La ONU advierte a España de que la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal “socavan” Derechos Humanos

Confían en que se adopten las medidas necesarias

RIS espera que el Gobierno “tenga en cuenta” estas advertencias

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.

La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.

Según explican, “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, plantean.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería “podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

“LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN”

Asimismo, el relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto “vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio”, limitándolo “marcadamente”.

“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuanto al Código Penal, afirman que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y citan como ejemplo que se trate como “circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa'”.

“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalca Maina Kiai.

“PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA”

Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem “conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’, los expertos consideran que “son excesivamente amplias e imprecisas”.

“Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet”, denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

“QUE SE TENGA EN CUENTA”

Rights International Spain (RIS), que viene trabajando para evitar que ambas normas vean la luz en su redactado actual por considerar que vulneran derechos fundamentales en diversos ámbitos, se había dirigido entre otros organismos a algunos de los relatores especiales de Naciones Unidas que se pronuncian ahora en este escrito advirtiendo del contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno.

“Desde la ONU se respaldan muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta. Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha señalado la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-relatores-onu-advierten-espana-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-socavan-derechos-humanos-20150223150631.html

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[Otro paso del regimen] Aprobaron anteproyecto de la Ley Mordaza: En breve todxs seremos terroristas

Por Kaos. Criminalización y represión

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Con absoluta hipocresía y cinismo el gobierno ha alegado que la ley de Seguridad Nacional no reprime las libertades y no constituye una amenaza para las propiedades privadas de los ciudadanos.  La verdad es que  escraches, huelgas con piquetes y otras protestas ciudadanas serán delitos de TERRORISMO!

Que agregar que no vengamos informando acerca de esta ley totalitaria y reprsiva que sanciona el disenso y la lucha por la igualdad, la libbertad y la justicia. Lo que debemos saber es que estamos en la cuenta regresiva para su aprobación y por ende la criminalización generalizada de la gente que disienta, proteste y se manifieste.

Repercusión en las redes sociales:

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Adelanto del diccionario de la RAE 2016: TERRORISTA: Dícese del q haga algo q no le guste al gobernante. #YoNoSoyTerrorista #LeyMordaza NO!

El PP enarbola la seguridad como tema estrella de su campaña

El Gobierno aprueba una ley que recoge la situación inédita de “interés para la seguridad nacional” y da más poder al presidente. Los conservadores celebran hoy y mañana un foro para explicar las medidas del Ejecutivo.

MADRID.- Desde La Moncloa y desde el PP insisten continuamente en que la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley de seguridad nacional y la celebración del Foro Libertad y Seguridad estaban previstos desde hace bastante más tiempo de que se produjeran los ataques en París la semana pasada. De hecho, la vicepresidenta ha advertido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo de que la norma que inicia hoy su andadura es independiente del futuro plan nacional de lucha contra el terrorismo yihadista, que el Gobierno pactó con el PSOE.

Sin embargo, casualidad o no, la seguridad se ha convertido en uno de los temas estrella que centrarán la campaña electoral del PP para las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, reconocen los conservadores. Máxime en un momento en el que la población europea -y la española no es una excepción- permanece en estado de alerta por el incremento de la amenaza yihadista, que se ha materializado ya en Francia y en Bélgica.

El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que da más poder al presidente del Gobierno y le permite declarar la situación inédita de “interés para la seguridad nacional”, un estadio anterior a los de alarma, de excepción o de sitio, aunque el nuevo puede declararlo el jefe del Ejecutivo y los otros tres -que la nueva ley también regula- requieren de la aprobación del Gobierno en pleno o del Parlamento. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado asimismo -y ha insistido varias veces en este punto- que la situación de “interés para la seguridad nacional” no implica la “suspensión” en caso alguno de los “derechos y libertades” de los ciudadanos, algo que sí ocurre en los grados posteriores. El último caso de estado de alarma, ha recordado la portavoz del Ejecutivo, lo vivimos con la huelga de controladores en 2010.

Desde la ley de 1981

El estado de “interés para la seguridad nacional” se adoptará ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración, aunque su gravedad no alcanza la necesidad de declarar el estado de alarma, excepción o sitio contemplados en la ley de 1981. La nueva norma busca incrementar las capacidades del Estado para responder a desafíos y amenazas, define competencias en materias como la ciberseguridad, la seguridad marítima o la seguridad financiera, así como el medio ambiente, los transportes o las telecomunicaciones.

La ley de seguridad nacional empezó a andar en 2012, con la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la aprobación de una Estrategia que incluía la aprobación de la norma seis meses después; se ha aprobado, pues, con mucho retraso. La mejora de la coordinación y un funcionamiento más integrado es el objetivo prioritario de esta ley, para cuya elaboración se ha contado con los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior y con Presidencia del Gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional la aprobó el pasado 31 de octubre.

Alfano, invitado estrella del PP

Dos horas después de finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy, el PP celebra el Foro Libertad y Seguridad, inaugurado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Cuenta, además, con la participación del director de Gabinete del presidente Mariano Rajoy, Jorge Moragas, que leerá un documento de elogio explícito sobre la ley del Ejecutivo aprobada horas antes: ‘El nuevo sistema de seguridad nacional. Un compromiso cumplido’.

El Foro del PP será clausurado el sábado 17 por el presidente del Gobierno y viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Angelino Alfano. El responsable de la seguridad de Italia, que fuera señalado ‘delfín’ del exprimer ministro Silvio Berlusconi, es un habitual de los actos del PP. El año pasado, por estas mismas fechas, Alfano participó en la Convención Nacional que los conservadores celebraron en Valladolid.

http://www.publico.es/politica/pp-enarbola-seguridad-tema-estrella.html

http://kaosenlared.net/otro-paso-del-regimen-aprobaron-anteproyecto-de-la-ley-mordaza-en-breve-todxs-seremos-terroristas/

La fiscalía pide 800 años de cárcel para los jefes de la trama con la que se lucró el PP

CASO GÜRTEL / SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE ESPERANZA AGUIRRE COMO TESTIGO
CUARTOPODER | Publicado: 16/1/2015vineta_Danuto_Martingo_logo_PP

Más de un siglo de cárcel para Francisco Correa, 86 años para el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pedro Crespo; 46 años para el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, 42,5 para el extesorero del PP Luis Bárcenas, 8 y 3 años de cárcel, respectivamente, para los también extesoreros del partido Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, 15 años y 4 meses para el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la exministra Ana Mato Jesús Sepúlveda…(ver vídeos). Estas son algunas de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que en total suman casi 800 años de prisión, solo por los hechos de la primera época de la trama de corrupción conocida como Gürtel (1999-2005), de la que, según consta en el escrito de acusación de más de 500 páginas, se lucró el PP, partido al que también se responsabiliza de tener una ‘caja B’.

La lista de delitos es casi tan numerosa como la de acusados. Entre otros cabe citar los de asociación ilícita, fraude, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos, prevaricación, apropiación indebida, tráfico de influencias, tentativa de estafa procesal o contra la Hacienda Pública.

En el escrito de la Fiscalía destaca también la petición de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, declare como testigo cuando se celebre el juicio.

Europa Press (YouTube)

Comentario de Ramón Moreno Palau:

Como decia el periodista ERNESTO EKAIZER en la tertulia de la sexta,esta claro que en la cúpula del PP habia organizada una trama para delinquir en beneficio de determinados personajillos-todos en la cúpula-era una trama bien conocida en las alturas del PP y no cuatro sinverguenzas que querian aprovecharse del partido como los peperos intentan hacer creer a los mas incautos,hay indicios mas que suficientes para saber que la cúpula pepera era realmente sobrecogedora y la corrupción mas repugnante era su compañera de viaje,si en noviembre de 2015,estos golfos vuelven a obtener la mayoria absoluta es que este pais es la mierda mas grande del planeta

http://www.cuartopoder.es/multimedia/2015/01/16/la-fiscalia-pide-800-anos-de-carcel-para-los-jefes-de-la-trama-con-la-que-se-lucro-el-pp/4664

Feliz año de cambio

Que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas

Beatriz Gimeno 

25/12/2014 – 19:12h

La semana pasada volvía a Madrid en avión y, por la razón que fuera, tuvimos que dar unas vueltas antes de tomar tierra. Mirando por la ventanilla, a esa altura en la que se ven los huesos y las venas de las ciudades, e incluso se distinguen los coches, lo que se distinguía muy claramente era una línea de cemento que como un río tranquilo se delineaba al lado de las autopistas atestadas. Una línea larga, ancha y completamente vacía que discurría en muchos tramos paralela a la otra vía llena de coches. Y al final de ambas esperaba el atasco de entrada a Madrid en hora punta. Era evidente que nadie iba a pagar por llegar un poco antes al atasco de entrada, era evidente que las radiales de pago iban a ser un fracaso, era evidente que se hicieron no por necesidad, sino por la razón por la que en España se vienen haciendo las obras públicas desde hace mucho, por dinero: dinero que se va distribuyendo por medio de comisiones entre muchos actores opacos, dinero de sobreprecios, dinero del rescate con intereses que se pacta desde el comienzo de la obra. El final es ya conocido: la obra es un inmenso fiasco, pero no importa porque los que hacen negocio se han enriquecido un poco más y porque al final el fiasco lo pagamos nosotros y nosotras.

Lo hemos visto con auditorios enormes vacíos e innecesarios, autopistas, hospitales que no sirven, aeropuertos, estaciones de tren, edificios mastodónticos o almacenes de gas que provocan terremotos. Siempre hay dinero para construir lo que no hace falta, lo que nadie quiere, lo que es peligroso o contaminante; y hay dinero también, lo que sea necesario,  para tratar de reconstruir el desaguisado o, simplemente, para devolvérselo a quienes antes lo han tirado, y lo han tirado porque saben que llegará más.  2400 millones de euros es lo que nos quitan para dárselo a los dueños de unas autopistas que cualquier persona normal hubiera predicho que iban a ser un desastre. Pero eso no importa porque ese es el verdadero negocio de estas obras inútiles, faraónicas, carísimas e innecesarias: el rescate. Que se lo digan a Florentino Pérez, que al final va a recibir 4000 millones entre devolución más los intereses de su proyecto de almacén de gas Castor. Todo para el pueblo, Todo el poder para los soviets, Power to the people… A estos lemas históricos habría que sumar otro, el de la revolución neoliberal, uno que se cuidan de ir gritando por las calles pero que se  saben de memoria en los despachos: “Todo el dinero para los ricos”.  Lo bueno es que ya nos vamos dando cuenta de que ese “todo” se refiere a nuestro dinero; es decir, al que se destinaba a pagar aquello que necesitamos para poder vivir: la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes, la energía, todo lo que es o debería ser común.

El mismo día en que yo aterrizaba en Madrid y veía desde arriba ese inmenso timo, perpetrado entre otros por quien ahora se postula para alcaldesa de Madrid, los enfermos de hepatitis C se encerraban en el hospital 12 de octubre para pedir que se les administre un medicamento que les puede salvar la vida. Los habituales defensores de la vida embrionaria y fetal, en cambio, no tienen opinión sobre las vidas de estas personas que están condenadas a morir porque los ricos, las farmacéuticas en este caso, han puesto un precio absurdo, desorbitado y criminal a un medicamento; y también porque los políticos que nos gobiernan, y que son los que supuestamente velan por el bien común, solo velan, en realidad, para detraer dinero público y enviarlo a los bolsillos de quienes más tienen, y no para distribuirlo, faltaría más, en las necesidades de la gente, aunque sean necesidades vitales.

Ya sé que la mayoría de los que leemos este diario lo sabemos; ya sé que mucha gente lo sabe aunque no debe saberlo la suficiente puesto que los políticos que nos han hecho esto siguen sacando cotas inexplicables de votos. Por eso no podemos dejar de insistir, de golpear la misma piedra hasta que la piedra se haga añicos. Repitan conmigo: 1350 millones de euros al proyecto Castor (al final serán 4000 millones); 2400 millones de euros a las innecesarias autopistas de  peaje; 3000 millones regalados a las empresas eléctricas porque sí; 100.000 millones (o más)  a bancos y cajas de ahorros, a los de las tarjetas black, a los de las preferentes, a los estafadores de jubilados y de pequeños ahorradores. Y esto son solo las cifras más llamativas, las otras, las que hablan de millones de euros diseminados en proyectos o negocios que significan dinero público que se detrae de nuestras vidas para acabar en los bolsillos de alguien… esos son literalmente innumerables; la última semana, por ejemplo,  una imprescindible Torre del Vino por más de 4 millones de euros en Socuéllamos y que no va a visitar nadie (podéis llamarme vidente). Una obra inaugurada por la misma Cospedal en cuya comunidad los enfermos mueren en los pasillos porque el dinero para cuidarles ha ido a la torre del vino, a muchas torres y a unos pocos bolsillos.

En los pasillos del hospital 12 de octubre los enfermos y las enfermas de hepatitis C y sus familiares esperan con la angustia de los condenados a muerte un medicamento que les salve la vida. Estas personas no han robado a nadie, no se han enriquecido a costa de nadie, sino que son las víctimas de los robos de otros.  Pensemos por un instante en un sistema que pone un precio de 25.000 euros a un tratamiento médico y que, en cambio, pone un precio de cero euros a la vida humana. Pensemos en unos supuestos representantes públicos que hacen lo contrario exactamente de lo que la gente quiere que hagan, que gestionan lo que es de todos de manera que acabe en los bolsillos de muy pocos. Sigamos repitiendo las obviedades porque no deben ser tan obvias cuando tanta gente aún no lo acaba de tener claro. Sigamos dando y dando a la piedra hasta que no quede piedra donde dar.

Os deseo a todos y todas, y deseo para mí misma, un año 2015 de cambio; que la indignación se convierta en rabia, que la rabia nos lleve a las urnas y con los votos hagamos desaparecer a los políticos que han permitido este estado de cosas. Y que a los ladrones y a los corruptos se les pueda juzgar y castigar. Que nuestro deseo de cambio nos convierta en la fuerza imparable que necesitamos para recuperar la vida que nos roban.

www.eldiario.es/zonacritica/Feliz-ano-cambio_6_338826116.html

No hagas al prójimo lo que no quieres que hagan contigo

El Gobierno ha legalizado las expulsiones ‘en caliente’ con su nueva ley mordaza. Cuando el PP quiere saltarse la ley, legaliza sus ilegalidades

La inmigración no es una amenaza en España, lo que es una amenaza es la emigración. Si en Alemania nos trataran como tratamos nosotros a los africanos, les llamaríamos nazis

JAVIER GALLEGO

18/12/2014 – 09:47h

Cuando un ciudadano se salta la ley, lo paga. Cuando el Gobierno se salta la valla de la legalidad, es la ley la que lo paga. Decía Ignacio Escolar que, cuando al PP le va mal en un juicio, cambia al juez primero y al jefe de policía que les investiga después, como ha hecho en la Gürtel. Pues bien, de la misma manera, cuando al PP le va mal una ley, primero la infringe y después la cambia para legalizar su ilegalidad. No le van bien los negros que saltan la valla, así que primero los expulsa ilegalmente cuando acaban de entrar y ahora nos han colado por el butrón de la ley mordaza la legalización de las expulsiones ‘en caliente’. En la misma norma que nos restringe libertades a todos, la única libertad se la han tomado ellos. Han inventado nuevos delitos para nosotros, pero han convertido sus delitos en legales.

No respetan la opinión pública, pero tampoco los organismos internacionales a los que pertenecemos. Han hecho lo contrario de lo que dice y hace Europa. Cuando la Unión Europea ha visto que sus fondos de desarrollo se han utilizado para construir un obsceno campo de golf junto a la valla de Melilla, la indignación social le ha obligado a prometer que revisará el uso de esas ayudas a partir de ahora. Cuando el Gobierno español ha sido amonestado por el maltrato a personas en la frontera, ha decidido aplastar la leyes nacionales e internacionales con la apisonadora de su mayoría parlamentaria. Si no te gustan mis principios, cambia los tuyos. No me importa lo que diga la Justicia porque “la Justicia soy yo”.

Se comportan como justicieros y hablan como matones, empezando por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha respondido a los comisarios europeos como si estuviera en una taberna: “Que me envíen sus direcciones y les mando a esa gente, a esa pobre gente”. Mejor ser gente pobre que no un pobre hombre como el ministro. Esa no es manera de hablarle a tus colegas ni son maneras de referirse a quienes se juegan la vida para intentar llegar a Europa. Habla de ellos como si fueran paquetes postales. De hecho, durante todo su mandato, los ha tratado como bultos. Ha ordenado que les disparasen, incluso en el agua, que les golpeasen en la valla, que pusiesen cuchillas aunque les desuellen vivos, que los echen fuera. Como maletas en un aeropuerto.

Ha enviado a quince de ellos a la muerte en la playa de Ceuta por culpa de sus órdenes de disparar. Otras dos personas han perdido la vida en los centros de internamiento por falta de asistencia médica, y nada ha dicho el ministro al respecto. Está más preocupado por hacernos creer que va a haber una invasión de negros y que, si no la reprime con contundencia, pronto tendremos a toda África negra llamando a nuestras puertas. Ya ha conseguido la aparatosa imagen de los subsaharianos encaramados a la valla como si fueran hordas y titulares de prensa que amenazan con la llegada de 30.000 más. Hay más racismo y xenofobia que verdad.

La verdad es que la inmigración por la valla o en patera, aunque ha crecido en el último año, no llega al 1% del total. La verdad es que no hacía falta echar a 800.000 sin papeles de la Sanidad Pública porque toda la inmigración solo usa un 5% de nuestros servicios sociales y los inmigrantes aportan más al Estado de lo que utilizan. La verdad es que son más los que se van que los que vienen. La verdad es que España ha dejado de ser el país europeo que más migración recibe. Ahora es Alemania: el país al que emigran los españoles. Allí nosotros somos los pobres. El problema no es que vengan, el problema es que nos vamos. Si los alemanes nos recibieran como recibimos a los africanos, les llamaríamos nazis.

Feliz día mundial del migrante, señor ministro, dios quiera que usted emigre pronto de su ministerio.

Javier Gallego es director de Carne Cruda. Escucha el programa todos los martes y jueves a las 12:00 en http://www.carnecruda.es

www.eldiario.es/zonacritica/hagas-projimo-quieres-hagan-contigo_6_336376364.html

España – Estado policial

Fernando de Silva

Fernando de Silva

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio; pero al menos nos queda la palabra

estadopolicial (foto del blog de Fernando de Silva)Si ahora nos quejamos de que las libertades ciudadanas están siendo perseguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, qué diremos cuando se vean las consecuencias reales de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada con el exclusivo apoyo del PP.

Muy pronto los desahucios, que a diario se llevan a cabo por parte de los bancos contra personas que están sufriendo la marginación social por culpa de la crisis, ya no serán noticia, porque nadie se atreverá a protestar o tratar de impedir que se ejecuten, por miedo a que les impongan una multa millonaria; ni se podrá salir a la calle en protesta espontánea contra las injusticias sociales y laborales que a diario se cometen, para evitar una dura sanción; y mucho cuidado con el contenido de las pancartas que se exhiban en una manifestación legal, no sea que ofendan a nuestras autoridades y apliquen la conocida como “ley mordaza”.

Ni en los últimos años de la dictadura franquista se impuso una ley tan represiva como la aprobada la pasada semana. Pero esta situación no ha llegado sola, y son culpables muchos de los que ahora protestan. Dar el poder absoluto a un partido con convicciones ideológicas antidemocráticas tiene su precio, y ahora lo pagaremos todos, menos ellos; quedarse en casa, como hacen la mayoría de los ciudadanos, sin evidenciar una oposición a los abusos de poder que se están produciendo, les envalentona aún más para humillarnos. Lo que no entiendo es cómo nuestra sociedad, salvo puntuales excepciones, puede permitir esto, a no ser que estemos conformes con la represión ideológica y la pérdida de derechos consagrados en nuestra Constitución.

A partir de ahora los atropellos policiales podrán cometerse con absoluta impunidad, y ya no habrá una foto ni un vídeo tomado por un honrado ciudadano que permita conocer la verdad, para que se haga justicia. Porque enfocar a un grupo de policías que puedan estar pegando una paliza a alguien en plena vía pública, y de esto tenemos algunos ejemplos muy clamorosos en los últimos tiempos, está sancionado con multas muy cuantiosas. Sin embargo podrás acudir a un juicio si has sido testigo de un abuso de autoridad, pero en este momento descubrirás que, por ley, la palabra del funcionario de policía vale más que la tuya. Hasta tiene más valor la palabra del guardia civil detenido por pertenecer al Frente Atlético, que la nuestra.

Mientras desayuno, en el mismo diario, leo en la prensa que varios trabajadores de Arcelor Mittal pueden ser condenados a cinco años de prisión por disturbios producidos durante una protesta laboral. Paso la página y me entero de que un tal Rato, que nos engañó a todos cuando presidía Bankia, lo que ha supuesto desembolsar miles de millones de euros procedentes de nuestros bolsillos,  goza de plena libertad, y hasta se permite el lujo de viajar a Suiza con frecuencia, “no sabemos a qué”, dado que ni siquiera se le ha retenido el pasaporte. ¿En qué hemos convertido nuestro país?; en una vergüenza nacional, para sonrojo de propios y extraños.

¿Y qué dicen los jueces a todos esto? Muchos no se atreven a actuar, otros ya hacen bastante con perseguir  con escasez de medios la corrupción  de quienes nos gobiernan, pero a partir de ahora quedarán anulados por ley para intervenir en todo cuanto se regula en la Ley de Seguridad Ciudadana, dado que el control de las infracciones lo tendrá la propia administración, que se convertirá en juez y parte, dejando a los ciudadanos en una completa indefensión. Y todo esto lo hacen quienes por la mañana defienden la Constitución y por la tarde la vulneran.

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio;  pero al menos nos queda la palabra,  que debemos de usar para defender nuestros derechos y denunciar las injusticias antes de que nos corten también la lengua, que a buen seguro lo intentarán; que nadie lo dude.

Fernando de Silva es abogado, militante de Podemos y autor del blog SInLaVeniA

http://www.elplural.com/opinion/estado-policial/

Guerra total de los jueces progresistas a Rajoy, al que acusan de mentir

Niegan su ‘medida estrella’ contra la corrupción: no se incorporan 300 jueces sino que se regulariza la situación de 300 magistrados que llevan tiempo incorporados

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha sido contundente: “El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad”. Explica que los jueces a que hace referencia el presidente del Gobierno ya existen y lo que se hará es regularizar su actual situación. Para más inri estos jueces no pertenecen en su mayoría al ámbito penal.

“El Decreto al que se refiere el presidente del Gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados”, aclara Bosch en un comunicado.

El anuncio de Rajoy
La reacción de Jueces para la Democracia responde a que el  presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer  que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la creación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces de adscripción territorial, además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional.

“Es falso”
Según aclara el portavoz de JpD “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción”.

Regularización administrativa
“En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años”. Continúa Bosch: “Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.

No tiene que ver con la corrupción
Explican desde JpD que “este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo”.

No son del ámbito penal
“La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones”, dice.

“El Gobierno sigue sin hacer nada”

Es también duro Bosch en el análisis de la situación: “Tras dos años en los que el Gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción, sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del Gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa”.

Urbanismo, caldo de cultivo de corruptos
“Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones”, exigen los jueces progresistas.

Medios para perseguir y condenar
Recuerda también la necesidad de dotar a la justicia de una mejor infraestructura:  “nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante”.

Anuncio falaz
Concluye Bosch: “la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción”.

http://www.elplural.com/2014/10/31/guerra-total-de-los-jueces-progresistas-a-rajoy-al-que-acusan-de-mentir/

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 25/10/2010

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una “propensión al intercambio de favores” entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos “provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores”.

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como “interlocutor” en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que “reportaba” a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

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http://www.publico.es/espana/343213/anticorrupcion-confirma-que-aguirre-se-financio-ilegalmente?src=lmFn&pos=3

La corrupción condena al Partido Popular a una semana negra

Las continuas imputaciones judiciales a raíz de las tarjetas black y la financiación ilegal cercan al partido de Rajoy

El presidente se aferra al propósito de enmienda como única respuesta a la imagen de corrupción en su partido tras varios días de silencio

Rajoy ofrecerá España a Asia como puente hacia la UE, América Latina y el norte de África

Rajoy ha pasado una de las peores semanas desde que llegó a Moncloa.

El Gobierno y el PP han salido esta semana a susto por día. No ha habido jornada en que la corrupción en sus filas no haya sido noticia. De lunes a viernes, Mariano Rajoy y el partido que preside han tenido que lidiar con  el escándalo de las tarjetas black centrado en la figura de Rodrigo Rato y otra docena de afiliados, la imputación de un exsecretario general como Ángel Acebes, la del anterior alcalde de Toledo por un contrato a cambio de comisiones para pagar una campaña electoral y nuevos detalles sobre las reformas en Génova 13 a base de dinero negro. La guinda la ha puesto el hallazgo de otra cuenta bancaria de Luis Bárcenas, esta vez en Bermudas.

El plan de centrarse en vender la recuperación económica ha saltado por los aires ante las continuas informaciones con la corrupción como protagonista. La reacción durante la semana ha ido del mutismo completo a los comunicados escuetos. Hasta llegar a las promesas de enmienda “porque ya se están tomando medidas”. Nada de poner la mano en el fuego por nadie.

Rajoy ha dicho que desea que la Justicia castigue a los culpables y absuelva a los inocentes. Bárcenas queda claro que es de los primeros. En el caso de Acebes, su situación le parece “injusta”.

Los casos de corrupción, “esas cosas”

El presidente no ha tenido más remedio que pronunciarse, ya que la rueda de prensa era obligada tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. Fueron los periodistas los que citaron en sus preguntas los casos de corrupción por sus nombres. Él se refugió en la vaguedad y los llamó “esas cosas que no pueden volver a pasar”. El mismo sistema usado recientemente para referirse a Rodrigo Rato, que se convirtió en “esa persona por la que se interesa” la prensa. Igual que hace para evitar pronunciar el nombre del responsable de las finanzas del PP que sigue en prisión.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solventó las preguntas incómodas con una rueda de prensa exprés tras el Consejo de Ministros. Tres preguntas sobre Cataluña y poco más. Como excusa para las prisas, el supuesto temor a coincidir en el tiempo con la comparecencia de Rajoy desde Bruselas. Prevista para las dos, esta acabó produciéndose cinco horas después, por lo que la número dos del Gobierno se ahorró el trance.

Entre las medidas en marcha para atajar la corrupción, se encuentran los proyectos para reformar la ley que regula el funcionamiento de los partidos y las nuevas exigencias de conducta para los altos cargos. Ambos están ya en el Congreso y a eso se acoge Rajoy para trasladar el mensaje de que todas estas penosas noticias son cosa del pasado y su voluntad de que no se repitan. La intención del Gobierno es que PP y PSOE suscriban un pacto por la regeneración para convencer a los españoles y luchar contra la mala imagen. De fondo, el miedo a las encuestas y a las próximas elecciones.

“Rato ya no es militante”

La semana arrancó con las dudas de qué decisión tomar respecto a Rodrigo Rato y su militancia en el PP. El uso que el expresidente de Bankia hizo de su tarjeta black ha sacudido los cimientos de un partido en el que Rato lo fue todo. El expediente informativo llevaba 13 días abiertos cuando María Dolores de Cospedal abría la puerta a la suspensión temporal como una “decisión dolorosa” que no quedaba descartada. Al mismo tiempo, se lanzaba el mensaje de que había que respetar los plazos para que tomara una decisión el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. Eso incluía el derecho de Rato a ofrecer explicaciones.

Cospedal prometía durante una rueda de prensa este lunes que el PP tomaría una decisión “dentro del ámbito de la rapidez”. Mientras, algunos barones y dirigentes del PP reclamaban “contundencia” en el castigo. Los menos proclamaban su confianza en la inocencia de Rato o recordaban el brillante pasado del exvicepresidente. La presión surtió efecto. A última hora del lunes, Rato pidió por carta a Cospedal que le diera de baja del partido de forma temporal. Inmediatamente, el PP anunció que la investigación interna se congelaba para él y seguía para la docena de afiliados. El argumento fue que ya no era militante.

Acebes y el PP “sólo tiene una contabilidad”

El martes era el día del debate sobre las cuentas de 2015. Los conservadores se aseguraron a primera hora de vetar de nuevo una comisión de investigación sobre las tarjetas como propuso en el Congreso la Izquierda Plural. Desde la tribuna del Parlamento, Cristóbal Montoro se enfrentó a Pedro Sánchez a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en un debate bronco. Rajoy entró y salió del Congreso sin decir una palabra. Para esquivar a los periodistas, llegó a entrar en el hemiciclo por el pasillo que usan los socialistas.

Mientras, el patio del Congreso era un hervidero de comentarios sobre la situación de Rato. La noticia de la imputación de Ángel Acebes por las ayudas del PP a Libertad Digital con fondos ilegales cayó como una bomba. La mayoría se refugió en que los papeles de Bárcenas no son la contabilidad real del PP y así se difundió en un comunicado de un solo párrafo. “Si hubiera otra contabilidad desde luego no es del Partido Popular”, acababa el texto.

Cospedal, en el punto de mira

El miércoles fue el día en que se conoció la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el cerco judicial se acercó a Cospedal y a su número dos, Vicente Tirado. La causa, la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad a cambio de una comisión utilizada para pagar la campaña electoral de 2007.  El juez Pablo Ruz se refirió a la “posibilidad de que personas aforadas” acaben relacionadas con sus indagaciones y él deba enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La presidenta regional intentó argumentar que la imputación es “una oportunidad” para defenderse ante la Justicia y cargó de nuevo con que se crea en la palabra “de un presunto delincuente”, en referencia a los papeles del extesorero. Pero esos 200.000 euros recibidos como comisión a cambio del contrato a una empresa de Sacyr se utilizaron en su campaña. Entre otros testigos, ha sido llamado el diputado Sebastián González, coordinador electoral del PP nacional en aquella época.

La imputación del presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, por sospechas de prevaricación en la concesión de una licencia de construcción parece un caso menor comparado a los anteriores. Pero demostró que era raro el día que acababa sin otro conservador ante los tribunales. Hacía solo una semana, el pasado viernes, Rajoy había estado en esa provincia en un acto público y Amat había dado un discurso pocos minutos antes del presidente.

La reforma de Génova pagada en negro

La confirmación por parte de Hacienda de que la sede del PP fue reformada con dinero negro ha cerrado la semana en cuanto a sobresaltos por la corrupción. Ruz tiene confirmado que la reforma de la planta baja de Génova, 13 se pagó con 750.000 euros en B. Hay que sumarlos a otro millón que se usó para el resto del edificio. A la comprobación de cómo se usó el dinero hay que sumar el hallazgo de una nueva cuenta de Bárcenas en un paraíso fiscal del Caribe y que el juez Ruz ha ordenado embargar.

¿Entiende Rajoy el inglés?

Mercè Rivas en ¡A por todas!

“Hay que actuar rápido para dar una respuesta política a un problema político”. Estas palabras no son de ningún representante de la ciudadanía español, ni siquiera de un periodista. Son del Financial Times respecto a Rajoy y Cataluña.

Dicho periódico,  de origen británico con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía, tiene  un promedio de lectores diarios de 2,2 millones de personas alrededor del mundo. Sin lugar a dudas un medio de referencia para el mundo de la economía pero también de la política.

Pues bien esta semana le ha dedicado un editorial en sus páginas a Mariano Rajoy para decirle que tiene que actuar y que el tema de Cataluña es una cuestión política que como Presidente del Gobierno debería abordar.

Rajoy no escucha a nadie y tiene alergia a encarar los temas con gallardía. Se lo ha dicho media España pero ahora se lo dice el periódico de la calle One Southwark Bridge de Londres.

¿También se hará el sordo? ¿No le importará lo que piensen de él los jefes de Gobiernos (todos están pendientes de lo que opina el FT)? ¿Le dará la espalda a los mercados, ese concepto que tanto les gusta a Rajoy, Guindos o Montoro, que no son otra cosa que los bancos, los grupos inversores etc?

Rajoy ya ha hecho bastante el ridículo diciendo que el está para que se cumpla la ley, en plan sheriff y no se ha enterado de que a él lo han elegido para solucionar problemas. Y lo primero que debería haber hecho es sentarse a hablar con los catalanes, abrir vías de diálogo, de acercamiento.

De hecho esos canales los ha habido. Conocidos catalanes en Madrid se han movido para organizar encuentros entre líderes de Convergencia y personajes del Madrid político y mediático, pero por lo visto de poco han servido.

Los encuentros han sido en lugares tranquilos, reservados para no levantar alarmas. Los hombres de Mas han participado en ellas y también conocidos periodistas, políticos y altas instancias.

Pero Rajoy pasa de todo, vive en su burbuja de la Moncloa y sólo le interesa lanzar mensajes a la España nacionalista y ultramontana.

Mercè Rivas Torres es periodista y escritora

http://www.elplural.com/opinion/entiende-rajoy-el-ingles/

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