La ONU advierte a España de que la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal “socavan” Derechos Humanos

Confían en que se adopten las medidas necesarias

RIS espera que el Gobierno “tenga en cuenta” estas advertencias

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.

La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.

Según explican, “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, plantean.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería “podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

“LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN”

Asimismo, el relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto “vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio”, limitándolo “marcadamente”.

“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuanto al Código Penal, afirman que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y citan como ejemplo que se trate como “circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa'”.

“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalca Maina Kiai.

“PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA”

Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem “conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’, los expertos consideran que “son excesivamente amplias e imprecisas”.

“Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet”, denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

“QUE SE TENGA EN CUENTA”

Rights International Spain (RIS), que viene trabajando para evitar que ambas normas vean la luz en su redactado actual por considerar que vulneran derechos fundamentales en diversos ámbitos, se había dirigido entre otros organismos a algunos de los relatores especiales de Naciones Unidas que se pronuncian ahora en este escrito advirtiendo del contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno.

“Desde la ONU se respaldan muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta. Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha señalado la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-relatores-onu-advierten-espana-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-socavan-derechos-humanos-20150223150631.html

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Tiempo de definirse.

La crisis económica (y las condiciones miserables para un importante sector de la población), la corrupción política y la pérdida de derechos sociales y laborales -conquistados en décadas, arrebatados en meses-, han provocado en los últimos meses un proceso de politización y auge de alternativas. Lo que comenzó como un movimiento de protesta en las calles ha dado paso a nuevos políticos, con dirigentes conocidos y nuevas bases sociales.

Pero en un escenario como éste, donde hay tanta gente deseando la caída del andiamaje político basado en dos partidos, toca definirse, es decir, expresar de forma clara posiciones sobre temas fundamentales relacionados con la economía, la sociedad, la cultura y la educación. No vale con un ataque a la “casta”, dos declaraciones superficiales sobre la sanidad y educación pública y el deseo firme de acabar con la corrupción.

En suma:

-1 ¿Cómo organizará usted el Estado? ¿Será centralista, autonómico, federal…? ¿Y qué me dice de la forma: Monarquía o República?

-2. Más allá de la regeneración de esta democracia corrupta y decadente -es lo que muchos dicen-, ¿qué reformas piensa emprender para que eso no persista? No vale decir que consultaremos en asamblea a los ciudadanos, porque eso ya lo dice hasta Floriano.

3. ¿Cree usted en la primacía del poder civil, en la creación de un Estado laico? ¿Escuelas públicas, concertadas, universidades públicas, privadas, cómo financiarlas?

4. ¿Qué medidas tomará para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y reducir el paro?

Al final, no es lo mismo ser monárquico que republicano, neoliberal o socialista, de izquierda o derecha, reformista o revolucionario. Defínase y ya verá como el vendaval que cree arrastrar ahora se reduce. Y si prefiere la indefinición, la distancia entre el ideal y la realidad saltará por los aires.

Y ya sé que muchos dicen que no toca, que estamos en crisis, que los problemas importantes son otros. Pero ya puestos: ¿cómo va a gestionar la historia y memoria de la guerra civil y del franquismo; la reparación política, jurídica y moral de las víctimas? ¿Seguiremos rodeados de miedos y mentiras y ausencia de políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos?

Tiempo de definirse.

https://www.facebook.com/julian.casanovaruiz?fref=nf

Explotación de los presos por empresas con Expedientes de Regulación de Empleo

IU logra que el PP prohíba la explotación de los presos por empresas con EREs

LUIS DíEZ | Publicado: 17/2/20

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La Izquierda Plural ha conseguido que el PP prohíba la explotación de los presos en beneficio de empresas que han despedido trabajadores. La proposición de ley que defendió en la Comisión de Interior el diputado de IU Ricardo Sixto para prohibir esa práctica fue aceptada por los populares y respaldada por el PSOE, aunque no por CiU, que gobierna en Cataluña y posee la competencia sobre las prisiones catalanas. Su portavoz Feliu Joan Guillaumes dijo que “estaríamos bloqueando el acceso de algunas empresas a un mecanismo que les permite sortear el bajón de la crisis” y anunció su abstención. La representante del PP, Ana Belén Vázquez, manifestó, en cambio, que “no podemos permitir que las empresas que hacen Eres y despiden gente cubran su producción con el trabajo de los presos”. Víctor Morlán, del PSOE, tildó de “abuso” estas prácticas y reclamó que se actualicen los módulos salariales de los reclusos, congelados desde hace cuatro años, y que el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios se transforme de una vez en entidad administrativa.

Cientos de presos están siendo utilizados como mano de obra barata, tirada de precio, por varias empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo y echado a la calle a decenas de trabajadores. La denuncia llegó al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley de los diputados de IU José Luis Centella y Ricardo Sixto y puso al PP en la tesitura de avalar o rechazar con su voto en la Comisión de Interior esa política del ministro Jorge Fernández Díaz y de su subordinado, el veterano secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernándo, consultó a La Moncloa y comunicó a su colega de IU, Centella, la aceptación de la propuesta a cambio de una enmienda pro forma de su grupo.

La explotación laboral de los presos fue destapada hace ocho meses en Valencia, donde los dueños de la empresa Istobal, con excelentes relaciones con el presidente valenciano Alberto Fabra, firmaron un convenio con Yuste para conseguir mano de obra barata de los reclusos de Picassent después de haber echado a la calle a ochenta trabajadores en dos expedientes sucesivos de regulación de empleo desde finales de 2011.

Unas fechas antes, en junio de 2014, la Asociación de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, Acaip-USO, trasladó a los grupos parlamentarios la información de que la multinacional alemana Merak, que viene despidiendo trabajadores desde 2009, está utilizando los talleres de las cárceles de Ocaña I y Ocaña II como centros de producción en los que trabajan unos 150 reclusos ensamblando aparatos de aire acondicionado para trenes y otros vehículos. La denuncia de Acaip era muy seria porque la empresa alemana ha realizado dos EREs –el último en 2012– y echado a la calle a 73 trabajadores de una plantilla de 450 en su factoría de Getafe (Madrid) y porque obligaba a más de 50 empleados a realizar su trabajo diario en los talleres de las prisiones de Ocaña junto a los reclusos, con los consiguientes riesgos de seguridad. Según dijo entonces Juan Figueroa, vicepresidente del sindicato Acaip, “el régimen de vida de la cárcel está subordinado a las necesidades de producción de la empresa”.

La alemana Merak, que surte de frenos y sistemas de aire acondicionado a los trenes convencionales y de alta velocidad y a los metros de medio mundo, ya reconoce que le trae más a cuenta trasladar la producción de determinados componentes de China a España. Su factoría getafense fue visitada por el rey Felipe VI cuando era príncipe heredero. Recibió además la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y secretaria de prisiones Mercedes Gallizo. Cierto que entonces no había planteado el primer ERE que dejó en la calle a 40 trabajadores.

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Ese precedente de sustitución de plantillas por el trabajo de los presos fue visto con voracidad por algunos empresarios avispados, que además de pagar unas míseras retribuciones a los reclusos, a tres euros la hora o por pieza acabada, según los casos, se ahorran una parte de la cotización a la Seguridad Social que corre a cargo de Trabajos Penitenciarios, y los costes laborales relacionados con los talleres, el agua, la energía y el vestuario.

Otra empresa de trenes, aunque de lavado de vehículos, la mencionada Istobal, se sumó al carro de la sustitución del trabajo de su plantilla por el más ventajoso de los presos. Esa sociedad fabrica e instala estaciones de lavado en varios países y facturó unos cien millones de euros el último año. Se acogió al convenio con Prisiones para que los presos elegidos de Picassent trabajaran media jornada montando aspiradoras, alfombrillas y otros complementos de limpieza del automóvil, en función de las necesidades, es decir, de los pedidos.

El “chollo” de los presos fue “una solución” para que Istobal pudiera seguir la producción después de dos Expedientes de Regulación de Empleo, uno en 2011 que supuso el despido de 53 trabajadores, y otro en 2013 que dejó a 27 en la calle. El propio director general de la compañía, Rafael Tomás Alfaro, dijo que habían apelado al trabajo de los presos “para conseguir flexibilidad”, es decir, que la reforma laboral y los mil y un modos de contratación les venía mal, y “porque la línea de producción no era rentable; teníamos que volver a ser competitivos y con esta medida lo conseguimos”. El directivo se jactaba de que gracias al convenio con Prisiones no habían trasladado la producción a Portugal o a Turquía.

Otras muchas empresas se benefician del trabajo de los presos con unos salarios que en la mayor parte de los casos no llegan a la mitad del mínimo interprofesional pero que en todo caso es muy interesante para los reclusos porque les permite redimir condena, ayudar a sus familias y acumular un periodo cotizado a la Seguridad Social para la jubilación. Los sindicatos de funcionarios de prisiones coinciden en que la mayoría de los internos desean trabajar. Y la Administración penitenciaria, que cuenta con 146 talleres, facilita la labor mediante convenios con empresas y asociaciones empresariales sin que le importen los despidos ni el dumping social que está provocando. Así, empresas como Industrias Ochoa, utiliza 150 internos de Picassent para producir abrazaderas para la multinacional Hilti. Adequa Uralita utiliza un centenar de presos de Alcalá-Meco (Madrid). Jesús Romero e Hijos (de Guipúzcoa) produce en Estremera (Madrid) con una plantilla de setenta presos.

Y a Instituciones Penitenciarias, es decir, al veterano Yuste, quien ya se ocupó Del negociado a finales del siglo XX con los gobiernos de Aznar, le va bien si tenemos en cuenta los beneficios de 5 millones de euros con una facturación de 162 millones en 2012. La facturación bajó a 158 millones en 2013. La proposición no de ley de IU subraya que 3.119 presos de los 12.217 que trabajaron en los talleres penitenciarios lo hicieron directamente para empresas privadas. Esa cifra se ha reducido a 3.090 internos, según la memoria de Prisiones de 2013, que recoge un promedio laboral de tres horas diarias de los internos, cuya cotización social corre a cargo de Trabajos Penitenciarios en todos los casos. Lo que Izquierda Plural exige en su proposición se reduce a una cuestión de decencia: “Que el Gobierno adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con prisiones de forma que ni puedan utilizar infraestructura penitenciaria ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva”.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/02/17/iu-emplaza-al-gobierno-no-explotar-los-presos-favor-de-empresas-con-eres/15348

El año en que el Gobierno español actuó peligrosamente en Ceuta y Melilla

A través de: Periodismo humano

Hace ya un año de la muerte de 15 personas inmigrantes, tras los disparos de la Guardia Civil española de pelotas de goma y gas lacrimógeno, mientras nadaban hacia la playa española de El Tarajal, Ceuta, y todavía no se ha pronunciado la justicia española.

En la valla de Melilla continúan las deportaciones ilegales realizadas por la Guardia Civil por órdenes del Gobierno español, a pesar de la violación de los Derechos Humanos y leyes nacionales, europeas e internacionales denunciada por centenares de organizaciones e instituciones.

En Periodismo Humano llevamos 5 años documentando la violación continua de derechos humanos en Ceuta y Melilla.

Resumen en vídeo de la política del Gobierno español en Melilla.

Por PRODEIN

El Tarajal, historia de una tragedia sin nombres 

 Por Alberto Senante-Amnistía Internacional

Lo sucedido hace un año en la playa ceutí muestra cómo la política de fronteras pone en riesgo a vida de las personas que tratan de alcanzar el sur de Europa.

El Gobierno español ha introducido enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de dar cobertura legal a las ‘devoluciones en caliente’.

Hace un año al menos 15 personas murieron a pocos metros de llegar a la playa de El Tarajal, la orilla española más cercana a la frontera entre Marruecos y Ceuta. Sabemos mucho de lo sucedido aquella mañana, gracias a varios vídeos de la Guardia Civil y al testimonio de algunos de los supervivientes de aquel intento de entrar en España. Pero por ahora la del Tarajal es una historia de números, en la que no se conocen los nombres de sus protagonistas.

Se sabe, por ejemplo, que alrededor de 200 fueron las personas que intentaron entrar en España ese día al amanecer. De ellas, unas 90 alcanzaron las aguas que bañan la zona fronteriza. La causa de las 15 muertes confirmadas fue por ahogamiento, y 23 personas fueron devueltas a Marruecos tras ser interceptados por agentes españoles.

La escena es el mejor ejemplo de las actuales directrices del gobierno español: que no entren. A cualquier precio.

Después de que el ministro del Interior lo negara, categóricamente y repetidas veces, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez reconoció en su comparencia en el Congreso que se disparó “material antidisturbios” para detener a los inmigrantes. También en esta ocasión conocemos mejor los números que los nombres. Agentes de la Guardia Civil lanzaron un total de 145 pelotas de goma y usaron 5 botes de humo. Sin embargo, sigue sin saberse quien dio la orden de disparar hacia un grupo de 90 personas que se amontonaban en el agua, asediadas además por una patrullera marroquí.

El segundo de Fernández Díaz destacó que ninguno de los inmigrantes que llegaron a la orilla presentó heridas y que solo se les disparó mientras estaban en aguas marroquíes. Pero ¿por qué no  se rescató a las personas que se ahogaban? El ministerio del Interior alegó que no podían entrar en aguas extranjeras. La línea fronteriza no permitió pasar a los posibles rescatadores, pero sí a las pelotas de goma. Quince personas pagaron con su vida esta diferencia de criterio. La escena es el mejor ejemplo de las actuales directrices del gobierno español: que no entren. A cualquier precio.

¿Quiénes eran las personas que murieron aquella mañana? Aunque se cree conocer la identidad de seis de los fallecidos, solo uno fue identificado oficialmente. Y ya parece imposible que puedan saberse. Una vez más, tenemos el número, faltan los nombres.


Todo indica que nos quedaremos sin saber los nombres de los fallecidos a la orilla de El Tarajal, y también los de sus responsables.

Según las imágenes y los testimonios, la mayoría eran hombres jóvenes provenientes de países subsaharianos. Así que podemos adivinar que encontraron la muerte en la última etapa de un camino de meses, o años. Quizás escapaban de un conflicto, puede que otros quisieran reunirse con algún familiar en Europa, o sencillamente huían del hambre.

Alguno de esos 15 hombres fallecidos, o de los 23 que fueron devueltos tras llegar a la orilla, tal vez fue perseguido en su país por sus ideas políticas, o por su etnia, o por su sexualidad. Lo que le hubiera convertido en refugiado y habría obligado a España (según sus propias leyes), a concederle ese estatuto. Pero eso ya no lo sabremos. En la frontera de Ceuta y Melilla se ha instaurado la norma de primero devuelvo (y en este caso, disparo), y así nunca pregunto.

Una tragedia ‘ejemplar’

Lo sucedido el 6 de febrero de 2014 en El Tarajal muestra cómo la política de fronteras española y europea empuja a miles de personas a tomar cada vez más riesgos para cumplir su sueño de mejorar sus vidas, o simplemente de sobrevivir. Se calcula que desde el año 2000 han muerto 22 mil personas tratando de llegar a algún país del sur de Europa. Una cifra que compite, dramáticamente, con la que provocan muchos de los conflictos bélicos que tienen lugar hoy día en el mundo.

Ha pasado un año de esta tragedia ‘ejemplar’, pero nada ha cambiado en la política de fronteras y  apenas sabemos algo más de lo que conocimos en los días posteriores al 6 de febrero. La justicia parece haber ralentizado todo lo posible la investigación y el caso se ha convertido en una patata caliente entre los juzgados de Ceuta y la Audiencia Nacional. Todo indica que nos quedaremos sin saber los nombres de los fallecidos a la orilla de El Tarajal, y también los de sus responsables. 

Bueno, algo sí ha cambiado durante este año. A peor. A través de la ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno pretende introducir un cambio en la Ley de Extranjería que permitirá las devoluciones automáticas  y colectivas, de las personas que crucen las fronteras de Ceuta y Melilla. Es decir, se pretende dar apariencia de legalidad a las devoluciones en caliente, un acto contrario a las normas internacionales que España se ha comprometido a respetar. En los próximos días, la enmienda se discutirá en el Senado.

Ninguna ley podrá, por sí sola, detener el drama humanitario de la frontera sur de Europa. Pero desde luego solo respetando la normas del derecho internacional en el trato a migrantes y refugiados evitaremos provocar nuevas tragedias sin nombre en nuestras orillas. Como la ocurrida en la playa de El Tarajal hace ahora un año.

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Recomendamos el reportaje realizado por el fotoperiodista Juan Medina para la agencia Reuters reconstruye la tragedia del Tarajal a través de los testimonios de los supervivientes

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gc ceuta 13 muertos

07.02.2014 ·  ·  Sexta

NUEVO VÍDEO. Inmigrantes recogen los cuerpos de sus compañeros ahogados en Ceuta. El Gobierno español mintió sobre la actuación de la Guardia CIvil en los hechos que terminaron con la muerte de 13 inmigrantes que pretendían entrar a nado por la frontera de Ceuta. Primero dijeron que no habían intervenido, que solo había intervenido la policía marroquí, pero después de ser acusados por testigos de haber disparado con gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los inmigrantes que nadaban, reconocieron que sí que habían disparado, pero solo contra inmigrantes en tierra. Además negaron que hubieran devuelto ilegalmente a varios inmigrantes que lograron llegar a territorio español cosa que niegan estos VÍDEOS. _________________________________________________

En Periodismo Humano llevamos 5 años documentando la violación continua de derechos humanos en Ceuta y Melilla.

Estas son algunas de nuestras historias:

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España. Esclavos de la tierra en el siglo XXI

A través de Kaos en la red

Treinta euros a la semana, 10 horas al día: esclavos de la tierra en la España del s. XXI 3

 Por Roberto R. Ballesteros, 9 febrero, 2015
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Hablar de explotación laboral habitualmente es referirse a países como China o India. Así al menos está en el imaginario colectivo. Sin embargo, aunque ni mucho menos en las mismas proporciones que en los mencionados países asiáticos, la explotación de seres humanos con fines laborales también se da en España. No hay muchos casos, eso es cierto, pero de vez en cuando la Policía detecta alguno. El último ha sido descubierto por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía la semana pasada en Córdoba y Huelva, cuando los agentes se toparon con una verdadera colonia de siervos de la gleba en pleno siglo XXI.

La Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Ucrif detuvo en las dos ciudades andaluzas a una docena de individuos (un español y 11 lituanos) por mantener a compatriotas suyos trabajando en el campo en condiciones infrahumanas. En concreto, los investigadores liberaron a 10 personas que eran obligadas a realizar todo tipo de tareas agrícolas durante diez horas al día, prácticamente sin parar, por un salario que apenas alcanzaba los 30 euros a la semana, dinero al que además los patrones descontaban una parte en concepto de transporte -ya que ellos se encargaban de trasladarlos hasta los distintos campos de trabajo- y por otros supuestos servicios.

Según fuentes policiales, los empleados se quedaban con apenas 15 euros a la semana para ellos tras los distintos peajes que les cobraban sus explotadores, que no les permitían disfrutar de vacaciones ni días libres y que les agredían e insultaban cuando las víctimas no daban la talla. Estas últimas, como los detenidos, eran todas de nacionalidad lituana y habían sido engañadas para venir a España con falsos contratos que luego no existían.

A lo largo de la investigación, explican desde la Policía, fueron liberadas más personas que estaban siendo también explotadas, hasta un número que no han facilitado las fuentes consultadas. La Brigada contra la Trata de Seres Humanos detuvo a tres de los explotadores en Córdoba y al resto (nueve) en Huelva.

La mayor parte de las diligencias que mantiene abiertas la Policía sobre explotación de seres humanos en España se refieren a organizaciones delictivas con fines sexuales, aunque hay algunas que aluden a abusos con objetivos laborales como el descubierto esta semana. A finales del pasado enero, por ejemplo, la Brigada contra la Trata rescató a 15 mujeres que estaban siendo forzadas a prostituirse y a tres niños que eran obligados a ejercer la mendicidad en Las Palmas.

Mañana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentará la segunda fase del Plan contra la Trata de Seres Humanos, que la Dirección General de la Policía puso en marcha en abril de 2013 y que hasta el momento ha permitido la localización de 16.279 víctimas potenciales en las 417 operaciones realizadas y la detención de 1.297 personas relacionadas con este delito.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-08/treinta-euros-a-la-semana-10-horas-al-dia-esclavos-de-la-tierra-en-la-espana-del-s-xxi_703807/

La investigación de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca registra 3.587 denuncias

06/02/2015

La ‘Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013’ ha sido liderada por el forense paco Paco Etxebarria quien ha matizado que todavía no han entrado a valorar la veracidad de las denuncias.

Ver vídeo:

http://www.eitb.eus/es/get/multimedia/embed/id/2948898/tipo/video/

La investigación de la tortura encargada por el Gobierno Vasco a un equipo liderado por el médico forense Paco Etxeberria registra, en su primera fase, 3.587 denuncias entre 1960 y 2013 en Euskadi. Se espera que la investigación concluya para septiembre de 2016.

En una rueda de prensa en San Sebastián, el secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, acompañado de Etxeberria, ha dado cuenta de la primera fase de esta investigación que coordina el forense vasco.

Etxeberria ha señalado que se ha elaborado un primer censo individualizado de 3.587 casos de denuncia judicial o pública, y ha puntualizado que aún no se ha entrado a “valorar su veracidad”. El equipo de Etxeberria ha entregado este viernes al Gobierno Vasco esta primera parte del estudio, que, a su vez será, remitido al Parlamento Vasco.

Fernández ha recordado que en marzo de 2014 el Ejecutivo vasco encargó al médico forense y su equipo del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la realización de una Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013. El objetivo de la investigación es “desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar”, ha explicado.

Esta investigación constituye la sexta iniciativa del ‘Plan de Paz y Convivencia’ del Gobierno Vasco y se enmarca en el marco del primero de los tres grades compromisos que define el Plan, “la clarificación del pasado”, ha añadido. Tras apuntar que está previsto que el estudio íntegro esté finalizado “para septiembre de 2016”, Etxeberria ha explicado que los trabajos se están realizando en tres etapas y cinco estudios complementarios.

La primera fase se ha centrado en cuantificar las denuncias y realizar un informe de la información documental disponible sobre la prevalencia de malos tratos y torturas, así como de la información existente en diferentes fuentes para la elaboración de un censo.

Después se procederá a la verificación, un proceso que se prolongará durante un año y en el que se investigarán 200 casos representativos. También se llevará a cabo un estudio cualitativo, narrativo y específico de 40 casos emblemáticos. En una tercera etapa de entre tres o cinco meses se elaborarán las conclusiones y recomendaciones.

Etxeberria ha señalado que de las 3.587 denuncias registradas se han analizado hasta el momento 2.820 casos, 2.394 correspondientes a hombres y 426 a mujeres. Según ha puntualizado de esas denuncias 1.319 corresponden a torturas por parte de la Policía Nacional; 1.174 por la Guardia Civil; y 271 por la Ertzaintza.

Informes

Además, el forense ha indicado que hasta el momento 1.183 afectados han ratificado su denuncia de tortura o malos tratos. También ha explicado que durante esta primera fase de investigación se han recopilado 140 informes (informes locales e internacionales con carácter institucional) de Amnistía Internacional, del Comité para Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, de Relatores de la ONU y del Comité de la ONU contra la Tortura, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Ararteko y del Gobierno vasco.

Asimismo, se han analizado 20 sentencias firmes (31 víctimas y 49 personas condenadas) y se han consultado diversas fuentes, como, por ejemplo, asociaciones ciudadanas, abogados, fiscalía, médicos, y el ámbito policial y judicial.

Asimismo, se ha iniciado un proceso de ratificación de los casos denunciados con las personas afectadas y se ha otro de recogida de testimonios directos, al tiempo que se ha establecido un Protocolo Pericial para la investigación de la fiabilidad de los casos.
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/2948322/investigacion-tortura-informe-encargado-gobierno-vasco/

Ver también: www.noticiasdenavarra.com/2015/02/07/opinion/editorial/constancia-de-la-tortura

EL ÉXITO DE LOS MEDIOCRES

Hartos.org

David Jimenez 7/01/20136

Quienes me conocen saben de mis credos e idearios. Por encima de éstos, creo que ha llegado la hora de ser sincero. Es, de todo punto, necesario hacer un profundo y sincero ejercicio de autocrítica, tomando, sin que sirva de precedente, la seriedad por bandera.

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar los unos contra los otros.

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre.

Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

-Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.

-Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.

-Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

-Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

-Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo, no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

-Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.

-Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.

-Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante modo de vida.

-Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su prolopia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

-Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.

-Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la motivación de algún éxito deportivo.

Nota: Sobre la autoría: David Jimenez

Ñ

Cómo ganar dinero desahuciando bebés de viviendas públicas

En la mañana del viernes 23 de enero de 2015, un dispositivo de unos cincuenta policías antidisturbios ejecutó el desahucio de Wilson Ruilova y Cecilia Paredes, de 35 y 43 años, y sus tres hijos, de 16 y 7 años y mes y medio de edad.

La vivienda, sita en el número 68 de la Avenida de las Suertes del barrio de Vallecas de Madrid, fué adjudicada a la familia cuando era de protección oficial por el Ayuntamiento de Madrid en 2009 a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La EMVS, para reducir su deuda, que ascendía a 630 millones, vendió 1.860 viviendas públicas por 128,5 millones, con sus inquilinos dentro, a Fidere, filial en España del fondo buitre de inversión estadounidense Blackstone, entre ellas la de Wilson y su familia.

El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar, a precio muy bajo, deuda pública de entidades cercanas a la quiebra, para después intentar cobrar la totalidad de su valor.

Wilson, electricista en paro, y Cecilia, cuidadora también en el paro, y sus hijos viven con unos ingresos mensuales de 391€ al mes procedentes de un subsidio del Estado con los que no pueden hacer frente al alquiler, que de 480€ ha subido hasta 700€.

Intentaron negociar con Fidere un alquiler al que pudieran hacer frente, sin éxito.

España se somete al examen de la ONU sobre derechos humanos

Los países miembros interrogarán este miércoles a España sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, el trato a los inmigrantes o la limitación de la Justicia Universal. 

Protestas contra la 'ley Mordaza' en Madrid. AFP

Protestas contra la ‘ley Mordaza’ en Madrid. AFP

MADRID. -España ha firmado gran parte de los tratados y convenios internacionales referentes a derechos humanos, pero ¿Está cumpliendo realmente con sus obligaciones y compromisos? Esto es lo que pretende averiguar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este miércoles somete a España al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación por la que deben pasar todos los Estados miembros para rendir cuentas sobre esta materia cada cuatro años.

Durante aproximadamente tres horas y media, España deberá contestar en Ginebra a las preguntas de los otros 191 países miembros, que elaboran su interrogatorio a partir de la información proporcionada por los informes del propio Gobierno español, las instituciones y organismos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. En un informe que no se hará público hasta el viernes, cada país expondrá sus recomendaciones, que España es libre de aceptar o no.

Aunque la mayoría de las preguntas que los diferentes países harán a España todavía se desconocen, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho públicas las cuestiones del interrogatorio que algunos de los Estados ya han dirigido por adelantado.

Las preguntas versarán sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, inmigración o violencia de género

Llama la atención el interés sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ‘ley Mordaza’, que es puesta en entredicho, por ejemplo, por República Checa, Noruega, Suecia y Reino Unido. Este último país, en concreto, elabora la siguiente pregunta: “Por favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones menores?”

Otra pregunta frecuente, al menos entre los países que las han adelantado (siete hasta el momento) se refiere a cuestiones de violencia de género o inmigración, enfocado sobre todo a la implementación del Real Decreto Ley 16/2012 que limita la asistencia sanitaria a los extranjeros.

“¿Las autoridades aseguran que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos por parte de detenidos o de inmigrantes ilegales están sujetas a una investigación imparcial y que los migrantes en situación irregular tienen acceso a servicios de salud bajo la ley española?”, pregunta Holanda.

Según los documentos publicados por la Oficina del Alto Comisionado, también habrá preguntas a la limitación del Gobierno a la Justicia Universal, por el que muchos crímenes internacionales ya no podrán ser perseguidos desde instancias españolas.

Muchas de estas preguntas caminan en la línea de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país, que con motivo del Examen Periódico Universal denuncian vulneraciones reiteradas, sobre todo en materia de inmigración, sanidad, torturas y desapariciones, libertad de expresión y reunión o en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

“España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, asegura Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional que ha acudido a Ginebra y estará presente durante el interrogatorio.

Es la segunda vez que España se somete al examen. En 2010, aceptó 98 de las 120 recomendaciones.

Además de Amnistía, otras organizaciones de derechos humanos como Médicos del Mundo, Center for Economic and Social Rights y la Red Acoge ponen el acento en la merma de derechos que ha supuesto la aprobación de la reforma sanitaria y “la imposición” de otras políticas de austeridad que, aseguran “ha puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables”, sobre todos los de la infancia.

Eslovenia, por ejemplo, se hace eco de estas cuestiones y preguntará a España sobre qué servicios básicos de salud siguen disponibles de forma gratuita para los niños son cobertura médica y si existe garantía de que los niños migrantes en situación irregular serán atendidos en la sanidad básica gratuita.

Recomendaciones incumplidas

Esta es la segunda vez que España se somete al Examen Periódico Universal. La primera lo hizo en 2010, cuando aceptó 98 de las 128 recomendaciones formuladas por otros Estados, aunque Amnistía denuncia que algunas no se han aplicado.

En aquella ocasión, 17 países hicieron recomendaciones a España en relación a la tortura y otros malos tratos, 8 pusieron el foco en la violencia contra las mujeres y hubo 25 recomendaciones relativas al racismo y la discriminación de las personas migrantes. Amnistía denuncia que España, pese a haber aceptado casi todas de ellas, sigue en muchos casos sin cumplirlas o sin implementar medidas para mejorar la situación.

[Otro paso del regimen] Aprobaron anteproyecto de la Ley Mordaza: En breve todxs seremos terroristas

Por Kaos. Criminalización y represión

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Con absoluta hipocresía y cinismo el gobierno ha alegado que la ley de Seguridad Nacional no reprime las libertades y no constituye una amenaza para las propiedades privadas de los ciudadanos.  La verdad es que  escraches, huelgas con piquetes y otras protestas ciudadanas serán delitos de TERRORISMO!

Que agregar que no vengamos informando acerca de esta ley totalitaria y reprsiva que sanciona el disenso y la lucha por la igualdad, la libbertad y la justicia. Lo que debemos saber es que estamos en la cuenta regresiva para su aprobación y por ende la criminalización generalizada de la gente que disienta, proteste y se manifieste.

Repercusión en las redes sociales:

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Adelanto del diccionario de la RAE 2016: TERRORISTA: Dícese del q haga algo q no le guste al gobernante. #YoNoSoyTerrorista #LeyMordaza NO!

El PP enarbola la seguridad como tema estrella de su campaña

El Gobierno aprueba una ley que recoge la situación inédita de “interés para la seguridad nacional” y da más poder al presidente. Los conservadores celebran hoy y mañana un foro para explicar las medidas del Ejecutivo.

MADRID.- Desde La Moncloa y desde el PP insisten continuamente en que la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley de seguridad nacional y la celebración del Foro Libertad y Seguridad estaban previstos desde hace bastante más tiempo de que se produjeran los ataques en París la semana pasada. De hecho, la vicepresidenta ha advertido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo de que la norma que inicia hoy su andadura es independiente del futuro plan nacional de lucha contra el terrorismo yihadista, que el Gobierno pactó con el PSOE.

Sin embargo, casualidad o no, la seguridad se ha convertido en uno de los temas estrella que centrarán la campaña electoral del PP para las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, reconocen los conservadores. Máxime en un momento en el que la población europea -y la española no es una excepción- permanece en estado de alerta por el incremento de la amenaza yihadista, que se ha materializado ya en Francia y en Bélgica.

El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que da más poder al presidente del Gobierno y le permite declarar la situación inédita de “interés para la seguridad nacional”, un estadio anterior a los de alarma, de excepción o de sitio, aunque el nuevo puede declararlo el jefe del Ejecutivo y los otros tres -que la nueva ley también regula- requieren de la aprobación del Gobierno en pleno o del Parlamento. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado asimismo -y ha insistido varias veces en este punto- que la situación de “interés para la seguridad nacional” no implica la “suspensión” en caso alguno de los “derechos y libertades” de los ciudadanos, algo que sí ocurre en los grados posteriores. El último caso de estado de alarma, ha recordado la portavoz del Ejecutivo, lo vivimos con la huelga de controladores en 2010.

Desde la ley de 1981

El estado de “interés para la seguridad nacional” se adoptará ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración, aunque su gravedad no alcanza la necesidad de declarar el estado de alarma, excepción o sitio contemplados en la ley de 1981. La nueva norma busca incrementar las capacidades del Estado para responder a desafíos y amenazas, define competencias en materias como la ciberseguridad, la seguridad marítima o la seguridad financiera, así como el medio ambiente, los transportes o las telecomunicaciones.

La ley de seguridad nacional empezó a andar en 2012, con la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la aprobación de una Estrategia que incluía la aprobación de la norma seis meses después; se ha aprobado, pues, con mucho retraso. La mejora de la coordinación y un funcionamiento más integrado es el objetivo prioritario de esta ley, para cuya elaboración se ha contado con los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior y con Presidencia del Gobierno. El Consejo de Seguridad Nacional la aprobó el pasado 31 de octubre.

Alfano, invitado estrella del PP

Dos horas después de finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy, el PP celebra el Foro Libertad y Seguridad, inaugurado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Cuenta, además, con la participación del director de Gabinete del presidente Mariano Rajoy, Jorge Moragas, que leerá un documento de elogio explícito sobre la ley del Ejecutivo aprobada horas antes: ‘El nuevo sistema de seguridad nacional. Un compromiso cumplido’.

El Foro del PP será clausurado el sábado 17 por el presidente del Gobierno y viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Angelino Alfano. El responsable de la seguridad de Italia, que fuera señalado ‘delfín’ del exprimer ministro Silvio Berlusconi, es un habitual de los actos del PP. El año pasado, por estas mismas fechas, Alfano participó en la Convención Nacional que los conservadores celebraron en Valladolid.

http://www.publico.es/politica/pp-enarbola-seguridad-tema-estrella.html

http://kaosenlared.net/otro-paso-del-regimen-aprobaron-anteproyecto-de-la-ley-mordaza-en-breve-todxs-seremos-terroristas/

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