Guerra total de los jueces progresistas a Rajoy, al que acusan de mentir

Niegan su ‘medida estrella’ contra la corrupción: no se incorporan 300 jueces sino que se regulariza la situación de 300 magistrados que llevan tiempo incorporados

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha sido contundente: “El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad”. Explica que los jueces a que hace referencia el presidente del Gobierno ya existen y lo que se hará es regularizar su actual situación. Para más inri estos jueces no pertenecen en su mayoría al ámbito penal.

“El Decreto al que se refiere el presidente del Gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados”, aclara Bosch en un comunicado.

El anuncio de Rajoy
La reacción de Jueces para la Democracia responde a que el  presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer  que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la creación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces de adscripción territorial, además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional.

“Es falso”
Según aclara el portavoz de JpD “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción”.

Regularización administrativa
“En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años”. Continúa Bosch: “Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.

No tiene que ver con la corrupción
Explican desde JpD que “este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo”.

No son del ámbito penal
“La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones”, dice.

“El Gobierno sigue sin hacer nada”

Es también duro Bosch en el análisis de la situación: “Tras dos años en los que el Gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción, sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del Gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa”.

Urbanismo, caldo de cultivo de corruptos
“Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones”, exigen los jueces progresistas.

Medios para perseguir y condenar
Recuerda también la necesidad de dotar a la justicia de una mejor infraestructura:  “nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante”.

Anuncio falaz
Concluye Bosch: “la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción”.

http://www.elplural.com/2014/10/31/guerra-total-de-los-jueces-progresistas-a-rajoy-al-que-acusan-de-mentir/

El Gobierno ante la ONU: “Las víctimas de la dictadura han conseguido su objetivo, que es consolidar la democracia”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra
 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado de lamentable la respuesta del Gobierno español ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, cuando en la tarde del día 10 el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha leído el informe elaborado sobre España tras su visita, el pasado mes de marzo. La representante española ha despachado el tema afirmando que “las víctimas de la dictadura ya han conseguido sus objetivos que son consolidar la democracia”.

“Se trata de una enorme falta de respeto a las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, asegura con indignación en un comunicado la ARMH. En su informe, Pablo de Greiff enumera “los numerosos incumplimientos que el Gobierno de España hace de sus compromisos internacionales y en especial de los que afectan a las víctimas de la dictadura franquista”.

“Las víctimas ya han conseguido reparación”
Tras la lectura del informe, a primera hora de la tarde se ha producido esta respuesta de Ana María Menéndez, miembro de la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra. “Ha tachado de impreciso el informe de De Greiff y ha asegurado que las víctimas de la guerra civil y de la dictadura ya han conseguido la reparación que precisaban”, denuncia la Asociación.

Querían una democracia
Para el Gobierno esa reparación consiste, continúa la ARMH, “en tener una democracia. Se trata de algo que se contradice con las miles de peticiones de ayuda, de víctimas de la dictadura franquista, que ha recibido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde el año 2000”.

¿El relator se reunió con quien no debía?
“Además, la representante del Gobierno, asegura que el relator especial es posible que no se haya reunido con los colectivos adecuados, sembrando dudas sobre la representatividad de las numerosas víctimas que se encontraron con el Relator.Menéndez, ha centrado parte de su debate en defender la vigencia de la Ley de Amnistía”, añaden.

“Insulto  hacia cien mil desaparecidos”
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), consideran “un insulto que una representante de nuestro Gobierno considere satisfactoria la desaparición de 114.226 hombres y mujeres cuyos cadáveres siguen en fosas de cunetas y caminos”.

El Gobierno no consultó
“También resulta lamentable que para elaborar su respuesta al informe el Gobierno de España no se haya puesto en contacto con los afectados y envíe a una representante que en algún momento parecía hablar en nombre de las víctimas cuando aseguraba que ya tienen la reparación que tienen”, critican.

Lamentable actitud
Piensa además la Asociación que la representante de España ante un organismo humanitario de la ONU, “ha cometido la lamentable actitud de considerar que el Estado español no tiene una tarea pendiente con respecto a las víctimas de la dictadura”.

El delito más grave contra la persona
“Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver”, ha manifestado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

Discriminación política
Desde esta entidad se remitirá una pregunta por registro a la Representante Permanente de España “para denunciar la discriminación que hace el Gobierno de España de unas víctimas de la violencia con respecto a otras. En ese sentido el informe de De Greiff señala que en una democracia no puede existir una discriminación política a víctimas de delitos tan graves”.

¿Y las víctimas de otros delitos?
 “Queremos saber si a partir de ahora el Gobierno tiene previsto decirles a las víctimas de otros delitos que no van a acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación porque tienen que conformarse con vivir en democracia”, añadió Silva

Desprecio hacia los Derechos Humanos
La ARMH recuerda  que ha exhumado más de 200 fosas desde el año 2000, y que acudió a reclamar la intervención de la ONU en 2002. En esa línea afirma que seguirá denunciando en todos los ámbitos internacionales “el desprecio del Gobierno de España a los Derechos Humanos y el maltrato a las víctimas de la dictadura que mueren cada día sin conocer el paradero de sus seres queridos y sin haber podido darles una sepultura digna”.

http://www.elplural.com/2014/09/10/el-gobierno-ante-la-onu-las-victimas-de-la-dictadura-han-conseguido-su-objetivo-que-es-consolidar-la-democracia/

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de élites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la élite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

 

Las fuerzas antidemocráticas del estado español contra la libertad de expresión en las redes sociales

por Kaos. Represión y criminalización

Jueves, 15 de Mayo de 2014

El Gran Inquisidor te vigila... El Gran Inquisidor te vigila…

Desatada campaña de criminalización contra usuarios de las redes sociales con el objetivo de recortar, una vez más, los derechos y libertades fundamentales, cambiándolos por represión. Los totalitarios, siempre dispuestos a ello, han visto en el asesinato de Isabel Carrasco una oportunidad de oro…

El Gobierno estudiará cómo “poner coto” a la libertad de expresión en las redes sociales

Agencias/Kaosenlared

Justicia e Interior trabajan a raíz de los comentarios publicados en los últimos días en relación al asesinato de Isabel Carrasco. La matan dos militantes del PP y el gobierno aprovecha para perseguir, reprimir y recortar libertades a la izquierda. Lo propio de cualquier gobierno totalitario, claro está. Y acompañado, como no podía ser de otra manera, por sus esbirros en la caverna mediática.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado hoy que su departamento y el Ministerio de Justicia van a estudiar conjuntamente cómo “poner coto” a la libertad de expresión en las redes sociales. El Gran Inquisidor, miembro del OPUS, Fernández Díaz, suma así a Gallardón a su campaña totalitaria y censora contra la libertad de expresión en las redes sociales. Lo paradójico del asunto es, como ya es conocido, que todo esto viene en relación al asesinato de una política del PP, partido al que pertenecen ambos Ministerios de la inquisición, a manos de, supuestamente, dos militantes del propio Partido Popular.

La matan ellos, la derecha, y el gobierno, en cambio, centra su estrategia en reprimir y perseguir en las redes sociales a quienes, desde la izquierda, no comulgan con el pensamiento único que estos señores nacional-católicos pretende implantar mediante el uso de todos los elementos represivos, policiales, judiciales y, en fin, al estado mismo, para la defensa de sus propios intereses ideológicos, políticos y personales.

Por supuesto, el gobierno cuenta con el apoyo de sus esbirros en la caverna mediática, quienes, a las órdenes de la estrategia represiva diseñada desde Moncloa, no han tardado en salir a pedir el recorte de tales derechos y libertades fundamentales, mezclando demagógicamente el uso de la libertad de expresión en las redes sociales con el terrorismo y otros asuntos similares, tal y como ayer mismo hiciera el Ministro al comparar los mensajes de estos días en relación al asesinato de Carrasco con el “yihadismo”. Una prueba evidente es la portada de hoy del diario ABC.

Todo ello, además, poco más de una semana después de que se llevase a cabo la conocida como “Operación Araña”, en la que estas mismas fuerzas antidemocráticas del estado ya consiguieron generar todo un espectáculo mediático con la detención y procesamiento judicial de más de 20 personas, acusadas de “enaltecimiento del terrorismos”, “humillación a las víctimas”, y otros supuestos delitos similares, mientras no han movido, ni moverán, un solo dedo para actuar contra aquellos que llaman a pegarle “seis tiros en la cabeza a Sánchez Gordillo”, amenazan de muerte casi a diario a Willy Toledo o Pilar Manjón, llenan las redes con mensajes que hacen apología del asesinato de migrantes o del exterminio, que piden fusilar a los participantes en las marchas del 22-M, humillan sistemáticamente a las víctimas del franquismo o tantas otras cosas del estilo.

Porque no, el fondo de todo esto no es judicial, no. No es judicial, sino político, y no es penal, sino ideológico. No se trata de controlar las redes sociales, sino de reprimir la disidencia política y, en la medida de los posible, tomar al asalto el control de las redes sociales, uno de los pocos espacios de comunicación de masas que no está hoy en día plenamente a su servicio ideológico y de clase. Eso es muy peligroso para ellos, no pueden permitirlo. Y no hablamos, claro, del PP, sino de los poderes fácticos que gobiernan el estado en la sombra (banqueros, grandes empresarios y otros capitalistas del estilo), para los cuales el PP sirve de simple manijero y gestor de sus intereses, como también lo hacen el PSOE, CiU, UPyD, y tantos otros. Además de, por supuesto, toda la inmensidad de medios en radio, televisión, prensa escrita e internet que controlan al 100%. La libertad de expresión no puede ser otra que la libertad del dueño de la imprenta, ya se sabe.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, pues, Fernández Díaz se refería así al debate abierto tras los comentarios insultantes publicados en los últimos días en las redes sociales a raíz del asesinato de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y ha avanzado que estudiarán instrumentos legales “adicionales” para perseguir esos delitos.

Fernández Díaz ha considerado que ese tipo de conductas que incitan al odio y a la comisión del delito “son susceptibles de ser consideradas como tales” y deben ser perseguidas, por lo que no descarta reforzar la ley para ello si es necesario.

“Si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho a los ciudadanos a la intimidad, el honor y a su seguridad”, ha recalcado.

Fernández Díaz no tiene constancia de si la Fiscalía ha abierto una investigación sobre esta actuación en las redes sociales, aunque ha recordado la reciente operación dirigida por la Audiencia Nacional que llevó a la detención de 21 personas por apología del terrorismo y humillación a las víctimas. “No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, ha advertido.

El titular de Interior ha dejado claro que quien establece los límites de lo que es delito son las autoridades judiciales, pero sí considera que debe abrirse una reflexión frente a actitudes que, a su juicio, deben tener un “reproche penal” o administrativo, al igual que lo tienen la incitación al odio, la violencia o xenofobia en el deporte.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el ciberdelito y la cibercriminalidad es uno de los mayores retos y amenazas a los que hay que hacer frente y tienen también esa proyección, en la que “bajo el antifaz” o el disfraz del anonimato que dan las redes sociales, se hacen comentarios peligrosos que incitan al odio y a la comisión de delitos y pueden traer después “consecuencias drásticas para todos”.

Así, ha lamentado, se ha visto en el caso del asesinato de Carrasco, en el que “cuando todavía estaba el cadáver en el suelo” ya había comentarios en las redes que producen “repugnancia” y un rechazo absoluto. Una situación que, según el ministro, debe llevar a actuar con responsabilidad, ya que “es mejor prevenir que curar”.

El ministro de Interior insiste en anunciar “instrumentos legales adicionales” para evitar “la apología del delito” en las redes sociales

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que su departamento, conjuntamente con el de Justicia, estudia “instrumentos legales adicionales” para perseguir las conductas que “hacen apología del delito y del odio”.

Fernández Díaz se expresó en estos términos en los pasillos del Congreso de los Diputados, preguntado por si el Gobierno cambiará la normativa que regula los comentarios en las redes sociales después de que se publicaran textos ofensivos por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.

“Esas conductas si hacen apología del delito y del odio deben ser perseguidas y nosotros las vamos a perseguir. Y si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales”, avanzó.

El ministro del Interior adelantó que el Ministerio del Interior y el de Justicia van a “trabajar conjuntamente” para ver que “en el marco de nuestro Estado de Derecho, como es evidente sin limitar la libertad de expresión, qué se puede hacer para poner coto a esta situación”. Fernández Díaz denunció, además, que esos comentarios en la medida que hacen apología del delito e incitan al odio, “después pueden traer consecuencias trágicas para todos y más vale en estos casos prevenir que curar”. “Nos conviene a todos”, dijo.

El ministro del Interior, que reconoció que no le “consta” que la Fiscalía haya abierto diligencias, insistió en que ordenó a la Policía que “abra una investigación” en este sentido y recordó que la Guardia Civil detuvo a 21 personas que en las redes sociales estaban haciendo apología del terrorismo de ETA y humillando a las víctimas.
“No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, advirtió Fernández Díaz para incidir en que “la última palabra la tiene la autoridad judicial”, pero asegurar que la Policía tiene la labor de perseguir de oficio conductas que sean delictivas.
Reto Sigue leyendo

Stéphane Hessel: de ¡Indignaos!’ a ‘¡comprometeos!’

El escritor francés reflexiona sobre su última obra, ‘En resumen, o casi…’, en la que pide “confianza y valor” a las jóvenes generaciones

JAVIER ALONSO (EFE) París 12/03/2012

 

El exdiplomático y escritor francés, Sthéphane Hessel. EFE

El exdiplomático y escritor francés, Sthéphane Hessel. EFE

Stéphane Hessel recuerda que no solo hay que indignarse, “hace falta también comprometerse”, y pide a los jóvenes más “confianza y valor” para transformar el futuro que viene.

Es una de las reflexiones del exdiplomático y escritor francés, incluídas en su última obra, ‘En resumen o casi…’ (Aguilar), que considera que el movimiento de los “indignados” debe tener “más sustancia”.

Ese movimiento mundial de protesta que prendió en España, Estados Unidos o Israel “es un pequeña fase, una puesta en práctica, una movilización de ciudadanos y ciudadanas”, reconoce Hessel (1917) en una entrevista en París.

“Ese movimiento existe. Pero por el momento es débil, hay que darle más sustancia”, subraya Hessel en su apartamento, a punto de salir de viaje a su Berlín natal.

“Y para eso no solo hay que indignarse, hace falta también comprometerse”, explica Hessel, quien añade: “Es decir, ante todo hay que dar confianza a las jóvenes generaciones. Estas no son incapaces de transformar el mundo que va mal en un mundo que irá mucho mejor. Tendrán que tener esperanza”.

Sin embargo, es esta esperanza precisamente la que falta porque las personalidades políticas que podrían tirar hacia adelante han defraudado, añade.

“Contábamos con Barack Obama, elegido (presidente) en condiciones extraordinarias: un negro elegido en Estados Unidos, la primera potencia mundial… Nos daba esperanzas, pero de momento estamos decepcionados, ni siquiera ha logrado acabar con el conflicto israelo-palestino, del que me siento tan próximo”.

Hessel reflexiona sobre Israel y Palestina o el deterioro del planeta

Sobre el asunto palestino, del que Hessel habla en su último título, apunta: “Creo que mientras que los palestinos no tengan antes de final de año un Estado reconocido por la ONU, este conflicto continuará envenenando las relaciones entre el este y el oeste, el norte y el sur”.

Por ello, su llamamiento de ahora a las jóvenes generaciones incluye la petición de “mantener la confianza y el valor”.

“La joven generación puede basarse en su llamamiento a favor de los derechos y las libertades para obtener el cambio a una sociedad mundial que ya no esté gobernada por una oligarquía poderosa, sino organizada de manera que se dé a todos el mínimo que hoy necesita cada uno”.

Para Hessel ese cambio es perentorio porque “el capitalismo desregulado” ha generado “crisis muy graves”, a lo que se suma el deterioro del planeta por sobreexplotación: “Si continuamos así, si hacemos ‘business as usual’ en pocos años, los 8.000 millones de hombres y mujeres de la tierra no podrán encontrar en ella recursos que necesiten”.

El pueblo, frente a los mercados

Implicarse es “un objetivo ahora casi más importante”, asegura

Al constatar que los gobiernos actuales “no pueden protegerse contra la influencia excesiva de las finanzas y de la especulación y de los paraísos fiscales” defiende que sea la ciudadanía la que imponga a sus Gobiernos “por las vías electorales habituales ser más valientes y defenderse mejor contra fuerzas que disponen de muchos medios”.

Por eso llama a un “civismo inteligente” en el que “los ciudadanos y ciudadanas se impliquen más”. “Es eso lo que, en mi libro, intento definir como un objetivo ahora casi más importante porque la situación en la que estamos es más grave”, explica.

A punto de cumplir los 95, Hessel reflexiona así desde un momento vital que le permite además decir que “la muerte es quizás uno de los momentos más interesantes de la vida”.

Noticias relacionadas

http://www.publico.es/espana/425618/stephane-hessel-de-indignaos-a-comprometeos

 

El hilo rojo de la Memoria histórica ante el 15M

La consigna de que no haya banderas y empezar a tratar de tener un color (el amarillo) como emblema recuerda a otras “revoluciones” no violentas orquestadas por la CIA.
José María Pedreño y Pedro García Bilbao | Para Kaos en la Red | 22-5-2011 a las 22:12
http://www.kaosenlared.net/noticia/hilo-rojo-memoria-historica-ante-15m
Las elecciones del domingo 22 de mayo han supuesto un cambio notorio de la situación política y que tendrá graves consecuencias en la evolución de la lucha de clases. Pero además de reflexionar y valorar el nuevo escenario es preciso abordar el fenómeno denominado 15M (DRY, Acampados, Todos a la calle, u cualquier otro avatar de un mismo ente).

El movimiento 15-M parte de dos cuestiones:

·            Por un lado, la indignación de una generación muy formada y que ve, al mismo tiempo, la clara posibilidad de que sus condiciones de vida van a ser peores que las de la generación anterior.

·            El rechazo a las ideologías, vinculándolas a los partidos políticos.

En cuanto al primer punto, el movimiento ha identificado claramente a los culpables de la situación económica, política, social y cultural.

En cuanto a lo segundo, la incapacidad mostrada, hasta ahora, por la izquierda clásica anticapitalista para ser capaz de aglutinar a su alrededor toda esa indignación con una refundación clara ha provocado, en gran parte, ese rechazo.

Este movimiento se ha nutrido del acompañamiento de millones de ciudadanos indignados por lo que está pasando. Corea eslóganes que la izquierda de base ha ido acuñando en centenares de movilizaciones a lo largo de varias décadas.

El movimiento 15-M dice estar contra el bajo perfil de la democracia actual, contra la banca, el Fondo Monetario Internacional, los políticos y además dice ser revolucionario. Sin embargo, el movimiento 15-M aún no ha dado pruebas de que es revolucionario ya que, en ningún momento se ha planteado la toma del poder del estado, para transformarlo (comunistas, socialistas y republicanos) o para destruirlo(anarquistas).

Se está promocionando como un movimiento cívico ni de izquierdas, ni de derechas. Desde aquí quisiera recordar que la Historia muestra muchos movimientos de este tipo: por ejemplo, Falange Española se consideraba así misma ni de izquierdas, ni de derechas y, sin embargo sirvió de brazo ejecutor de la derecha más reaccionaria. Por lo que se debe de tener mucho cuidado en esas apreciaciones. En una situación como la actual, con una sociedad cada vez más dual, con una derecha que mantiene un apoyo social de más de diez millones de votos, porque siempre ha sido coherente con su ideología, y una pretendida izquierda que ha abrazado las políticas de derechas, traicionando a sus propios muertos, mantener que no se es ni de izquierdas, ni de derechas, significa dejar las manos libres a aquellos que se pretende combatir. Es un auténtico crimen.

Desde dentro del movimiento se está tratando de excluir cualquier ligazón, no sólo con las luchas del pasado lejano, sino también con las del pasado más reciente. Excluir del movimiento a la casta de políticos profesionales que se han transformado en parte de la oligarquía, es comprensible, pero excluir a los militantes honestos de esos partidos y a activistas de numerosos movimientos sociales vinculados ideológicamente a la izquierda, al movimiento libertario clásico y al movimiento republicano, así como a asociaciones de larga tradición en las luchas sociales,  es incomprensible y muestra claramente lo que se pretende por aquellos que están manipulando la indignación de los oprimidos.

No parece que en estos momentos tenga referentes históricos, ni referentes ideológicos y sólo, aparentemente, un referente real: Egipto. Había una sola bandera republicana, la de la republica egipcia -y no querían ver otras-, y ya sabemos lo que ha ocurrido allí: las oligarquías internacionales sacrifican a un peón (Mubarak) pero no cambian el sistema realmente. Las estructura de dominio político, social y económico siguen intactas, sólo han cambiado al guardián y todo el mundo a su casa pensando que han hecho la revolución. Egipto no puede ser referente si de lo que estamos hablando es de defender conquistas sociales, económicas y políticas que están en peligro, recuperar las que se han perdido estos años atrás y ganar nuevas conquistas. Y para conseguirlo hay que combatir la estructura (las instituciones del sistema, la banca, los partidos del sistema, etc.)  y para poder combatir las estructura  con eficacia se necesita también combatir la superestructura (sistema de valores, ideología, simbología, historia, etc.)

Se corean eslóganes contra quienes están practicando una lucha de clases despiadada contra los pueblos, pero no se habla para nada de lucha de clases, ni quieren a nadie que hable de la lucha de clases. Hay que recordar que ellos, esos a los que se pretende combatir, sí la practican y cada vez que hablan de recortes sociales están hablando de lucha de clases.

El eslogan “Democracia Real Ya” tiene reminiscencias extrañas que no se refieren a nada que tenga que ver con la democracia. Hay que tener en cuenta que la palabra “real” significa “tener existencia verdadera y efectiva”, pero también significa “perteneciente o relativo al rey o a la realeza”. Sería más lógico hablar de “Democracia Plena Ya” con su significado de “completa” porque abarque todos los ámbitos de la vida. La explicación es sencilla: es un término que forma parte del ideario de la secta humanista. ¡Un movimiento apartidista que toma como nombre el lema de un partido-secta!

El decálogo con el que actúa es muy parecido a los puntos básicos con los que actúa el Partido Humanista, partido-secta que no admite otra forma de actuar ni otra ideología que la suya.

Si un movimiento no tiene referentes históricos e ideológicos democráticos (socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos) es fácilmente manipulable. Por eso, la consigna de que no haya banderas y empezar a hablar de tener un color (el amarillo) como emblema recuerda a otras “revoluciones” no violentas orquestadas por la CIA y  que también usaron colores llamativos, como el naranja.

La iniciativa viral del núcleo que ha desencadenado este torrente social ha empleado con gran inteligencia los recursos de la propia red; el gran descontento social y la ilusión de millones de personas ha hecho el resto.

Este triunfo indudable del grupo sectario —o de sus inductores internacionales— en causar este estallido ha sido posible sobre todo por la incapacidad de la izquierda del estado español para unirse y trazar un plan de resistencia organizada capaz de unir a todas las tendencias y organizar al descontento. Es evidente ahora que existía base social para la movilización de masas. Siempre ha estado ahí, pero las organizaciones —las estructuras— de la izquierda no han sabido articular la resistencia.

No es de extrañar que en ciertos entornos del poder, hayan actuado de forma mucho más contundente y decidida. Esta iniciativa del 15 M, DRY o como la llamamos, se ha desarrollado con un plan coordinado, unos límites claros en el alcance y un control ideológico total. El combustible ha sido la propia fuerza de la rebeldía y la vía la ambigüedad del discurso detonante. Ahora nos encontramos con que nos dicen que la izquierda que combate es igual que los «capitalistas», el ejemplo militante no vale, el compromiso probado no sirve, las banderas de la resistencia no valen. Uno de los miembros del núcleo central lo ha expuesto:en España es necesario cambiar la conciencia, pero no el Régimen. Bien claro.

DRY, 15M, Acampados, diversos nombres de un mismo objeto, tiene en su núcleo un «pensamiento» postmoderno y disolvente, postfascista, sectario. Es un monstruoso engendro. Alguien se ha ganado el sueldo en el departamento de ingeniería social de algún oscuro retrete del poder.

El amarillo o el naranja están unidos al deseo de aplastar toda la tradición de rebeldía y resistencia que desde Espartaco hasta hoy ha combatido contra la tiranía. La memoria histórica de la resistencia acaba de recibir un tiro en la nuca y se le predica en las asambleas de la secta que todos son iguales y que ningún referente histórico vale. Nadie, ni Espartaco, Ni Rousseau, ni Kant, ni Proudhon, ni Bakunin, ni Marx, ni Lenin, ni Rosa luxemburgo, ni Gramsci, ni Durruti, ni las 13 Rosas, ni las mujeres trabajadoras del XIX, los mártires de Chicago… nadie vale. Sólo la nueva prédica. ¿Feminismo? Las pancartas feministas fueron arrancadas en Sol por los acólitos de la secta…

El ente que ocupa Sol ha decretado la disolución de todos los movimientos sociales, republicanos, memorialistas, feministas, laicos, sindicatos y partidos. Ya no valen, nos dicen. Ahora todos los que quieran participar en la lucha por una democracia real tenemos —según ellos— que respetar las Reglas y Estatutos de este engendro, con su discurso ambiguo, sus límites intocables, su apoliticismo y apartidismo, su banderas y colores de diseño. Quienes en la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo hemos ocupado Sol durante 56 jueves seguidos, semana a semana, con nuestras banderas y pancartas, ahora resulta que tenemos que pedir permiso o ganarnos el derecho a enarbolar la bandera tricolor en asambleas diseñadas y bajo el control último de una secta postmoderna. Es ridículo. Absurdo.

Pensamos que el movimiento 15M debe continuar, pero en él deben estar incluidos todos los movimientos sociales que luchan contra las injusticias del sistema, así como representadas todas las ideologías que históricamente han intentado mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Las banderas comunistas, socialistas, anarquistas y republicanas deben darse cita en él.

Si no se tiene en cuenta todo esto podemos estar ante un movimiento manipulado por el propio sistema para usarlo como cortafuegos ante un más que posible proceso de refundación de la izquierda en clave republicana y anticapitalista dispuesto a luchar contra la nueva oleada de recortes económicos, sociales y políticos que nos amenaza.

Urge tomar medidas.

Esto nos atañe a todos, a todas las corrientes de la izquierda que combate, sea cual sea su tendencia o bandera. No vamos a consentirlo.

Los movimientos sociales y partidos de la izquierda que lucha debemos valorar la situación y trazar una línea de acción y denuncia conjunta. No debemos plegarnos a unas reglas de juego impuestas por quienes están al servicio del poder.

Hemos de participar en todos los frentes de lucha que se abran y en las movilizaciones, acampadas y asambleas indignadas y sin indignar que se creen. Vamos a defender la revolución social, los derechos de los trabajadores, la memoria histórica, la Tercera República, el laicismo… las luchas y frentes abiertos, y no vamos a pedir permiso por ello. Hay que hacer estallar las contradicciones. Cuando este carnaval acabe, el horror del capital seguirá ahí. No va a ser derrotado sin lucha. Llamamos a la reflexión y a la unidad de acción a todos los que de buena fe se han unido a las movilizaciones de estos días. ¡indignaos!

Es preciso aislar a este engendro postomoderno y postfascista al servicio del poder, que se ha instalado en el centro de la lucha y vampiriza la justa indignación de los trabajadores y los jóvenes.

No vamos a parar hasta el día que en Sol ondee en el Edificio de Gobierno (la histórica Casa de Correos), la bandera de la República del Pueblo.

http://www.kaosenlared.net/noticia/168539/hilo-rojo-memoria-historica-ante-15m