México – Cada hora desaparecen en el país de 9 a 10 niños

Hidalgo
El Sol de Hidalgo,16 de diciembre de 2014

Por Alejandro Colón

Pachuca, Hidalgo.- Alrededor de 500,000 niños han desaparecido en los últimos seis años en México; es decir, entre nueve y 10 cada hora, de los cuales 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino, de acuerdo a distintas agrupaciones, reveló el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Francisco Coronato Rodríguez.

Sin embargo, el legislador de Movimiento Ciudadano puntualizó que en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos, pues los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.

En tal sentido, Coronato Rodríguez refirió que el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150,000, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.

En contraste, el portal de la Procuraduría General de la República (PGR) solo documenta a la fecha los casos de 1,385 niños robados o desaparecidos. Este último dato “demuestra falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”, consideró.

Dado que en México no existe una base de datos oficial que indique la cantidad y mucho menos la identidad de los menores cuyo paradero se desconoce, o que compile las investigaciones relativas al fenómeno, el diputado federal promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

También integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Coronato Rodríguez afirmó que la ausencia de una base de datos eficaz de esta naturaleza, que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.

Asimismo, se contaría, por obligación, con una base de datos de ADN de los menores desaparecidos, además de que permitirá a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto será únicamente para la localización de los niños.

Coronato destacó que la misma PGR calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45,000 menores de edad, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, las entidades donde se registra el mayor número de casos. Abundó que se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50,000 dólares por ellos.

No contar con una base de datos oficial, aseguró el diputado, resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, solo debajo del narcotráfico, pues se estima que tiene ganancias de 32,000 millones de dólares al año.

“Mi madre es una desconocida para mí”

Mujeres engañadas y niños robados relatan su reencuentro

Tras las pruebas de ADN comienza una frustrante carrera para recuperar el tiempo perdido


Benedicta García cuenta cómo era su vida antes y después de encontrar a su hija robada. / FOTO: ALEJANDRO RUESGA / VÍDEO: ÁLVARO DE LA RÚA, NATALIA JUNQUERA Y PAULA CASADO

El salón de la casa de Benedicta García está cubierto de fotos de su hija. Apenas queda hueco en las paredes para un calendario en el que un gran círculo señala una fecha, 28 de noviembre: “Tres años desde que encontré a Pili”, dice justo al lado. En las estanterías, colocados como si fueran trofeos, hay una decena de vídeos que su hija robada, Pilar Monclús, le ha ido enviando desde Barcelona para enseñarle a su madre los 46 años que se ha perdido: su primera comunión, su boda, el nacimiento de sus dos nietas, las fiestas de cumpleaños, los disfraces de Carnaval…

Varios miles de personas en España se acuestan cada noche soñando con reencontrarse, como Benedicta y Pilar. Han llenado fiscalías y juzgados de denuncias por robo de bebés (más de 3.000) y foros de Internet de fechas, nombres de hospitales, fotos y descripciones de marcas de nacimiento con la esperanza de encontrar al niño robado o a la madre engañada. Pero los pocos que lo han conseguido saben que tras la prueba de ADN que confirma el parentesco se abre un difícil proceso, una agotadora y frustrante carrera para lograr lo imposible: recuperar el tiempo perdido.

Benedicta García y Pilar Monclús

Vivieron de manera distinta su primer encuentro. “Me tomé dos pastillas para los nervios y una tila y bajé al portal. Cuando la vi llegar me di cuenta de que era mi hija. El corazón me latía… fue impresionante”, recuerda Benedicta, de 75 años. “Ella nos esperaba en el portal y en cuanto la vi pensé: ‘Esa es mi madre”, coincide Pilar. “Nos dimos un beso, subimos a su casa, charlamos… Fue algo frío”, añade. “A los dos días volví yo sola y lo pasé mal. Ella quería ejercer de madre, pero para mí era una desconocida. Me sentí muy mal, me agobié. Me dio un ataque de ansiedad. Con el tiempo se me ha ido pasando, pero es muy duro. Yo no puedo cambiar su vida ni ella la mía. No sé cómo es, la voy conociendo poco a poco. Para mi mis padres son los que me criaron. Es muy difícil establecer una relación madre-hija, con 50 años. Ahora intento no comerme la cabeza. La quiero mucho y me tiene aquí para lo que necesite. La llamo casi todos los días y le mando fotos y vídeos para intentar ponernos al día, pero es imposible”.

Junto a los vídeos, Benedicta muestra con orgullo los álbumes que ha ido llenando, carta tras carta, con las fotos que le envían las personas que más quiere en el mundo, pese a ser las que menos tiempo llevan en su vida. “Esta es del día que nos conocimos, cuando Pilar vino a verme a Logroño con su familia. Antes la llevaba en la cartera, pero hubo robos en mi barrio y la saqué”. A Benedicta no le preocupaba que le quitasen el dinero. Le angustiaba la idea de que el ladrón se llevase esa estampa que recoge el momento más feliz de su vida.

Tenía 26 años cuando llegó a un pequeño pueblo de la costa brava a trabajar de interna en una casa. Allí se enamoró de un ferroviario y se quedó embarazada. “Me dijo que no quería saber nada. No le volví a ver”. Ella lo desconocía, pero su novio estaba casado y tenía hijos. Su familia no la ayudó y Benedicta, a punto de convertirse en madre soltera en la España de los sesenta, decidió irse a Bilbao. “Fui allí como podía haber ido a otro sitio. Solo quería ir a una ciudad grande donde nadie me conociera”. En la casa cuna de Bilbao las monjas le dijeron que podía dejar allí a su hija mientras estaba trabajando e ir a verla cuando quisiera. “Pero empezaron a darme largas, a decirme un día que estaba dormida, otro que estaba enferma… y yo me volvía a casa llorando sin verla. El día que le llevaba una medallita y unos pendientes, sor Bernardina me dijo que no volviera más, que mi hija estaba con una familia y que me olvidara de ella. Nunca pensé que las monjas pudieran hacer esas cosas”.

Pilar Monclús, y su madre, Benedicta García, el día que se conocieron, en noviembre de 2011.

Benedicta contrató a un abogado para que presentara una denuncia y buscara a un detective que localizara a su pequeña. “Pero las monjas pagaron al abogado y el abogado al detective, que me dijo que mi hija estaba estupendamente con otra familia y que no la buscara más”.

Años más tarde, Benedicta se casó, pero no tuvo más hijos. Sobrevivió al accidente de tráfico en el que perdió a su marido, Carlos, en 1980, y siguió buscando a Pilar. No se quitó aquella medallita que le habían impedido ponerle a su bebé hasta que la tuvo delante, 46 años después, y pudo al fin entregársela. “Yo no quería morirme sin encontrarla”, explica Benedicta. Contrató a otro abogado y a otro detective. Les llevó toda la documentación y esperó. “Hasta que me llamó y me dijo: ‘Bene, pásate por aquí, que tengo buenas noticias”.

Llegó a casa con el teléfono de su hija anotado en un papel, pero después de haber estado buscándola toda su vida, no se atrevía a llamar. “Me puse nerviosísima. Pensé que igual ella no querría saber nada de mí”. Finalmente, se armó de valor y llamó a una casa a 480 kilómetros y 46 años de distancia. “Estaba temblando”.

Cogió su nieta. Pilar había salido, pero cuando volvió a casa recibió un mensaje que la dejó de piedra: “Ha llamado una señora de Logroño que dice que es tu madre biológica”. Pilar devolvió la llamada y puso el teléfono en altavoz para que su marido y sus hjijas, de 20 y 13 años, escucharan la conversación. Duró una hora. “Las dos estábamos muy nerviosas, sobre todo yo. Me preguntó por qué la había abanonado y le expliqué lo que había pasado”, recuerda Benedicta.

“Hubiese preferido ser una niña abandonada”, explica Pilar. “Saber que has sido robada, que habían destrozado la vida de una mujer, de una madre, te descuadra totalmente y sientes mucha rabia”. Ella supo que era adoptada con 13 años. “Me enteré por terceras personas, se lo pregunté a mis padres y lo corroboraron. Siempre pensé que mi madre me había abandonado hasta que hace unos años vi un programa de niños robados. Miré mi documentación, vi irregularidades y puse una denuncia en el juzgado de Barcelona que se archivó por falta de pruebas”. Pilar, como la mayoría de niños robados, tuvo una infancia feliz. “Tuve mucha suerte con mis padres adoptivos. Sé que pagaron una cantidad de dinero, pero supongo que a ellos también les engañaron. Murieron hace años. No sé cómo habrían reaccionado hoy”.

Benedicta y Pilar siguen conociéndose. Y sorprendiéndose. “Es impresionante. Pese a haber estado tanto tiempo separadas nos parecemos muchísimo, ¡hasta en la manera de andar!”, dice Pilar. También Benedicta lo repite desde su salón mientas ve los vídeos una y otra vez: “Nos parecemos mucho. Cuando los miro lloro y me río. Es mi hija y la quiero tener conmigo, pero ella tiene su vida y yo la mía. Nos vemos cuando podemos y así vamos haciendo la amistad, cogiendo confianza, pero cuesta mucho, porque el tiempo perdido es muy difícil recuperarlo”. Pese a las dificultades, encontrar a su hija la ha cambiado. “Todo el mundo me lo dice. Antes era retraída, apenas hablaba, estaba siempre triste. Ahora soy otra, tengo alegría..”.

María Luisa Torres y Pilar Alcalde

Pilar Alcalde (izquierda) y su madre, María Luisa Torres, poco después de su reencuentro, en 2011. / GORKA LEJARCEGI

María Luisa conoció a su hija Pilar 29 años después del parto en la clínica Santa Cristina (Madrid). Allí se la había quitado María Gómez Valbuena, la primera monja imputada por robo de bebés. El proceso judicial concluyó poco después de la muerte de la religiosa, en enero de 2013, pero mientras duró, decenas de mujeres que buscaban a sus bebés robados solían arropar a María Luisa y Pilar a las puertas del juzgado. Ver a madre e hija llegar juntas, cogidas de la mano, era el mejor motivo para la esperanza. Todas querían ser como ellas.

Maria Luisa y Pilar disfrutaron durante dos años de sí mismas. Se contaron sus vidas, se deshicieron en abrazos. “Era como si nunca hubiéramos estado separadas”, recuerda Maria Luisa. Pilar se fue de vacaciones a Ibiza con las hermanas a las que acababa de conocer. Pasó la primera nochebuena de su vida con su madre en 2011. “Iba a mudarse a vivir con nosotras”, asegura María Luisa. Pero todo se torció.

“Hace 13 meses que no hablamos. Un día dijo que necesitaba tiempo y ya no volvimos a saber nada”, lamenta María Luisa. “Perderla de nuevo, después de 29 años esperando, ha sido el palo más duro de mi vida. En casa ya no hablamos del tema. Es muy doloroso”.

Antonia Morro

“Mis padres nunca me ocultaron que era adoptada y cuando con 16 años quise encontrar a mi madre biológica, me ayudaron a buscar”, explica Antonia Morro. “A ellos les habían dicho que era una prostituta y que yo no era la primera hija que abandonaba. Mi madre [adoptiva]solía decirme: ‘Ahora será mayor, seguro que si la encuentras podrás ayudarla”.

Pero la madre de Antonia ni era prostituta ni la había abandonado. “Murió tras el parto, el 20 de agosto de 1963. Y ese mismo día las monjas le dijeron a mi padre que yo también había fallecido. Él y mis tías siempre sospecharon. Fueron al cementerio y les dijeron que me habían enterrado con mi madre. Era todo mentira, ¿pero quién le llevaba la contraria a la Iglesia en los años sesenta?”.

Todo esto se lo contó su hermana cuando logró localizarla en agosto de 2011 gracias a la ayuda de dos empleadas del Consell de Mallorca. “Investigando, se enteraron de que mi madre había tenido cinco años antes una hija de una relación anterior y la encontraron. Fue ella la que me dijo que mi madre había muerto después del parto, que mis padres no estaban casados cuando nací yo, que mi padre le había pedido que me buscara…” Quedaron los tres para hacerse un test de ADN. “Fue muy emocionante porque cuando mi padre se bajó del taxi dijo: ‘No hay que hacer ninguna prueba, esa es mi hija’. La verdad es que teníamos la misma cara”.

Al principio todo fue bien. “Mi padre estaba contentísimo. Conoció a sus nietas. Me contó cómo había conocido a mi madre…” Pero la relación también se torció. “Personas de su familia metieron cizaña, pensando en herencias, y mi padre se dejó llevar. Hace muchos meses que no hablamos. Pero no estoy dolida. Yo iba buscando a mi madre y ya no estaba, pero encontré una hermana con la que tengo una relación maravillosa. Tu padre es el que te cuidó cuando estabas enferma, el que te llevaba al colegio, el que te castigaba… el mío está en el cielo y no lo va a sustituir nadie”.

Su madre adoptiva también falleció hace siete años. En el salón de Antonia hay una foto de los dos. Y junto a ellos, desde 2011, ha colocado una de su madre biológica. “Cada día de difuntos visito la tumba de los tres”.

Ensayo del primer saludo

Natalia Junquera

“Para un hijo adoptivo, encontrar a la madre biológica suele ser el final de un proceso: el de conocer su identidad. Y para la madre, en cambio, es el principio, a veces cree que va a recuperar al hijo”, explica Jaime Ledesma, mediador familiar especializado en reencuentros. Los hijos adoptivos que buscan a sus madres biológicas quieren satisfacer una curiosidad, no encontrar otra familia, porque sienten que la suya es la que les ha criado. Para evitar que ambas partes se hagan daño, “hay que ajustar las expectativas antes, ir lo más preparado posible al reencuentro”, añade el mediador.

La primera norma es “paciencia”. “Esto no debe hacerse de un día para otro. El proceso puede prolongarse meses antes del reencuentro. Tienen que escribirse cartas contándose su historia, mandarse fotos, preguntar todas las dudas que tengan”. La preparación psicológica incluye hasta ensayos del primer saludo, el momento crítico, porque ambas partes han fantaseado mucho sobre ese instante y es fácil que a la hora de la verdad, no sea como imaginaban.

Ledesma explica que “es muy difícil llegar a tener una relación madre-hija o madre-hijo. Puede llegar a haber mucha complicidad, pero después de tanto tiempo cuesta crear una relación de ese tipo. Lo que surge es un vínculo especial para el que habría que inventar una palabra nueva: algo entre la amistad y la relación familiar. En el caso de niños robados, el hijo siente rabia y la madre tiene que reelaborar el duelo”. Es decir, ella tiene que darse cuenta de que encontrarlo no es igual que recuperarlo. Y el hijo ha de asimilar una información que puede complicar la relación con sus padres adoptivos.

Desde 2007 los hijos adoptados tienen derecho, por ley, a conocer su origen y saciar su curiosidad. Pero al revés no: la madre biológica no puede pedir los datos de la familia a la que ha ido a parar su hijo. Ledesma cree que que en los casos donde haya indicios de robo o apropiación de ese bebé, la madre biológica debería tener más garantías. Y advierte sobre el cambio legal que recoge el anteproyecto de ley de protección del menor, en el que la madre biológica pasar de tener seis meses para arrepentirse y reclamar a su hijo a solo seis semanas. “Es poco tiempo”.

Más información

La Audiencia Nacional guarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla

LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESPAÑA Y ARGENTINA

El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.– EFE

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias “occidentales y cristianas”. La condena era clara: ellos, los “hijos de subversivos”, jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, “Sacha”, una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.

Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que “un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres”. “El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto”, añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

 Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener “muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina”. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. “Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos”, recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. “Este caso era uno de los más claros”, señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.

Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. “se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro”, mientras que sus posibles hijos seguirían “residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo”.

Una red de odontólgos “se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados”

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un “listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española”. De esta manera, los funcionarios detectaron “la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación”. Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, “una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad”, explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la “existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados”. Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría “dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos”. Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/556667/la-audiencia-nacional-guarda-una-investigacion-secreta-sobre-los-bebes-robados-por-videla

‘Niños robados’ podrán buscar a sus familiares desde casa con un programa que detecta compatibilidades genéticas

Una aplicación informática les permite introducir su perfil genético para buscar las compatibilidades y facilitar los reencuentros

   MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) –

Los afectados por el ‘robo de niños’ han colaborado en el desarrollo de un programa que permite practicar comparativas genéticas de forma automática y “sin intermediarios” desde su propio ordenador, móvil o tableta para encontrar a sus familiares desaparecidos.

La ‘Plataforma de Afectados Clínicas de toda España. Causa de niños robados’ ha promovido esta iniciativa en colaboración con la compañía biomédica Progenie molecular S.L. que ha puesto en marcha este motor de búsqueda gratuito en la página www.bdgenetica.es.

“Nuestro objetivo totalmente altruista es poner a disposición de los afectados una herramienta para la búsqueda de familiares basada en los datos genéticos, de forma gratuita, eficaz y discreta”, explica la sociedad en la web, donde destaca que otra empresa, Prodat Valencia S.L., se encarga del asesoramiento en materia de protección de datos.

El usuario tendrá que aceptar primero las condiciones de uso y después registrar sus datos personales y marcadores de su perfil genético para que el sistema pueda funcionar de forma automática para encontrar las coincidencias. El perfil genético se obtiene tras realizarse las pruebas de ADN en un laboratorio.

“Las familias afectadas por la Causa de los Niños Robados, por fin van a poder hacer sus chequeos con otras desde su propia casa, sin que intervengan intermediarios, ni asociaciones, ni instituciones; en el momento que quieran”, explica la asociación.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Esta iniciativa está pensada exclusivamente para el encuentro entre familiares afectados por adopciones irregulares o por el robo de un hijo y es compatible con otras bases de datos como del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). De hecho, sus promotores recomiendan que los perfiles genéticos estén depositados en el mayor número posible de bases de datos tanto públicas como privadas.

Esta prueba de identificación no se podrá hacer a ningún individuo sin su consentimiento ni autorización y, en el caso de menores, se requerirá el visto bueno del adulto que ostente su patria potestad.

La compañía defiende que la plataforma es “absolutamente” legal, el fichero está registrado en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el uso doloso o fraudulento puede generar “muchos perjuicios” para los afectados, por lo que la empresa se vería “obligada a utilizar medios legales contra los infractores”.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ninos-robados-podran-buscar-familiares-casa-programa-detecta-compatibilidades-geneticas-20141016131410.html

¿Por qué nadie busca a los bebés robados en España?

Periodismo Humano publica este INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, en formato de PDF descargable para mayor comodidad y difusión

“No son tantos como dice la televisión. Quitábamos de media un niño al mes en cada hospital. Procurábamos que fuese a familias distintas, aunque a veces la necesidad del negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se entregaba.” Éste es uno de los testimonios anónimos que una supuesta implicada en la trama de secuestro y venta de recién nacidos en España ha hecho llegar a una de las asociaciones de afectados para intentar ayudarles en su búsqueda.

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, nadie más que sus familiares buscan a estos niños y niñas robados, hoy ya adultos. Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni las comunidades autónomas, ni el Defensor del Pueblo, ni la Unión Europea, ni la ONU… Ninguna institución los busca, salvo sus allegados, con los escasos medios a su alcance ¿Por qué sucede esto? A muchos de los afectados les parece que tal vez no los quieren encontrar. En ese caso, seguro que la inacción tiene un motivo poco confesable.

(El INFORME ESPECIAL completo, de 68 páginas, DESCARGABLE en PDF)

Los afectados han denunciados casos, acaecidos principalmente entre 1950 y 1990, en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias de todas las comunidades autónomas, y en concreto 34 de Andalucía, 25 de Cataluña, 24 de la Comunidad Valenciana, 22 de Madrid, 18 de Castilla y León, 12 de las Islas Canarias, 9 de Aragón, 7 de Castilla-La Mancha, 6 de Galicia, 4 de Extremadura, 3 de Baleares, los mismos que de Asturias y de Murcia respectivamente, 2 de Cantabria, otros tantos de Navarra y 1 de La Rioja.

Estaríamos hablando pues de miles, o decenas de miles, de ciudadanos, españoles o extranjeros, puesto que muchos fueron dados en adopción en otros países, que actualmente tienen una identificad falsa y que aún hoy día desconocen que fueron secuestrados y vendidos al nacer, puesto que a sus verdaderos padres les mintieron, aduciendo que su bebé había muerto. Son por tanto víctimas de un delito, el de la detención ilegal, que según la doctrina jurídica asentada es imprescriptible mientras permanezca el engaño.

Desgraciadamente, no estamos abordando algo muy extraño. Desde que a mediados del siglo pasado las madres dejaron de dar a luz mayoritariamente en sus casas para hacerlo en centros sanitarios, muchos han sido los casos descubiertos de redes de tráfico de menores. Diversos países, desde China a Ucrania, Marruecos o Argentina, en ocasiones han suspendido temporalmente las adopciones al extranjero por la sospecha de irregularidades generalizadas, sea o no el propio Gobierno nacional quien haya dado la voz de alarma. La Justicia tiene también mucho que decir, persiguiendo los presuntos delitos. Es de hecho lo que venía ocurriendo en España cada vez que se denunciaban casos, o bien por la propia iniciativa de la Policía o la Fiscalía, habiéndose llegado a condenar a algunos médicos y monjas que actuaban como asistentes sociales en las décadas de los ochenta y los noventa… hasta 2010. A partir de ese año, cuado empiezan a presentarse de forma masiva denuncias de presunto robo de bebés en toda España, sospechándose de una gran trama organizada, nada de nada. Ni una sola detención, ni un solo registro, ni una sola sentencia condenatoria y escasísimas imputaciones que al cabo no han llegado a cuajar en procesamientos.

Y eso que, como decíamos, algunas de las personas que aparecen ahora implicadas habían sido ya condenadas anteriormente por parecidos delitos. Por ejemplo, la religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable de un delito de sustracción de menores en 1984, y que sin embargo falleció en abril de 2014 sin que prosperara ninguna de las causas contra ella abiertas a partir de 2010. O el ginecólogo Adolfo Montero Peña, condenado por la Audiencia de Granada por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989, pero intocado igualmente por la denuncia que apuntaba hacia él de 2010. El propio doctor Eduardo Vela, tristemente célebre en la actualidad por haber dirigido la Clínica San Ramón de Madrid, con decenas de afectados, fue procesado a raíz de varias denuncias en la misma década de los ochenta, aunque la Audiencia de Madrid finalmente sobreseyó su causa. Tampoco progresaron las denuncias en los años ochenta contra la posteriormente muy conocida sor María Gómez Valbuena, de la clínica Santa Cristina, o sor Pura, directora de una residencia para madres solteras en Carabanchel, pero lo cierto es que, ante las fundadas sospechas de su posible proceder delictivo, ya en esa época fueron relevadas de sus cargos o trasladadas, tras presionar para ello la Diputación de Madrid, según algunas fuentes. Incluso en los albores de la democracia, en 1977, la Policía detuvo a la comadrona Margarita Campins, directora de la clínica Benisalem de Mallorca, y le incautó un bebé congelado que enseñaban a las madres para justificar que su hijo había muerto, cuando en realidad era secuestrado y vendido. El mismo método que cuentan se utilizaba en la San Ramón de Madrid.

Muchas actuaciones puntuales de Policía y Fiscalía en las décadas de los ochenta y los noventa, y sin embargo desde entonces hasta ahora, nada de nada. Es decir, cuando apenas se denunciaba, hubo varios condenados, detenidos y procesados, y sin embargo ni uno solo cuando se produce una avalancha denuncias, a partir de 2010, por idénticos hechos acaecidos en la misma época ¿Cómo es posible tal paradoja? Sólo hay dos opciones para contestar a esta pregunta:

  1. La casualidad, porque en los poquísimos casos investigados con anterioridad a 2010 sí se encontraron pruebas inculpatorias suficientes y sin embargo en los miles de casos denunciados posteriormente no fue posible. La mala suerte, el paso del tiempo, que puede hacer que se pierdan pruebas, etcétera. Existen justificaciones varias para apoyar esta hipótesis, siempre girando alrededor del concepto atávico de la fatalidad.
  2. Se está taponando la actuación judicial y policial. En esta segunda hipótesis, es de suponer que quienes ahora intentan tapar la cuestión son las mismas personas que presuntamente cometieron los delitos o bien tienen relación con ellas. En cualquier caso, se les presupone suficiente influencia en medios judiciales y policiales como para contener un movimiento que cuenta además con una clara simpatía social. Y además, deben creerse realmente muy poderosos, casi intocables, porque con esta ocultación o dejación de funciones estarían ellos mismos cometiendo un delito del que barruntan saldrán impunes. En cualquier caso, tendría que existir cierto acuerdo o coordinación entre ellos, por lo que estaríamos hablando entonces de una conspiración.

Para elegir entre una de estas opciones, la de la casualidad o la de la conspiración, es bueno tener en cuenta los factores que pueden prestarle mayor o menor verosimilitud a cada una de estas dos hipótesis. El primero de ellos es de carácter cuantitativo.

Aunque no existen estadísticas oficiales, porque las administraciones públicas no las han realizado, las asociaciones de afectados por el robo de bebés calculan que se han presentado cerca de 3.000 denuncias en juzgados de toda España, pero los casos documentados por estos colectivos de posible sustracción de menores son al menos el doble, es decir, unos 6.000 en total. Sin embargo, la incertidumbre es alta. Mientras que estas asociaciones insisten en que estas cifras son apenas una aproximación, la punta del iceberg, a una realidad mucho más amplia, lo cierto es que por diversas razones los casos no están prosperando en los juzgados. Una de las razones de ello es bastante grosera. Las asociaciones calculan que entre un 40 y un 50 por ciento de los casos han sido archivados por los juzgados por considerar que el delito había prescrito, cuando existe una circular de la Fiscalía General del Estado aclarando algo que es doctrina jurídica asentada; a saber, que el delito de detención ilegal no prescribe mientras persista la comisión del mismo, es decir, el desconocimiento de la víctima de su secuestro y por tanto el falseamiento de su realidad, de toda su vida al fin y al cabo. Pero, salvo los afectados, que siguen recurriendo estos autos de sobreseimiento, nadie hace nada para corregir este ‘error’ judicial. En el resto de casos, las denuncian no prosperan aduciéndose falta de pruebas o bien porque éstas indican hacia la comisión no del delito de detención ilegal, sino de otros, como falsedad documental o suposición de parto, que efectivamente habrían prescrito. Y así la pescadilla se muerde la cola.

La pregunta de esta forma sigue en el aire: ¿casualidad o conspiración? Hace falta acudir a elementos cualitativos para obtener mejores argumentos con los que apoyar la respuesta.

Desde la más pura honestidad intelectual, la mera denuncia, aunque sea masiva, no basta para demostrar ningún acto. A la hora de considerar unos hechos tan graves es necesario contar con pruebas suficientemente verosímiles de que existió una trama delictiva de tanta envergadura. El segundo factor a tener en cuenta es por tanto de carácter empírico: la demostración, aunque sea extrajudicial, de que los hechos ocurrieron.

En este terreno, la prueba más fehaciente a la que podemos recurrir ha de ser forzosamente el reencuentro de familiares, de hijos biológicos con sus verdaderos padres y hermanos que hubieran sido engañados con la falsa puesta en escena de la muerte del recién nacido. Hasta el momento de cerrar la primera versión de este dossier, en nuestro país se habían producido una veintena de este tipo de reencuentros familiares, todos ellos facilitados por las asociaciones de afectados mediante pruebas de ADN realizadas por laboratorios privados. La intervención de la Administración pública ha facilitado otro tipo de reencuentros, fundamentalmente cuando el proceso de adopción habría podido ser irregular pero consciente y voluntario por parte de la madre; nunca en casos que pudieran dar credibilidad a robo de niños.

Algunas familias reencontradas han preferido guardar su intimidad, mientras otras han querido compartir su alegría con el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Olivert, criado en Huelva por sus padres adoptivos pero nacido en Bilbao en 1965. El análisis de ADN realizado por un laboratorio privado ha confirmado, con un cien por cien de probabilidad, que su familia biológica es la vasca. Enrique siempre quiso averiguar su verdadera identidad, pero no se puso manos a la obra hasta que murieron sus padres adoptivos. Fue entonces cuando descubrió datos “confusos” en sus documentos de adopción, puesto que en algunos de ellos se decía que había sido abandonado por sus verdaderos padres, mientras en otros se omitía tal dato. Sin embargo, en uno de los documentos alguien trascribió el nombre de su verdadera madre. Fue quizás un error, porque en los años sesenta no se exigía legalmente tal requisito.

En una rueda de prensa abierta a todos los medios, Olivert explicó la versión que su verdadera madre le había dado de la historia: Sus padres eran novios pero no estaban casados. Su madre se quedó embarazada y dio a luz en una clínica bilbaína regentada por una orden religiosa. “La llevaron a una habitación en la que estaban siete u ocho mujeres como ella, solteras, a las que sólo le traían los niños para amamantarlos; no tenían la cunita al lado. A los tres días le hicieron firmar un documento para abandonar el hospital y salir a ver a su novio, y ya no la dejaron volver nunca más. Ella regresó con sus familiares para reclamar al niño muchas veces, pero la respuesta de las monjas era que se marchara, que no eran rosquillas para ir a pedir niños allí. Nadie le dijo si estaba vivo o muerto y eso le ha mantenido vivas las esperanzas todos estos años. Mi madre dice que las monjas son las que estaban detrás de todo esto, y que en la maternidad los domingos se veía a gente muy arreglada que era vox populi que venían a por los niños”. De hecho, cuando sus padres adoptivos acudieron a Bilbao “les ofrecieron dos niños para que eligieran y les dijeron que me llevara a mí, que era más morenito y me parecía más a ellos”.

Este caso, por ejemplo, no llegó siquiera al juzgado. La historia es muy parecida a las ocurridas en Irlanda en los años cincuenta, maravillosamente recreadas y llevadas a la gran pantalla por Stephen Frears en la película Philomena. En un clima social de impunidad e indefensión de las madres solteras de clases populares, donde estamentos como las instituciones religiosas o médicas tienen un poder y una capacidad de influencia inapelables, estos hechos ni siquiera eran denunciados, ni públicamente ni mucho menos en los tribunales de justicia.

En el supuesto de que hoy día, en España, el caso de Enrique Olivert fuera de denunciado ante un juzgado, la defensa más lógica que tendrían las personas de la maternidad bilbaína implicadas sería argumentar que su madre le dio en adopción voluntariamente, que no fue forzada ¿Bastaría este testimonio para cerrar judicialmente la causa? Veamos otro ejemplo para comprobarlo.

Más de veinte años después, en 1987, ocurrió en Barcelona un suceso parecido que sí ha llegado a los tribunales. Alfonsa Reinoso, que entonces sólo tenía 15 años, había sido retirada de la tutela de sus padres por los servicios sociales. Estaba embarazada, de un varón, según le dijeron, y fue internada primero en un centro religioso y luego en la Casa de la Jove, también de vinculación católica. Una asistente social la acompañaba a la prestigiosa clínica Instituto Dexeus para controlar el embarazo, donde era atendida por la ginecóloga Victoria López-Rodó, a la sazón familia del que fuera ministro franquista Laureano López-Rodó. Tras dar a luz, Alfonsa asegura que la doctora López-Rodó le comunicó que el niño había muerto por complicaciones durante el parto.

Según su relato a diversos medios de comunicación, Alfonsa fue inmediatamente expulsada de la Casa de la Jove y cayó en una larga depresión. Hasta que conoció a su actual marido, Manuel, con quien tuvo tres hijos. Dos décadas y media después de aquellos hechos recibió una llamada telefónica de una tal Marina que decía ser su hija, porque así se lo habían comunicado en la Dexeus. Alfonsa lo negó porque decía que nunca estuvo embarazada de una niña, sino de un varón. Sin embargo, los análisis genéticos han confirmado la maternidad. Madre e hija se reencontraron y, al enseñarle esta última las fotos de su vida reciente, reconoció como madre adoptiva a la asistente social que la trasladaba en taxi al centro hospitalario, Cristina Rimbau. La hija, Marina, también ha logrado averiguar a través de su padre adoptivo que quienes prepararon e intermediaron en la adopción fueron un matrimonio amigo, formado por Ignasi Gispert, hermano de Nuria Gispert, presidenta del Parlament catalán y secretaria general de Justicia y Gobernación de la Generalitat en la época en que se produjo el parto, y Teresa Cervelló, ya fallecida, conocida jurista que llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ellos ya tenían un hijo adoptado.

Alfonsa he denunciado los hechos. Sin embargo el juez ha archivado el caso, sin tomar declaraciones a nadie, por considerar que el delito de detención ilegal está prescrito. Dado que esta decisión va en contra de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, el fiscal encargado del caso en Barcelona ha pedido también el sobreseimiento, pero no por prescripción, sino porque dice tener pruebas de que Alfonsa dio en adopción a su hija voluntariamente, según han publicado los medios de comunicación catalanes. Esas pruebas serían un informe de la directora en la época de la Casa de la Jove (una de las denunciadas) y el testimonio recogido por la Policía de dos amigas de la madre de Alfonsa (a quien se le había retirado su custodia) afirmando todas ellas que la chica quería dar a su hija en adopción. No consta ningún documento firmado por Alfonsa cediendo al bebé. Sin embargo, caso archivado. Bastaron esos testimonios para cerrarlo. Por ahora, puesto que Alfonsa ha recurrido el fallo. “Yo sólo quiero que llamen a declarar a todos los implicados ya que a nivel judicial no se ha hecho y eso para mi significa tener una respuesta a todo esto”, insiste ella.

Al margen de los reencuentros, existen otros medios para probar la veracidad de las denuncias, como por ejemplo las tumbas de supuestos bebés fallecidos que se están encontrando vacías, o bien cuando el análisis de ADN confirma que el cadáver exhumado no pertenece a un hijo biológico de los padres. Han surgido multitud de iniciativas de Internet, en blogs y redes sociales, para la búsqueda entre hijos, padres y hermanos. Se han realizado series de televisión y se han publicados libros recreando los hechos, fundamentalmente los referidos a sor María Gómez Valbuena, la imputada más conocida por el robo de bebés hasta su muerte en 2013. Y, a partir de 2012, también el Ministerio de Justicia tomó cartas en el asunto, reuniéndose periódicamente con los colectivos representativos de los afectados y poniendo en marcha diversas iniciativas que, sin embargo, no han logrado calmar los ánimos de los quesiguen pidiendo no sólo justicia, sino también la búsqueda de los niños perdidos. Por ahora, el Gobierno no ha asumido como obligación tal búsqueda, sobre todo porque ningún tribunal ha dictaminado que se produjera secuestro de recién nacidos en centros sanitarios públicos, ni privados tampoco.

Los afectados sospechan dos causas principales de la parálisis de las investigaciones. La primera es que el reconocimiento de la comisión de estos delitos en centros públicos obligaría a indemnizaciones millonarias por parte del Estado a las familias. Esto presupone una importante preocupación de nuestros administradores políticos por el erario público y por las consecuencias del asunto a largo plazo, más allá de los mandatos de cada legislatura, cosa como mínimo harto discutible. En segundo lugar, los afectados creen que hay quienes estarían intentando proteger a colegas, amigos e incluso familiares directos que podrían estar implicados en los hechos. Esto es plausible en casos como el antes descrito de Alfonsa Reinoso, pero en muchos otros no se cumple esta condición tan claramente.

Los colectivos de víctimas no logran que su problemática trascienda a la opinión pública. Al contrario, las películas, series, vídeos, libros, programas de televisión, etcétera, realizados sobre los bebés robados, distribuidos a través de medios de comunicación masivos e Internet, conforman una amalgama que se ha transformado ya en una especie de folclore, sobre todo a la hora de focalizar la atención del público bien hacia los aspectos de tragedia humana, explotando a veces los aspectos más morbosos con fines solamente de atracción de audiencias, sin tampoco profundizar mucho más, o bien se convierten en un relato histórico de corte sentimental, como si ya hubieran pasado definitivamente y no tuviera mucho que ver con la realidad actual. Esto, al cabo, va en detrimento de los intereses de las víctimas, puesto que desvía la atención de la opinión pública, alejándola del verdadero debate, que básicamente consiste en preguntarse: si tan claro tiene nuestra sociedad que existió un robo masivo de niños y niñas para su venta, ¿por qué no se les busca ahora, que son adultos, para contarles la verdad y darles la posibilidad de reintegrarse a sus familias? ¿Por qué no se castiga a los culpables, si buena parte de ellos siguen vivos?

Además, tampoco existe una respuesta clara a la pregunta que planteábamos al principio: ¿por qué en los años setenta, ochenta o noventa se logró condenar a alguno de los que ahora aparecen implicados y en cambio a partir de 2010 no? ¿Qué pudo ocurrir en ese año, o en los inmediatamente anteriores, que haya cambiado el escenario de forma tan condicionante para las investigaciones? Este informe intenta contestar a esas preguntas, mediante la exposición y análisis de las cuestiones antes referidas sobre la verosimilitud de los casos denunciados como parte de una supuesta trama organizada en toda España, contando con el posible amparo o consentimiento de ciertos poderes públicos y fácticos. Es el resultado de poner en común los múltiples reportajes realizados por el autor sobre estos asuntos para el medio online Periodismo Humano junto a material que se ha quedado sin publicar.

A todo esto, y por empezar por algún lado, ¿qué fue de la oficina de atención a las víctimas cuya puesta en marcha anunció en su día el Ministerio de Justicia? Este organismo iba a censar a todos las víctimas de posible robo de bebés para poner en común su problemática y buscar vías de solución, mediante bases de datos, un banco de ADN, etcétera. Sin embargo, la iniciativa ha fracasado ante la desconfianza de los afectados. No se fían en absoluto de facilitar sus datos a un ente oficial, por el uso que se pueda hacer de los mismos. Lo expresa con claridad un afectado, el gaditano Jesús Alcina: “ni yo ni muchos otros pensamos dar nuestros datos al Gobierno hasta que no se depuren responsabilidades por el caso de Eduardo Raya, al que están injuriando y lo tienen acosado porque es el que tiene las cosas más claras”. Raya es considerado el denunciante pionero de bebés robados en España. Su caso es además paradigmático por otras muchas cuestiones. Empecemos, pues, por el principio. ——->>

El resto de este INFORME ESPECIAL es DESCARGABLE en PDF

 

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/por-que-nadie-busca-a-los-bebes-robados-en-espana.html

NOTA de PRENSA de la FEDERACIÓN COORDINADORA. X – 24

Las Víctimas por Delitos Permanentes, identificados como Robo de Niños, están profundamente indignadas, entre otros motivos, por lo siguiente:

1º.- La invisibilidad intencionada de la mayoría de los medios de comunicación con el fondo de este gravísimo problema de Estado, una vez que creyeron agotado el filón emocional del sensacionalismo primario.

2º- La contumacia en la ilegalidad de la que parecen hacer gala los poderes del Estado, unida a una parálisis que ya está siendo crónica con este Gobierno que incluso afecta a partidos políticos incapaces de plantear en su dimensión real planes para el reconocimiento de la Verdad de esos hechos. Entendemos que este problema es sin duda el de mayor complejidad de los que están incluidos en las dos Recomendaciones de los organismos de NN. UU., remitidas a España como exigencia a finales del pasado mes de julio con un plazo perentorio de noventa días para poner en marcha un plan razonable para su resolución. En el conjunto de las víctimas de la dictadura militar y sus secuelas los casos de Robo de Niños y Alteración Dolosa de la Identidad representan la mayor complejidad. Por ejemplo, el inmenso problema humano de las fosas de asesinados en un  genocidio panificado, falta la voluntad política y una dotación perfectamente asumible, ya que el mapa de fosas es conocido, existen testimonios vivos y los asesinos hace muchos años que siguieron la ruta natural de la muerte no violenta, eso sí, rodeados del respeto de sus cómplices. Pero en los casos que nos afectan, además de constituir tipificación clara de personas desaparecidas y Delitos Permanentes de lesa humanidad, pesa la relevancia social de algunos de los criminales implicados y sus redes clientelares, además del riesgo añadido de que muchos de ellos y sus cómplices, encubridores y beneficiarios siguen vivos y con mucho poder. En su afán de perpetuar la impunidad este Gobierno quiere olvidarse que precisamente estos casos tienen la relevancia de Delitos Internacionales por afectar a tráfico de seres humanos fuera de nuestras fronteras.

3º.- A mitad de los noventa días del emplazamiento expreso no se ha producido ningún intento de coordinar con los únicos interlocutores naturales para atacar este problema, y que lógicamente son las Víctimas, las familias y sus representantes legitimados. Lo conocido apunta a que volveremos a asistir impotentes a la repetición de otra vergonzosa simulación, en este caso no “en diferido” sino con voluntad de mantener la estrategia de inacción, tantas veces denunciada por nuestras asociaciones, y paradójicamente corroborada por la Defensora del Pueblo en respuesta a nuestras quejas. Serán nuevamente excusas inadmisibles y, como mucho, presentar un falso plan de actuación que no tendrá ninguna aplicación, que en absoluto resolverá los problemas y que será otro capítulo más de la desvergüenza internacional de España.

4º.- De las manifestaciones literales del Relator Especial de NN. UU., Pablo de Greiff, se desprende un indicio claro de la falta de voluntad política, judicial y legislativa, para intentar siquiera aceptar las exigencias de NN. UU. y resolver este inmenso problema social del Estado. Dice literalmente un apartado de ese Informe: “Varios representantes del Go­bierno, en las reuniones que mantuvieron, enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Como siempre esgrimiendo el trasnochado peligro  guerracivilista. Esto apunta con toda claridad a que, con las ya conocidas argucias empleadas frente a otras demandas anteriores de aclaración y reparación de estos organismos internacionales, el Ejecutivo español se volverá a pasar estos contundentes Informes por el forro.

Las Asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España, que ya han aportado documentados testimonios y datos contrastados, no sólo en sedes judiciales sino acreditando sus experiencias en el libro “Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España” (editorial Clave Intelectual), no pueden silenciar un comportamiento estatal que, aunque esperado, no deja de ser una vergüenza internacional. Apelamos a la ética cívica de nuestro pueblo para que demande con toda contundencia que el Estado cumpla con unos mínimos criterios de legalidad ante los organismos a los que pertenece por decisión ratificada mediante instrumentos de Derecho Internacional. Desde este momento avisamos que no depondremos nuestra legítima actitud de exigencia en todos los foros internacionales hasta que España cumpla con sus obligaciones. No le servirá la argucia de malos leguleyos (además de rozar la prevaricación) tras haber invalidado una parte sustancial de la Justicia Universal, ya que sigue operando, fuera de su ámbito de manipulación, el Principio de Concurrencia de Jurisdicciones que hace valer su eficacia erga omnes, es decir frente a todos, en aquellos procesos a los que se intenta entorpecer la acción de la Justicia, mediante la estrategia de que, es el país que tiene abierto un procedimiento de esta naturaleza el que puede impedir que se abra en paralelo en otros. En casos como los nuestros, cuya transcendencia trasversal e internacional se reconoció expresamente en el Parlamento Europeo al que acudimos en su momento y en cuyo ámbito nuestros expedientes siguen su proceso, será muy difícil que prosperaran las excusas tramposas a las que acostumbra el Gobierno de España.

Federación Coordinadora X 24 de Asociaciones de Víctimas

por el Robo de Niños en España. Madrid, 13 de septiembre, 2014.

Publicado por gotasdelluvia en:

http://adoptadosbilbao.blogspot.com.es/2014/09/nota-de-prensa-de-la-federacion.html

Presidenta de SOS Bebés Robados recurre al TC el archivo de su denuncia contra un ginecólogo y una matrona de Huelva

por Kaos. Derechos Humanos

Miércoles, 18 de Junio de 2014

La Audiencia archivó esta causa tras desestimar un recurso interpuesto a un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva que decretó la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción del delito…

Agencias

La presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el archivo en mayo, por parte de la Audiencia Provincial de Huelva, del segundo procedimiento judicial abierto por Ornedo contra un ginecólogo y una matrona que trabajaban en el hospital Manuel Lois de la capital en 1968 por el presunto robo del bebé del que fue objeto su madre nada más dar a luz.

La Audiencia archivó esta causa tras desestimar un recurso interpuesto a un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva que decretó la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción del delito, al remitirse a la decisión tomada en el pleno de este órgano judicial celebrado en noviembre de 2012, que se decantó por cerrar la vía penal a los asuntos de bebés robados en Huelva tras considerar que los delitos estarían prescritos.

Según reza en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación considera que se está “cometiendo una injusticia y se están vulnerando derechos fundamentales”.

Se trata del cuarto recurso que se eleva desde la provincia y el segundo por parte de Ornedo, y en el mismo dejan claro que las víctimas “no aceptan el límite de 15 años para la prescripción, ya que entonces el bebé no habría cumplido ni la mayoría de edad o en el mejor de los casos, siendo adulto no habría tenido conocimiento de los hechos delictivos sobre su persona hasta una edad más madura”.

A juicio de SOS Bebés Robados, el robo de un recién nacido es “un delito permanente el tiempo y, por tanto, el plazo debe correr desde el momento en el que toma conciencia del delito que sobre él se ha cometido, tenga la edad que tenga. De lo contrario estaríamos infringiendo principios y derechos constitucionales”.

Ornedo asegura que con este recurso su propósito es “ayudar a todos los compañeros afectados”. Del mismo modo, ha recordado que durante todos estos años ha escuchado a su madre “decir que la mataron ellos porque la niña estaba viva y era muy hermosa”, a la par que ha lamentado que la Audiencia “cerró las puertas de la investigación por falta de pruebas y ahora que se han aportado, el caso ha prescrito”.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s2/memoria-historica

La “conspiración” sobre el bebé robado que puede comprometer a Gallardón

El caso del primer denunciante en España de robo de bebés reúne tal cúmulo de posibles pruebas falsas e irregularidades para intentar archivarlo definitivamente que, de no rectificarse antes del juicio, afectarían gravemente al Ministerio de Justicia. El Parlamento europeo también investigará lo ocurrido.

Sus compañeros, afectados también por el supuesto robo de bebés, no dudan en calificar de “conspiración” lo que están sufriendo los primeros denunciantes de España, el matrimonio granadino de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez. Su caso reúne ya tal cantidad de posibles irregularidades y supuestas pruebas falsas que, de no ser rectificadas o aclaradas antes de llegar a juicio y a la investigación abierta por el Parlamento europeo, pueden comprometer seriamente la actuación del Ministerio que dirige Alberto Ruíz Gallardón. El Juzgado de Granada tiene que decidir sobre el último recurso de reforma, presentado esta misma semana, contra el archivo de uno de los casos a priori más flagrantes de todo el país:

  • 6 de junio de 1990: pasada la medianoche, Eduardo y Nuria acudían al Hospital Clínico San Cecilio de Granada por unas “leves molestias” y pérdida de líquido, tras un proceso de gestación de 38 semanas “absolutamente normal”, según consta en su denuncia en el Juzgado. Sin embargo, en dicho documento la madre relata cómo una enfermera “me rompió la bolsa diciendo que esto ya está” y le dijeron que existía “sufrimiento fetal”. Sin embargo no le practicaron inmediatamente la cesárea. Cuando Eduardo preguntó el motivo del retraso se le comunicó que estaban esperando a que llegara el ginecólogo Adolfo Montero Peña. Este mismo médico fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregular en la que intervino en 1989. Se trataba de una menor de Murcia que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales de su propio padre. El ginecólogo convenció a la joven de que no abortara, sino que tuviera el hijo y lo entregara a un matrimonio de Alicante, también condenados en esa causa. Ellos se hicieron cargo de “los gastos del embarazo y parto” y al nacer el niño los tres inculpados decidieron inscribirlo en el Registro Civil como hijo propio, ocultando su procedencia. Montero Peña tenía también relación cercana con la Clínica Santa Cristina de Madrid (http://www.afectadosclinicasanramon.com/), donde han sido denunciados decenas de casos de supuesta sustracción de recién nacidos.
  • Corte en la mejilla: Tras la cesárea, a los padres le comunican que la niña tiene una afección hepática muy grave. Cuando Eduardo acude a verla a la incubadora niega que ésa sea su hija, puesto que presenta un corte en la mejilla derecha, con dos puntos de sutura, y sin embargo la que él vio pasar tras salir del paritorio no lo tenía. No obstante, el pediatra Antonio Valenzuela Ruiz, le explica que el corte se le realizó por accidente con el bisturí durante la cesárea y que seguramente en el pasillo se confundió de perfil. Años después, Eduardo y Gloria se entrevistaron con los dos ginecólogos que practicaron la cesárea, Maher Balawi Balawi y Rafael Olivencia Dueso, negando ambos tajantemente que nunca hubieran dado ningún corte en la mejilla a recién nacido alguno en toda su carrera profesional y que, en todo caso, de haberlo hecho, jamás lo hubieran suturado, pues en los neonatos esas heridas no dejan cicatriz. La hipótesis que baraja la acusación particular es que esa bebé fue así “señalada” para la finalidad de enseñarla al matrimonio siempre en horario fuera de visitas.
  • Hepatitis: El 9 de junio de 1990 Valenzuela Ruiz comunica a Eduardo y Gloria que su hija ha muerto como consecuencia de una grave hepatitis neonatal y les pide que donen su cuerpo “para la ciencia”, a lo cual ellos se niegan, puesto que quieren darle sepultura por sus propios medios, aunque autorizan una biopsia del hígado. Ante la rareza de la afección hepática, los doctores Miguel Cámara y Trinidad Caballero envían muestras de hígado a sus colegas Miguel Bruguera, del Hospital Clinic de Barcelona, y Kamal Ishak, del Instituto de Patología del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ambos confirman que se trata de una infección vírica o bacteriana contagiada al feto a través del cuerpo de la madre. Sin embargo el historial clínico de Gloria Rodríguez asegura que en ningún momento del embarazo sufrió infección alguna, descartando incluso expresamente la hepatitis. Hasta ahora el Juzgado de Granada también se ha negado a que los médicos testifiquen sobre esta cuestión.
  • Análisis de ADN: Ante noticias aparecidas en la prensa granadina sobre cambios de bebés en el Hospital Clínico, en el año 2008 Eduardo y Gloria deciden exhumar por su cuenta el cadáver y practicar análisis de ADN. En 2009 los laboratorios ADFTecnogen y Genomica dictaminan que la enterrada no es hija de Gloria Rodríguez, según el cotejo del ADN mitocondrial. Denunciado este hecho ante la Fiscalía de Granada en marzo de 2010, ésta abre diligencias previas por varios presuntos delitos, entre ellos el de detención ilegal. Para entonces aún no habían aparecido ninguna de las miles de denuncias por robo de bebés en toda España ni se había descubierto que el aparato legal armado en 1940 entre registros civiles, instituciones religiosas y profesionales sanitarios, para la separación forzosa de menores de sus familias como medida de represión política, se había convertido a partir de 1955 en un lucrativo negocio que funcionó durante las décadas siguientes ante la pasividad de las autoridades primero franquistas y después democráticas. Tras el último relevo en la jefatura de la Fiscalía granadina, ésta ha cambiado radicalmente de criterio, pidiendo el sobreseimiento libre de esta causa, a pesar de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mostrado su criterio contrario.
  • Instituto Nacional de Toxicología: Ante la petición de análisis de ADN por parte del Juzgado granadino, el 8 de junio de 2011 el Instituto Nacional de Toxicología comunica que los restos biológicos custodiados por el laboratorio privado, unos cabellos, “no son adecuados para realizar un análisis genético de compatibilidad con sus posibles padres biológicos”, solicitando adicionalmente restos óseos. Sin embargo, esas muestras recogidas del cadáver no fueron remitidas a Toxicología hasta el 20 de julio. Es decir, que cuarenta y dos días antes de recibirlas, sin siquiera examinarlas, el organismo científico dependiente del Ministerio de Justicia ya decía que las muestras no le servían, lo cual confirma el 13 de octubre asegurando que ni en los cabellos ni en los restos óseos ha podido encontrar ningún tipo de ADN. Posteriormente, en julio y octubre de 2012, esas mismas muestras han sido estudiadas por los laboratorios Labgenetics y NBTdiagnóstico, llegando a una sola conclusión: “los cabellos analizados no pertenecen a ningún hijo/a biológico/a de Gloria Rodríguez con un 100% de probabilidad”. El último archivo de la causa decretado por el Juzgado ni siquiera ha tenido en cuenta estos dos últimos informes periciales, alegando que ya los había valorado la Audiencia de Granada, cuando la misma no lo hizo debido a que se “traspapelaron”. Evidentemente, éste es uno de los argumentos principales del reciente recurso de reforma de la acusación particular.
  • La “prueba falsa”: En el curso de la instrucción de las diligencias, la Policía Judicial decide informarse sobre la enfermedad que padecía la bebé muerta en 1990, y para ello acude a un facultativo ausente hasta entonces por completo del caso, el doctor José Aneiros Cachaza, quien “casualmente” (dice el informe policial) reconoce su letra en un manuscrito y admite ser la persona que hizo la biopsia al hígado del cadáver de la niña. Aneiros Cachaza localiza muestras de aquella biopsia, que también casualmente se conservaban veintitrés años después, aportándolas al Juzgado. De nuevo el Instituto Nacional de Toxicología realiza análisis de ADN y esta vez asegura que los restos de hígado pertenecen a una hija de Gloria y Eduardo. Sin embargo, la acusación particular envió la biopsia al propio doctor Bruguera, del Clinic de Barcelona, que las había examinado dos décadas antes, dictaminando que no pertenecen ni a un feto ni a un recién nacido de pocos días. Toxicología en cambio le contradice insistiendo en la posibilidad de que sean de un neonato. Para zanjar la polémica, Eduardo y Gloria encargan un tercer análisis, al laboratorio Labgenetics, quien dice contundentemente que la biopsia no pertenece a ningún descendiente de Gloria Rodríguez ni Eduardo Raya “con un 100% de probabilidad”. Sin embargo, éste último informe fue otro de los que se “traspapeló” y también ha sido hasta ahora obviado por la Justicia.
  • Los alelos: El último descubrimiento del letrado de la acusación particular, Rafael López Guarnido, es la cuestión de los denominados alelos o marcadores genéticos. Al examinar los análisis de la biopsia realizados por Labgenetics y por Toxicología, el abogado se ha dado cuenta, y ha puesto en conocimiento de la jueza, que mientras el primero compara 11 marcadores genéticos del hígado hallado, de Gloria y de Eduardo, para descartar la paternidad, el segundo sólo coteja 8 para afirmar lo contrario. Y además, de esos ocho, en cuatro de ellos los valores atribuidos a Gloria y Eduardo son distintos de lo recogido por el laboratorio privado. Uno de los dos informes está equivocado ¿Error de bulto o falseamiento intencionado?
  • Ministerio de Justicia: Ante el cúmulo de posibles irregularidades, que pueden ser incluso constitutivas de delito en último extremo. El propio Eduardo Raya, como presidente de la asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D) había comentando las especificidades de su caso al propio ministro Ruiz Gallardón, con motivo de las reuniones con las asociaciones de bebés robados en la sede del Ministerio. El noviembre de 2012 Raya recibió una carta del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde Díez, en la que concluía: “como puede comprender ningún interés tiene este Ministerio, que tan activamente está colaborando para ayudar a las familias afectadas de posibles sustracciones ilícitas de menores, en dar otros resultados que los que científicamente se obtengan, impidiendo la averiguación de lo sucedido”.
  • Parlamento europeo: En mayo de 2012 la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, Erminia Mazzoni, comunicó a Eduardo Raya la admisión a trámite de la queja que había presentado unos meses antes, por lo que la Eurocámara no sólo realizará la pertinente investigación, sino que además emitirá un dictamen de obligado cumplimiento para el Estado miembro, en este caso España.
  • La ONU: Eduardo y Gloria también comparecieron el pasado mes de octubre ante los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, Ariel Duritzky y Jasminka Dzumhur, que visitaron España para recoger testimonios de las víctimas del franquismo. Con toda seguridad comparecerán de nuevo cuando este organismo internacional inicie su investigación específica sobre el robo de niños, abarcando tanto la dictadura como la época democrática, e incluyendo la motivación económica, además de la política. Una actuación que ha sido solicitada a la ONU por varias asociaciones, como la canaria Colectivo Sin Identidad, y está en tramitación..

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/la-conspiracion-sobre-el-bebe-robado-que-puede-comprometer-a-gallardon.html

Dos naves almacenan historiales que podrían aclarar la trama de los bebés robados

Investigación

El doctor Vela asegura que quemó la documentación de los supuestos bebés robados

El gran problema para las madres y los niños víctimas de la trama de los bebés robados es la imposibilidad de acceder a los historiales médicos que pueden contener las claves de sus casos. El doctor Vela ha asegurado que quemó toda la documentación pero ‘Se enciende la noche’ ha localizado dos naves industriales que almacenan los historiales que podrían aclarar muchos de los casos de los bebés robados.

Dos naves almacenan historiales que podrían aclarar la trama de los bebés robados

¿Qué ha pasado con los expedientes médicos de las madres y los niños víctimas de la trama de bebés robados? A la hora de iniciar la búsqueda, las familias encuentran un escollo prácticamente insalvable: les niegan los expedientes médicos.El intento por acceder a los historiales es, en casi todo los casos, imposible. Les dicen que se han perdido, que han desaparecido o que han sido destruidos (el doctor Vela ha asegurado que quemó toda la documentación).

El equipo de investigación de ‘Se enciende la noche’ ha encontrado en el boletín oficial de la comunidad de Madrid una empresa que gestiona los archivos de varios hospitales de la comunidad de Madrid y ha localizado dos naves industriales que podrían almacenar los historiales médicos que podrían aclarar muchos de los casos de niños robados.

Situadas en un polígono a las afueras de Madrid, una reportera, haciéndose pasar por una niña robada, ha intentado acceder a los expedientes médicos. El acceso ha sido imposible. “No le puedo dar ningún tipo de información porque usted no tiene ningún tipo de autorización. No le podemos dar ningún tipo de información. Tiene que ser a través del hospital. Nosotros estamos contratados a través de esos hospitales y no podemos hacer nada. A nosotros nos piden la historia, la servimos y ya está”, ha explicado el trabajador, que ha confirmado que en esa nave están los archivos del Hospital 12 de octubre.

Los archivos de La Paz, en otra nave industrial a 20 kilómetros del hospital

Localizados los expedientes del hospital 12 de octubre, el equipo de investigación de ‘Se enciende la noche’ continúa indagando para localizar más archivos y consigue encontrar la nave en la que se encuentran los historiales médicos de La Paz pero los trabajadores dejan claro que, aunque el historial es propiedad del paciente, es el hospital el que los tiene que solicitar. “Nosotros no os los vamos a poder dar. Nos lo va a tener que pedir La Paz. La historia clínica es propiedad del paciente y si tú reclamas tu historia clínica te la tienen que dar”, ha dicho el trabajador de la empresa, que ha confirmado al equipo de investigación que los archivos del año 1975 están en esa nave.

El doctor Vela: “No me arrepiento porque no hice más que bendecir a Dios salvando vidas”

Pese a que son muchas las madres que le señalan como el médico que les atendió en el parto y como el responsable del robo de sus bebés, el doctor Vela lo niega de forma contundente. Según su versión, nunca intervino en el robo de bebés. Asegura que se limitó a salvar vidas. “No me arrepiento, no hice más que bendecir a Dios salvando vidas”, dice el doctor Vela, que asegura que Sor María era una muy buena persona.

http://www.telecinco.es/seenciendelanoche/programas/10-12-2013/dos-naves-industriales-almacenan-historiales-aclararian-trama-bebes-robados_0_1714650027.html

La lucha por los niños robados continúa tras pasar por Ginebra

CORTE O TRIBUNAL INTERNACIONAL

Madrid, 10 nov (EFE).- Tras presentar su informe ante el Comité de desapariciones forzadas de laONU el pasado martes, la asociación “Todos los niños robados son mis niños” ha vuelto hoy, apoyada por la asociación “Adelante Bebés Robados” y Ceaqua, a la madrileña Puerta del Sol con la esperanza de conseguir que se reabran los casos de este tipo acaecidos décadas atrás en España.

Soledad Luque, su presidenta, ha instado al Gobierno a que “tenga la decencia” de no ignorar los casos de niños robados que no han quedado solucionados durante la época del franquismo y años posteriores, a la espera de los dictados que la ONU realice al respecto.

Las recomendaciones del comité se conocerán el próximo día 15 de noviembre y Luque se ha mostrado esperanzada al respecto: “Las sensaciones en Ginebra fueron muy buenas, por lo menos nos escucharon, algo que en España no pasa” debido a que, y según ha continuado, “el Gobierno no quiere investigar los casos de desapariciones forzadas anteriores a 2010”, año en el que entró en vigor el cumplimiento de la Convención Internacional sobre esta materia.

Ana Messuti, una de las abogadas que lleva el caso ha insistido en la importancia de exponer el caso de los niños robados ante la ONU como organismo internacional: “Tratamos de remover la justicia internacional para que llegue un día en el que aquí se puedan investigar estos casos”.

Desde “Adelante bebés robados”, Ángel Casero, su secretario, fue muy crítico en lo referente al posicionamiento del Gobierno al respecto: “Confiaríamos en el Gobierno si cambiara su actitud, que ahora mismo se basa en archivar las denuncias”, a lo que ha añadido que “seguiremos saliendo a la calle, iremos a Argentina, a la ONU o donde haga falta para que se termine haciendo justicia con nuestros niños”.

Por su parte, la delegación que representó el miércoles al Estado español ante el mismo comité de la ONU se amparó en que los delitos ocurridos en épocas de la dictadura ya han prescrito, además de quedar absueltos por la Ley de Amnistía de 1977.

Sin embargo, las asociaciones que persiguen esclarecer las causas de los bebés robados argumentan que el robo de bebés es un delito de Lesa Humanidad -contra la humanidad-, es decir, “que no prescribe con el paso del tiempo”, algo en lo que ha insistido Luque.

(Agencia EFE)

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/corte-o-tribunal-internacional/la-lucha-por-los-ninos-robados-continua-tras-pasar-por-ginebra_43vBiRDaeHxbfbyVhDSoF7/