¿Saliendo de la crisis? Los salarios más bajos y desiguales desde 1992

El Gobierno insiste en la salida de la crisis mientras los datos estadísticos muestran un aumento de la desigualdad y una merma del poder adquisitivo de la población asalariada.

22/12/14

Concentración de trabajadores de Madrid Río en el Parque de M30, el 15 de diciembre. / Juan Zarza / Diso Press

La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada.

La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios(1) correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y distribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales (encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria) presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas laborales como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados.(2)

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años. El pico más alto corresponde a 1993 cuando se alcanzó un salario medio que, en euros constantes, superaba en un 14% al de 2013; el segundo pico corresponde a 2009, con un salario medio un 13% mayor que el último publicado (Gráfico 1).

Gráfico 1. Salario medio anual en España (1992-2013)La evolución del salario medio en las dos últimas décadas no ha sido lineal sino que ha oscilado recorriendo tres etapas: descenso de 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo entre 1993 y 1999, a caballo entre la crisis de 1992-93 y el inicio del largo ciclo expansivo que le siguió; subida de 13 puntos entre 1999 y 2009, coincidiendo con la última etapa del ciclo expansivo y los primeros años de la crisis; y nueva bajada de 11 puntos entre 2009 y 2013. Los perceptores de salarios han pasado, según la Agencia Tributaria, de 19,3 millones de personas en 2007 a 16,7 millones en 2013, es decir, se han reducido en un 13,5% en la reciente etapa de crisis; sin embargo, la masa salarial (la suma de todos los salarios) se ha reducido mucho más (-19,6%), dando lugar a una caída importante del salario medio.

La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años

Los salarios reaccionan con retraso a las fluctuaciones de los ciclos económicos y con tendencia general a la baja, a diferencia del capital accionarial de las empresas, que es hipersensible a las coyunturas económicas y con tendencia general al alza. Así, el resultado final para el período cubierto por el Barómetro social de España (1994-2013), es el que se recoge en el Gráfico 2: mientras el PIB ha experimentado un crecimiento global del 45% (de 0,7 a 1 billón de euros constantes de 2013), el valor del capital en acciones se ha revalorizado en un 371% (de 0,4 a 2 billones) y el salario medio se ha depreciado en un 8% (de 20.100 a 18.500 euros, en cómputo anual). Como consecuencia la participación de los salarios en la renta nacional es cada vez menor, perpetuando la tendencia a la redistribución regresiva de la riqueza y la desigualdad social.

Gráfico 2. Evolución del salario medio en comparación con el PIB y el capital en acciones (1994-2013)Una caída salarial desigualmente repartida

Si observamos la evolución salarial por tramos de edad en el último ciclo de crisis (2007-2013), resulta sorprendente que la bajada por tramos haya sido mucho mayor que la reflejada por el salario medio, debido a que la mano de obra ocupada juvenil (menos de 26 años), con salarios mucho más bajos, se ha reducido en un 46%, mientras las personas asalariadas mayores de 35 años, con salarios más altos, han aumentado casi un 4%, escorando hacia arriba el valor del salario medio. Al comienzo de la crisis se destruyeron los empleos más precarios, lo que impulsó en 2008 y 2009 una ligera subida del salario medio y una disminución del abanico salarial, pero a continuación se produjo un deterioro de las retribuciones de la mayoría de la población asalariada, sobre todo de los segmentos más precarios, volviendo a ampliar las diferencias y bajar los valores promedio. El Gráfico 3 recoge la bajada salarial en el último ciclo de crisis por tramos de edad, que ha sido casi tres veces mayor en la juventud que entre los mayores de 35 años.

Gráfico 3. Descenso del salario medio por grupos de edad en España entre 2007 y 2013

Nivel récord de desigualdad salarial

La polarización entre los salarios altos y bajos se ha incrementado de forma importante en la última etapa de crisis: el año 2013 registra la mayor desigualdad de la serie estadística iniciada en 1992 (Gráfico 4). Este indicador se obtiene dividiendo el salario medio de quienes ganan por encima de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes ganan por debajo del SMI en cómputo anual. En 2013 el salario medio del primer grupo (6,2% de la población asalariada, 1 millón de personas) fue 19,2 veces mayor que el del segundo (34,5% de la población asalariada, 5,7 millones de personas). El grupo con mayores ingresos percibió una media anual de 69.389 euros mientras que el segundo percibió 3.617 Euros.(3)

Gráfico 4. Desigualdad salarial en España (1992-2013)

Desigualdad salarial

La polarización entre los salarios ha sido siempre muy elevada en España, con una ratio de distancia entre los salarios altos y bajos de entre 16 y 20 veces, experimentando también oscilaciones relativas en función del ciclo económico, tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2013 nos encontramos en el pico de desigualdad más alto –por ahora- de la actual etapa de crisis, aunque esta situación se produjo también en 1996. La diferencia es que en aquella fecha el deterioro salarial se producía principalmente en base a un fuerte incremento del empleo temporal; en cambio, en la actualidad la tasa de temporalidad se encuentra en valores mínimos y el deterioro de las retribuciones afecta también al empleo indefinido, debido a la presión combinada del desempleo y de las reformas laborales que han debilitado enormemente la capacidad de negociación y defensa de la población asalariada.

Las ganancias del capital se recomponen, mientras los salarios se hunden

Según la Contabilidad Nacional de España la participación de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta ha experimentado un continuo crecimiento relativo entre 2010 y 2013 (+2,4 puntos del PIB), en paralelo con una continua pérdida de peso de los salarios (-3,4 puntos del PIB) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de los beneficios empresariales y los salarios en el reparto de la renta nacional (2010-2013)

Un indicador parcial de este proceso es la evolución opuesta del valor patrimonial del capital en acciones que en el mismo período (2010-2013) ha aumentado el 3,6%, según el Banco de España, mientras el volumen anual de la masa salarial se ha reducido en un 16,4% (todo en euros constantes).

Los avances de la Contabilidad Trimestral de España registran un crecimiento extraordinario del 23% del valor de las acciones entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo período de 2014, lo que ha generado en tan corto espacio de tiempo un plusvalor de 418.000 millones de euros. El discurso gubernamental que afirma que “la crisis ha quedado atrás” sólo es coherente con la situación de estos capitalistas, pero suena a broma pesada para quienes viven de un salario y, más aún, para los millones que no encuentran empleo y han sido abandonados por las políticas públicas. El Gobierno busca apuntalar la ingenua creencia de que “a todos nos irá mejor si los ricos hacen negocio”, pero su política se basa precisamente en lo contrario: en empobrecer a la población asalariada en pos de recomponer la ganancia de una clase social que vive de espaldas a las expectativas e intereses de la mayoría.

Notas

1. Según la metodología de esta fuente, se incluyen todos los trabajadores por cuenta ajena cuyas percepciones, dinerarias o en especie, han sido satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos del trabajo. El País Vasco y Navarra no se recogen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998.

2. No obstante, la evolución negativa de las percepciones salariales se confirma, tanto en la Encuesta de Costes Laborales como en la de Estructura Salarial o la de Decil de salarios del empleo principal.

3. Por comunidades autónomas la mayor desigualdad en el reparto de los salarios corresponde a Madrid (ratio de 19,9 entre los salarios altos y bajos) y la menor a Cantabria (ratio de 16,5).

Día Internacional del Laicismo y la Libertad de conciencia

Coral Bravo
Retazos, 11/12/2014
Las creencias personales son un asunto privado, el más privado de todos

El pasado día 9 de diciembre los laicistas y librepensadores españoles celebramos el día Internacional del Laicismo; día elegido por la asociación laicista Europa Laica, en su interés por tener una fecha conmemorativa que simbolice el empuje creciente del movimiento laicista español e internacional, cada día más consciente, y más extendido en la sociedad española y en todas las sociedades democráticas.

Europa Laica eligió los 9 de diciembre para tal conmemoración simbólica por referencia a una fecha clave en el desarrollo de las democracias occidentales: el 9 de diciembre de 1905, fecha de la proclamación de la Ley francesa de “Separación Iglesias-Estado”; a partir de la cual Francia se constituyó en un Estado realmente laico y, por tanto, verdaderamente democrático.

Pero, además, se eligió ese día como recordatorio y reconocimiento de una fecha clave también en la historia española, el 9 de diciembre de 1.931; día en que se proclamó la Constitución de la II República Española, hito en el laicismo español por contemplar Leyes y disposiciones de claro carácter laicista, equiparables a la Ley francesa mencionada, y que hizo que, por un breve espacio de tiempo, el laicismo formara real y efectivamente parte de la realidad de los españoles.

Europa Laica ha hecho público, en esta conmemoración, un manifiesto que deja muy clara la nefasta situación actual en España de la laicidad, que, como todos vemos y percibimos día a día, ha vuelto a ser, con la derecha en el gobierno, una utopía, un sueño a alcanzar. Empieza el manifiesto con estas palabras: “…Denunciamos la vulneración que en todo el mundo se hace del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, fruto en muchos casos de la enorme influencia que las confesiones religiosas mantienen sobre los gobiernos, de forma muy diversa, marcando las políticas económicas, educativas, jurídicas, etc., en mayor o menor grado. Incluso, en pleno siglo XXI, hay Estados teocráticos y confesionales, en donde el dogma religioso es a su vez la ley civil, y en donde el crimen contra la libertad de conciencia y todo tipo de derechos de ciudadanía quebrantan el Estado de Derecho con toda impunidad.”

Palabras que sintetizan muy bien el indecente confesionalismo que ennegrece el panorama español. Y tan es así que llevamos años escuchando verdaderos disparates supersticiosos e irracionales, ni propios de niños de preescolar, de boca de los mismísimos gobernantes de la derecha, tan pía ella; disparates como encomendarse a los santos para salir de la crisis que ellos mismos han generado, o como destruir el empleo y pedir a la virgen que nos saque de él; o como recomendar a los parados la oración para paliar el estrés que les produce. Todo ello, por supuesto, ya sabemos, mientras algunas fortunas personales, las arcas de la Iglesia y el saldo de diversas cuentas de Suiza y otros paraísos fiscales crecen descaradamente.

No es ningún descubrimiento el hecho evidente de que allá donde se instala la religión se expande el nepotismo y la corrupción, se imposibilita la democracia, se impone la irracionalidad y la superstición, se extiende el fanatismo y la intolerancia, se promulga la incultura y la cerrazón a la hora de percibir el mundo, se detiene el progreso, se coartan las libertades, se frenan los derechos humanos, se anula el librepensamiento, se venera el oscurantismo y la sinrazón, y, atendiendo a lo más prosaico, se vacían con primor las arcas públicas; y privadas, de los que se dejen. No hay más que echar un vistazo a los estragos que hace el Islam en el mundo árabe, tantos como los ha hecho y sigue haciendo el cristianismo en Occidente, es más de lo mismo. Francia se convirtió en el paradigma de las democracias modernas a partir de expulsar a la Iglesia católica de los asuntos de Estado. Los países nórdicos son, igualmente, el único paraíso democrático del planeta precisamente por su laicismo.

A pesar de ello, y a pesar de lo que dice el clero al respecto defendiendo sus intereses, el laicismo no ataca ni desprecia a ninguna religión, ni a ninguna creencia, sea la que fuere. El laicismo exige, al contrario, el respeto a la libertad de pensamiento y de creencia o increencia. Y exige la asepsia confesional del Estado, en tanto que está obligado, como un espacio público, a atender en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, piensen como piensen y crean en lo que crean, en el dios cristiano, en el dios protestante, en Buda, en el becerro de oro o en un burro verde que vuela. Es lo mismo, las creencias personales son un asunto privado, el más privado de todos.

Argumenta el clero que el laicismo es radical. Aunque, como dice el inglés Pat Condell, hay asuntos en los que ser radical no sólo es oportuno, sino necesario. Si queremos vivir en un mundo justo y habitable, hay que ser radical defendiendo los derechos humanos, repudiando el crimen, la misoginia, la crueldad y la tortura, contra humanos o contra animales, dando espacio a la tolerancia, a la cultura, a la igualdad esencial de todos los seres que existen. Dijo Thomas Mann que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Y, como leí hace poco en el blog del politólogo François Coll, la laicidad no es, tan siquiera, una opinión, sino sólo la libertad de poder tenerla. Y, como dejó escrito el gran Shakespeare hace casi quinientos años, hereje no es el que arde en la hoguera, hereje es el que la enciende.

Coral Bravo es Doctora en Filología

http://www.elplural.com/opinion/dia-internacional-del-laicismo-y-la-libertad-de-conciencia/

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 25/10/2010

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una “propensión al intercambio de favores” entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos “provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores”.

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como “interlocutor” en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que “reportaba” a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

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http://www.publico.es/espana/343213/anticorrupcion-confirma-que-aguirre-se-financio-ilegalmente?src=lmFn&pos=3

La corrupción condena al Partido Popular a una semana negra

Las continuas imputaciones judiciales a raíz de las tarjetas black y la financiación ilegal cercan al partido de Rajoy

El presidente se aferra al propósito de enmienda como única respuesta a la imagen de corrupción en su partido tras varios días de silencio

Rajoy ofrecerá España a Asia como puente hacia la UE, América Latina y el norte de África

Rajoy ha pasado una de las peores semanas desde que llegó a Moncloa.

El Gobierno y el PP han salido esta semana a susto por día. No ha habido jornada en que la corrupción en sus filas no haya sido noticia. De lunes a viernes, Mariano Rajoy y el partido que preside han tenido que lidiar con  el escándalo de las tarjetas black centrado en la figura de Rodrigo Rato y otra docena de afiliados, la imputación de un exsecretario general como Ángel Acebes, la del anterior alcalde de Toledo por un contrato a cambio de comisiones para pagar una campaña electoral y nuevos detalles sobre las reformas en Génova 13 a base de dinero negro. La guinda la ha puesto el hallazgo de otra cuenta bancaria de Luis Bárcenas, esta vez en Bermudas.

El plan de centrarse en vender la recuperación económica ha saltado por los aires ante las continuas informaciones con la corrupción como protagonista. La reacción durante la semana ha ido del mutismo completo a los comunicados escuetos. Hasta llegar a las promesas de enmienda “porque ya se están tomando medidas”. Nada de poner la mano en el fuego por nadie.

Rajoy ha dicho que desea que la Justicia castigue a los culpables y absuelva a los inocentes. Bárcenas queda claro que es de los primeros. En el caso de Acebes, su situación le parece “injusta”.

Los casos de corrupción, “esas cosas”

El presidente no ha tenido más remedio que pronunciarse, ya que la rueda de prensa era obligada tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. Fueron los periodistas los que citaron en sus preguntas los casos de corrupción por sus nombres. Él se refugió en la vaguedad y los llamó “esas cosas que no pueden volver a pasar”. El mismo sistema usado recientemente para referirse a Rodrigo Rato, que se convirtió en “esa persona por la que se interesa” la prensa. Igual que hace para evitar pronunciar el nombre del responsable de las finanzas del PP que sigue en prisión.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solventó las preguntas incómodas con una rueda de prensa exprés tras el Consejo de Ministros. Tres preguntas sobre Cataluña y poco más. Como excusa para las prisas, el supuesto temor a coincidir en el tiempo con la comparecencia de Rajoy desde Bruselas. Prevista para las dos, esta acabó produciéndose cinco horas después, por lo que la número dos del Gobierno se ahorró el trance.

Entre las medidas en marcha para atajar la corrupción, se encuentran los proyectos para reformar la ley que regula el funcionamiento de los partidos y las nuevas exigencias de conducta para los altos cargos. Ambos están ya en el Congreso y a eso se acoge Rajoy para trasladar el mensaje de que todas estas penosas noticias son cosa del pasado y su voluntad de que no se repitan. La intención del Gobierno es que PP y PSOE suscriban un pacto por la regeneración para convencer a los españoles y luchar contra la mala imagen. De fondo, el miedo a las encuestas y a las próximas elecciones.

“Rato ya no es militante”

La semana arrancó con las dudas de qué decisión tomar respecto a Rodrigo Rato y su militancia en el PP. El uso que el expresidente de Bankia hizo de su tarjeta black ha sacudido los cimientos de un partido en el que Rato lo fue todo. El expediente informativo llevaba 13 días abiertos cuando María Dolores de Cospedal abría la puerta a la suspensión temporal como una “decisión dolorosa” que no quedaba descartada. Al mismo tiempo, se lanzaba el mensaje de que había que respetar los plazos para que tomara una decisión el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. Eso incluía el derecho de Rato a ofrecer explicaciones.

Cospedal prometía durante una rueda de prensa este lunes que el PP tomaría una decisión “dentro del ámbito de la rapidez”. Mientras, algunos barones y dirigentes del PP reclamaban “contundencia” en el castigo. Los menos proclamaban su confianza en la inocencia de Rato o recordaban el brillante pasado del exvicepresidente. La presión surtió efecto. A última hora del lunes, Rato pidió por carta a Cospedal que le diera de baja del partido de forma temporal. Inmediatamente, el PP anunció que la investigación interna se congelaba para él y seguía para la docena de afiliados. El argumento fue que ya no era militante.

Acebes y el PP “sólo tiene una contabilidad”

El martes era el día del debate sobre las cuentas de 2015. Los conservadores se aseguraron a primera hora de vetar de nuevo una comisión de investigación sobre las tarjetas como propuso en el Congreso la Izquierda Plural. Desde la tribuna del Parlamento, Cristóbal Montoro se enfrentó a Pedro Sánchez a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en un debate bronco. Rajoy entró y salió del Congreso sin decir una palabra. Para esquivar a los periodistas, llegó a entrar en el hemiciclo por el pasillo que usan los socialistas.

Mientras, el patio del Congreso era un hervidero de comentarios sobre la situación de Rato. La noticia de la imputación de Ángel Acebes por las ayudas del PP a Libertad Digital con fondos ilegales cayó como una bomba. La mayoría se refugió en que los papeles de Bárcenas no son la contabilidad real del PP y así se difundió en un comunicado de un solo párrafo. “Si hubiera otra contabilidad desde luego no es del Partido Popular”, acababa el texto.

Cospedal, en el punto de mira

El miércoles fue el día en que se conoció la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el cerco judicial se acercó a Cospedal y a su número dos, Vicente Tirado. La causa, la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad a cambio de una comisión utilizada para pagar la campaña electoral de 2007.  El juez Pablo Ruz se refirió a la “posibilidad de que personas aforadas” acaben relacionadas con sus indagaciones y él deba enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La presidenta regional intentó argumentar que la imputación es “una oportunidad” para defenderse ante la Justicia y cargó de nuevo con que se crea en la palabra “de un presunto delincuente”, en referencia a los papeles del extesorero. Pero esos 200.000 euros recibidos como comisión a cambio del contrato a una empresa de Sacyr se utilizaron en su campaña. Entre otros testigos, ha sido llamado el diputado Sebastián González, coordinador electoral del PP nacional en aquella época.

La imputación del presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, por sospechas de prevaricación en la concesión de una licencia de construcción parece un caso menor comparado a los anteriores. Pero demostró que era raro el día que acababa sin otro conservador ante los tribunales. Hacía solo una semana, el pasado viernes, Rajoy había estado en esa provincia en un acto público y Amat había dado un discurso pocos minutos antes del presidente.

La reforma de Génova pagada en negro

La confirmación por parte de Hacienda de que la sede del PP fue reformada con dinero negro ha cerrado la semana en cuanto a sobresaltos por la corrupción. Ruz tiene confirmado que la reforma de la planta baja de Génova, 13 se pagó con 750.000 euros en B. Hay que sumarlos a otro millón que se usó para el resto del edificio. A la comprobación de cómo se usó el dinero hay que sumar el hallazgo de una nueva cuenta de Bárcenas en un paraíso fiscal del Caribe y que el juez Ruz ha ordenado embargar.

Los listos que no sabían nada

La supuesta ignorancia de los grandes economistas de la tarjeta ‘black’

20/10/2014

Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del Gobierno y exdirector del FMI, no sabía que tenía que declarar ante Hacienda el dinero de las tarjetas ‘black’. Pensaba que Caja Madrid ya pagaba por él. Lo dio por hecho. “No recibí ninguna información que me hiciese pensar que no estaba pagando impuestos […], era algo que existía desde hace más de 15 años y no me planteé nada”, aseguró Rodrigo Rato ante el juez Andreu.

Miguel Blesa, inspector fiscal en excedencia, tampoco sabía que esas “retribuciones que se pagaban con una tarjeta para gastar” también se tenían que declarar. “A mí nadie me dijo nada sobre si había que declararlas o no. Pensaba que sí se declaraban, pero no lo sabía. Me ha sorprendido que no se hiciera. Lo he descubierto ahora”, declaró Blesa ante el juez.

El presidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernández, también imaginaba que de los pagos al fisco de su tarjeta se ocupaba Caja Madrid. “Yo pensaba que era legal, que no tenía ningún problema. Cuando a mí se me entrega una tarjeta de este tipo, ¿cómo voy a saber yo que no es legal?”. ¡Quién lo iba a sospechar!

Lo mismo que el presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Emilio Iranzo. “Pensaba que Caja Madrid me lo había declarado y retenido en la liquidación de la renta”. Él no lo comprobó.

Igual que Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda. Fue él quien hizo la reforma fiscal de Aznar y, al igual que Miguel Blesa, antes trabajó como inspector fiscal. A pesar de su experiencia y su preparación, tampoco sabía que había que declarar los 255.400 euros que se fundió de su ‘black’.

Tampoco lo sabía Pablo Abejas, exdirector de Economía de la Comunidad de Madrid. Ni Virgilio Zapatero, exministro. Ni José Manuel Fernández Norniella, ex secretario de Estado de Comercio. Ni Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la Patronal. Ni tantos y tantos más.

“Un jubilado que cobra pensión no es un ignorante financiero”, declaró Miguel Blesa hace unos meses ante la Audiencia Nacional para justificar su gestión con las preferentes.

Al parecer, un pensionista está obligado a saber qué es un derivado tan complejo como las preferentes. Pero unos listísimos economistas que han sido ministros, inspectores de Hacienda, secretarios de Estado y hasta directores del FMI no sabían que los sobresueldos se tienen que declarar.

http://www.eldiario.es/escolar/listos-sabian_6_315728462.html