2010, caso Volker). Y apostilla: con la publicación de las listas “no se persiguen objetivos de eficacia administrativa o transparencia sino el establecimiento de una suerte de “sanción” a los contribuyentes que habiendo reconocido su deuda con la Administración tributaria no pueden afrontarla en periodo voluntario”. Al órgano de los jueces le llama la atención “el agravio comparativo si atendemos el distinto tratamiento dado a las Administraciones públicas morosas a las que se excluye de la aplicación de la norma y que en no pocas ocasiones han contribuido –al no pagar sus propias deudas- a la insolvencia y la ruina de los contribuyentes morosos”. La publicidad es fruto de una decisión poco “sosegada y reposada” que sólo merecerían “los grandes defraudadores” y que “sólo podría ser acordada por el Juez o Tribunal penal en la sentencia condenatoria [firme] y no por la Administración”.

Las críticas anteriores son, desde luego, demoledoras. ¿Pero eso es todo? Desgraciadamente para el Gobierno, no. El 2 de octubre de 2014, la vocal del Consejo María Concepción Sáez Rodríguez formuló un voto particular concurrente al Informe del Pleno en el que, además de los reproches de este último (que la vocal hace suyos), realiza unas consideraciones adicionales sobre la reforma de la Ley General Tributaria. A la vocal Sáez Rodríguez no le duelen prendas. Les invito a que lo lean (pueden consultar su voto “pinchando” en el primer vínculo de este artículo). Sus acusaciones alcanzan la altura de la caza mayor. Yo sólo reproduciré algunos juicios de valor: el Gobierno peca de “un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos”; el Gobierno actúa “como si, prescindiendo del arte arquitectónico, se decidiera [a] actuar contra la estructura de un edificio, afectando no solo al mismo sino también a los colindantes”, lo que producirá fisuras “que serán bien aprovechadas por quienes no estén en la disposición de contribuir al mantenimiento de las arcas públicas”; el Gobierno, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, “se impone al órgano penal, con olvido de que es a él –y no a la Administración- al que la CE atribuye la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; la reforma del Gobierno compromete seriamente “la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho”; en relación con las listas de deudores fiscales, el Gobierno se aparta incluso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en el que, a sugerencias precisamente del CGPJ, suprimió la publicidad sobre “personas identificadas o identificables…a fin de evitar el posible efecto estigmatizador”; el Gobierno, en fin, “obstaculiza la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de acciones en claro perjuicio para los ciudadanos”.

Si hacemos caso al CGPJ, está claro por qué el ministro Wert decidió suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Se puede dirigir el Gobierno, se puede ser ministro de Hacienda, sin haber aprobado el curso preescolar que habilita para conocer las nociones básicas de las garantías democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos? Termino: muchos dicen, con sobradas razones, que el Consejo del Poder Judicial es la voz de su amo. Pero del negro al blanco (o al revés) existe una amplia escala de grises. Vivimos en una democracia con una separación de poderes muy imperfecta e insatisfactoria. Pero aunque sea gris, vivimos en una democracia que sólo puede rehabilitarse desde postulados institucionales y, al mismo tiempo, sometida a la presión organizada de la sociedad civil (como la que ejerce la prensa libre e independiente, que, la verdad, no abunda). Los purísimos de corazón que niegan que “esto” sea una “auténtica” democracia pueden destruir, sin nada digno a cambio, lo poco (que no es realmente “tan poco”) que los humildes ciudadanos tenemos. Detesto las moralejas, pero la Historia es la mejor vacuna contra las novatadas.

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/2014/10/26/varapalo-del-poder-judicial-la-reforma-tributaria-del-gobierno/7946

 

El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

Escrito por  … desde fuera de Palacio

«De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.

http://fueradepalacio.wordpress.com/2014/03/10/el-rescate-bancario-nos-va-a-costar-mas-de-130-000-millones-de-euros-de-dinero-publico/

«Quiero ser puta»

Curso exprés para aspirantes independientes

La crisis ha multiplicado el ingreso en el oficio de mujeres catalanas, que antes del cataclismo económico eran una rareza. El colectivo de trabajadoras sexuales Aprosex ha decidido combatir las incertidumbres de las principiantes con un máster acelerado, el próximo sábado, en Barcelona.

NÚRIA NAVARRO

Domingo, 16 de febrero del 2014

Conxa Borrell (de cara), 'escort' y promotora del curso 'Prostitución: nociones básicas para la profesionalización', y una de las cursillistas.

JULIO CARBÓ -Conxa Borrell (de cara), ‘escort’ y promotora del curso ‘Prostitución: nociones básicas para la profesionalización’, y una de las cursillistas.
 

Aquí no hacemos apología de la prostitución. Tampoco hablamos de trabajadoras sexuales que lucran a terceros. Nos limitamos a la descripción clínica de un hecho: en los últimos cuatro años, una cantidad nada desdeñable de mujeres del país que antes podían afrontar facturas y ahora no, se han metido -o estudian hacerlo- en la prostitución de manera libre e independiente. Y explicamos que, ante este dato estadístico, un colectivo de veteranas del oficio, Aprosex, por fraternidad y activismo, imparten el próximo sábado un curso exprés dirigido a las indecisas, las principiantes y hasta las perfeccionistas sobre todo lo que hay que saber del negocio.

“Están entrando en la profesión chicas tremendamente jóvenes, de entre 18 y 23 años, y mayores de 50”, explica Conxa Borrell, escort desde hace siete años y presidenta de Aprosex. Las jóvenes se apuntan para pagar los estudios o ayudar a la familia y, “por lo general, no están preparadas para ser profesionales de casi nada”; mientras que la mayoría de las maduras ingresan porque no encuentran empleo. “Son mujeres que apenas han estado con un hombre -su marido-, pero que tienen un mercado porque son tiernas, saben cómo tratar un gatillazo y están por la faena”, ilustra.

43% de autóctonas

El aumento de ‘oferta nacional’ lo certifica también uno de los socios fundadores de PhotoEscorts, el mayor portal español de anuncios de ‘freelances’ con precios superiores a 150 euros la hora (durante el Mobil World Congress, por ejemplo, distribuye un volumen de 10.000 llamadas en Barcelona): “Cuando abrimos la web en el 2006, la mayoría de anuncios eran de chicas latinoamericanas y las de aquí eran la excepción codiciada; pero desde hace un par de años el aumento ha sido espectacular. Un 43% del total de profesionales dadas de alta este año son autóctonas, frente al 38% del mismo periodo del año anterior, que a su vez superó al precedente”.

Al gestor de PhotoEscorts también le consta que son estudiantes y mujeres que se han quedado sin empleo. Entre las universitarias, apunta, se está extendiendo como un fenómeno viral las casual scorts, muy consolidadas en Londres. “Son chicas que han crecido con las redes sociales, que se atreven más y que eventualmente sacan un dinero -400 o 500 euros a la hora- durante las ferias y los congresos”.

Es un conjunto de mujeres que optan por el ejercicio libre de la prostitución, algo que no solo no es delito, sino que reconoce el Protocolo de Palermo de la ONU, suscrito por España. “Eligen hacer de putas, como elegirían ser cajeras de súper. Nadie sueña de pequeña con ser una cajera de súper, ¿verdad? -cuestiona Borrell-. Pues tampoco puta. No es algo vocacional. Pero, en caso de tomar la decisión, hay que saber unas cuantas cosas para que no se sientan perdidas, como al principio me pasó a mí”.

La voz de la experiencia

Y lo que le pasó a ella, a Conxa Borrell, fue lo siguiente. Era contable, esposa y madre. Su marido montó una empresa que se fue a pique. Habían hipotecado la casa. Los apremios económicos la asfixiaban. Y un día, lavando platos, escuchó en un telediario una noticia relacionada con el sexo de pago. “Hay prostitutas que ganan 200 euros al día”, fluyó desde el televisor mientras el agua se llevaba la espuma del Mistol sumidero abajo. Con ese dinero podía pagar el colegio de su hijo, echó cuentas. Se preguntó si podría hacerlo, y en una semana organizó su nuevo negocio. “Sexo inteligente y morboso”, puso en el anuncio. Paula Vip sería su nombre de batalla. La primera vez, asegura, no sabía ni por dónde empezar. “Algún día, intentaré evitar el trago a otras”, se prometió ya entonces, cuando Zapatero decía que el país iba de perlas.

Y ahora ha llegado el día. Porque hace dos años salió del armario. Se lo contó a su familia, y su estar en el mundo se normalizó. Y porque está decidida a plantar cara al abolicionismo que pone el membrete de “carne en venta” a todas las putas sin oír sus argumentos; a defender el oficio, a condenar las redes y cualquier tipo de trata -“faltaría más”– y a intentar mejorar las condiciones de sus colegas presentes y futuras. De ahí que el sábado dé el curso exprésProstitución: nociones básicas para la profesionalización’ (www.aprosex.com), junto a Cristina Garaizábal, psicóloga clínica con 30 años de experiencia en el mundo del sexo de pago y cofundadora del colectivo Hetaira de Madrid. Y, de momento, el comentario mayoritario de las cursillistas apuntadas es un aliviado “¡por fin alguien nos quiere enseñar!”, asegura la encargada de las inscripciones.

La primera lección del máster es capital: saber si realmente quieren ser putas. “Porque una cosa es la fantasía y otra, la realidad”. Deben darle una y mil vueltas. “Insistiremos en los inconvenientes -explica Borrell-. Deben saber que la contrapartida a ganar dinero rápido, por ejemplo, es mentir a tu entorno más íntimo sobre la procedencia de un dinero que no tiene explicación”. Ella misma ocultó a su hijo y a sus hermanos su vida paralela borrando las huellas como un trampero canadiense.

Por otra parte, la condenada crisis ha bajado las tarifas. Montserrat Neira, de 53 años, prostituta de libre elección desde 1989 y autora del libro ‘Una mala mujer’, explica que los precios actuales están lejos de cuando empezó. “En el 89 estar en un piso de 11 de la mañana a 9 de la noche significaba llevarse a casa el millón de pesetas (6.000 euros). Hoy, como máximo, te puedes sacar 3.000 limpios”, asegura. En parte, por la recesión, que afecta a los bolsillos del cliente como a todo hijo de vecino, pero también, como subrayan desde el portal PhotoEscorts, por la multiplicación de la oferta y la aparición de los anuncios en webs generalistas como LoQUo o Milanuncios, incubadoras del ‘low cost’ de la vida disoluta.

Luego está el encajar el estigma social, la consideración general de estar en el ‘lado indecente’.Te enfrentas a la idea preconcebida de ‘eres-puta-porque-no-sabes-hacer-otra-cosa’ y, por lo tanto, nadas en inseguridad”, explica Borrell. Porque la sociedad tiende a cosificar a la prostituta. Y le dice con todas las letras que su actividad es degradante. “Se hartan de repetir que todas somos esclavas, sumisas, humilladas y violadas; que no puedes decir que ‘no’ a las demandas del cliente, y eso es falso”, se queja, muy en la línea de la escritora francesa Virginie Despentes, que en su libro ‘Teoría King Kong’ sostiene que esa idea de envilecimiento generalizado es tan pertinente como hablar del trabajo textil mostrando solo imágenes de niños cosiendo en sótanos.

Lo peor de lo peor

La psicóloga clínica Cristina Garaizábal, la otra profesora del máster, explica que antes el oficio estaba más penalizado moralmente, pero también más extendido y, en consecuencia, ellas estaban más insertadas, “pero hoy las normativas dictadas desde las instituciones y la condena de un cierto sector del feminismo han calado en el imaginario social y las hace sentirse lo peor de lo peor, cuando la realidad es así solo para las víctimas de trata”. Los ‘síntomas’ derivados de ese estigma son: baja autoestima, sentimiento de que nadie te reconoce, desconfianza causada por la doble vida, angustia a la hora de negociar, miedo a la violencia.

Y frente a esa batería de fragilidades, la experta les propondrá un mantra: “Organízate, reúnete con otras trabajadoras sexuales, haz red de solidaridad y pelea por tus derechos”. Y Borrell, de natural más intensa, va más allá: “Si es una elección libre, no hay trabajo en el que la mujer se empodere tanto desde el primer minuto como el de puta. El cliente elige entre la oferta, pero las riendas las lleva la profesional. Eso les debe quedar claro”.

Gusto por el sexo

Una vez digeridos los inconvenientes -que, como han visto, son unos cuantos-, las maestras subrayarán que es primordial que el sexo no les dé dentera. “Una puta a la que no le guste el sexo es como una anoréxica metida a crítica gastronómica”, compara Borrell. “Eso posible, pero lo pasará francamente mal”. Y una vez no salen pegas, lo segundo es conocer y reconocer el propio cuerpo. “Para hacer sexo deben buscar su propio placer. Es imprescindible que la puta entienda que primero es ella. Ya tendrá luego oportunidad de conocer muchas variedades de penes y de saber cómo se comportan”, dice a la brava.

Después, y no menos importante, viene el márketing corporativo. “La candidata debe ofrecer algo con lo que se sienta poderosa, y exponerlo de manera honesta -enuncia-; si dicen que trabajan de 12 a 8, deben cumplir el horario; si afirman que miden 1,70, que así sea; si publican unas fotos de reclamo, hay un límite tolerable de Photoshop”, explica. “No pueden engañar, porque se perjudican a sí mismas y a todo el colectivo”. Sobre lo que sí engancha, hay poca ‘literatura’. Desde el portal PhotoEscorts suelen enviarles consejos de cómo hacerse las fotos y redactar un anuncio. “Pero no tienen interiorizada la idea de la importancia de invertir en su publicidad”.

Solventadas la convicción y la promoción, el siguiente nivel es la importancia de la inteligencia emocional y de la empatía. “Las putas somos listas, sabemos que el dinero no se hace con el coño, que lo tienen todas las mujeres del mundo –dice la maestra–, sino con la cabeza. Es fundamental escuchar mucho, prestar atención al cliente como si fuera lo más importante del mundo y memorizar la información que te dé”. Porque, al parecer, la gracia no es hacer muchos clientes, sino retenerlos, y saber manejar cada una de las situaciones. “Ahí es donde se ve quién es buena profesional –sentencia–, si no pasas de ser puta a ser zorra”. ¡Cielos! ¿Y cuál es la diferencia? “La misma que entre el arquitecto que se niega a seguir unos planos sin pies ni cabeza por el capricho de un cliente, o el que tira adelante sin más”.

Planes de ahorro

Y luego están las finanzas –”cada una guarda lo que quiere, pero lo óptimo es destinar un tercio al ahorro”, según Borrell, recordando una sabia máxima de su abuelo–, y los asuntos legales. El abogado Fernando Esteban, que ha elaborado el dossier del curso, asegura que “el primer consejo legal para una prostituta que quiere trabajar con normalidad y no en el mercado oculto es darse de alta en la Seguridad Social y en Hacienda. Pagar impuestos no solo las ampara como trabajadoras, sino que también las dignifica”.

Y es conveniente enseñarles cómo hacer una cobertura de seguridad. “Ellas deben sentir que no están solas, que si hay una agresión se puede denunciar”. De manera astuta, el curso servirá de paso para conectarlas, para darles la oportunidad de que se reconozcan como compañeras y no como competidoras. “Al principio todas tenemos angustias parecidas, como: ‘Se me ha vaciado un condón dentro, ¿habré cogido el sida?’. Crear y extender relaciones entre ellas les ayuda a combatir las incertidumbres”.

Y luego, claro, vendrán los consejos ‘mecánicos’. Porque en el vicio también debe haber virtud. “Hay que profesionalizarse”. Y sin titubeos, añade: “Porque uno de los trabajos de la puta es enseñar al hombre a ser mejor amante, que se vaya a su casa y sepa hacerle algo nuevo a su pareja. También arreglamos problemas, ¿eh? Una vez recuperé a un SSPM (Solo le Sirve Para Mear). Aquello estaba muerto. Tardé un año, pero lo conseguí. Eso es lo que realmente tiene precio”, concluye. El resto de secretos solo los sabrán las cursillistas.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/quiero-ser-puta-3105869

Propaganda y letargo ciudadano

28 enero 2014 | Categorías: Estatal, Opinión | |

Antonio Aramayona – ATTAC España

El 16 de enero pasado el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, insistía en la necesidad de que el Gobierno español realice pronto una “segunda ronda” de reforma del mercado laboral para completar la “recuperación del país”. El aparato propagandístico gubernamental, encabezado por el ministro de Guindos, trató de explicar de inmediato a la ciudadanía que “ahondar en la reforma laboral” significa “perfeccionar”, “simplificar” y “flexibilizar” aún más las diferentes modalidades de contratación, sin hacer mención del erial laboral de precariedad y explotación en que están convirtiendo al país, la falta de crédito, el tamaño descomunal de la deuda pública –camino del 100% del PIB– o la inasumible tasa de paro laboral. Con tanto ahondar en la reforma laboral, olvida el Gobierno del PP la “primera regla de excavación” de la ley de Murphy: “si estás en agujero deja de cavar”.

Funcionan la propaganda y la manipulación mediante la presentación machacona de una sola cara o color de la realidad. El primer verso del mantra actual repetido por el PP es que ya estamos en la recuperación de la crisis gracias a las “reformas” o “ajustes” realizados, cuando en realidad solo se recupera la economía de las grandes empresas y las grandes fortunas (cada vez más ricas, como denota la creciente desigualdad social en nuestro país), y solo el pueblo llano, especialmente el sector de la población más desfavorecida, sufre las medidas perpetradas para “equilibrar” el déficit. Simultáneamente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel DurÒo Barroso, quien acaba de recibir el Premio Carlos V, recalcaba la necesidad de una reforma fiscal que contribuya a la salida de la crisis; en realidad, una reforma fiscal en la que las grandes empresas y fortunas sigan pagando insultantemente poco amparándose en triquiñuelas legales concebidas a tal efecto, y sea el pueblo liso y llano el que cargue básicamente con las nuevas medidas impositivas. Por supuesto, de regulación de los mercados financieros, paraísos fiscales, blanqueo de dinero o de los enormes beneficios obtenidas por buena parte de las empresas del Ibex 35, ni una palabra.

Hablando de propaganda, Wert en España y Serrat en Aragón se amparan en que sus leyes y recortes buscan aumentar “la calidad de la enseñanza” (eso significa “CE” del acrónimo LOMCE) cuando en realidad atentan contra la calidad educativa la disminución del número de docentes y personal de apoyo en los centros, de becas y de ayudas, la reducción presupuestaria, la merma de horas de docencia de contenidos racionales y científicos reforzando, a cambio, las horas dedicadas a las creencias y al adoctrinamiento religioso, etc. Pero la propaganda funciona y se atreven a emplear los más gruesos argumentos para intentar justificar la adopción de unas decisiones políticas en materia de educación que fortalecen principalmente la red privada de enseñanza, dedicada a la multisecular formación de los hijos de las élites económicas y políticas. Ni Wert ni Serrat han pisado una sola vez un aula de Primaria o Secundaria, que desconocen por completo, pero son obedientes, cumplen los dictados de sus amos y repiten sin descanso el ideario propagandístico que les van proporcionando. Sorprendentemente, en el mundo educativo, en cualquiera de sus fases y etapas, no se mueve ni dios: allí trabajan muchos de los profesionales que más se quejan y lamentan, pero menos actúan. Ya lo dejó escrito Brecht: “Frente a los irreflexivos que nunca dudan, están los reflexivos, que nunca actúan”.

Todo el mundo habla de lo ocurrido en el barrio burgalés de Gamonal, pero España dista mucho de parecerse a Gamonal. La propaganda, el miedo, la comodidad, la indiferencia, el egocentrismo tienen paralizada a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que nada hace porque, recordando el poema de Martin Niemöller, de momento no es judía ni comunista ni sindicalista (de los sindicalistas de antaño, claro).

¿Qué tiene que pasar para que la ciudadanía se ponga en pie y luche por los derechos que le están arrebatando? ¿De qué sirve un sindicato de clase o un partido de izquierda, si no encabeza esa rebelión (activa, permanente, aunque siempre no violenta)? ¿Cómo aguanta un trabajador una jornada de ocho o diez horas en negro, sin seguridad y por una miseria de salario? ¿Cómo soportan unos padres de familia no poder dar de comer o vestir dignamente a sus hijos? ¿O un joven que vive en un piso viejo mediante el método de la patada a la puerta, sin trabajo, sin agua y electricidad propias, sin expectativas de futuro? ¿Qué clase de estómago necesita un agente de policía para que parte de su trabajo consista en reprimir las protestas y las reivindicaciones del pueblo? ¿Cómo se queda el cuerpo después de llamar “paz social” a esta penosa situación de letargo y parálisis de la población?

Ya lo dijo Goethe en su Fausto: “Lo que llamáis espíritu de los tiempos, en el fondo no es sino el espíritu de los amos”.

Profesor de Filosofía

Artículo publicado en El Periódico de Aragón
La Utopía es posible

http://www.attac.es/2014/01/28/propaganda-y-letargo-ciudadano/

El juez del caso Blesa: “En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad”

“El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos de Blesa. Es seguir navegando en el cinismo”. “Si hay una caza de brujas contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo”

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 02/01/2014

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.
“Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando”. Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que “en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad”, y recuerda que en la causa contra Blesa “nadie ha hecho nada” desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado “quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal”. “Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio”, señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros.

“Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez”, explica.

Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, “no están invalidados”, y revelan “sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo”. Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: “El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune”.

Silva entiende que si hay una “caza de brujas” contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese “escándalo judicial” debe ser investigado por el Tribunal Supremo.”La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate”.

¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?

No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.

Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato. Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente.

El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.

El fiscal le reprocha haber ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado.

La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa. Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.

Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.

¿A qué se refiere exactamente?

Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis.

Hay una prima de riesgo de corrupción, falta de integridad y deslealtad en la gestión

Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen.

¿Los correos de Blesa son nulos, como sostiene el fiscal Moix?

Hay gente que dice: los correos son inválidos. Mentira, los correos no son inválidos porque la existencia de los correos no depende de mi resolución. Cuando yo acuerdo una cosa como pedir las declaraciones de Hacienda o los correos corporativos de Bankia, la anulación de mi resolución no puede afectar a la validez de esas pruebas, ya que su existencia no depende de mi resolución.Nunca es inválido el correo por ser inválida la providencia por la que yo acuerdo ir a por el correo.

Los correos fueron estudiados por la Guardia Civil y los peritos de KPMG, que vieron datos sospechosos. ¿Qué decía el fiscal en aquel momento?

No existía. El fiscal por aquí no ha venido nunca salvo a los actos de las prisiones (de Blesa). Nunca ha estudiado documentación ni ha hecho preguntas relevantes.

Los indicios estaban sostenidos por mí, por el equipo de la Guardia Civil, por los peritos de KPMG, por los abogados de Manos Limpias, y ahora la Audiencia Nacional, y la sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la libertad de Blesa pero dice que en el caso del banco de Miami hay importantes indicios de criminalidad. La causa está viva, pero nadie hace nada. El problema era yo, estuve cuatro meses de suspensión, he vuelto y me he abstenido ¿Porqué nadie en 5 meses ha hecho nada ahí?

Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.

Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.

Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: “Quédese con la causa porque es del 9”. Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que “no”, que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.

La jueza y el fiscal han intentado quitarse de encima el caso del banco de Miami de forma torticera

¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco. Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.

Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.

La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sin valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino de que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal.

¿Cree que cometió errores en la instrucción?

Yo me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando. Yo soy un juez normal, de mi nónima, que no miró el nombre de nadie en los papeles. Yo no sabía quien era Blesa. En ese caso no hubo errores, todo es impecable. Pues nada: a por el juez. No hombre, eso es romper la baraja. Yo formo parte del sistema como el que más, desde luego mucho más que los corruptos. Dejeme en paz, y persígame cuando haya hecho algo mal de verdad, pero no cuando lo haga bien y a usted no le venga bien lo que yo hago, y usted puede hacer todo tipo de cosas que se salen de las reglas del juego.

Lo que está haciendo hoy Gavilán, el fiscal Moix y la Sala del TSJ de Madrid lo están viendo más de un milllón de españoles, hay nueve o diez plataformas ciudadanas trabajando día y noche para ver lo que está pasando aquí. Hay un político, Miguel Angel Revilla, que ha recogido 134.000 firmas. Los españoles quieren saber qué pasa, no estamos dispuestos a que nos tomen más el pelo. Esto nos cuesta mucho dinero. El rescate nos ha costado 40.000 millones.

Y queremos saber que pasó en Caja Madrid, en Bancaja, si ha habido una gestión delictiva que se cargó esas entidades, y si el hundimiento de esas entidades nos ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez. Y eso no lo podemos consentir.

¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó?

Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.

Las causas penales importantes no se mueven y los ciudadanos ven que todo sale gratis

La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo qué está pasando en el TSJ de Madrid, qué pasa con el instructor y qué pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza de brujas institucional contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo.

La causa que tiene abierta contra mí el instructor Jesús Gavilán no vale nada. Primero la querella nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate y no vale para nada, porque Moix (el fiscal) demuestra que ni siquiera ha estudiado la causa. No se dio cuenta de que yo me intenté inhibir en favor de la Audiencia Nacional, pero tampoco se dio cuenta de que no fui yo, sino mi compañero, Juan Antonio Toro, ya que me imputa la reapertura.

Además, no permiten que se reproduzcan los correos en la causa. Eso en sí es un  hecho que bordea lo incompresible y posiblemente sea delictivo, porque está privando del derecho de defensa en términos que son muy injustos. Yo meto a alguien en prisión y tengo unos elementos de juicio. Me tiene que dejar que todos los elementos de juicio afloren en la causa que abre contra mí por prevaricación. Cómo me van a privar de ello.

Declaran los secretarios judiciales, y señalan que no había retrasos en mi juzgado, y que los que había eran por el gran cúmulo de asuntos. Después los peritos, que respaldan mi investigación, y después los guardias civiles, que la apoyan por encima de mis expectativas. El fiscal Moix se dedica a amedrentar a la secretaria judicial y a números de la Guardia Civil que acuden a declarar como testigos, les reprende. Si eso es verdad, eso es un delito. Es una atrocidad, y hay que investigarlo. Y mientras tanto el caso Blesa está dormido, y el caso Banco de Miami aunque está vivo, está también dormido.

¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?

Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas. Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado aquí.

Está claro que mientras yo lo investigué no hubo filtraciones, y que yo investigué en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.

¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leído todos los correos?

Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por correo y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno.

Prácticamente todos los correos revelan sospechas de criminalidad, indicios, alertas o pruebas de cargo

Y prácticamente todos los correos revelan o sospechas de criminalidad, o alertas (no es un indicio pero sí una infracción de protocolo relevante en el ámbito bancario que hay que ver si llega a constituir indicio) o indicios porque reúnen varias alertas, o incluso pruebas de cargo. Pero hay que leerlos todos y conectarlos todos.

Y no sé cómo no reaperturan la causa Blesa de una forma muy sencilla: con cualquier indicio de criminalidad de los múltiples que han surgido nuevos, y pidiendo los correos de Barcoj, Amat y de los demás imputados.

¿Los correos son íntimos, como dice el TSJ de Madrid?

Al ser correo corporativo, no afecta a la intimidad. Además, para colmo, íntimo hay muy poco, prácticamente nada. Una cosa es intimidad cien por cien, y otra cosa intimidad relacionada con posibles infracciones muy graves de gestión bancaria que se llaman alertas. Imaginemos que una persona esté gestionando una entidad bancaria y está utilizándola para fines que tienen que ver con temas de amantes, historias. Es muy importante saber que la gestiona de esa manera. Y también cuando alguien gestiona una entidad y se dedica a otros negocietes. Porque esos ramales pueden dar lugar a otras infracciones de gestión o a nuevos delitos, que ya no sean delito societario y haya que incoar diligencias aparte como en el caso del banco de Miami. Que yo recuerde uno solo es cien por cien íntimo.

¿El hecho de que se estén conociendo los correos contribuye a hacer justicia?

Justicia a la corta. La justicia que puede salir de que se estén difundiendo no la voy a negar. A la corta, la ciudadania, el lector, sabe que aqui ha pasado algo muy extraño. Eso se ha conseguido. Pero el problema es que es una justicia corta, porque la larga que se investigue todo lo que ha pasado hasta sus últimas consecuencias, esclarecerlo por los jueces, y que se vea si se tiene que condenar, y que se cumpla la pena. Esa es la justicia de verdad.

Aquí la prensa está teniendo que hacer un trabajo de mínimos, de un país que está en situación de mendacidad judicial. Y está teniendo que venir la prensa a salvar unos muebles que no le corresponden. Eso es calamitoso.

¿La impunidad puede tener que ver con que en la caja estaban representados los tres principales partidos, sindicatos y empresarios?

La impunidad que rodea a este asunto, y los motivos por los que estos procesos se manipulan, se detienen, lo explicó linea a linea en un libro que se publica a finales de enero “La justicia desahuciada. España no es país para jueces”. Es de locos. Tiene que ver con personajes ilustres, personajes poderosos, elementos de la casta política, de la casta judicial.  Los ciudadanos ya no aguantan más. Es un espectáculo bochornoso que les produce náuseas.

¿Hay divorcio entre la calle y la justicia?

Hay un divorcio profundo. Los jueces se han divorciado de la sociedad. Se han metido en una esfera impresentable. En sus cargos, en su rollito interno. Sin la colaboración de algunas asociaciones judiciales el Consejo General del Poder Judicial no podría haberse politizado como lo está ni llevarse a cabo el sistema de reparto de botín de cargos en el Consejo desde hace más de 20 años. Aunque hay magistrados valientes en las asociaciones que están empezando a plantear que basta ya.

A lo mejor soy el primer juez que se ha cansado y ha empezado a contar

El único juez al que mira la ciudadanía como un juez legítimo, respetable, y que lo está haciendo bien soy yo, y eso no vale, porque no es verdad. Soy uno más, que a lo mejor me he cansado y he sido el primero que he empezado a contar.

Blesa se queja de que usted, con sus investigaciones, le ha ‘cercenado’ su vida profesional

Mi trabajo afecta a los ciudadanos, por eso lo hago con la máxima responsabilidad. En el caso de Blesa, no sólo creo que le ingresé bien en prisión, es que creo que no debería estar en libertad. España es el único país del mundo occidental que le mantendría en libertad. ¿Qué eso le ha podido producir perjucios? Tendría que demostrarlos, pero tendrían que ver con que aparece rodeado de indicios en la práctica de actividades de naturaleza penal.

¿Confia en la justicia española y en que Blesa será juzgado adecuadamente?

Ahora mismo tengo la obligación por sentido común de no confiar en la justicia española. Confío en la ciudadanía, que sabrá exigir a la justicia española que haga lo que tiene que hacer. El hecho de que no esté suspendido hoy, se debe a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. El corrupto intenta hacer creer que el poder lo tiene él y que nada tiene solución, y el ciudadano acaba diciendo: “esto no hay quien lo cambie”. Pero no es verdad, cuando los ciudadanos quieren, la sociedad cambia.

El movimiento ciudadano que se está produciendo alrededor de estas causas penales pedirá explicaciones, y se tendrán que cumplir las leyes. Cuando una causa está asociada al hundimiento de la tercera entidad financiera de un país, que era la caja de ahorros posiblemente más grande del mundo, y esa entidad está relacionada con asuntos muy turbios como aparecen en los correos –Gürtel, venta de armas– además directamente con una gestión bancaria que ha podido dar lugar al hundimiento de esa entidad, eso interesa a los ciudadanos.

Y cuando eso está relacionado con el rescate bancario, que ha llevado a España a donde estamos: generaciones comprometidas, inicio del desmantelamiento de servicios públicos, copago, repago, personas ancianas abandonadas, la ley de asistencia desmovilizada, gente que no se puede matricular en la universidad porque no tiene dinero, millones de personas en paro, miles de empresas quebradas; los ciudadanos dicen: mire, de todos los relatos que quiero oir, este es el que más me interesa.

El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. No quiere ya más engaños.

Noticias relacionadas

http://www.publico.es/dinero/492214/