Madres atravesadas por las fronteras

Un joven brasileño, que venía a visitar a su madre de nacionalidad española, ha pasado ocho días detenidos en la sala de no admitidos de Barajas.

Unos días atrás, un niño español de tres años no podía viajar a España junto a su madre por no tener dinero para pagar una multa de 100 euros.

“Se están vulnerando derechos fundamentales amparándose en otro superior, el del control de las fronteras, que no es ningún derecho sino políticas de seguridad”, nos explica el abogado Arsenio Cores.

17.11.2014 · Patricia Simón

“Estoy muy agradecida a España. Cuando conseguí los papeles estaba contentísima, pero no sólo por la documentación, sino por ser una más. Tenía el orgullo de tener la nacionalidad española, pensando que ya era una ciudadana de pleno derecho y ahora descubro que no, que ni siquiera tengo el derecho a que me visite mi hijo”.

Vaineide Paixao Pereira lleva viviendo 14 años en España. Tras años de duro trabajo, tiene su propia empresa agraria en Guadalajara, con una media de 5 trabajadores eventuales. Su hija y su nieta española de siete años, viven también en Castilla La Mancha. Por eso, cuando el jueves a las once de la mañana, su hijo no aparecía en la puerta de llegadas del Aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas), no entendía por qué un policía le recomendaba ir a la comisaría dedicada a inmigración. Su hijo no quería migrar a España, quería visitar a su madre. “Desde entonces, estoy viviendo una situación absurda y arbitraria, pero no voy a parar hasta ver a mi hijo”.

Adalberto Sales, 24 años, lleva desde el jueves detenido en la sala de no admitidos de Barajas, un recinto donde el oscurantismo y la desprotección es aún mayor que en los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). Adalberto no ha podido recibir visitas de familiares, no le pueden hacer llegar objetos personales como ropa o productos de higiene pese a que ya lleva cinco días de reclusión. Sólo puede recibir llamadas a través de la cabina pública que tienen que compartir todos los detenidos. Es precisamente a través de esta vía por la que la policía española le comunicó a Vaneide la razón por la que su hijo no podía pasar unas semanas con ella. En su documentación constaba que hace unos años estuvo de manera irregular en España. “Yo le contesté que como todos los inmigrantes, primero teníamos que llegar ilegalmente hasta que íbamos consiguiendo los papeles. Pero que por aquel entonces, Adalberto era menor de edad así que él no había cometido ningún delito, sino yo”, explica a Periodismo Humano. “El hecho de que haya estado en situación irregular previamente no es ningún requisito para que pueda ser expulsado después”, nos explica el abogado Arsenio Cores. De hecho, en el acuerdo de expulsión que le han entregado a Adalberto, los argumentos para el rechazo son otros: “carecer de la documentación adecuada que justifique los motivos y condiciones relativas a su estancia y carecer de medios de subsistencia suficientes en relación al periodo de su estancia”. Adalberto desconocía que debía traer una carta de invitación de su madre y viajaba con 300 euros porque ella se haría cargo del resto de los gastos durante sus vacaciones en España.

Ya en 2012, Brasil igualó los requisitos para los turistas españoles a los exigidos a sus ciudadanos y ciudadanas en los aeropuertos españoles. El gobierno brasileño respondía así a la no admisión de 1.400 brasileños y al maltrato sufrido por muchos otros que viajaron a nuestro país en 2011.

El abogado de oficio que puso a disposición de Adalberto la policía española “no hizo lo suficiente” según su madre, por lo que ha contratado a otra abogada que ha entregado a las autoridades la documentación que acredita que ella tiene nacionalidad española, ingresos suficientes para mantener a su hijo durante su estancia en España y domicilio propio. Además, Adalberto ha solicitado protección internacional.

De hecho, evidenciando la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan los inmigrantes en España, tengan su situación regularizada o no, Vaneide, consciente de los obstáculos con los que se han encontrado a menudo los brasileños en los aeropuertos españoles, fue a informarse a la comisaría de Guadalajara el día que su hijo iba a coger el vuelo. Allí le recomendaron que el muchacho trajera una carta de invitación, pero como era demasiado tarde para hacérsela llegar, le dijeron que aunque ella era su madre y tenía vivienda en propiedad, trajera una reserva de una habitación en un hotel. Pese al sinsentido, Vaneide así lo hizo siguiendo los consejos de los organismos oficiales.

Al otro lado del charco, unos días antes, una mujer llora desconsoladamente junto a los mostradores de Iberia en el aeropuerto de Santo Domingo. Un crío de tres años balbucea “mamá, mamá” a su lado angustiado por el desconsuelo de su madre. Diana acaba de enterarse de que tiene que pagar 4000 pesos (74 euros) porque su hijo, de nacionalidad española, ha pasado en el país de su madre, dominicana, dos meses más del periodo permitido. Ella, embarazada de más de 5 meses, no tiene más que 50 euros en el bolsillo. Su familia, que ya se ha vuelto para su pueblo, tampoco tiene dinero. Son pobres.

Uno de los pasajeros, que prefiere guardar su anonimato, observa la escena atónito ante la posibilidad de que esta mujer no pueda volver a España, donde reside, trabaja y de donde es su criatura, por la falta de 24 euros. Trabajadores locales de Iberia le confirman que, de no conseguir ese dinero en los próximos minutos, tendrán que quedarse en tierra. El pasajero le da el dinero a la mujer que acompañada por una trabajadora de tierra de la aerolínea, corre a Inmigración para pagar la multa. Allí ambas descubren que habían intentado estafarla: le habían pedido el doble que la cuantía legal.

Mientras en España, siete días después, Adalberto sigue en la sala de inadmitidos de Barajas. En el control de pasaportes “un policía me preguntó que si vivía en España. Le contesté que no, que venía de vacaciones a ver a mi familia y que luego volvería a mi país. Me llevaron a una sala pequeña. Allí vino otro policía. Le expliqué que venía a ver a mi madre que tiene la nacionalidad española, a mi hermana, a mi sobrina de siete años. Me chillaba preguntándome que por qué hablabla tan bien español. Le dije que había recibido cursos, que mi madre me hablaba en español para que no perdiera el idioma, que mi sobrina no hablaba portugués así que también hablabla español con ella. Me gritó que hablaba español mejor que su madre. Volvió a preguntarme por qué venía. Me pusieron en otra sala pequeña con seis dormitorios. Volvieron a entrevistarme y a los cinco minutos el policía me dijo ‘Hemos decidido que no puedes quedarte’. Le contesté que cómo que no me dejaban quedarme si mi madre es española. Me dieron un papel para que lo firmara. Me negué”. Adalberto no pudo ver a su abogada hastra tres días después, el sábado.

La legislación española no recoge el derecho de una madre española a recibir visitas de su hijo ni la dominicana a que un niño español retorne a su país de origen con su madre, aunque ésta no tenga dinero para pagar una multa. Pero sí la Convención Europea de derechos humanos. “La entrada en España no es un derecho fundamental, pero sí lo que subyace detrás de estas decisiones: el derecho a mantener íntegramente relaciones familiares que recoge la Convención Europea. Cuando se habla de derechos fundamentales, siempre se piensan en los civiles y políticos, pero no en los económicos, sociales y culturales porque se impone otro supuestamente superior, el del control de las fronteras que no es ningún derecho, sino unas políticas de seguridad”, explica a Periodismo Humano el abogado Arsenio Cores. Y unas políticas determinadas nunca pueden pasar por encima de derechos fundamentales. “En la práctica, la Ley de Extranjeria y la normativa aplicable no permiten recurrir ante los tribunales la decisión de no dejar entrar a una persona extranjera en su país, menoscabando en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva y con ello la protección de otros derechos también fundamentales como es el derecho a la intimidad familiar”, añade.

Durante estos cinco días, a Adalberto no le han dado siquiera su maleta para que pueda cambiarse de ropa interior. “Desde el jueves no veo la luz del día, no sé qué hora es salvo por el reloj. No puedo ni fumar. Es alucinante que la policía haga esto con un hijo que tiene una madre española. Aquí la policía trata a la gente muy mal, como si fuéramos criminales. Un día, un chico se puso cerca de la puerta y un policía empezó a gritarle que se quitara de ahí. Es como si nos pusieran a prueba para que saltáramos. Hace tres años que no veo a mi madre, mi hermana y mi sobrina y no puedo estar con ellas porque unos policías ‘han decidido que no puedo pasar’. ¿Cómo van a decidir ellos sobre la vida de una persona? La policía debería estar para proteger los derechos de las personas, no para impedir a una persona pasar unos días con su familia. Además no me informan de nada”.

Junto a Adalberto hay otras cinco personas en la sala de inadmitidos. Ninguno de ellos sabe todavía su suerte. Según el informe del Ministerio del Interior sobre la lucha contra la inmigración irregular, se les denegó la entrada 8.704 personas en 2013. No especifican cuántas lo fueron en los aeropuertos.

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