Las 11 medidas de Syriza para el “otro rescate” de Grecia

17 febrero 2015

diagonalperiodico.net

Mientras negocia con las instituciones y países de la UE condiciones más favorables para el pago de la deuda, el Gobierno griego lanza un ambicioso plan para atajar la “emergencia humanitaria” que atraviesa el país.

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Entre las medidas defendidas en el ya conocido como Plan de Salónica, anunciado el domingo 8 de febrero, el Gobierno anunció una batería de iniciativas para hacer frente a la “emergencia social” que vive Grecia. El plan requeriría una inversión de 2.000 millones de euros, una cifra que el ejecutivo pretende recaudar con una lucha más eficaz contra el fraude fiscal y nuevos impuestos para las rentas más altas.

1. Plan de choque contra la pobreza

“Daremos comida, luz, techo y sanidad a decenas de miles de familias que pasan hambre y viven a oscuras”, dijo Alexis Tsipras en el Parlamento griego. Dentro del plan de Syriza se contempla proporcionar ayuda alimentaria y electricidad gratuita para 300.000 hogares.

2. Nueva prohibición de los desahucios

Los desalojos de primeras viviendas de valor inferior a 200.000 euros ya estaban prohibidos desde 2008. La moratoria se fue renovando año por año hasta el último diciembre cuando la prohibición no fue renovada por el anterior Gobierno. En la presentación de su programa en el parlamento Alexis Tsipras anunció una nueva moratoria.

3. Subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo, que ya estaba contemplada en el programa electoral y fue mencionada en el discurso de investidura, fue confirmada en la batería de medidas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la población griega. De forma gradual, “para dar tiempo a los agentes sociales”, el salario mínimo escalará desde los 586 euros actuales hasta los 751 euros. De esta forma superaría ampliamente al salario mínimo español, de 648 euros. Tsipras también adelantó una reforma en el mercado laboral para que los menores de 25 años tengan “los mismos derechos” y que la economía no se base en salarios bajos y trabajadores sin derechos.

4. Reforma de las administraciones

El Gobierno griego ha anunciado un plan para reducir los gastos de las administraciones públicas. La primera fase de estos recortes se desarrollará en los siguientes seis meses. El gobierno reducirá al 30% su personal de la sede de Gobierno y en 40% las escoltas del primer ministro. Se venderá uno de los tres aviones de los que dispone el Ejecutivo y se revisará el derecho a coche oficial de los funcionario de los distintos ministerios. El objetivo es reducir a la mitad la flota de 7.500 coches, cuyos costes ascienden a 700.000 euros.

5. Readmisión de despedidos

En la misma sesión parlamentaria Tsipras anunció que los funcionarios despedidos irregularmente para cumplir con las exigencias de la troika serían readmitidos. Esta medida podría afectar a 3.500 personas. Entre ellas, a las 595 empleadas de la limpieza del Ministerio de Finanzas que llevaban más de un año protestando por su despido.

6. Reapertura de la televisión pública 

Cerrada en 2013 por el Gobierno de Antonis Samaras, la reapertura del canal serviría para “reparar el crimen contra el pueblo griego y la democracia”, en palabras del primer ministro. El 7 de noviembre de ese año la policía desalojó a los trabajadores que se resistían al cierre de la televisión pública griega. Entonces, Syriza impulsó una moción de censura contra el Gobierno.

7. Freno a las privatizaciones

Tsipras anunció que no privatizará las redes y la infraestructura del país que “son nuestro capital nacional, la riqueza natural y mineral”. El primer ministro no escondió su interés por captar la inversión extranjera y todas aquellas inversiones que generen empleo, siempre que favorezcan el “interés público”. “Vender bienes nacionales para pagar una deuda insostenible es un delito”, dijo. Atrás quedarían, en principio, situaciones como la venta o alquiler de hasta 70 islas para atajar el déficit. Además de anunciar la revocación de la venta a capitales chinos del puerto del Pireo, el Ejecutivo anunció que bloquearía la venta de una parte de PPC, empresa propiedad en un 51% del gobierno que controla la mayor parte del mercado minorista de electricidad en Grecia.

8. Sanidad universal y gratuita

Otro anuncio de Tsipras fue la restauración de la sanidad universal y gratuita en un país en el que un tercio de sus habitantes no tiene acceso a este servicio público, pues la cobertura se pierde al pasar más de un año en el paro o al no pagar las contribuciones. Esta falta de cobertura había llevado al nacimiento de las clínicas y farmacias sociales,una de las tantas fórmulas autogestionarias surgidas al calor de la crisis. El ministro Andreas Janto señaló que anularía la cuota de cinco euros que los griegos deben pagar para ser atendidos cada vez que acuden a un hospital y de un euro por cada receta médica.

9. Nacionalidad griega para hijos de inmigrantes

Los hijos de inmigrantes nacidos y criados en Grecia tendrán derecho a la nacionalidad griega, una medida que no comparte su socio de gobierno, el derechista –y xenófobo– partido de derecha nacionalista Griegos Independientes (ANEL).

10. Subida de las pensiones

Otra medida para hacer frente a la “crisis humanitaria” es la recuperación de la paga extraordinaria para pensiones de menos de 700 euros, eliminada por el Gobierno de Antonis Samaras. Una medida que se complementará a partir de finales de 2015 con la subida de las pensiones más bajas. Para financiar este incremento del gasto, el primer ministro anunció la creación de un fondo de pensiones financiado con los ingresos derivados de la explotación de riquezas naturales.

11. Lucha contra la evasión fiscal

Dentro de las iniciativas estrella para sufragar el aumento del gasto social, que había caído en los años de crisis un 60%, destaca la lucha contra la evasión fiscal y una reforma para que paguen los que más tienen. Los tramos de la declaración de la renta serán modificados para que aquellas personas con ingresos menores a 12.000 euros anuales no tengan que pagar este impuesto, al mismo tiempo que aumentan los controles de los grandes depósitos. De igual forma, Syriza ha anunciado la eliminación del impuesto sobre las primeras vivienda, una medida que vendrá acompañada por la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes propiedades.

http://www.attac.es/2015/02/17/las-11-medidas-de-syriza-para-el-otro-rescate-de-grecia/

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Cómo ganar dinero desahuciando bebés de viviendas públicas

En la mañana del viernes 23 de enero de 2015, un dispositivo de unos cincuenta policías antidisturbios ejecutó el desahucio de Wilson Ruilova y Cecilia Paredes, de 35 y 43 años, y sus tres hijos, de 16 y 7 años y mes y medio de edad.

La vivienda, sita en el número 68 de la Avenida de las Suertes del barrio de Vallecas de Madrid, fué adjudicada a la familia cuando era de protección oficial por el Ayuntamiento de Madrid en 2009 a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La EMVS, para reducir su deuda, que ascendía a 630 millones, vendió 1.860 viviendas públicas por 128,5 millones, con sus inquilinos dentro, a Fidere, filial en España del fondo buitre de inversión estadounidense Blackstone, entre ellas la de Wilson y su familia.

El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar, a precio muy bajo, deuda pública de entidades cercanas a la quiebra, para después intentar cobrar la totalidad de su valor.

Wilson, electricista en paro, y Cecilia, cuidadora también en el paro, y sus hijos viven con unos ingresos mensuales de 391€ al mes procedentes de un subsidio del Estado con los que no pueden hacer frente al alquiler, que de 480€ ha subido hasta 700€.

Intentaron negociar con Fidere un alquiler al que pudieran hacer frente, sin éxito.

España es el estado del mundo desarrollado en el que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis, según la OIT

05 Dic 2014
Escrito por  Kaos. Estado español
La productividad por trabajador ha aumentado un 5% por encima de su salario entre 2009 y 2013, lo que ha ocasionado una caída del poder adquisitivo durante la crisis, que llega al 43% en el caso de los salarios más bajos, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Agencias

Esta circunstancia ha llevado a que la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres haya aumentado entre un 40% y un 50% durante la crisis y que España sea el país desarrollado –UE y EE.UU.– en el que más ha aumentado la desigualdad en estos años.

En rueda de prensa, una de las autoras del informe, Rosalía Álvarez, ha explicado que los salarios en España crecían un 1,1% en 2007, mientras que en 2013 caían un 1,3%. Este proceso ha sido, según Álvarez, más marcado que en otros países desarrollados.

Si bien, la productividad laboral ha ido aumentando durante todos estos años. Concretamente, la brecha abierta entre productividad y salarios ha sido del 5% entre 2009 y 2013, y en ese proceso también ha caído el poder adquisitivo de los trabajadores hasta un 17% de media.

Y es que, de este poder adquisitivo, el peso de los salarios ha pasado en España de suponer el 70% en 2006 al 60% en 2013, mientras que las otras fuentes de rentas (subsidios, transferencias sociales, pensiones, ganancias de capitales, etc.) no han variado.

Atendiendo a los diferentes segmentos de rentas, las más bajas han llegado a perder durante la crisis hasta un 43% de su capacidad adquisitiva, por la pérdida del empleo, pero también por la rebaja de los salarios. Por su parte, las rentas más altas apenas han perdido un 3% de su poder de compra, básicamente por unos menores ingresos por pensiones.

“Los trabajadores y sus hogares están obteniendo una parte más pequeña del crecimiento económico, mientras que los propietarios del capital reciben mayores beneficios”, explica la OIT.

La organización alerta en este punto de que España es el país entre los desarrollados en los que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Además, en España los inmigrantes ganan un 30% menos que los trabajadores nacionales y, más aún, si las mujeres fueran remuneradas según factores como antigüedad, cualificación, horas trabajadas, etc. “deberían ganar más que los hombres”, ha señalado Álvarez.

En cuanto a los cambios necesarios para reducir las desigualdades y recuperar el poder adquisitivo perdido, Álvarez ha explicado que “la reducción de la desigualdad empieza en el mercado de trabajo”, a través de la creación de empleo de calidad y con sueldos remunerados de acuerdo con las capacidades y la productividad.

Por su parte, el director general de la OIT en España, Joaquín Nieto, ha asegurado que “existe margen para subir salarios, tanto como lo permita la productividad”. Preguntado por cuál debería ser el incremento salarial para recuperar el terreno perdido, Nieto ha indicado que ello debe acordarse en el ámbito de la negociación colectiva. “La pregunta no es si deben subir los salarios, sino cuánto deben subir”, ha remachado.

En cualquier caso, desde la OIT recomiendan aplicar nuevas políticas fiscales redistributivas, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y transferencias para ayudar a los hogares con menos ingresos. Según Nieto, solventar estas desigualdades es “la prioridad de las prioridades” para relanzar el consumo interno, reactivar la economía y crear empleo.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/101526

Madres atravesadas por las fronteras

Un joven brasileño, que venía a visitar a su madre de nacionalidad española, ha pasado ocho días detenidos en la sala de no admitidos de Barajas.

Unos días atrás, un niño español de tres años no podía viajar a España junto a su madre por no tener dinero para pagar una multa de 100 euros.

“Se están vulnerando derechos fundamentales amparándose en otro superior, el del control de las fronteras, que no es ningún derecho sino políticas de seguridad”, nos explica el abogado Arsenio Cores.

17.11.2014 · Patricia Simón

“Estoy muy agradecida a España. Cuando conseguí los papeles estaba contentísima, pero no sólo por la documentación, sino por ser una más. Tenía el orgullo de tener la nacionalidad española, pensando que ya era una ciudadana de pleno derecho y ahora descubro que no, que ni siquiera tengo el derecho a que me visite mi hijo”.

Vaineide Paixao Pereira lleva viviendo 14 años en España. Tras años de duro trabajo, tiene su propia empresa agraria en Guadalajara, con una media de 5 trabajadores eventuales. Su hija y su nieta española de siete años, viven también en Castilla La Mancha. Por eso, cuando el jueves a las once de la mañana, su hijo no aparecía en la puerta de llegadas del Aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas), no entendía por qué un policía le recomendaba ir a la comisaría dedicada a inmigración. Su hijo no quería migrar a España, quería visitar a su madre. “Desde entonces, estoy viviendo una situación absurda y arbitraria, pero no voy a parar hasta ver a mi hijo”.

Adalberto Sales, 24 años, lleva desde el jueves detenido en la sala de no admitidos de Barajas, un recinto donde el oscurantismo y la desprotección es aún mayor que en los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). Adalberto no ha podido recibir visitas de familiares, no le pueden hacer llegar objetos personales como ropa o productos de higiene pese a que ya lleva cinco días de reclusión. Sólo puede recibir llamadas a través de la cabina pública que tienen que compartir todos los detenidos. Es precisamente a través de esta vía por la que la policía española le comunicó a Vaneide la razón por la que su hijo no podía pasar unas semanas con ella. En su documentación constaba que hace unos años estuvo de manera irregular en España. “Yo le contesté que como todos los inmigrantes, primero teníamos que llegar ilegalmente hasta que íbamos consiguiendo los papeles. Pero que por aquel entonces, Adalberto era menor de edad así que él no había cometido ningún delito, sino yo”, explica a Periodismo Humano. “El hecho de que haya estado en situación irregular previamente no es ningún requisito para que pueda ser expulsado después”, nos explica el abogado Arsenio Cores. De hecho, en el acuerdo de expulsión que le han entregado a Adalberto, los argumentos para el rechazo son otros: “carecer de la documentación adecuada que justifique los motivos y condiciones relativas a su estancia y carecer de medios de subsistencia suficientes en relación al periodo de su estancia”. Adalberto desconocía que debía traer una carta de invitación de su madre y viajaba con 300 euros porque ella se haría cargo del resto de los gastos durante sus vacaciones en España.

Ya en 2012, Brasil igualó los requisitos para los turistas españoles a los exigidos a sus ciudadanos y ciudadanas en los aeropuertos españoles. El gobierno brasileño respondía así a la no admisión de 1.400 brasileños y al maltrato sufrido por muchos otros que viajaron a nuestro país en 2011.

El abogado de oficio que puso a disposición de Adalberto la policía española “no hizo lo suficiente” según su madre, por lo que ha contratado a otra abogada que ha entregado a las autoridades la documentación que acredita que ella tiene nacionalidad española, ingresos suficientes para mantener a su hijo durante su estancia en España y domicilio propio. Además, Adalberto ha solicitado protección internacional.

De hecho, evidenciando la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan los inmigrantes en España, tengan su situación regularizada o no, Vaneide, consciente de los obstáculos con los que se han encontrado a menudo los brasileños en los aeropuertos españoles, fue a informarse a la comisaría de Guadalajara el día que su hijo iba a coger el vuelo. Allí le recomendaron que el muchacho trajera una carta de invitación, pero como era demasiado tarde para hacérsela llegar, le dijeron que aunque ella era su madre y tenía vivienda en propiedad, trajera una reserva de una habitación en un hotel. Pese al sinsentido, Vaneide así lo hizo siguiendo los consejos de los organismos oficiales.

Al otro lado del charco, unos días antes, una mujer llora desconsoladamente junto a los mostradores de Iberia en el aeropuerto de Santo Domingo. Un crío de tres años balbucea “mamá, mamá” a su lado angustiado por el desconsuelo de su madre. Diana acaba de enterarse de que tiene que pagar 4000 pesos (74 euros) porque su hijo, de nacionalidad española, ha pasado en el país de su madre, dominicana, dos meses más del periodo permitido. Ella, embarazada de más de 5 meses, no tiene más que 50 euros en el bolsillo. Su familia, que ya se ha vuelto para su pueblo, tampoco tiene dinero. Son pobres.

Uno de los pasajeros, que prefiere guardar su anonimato, observa la escena atónito ante la posibilidad de que esta mujer no pueda volver a España, donde reside, trabaja y de donde es su criatura, por la falta de 24 euros. Trabajadores locales de Iberia le confirman que, de no conseguir ese dinero en los próximos minutos, tendrán que quedarse en tierra. El pasajero le da el dinero a la mujer que acompañada por una trabajadora de tierra de la aerolínea, corre a Inmigración para pagar la multa. Allí ambas descubren que habían intentado estafarla: le habían pedido el doble que la cuantía legal.

Mientras en España, siete días después, Adalberto sigue en la sala de inadmitidos de Barajas. En el control de pasaportes “un policía me preguntó que si vivía en España. Le contesté que no, que venía de vacaciones a ver a mi familia y que luego volvería a mi país. Me llevaron a una sala pequeña. Allí vino otro policía. Le expliqué que venía a ver a mi madre que tiene la nacionalidad española, a mi hermana, a mi sobrina de siete años. Me chillaba preguntándome que por qué hablabla tan bien español. Le dije que había recibido cursos, que mi madre me hablaba en español para que no perdiera el idioma, que mi sobrina no hablaba portugués así que también hablabla español con ella. Me gritó que hablaba español mejor que su madre. Volvió a preguntarme por qué venía. Me pusieron en otra sala pequeña con seis dormitorios. Volvieron a entrevistarme y a los cinco minutos el policía me dijo ‘Hemos decidido que no puedes quedarte’. Le contesté que cómo que no me dejaban quedarme si mi madre es española. Me dieron un papel para que lo firmara. Me negué”. Adalberto no pudo ver a su abogada hastra tres días después, el sábado.

La legislación española no recoge el derecho de una madre española a recibir visitas de su hijo ni la dominicana a que un niño español retorne a su país de origen con su madre, aunque ésta no tenga dinero para pagar una multa. Pero sí la Convención Europea de derechos humanos. “La entrada en España no es un derecho fundamental, pero sí lo que subyace detrás de estas decisiones: el derecho a mantener íntegramente relaciones familiares que recoge la Convención Europea. Cuando se habla de derechos fundamentales, siempre se piensan en los civiles y políticos, pero no en los económicos, sociales y culturales porque se impone otro supuestamente superior, el del control de las fronteras que no es ningún derecho, sino unas políticas de seguridad”, explica a Periodismo Humano el abogado Arsenio Cores. Y unas políticas determinadas nunca pueden pasar por encima de derechos fundamentales. “En la práctica, la Ley de Extranjeria y la normativa aplicable no permiten recurrir ante los tribunales la decisión de no dejar entrar a una persona extranjera en su país, menoscabando en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva y con ello la protección de otros derechos también fundamentales como es el derecho a la intimidad familiar”, añade.

Durante estos cinco días, a Adalberto no le han dado siquiera su maleta para que pueda cambiarse de ropa interior. “Desde el jueves no veo la luz del día, no sé qué hora es salvo por el reloj. No puedo ni fumar. Es alucinante que la policía haga esto con un hijo que tiene una madre española. Aquí la policía trata a la gente muy mal, como si fuéramos criminales. Un día, un chico se puso cerca de la puerta y un policía empezó a gritarle que se quitara de ahí. Es como si nos pusieran a prueba para que saltáramos. Hace tres años que no veo a mi madre, mi hermana y mi sobrina y no puedo estar con ellas porque unos policías ‘han decidido que no puedo pasar’. ¿Cómo van a decidir ellos sobre la vida de una persona? La policía debería estar para proteger los derechos de las personas, no para impedir a una persona pasar unos días con su familia. Además no me informan de nada”.

Junto a Adalberto hay otras cinco personas en la sala de inadmitidos. Ninguno de ellos sabe todavía su suerte. Según el informe del Ministerio del Interior sobre la lucha contra la inmigración irregular, se les denegó la entrada 8.704 personas en 2013. No especifican cuántas lo fueron en los aeropuertos.

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“Salimos de una especie de cárcel para entrar en otra, no podemos ni salir de Barajas”

Editar Esto

24.02.2014 · Naomí Ramírez · Patricia Simón

Tras huir de su país en guerra, veintiséis sirios han tenido que acudir a las mafias para volar desde Turquía a Dubai, para seguir hasta Brasil, Perú y llegar finalmente a Madrid. Hablamos con ellos mientras solicitan asilo en centro de detención de 25 metros cuadrados del Aeropuerto de Barajas donde no pueden entrar ni la prensa, ni ONG ni familiares, si tuvieran en España.

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El caso Josephine Thomas

09.04.2013 · periodismohumano · Mercedes Hernández · (Madrid)

Josephine estuvo casi un mes sometida a numerosos interrogatorios y privada de libertad en el recinto policial ubicado en un edificio satélite de la Terminal 4 del aeropuerto. Ahí esperan, sin posibilidad alguna de salir, las personas solicitantes de asilo.

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29 días encerrada en Barajas (I)

08.01.2013 · periodismohumano · Mercedes Hernández

Josephine Thomas fue detenida por la Policía del Aeropuerto de Barajas cuando intentó cruzar el control fronterizo usando el pasaporte español que le había servido para entrar en Europa. Horas después de ser detenida y ya con un intérprete presente, pudo confesar su nacionalidad nigeriana, que no era turista, que la documentación era falsa, que tenía 16 años y el propósito de su llegada a España: venía para ser prostituida.

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Las Marchas por la Dignidad protestan frente a los Premios Príncipe de Asturias

Cinco columnas de las denominadas Marchas por la Dignidad entraron en un Oviedo ocupado por cientos de policías antidisturbios. Varios miles de personas, muchos de ellos llegados de diferentes ciudades españolas, se concentraron pacíficamente en las cercanías de la sede de los Premios Príncipe de Asturias para protestar contra la monarquía, las políticas sociales, los desahucios, los despidos, el paro, los derechos fundamentales, los recortes económicos y la corrupción.

Las protestas transcurrieron pacíficamente, aunque la policía arrebató la bandera republicana a un ciudadano que estaba entre el público en primera línea, filtrado policialmente por razón de aspecto físico y vestimenta.

Varios ciudadanos fueron requeridos para su identificación. Algunos periodistas fueron sacados de entre el público para “comprobaciones” sin especificar después de haberse identificado previamente como prensa varias veces, también fueron grabadas en vídeo sus caras por un policía de uniforme.

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Recogida de basura (Javier Bauluz / Periodismo Humano )

Casi 900.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España

Escrito por  Kaos. Derechos Humanos

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña ha alertado este martes de que un total de 873.000 personas han perdido en España el derecho a la asistencia sanitaria en los últimos dos años, después de que en 2012 entrara en vigor el decreto 16/2012, ha informado la entidad en un manifiesto, que recoge cifras del Gobierno.

Agencias

El decreto, llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vinculó la asistencia sanitaria a la condición administrativa del asegurado, restringió ciertas prestaciones y aumentó la carga directa para las personas.

En el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, el Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales catalanas, exige la derogación de esta norma y pide la elaboración de una nueva ley de Sanidad que tenga un “amplio consenso” y garantice el acceso de todas las personas a la sanidad.

Advierte de que la población afectada es especialmente vulnerable y debería gozar de medidas de protección sociosanitarias, además de que es un colectivo que ha contribuido a su financiación mediante los impuestos.

También avisa de que la diferente aplicación del decreto en las comunidades autónomas y la disparidad de criterios por parte de los centros sanitarios “ha deteriorado aún más la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud“, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.

Ha detectado que en los supuestos en los que el decreto reconoce el derecho a la atención —embarazadas, menores y atención de urgencias— se han originado numerosos casos de desatención sin tomarse ninguna iniciativa para resolver los incumplimientos.

Además, han apuntado que al desplazar la atención a las urgencias se genera un retraso diagnóstico y el agravamiento de las patologías, lo que “supone un aumento del gasto sanitario para su atención”, y han recordado que medidas de exclusión similares en otros países han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que cuesta una atención inclusiva.

El manifiesto también recoge reclamos como la exigencia de compromisos de pago; mantener los programas de prevención vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles en sectores de población para evitar brotes epidémicos, y alerta de las desigualdades económicas y de género que genera.

Han recordado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos de organismos como la ONU y el Consejo de Europa, que han instado al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, y le han pedido que evalúe el impacto del decreto en términos de derechos humanos.

También recoge dos autos del Tribunal Constitucional (TC) que apela a la importancia singular en el marco constitucional del derecho a la salud, a la integridad física y a la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, lo que “no puede ser desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/96993-casi-900-000-personas-han-perdido-el-derecho-a-la-asistencia-sanitaria-en-espa%C3%B1a

“La industria farmacéutica está causando más muertes que los cárteles de la droga”

ALLEN FRANCES, DIRECTOR DEL DSM iv
Miguel Ayuso, 09/09/2014

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, por sus siglas en inglés) contiene la clasificación de las enfermedades mentales según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y se usa en todo el mundo para decidir quién padece una enfermedad mental y quién no.

El doctor Allen Frances (1942), catedrático emérito de la Univesidad de Durham, dirigió la penúltima edición de la conocida como “Biblia de la psiquiatría”, el DSM IV. Entonces, trató de elevar los criterios bajo los cuales se puede calificar a alguien como enfermo mental. Pero no lo consiguió. El DSM IV se empezó a utilizar, a juicio de Frances, de forma incorrecta para hacer explotar la burbuja de la inflación diagnóstica y la medicación. Hoy, sobre todo en EEUU, las cifras son preocupantes: el 20% de las personas toman un medicamento psiquiátrico a diario y una cuarta parte de la población tiene un diagnóstico de enfermedad mental.

La inflación diagnóstica no es exclusiva de la psiquiatría, es común a toda la práctica médica y es algo que debería preocuparnos

Aunque a Frances no le hacía ninguna gracia el nuevo DSM, no tenía intención de criticarlo públicamente (la polémica sería enorme entre los psiquiatras, tratándose del director de la anterior edición), pero tras una fiesta de la asociación cambió de opinión. “Me horrorizaba el ingenuo entusiasmo de las personas que trabajaban en el DSM 5. Donde ellos veían magnificas oportunidades yo veía graves riesgos”, reconoce Frances en su nuevo libro, ¿Somos todos enfermos mentales? (Ariel), que acaba de publicarse en España. El nuevo DSM iba a ser un desastre, y su antiguo director se decidió a tomar partido.

Ayer Frances visitó Madrid y fue muy claro: si el DSM 5 tiene éxito (algo que aún está por ver) el 81% de la población de entre 11 a 21 podría ser diagnosticada con una enfermedad mental. La inflación diagnóstica puede llegar al absurdo. Y el psiquiatra cuenta con numerosos ejemplos.

“Con el nuevo DSM –explica Frances–, tan sólo dos semanas después de que alguien pierda a un ser querido, un médico puede diagnosticar depresión clínica. Si alguien tiene síntomas propios del duelo no va a acudir a un psiquiatra, va a ir al médico de cabecera, que en Estados Unidos pasa de media 7 minutos con cada paciente, cifras que no serán muy distintas a las de España. Quizás ni siquiera conozca al paciente bien”. No importa, asegura el psiquiatra, en un momento podrá (con el manual en la mano) decir que tiene depresión y recetarle antidepresivos. Y la situación se repite con numerosos trastornos que, desde la publicación del nuevo DSM (en mayo de 2013), son mucho más sencillos de diagnosticar.

Y no hay que ser un genio para darse cuenta de que el verdadero beneficiado de esta nueva situación es la industria farmacéutica. “Las farmacéuticas están alertando ya a los médicos que la depresión debe ser diagnosticada en personas que están pasando un duelo”, asegura Frances. “Es parte de su campaña de promoción”.

Una deriva muy peligrosa

En su opinión, aunque el nuevo DSM 5 genere enormes beneficios para las farmacéuticas, estas no están detrás de sus errores. Es más bien el ego y la falta de perspectiva de los psiquiatras lo que ha provocado todo esto.

“Conozco muy bien a la gente que ha trabajado en el DSM 5 y no creo que tengan un interés sea ayudar a las farmacéuticas”, asegura Frances. “Es gente de buen corazón que ha tomado decisiones muy estúpidas, pero no por la presión de las farmacéuticas, sino porque han sobrestimado la importancia de su campo de estudio, sin darse cuenta del daño que puede hacerse cuando las cosas que pueden funcionar para ellos en la universidad se lleven a la práctica clínica”.

Si las farmacéuticas hubieran pagado a los profesionales por redactar el DSM estaríamos ante un escándalo mayúsculo. Pero lo que han logrado es casi peor, ya que está más arraigado: han conseguido que todos (médicos y pacientes) creamos que las drogas son la única solución a nuestros problemas. “Esta colosal industria está lavando el cerebro a todo el mundo para que tomen pastillas, aunque no las necesiten”, explica Frances.

El psiquiatra insiste en que las farmacéuticas no han tenido ninguna influencia directa en el DSM –“no es así como van las cosas”–, pero una vez publicado van a exprimir sus posibilidades hasta la última gota: “Miran hasta los márgenes, buscando cómo pueden usar los diagnósticos en su provecho. Las farmacéuticas tienen millones de dólares, y la más brillante mercadotecnia, a la espera de encontrar cualquier nuevo trastorno para convertirlo en moda. Así ocurrió con el TDAH, con la depresión, con el desorden bipolar… Tomaron la definición, que funciona bien si se usa con cautela, y la hicieron confusa en la práctica general”.

Un problema que afecta a toda la medicina

Para Frances, la inflación diagnóstica no es exclusiva de la psiquiatría, es común a toda la práctica médica y es algo que debería preocuparnos. Mucho. “Si tienes 60 años y eres mujer, es casi imposible no tener osteoporosis, porque la definición de unos huesos ‘normales’ está basada en los huesos de las mujeres de 20 años”, asegura el psiquiatra. “Se ha patologizado todo”.

A las farmacéuticas no les interesa desarrollar antibióticos que la gente sólo va a tomar dos o tres días, pero van a hacer todo lo posible para vender medicamentos a los niños, porque serán consumidores para toda la vida

Pero si esto ocurre con todos los campos de la medicina, cuando hablamos de enfermedad mental la cosa se complica. “En psiquiatría no hay análisis de sangre para saber si una persona es normal o no”, explica Frances. “Si la línea que separa a las personas a las que se les puede diagnosticar un trastorno y las que no se desplaza aunque sea un poco, y puedes presionar para que eso ocurra, la diferencia es de millones de pacientes”.

El ejemplo más claro de esta vergonzosa inflación diagnóstica es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). “La forma más fácil de predecir que un niño va a padecer TDAH es su cumpleaños”, explica Frances. “Si eres el niño más pequeño de tu clase, tienes el doble de posibilidades de padecerlo que si eres el más mayor. Estamos transformando la inmadurez en enfermedad, y en vez de tratarla en clase, estamos gastando millones de dólares en medicamentos”.

“Desde la perspectiva de la industria farmacéutica –continua Frances– esto es genial. No hay mejor cliente que un niño. A las farmacéuticas no les interesa desarrollar antibióticos que la gente sólo va a tomar dos o tres días, pero van a hacer todo lo posible para vender medicamentos a los niños, porque serán consumidores para toda la vida”. Medicamentos que, en numerosas ocasiones, causan más problemas de los que resuelven. “Los antipsicóticos hacen a los niños muy gordos”, explica el psiquiatra. “Ya tenemos una epidemia de obesidad infantil que provoca diabetes y muerte prematura”.

Hay espacio para el optimismo

Para Frances la solución a este problema es bien sencilla: hay que limitar el poder de las farmacéuticas y promover una vuelta a la práctica clínica racional, humanizada. “Cualquier problema múltiple se resuelve de forma más efectiva a través de la psicoterapia que a través de la medicación”, asegura el psiquiatra. “Sí, es más barato dar drogas a un paciente en los primeros meses, pero si tiene que estar medicado toda la vida es muy caro. Si pensamos en la vida de los pacientes es mejor gastar dinero en diagnósticos más precisos y cuidadosos y en psicoterapia, y menos dinero en aumentar los diagnósticos y la medicación”.

Los doctores están prescribiendo narcóticos como locos, y la industria está empezando a ser más peligrosa que los cárteles de la droga

El psiquiatra pide sentido común en la práctica médica, y mano dura con las farmacéuticas. “A veces, cuando la situación se vuelve indignante, acaba ganando el sentido común”, asegura Frances, que cree que se puede luchar contra ciertos comportamientos de la industria farmacéutica al igual que se acabó con el tabaquismo: presionando a los Gobiernos para que establezcan unas regulaciones más duras.  

“Las farmacéuticas venden una píldora para tratar la hepatitis C por miles de dólares a Europa y luego venden la misma píldora a Egipto por 10 dólares”, afirma Frances visiblemente enfadado. “La gente tiene que empezar a darse cuenta de que esta gente no son nuestros amigos. No es gente que se preocupa por nosotros: se preocupan por sus beneficios, y debemos ser escépticos y controlarlos. Los doctores están prescribiendo narcóticos como locos, y la industria está empezando a ser más peligrosa que los cárteles de la droga, y ya está causando más muertes. Esto es tan indignante que el cambio tiene que ser inminente”.

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-09/la-industria-farmaceutica-esta-causando-mas-muertes-que-los-carteles-de-la-droga_188426/?utm_content=buffer982a8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

Escrito por  … desde fuera de Palacio

«De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.

http://fueradepalacio.wordpress.com/2014/03/10/el-rescate-bancario-nos-va-a-costar-mas-de-130-000-millones-de-euros-de-dinero-publico/

El acaparamiento de tierras de una empresa española causa hambre en Guinea Bissau

“Nadie nos preguntó, y desde que llegaron hemos pasado hambre”. Sentada bajo un inmenso árbol, rodeada de la mayoría de su aldea, Djanabu Valde se lamenta de la llegada de Agrogeba, una empresa española que en 2010 comenzó a cultivar en los terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 habitantes en el norte de Guinea Bissau. El resto del círculo no deja de asentir en cada una de sus protestas.

Con la mirada firme, esta madre de 8 hijos, cuenta que desde la llegada de la empresa arrocera han tenido que abandonar sus tierras más fertiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco.  Cuando el traductor le pregunta si la corporación española les ha traído algo bueno, los habitantes de Sara Djae muestran su enfado, como si les molestara el simple hecho de que se les plantee esa posibilidad.

En abril de 2010 la empresa española desembarca en Guinea Bissau con la concesión de 3.000 hectáreas durante 99 años. El objetivo declarado, favorecer la modernización de la agricultura y reducir así la importación del arroz, alimento clave en la antigua colonia portuguesa. Hasta ahora sólo han comenzado a cultivar unas 520 hectáreas, según la  empresa.

“El gobierno cedió tierras sin consultar a las comunidades”, explica Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de Aprodel, una ONG guineana que trabajan desde 2001 en la zona. Para Barbosa, el primer responsable de este acaparamiento de tierras es el gobierno de su país, ya que debería haber advertido a la empresa para que negociara con las comunidades afectadas.

“No queremos una inversión que traiga beneficios para unos y pobreza para otros”, razona su oposición a las prácticas de Agrogeba. Además, el portavoz de Aprodel critica el uso de productos químicos con avioneta contrarios a la normativa internacional. El propio director de Agricultura de la región reconoce que “nadie sabe qué pesticidas se usan” en los cultivos de la arrocera española.

Tampoco en el ámbito laboral escasean las críticas a Agrogeba. Los trabajadores de las aldeas cercanas protestan de retrasos en los pagos, tener que aceptar sacos de arroz como sueldo, ausencia de contratos y ninguna cobertura si caen enfermos. “Desde agosto sigo trabajando sin que me paguen”, se queja uno de ellos en la comunidad de Sara Djae. 

Herbicida encontrado por una de las comunidades. Puede leerse “las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 grados”, algo muy poco habitual en Guinea Bissau. A.S.

Pobreza en nombre del progreso

El Gobierno de Guinea Bissau calificó la inversión de Agrogeba en 2010 como un hito en el “proceso de modernización” del sector agrícola del país. Pero los habitantes de las zonas cercanas denuncian que ese supuesto progreso sólo les ha traído hambre, enfermedades y daños al medio ambiente,

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la mayoría de las poblaciones afectadas “han pasado de tres a dos comidas al día” desde la apropiación de las tierras, y el miedo a no poder alimentar a sus hijos hace que muchos de ellos se planteen mudarse a otras tierras. “Ese terreno es donde está nuestra vida”, nos explica Calido Ndjai, jefe de la aldea afectada de Sara Djae.

El citado informe denuncia que el uso de pesticidas por parte de Agrogeba ha provocado que los mosquitos se trasladen a los terrenos habitados. El resultado, el porcentaje de mujeres afectadas por malaria habría subido de un 15 a un 65% en las zonas cercanas a las plantaciones.

Lo confirma Mainu Balde, vecina y matrona del pueblo de Tchutcho, que habla de un fuerte aumento en los abortos involuntarios en su comunidad como consecuencia de la malaria. “Toda la tierra fértil nos la ha quitado Agrogeba, hemos tenido que ir a cultivar a las tierras altas, donde se produce mucho menos”, coincide con  los habitantes de Sara Djae. Además, Balde denuncia que cada vez encuentran más animales enfermos porque beben agua contaminada de fertilizantes y herbicidas.

Un niño sobre sacos de arroz cultivados en la finca de Xaianga. A.S.

“Tenemos que comprar el arroz que se produce en nuestra tierra”, “cuando el arroz no es bueno lo queman en vez de dejárnoslo”, “no han cumplido ningún compromiso”, son otras de las denuncias que  se escuchan en una reunión de los vecinos de Tchutcho.

Sólo dos de las comunidades afectadas, Bijini y Djana, consiguieron recuperar sus tierras tras protestar al Gobierno central y organizar una manifestación donde ocuparon los terrenos de cultivo. “La comunidad dijo que no aceptaba la presencia de Agrogeba porque nuestra supervivencia dependía de esa finca”, recuerda Muniro Bayo, jefe de la comunidad.

Hasta el momento, ninguno de las zonas comunidades afectadas ha acudido a los tribunales para intentar recuperar sus tierras, sino que esperan la mediación del régulo. Una suerte de jefe tradicional de la comarca, que desde el comienzo de la disputa mantiene una buena relación con los gestores de Agrogeba. 

“No le hemos quitado la tierra nadie”

Jaume Pons, uno de los cuatro socios propietarios de Agrogeba y gerente de la empresa en el terreno niega la mayoría de las acusaciones de las comunidades y las ONG. “No le hemos quitado la tierra a nadie”, “no había nada cultivado cuando llegamos”, “los salarios se pagan al día”, “mantenemos los precios de venta para ayudar a la población”, defiende ante un grupo de periodistas en la misma fábrica de la empresa.

Pons también niega que sus cultivos hayan contaminado las zonas cercanas a sus plantaciones, aunque admite que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, ya que no lo exige la legislación guineana. En cambio,  sí reconoce que queda por cumplir su promesa de construir una escuela en la aldea de Sara Djae, aunque justifica el retraso en la que la empresa aún no ha dado beneficios.

El socio de Agrogeba confía en aumentar la producción y llegar a cultivar las 3.000 hectareas cedidas por el gobierno de Bissau. Para ello, el embajador de la Unión Europea en este país,  Joaquín González-Ducay, le ha transmitido su deseo de apoyar a Agrogeba a través de un programa  de apoyo al desarrollo agrícola que cuenta con un presupuesto total de 10 millones de euros.

Agrogeba forma parte del  grupo empresarial petrolero Petromiralles, cuyos dueños son los hermanos Josep María y Pere Torrens Ferrer. Ambos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de  fraude fiscal de más de cien millones de euros, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental.

Avioneta usada por Agrogeba para la fumigación de sus plantaciones. A.S

Acaparamiento global

El acaparamiento de tierras en los países del sur por parte de empresas extranjeras es uno de esos hechos que, al producirse poco a poco y en zonas alejadas entre sí, suele pasar desapercibido. Sin embargo se trata de un fenómeno de alcance y consecuencias mundiales.  La Coalición Internacional de Acceso a la Tierra calculó en 2012 que desde el año 2000 se había comprado el 1’7% de las tierras cultivables en el planeta. Un proceso que se acelera a partir de 2008 como consecuencia de un fortísimo aumento del precio de los alimentos en los mercados globales.

El guión por el cual la tierra pasa de manos campesinas a propiedad de multinacionales tiene en África su principal escenario y en las corporaciones chinas el último actor invitado. Según un informe de Intermón Oxfam, 20 mil personas habrían sido expulsadas de sus tierras en Uganda a causa de una única empresa maderera, la New Forest Company. Las empresas privadas de los países occidentales serían sin duda los protagonistas de este expolio progresivo, y los gobiernos locales los cómplices necesarios. El aumento de la población junto a la especulación en los precios de las materias primas hace prever que estos acaparamientos de tierras no dejarán de crecer en los próximos años.

La paradoja, Guinea Bissau es desde 2007 destino preferente para la agencia de cooperación española. En uno de los lugares más pobres del mundo, donde uno de cada 5 habitantes pasa hambre de forma crónica, la actividad de una empresa de capital español parece provocar justamente los efectos contrarios a los que persigue la ayuda al desarrollo en ese país.

Nota: este reportaje ha sido elaborado gracias a las facilidades en el transporte ofrecidas por la ONG Alianza por la Solidaridad.

http://periodismohumano.com/economia/el-acaparamiento-de-tierras-de-una-empresa-espanola-causa-hambre-en-guinea-bissau.html

La brecha entre el Norte y el Sur anima el debate en el Congreso de la Izquierda Europea

Los países de la Europa considerada rica no comparten la idea de la deuda ilegítima. Se presentan hasta 31 resoluciones al documento político que se verá profundamente modificado

 

DANIEL DEL PINO Madrid 14/12/2013

No importa si las fuerzas que debaten pertenecen a la izquierda alternativa. La brecha abierta por la crisis entre el Norte y el Sur de Europa se está dejando notar más de lo que podía estar previsto en el IV Congreso del Partido de la Izquierda Europea. Tal y como reconocía esta mañana, la vicepresidenta, Maite Mola, la deuda y, en concreto, la consideración como ilegítima de parte de ella, es uno de los motivos que están encendiendo un debate que parecía pactado antes de este cónclave.

Básicamente, porque para los países del Norte es complicado entender lo que está suponiendo para España, Grecia o Portugal el peso de la deuda pública generada por los intereses de la prima de riesgo. “Ellos lo enfocan más a la solidaridad y a la ayuda”, mientras que los países del sur están tratando de hacer ver la necesidad de una auditoría de la deuda que establezca qué parte es legítima, porque se ha generado por el estado social, y cuál es ilegítima, es decir, la que ha sido provocado por los privados. En el caso concreto de España, por ejemplo, con el rescate bancario.

“A diferencia de ayer, que parecía que todo estaba tranquilo porque eran cosas que venían pactadas de antemano, el Congreso se está animando y se están empezando a generar debates políticos importantes. El borrador del documento que trajimos está siendo considerado insuficiente por muchas delegaciones y prueba de ello es que hasta el momento hay 31 resoluciones que tratan temas que no estaban incluidos ahí. Esto es muy positivo y puede indicar que mañana, cuando termine, saldremos mucho más reforzados”, dijo Mola.

Esa brecha Norte-Sur también quedó patente ayer durante la asamblea de la Re de mujeres del PIE (El-Fem). El miércoles, Sara Porras y Cristina Simó, explicaron a Público que el objetivo de dicha Asamblea era remarcar que la crisis está afectando de forma distinta a las mujeres del Sur y tratar de poner en marcha una nueva organización que ponga la cuestión de género en el centro del debate del PIE. Sin embargo, no hubo acuerdo, y pese a que la resolución será votada por las delegaciones, hasta ahora la mayoría de las mujeres prefiere que El-Fem siga teniendo una entidad propia, en paralelo al PIE.

Artículos relacionados:

http://www.publico.es/internacional/489269/la-brecha-entre-el-norte-y-el-sur-anima-el-debate-en-el-congreso-de-la-izquierda-europea

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