La ONU advierte a España de que la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal “socavan” Derechos Humanos

Confían en que se adopten las medidas necesarias

RIS espera que el Gobierno “tenga en cuenta” estas advertencias

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.

La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.

Según explican, “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, plantean.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería “podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

“LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN”

Asimismo, el relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto “vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio”, limitándolo “marcadamente”.

“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuanto al Código Penal, afirman que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y citan como ejemplo que se trate como “circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa'”.

“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalca Maina Kiai.

“PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA”

Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem “conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo’, los expertos consideran que “son excesivamente amplias e imprecisas”.

“Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet”, denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

“QUE SE TENGA EN CUENTA”

Rights International Spain (RIS), que viene trabajando para evitar que ambas normas vean la luz en su redactado actual por considerar que vulneran derechos fundamentales en diversos ámbitos, se había dirigido entre otros organismos a algunos de los relatores especiales de Naciones Unidas que se pronuncian ahora en este escrito advirtiendo del contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno.

“Desde la ONU se respaldan muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta. Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, ha señalado la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-relatores-onu-advierten-espana-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-socavan-derechos-humanos-20150223150631.html

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La investigación de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca registra 3.587 denuncias

06/02/2015

La ‘Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013’ ha sido liderada por el forense paco Paco Etxebarria quien ha matizado que todavía no han entrado a valorar la veracidad de las denuncias.

Ver vídeo:

http://www.eitb.eus/es/get/multimedia/embed/id/2948898/tipo/video/

La investigación de la tortura encargada por el Gobierno Vasco a un equipo liderado por el médico forense Paco Etxeberria registra, en su primera fase, 3.587 denuncias entre 1960 y 2013 en Euskadi. Se espera que la investigación concluya para septiembre de 2016.

En una rueda de prensa en San Sebastián, el secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, acompañado de Etxeberria, ha dado cuenta de la primera fase de esta investigación que coordina el forense vasco.

Etxeberria ha señalado que se ha elaborado un primer censo individualizado de 3.587 casos de denuncia judicial o pública, y ha puntualizado que aún no se ha entrado a “valorar su veracidad”. El equipo de Etxeberria ha entregado este viernes al Gobierno Vasco esta primera parte del estudio, que, a su vez será, remitido al Parlamento Vasco.

Fernández ha recordado que en marzo de 2014 el Ejecutivo vasco encargó al médico forense y su equipo del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la realización de una Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013. El objetivo de la investigación es “desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar”, ha explicado.

Esta investigación constituye la sexta iniciativa del ‘Plan de Paz y Convivencia’ del Gobierno Vasco y se enmarca en el marco del primero de los tres grades compromisos que define el Plan, “la clarificación del pasado”, ha añadido. Tras apuntar que está previsto que el estudio íntegro esté finalizado “para septiembre de 2016”, Etxeberria ha explicado que los trabajos se están realizando en tres etapas y cinco estudios complementarios.

La primera fase se ha centrado en cuantificar las denuncias y realizar un informe de la información documental disponible sobre la prevalencia de malos tratos y torturas, así como de la información existente en diferentes fuentes para la elaboración de un censo.

Después se procederá a la verificación, un proceso que se prolongará durante un año y en el que se investigarán 200 casos representativos. También se llevará a cabo un estudio cualitativo, narrativo y específico de 40 casos emblemáticos. En una tercera etapa de entre tres o cinco meses se elaborarán las conclusiones y recomendaciones.

Etxeberria ha señalado que de las 3.587 denuncias registradas se han analizado hasta el momento 2.820 casos, 2.394 correspondientes a hombres y 426 a mujeres. Según ha puntualizado de esas denuncias 1.319 corresponden a torturas por parte de la Policía Nacional; 1.174 por la Guardia Civil; y 271 por la Ertzaintza.

Informes

Además, el forense ha indicado que hasta el momento 1.183 afectados han ratificado su denuncia de tortura o malos tratos. También ha explicado que durante esta primera fase de investigación se han recopilado 140 informes (informes locales e internacionales con carácter institucional) de Amnistía Internacional, del Comité para Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, de Relatores de la ONU y del Comité de la ONU contra la Tortura, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Ararteko y del Gobierno vasco.

Asimismo, se han analizado 20 sentencias firmes (31 víctimas y 49 personas condenadas) y se han consultado diversas fuentes, como, por ejemplo, asociaciones ciudadanas, abogados, fiscalía, médicos, y el ámbito policial y judicial.

Asimismo, se ha iniciado un proceso de ratificación de los casos denunciados con las personas afectadas y se ha otro de recogida de testimonios directos, al tiempo que se ha establecido un Protocolo Pericial para la investigación de la fiabilidad de los casos.
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/2948322/investigacion-tortura-informe-encargado-gobierno-vasco/

Ver también: www.noticiasdenavarra.com/2015/02/07/opinion/editorial/constancia-de-la-tortura

Opiniones encontradas tras la muerte de Alberto Nisman

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman se ha desatado un diluvio de comentarios y opiniones de todos los gustos y colores, tanto sobre la persona de Nisman como sobre quien maneja los innumerables hilos en el caso AMIA no solo en Argentina sino desde otros países y organismos, USA, ISRAEL, etc.

Como muestra dos artículos de opinión, cara y cruz de una misma moneda.

Difícil conocer la verdad en esta maraña de sentimientos, intereses, injerencias y maniobras para desviar culpabilidades y enturbiar el asunto pues como dice el refrán “En río revuelto, ganancia de pescadores”

La cuestión y la pregunta de premio es: ¿quienes son los “pescadores” que se benefician de todo esto? ¿qué se trata de ocultar y a quién se quiere perjudicar?

Van los dos artículos citados, más información (verídica o no) sobre el tema.

“Cristina somos todos”

(Por Emir Sader, * Profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP) y de la Universidad do Estado do Río de Janeiro (Uerj), coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Uerj y autor de numerosos ensayos sobre historia y actualidad latinoamericanas.)

Hablando del complot contra la Presidente Cristina Kisrrchner para hacerla parecer culpable en todo este asunto AMIA-Nisman.

“El gobierno de Cristina Kirchner le sumó traición a la desidia”

Santiago Cantón, ex secretario general de la CIDH opina que “la muerte del fiscal es sólo el último capítulo en la novela de impunidad” de la causa AMIA

Los límites de la libertad de expresión

20 ene 2015
Octavio Salazar Benítez

Profesor Titular de D. Constitucional, Universidad de Córdoba

En las últimas semanas todos nos hemos convertido en ejemplares defensores de la libertad de expresión. Ante la agresión dramática al corazón de nuestras democracias, hemos reaccionado lógicamente con una defensa encendida de uno de los derechos sin los que el edificio constitucional se derrumbaría. Sin embargo, y al margen del cinismo de quienes encabezan manifestaciones cuando acaban de aprobar medidas enormemente restrictivas de dicha libertad, la mayoría parece haber olvidado que toda teoría de los derechos es una teoría de los límites. Es decir, que la misma garantía de nuestros derechos fundamentales conlleva necesariamente el establecimiento de límites de los mismos para hacer posible la convivencia o, lo que es lo mismo, para hacer posible que derechos en conflicto alcancen un equilibrio, en ocasiones inestable, pero pacífico.

Tras el atentado de París, uno de los grandes debates abiertos es sin duda el del respeto a las creencias religiosas y, por tanto, hasta qué punto las convicciones pueden operar como límites de la libertad de expresión. Un debate que, a su vez, nos remite al relacionado con la gestión de las religiones en el espacio público democrático. Es evidente que un Estado constitucional debe garantizar el respeto de las convicciones de los individuos, con independencia de que sean sagradas o no —de ahí la necesidad de reivindicar el término libertad de conciencia frente a libertad religiosa—, así como la expresión colectiva y pública de las mismas.

Ello no quiere decir que deba existir confusión entre la ley de todos y la moral de unos pocos, como tampoco que las expresiones religiosas carezcan de límites. Es decir, en un Estado constitucional, construido sobre el contenido sustancial que representan los derechos fundamentales, debería resultar incontestable que las expresiones de la dignidad humana actuasen como muro de contención frente a cualquier idea o convicción, al menos en lo que a su proyección pública se refiere. Por lo tanto, “no todo vale” en un Estado constitucional o, mejor dicho, no todo debería valer lo mismo. En consecuencia, los límites legales, incluso penales, deberían también aplicarse a las expresiones religiosas que públicamente atenten contra los derechos humanos. De ahí que no debería temblarnos el pulso de la ley ante, por ejemplo, las declaraciones machistas y homófobas de imanes u obispos, como tampoco debería resultarnos indiferente que los poderes públicos subvencionen a confesiones que discriminan por razón de sexo.

Desde este punto de vista, resulta muy complicado mantener jurídicamente, como se hace en nuestro ordenamiento, un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Se trata de un tipo que difícilmente se ajusta a los contenidos garantistas de un Derecho Penal democrático y ante el que resulta casi  misión imposible probar de manera fehaciente el ánimo de ofender. Sobre todo porque nos situamos en terrenos enormemente personales, emocionales, muy subjetivos, ante los que los límites legales deben actuar con cautela. Si lleváramos al extremo el tipo penal de la ofensa, prácticamente eliminaríamos la libertad de expresión, porque cualquiera de nosotros con facilidad puede entender que una manifestación, del tipo que sea, ha herido nuestras convicciones que, insisto, pueden ser religiosas o no, por lo que carece de sentido proteger más a las primeras que al resto.

Sin duda, una consecuencia aún no superada de entender que las creencias religiosas, y solo ellas, son las que pueden  determinar el sustrato moral del individuo. En consecuencia, entiendo que el único límite que la libertad de expresión debería tener en un Estado constitucional es el derivado de la garantía de la igualdad y no discriminación. Es decir, lo que no deberíamos aceptar  en una sociedad democrática son las expresiones que discriminen o que inciten a la discriminación de personas o grupos, como tampoco aquellas que en su caso promuevan el odio y por tanto el no reconocimiento como iguales de quienes son diferentes. Ese debería ser el único límite efectivo de cualquier derecho y por tanto también de la libertad religiosa. Todo lo demás, incluidas las expresiones críticas, irónicas y humorísticas que incidan en las convicciones propias o de los demás, debería entenderse como pieza esencial de un régimen basado en el pluralismo y apoyado, se supone, en la secularización de una sociedad en la que deben fluir ideas y pensamientos en cuanto que somos seres dotados de razón y de conciencia. Una sociedad en la que lo único sagrado debería ser el respeto  a la igual dignidad de todos y de todas y, por tanto, de todos los derechos que hacen de cada uno de nosotros un individuo con voz propia y con capacidad de disentir.

Difícilmente traduciremos en hechos este paradigma si olvidamos que sin la suma de igualdad, laicismo y justicia social la democracia deviene imposible.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/12252/los-limites-de-la-libertad-de-expresion/

La fiscalía pide 800 años de cárcel para los jefes de la trama con la que se lucró el PP

CASO GÜRTEL / SE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE ESPERANZA AGUIRRE COMO TESTIGO
CUARTOPODER | Publicado: 16/1/2015vineta_Danuto_Martingo_logo_PP

Más de un siglo de cárcel para Francisco Correa, 86 años para el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pedro Crespo; 46 años para el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, 42,5 para el extesorero del PP Luis Bárcenas, 8 y 3 años de cárcel, respectivamente, para los también extesoreros del partido Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, 15 años y 4 meses para el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la exministra Ana Mato Jesús Sepúlveda…(ver vídeos). Estas son algunas de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que en total suman casi 800 años de prisión, solo por los hechos de la primera época de la trama de corrupción conocida como Gürtel (1999-2005), de la que, según consta en el escrito de acusación de más de 500 páginas, se lucró el PP, partido al que también se responsabiliza de tener una ‘caja B’.

La lista de delitos es casi tan numerosa como la de acusados. Entre otros cabe citar los de asociación ilícita, fraude, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos, prevaricación, apropiación indebida, tráfico de influencias, tentativa de estafa procesal o contra la Hacienda Pública.

En el escrito de la Fiscalía destaca también la petición de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, declare como testigo cuando se celebre el juicio.

Europa Press (YouTube)

Comentario de Ramón Moreno Palau:

Como decia el periodista ERNESTO EKAIZER en la tertulia de la sexta,esta claro que en la cúpula del PP habia organizada una trama para delinquir en beneficio de determinados personajillos-todos en la cúpula-era una trama bien conocida en las alturas del PP y no cuatro sinverguenzas que querian aprovecharse del partido como los peperos intentan hacer creer a los mas incautos,hay indicios mas que suficientes para saber que la cúpula pepera era realmente sobrecogedora y la corrupción mas repugnante era su compañera de viaje,si en noviembre de 2015,estos golfos vuelven a obtener la mayoria absoluta es que este pais es la mierda mas grande del planeta

http://www.cuartopoder.es/multimedia/2015/01/16/la-fiscalia-pide-800-anos-de-carcel-para-los-jefes-de-la-trama-con-la-que-se-lucro-el-pp/4664

México – Cada hora desaparecen en el país de 9 a 10 niños

Hidalgo
El Sol de Hidalgo,16 de diciembre de 2014

Por Alejandro Colón

Pachuca, Hidalgo.- Alrededor de 500,000 niños han desaparecido en los últimos seis años en México; es decir, entre nueve y 10 cada hora, de los cuales 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino, de acuerdo a distintas agrupaciones, reveló el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Francisco Coronato Rodríguez.

Sin embargo, el legislador de Movimiento Ciudadano puntualizó que en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos, pues los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.

En tal sentido, Coronato Rodríguez refirió que el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150,000, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.

En contraste, el portal de la Procuraduría General de la República (PGR) solo documenta a la fecha los casos de 1,385 niños robados o desaparecidos. Este último dato “demuestra falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”, consideró.

Dado que en México no existe una base de datos oficial que indique la cantidad y mucho menos la identidad de los menores cuyo paradero se desconoce, o que compile las investigaciones relativas al fenómeno, el diputado federal promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

También integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Coronato Rodríguez afirmó que la ausencia de una base de datos eficaz de esta naturaleza, que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.

Asimismo, se contaría, por obligación, con una base de datos de ADN de los menores desaparecidos, además de que permitirá a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto será únicamente para la localización de los niños.

Coronato destacó que la misma PGR calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45,000 menores de edad, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, las entidades donde se registra el mayor número de casos. Abundó que se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50,000 dólares por ellos.

No contar con una base de datos oficial, aseguró el diputado, resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, solo debajo del narcotráfico, pues se estima que tiene ganancias de 32,000 millones de dólares al año.

No hagas al prójimo lo que no quieres que hagan contigo

El Gobierno ha legalizado las expulsiones ‘en caliente’ con su nueva ley mordaza. Cuando el PP quiere saltarse la ley, legaliza sus ilegalidades

La inmigración no es una amenaza en España, lo que es una amenaza es la emigración. Si en Alemania nos trataran como tratamos nosotros a los africanos, les llamaríamos nazis

JAVIER GALLEGO

18/12/2014 – 09:47h

Cuando un ciudadano se salta la ley, lo paga. Cuando el Gobierno se salta la valla de la legalidad, es la ley la que lo paga. Decía Ignacio Escolar que, cuando al PP le va mal en un juicio, cambia al juez primero y al jefe de policía que les investiga después, como ha hecho en la Gürtel. Pues bien, de la misma manera, cuando al PP le va mal una ley, primero la infringe y después la cambia para legalizar su ilegalidad. No le van bien los negros que saltan la valla, así que primero los expulsa ilegalmente cuando acaban de entrar y ahora nos han colado por el butrón de la ley mordaza la legalización de las expulsiones ‘en caliente’. En la misma norma que nos restringe libertades a todos, la única libertad se la han tomado ellos. Han inventado nuevos delitos para nosotros, pero han convertido sus delitos en legales.

No respetan la opinión pública, pero tampoco los organismos internacionales a los que pertenecemos. Han hecho lo contrario de lo que dice y hace Europa. Cuando la Unión Europea ha visto que sus fondos de desarrollo se han utilizado para construir un obsceno campo de golf junto a la valla de Melilla, la indignación social le ha obligado a prometer que revisará el uso de esas ayudas a partir de ahora. Cuando el Gobierno español ha sido amonestado por el maltrato a personas en la frontera, ha decidido aplastar la leyes nacionales e internacionales con la apisonadora de su mayoría parlamentaria. Si no te gustan mis principios, cambia los tuyos. No me importa lo que diga la Justicia porque “la Justicia soy yo”.

Se comportan como justicieros y hablan como matones, empezando por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha respondido a los comisarios europeos como si estuviera en una taberna: “Que me envíen sus direcciones y les mando a esa gente, a esa pobre gente”. Mejor ser gente pobre que no un pobre hombre como el ministro. Esa no es manera de hablarle a tus colegas ni son maneras de referirse a quienes se juegan la vida para intentar llegar a Europa. Habla de ellos como si fueran paquetes postales. De hecho, durante todo su mandato, los ha tratado como bultos. Ha ordenado que les disparasen, incluso en el agua, que les golpeasen en la valla, que pusiesen cuchillas aunque les desuellen vivos, que los echen fuera. Como maletas en un aeropuerto.

Ha enviado a quince de ellos a la muerte en la playa de Ceuta por culpa de sus órdenes de disparar. Otras dos personas han perdido la vida en los centros de internamiento por falta de asistencia médica, y nada ha dicho el ministro al respecto. Está más preocupado por hacernos creer que va a haber una invasión de negros y que, si no la reprime con contundencia, pronto tendremos a toda África negra llamando a nuestras puertas. Ya ha conseguido la aparatosa imagen de los subsaharianos encaramados a la valla como si fueran hordas y titulares de prensa que amenazan con la llegada de 30.000 más. Hay más racismo y xenofobia que verdad.

La verdad es que la inmigración por la valla o en patera, aunque ha crecido en el último año, no llega al 1% del total. La verdad es que no hacía falta echar a 800.000 sin papeles de la Sanidad Pública porque toda la inmigración solo usa un 5% de nuestros servicios sociales y los inmigrantes aportan más al Estado de lo que utilizan. La verdad es que son más los que se van que los que vienen. La verdad es que España ha dejado de ser el país europeo que más migración recibe. Ahora es Alemania: el país al que emigran los españoles. Allí nosotros somos los pobres. El problema no es que vengan, el problema es que nos vamos. Si los alemanes nos recibieran como recibimos a los africanos, les llamaríamos nazis.

Feliz día mundial del migrante, señor ministro, dios quiera que usted emigre pronto de su ministerio.

Javier Gallego es director de Carne Cruda. Escucha el programa todos los martes y jueves a las 12:00 en http://www.carnecruda.es

www.eldiario.es/zonacritica/hagas-projimo-quieres-hagan-contigo_6_336376364.html

Javier Elzo: “Hay que construir el futuro desde el presente mirando al pasado”

El sociólogo ha presentado en San Sebastián su libro ‘Tras la losa de ETA’ que tiene como objetivo “abordar la situación que se ha generado tras tantos años de dolor, en clave de futuro”.

A su juicio, “ETA ha perdido la batalla militar, está ganando la batalla política y mucho cuidado que no gane la batalla judicial”.

Iñaki García Arrizabalaga, víctima de los CAA, apunta a que la memoria “nos permite recordar que es lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en el pasado para no volver a repetir el mismo error”.

El Ararteko destaca que los “responsables de alguna manera de todo horror que hemos vivido, han de hacer una valoración crítica de su pasado y pedir perdón”.

Javier Elzo, acompañado de Iñaki García Arrizabalaga e Iñigo Lamarca durante la presentación de su libro.

Javier Elzo, acompañado de Iñaki García Arrizabalaga e Iñigo Lamarca durante la presentación de su libro.

El sociólogo Javier Elzo ha escrito un último libro “pensado en clave de futuro”. ‘Tras la losa de ETA: por una sociedad vasca justa y reconciliada’ tiene como objetivo  “abordar la situación que se ha generado tras tantos años de dolor”. Durante la presentación del libro en San Sebastián, Elzo ha asegurado que el punto focal de su reflexión es “cómo abordar la memoria justa de lo sucedido para no caer ni en el olvido, ni en una repetitiva rememoración paralizante del dolor padecido”, particularmente “cuando nos detenemos en el dolor padecido por nosotros y nos olvidamos del dolor padecido por los otros”. Así, insiste en que la violencia de ETA “no es la consecuencia inevitable del conflicto vasco, no estamos pues ante una violencia secundaria”. En consecuencia, “no es asumible en el magma de la violencia existente en el País vasco”, aunque “no es la única violencia injusta que hemos padecido”. El sociólogo ha destacado que “ETA ha perdido la batalla militar, está ganando la batalla política y mucho cuidado que no gane la batalla judicial”.

Sin embargo, Elzo ha querido destacar sobre todo el camino futuro y ha dedicado este libro “a los hacedores de concordia, de convivencia y de reconciliación”. En este sentido, su apuesta es que “con manchas de aceite en diferentes puntos de la geografía vasca, quizá consigan que la era post-ETA no pueda equipararse a la era post-franquista, donde triunfó el silencio del olvido de victimarios y de víctimas”. Asimismo, cree que en Euskadi “es imposible pensar en un único relato, pero sí es posible pensar en un relato compartido”. Por ello, defiende que hay que buscar el deber de la memoria verdadera poniendo el acento en los que más han sufrido, “particularmente las víctimas de todo tipo de violencia injusta”.

Elzo ha estado acompañado por el hijo del delegado de Telefónica en Gipuzkoa asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) Juan Manuel García Cordero, Iñaki García Arrizabalaga, quien participó en 2011 en el primer encuentro restaurativo de España. García define esta experiencia  como “una de las cosas que a nivel personal más me ha enriquecido”, ya que se “aprende a mirar y a determinar que por encima de la condición de terrorista, está la condición humana”.

Ejercicio de empatía

García Arrizabalaga señala que en el conocimiento de la verdad, las víctimas especialmente “debemos hacer un enorme ejercicio de empatía”, porque “en este país nos hemos dedicado con demasiada frecuencia a llorar a nuestros propios muertos y no hemos sido capaces de ver que la persona que tenemos en frente también estaba sufriendo”. Por todo ello, ha asegurado que le “duele terriblemente en el corazón” las críticas de asociaciones de víctimas al informe elaborado por el Gobierno vasco sobre otras víctimas de violencia y de abusos policiales. A su juicio, la verdad incluye conocer la autoría de los 250 asesinatos de ETA sin resolver, pero “precisamente las víctimas del terrorismo de estado y de la guerra sucia tienen muchas más dificultades en el camino para el conocimiento de la verdad”.

Por otro lado, ha mostrado su “fascinación” porque en 2014 el mundo de la Izquierda Abertzale critique la detención de miembros de ETA para ser conducidos ante los jueces, “es una burla a mi condición de víctima”. En este sentido, recuerda que “con impunidad no hay reconciliación que valga”. Finalmente, García ha remarcado que se debe hacer “memoria inclusiva, no de venganza”, lo que permitirá “recordar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en el pasado, para no volver a repetir el mismo error”.

Por su parte, el Ararteko, Iñigo Lamarca, ha destacado que en “este país hemos vivido un régimen de terror y corremos el riesgo de olvidarlo y querer pasar página”, lo que “sería algo tremendo para la sociedad vasca”. Así, ante todas las víctimas hay que “aplicar a rajatabla” el derecho a la verdad, justicia, memoria, reparación, reconocimiento y el derecho a las garantías de no repetición. Para ello, hay que tener muy presente lo ocurrido y a cada una de las personas que han sido víctimas de las violencias, porque “solamente así construiremos un futuro basado en unos valores comparativos”. Esto es, que todas aquellas personas que han sido victimarios, “responsables de alguna manera de todo horror que hemos vivido, han de hacer una valoración crítica de su pasado y pedir perdón”.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Javier-Elzo-construir-presente-mirando_0_326167718.html

El impostor y la memoria democrática

Javier Cercas, a partir del caso Enric Marco, critica la industrialización de la memoria y la aproximación sentimentaloide al pasado.

Negar como hace el escritor que exista la memoria histórica significa dar por bueno el relato del pasado que el Estado construyó y difundió entre los años sesenta y ochenta.

Las críticas del libro de Cercas pueden servir para que, diez años después, asociaciones e instituciones superen los errores de la aproximación emocional al pasado.

Dos víctimas del franquismo felices al ser escuchadas en la Audiencia Nacional

Protesta frente a la Audiencia Nacional en mayo de 2014, cuando la jueza Servini tomó declaración a dos víctimas de la dictadura franquista junto al juez Fernando Andreu.

Javier Cercas acaba de presentar su nueva obra titulada El impostor. El escritor reconstruye la historia real de Enric Marco, el impostor que se hizo pasar por deportado a los campos nazis, al mismo tiempo que hace un repaso devastador de lo que él llama “la industria de la memoria” en nuestro país y una crítica a su historia reciente. En las entrevistas en las que se ha prodigado ya lanzaba las ideas que sustentan el libro: “La memoria histórica no existe, solo existe la memoria individual”. “La memoria histórica se ha vuelto una industria”.

Cercas estudia el caso Marco y lo aprovecha magistralmente para cargar contra una determinada forma de construir lo que él nombra “la llamada memoria histórica”, aunque no queda claro si hace referencia a la memoria democrática o a una determinada forma de reconstruir la memoria histórica. En todo caso, acierta en la crítica a ciertas aproximaciones emocionales y sentimentaloides al pasado reciente que hacen más mal que bien a nuestra cultura democrática.

Cercas aprovecha el caso Marco porque los que debieron extraer lecciones de aquel escándalo no lo han hecho en los casi diez años pasados desde que estalló. Lo que pasó en 2005 fue una gran oportunidad para modernizar la cultura de la memoria en España, para sacarla del gheto de la clandestinidad y del empeño de algunas asociaciones de víctimas por patrimonializarla. Fue una gran ocasión para europeizar la cultura de la memoria en España, tan dañada por una dictadura que sí elaboró su propio relato: el de la Cruzada y el de los XXV Años de Paz, el de las culpas compartidas y los errores moralmente equivalentes de dictadura y República.

Cercas relata muy bien cómo se gestó el escándalo. Explica la entrada de Enric Marco en Amical y el ambiente dentro y fuera de la asociación, que permitió que el engaño triunfase. Explica también lo que sucedió después, cómo muchas asociaciones, en lugar de abrirse, continuaron cultivando una cultura cerrada, resistencialista y patrimonializadora de la memoria de las víctimas. En muchos casos, las personas al frente de estas asociaciones no detectaron la necesidad de cambio ni los errores cometidos. Tras el escándalo, continuó algo que también denuncia Cercas en el libro y que los que estudiamos la deportación hemos vivido: la sacralización del testigo, a la que añadiría la del familiar del testigo, y la aproximación acrítica y sentimental al pasado.

Por todo ello, la crítica de Cercas es oportuna y útil. Pero no para descartar la petición de políticas de memoria, sino por lo contrario. El relato del escritor y su análisis debiera ayudar a que, diez años después, se sustituya la concepción comercial de la memoria histórica por la defensa de la justicia, de la verdad, de la reparación y el desarrollo de una memoria democrática en nuestro país.

Porque la memoria colectiva, contra el parecer de Cercas, sí existe. O al menos existe de la misma manera que la memoria individual: como metáfora. Los neurólogos desconocen el mecanismo de lo que llamamos memoria. Ignoran todavía cómo funciona la transmisión de impulsos que permite hacer referencias a experiencias del pasado. La memoria del ser humano es por ello una metáfora referida a esos desconocidos mecanismos. Y al igual que el individuo hace referencias al pasado, también los sistemas sociales -la sociedad en su conjunto, la política o el derecho- construyen relatos que hacen referencias al pasado. Es lo que llamamos memoria histórica. La memoria democrática es la que reivindica la lucha antifascista y por las libertades. Desgraciadamente en España existe memoria histórica del Estado, mas todavía no tenemos memoria democrática o esta es muy precaria.

Y es que Cercas, tan crítico con el concepto, hizo mucho por construir una determinada manera de referenciar el pasado de la guerra civil con su primera novela: la que ve errores moralmente equivalentes y no ve las diferencias entre el gobierno legítimo de un Estado tocado de muerte por los golpistas y unos fascistas que tenían un programa de eliminación física del enemigo. En el nuevo libro el autor, en un imaginado (¿?) diálogo con Marco, reconoce que Soldados de Salamina jugó una función en lo que algunos llamamos hace años el “boom del Franquismo” o “historia en migajas del Franquismo”. Cercas, por tanto. participa de esa reconstrucción colectiva del pasado. O mejor dicho: participa de una determinada forma de reconstruir el pasado que hunde las raíces en los años sesenta, cuando Manuel Fraga y otros impulsaron la campaña de los “XXV Años de paz” que permitiría cambiar el discurso legitimador del régimen. Este discurso que todavía pervive es el de las culpas compartidas, el de la guerra entre hermanos en la que todos cometieron errores. Cercas participa de ella al equiparar moralmente al miliciano Miralles y al falangista Sánchez Mazas en su novela Soldados de Salamina.

Con su última obra, Cercas equipara todo el memorialismo a la industria de la memoria, aunque reivindica, sin llamarlas por su nombre, la necesidad de acabar con la vergüenza de los miles de cadáveres en las cunetas. Pero la memoria no es solamente Enric Marco y Amical de Mauthausen. De hecho, Cercas se refiere a esta organización como “la asociación de deportados”, cuando sabe perfectamente que es solamente una entre varias asociaciones de deportados, al lado de la FEDIP francesa o Triangle Blau o Amical Ravensbrück, escisiones estas últimas del Amical de Mauthausen. De hecho, el escritor cita solamente en una ocasión a una deportada, Neus Català, quien ya decía hace años lo que se descubrió en 2005: que Marco nunca había estado en un campo de concentración.

Cercas critica la sacralización del testigo, pero la propuesta que hace de sustituir testigo por historiador obvia que este último, por muy riguroso que sea, también está “inventando” el pasado desde sus anteojos culturales e ideológicos. Eso lo sabemos los que, como Cercas, vivimos y trabajamos en este momento en Cataluña.Además, pese a no ser sagrado, el testigo sí es necesario: como señalaba Ferriol Soria recientemente,el testigo, aunque no tiene la verdad, sí posee una de las verdades que, al lado de la histórica, la jurídica o la factual, también es importante a la hora de actualizar el relato del pasado.

Es necesario diferenciar entre esa llamada industria de la memoria -que en muchos casos ha intentado generar una cultura democrática que es muy precaria en España- de las demandas de derechos. Cuando se reclama reconocimiento y ayuda, también financiera, por parte de asociaciones o individuos, se están defendiendo derechos todavía vigentes y no realizados en nuestro Estado democrático de derecho. Eso hacían asociaciones y personas en los años setenta. Se dejó de hacer, dice Cercas, porque la vida en libertad hizo que se olvidasen estas reclamaciones. El escritor niega que hubiese un pacto de silencio, pero obvia el candado que entre 1981 y 1982 se echó en España para evitar la profundización en la joven democracia. Al cerrarse la vía de la justicia, la verdad y la reparación, se evitó que el incipiente discurso de la memoria democrática sustituyese al de los XXV Años de Paz.

Lo que Margalida Capellà llamó “la revuelta de los nietos” hizo resurgir la reivindicación memorialística veinte años después. Eso sin duda ha generado excesos o incluso falsedades como las de Marco, lo que hace que la denuncia de Cercas sea justa y pueda ser utilísima para separar el grano de la paja y conseguir desenmascarar no solamente a los Enric Marco que puedan seguir viviendo, sino también la impostura de unas elites españolas que, como Rodolfo Martín Villa, se inventaron en los años setenta y ochenta un pasado de liberales y demócratas de toda la vida. También la mentira de un Estado español que ahora pretende rescatar un falso pasado de país ajeno a la Segunda Guerra Mundial y salvador de judíos.

En resumen, me atrevería a decir que la crítica de Cercas a la industria de la memoria debe ser utilizada, pero precisamente para defender con más ahínco una memoria democrática en nuestro país. Porque, como la realidad se empeña en recordarnos constantemente, sin memoria democrática no puede haber una verdadera, moderna y europea cultura democrática. La alternativa es seguir con la inercia de la memoria histórica que comenzó a elaborarse en los sesenta, que continuó en los ochenta y que ahora esgrimen los defensores del pacto de 1978. Esa alternativa es la que continúa manteniendo miles de cadáveres en las cunetas y defendiendo a los franquistas que la justicia argentina reclama y que aquí dan lecciones de democracia.

http://www.eldiario.es/contrapoder/Javier_Cercas-memoria_historica-memoria_democratica_6_325527455.html

Ver también:

No hay más preguntas, señor Cercas

Así se torturaba durante el franquismo: los testimonios recopilados por la juez Servini

LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA

MANUEL ÁNGEL MENéNDEZ | Publicado: 14/11/2014

Pozo Polio, noviembre de 1989, Gerardo Iglesias, en primer plano, tras dejar la Secretaría General del PCE y reincorporarse a su trabajo en la mina. José Luis Cereijido/ Efe.

‘Me negué a redimir pena por trabajo’“Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS“… “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”… “Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”“Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”.

Son algunos de los testimonios con los que la juez argentina María Servini de Cubría ha conmocionado los cimientos del Estado español solicitando a la Interpol la detención de importantes franquistas -entre ellos, algunos de los ministros aún vivos de Franco, como Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón-, o ministros del primer gobierno del rey, como Rodolfo Martín Villa, o policías de infausto recuerdo, como Billy el Niño o Martínez Torres. Los testimonios en los que se ha basado la juez de la causa argentina contra el franquismo son terribles: entre ellos se encuentra el del exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que figura como denunciante.

Con ser llamativos estos nombres, no es lo más contundente de la causa; en los 286 folios del Auto de la juez se citan tales testimonios que ponen los pelos de punta a cualquiera. A modo de ejemplo, por las torturas a Gerardo Iglesias, quien ya en democracia fuera diputado y secretario general del PCE en sustitución de Santiago Carrillo, la juez argentina ha pedido a la Interpol la detención del entonces policía Pascual Honrado de la Fuente. La juez da credibilidad en su Auto a la querella de Iglesias, que es especialmente dura:

“A la edad de 17 años, en 1963, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor. Se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada. Se destacaron en las torturas el policía Pascual Honrado de la Fuente y el propio inspector Claudio Ramos Tejedor. Desde ese momento fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, (a las que no se presentaba para eludir a la tortura), viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consiguiente pérdida de trabajo…”.

Sigue el Auto de la juez: “El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado entre otros por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor, ya mencionados y un tal “Palacios”. Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión, esta pena la cumplió en su integridad y se negó a redimir pena por trabajo“.

Los ‘otros’, lo que no salían vivos de la DGS

Aunque muy significativa, la declaración de Gerardo Iglesias ante la juez Servini no es la más dura ni la peor. “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad”: eso es, por ejemplo, lo que el policía Ricardo Algar Barrón le reconoció al antifranquista José María Galante Serrano, en su cuarta detención en la DGS:

“Si por mi fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad

“En mi segunda detención, entre los policías que me torturaron se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los cito entre los miembros de la BPS [Brigada Político-Social] que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, mediante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS…”.

Esa declaración figura en la página 204 de las 286 de las que consta el Auto de la juez María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Corrección Federal número 1 de Argentina, por el que ha procesado y pedido a la Interpol la detención internacional de 20 cargos franquistas. Ni que decir tiene que los antiguos policías Ricardo Algar y Celso Galván figuran en la petición de extradición de la juez argentina, pero hay otros más, y he aquí un extracto de los testimonios que la juez también relata en su Auto.

“Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón…”

Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar relatan hechos especialmente inhumanos. Por las torturas que a ambos se les infringieron en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid el 20 de febrero de 1975, la juez argentina ha procesado al policía Jesús González Reglero. He aquí el testimonio de los querellantes, que figura en el Auto de la juez, al que cuartopoder.es ha tenido acceso:

“En ese momento nos agarraron por el pelo (Francisca lo llevaba especialmente largo en esa época), y a mí me llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos. Según iban amenazando por el pasillo, los policías que se encontraban ahí me golpearon e insultaban, no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones que da estar esposado, protegerme la cara (…) En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar”.

“Me decían que bajara la cara y cada vez que lo hacía me golpeaban
en la misma

Sigue el testimonio: “El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz? [sic], mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribó… Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) [sic], y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna“.

Así de contundente finaliza el Auto de la juez: “Según que me iban golpeando, me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón, etc.’. A medida que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías (ya era incapaz de reconocer cual), se dirigió a ¿Sainz? advirtiéndole del estado en que me encontraba, entonces me levantó del suelo me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, estómago o en la cabeza. Lo que duró la sesión lo desconozco ya que estuve noqueado durante un tiempo. El siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería de la DGS…”.

Estos hechos son similares a los que, supuestamente, el policía Félix Criado Sanz le practicaría a Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969, que pasó 7 días en comisaría y sería “salvajemente torturado” en Zamora con “golpes a mansalva, la rueda, la rana…”. Criado Sanz está procesado por la juez Servini.

Martínez Torres, el ‘policía antiterrorista’ de Felipe González

Es evidente que la democracia ‘reconvirtió’ a los franquistas, les ‘perdonó’ sus faltas y los utilizó para otros fines. Fue el caso del policía Jesús Martínez Torres, que fue Comisario General de Información en el Gobierno socialista de Felipe González, pero a quien la juez Servini de Cubría ha pedido su detención a la Interpol por haber participado, según el Auto, en las torturas supuestamente infringidas muchos años antes a José Aznar Cortijo. He aquí su testimonio:

“Al llegar a comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas

“En su segunda detención, lo metieron en el coche y en el suelo del mismo se pusieron a patearlo en la espalda y en las piernas mientras que las esposas se le clavaban en la espalda y piernas. Que al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban “el quirófano” que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y los volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro”.

En el auto se lee también que “los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí sí recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza en compañía de otro también joven y rubio que también participaba con saña en los interrogatorios, ayudado por el Legionario”.

“Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”

El caso del antiguo policía Atilano del Valle Oter parece especialmente llamativo: está imputado en esta causa por, supuestamente, haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. He aquí las “Constancias probatorias” que incluye la juez Servini en su Auto:

“El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la Clínica San Jorge, donde recibe los primeros auxilios. En vista de la gravedad de las heridas es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave. Un consejo de guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén, durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale en libertad en octubre de 1976. Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el hígado trasplantado…”.

Puig Antich, Vitoria y los últimos fusilados del franquismo

El exministro franquista y posteriormente del Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa en una imagen reciente. / Efe

La juez argentina también ha pedido la detención de Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975: le imputa “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975″. Esas últimas ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos y los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría. Junto a Carro, la juez imputa a otros exministros de Franco, como José García Hernández, Fernando Suarez González y José María Sánchez-Ventura Pascual. A Martín Villa, como se ha dicho, le imputa los hechos de Vitoria, de marzo de 1976.

Robo de niños: “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”

En su largo Auto, la juez María Servini ha imputado también al médico Abelardo García Balague por su supuesta participación en la posible sustracción del bebé de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de noviembre de 1967. La juez dice que a la parturienta le aplicaron la técnica sin dolor, “por la que se duerme a la madre en el momento del parto”. El resto lo explica así la juez:

“La matrona del parto fue Marina Martín Manuel. Luego del parto le informaron que el bebé nació muerto, pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé -al cual una monja bautizó como Jesús Díaz Carrasco– y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido. En el año 2006 la denunciante concurre al cementerio San José de la línea de la Concepción (Cádiz) donde supuestamente se encontraba la tumba y le informaron que el bebé no había sido enterrado allí. Asimismo, afirmó que tenía la sospecha de que ella misma, nacida el 26 de septiembre del año 1962, tenía un hermano o hermana gemela de la cual no habría ningún registro, ya que en la partida de nacimiento donde se indica el sexo del bebé decía H-V pudiendo tratarse de Hembra y Varón, el cual le habría sido sustraído a la madre”.

http://www.cuartopoder.es/enlegitimadefensa/2014/11/14/asi-se-torturaba-durante-el-franquismo-los-testimonios-recopilados-por-la-juez-servini/