Urgente: nueva era, nuevas soluciones

 I 5 febrero 2015

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

“Ningún desafío se sitúa más allá de la capacidad creadora de la especie humana”.
John Fitzgerald Kennedy, 1963.

Hay que inventar el futuro. La inercia es el gran enemigo, ya que pretende aplicar a nuevos problemas pretéritas soluciones. Nunca en el pasado han cambiado tantas cosas tan rápidamente. Favorecer una adecuada evolución puede evitar la revolución. “Situaciones sin precedentes requieren —ha dicho Amin Maalouf— soluciones sin precedentes”. Durante siglos, el poder absoluto masculino se ha basado en la razón de la fuerza. Ahora ha llegado el momento de, con firmeza, utilizar la fuerza de la razón. En la era digital, los seres humanos dejan de ser invisibles, silenciosos y obedientes. Dejan de ser súbditos para ser ciudadanos plenos. Tienen lugar cambios profundos en el espacio, el tiempo y la naturaleza de nuestro proceder.

Se equivocan quienes consideran que nos hallamos ante una crisis coyuntural y pretenden reinstaurar el “orden” anterior. Nos encontramos en una encrucijada histórica en la que todos los seres humanos y no unos cuantos vivirán una vida digna de ser vivida. Hay que pasar de tener a ser. De “más” a “mejor”, de la “abundancia asimétrica” a la sobriedad voluntaria y compartida.

El sueño de la prosperidad de los pocos ha prevalecido sobre el sueño de la liberación de los muchos. Las parcelas de la autonomía personal se han  ido reduciendo en términos económicos, de conducta… hasta de pensamiento, por el agobio informativo y mediático. Es precisa una reapropiación del tiempo  para reflexionar, imaginar… y “pensar lo que nadie ha pensado”.

– Inaplazables momentos de decisión: Así empieza la Carta de la Tierra: “Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana, una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz”.

Debemos actuar resueltamente, sin mayores aplazamientos, sobre todo cuando se trata de procesos potencialmente irreversibles. Estamos viviendo, especialmente desde hace algunas décadas, en medio de una extraordinaria confusión conceptual, degradación ecológica, extrema pobreza, inexcusables disparidades, amenaza nuclear, carencia de un multilateralismo eficiente…, debacle, en suma, de un sistema basado en el dinero y el cortoplacismo.

Hugues de Jouvenel, en su introducción titulada De una era a otra, a un reciente número de Futuribles, subraya el acierto del Club de Roma, con el hombre-atalaya Aurelio Peccei al frente, cuando en 1972 ya alertó sobre los “límites del crecimiento” y sobre la imperiosa necesidad —y deber, por nuestras responsabilidades intergeneracionales— de reponer en toda la medida de lo posible los recursos naturales consumidos y de evitar el deterioro del medio ambiente.

Hoy tenemos que tener en cuenta, en nuestro comportamiento cotidiano, la globalidad de la Tierra. La deslocalización productiva  y la contaminación que la acompaña no resuelven nada a escala planetaria. Es preciso sentirnos y actuar como ciudadanos del mundo, actuando de tal modo que podamos satisfacer las necesidades básicas sin destruir el ecosistema. “Estamos al borde del abismo de una crisis política, económica y financiera”, ha escrito el economista Thomas Piketty. Y social, medioambiental, conceptual y ética, debemos añadir.

Ahora, por fin, sabemos. Por fin, podemos expresarnos libremente. Por fin, la igualdad de género permitirá el equilibrio que constituye la piedra angular de una nueva era, en la que en lugar de esquivar los grandes desafíos, les haremos frente y no aceptaremos lo inaceptable.

– Lo éticamente inadmisible. Como parte de mis retornellos:

1. Es intolerable que 3.000 millones de dólares se inviertan diariamente en gastos militares y en producción de armamentos al tiempo que mueren de  hambre y desamparo alrededor de 40.000 personas, la mayoría niños y niñas de uno a cinco años de edad.

2. Según un reciente informe de OXFAM, 85 personas poseen una riqueza mayor que la de la mitad de la humanidad (¡3.300 millones de personas!).

3. La “sociedad del bienestar” representa alrededor de un 20% del conjunto de los habitantes del planeta, lo que significa que una gran mayoría de seres humanos no se albergan en el barrio próspero de la aldea global.

4. La ayuda al desarrollo por parte de los países más prósperos ha decrecido en lugar de aumentar: con algunas excepciones, no se cumple la recomendación de las Naciones Unidas en 1974 de que los países más avanzados contribuyan al progreso de los más necesitados con el 0,7% de su PIB (España, se halla a la cola de ayuda al desarrollo, ya que ha pasado del 0,46% en el año 2010 al 0,16% actualmente).

5. Con una estrategia de inclusión y una regulación bien establecida jurídicamente de determinadas actividades, la explotación, especialmente realizada por grandes empresas multinacionales, podría dejar rápidamente de ser una de las mayores afrentas a la humanidad actualmente: la que con altas vallas y concertinas trata evitar la inmigración forzada por el hambre y la desesperación, en lugar de poner en práctica una política que evite los excesos actuales, propios de la impunidad que existe a escala supranacional.

6. El cambio climático, la fusión del Ártico… no se trata sólo de grandes desafíos geopolíticos y geoeconómicos sino, sobre todo, de impedir que, habiendo entrado ya en el antropoceno, disminuya la calidad de la habitabilidad de la Tierra…

– Ausencia de las instituciones multilaterales adecuadas. En el año 1989, cuando todo clamaba paz; cuando el presidente Nelson Mandela había logrado la conciliación en Sudáfrica y la desaparición del abominable apartheid racial; cuando el inmenso imperio de la Unión Soviética se había transformado, por la magia de Mikhail Gobachev, sin una sola gota de sangre, en una gran Comunidad de Estados Independientes; cuando concluían satisfactoriamente los procesos de paz de Mozambique y El Salvador y se reiniciaba el proceso de paz en Guatemala… el neoliberalismo globalizador sustituyó, ante la impasibilidad de Occidente, los grandes principios democráticos tan bien establecidos en la Constitución de la UNESCO, por las leyes del mercado, y a las Naciones Unidas por grupos plutocráticos, integrados por seis, siete, ocho… 20 países… Y se constituye, fuera del ámbito del Sistema de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio; no se suscribe la Convención de los Derechos Humanos de la Infancia por la administración republicana de los Estados Unidos en 1989; se invade Irak, alegando pretendidas armas de destrucción masiva; sigue sin resolverse el contencioso palestino-israelí y a los conflictos interreligiosos se añaden, con especial virulencia, los intrarreligiosos (shiítas, sunitas, salafitas, yihadistas…) y resurgen con fuerza, incluso en “ejemplares” países nórdicos de Europa, la xenofobia y el nacionalismo.

En los Estados Unidos, el presidente Obama, haciendo uso de las facultades propias de la Presidencia, logra importantes progresos sociales como la aprobación del “medicare”; la incorporación de varios millones de inmigrantes que no habían sido todavía “regularizados”;  la disminución del presupuesto bélico del Pentágono; el crecimiento económico a través de importantes incentivos al trabajo y a las grandes obras públicas, mientras que una Unión Europea, caracterizada por la apresurada unión monetaria sin una unión política y económica previas, retrocede progresivamente en su papel en pro de la democracia y de las libertades públicas, sometiéndose estrictamente al dictado de las pautas financieras  no sólo con recortes económicos considerables, sino de las grandes conquistas sociales alcanzadas, desplazando, además, la creatividad e invención hacia el Este, consintiendo que China haya logrado, en el mes de septiembre del 2014, superar a la Unión Europea en esfuerzo en I+D+i.

¿China, país comunista, convertida en una gran potencia capitalista? ¿Y la India? ¿Cómo puede ser que sigamos analizando los problemas actuales basándonos en los “grandes poderes tradicionales”, sin tener en cuenta la realidad del mundo actual? Como científico, sé bien que sólo podremos transformar la realidad en profundidad si en profundidad la conocemos.

Ex ministro de Educación y ex director general de la Unesco

Artículo publicado en Público.es

http://www.attac.es/2015/02/05/urgente-nueva-era-nuevas-soluciones-i/

Feliz año de cambio

Que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas

Beatriz Gimeno 

25/12/2014 – 19:12h

La semana pasada volvía a Madrid en avión y, por la razón que fuera, tuvimos que dar unas vueltas antes de tomar tierra. Mirando por la ventanilla, a esa altura en la que se ven los huesos y las venas de las ciudades, e incluso se distinguen los coches, lo que se distinguía muy claramente era una línea de cemento que como un río tranquilo se delineaba al lado de las autopistas atestadas. Una línea larga, ancha y completamente vacía que discurría en muchos tramos paralela a la otra vía llena de coches. Y al final de ambas esperaba el atasco de entrada a Madrid en hora punta. Era evidente que nadie iba a pagar por llegar un poco antes al atasco de entrada, era evidente que las radiales de pago iban a ser un fracaso, era evidente que se hicieron no por necesidad, sino por la razón por la que en España se vienen haciendo las obras públicas desde hace mucho, por dinero: dinero que se va distribuyendo por medio de comisiones entre muchos actores opacos, dinero de sobreprecios, dinero del rescate con intereses que se pacta desde el comienzo de la obra. El final es ya conocido: la obra es un inmenso fiasco, pero no importa porque los que hacen negocio se han enriquecido un poco más y porque al final el fiasco lo pagamos nosotros y nosotras.

Lo hemos visto con auditorios enormes vacíos e innecesarios, autopistas, hospitales que no sirven, aeropuertos, estaciones de tren, edificios mastodónticos o almacenes de gas que provocan terremotos. Siempre hay dinero para construir lo que no hace falta, lo que nadie quiere, lo que es peligroso o contaminante; y hay dinero también, lo que sea necesario,  para tratar de reconstruir el desaguisado o, simplemente, para devolvérselo a quienes antes lo han tirado, y lo han tirado porque saben que llegará más.  2400 millones de euros es lo que nos quitan para dárselo a los dueños de unas autopistas que cualquier persona normal hubiera predicho que iban a ser un desastre. Pero eso no importa porque ese es el verdadero negocio de estas obras inútiles, faraónicas, carísimas e innecesarias: el rescate. Que se lo digan a Florentino Pérez, que al final va a recibir 4000 millones entre devolución más los intereses de su proyecto de almacén de gas Castor. Todo para el pueblo, Todo el poder para los soviets, Power to the people… A estos lemas históricos habría que sumar otro, el de la revolución neoliberal, uno que se cuidan de ir gritando por las calles pero que se  saben de memoria en los despachos: «Todo el dinero para los ricos».  Lo bueno es que ya nos vamos dando cuenta de que ese «todo» se refiere a nuestro dinero; es decir, al que se destinaba a pagar aquello que necesitamos para poder vivir: la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes, la energía, todo lo que es o debería ser común.

El mismo día en que yo aterrizaba en Madrid y veía desde arriba ese inmenso timo, perpetrado entre otros por quien ahora se postula para alcaldesa de Madrid, los enfermos de hepatitis C se encerraban en el hospital 12 de octubre para pedir que se les administre un medicamento que les puede salvar la vida. Los habituales defensores de la vida embrionaria y fetal, en cambio, no tienen opinión sobre las vidas de estas personas que están condenadas a morir porque los ricos, las farmacéuticas en este caso, han puesto un precio absurdo, desorbitado y criminal a un medicamento; y también porque los políticos que nos gobiernan, y que son los que supuestamente velan por el bien común, solo velan, en realidad, para detraer dinero público y enviarlo a los bolsillos de quienes más tienen, y no para distribuirlo, faltaría más, en las necesidades de la gente, aunque sean necesidades vitales.

Ya sé que la mayoría de los que leemos este diario lo sabemos; ya sé que mucha gente lo sabe aunque no debe saberlo la suficiente puesto que los políticos que nos han hecho esto siguen sacando cotas inexplicables de votos. Por eso no podemos dejar de insistir, de golpear la misma piedra hasta que la piedra se haga añicos. Repitan conmigo: 1350 millones de euros al proyecto Castor (al final serán 4000 millones); 2400 millones de euros a las innecesarias autopistas de  peaje; 3000 millones regalados a las empresas eléctricas porque sí; 100.000 millones (o más)  a bancos y cajas de ahorros, a los de las tarjetas black, a los de las preferentes, a los estafadores de jubilados y de pequeños ahorradores. Y esto son solo las cifras más llamativas, las otras, las que hablan de millones de euros diseminados en proyectos o negocios que significan dinero público que se detrae de nuestras vidas para acabar en los bolsillos de alguien… esos son literalmente innumerables; la última semana, por ejemplo,  una imprescindible Torre del Vino por más de 4 millones de euros en Socuéllamos y que no va a visitar nadie (podéis llamarme vidente). Una obra inaugurada por la misma Cospedal en cuya comunidad los enfermos mueren en los pasillos porque el dinero para cuidarles ha ido a la torre del vino, a muchas torres y a unos pocos bolsillos.

En los pasillos del hospital 12 de octubre los enfermos y las enfermas de hepatitis C y sus familiares esperan con la angustia de los condenados a muerte un medicamento que les salve la vida. Estas personas no han robado a nadie, no se han enriquecido a costa de nadie, sino que son las víctimas de los robos de otros.  Pensemos por un instante en un sistema que pone un precio de 25.000 euros a un tratamiento médico y que, en cambio, pone un precio de cero euros a la vida humana. Pensemos en unos supuestos representantes públicos que hacen lo contrario exactamente de lo que la gente quiere que hagan, que gestionan lo que es de todos de manera que acabe en los bolsillos de muy pocos. Sigamos repitiendo las obviedades porque no deben ser tan obvias cuando tanta gente aún no lo acaba de tener claro. Sigamos dando y dando a la piedra hasta que no quede piedra donde dar.

Os deseo a todos y todas, y deseo para mí misma, un año 2015 de cambio; que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas. Y que a los ladrones y a los corruptos se les pueda juzgar y castigar. Que nuestro deseo de cambio nos convierta en la fuerza imparable que necesitamos para recuperar la vida que nos roban.

www.eldiario.es/zonacritica/Feliz-ano-cambio_6_338826116.html

¿Saliendo de la crisis? Los salarios más bajos y desiguales desde 1992

El Gobierno insiste en la salida de la crisis mientras los datos estadísticos muestran un aumento de la desigualdad y una merma del poder adquisitivo de la población asalariada.

Colectivo Ioé

22/12/14

Concentración de trabajadores de Madrid Río en el Parque de M30, el 15 de diciembre. / Juan Zarza / Diso Press

La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada.

La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios(1) correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y distribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales (encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria) presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas laborales como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados.(2)

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años. El pico más alto corresponde a 1993 cuando se alcanzó un salario medio que, en euros constantes, superaba en un 14% al de 2013; el segundo pico corresponde a 2009, con un salario medio un 13% mayor que el último publicado (Gráfico 1).

Gráfico 1. Salario medio anual en España (1992-2013)La evolución del salario medio en las dos últimas décadas no ha sido lineal sino que ha oscilado recorriendo tres etapas: descenso de 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo entre 1993 y 1999, a caballo entre la crisis de 1992-93 y el inicio del largo ciclo expansivo que le siguió; subida de 13 puntos entre 1999 y 2009, coincidiendo con la última etapa del ciclo expansivo y los primeros años de la crisis; y nueva bajada de 11 puntos entre 2009 y 2013. Los perceptores de salarios han pasado, según la Agencia Tributaria, de 19,3 millones de personas en 2007 a 16,7 millones en 2013, es decir, se han reducido en un 13,5% en la reciente etapa de crisis; sin embargo, la masa salarial (la suma de todos los salarios) se ha reducido mucho más (-19,6%), dando lugar a una caída importante del salario medio.

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años

Los salarios reaccionan con retraso a las fluctuaciones de los ciclos económicos y con tendencia general a la baja, a diferencia del capital accionarial de las empresas, que es hipersensible a las coyunturas económicas y con tendencia general al alza. Así, el resultado final para el período cubierto por el Barómetro social de España (1994-2013), es el que se recoge en el Gráfico 2: mientras el PIB ha experimentado un crecimiento global del 45% (de 0,7 a 1 billón de euros constantes de 2013), el valor del capital en acciones se ha revalorizado en un 371% (de 0,4 a 2 billones) y el salario medio se ha depreciado en un 8% (de 20.100 a 18.500 euros, en cómputo anual). Como consecuencia la participación de los salarios en la renta nacional es cada vez menor, perpetuando la tendencia a la redistribución regresiva de la riqueza y la desigualdad social.

Gráfico 2. Evolución del salario medio en comparación con el PIB y el capital en acciones (1994-2013)Una caída salarial desigualmente repartida

Si observamos la evolución salarial por tramos de edad en el último ciclo de crisis (2007-2013), resulta sorprendente que la bajada por tramos haya sido mucho mayor que la reflejada por el salario medio, debido a que la mano de obra ocupada juvenil (menos de 26 años), con salarios mucho más bajos, se ha reducido en un 46%, mientras las personas asalariadas mayores de 35 años, con salarios más altos, han aumentado casi un 4%, escorando hacia arriba el valor del salario medio. Al comienzo de la crisis se destruyeron los empleos más precarios, lo que impulsó en 2008 y 2009 una ligera subida del salario medio y una disminución del abanico salarial, pero a continuación se produjo un deterioro de las retribuciones de la mayoría de la población asalariada, sobre todo de los segmentos más precarios, volviendo a ampliar las diferencias y bajar los valores promedio. El Gráfico 3 recoge la bajada salarial en el último ciclo de crisis por tramos de edad, que ha sido casi tres veces mayor en la juventud que entre los mayores de 35 años.

Gráfico 3. Descenso del salario medio por grupos de edad en España entre 2007 y 2013

Nivel récord de desigualdad salarial

La polarización entre los salarios altos y bajos se ha incrementado de forma importante en la última etapa de crisis: el año 2013 registra la mayor desigualdad de la serie estadística iniciada en 1992 (Gráfico 4). Este indicador se obtiene dividiendo el salario medio de quienes ganan por encima de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes ganan por debajo del SMI en cómputo anual. En 2013 el salario medio del primer grupo (6,2% de la población asalariada, 1 millón de personas) fue 19,2 veces mayor que el del segundo (34,5% de la población asalariada, 5,7 millones de personas). El grupo con mayores ingresos percibió una media anual de 69.389 euros mientras que el segundo percibió 3.617 Euros.(3)

Gráfico 4. Desigualdad salarial en España (1992-2013)

Desigualdad salarial

La polarización entre los salarios ha sido siempre muy elevada en España, con una ratio de distancia entre los salarios altos y bajos de entre 16 y 20 veces, experimentando también oscilaciones relativas en función del ciclo económico, tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2013 nos encontramos en el pico de desigualdad más alto –por ahora- de la actual etapa de crisis, aunque esta situación se produjo también en 1996. La diferencia es que en aquella fecha el deterioro salarial se producía principalmente en base a un fuerte incremento del empleo temporal; en cambio, en la actualidad la tasa de temporalidad se encuentra en valores mínimos y el deterioro de las retribuciones afecta también al empleo indefinido, debido a la presión combinada del desempleo y de las reformas laborales que han debilitado enormemente la capacidad de negociación y defensa de la población asalariada.

Las ganancias del capital se recomponen, mientras los salarios se hunden

Según la Contabilidad Nacional de España la participación de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta ha experimentado un continuo crecimiento relativo entre 2010 y 2013 (+2,4 puntos del PIB), en paralelo con una continua pérdida de peso de los salarios (-3,4 puntos del PIB) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de los beneficios empresariales y los salarios en el reparto de la renta nacional (2010-2013)

Un indicador parcial de este proceso es la evolución opuesta del valor patrimonial del capital en acciones que en el mismo período (2010-2013) ha aumentado el 3,6%, según el Banco de España, mientras el volumen anual de la masa salarial se ha reducido en un 16,4% (todo en euros constantes).

Los avances de la Contabilidad Trimestral de España registran un crecimiento extraordinario del 23% del valor de las acciones entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo período de 2014, lo que ha generado en tan corto espacio de tiempo un plusvalor de 418.000 millones de euros. El discurso gubernamental que afirma que “la crisis ha quedado atrás” sólo es coherente con la situación de estos capitalistas, pero suena a broma pesada para quienes viven de un salario y, más aún, para los millones que no encuentran empleo y han sido abandonados por las políticas públicas. El Gobierno busca apuntalar la ingenua creencia de que “a todos nos irá mejor si los ricos hacen negocio”, pero su política se basa precisamente en lo contrario: en empobrecer a la población asalariada en pos de recomponer la ganancia de una clase social que vive de espaldas a las expectativas e intereses de la mayoría.

Notas

1. Según la metodología de esta fuente, se incluyen todos los trabajadores por cuenta ajena cuyas percepciones, dinerarias o en especie, han sido satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos del trabajo. El País Vasco y Navarra no se recogen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998.

2. No obstante, la evolución negativa de las percepciones salariales se confirma, tanto en la Encuesta de Costes Laborales como en la de Estructura Salarial o la de Decil de salarios del empleo principal.

3. Por comunidades autónomas la mayor desigualdad en el reparto de los salarios corresponde a Madrid (ratio de 19,9 entre los salarios altos y bajos) y la menor a Cantabria (ratio de 16,5).

Este artículo fue publicado originalmente en la página web del Barómetro Social

https://www.diagonalperiodico.net/global/25142-saliendo-la-crisis-salarios-mas-bajos-y-desiguales-desde-1992.html

Manteros y mercados informales, oprimidos contra opresores

ROSA MORO

Madrid 28/11/2014

El otro día el blog de Michel Collon me recordó una magnífica reflexión de Malcom X que nunca está de más recordar y que viene bien para todo: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. Lo legal y lo ilegal, lo bueno y lo malo, en nuestra mentalidad muchas veces no lo conforma tanto la racionalidad como la machaconería de los mensajes mediáticos y de la educación -estrechamente ceñidos al sistema capitalista.

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Una de estas irracionalidades que hemos asimilado como incuestionables es la ilegalidad o maldad del modo de supervivencia de la gente que no tiene trabajo formal/regular/oficial, más bien que está en situación de “desempleo encubierto” como define el economista Gaspard Muheme* a todos los que no entran en los esquemas cuadriculados de la economía occidental capitalista. Los que alimentan a sus familias y pagan las facturas con trabajo dentro de lo que se considera economía informal, o trabajar en negro.

Mi amigo Bara es mantero, un tipo fantástico, muy educado y respetuoso, inteligente, honrado y con una visión de futuro para él y su familia ceñida a los principios de honradez y respeto a los demás que rigen su vida. Se ve obligado a vivir y mantener a su familia vendiendo en la manta, no le gusta, le encantaría ser asalariado en cualquier sitio, pero no encuentra trabajo que esté integrado en el sistema. ¿qué va a hacer? ¿Robar? ¿Mendigar? Oye, vender en la calle es una forma muy digna de vida en África. En muchos países de África, al no tener instituciones que establezcan y organicen unas normas basadas en la economía tal y como la conocemos en España, la capitalista, la gente basa su economía en las redes de confianza de su comunidad. Los mercados informales tienen sus reglas y la gente las cumple, aunque no encajen en la mentalidad capitalista. ¿y qué pretende hacer el sistema con la gente que se empeña en comer y vivir o sobrevivir a pesar de no tener cabida en él? ¿Matarlos a todos? ¿Meterlos a todos en la cárcel por el crimen de no encajar en el capitalismo? ¡Pero si no se los deja encajar!

Leyendo el interesantísimo blog del filósofo-reportero Robert Neuwirth, “Stealth of nations”, he aprendido que los mercados informales, si fueran un país, la hipotética república popular de los trabajadores informales, serían el país más grande del mundo, la economía más potente, donde vivirían ¡la mitad de los empleados del mundo! El único problema con estos pequeños supervivientes es que no encajan en el sistema capitalista que rige el minoritario mundo occidental… ¿y?

Cuando defiendo a los manteros, porque sobrevivir no es un delito, a veces me callo argumentos por no herir la sensibilidad de quienes dicen “Si todos hacemos lo mismo y no pagamos impuestos ¡España se hundiría!” o “Tiene que ser ilegal vender en la manta porque imagínate que tienes una tienda de bolsos y se te pone a la puerta un mantero a vender los suyos ¿te gustaría?” o “¿Qué hay de los derechos de los autores originales?”.

1. No creo que a todos nos gustase vender en la manta para no pagar impuestos, egoístamente pensando en no pagar impuestos, me daría más envidia un banquero, un accionista del IBEX, un político que recibe sobres con dinero negro, un Pujol o un Fabra o un Cristina de Borbón de la vida, que tampoco pagan impuestos y tienen millonadas en paraísos fiscales. No creo que el mundo se vaya a echar a perder si se deja de perseguir a los manteros, porque nadie va a abandonar su vida para dedicarse al jugoso negocio de la manta. Nadie envidia su situación de tener que elegir entre pagar impuestos o comer. Ellos desean salir de esta situación y lo harían si pudieran.
2. Si yo tuviera una tienda de bolsos me asustaría mucho más que abriera enfrente o en cualquier lugar de cerca un corte inglés, un Tiger, un Primark, o cualquier gran cadena internacional de bolsos, ropa, complementos o cosas varias (con sus beneficios fiscales). Esos sí han hecho cerrar cientos de miles de negocios, pero no conozco un solo negocio que haya cerrado por los manteros.
3. Y por último, no creo que a Louis Vuitton le haga falta mi solidaridad para salvaguardar sus beneficios, y sí creo que a mi amigo Bara no le viene mal mi solidaridad, para defender la dignidad de su medio de pagar el alquiler, las facturas, la comida, la ropa… en fin.

Bara cuenta que a veces, cuando está vendiendo en la calle, alguna señora de buen corazón se le acerca y le da una moneda. Él educadamente lo rechaza, porque está vendiendo, no mendigando. Soy afortunada por haberle conocido y haber aprendido tanto de él y sus compañeros, gracias a ellos he abierto mi mente. A pesar de mi mentalidad europea, he racionalizado esta situación de los vendedores callejeros y he llegado a la conclusión de que estaba odiando al oprimido y defendiendo al opresor. Si quiero un mundo mejor, más me vale asociarme con el oprimido y que el opresor siga ahí arriba, en ese mundo de legalidad con paraísos fiscales, negocios globales con trabajadores esclavos, lujos y derroches.

Gaspard Bagalwa MUHEME es economista y sociólogo. Profesor en las Facultades de Económicas de la Universidad católica de Bukavu, la universidad católica de Graben/Butembo y la universidad de Lubumbashi, en la República Democrática del Congo. Autor, entre otras obras, de “Le Poids Des Economies Non Officiell

http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=11&id=4174

Afrontar la minería, un reto de las comunidades

Los días 25 y 26 de noviembre la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) con el apoyo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y acompañada por las Naciones Unidas llevó a cabo el foro «Costa Pacífica frente a la minería» en Guapi (departamento Cauca).

Durante los dos días más de 30 personas, entre mujeres y hombres, representes líderes de los Consejos Comunitarios de los municipios Guapi, Timbiquí y López de Micay, discutieron sobre la problemática de la minería y las graves consecuencias ambientales y sociales que conlleva esta actividad extractivista mecanizada para las comunidades en la costa pacífica.

Los participantes del foro expresaron la gran preocupación por la crisis alimentaria que se viene presentando en la región, y sus afectaciones a largo plazo, esto debido a la alarmante contaminación de los ríos con mercurio y cianuro, la pesca está contaminada y está disminuyendo. Aún encima los suelos revueltos y contaminados en las orillas – sólo a lo largo del río Timbiquí se contaban al rededor de 105 retroexcavadoras – ya no permite cultivos de plátano y yuca, que al igual que el pescado hacen parte de los alimentos básicos de los pueblos afros e indígenas.

Las comunidades cuentan como la actividad minera ya está generando secuelas en la salud de las personas, en especial de los niños, los alimentos contaminados por el mercurio como la piangua, el pescado bocachico, el camarón, ya consumidos son un veneno para la vida, perjudica el sistema nervioso y propicia enfermedades como la minamata.

“Escucho eso y me pregunto, si seguimos así, ¿qué vamos a comer en el futuro?, ¿de qué vamos a vivir, y dónde?” se preocupa un líder del río Saija. “Obviamente el oro no se puede comer. ¿Y qué nos sirve si el precio son enfermedades y por la contaminación ya no tenemos dónde vivir?” Para los participantes del foro la fiebre del oro se ha vuelto en una pregunta esencial: ¿Optamos por el oro o por la vida?

Por ahora los Consejos Comunitarios de la costa Pacífica del Cauca optan por la acción y la incidencia. Son los dueños de los territorios y por eso no van a permitir que se acabe con ellos. Al contrario, van a buscar los espacios adecuados, locales, nacionales e internaciones para hacerse escuchar; por ejemplo en la Mesa Departamental Minera Ambiental del Cauca, instalada por el gobernador – con él mismo quieren hablar y presentar un diagnóstico sobre la situación minera en los tres municipios. Mientras tanto también hay otras cosas que se pueden hacer – en lo pequeño: sensibilizar a sus comunidades. Hablar con sus familias, vecinos y amigos de las consecuencias que conlleva la minería y los daños a generaciones futuras.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/afrontar-mineria-reto-comunidades/1147

TTIP, la dictadura escondida de las corporaciones transnacionales

11 octubre 2014

Xavier Caño / Lourdes Lucía — ATTAC Madrid

No se ha informado nada ni se comenta públicamente, pero los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos negocian en absoluto secreto desde hace más de un año un tratado de libre comercio e inversiones. Lo de libre comercio es una entelequia porque los aranceles de exportación-importación ya son bastante reducidos. La clave está en las inversiones. Casi inexistente para prensa, radio y televisión, sólo las grandes empresas multinacionales y los lobbies saben con detalle lo que se cuece en la oscuridad.

El Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversiones, TTIP por sus siglas en inglés, es un acuerdo de gran alcance, el mayor hasta la fecha en tales acuerdos. Es así porque EEUU necesita a la vieja Europa para hacer frente a China y aislar a Rusia. Para crear el mercado más grande del mundo, un mercado de más de 800 millones de consumidores. Y las élites de Europa creen que en ese tratado, en el TTIP, está el camino de salvación del crecimiento.

¿Que pretende el TTIP? En realidad, lo que busca con desespero es eliminar las normas reguladoras, las barreras reglamentarias, las normas, cautelas y precauciones en beneficio de la ciudadanía y sus derechos, porque las élites entienden que todo eso reduce sus beneficios posibles. Lo que pretenden es que nada se oponga a sus inversiones y como quieran hacerlas.

En América Latina, en los noventa, EEUU quiso crear un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el señuelo del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado era simplemente imponer el credo neoliberal del Consenso de Washington que hoy, tras más de veinte años de sufrirlo, sabemos que conduce al desastre de una gran mayoría ciudadana y de la clase trabajadora. Porque lo que pretendía y pretende EEUU, y también la muy neoliberal Unión Europea, es aplicar rígidamente las políticas neoliberales de desregulación, ausencia de control, rebajas fiscales y privatización de todo lo público en beneficio de la élite económica y financiera.

Cuando EEUU renunció al tratado multilateral con Sudamérica y Centro América, por las protestas, la movilización de activistas y posturas de algunos gobiernos, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y con México y Canadá, el NAFTA. Como dan fe las hemerotecas y archivos, este último tratado tuvo devastadoras consecuencias para agricultura e industria mexicanas, se destruyeron millones de empleos en México y Estados Unidos y ese tratado solo benefició de verdad a grandes empresas de ambos lados, al tiempo que provocaba una intensa y abundante migración hacia EEUU y limitaba las posibilidades de desarrollo de México.

Según un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López “no hay evidencia alguna de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Pero sí de lo contrario.

La razón de ser de los tratados, aunque los maquillen o disfracen, es apoyar sin fisuras a las empresas en los países receptores de las inversiones frente a las actuaciones de sus gobiernos. Porque, en realidad, los tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales incumplan las leyes nacionales. Y, por supuesto, para imponer al país receptor la política económica que convenga a los inversores, es decir, a las corporaciones transnacionales.

Si se aprueba el Tratado se violarán sistemáticamente derechos humanos universales e inalienables desde la alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio, trabajo decente, que permita a la gente tener una vida digna, incluyendo una renta adecuada y derechos laborales… Lo que busca el TTIP es además una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores. Incluso la Comisión Europea reconoce que muchos puestos de trabajo se verán amenazados por la competencia estadounidense, además de que las normativas laborales en EEUU son menos exigentes, débiles o no existen contagiarán a las europeas.

La regulación europea de salud pública y medio ambiente, que hasta hoy es más garantista que la que hay en Estado Unidos, se verá afectada por el TTIP. Hoy el 70% de los productos alimenticios que se venden en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados; en Europa, no. Por contra, en Europa funciona el principio de cautela: antes de poner un producto en el mercado hay que probar más allá de dudas razonables que no es perjudicial. En Estados Unidos ocurre lo contrario: para que un producto sea retirado por su peligro potencial, hay que demostrarlo de tal manera que supone en trabajo descomunal.

Pesticidas, sustancias químicas que afectan al sistema hormonal humano, pollos y pavos de consumo humano lavados con cloro camparán a su aire según el modo y práctica estadounidenses.

Y, por supuesto, se verán afectados el derecho a la educación pública, a la sanidad, a la vivienda, al agua, a la energía… Todos estos servicios y bienes podrán ser privatizados en beneficio de empresas privadas.

Mención especial merece que, según se ha sabido, la Unión Europea está presionando a la Administración Obama para que expanda el llamado fracking, es decir la fracturación hidráulica, las perforaciones de petróleo mar adentro y las extracciones de gas, lo que representa un gravísimo atentado contra el medio ambiente y contra los seres vivos.

La normativa estadounidense sobre propiedad intelectual favorece los intereses de las grandes corporaciones frente a los derechos del consumidor, lo que supone una violación de la privacidad de los datos personales, porque las grandes compañías podrán acceder a esos datos de los consumidores…

Pero tal vez lo peor sea que el TTIP espera acordar una protección a ultranza de las inversiones para lo que se propone un mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS permitiría a las corporaciones y grandes empresas demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática de gobierno en aras del interés general puede afectar a sus ganancias presentes o futuras.

El ISDS estaría formado por unos presuntos tribunales que no son tales sino tres abogados privados sin mandato alguno de institución democrática alguna nacional o global. Y esos tribunales de pizarrín, por encima de los Estados, fallarían ante las demandas de menores beneficios de las élites y exigirán multimillonarias indemnizaciones. Es decir, las grandes corporaciones se asegurarían los beneficios sin mover un dedo, solo por temor de que tal o cual ley en defensa de los intereses ciudadanos pudieran mermar los beneficios de esta o aquella corporación. Las empresas podrán cuestionar las leyes, proponer restricciones y exigir indemnizaciones.

No es ficción. Hay precedentes por aplicación de mecanismos similares de otros tratados bilaterales. Philip Morris, Vattenfall, Chevron y Occidental Petroleum demandaron por cantidades multimillonarias a Uruguay, Ecuador, Argentina, Alemania…

Esos tribunales de arbitraje han sido cuestionados por profesionales del derecho y del mundo académico, pero se pasan por el arco de triunfo los sistemas legales de las naciones y la soberanía democrática de los países.

A tales tribunales especiales, que no son tribunales y que actúan al margen de cualquier tribunal legítimo estatal o internacional, solo podrán recurrir los inversores, no los estados ni los grupos de la sociedad civil. Con la agravante aberración de que sus fallos serán inapelables contra todo principio básico de buen derecho.

Para el dislate, el TTIP pretende crear un Consejo de Cooperación Regulatoria para que las corporaciones puedan cuestionar todas las decisiones parlamentarias o gubernamentales que pudieran reducir sus beneficios. Tal consejo será en verdad una cueva de lobbies que, presionarán de modo constante, buscarán rebajar o aguar las normas, incluso poder escoger otras normativas, recibir notificación de las nuevas propuestas de normas antes de su resolución y eliminar las restricciones que piensen que les perjudican.

Es decir, con el TTIP y sus mecanismo y órganos de regulación, los parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo cada vez podrán legislar menos, porque todo puede afectar a o los beneficios de las corporaciones como IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica… para oponerse frontalmente a cualquier acuerdo o medida que suponga proteger derechos humanos y laborales. En resumen: lo que pretende el tratado del libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía y sobre la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria.

La oportuna y legítima filtración de estos obscenos planes de la negociación del TTIP entre la Unión Europea y EEUU, ha promovido una amplia oposición en Europa y Estados Unidos y, por fortuna, han comenzado a celebrarse actos, protestas, movilizaciones… contra el TTIP. Además, se escriben miles de artículos y se organizan cientos de debates para informar a la ciudadanía de lo que se nos viene encima si no le ponemos remedio.

Las élites quieren aprobar el TTIP el año 2015. A pesar de sus secretos y oscuridades, el tratado ha de ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los Parlamentos de los países miembro cuyas Constituciones así lo establezcan. Esa circunstancia abre una brecha por la que la ciudadanía se puede colar, movilizándose claramente en contra de la aprobación del TTIP. Aún podemos frenar esa aberración obscena contra los derechos de la inmensa mayoría y la limpieza y estabilidad del medio ambiente.

Por ello, nos hemos unido más de 300 organizaciones y movimientos sociales en una campaña de denuncia de este Tratado, tanto difundiendo el peligro que representa en charlas, conferencia, debates, artículos, etc., como con la convocatoria de una jornada internacional contra El TTIP el próximo 11 de octubre.

Ilustración del articulo por cortesía de campact. Fotografía utilizada bajo licencia Creative Commons

http://www.attac.es/2014/10/11/ttip-la-dictadura-escondida-de-las-corporaciones-transnacionales-2/

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una «propensión al intercambio de favores» entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos «provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores».

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como «interlocutor» en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que «reportaba» a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

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Varapalo del Poder Judicial a la reforma tributaria del Gobierno

FéLIX BORNSTEIN | Publicado: 26/10/2014

Cualquier modificación normativa debe pasar, en última instancia, el test de los jueces. Cuando, por ejemplo, cambia el “decorado fiscal”, las normas se traducen en actos administrativos de aplicación de los tributos que son susceptibles de revisión judicial por una doble vía. La más habitual es el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. En los asuntos más graves (posibles delitos contra la Hacienda Pública) la última palabra será pronunciada por los jueces penales. Incluso cabe un control más intenso si la aplicación de los tributos afecta a los derechos fundamentales: en este último caso la que debe ser chequeada es la propia Ley fiscal (y no sólo los actos dimanantes de la misma) y quien es llamado a resolver la cuestión es el Tribunal Constitucional.

Esa triple dimensión revisora llega a su máxima potencia (y necesidad) si la modificación legal no es de simple detalle, sino de una envergadura que trastoca piezas básicas de un sector del sistema jurídico. Éste es el caso de la propuesta de reforma del Gobierno, en sus cuatro apartados: IRPF-IRNR, Sociedades, IVA y Ley General Tributaria. Por sus consecuencias “directamente” procesales, es el cuarto ámbito citado el que refleja, más que los tres anteriores, el protagonismo futuro de los jueces y magistrados. Dicha situación justifica la necesidad de que las propuestas del Gobierno sean sometidas con carácter previo a su aprobación al examen de quienes deberán aplicarlas posteriormente (antes de que sea demasiado tarde si, tras la pertinente tramitación parlamentaria, la iniciativa gubernamental se mantiene en sus propios términos y acaba lesionando derechos ciudadanos y/o invade las competencias constitucionales de los jueces). En todo caso, como el informe del órgano interesado no es vinculante, puede que la contumacia venza a la razón técnica (si tal es el caso). Pero, siempre, el Parlamento y la opinión pública tendrán más elementos de juicio.

Por dicho motivo, el 29 de agosto pasado tuvo entrada en el Registro del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el Anteproyecto de la Ley de modificación parcial de la vigente Ley General Tributaria, a efectos de la emisión del preceptivo Informe. Éste ha sido aprobado por el Pleno del CGPJ en sesión celebrada el 30 de septiembre y su contenido –en 37 páginas- es demoledor para la imagen no sólo del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (cuyo departamento es el que remitió el texto al Consejo), sino también para la del Gobierno de Mariano Rajoy en bloque, por la sencilla razón de que el citado Anteproyecto (aunque hoy todavía no ha sido remitido al Congreso de los Diputados) se aprobó durante el verano por el Consejo de Ministros como parte integral de su propuesta de reforma tributaria.

El CGPJ manifiesta dos críticas preliminares al Anteproyecto. La primera en la misma frente del texto: “No viene acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. La segunda, a propósito de las intenciones formales del Gobierno (según consta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto), que fundamentalmente buscan “lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario”, todo ello con el objetivo de “reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria”. Pues bien, el Informe, como cuestión de principio, ya nos advierte “de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente en la norma proyectada”. Traspasado este doble arco de entrada, el Informe va desmontando, una por una, las figuras clave de la reforma gubernamental, que no parece ir en la dirección anunciada de otorgar mayor seguridad jurídica al ciudadano, sino más bien -según la opinión del órgano de gobierno de los jueces- en la ruta contraria de sacralizar una posición de abuso de la Administración impropia en un Estado de Derecho. Veamos algunos epígrafes concretos.

1.- Sobre el llamado conflicto en la aplicación de la norma tributaria:

El Consejo denuncia “la insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías de los contribuyentes”. La crítica es amablemente feroz: la reforma “viene a dar la espalda a los límites constitucionales, y de prosperar…bastará con que la Comisión consultiva –órgano de composición y naturaleza íntegramente administrativa- emita informe estimando que un determinado acto o negocio constituye conflicto de normas tributarias, para que se dé lugar a la imposición de sanciones”. El CGPJ, que se decanta primordialmente por la supresión de la propuesta, pone en duda que el Gobierno guarde “el respeto debido a los principios de legalidad y tipicidad”.

2.- Sobre la prescripción:

El Informe acusa al Gobierno de otorgar ”poderes exorbitantes a la Administración tributaria” y, sobre el supuesto “derecho” imprescriptible de la inspección fiscal para realizar determinadas comprobaciones y averiguaciones, efectúa el siguiente diagnóstico: “resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá [de] la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad”.

3.- Sobre la publicación periódica de listas de contribuyentes morosos:

Debajo del pretexto esgrimido por Cristóbal Montoro –luchar contra el fraude fiscal a través de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos y promover una auténtica conciencia cívica tributaria– el CGPJ detecta una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, amén de una quiebra del principio de proporcionalidad, ya que la “formulación excesivamente abierta” de la medida “no necesariamente se corresponde con conductas defraudatorias”. Por si lo anterior fuera poco, la publicación de las listas –según el Consejo- difícilmente se concilia con “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (Sentencia de 9 de noviembre de 2010, caso Volker). Y apostilla: con la publicación de las listas “no se persiguen objetivos de eficacia administrativa o transparencia sino el establecimiento de una suerte de “sanción” a los contribuyentes que habiendo reconocido su deuda con la Administración tributaria no pueden afrontarla en periodo voluntario”. Al órgano de los jueces le llama la atención “el agravio comparativo si atendemos el distinto tratamiento dado a las Administraciones públicas morosas a las que se excluye de la aplicación de la norma y que en no pocas ocasiones han contribuido –al no pagar sus propias deudas- a la insolvencia y la ruina de los contribuyentes morosos”. La publicidad es fruto de una decisión poco “sosegada y reposada” que sólo merecerían “los grandes defraudadores” y que “sólo podría ser acordada por el Juez o Tribunal penal en la sentencia condenatoria [firme] y no por la Administración”.

Las críticas anteriores son, desde luego, demoledoras. ¿Pero eso es todo? Desgraciadamente para el Gobierno, no. El 2 de octubre de 2014, la vocal del Consejo María Concepción Sáez Rodríguez formuló un voto particular concurrente al Informe del Pleno en el que, además de los reproches de este último (que la vocal hace suyos), realiza unas consideraciones adicionales sobre la reforma de la Ley General Tributaria. A la vocal Sáez Rodríguez no le duelen prendas. Les invito a que lo lean (pueden consultar su voto “pinchando” en el primer vínculo de este artículo). Sus acusaciones alcanzan la altura de la caza mayor. Yo sólo reproduciré algunos juicios de valor: el Gobierno peca de “un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos”; el Gobierno actúa “como si, prescindiendo del arte arquitectónico, se decidiera [a] actuar contra la estructura de un edificio, afectando no solo al mismo sino también a los colindantes”, lo que producirá fisuras “que serán bien aprovechadas por quienes no estén en la disposición de contribuir al mantenimiento de las arcas públicas”; el Gobierno, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, “se impone al órgano penal, con olvido de que es a él –y no a la Administración- al que la CE atribuye la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; la reforma del Gobierno compromete seriamente “la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho”; en relación con las listas de deudores fiscales, el Gobierno se aparta incluso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en el que, a sugerencias precisamente del CGPJ, suprimió la publicidad sobre “personas identificadas o identificables…a fin de evitar el posible efecto estigmatizador”; el Gobierno, en fin, “obstaculiza la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de acciones en claro perjuicio para los ciudadanos”.

Si hacemos caso al CGPJ, está claro por qué el ministro Wert decidió suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Se puede dirigir el Gobierno, se puede ser ministro de Hacienda, sin haber aprobado el curso preescolar que habilita para conocer las nociones básicas de las garantías democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos? Termino: muchos dicen, con sobradas razones, que el Consejo del Poder Judicial es la voz de su amo. Pero del negro al blanco (o al revés) existe una amplia escala de grises. Vivimos en una democracia con una separación de poderes muy imperfecta e insatisfactoria. Pero aunque sea gris, vivimos en una democracia que sólo puede rehabilitarse desde postulados institucionales y, al mismo tiempo, sometida a la presión organizada de la sociedad civil (como la que ejerce la prensa libre e independiente, que, la verdad, no abunda). Los purísimos de corazón que niegan que “esto” sea una “auténtica” democracia pueden destruir, sin nada digno a cambio, lo poco (que no es realmente “tan poco”) que los humildes ciudadanos tenemos. Detesto las moralejas, pero la Historia es la mejor vacuna contra las novatadas.

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/2014/10/26/varapalo-del-poder-judicial-la-reforma-tributaria-del-gobierno/7946

 

La UE amenazó a Ecuador con eliminar ayudas al desarrollo si no aceptaba el libre comercio

Tomado de El Diario.es

Mensajes confidenciales entre el embajador ecuatoriano ante la UE y los ministros de Correa desvelan la posición de Bruselas para provocar cambios en la Constitución y privatizaciones

«Ecuador no tiene alternativa a la adhesión al TLC. O quedaría aislado», advirtió el jefe de Negociaciones de la Comisión Europea según el relato de esta documentación oficial

Los cables muestran una división en el Gobierno de Correa entre los que rechazan el libre comercio con UE y los que apostaron por seguir negociando; el acuerdo salió adelante y está ahora pendiente de aprobación

Juan Luis Sánchez

08/10/2014

Cable diplomático de la embajada ecuatoriana de la UE a dos viceministros y el ministro ecuatoriano de Exteriores (eldiario.es)

El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa

Una conversación secreta al más alto nivel diplomático en Ecuador, a la que ha tenido acceso eldiario.es a través de filtrala.org, revela las presiones de la UE para conseguir que el país latinoamericano firmara un Tratado de Libre Comercio y apartarlo así de alianzas con Argentina, Uruguay, Brasil o Venezuela. Los cables confidenciales dejan ver también cómo aquella tentación europea avivó un cisma en el equipo diplomático y de comercio exterior del presidente Rafael Correa, en el que tuvo que intervenir personalmente el ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, y en el que despuntó el actual ministro de Comercio, Fernando Rivadeneira.

En estos mensajes está el origen del debate interno que existe actualmente en el partido de gobierno en Ecuador. El país andino se encuentra a un paso de rubricar un acuerdo comercial con la Unión Europea que está generando polémica entre los propios fieles al proyecto de  «revolución ciudadana» impulsado por Rafael Correa y que obligará al presidente a equilbrismos internos para sacarlo adelante.

La documentación que se publica hoy arroja dos hechos relevantes: primero, que Bruselas utiliza las políticas de Cooperación y los fondos de lucha contra la droga para negociar mercados libres para las empresas europeas. Segundo, que durante los años en que Correa arremetía contra los tratados de libre comercio, su equipo negociaba con la Unión Europea algo que desde Bruselas se dejaba claro que tendría que ser un tratado de libre comercio con condiciones «agresivas».

eldiario.es ha podido constatar la veracidad del contenido de estos documentos a partir de dos fuentes que aparecen en los mismos y de una persona que corrobora el registro oficial de estos mensajes. Son informes oficiales, cables diplomáticos que van debidamente clasificados; pero también son informes profesionales de una persona concreta, con lo que en parte son interpretaciones parciales de la realidad.



Nueve cables diplomáticos secretos, recibidos a través de una colaboración con la Associated Whistleblowing Press y su plataforma EcuadorTransparente.org, parte de la red de filtrala.org, recogen mensajes confidenciales que se intercambiaron entre 2011 y 2012 la misión diplomática ecuatoriana ante la Unión Europea y el ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Ecuador. Es una selección de mensajes muy tensos que desvelan las presiones de la Comisión Europea a Ecuador para que cambiara leyes esenciales y la política económica para ajustarlas a un Tratado de Libre Comercio, bajo la amenaza de dejar fuera a Ecuador de ayudas arancelarias a países en desarrollo.

Hasta cuatro altos cargos europeos, entre ellos el director de Comercio de la Comisión Europea o el Jefe de Negociaciones de la UE, aparecen en estos cables presionando a Ecuador para que acepte, sin ninguna otra alternativa posible, las condiciones de un Tratado de Libre Comercio que en la práctica suponían que el Gobierno de Rafael Correa renunciara a sus políticas económicas y a parte de su esencia ideológica. Si no tragaban, Bruselas eliminaría a Ecuador de la lista de países pagan menos aranceles en sus exportaciones a miembros europeos por ser sociedades emprobrecidas o en vías de desarrollo; tampoco formarían parte de un programa similar pero centrado en la lucha contra la droga, el SPG Plus. ¿Cómo justificarían esa retirada? Con un ranking del Banco Mundial que apuntaba a que Ecuador tenía unas rentas medias bastante altas.

Un ex eurodiputado que ha trabajado varias legislaturas en cooperación al desarrollo en las instituciones europeas confirma a eldiario.es que «en ocasiones, sí, la Comisión Europea ha utilizado estos fondos de cooperación como arma de negociación comercial, también en África» y que hay cierto debate ético con eso.

“Ecuador no tiene alternativa a la adhesión o quedaría aislado»

El relato que consta en esta documentación comienza con una reunión confidencial. Se produce el 17 de noviembre de 2011 a las 13.00 horas en Bruselas. Se ven las caras el viceministro de Comercio de Ecuador, Fernando Rivadeneira, y el director adjunto de Comercio de la Unión Europea, Peter Thompson. Junto a ellos está sentado, escuchando y muy enfadado, otro hombre: el jefe de la Misión diplomática ecuatoriana ante la Unión Europea, el embajador Fernando Yépez Lasso. 

Yépez Lasso envía cinco días después un cable diplomático a la atención de su viceministro de Exteriores, Kintto Lucas. Primero protesta enérgicamente: se había enterado de la reunión poco antes de que tuviera lugar y “por un funcionario europeo”. “Resulta incómodo”, dice en el lenguaje diplomático del enfado, “al no respetarse los canales regulares del procedimiento diplomático para una reunión de alto nivel”. Es el enfado de Yépez Lasso lo que facilita que en sus mensajes queden patentes, durante el año siguiente, lo que a su juicio es una derrota de la línea política marcada por Rafael Correa.

En esas reuniones, se queja Yépez, la UE trata de chantajear al Gobierno de Ecuador: si no acepta determinadas condiciones comerciales para adaptarse poco a poco a un Tratado de Libre Comercio, tendrá que renunciar a las facilidades arancelarias que Bruselas prevé para las importaciones desde decenas de países en desarrollo. Pero aceptar esas exigencias, advierte Yépez, sería asumir que Ecuador escoge las normas el bando occidental y no podrá estar en la alianza económica de Mercosur, donde conviven Argentina, Brasil o Venezuela. Sería, recuerda Yépez, alejarse del discurso político que ha mantenido en público el presidente Rafael Correa.

“Esta posición de la Comisión Europea”, dice Yépez ya tras la primera reunión de su colega con el director adjunto de Comercio de la Comisión, “es un elemento de presión hacia el Ecuador para que se sume al TLC ante la posibilidad de perder el SGP”, el acuerdo preferente en los aranceles. Según su relato de la reunión, la Comisión Europea insistía en que “para el Ecuador lo más conveniente es adherir al TLC que la Unión Europea ha concluido con Colombia y Perú”, países, sobre todo el primero, con exceentes relaciones políticas y comerciales con multinacionales españolas y norteamericanas.

En esa reunión despuntan algunas de las espinas que econarían el resto del proceso: para aceptar el TLC, Ecuador deberá renunciar a parte del esquema público ecuatoriano para “sectores estratégicos” o la potenciación de las “compras públicas”; es decir, privatizaciones.

En otra reunión, el Jefe de Negociaciones de la Comisión Europea para América Latina, Gaspar Fontini, lo expresa aún más claramente, según Yépez: “Ecuador no tiene alternativa a la adhesión del TLC”, transcribe el 7 de diciembre de 2011, ya que de lo contrario “perdería el acceso privilegiado al mercado europeo” y “quedaría aislado”.

Uno de los cables que mencionan la posición de presión de la Unión Europea

El embajador arremete duramente contra lo que supondría aceptar el TLC europeo. Se trataría de perpetuar “el modelo de desarrollo neoliberal impulsado en la década de los 90” . Y va más allá: asegura que suscribirlo traicionaría “la letra y el espíritu de nuestra Constitución, así como de las Leyes de Empresas Públicas y de la Economía Popular y Solidaria”. El modelo ecuatoriano, dice un convencido Yépez, “está divorciado de los TLC”. Las opiniones de Yépez no dejan de ser continuistas con la doctrina política defendida en público durante años por Rafael Correa y Ricardo Patiño.

Sin llamarlo directamente chantaje, el embajador lo expresa a su manera en los desahogos ante su viceministro: se trata de una “presión por parte de la CE y de ciertos sectores empresariales para que Ecuador adhiera el TLC” como “única alternativa para evitar la pérdida de acceso” al mercado eruopeo, con “sus eventuales efectos económicos, comerciales y sociales”.

En plenas vacaciones navideñas de 2012, las cosas se aceleran. Mientras que el Gobierno emite un comunicado diciendo « Presidente Correa dice sí al Mercosur y no al TLC con la Unión Europea«, el viceministro de Comercio ha seguido con su línea independiente de conversaciones con las instituciones europeas; el embajador escribe al ministerio muy enfadado: la conclusión que él saca del acta que le ha llegado de esas reuniones es “clara, precisa y unívoca: Ecuador quiere negociar su adhesión al TLC”. Eso queda coronado por un titular puesto en boca de Rivadeneira muy contundente: “ No nos interesa adherirnos al Mercosur”.

Había algo que Yépez Lasso no controlaba. Las reuniones sucedían a sus espaldas, presencialmente o por videoconferencia. Él por su parte mantenía encuentros donde insistía en la posición oficial, para sorpresa de sus interlocutores europeos, que recordaban reuniones previas con el viceministro de Comercio en las que se abría la puerta a una negociación para el TLC.

Fernando Rivadeneira es un hombre en ascenso. Se siente muy respaldado en lo que está haciendo. En enero de 2012 envía un durísimo mensaje al embajador, en copia al todopoderoso ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño. Es un texto conciso, dividido en 4 puntos, reprende la “actitud inconsulta” – de nuevo, el lenguaje diplomático del cabreo –  y señala que “la gravedad de su actuación” ha provocado que la UE haya congelado las negociaciones hasta que los ecuatorianos se aclaren. Yépez Lasso vuelve a responder con más madera contra Rivadeneira. Y con que tú no eres mi jefe.

Cuando Comercio desborda a Exteriores

El punto y final a estas tensiones es también una premonición. El ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, tiene que intervenir para darle la razón a su subordinado, Fernando Rivadeneira, que acabaría   un año después siendo ascendido a ministropor Correa, que desgajó la cartera de Comercio Exterior fuera de Relaciones Exteriores para darle independencia.

Patiño escribe dos escuetos párrafos que rompen con una cadena de mensajes cada vez más encendidos con parrafadas llenas de literatura diplomática y eufemismos cargados de disputa. El ministro establece que hay que avanzar tanto con el Mercosur como con la UE para ver a dónde llegan las negociaciones; “conocidos los resultados de ambos procesos, tomaremos las decisiones definitivas”.

Yépez no sale de su asombro. Y advierte, ya a modo de recomendación desesperada: “Ecuador podría conseguir algunas particularidades” en ese TLC “pero en lo sustantivo, en sus fines, en sus modalidades y en sus efectos” será, advierte, “un TLC de aquellos que rechaza el Jefe del Estado”.

Rafael Correa en un encuentro de representantes de la izquierda latinoamericana, este martes (EFE)

¿Y qué pasó?



La fecha clave era enero de 2014, cuando Europa tenía que renovar las ayudas arancelarias y contra la droga a los países en desarrollo. Ecuador sigue estando entre los países que se benefician de esas ayudas, tras una prórroga excepcional. El país andino no forma parte del Mercosur. Ha suscrito un preacuerdo comercial con la Unión Europea, que el Gobierno de Ecuador asegura que “ no es un TLC” sino que respeta las particularidades ecuatorianas; y que los críticos aseguran que « sí es un TLC«.

Entre esos críticos está alguien que recibió los mensajes que hoy se hacen públcos: Kintto Lucas, viceministro de Exteriores que dejó su puesto poco después de que comenzaran estas tensiones. Él mismo ha tuiteado al calor del actual debate en Ecuador sobre el acuerdo al que se está llegando con Europa:

En los comunicados oficiales de la Unión Europea se habla en todo momento de que “se han introducido algunos ajustes” al acuerdo con respecto a los cerrados con Colombia o Perú, pero que “el balance general y la ambición del Acuerdo no se han visto afectados por estos ajustes”. En la misma nota, del pasado 23 de septiembre de 2014, se anuncia que “la UE y Ecuador publicarán los documentos de su acuerdo, por el que Ecuador se suma al acuerdo existente con Colombia y Perú”. Los pormenores de los tres países andinos se desglosan conjuntamente en la documentación oficial de la comisaría de Comercio de la Comisión Europea. El Gobierno de Correa insiste en que esos «ajustes» son en realidad cambios sustanciales que hacen que el Acuerdo Comercial para el Desarrollo algo que blinda la soberanía económica de Ecuador y de su proyecto político.

El viceministro de Comercio, Francisco Rivadeneira, es hoy ministro de Comercio. Por su parte, el embajador Yépez Lasso dejó de ser embajador y fue nombrado en un puesto de subsecretario en el ministerio de Exteriores de Ecuador.

http://www.eldiario.es/internacional/Europa-Ecuador-TLC-comercio-cables_0_309369531.html

 

Casi 900.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España

Escrito por  Kaos. Derechos Humanos

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña ha alertado este martes de que un total de 873.000 personas han perdido en España el derecho a la asistencia sanitaria en los últimos dos años, después de que en 2012 entrara en vigor el decreto 16/2012, ha informado la entidad en un manifiesto, que recoge cifras del Gobierno.

Agencias

El decreto, llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vinculó la asistencia sanitaria a la condición administrativa del asegurado, restringió ciertas prestaciones y aumentó la carga directa para las personas.

En el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, el Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales catalanas, exige la derogación de esta norma y pide la elaboración de una nueva ley de Sanidad que tenga un «amplio consenso» y garantice el acceso de todas las personas a la sanidad.

Advierte de que la población afectada es especialmente vulnerable y debería gozar de medidas de protección sociosanitarias, además de que es un colectivo que ha contribuido a su financiación mediante los impuestos.

También avisa de que la diferente aplicación del decreto en las comunidades autónomas y la disparidad de criterios por parte de los centros sanitarios «ha deteriorado aún más la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud«, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.

Ha detectado que en los supuestos en los que el decreto reconoce el derecho a la atención —embarazadas, menores y atención de urgencias— se han originado numerosos casos de desatención sin tomarse ninguna iniciativa para resolver los incumplimientos.

Además, han apuntado que al desplazar la atención a las urgencias se genera un retraso diagnóstico y el agravamiento de las patologías, lo que «supone un aumento del gasto sanitario para su atención», y han recordado que medidas de exclusión similares en otros países han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que cuesta una atención inclusiva.

El manifiesto también recoge reclamos como la exigencia de compromisos de pago; mantener los programas de prevención vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles en sectores de población para evitar brotes epidémicos, y alerta de las desigualdades económicas y de género que genera.

Han recordado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos de organismos como la ONU y el Consejo de Europa, que han instado al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, y le han pedido que evalúe el impacto del decreto en términos de derechos humanos.

También recoge dos autos del Tribunal Constitucional (TC) que apela a la importancia singular en el marco constitucional del derecho a la salud, a la integridad física y a la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, lo que «no puede ser desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado».

http://www.kaosenlared.net/component/k2/96993-casi-900-000-personas-han-perdido-el-derecho-a-la-asistencia-sanitaria-en-espa%C3%B1a