Argentina. Crónicas de la democracia acorralada

 A través de Kaos en la red
Por Silvana Melo y Claudia Rafael, 9 febrero, 2015
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Poco tiempo habrá hoy para destapar champanes. El número redondo que culturalmente da para festejo termina salpicado brutalmente por los nichos donde la democracia todavía no plantó bandera.
El núcleo duro del autoritarismo, la amenaza sombría a un sistema institucional siempre frágil, a pesar de su adultez, están hoy sintetizados en las policías de casi todas las provincias del país.
Con una decena de muertos se despertó hoy la democracia treintona. Jaqueada la reina por peones que nunca lo fueron. Por ejércitos que el poder político nunca decidió operar. Y que están casi intactos, cincuenta mil hijos de Camps y de Etchecolatz en Buenos Aires. Mal pagos, pésimamente equipados, en un trabajo donde la vida es moneda de cambio. Pero eficientes al máximo a la hora de obedecer las órdenes de mantener controlada la protesta social. A palos, a gases, a postas de goma, a balas de plomo. Infalibles en el monopolio de la violencia.
Ciudades enteras abandonadas a su suerte, grupos marginales incitados a la violencia y al saqueo, retirada estratégica del control y la represión para que bandas mixtas de transas con aporte policial siembren terror; comercios desvalijados, vecinos que se arman hasta los dientes y pasan la noche velando los mostradores, gente de barriadas confinadas que invaden territorios prohibidos y se llevan todo aquello que el sistema les niega diariamente y que, diariamente, soportan en silencio y resignación. Medios financiados por los gobiernos provinciales que se enteran a medias de su propio desastre, símbolos de felicidad veraniega (Peatonal San Martín, Mar del Plata) arrasados por la ausencia policial y la libertad delictiva, con visos consistentes de complicidad.

La santa Fe

Tres de la tarde. Cordón Oeste de la ciudad. Ahí donde se apretujan las villas de Santa Fe. “Paró el bondi y empezaron a agitar a los pibes. Yo me acerqué a preguntar y uno me gritó `volá, pendejo`. Tenía una nueve milímetros en la mano y me apuntó”, dijo a APe un educador popular santafesino.La realidad de las calles mansas sólo dejaban al desnudo la presencia de prefectos y gendarmes. El lunes estaba ajeno al ajetreo habitual. No había super ni tampoco bancos. Ramas de árbol improvisadas para la ocasión oficiaban de trincheras para truncar el paso. La palabra miedo se acrecentaba mientras las persianas bajas le iban dando a la ciudad un gris poco cotidiano. Dos veces entraron a Pétalo, un negocito de ropa pegado a una villa. A escasos metros, una armería.“El dueño salió y se puso a repartir armas entre los vecinos”, continuó el joven maestro de arrabales. “Ya hace un tiempo que el clima está muy enrarecido. Volvieron a profundizarse las golpizas en las comisarías. Y fue muy claro ahora, quiénes eran los que iban a buscar pibes para ir a saquear. Son pibes metidos en las cadenas narcos y laburan para ellos. Quedó muy en claro. Además, la nueve milímetros es el arma reglamentaria de la policía”, advirtió Luciano Candiotti, desde aquella ciudad.
Desde Rosario, el periodista Carlos del Frade describe para APe que “en los barrios, en forma paralela, había una disimulada tensión que se observaba en los comercios cerrados por anticipado y decenas de pibes en moto que recorrían el territorio pispeando las evoluciones de las tropas nacionales”. En Santa Fe –relata- “hubo inocultable temor luego de conocidas las noticias que dieron cuenta del saqueo de dos comercios donde se vendía comida. Allí si apareció una vieja postal que remitía a los hechos de diciembre de 2001 y mayo de 1989”.

Conocedor exquisito de los acuerdos narcoinstitucionales, Carlos del Frade analiza que la realidad muestra “policías con muy bajos salarios, responsables de su pésima imagen social como consecuencia de su corrupción histórica” que “estrenarán, en esta provincia con forma de bota militar y nombre profundamente religioso, una nueva forma latinoamericana de desestabilización, la protagonizada por las fuerzas de seguridad provinciales. Algo que ya había anunciado el imperio hacia fines de los años ochenta”. Por eso advierte que “en estos treinta años de democracia también es preciso pensar, de cara a este conflicto que mete miedo en la sociedad santafesina, qué hicieron los distintos gobiernos electos por el voto popular a la hora de conducir la fuerza. `Si quieren transparencia la tienen que pagar bien`, dijo uno de los policías ocultos en un pasamontañas.

Un mensaje más mafioso que sindical, una clara señal de la narcopolicía emergiendo tres décadas después de la democracia que supimos conseguir”.

536 kilómetros al Norte, esta madrugada unos cuarenta policías irrumpieron en una casa, en Resistencia, con la violencia de los dioses paganos de un extraño olimpo. Seis patrulleros, motocicletas, gritos, golpes. “Acá está el que le metió el tiro a un compañero, a un milico, y vamos a entrar como sea, ¿vos no vas a hacer eso si le balean a tu compañero?, así que borrá eso porque nos compromete”, describe el diario Primera Línea, de Chaco.

El sueño entrerriano

Paraná vivía ayer muy lejos del sueño entrerriano de Sergio Urribarri 2015. Alejandra Gervasoni, Secretaria General de Agmer Paraná, revivió para APe “la enorme tensión y temor que vivieron docentes y alumnos de escuelas cercanas a supermercados, a tal punto que los padres los retiraban; se cortó el transporte urbano, las estaciones de servicio no vendían combustibles, cerraron los negocios y había una ola de rumores que aterraba a la gente”.Un 300 por ciento de aumento en los salarios concedió el gobierno de Córdoba a los primeros sediciosos, cuyas cúpulas habían saltado pocos días atrás, investigadas por los límites tan difusos entre policía y narcotráfico. Un mil por ciento aumentó el gobierno de Buenos Aires el monto por ropa y un 50% (de 5700 a 9000) el básico. Para los docentes la oferta del año había sido de 3600 en cuotas pagaderas hasta 2014.Cómo explicarles a los maestros que es necesario alzar las armas para acceder a un salario de modesta dignidad. Cuando el emblema es Carlos Fuentealba. Muerto por la policía cuando pretendía un aumento de sueldo.

“Calles desiertas como si fuera domingo en Paraná, comercios cerrados y enrejados, miedo en la gente, una sensación de indefensión que se transmite, que se contagia”, describe para APe el periodista Osvaldo Quintana. “A media mañana la policía visita cuadra por cuadra los negocios del centro, avisando que ellos son los guardianes del orden pero que mejor cierren, que es por su seguridad. La noticia se propaga como pólvora por todo el radio céntrico y el efecto contagio es eficaz. Los mismos uniformados lo desmentirán horas después, utilizando su particular lenguaje en un canal de televisión local”. A las puertas de un super de calle Don Bosco “se va juntando gente; es el mismo que hace 12 años fue saqueado completamente ante la pasividad de las autoridades policiales. Circulan por las cercanías, expectantes: mujeres, niños y pibes en bicicleta provenientes de las barriadas pobres que rodean al mercado”.

Cerca de Concordia, la nave insignia de los saqueos de 2001, la más pobre de todas hace una docena de años, “la pobreza vuelve a hacerse visible en las calles, en los semáforos –va observando Quintana-, en los contenedores de basura que empiezan a poblarse de familias enteras ni bien asoma la noche. En los vendedores de pan casero que vuelven a circular por los barrios”. Cuando cae la noche “los pequeñísimos comerciantes también cierran sus puertas. En algunos supermercados que no abrieron, vuelven a escucharse disparos y muchos vecinos temerosos se refugian en sus casas”.

La feliz

No hay certezas sobre el número de muertes. Nunca las hay cuando provienen de la oscuridad y del olvido. Seis, siete, diez… 15 años, 20, 23; balazos, cuchillada, golpe feroz… quién sabe. Ciudades enteras en las geografías de una patria en la que el Estado represor se corrió de su lugar de contralor y dejó que se abrieran las fauces leviatanas de la desigualdad.A medida que las horas avanzaban –relató a APe Jorge Ríos, fotógrafo marplatense observador concienzudo e incuestionable de las movidas- “la situación se iba poniendo más y más densa en barrios como Juramento, Regional, Palermo, Belgrano o Las Heras. Los saqueos no ocurrían en el Carrefour del centro sino que iban a los almacencitos de los barrios. La gente estaba armada para defender sus comercios. Había un clima oscuro. Tenso. El domingo, temprano, la agitación empezó con un hombre joven, muy musculoso, muy mesiánico y con discurso nazi que llegó agitando a las puertas de Caballería con mujeres de policías y víctimas de delitos. Es el mismo que se había visto en fotos durante el ataque nazi a los chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires”.La Mar del Plata feliz y balnearia del turismo estival recibió un piedrazo feroz sobre su médula. Cachetada de fuego sobre la playa obrera e igualitaria de los viejos años 50 y 60 que, por unas horas dejó al desnudo que la felicidad hace tiempo que le es ajena. Hasta que, con la contundencia del golpe sobre la mesa, el máximo jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin anunció rimbombante: “Se ha normalizado la situación en la ciudad” y todo, con la casa ya en orden, volvió a sus viejos carriles.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael
Noticias relacionadas: Sandra Cabrera – In memoriam

Denuncian una campaña desestabilizadora de los medios hegemónicos internacionales contra el gobierno argentino

 La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad emitió un comunicado en el que denuncia que “la campaña de desestabilización de los medios hegemónicos internacionales, en conjunción con las fuerzas de la derecha autóctona” contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández iniciado a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Red-de-Intelectuales-Artistas-y-Movimientos-Sociales-624x416-300x200.jpg.pagespeed.ic.UkRsH0Xn4aSegún el documento que lleva la firma de más de 50 personalidades de América y Europa, el mencionado plan desestabilizador “se complementa con el ataque sufrido contra la soberanía nacional por parte de los fondos buitre y se inserta en la ofensiva de Washington contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe”.

Al mismo tiempo, denunciaron el papel de la “prensa concentrada, cuyas cabezas visibles son el diario La Nación y el grupo Clarín”, a quienes les achacaron la intención de “responsabilizar al Ejecutivo del supuesto asesinato del fiscal”.

Con respecto a la denuncia presentada por Nisman días antes de su muerte, destacaron el análisis realizado por los doctores Eugenio Zaffaroni y Julio Maier, la postura oficial de la Asociación Argentina de Juristas así como de las máximas autoridades de Interpol y la prensa especializada, “que han demostrado que la denuncia de Nisman no contaba con las pruebas mínimas necesarias como para ser admitida en sede judicial”.

“El “plan delictivo” denunciado por el fiscal no es más que la ley votada por ambas Cámaras en el Congreso de la Nación: el “Memorándum de Entendimiento con Irán”, concebido para salir del impasse en que se había estancado la causa de la AMIA durante veinte años” aseguraron en el documento”, indicaron.

“La ausencia de la solidez necesaria para exigir la indagatoria de la Jefa del Estado -con toda la gravedad institucional que una tal acusación implica- así como la sórdida pugna interna en la ya disuelta Secretaría de Inteligencia de la Argentina donde sectores recientemente desplazados de la SI intentan erosionar la figura presidencial, tienen como objetivo perjudicar las posibilidades del candidato del kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales” aseguraron en el documento.

Por otro lado, señalaron que el fallecido fiscal tenía “sumisión a las directivas de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la CIA y el Mossad” lo cual “arroja un pesado manto de sospechas sobre su independencia de ciertas constelaciones internacionales de poder y la idoneidad de una investigación realizada bajo tales influencias”.

Finalmente, la Red En Defensa de la Humanidad reivindicó el papel “determinante” de nuestro país en el proceso de unidad e integración de la Patria Grande y llamó a “estar vigilantes sobre el desarrollo del plan desestabilizador”.

manipulacion_mediatica_348Al texto titulado “En defensa de la soberanía argentina” adhirieron Pablo González Casanova (México); Miguel d’Escoto Brockmann (Nicaragua); Stella Calloni (Argentina); Martin Almada (Paraguay): Miguel Concha Malo (México); Theotonio dos Santos (Brasil); Hugo Moldiz (Bolivia); Horacio López (Argentina); Atilio Boron (Argentina); James Cockcroft (Canadá); Ricardo Forster (Argentina); Aldo Díaz Lacayo (Nicaragua); Luis D’Elia (Argentina); Jorge Veraza (México); Eva Golinger (Estados Unidos); Carmen Bohórquez (Venezuela); Omar González (Cuba); Arnold August (Canadá); Pablo Ferreyra (Argentina); Elma Beatriz Rosado (Puerto Rico).

También suscriben Javier Couso (España); Héctor Díaz-Polanco (México); Hildebrando Pérez Grande (Perú); Danny Rivera (Puerto Rico); Katiuska Blanco (Cuba); Andrés Barreda (México) Winston Orrillo(Perú); Camille Chalmers (Haití); Gilberto López y Rivas (México); Salim Lamrani (Francia); Mónica Bruckmann (Brasil); Fernando Buen Abad (México); José Steinsleger (México); Ángel Guerra Cabrera (Cuba); Katu Arkonada (País Vasco); Mario Toer (Argentina); Héctor Poggiese (Argentina); Nayar López Castellanos (México); Carlos Fazio (México); Luis Hernández Navarro (México); Fernando Rendón (Colombia); Darío Salinas (México); María Nela Prada (Bolivia); Rosa C. Báez (Cuba); Ángeles Diez Rodríguez (España).

Otros intelectuales que firman son Jonathan Tea (Argentina); Luciano Vasapollo (Italia); Ramón Chao (España); Roberto Montoya (España); Winston Orrillo (Perú); Bruno Portuguez (Perú); Ricardo Flecha (Paraguay); Marilia Guimaraes (Brasil); Ricardo Bajo (Bolivia); José Miguel Candía (México); Marcelo Colussi (Guatemala); Carlos Prigollini (México); Fanny Palacios Izquierdo (Perú); Ramón Pedregal Casanova (España); Gabo Sequeira (Argentina); Carlos Molina Velásquez (El Salvador); Rita Martufi (Italia); Montserrat Ponsa Tarres (España); Walter Martínez Alves (México); Vicente Otta (Perú); Techi Cusmanich (Paraguay); Pilar Roca (Perú); Rosina Valcárcel (Perú); Alfredo Vera (Ecuador); Gustavo Espinoza (Perú).

http://www.radionacional.com.ar/?p=44483

Opiniones encontradas tras la muerte de Alberto Nisman

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman se ha desatado un diluvio de comentarios y opiniones de todos los gustos y colores, tanto sobre la persona de Nisman como sobre quien maneja los innumerables hilos en el caso AMIA no solo en Argentina sino desde otros países y organismos, USA, ISRAEL, etc.

Como muestra dos artículos de opinión, cara y cruz de una misma moneda.

Difícil conocer la verdad en esta maraña de sentimientos, intereses, injerencias y maniobras para desviar culpabilidades y enturbiar el asunto pues como dice el refrán “En río revuelto, ganancia de pescadores”

La cuestión y la pregunta de premio es: ¿quienes son los “pescadores” que se benefician de todo esto? ¿qué se trata de ocultar y a quién se quiere perjudicar?

Van los dos artículos citados, más información (verídica o no) sobre el tema.

“Cristina somos todos”

(Por Emir Sader, * Profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP) y de la Universidad do Estado do Río de Janeiro (Uerj), coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Uerj y autor de numerosos ensayos sobre historia y actualidad latinoamericanas.)

Hablando del complot contra la Presidente Cristina Kisrrchner para hacerla parecer culpable en todo este asunto AMIA-Nisman.

“El gobierno de Cristina Kirchner le sumó traición a la desidia”

Santiago Cantón, ex secretario general de la CIDH opina que “la muerte del fiscal es sólo el último capítulo en la novela de impunidad” de la causa AMIA

La Audiencia Nacional guarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla

LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESPAÑA Y ARGENTINA

El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.– EFE

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias “occidentales y cristianas”. La condena era clara: ellos, los “hijos de subversivos”, jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, “Sacha”, una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.

Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que “un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres”. “El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto”, añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

 Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener “muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina”. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. “Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos”, recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. “Este caso era uno de los más claros”, señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.

Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. “se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro”, mientras que sus posibles hijos seguirían “residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo”.

Una red de odontólgos “se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados”

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un “listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española”. De esta manera, los funcionarios detectaron “la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación”. Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, “una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad”, explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la “existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados”. Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría “dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos”. Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/556667/la-audiencia-nacional-guarda-una-investigacion-secreta-sobre-los-bebes-robados-por-videla

“Fotografié con mucha rabia, con la sensación de estar ante una situación de olvido” Álvaro Ybarra Zavala

Foto: Álvaro Ybarra Zavala (Reportage by Getty Images)
13 NOV 2014
Declaraciones obtenidas por Ivan Sánchez

A partir de un fenómeno local de malformaciones en una zona remota de Argentina, Álvaro Ybarra Zavala y la periodista Silvina Heguy trazaron un reportaje de investigación sobre los cultivos de transgénicos en Suramérica que tuvo una enorme repercusión. El fotoperiodista español de Reportage by Getty Images documentó casos como el de Sebastián, uno de los muchos niños afectados por el contacto directo con los químicos empleados en estas superficies agrícolas. Un trabajo que ha causado incomodidad a la multinacional agroquímica Monsanto e incluso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Álvaro Ybarra Zavala

Este trabajo empezó en la región de Misiones, adonde fuimos con mi amiga y periodista Silvina Heguy para cubrir unas denuncias sobre malformaciones que habían logrado vender como una problemática local de la que se responsabilizaba a los campesinos. Una vez allí descubrimos que en todas las zonas de Argentina donde se daba este modelo de producción había muchos casos de malformaciones.

Recorrimos las zonas de producción de soja, de otro tipo de granos y también de tomate. En todos los lugares encontrábamos varios casos, y no uno. En comunidades de 600 o 700 personas había en torno a 60 o 70 casos de nuevas generaciones.

Imperaba la ley del miedo, la ley del silencio. Todas las historias comenzaban con negativas, con gente que argumentaba que ‘estamos con abogados para una indemnización y nos han hecho firmar unos contratos’. Y esos contratos eran alucinantes: les prohibían hablar con la prensa por miedo a que ello pudiese afectar al proceso. Es gente muy humilde a la que tienen callada y se aprovechan de su ignorancia.

El caso de Sebastián es un ejemplo más de la gente que vive en uno de esos lugares donde se produce lo que nosotros comemos. Sebastián había nacido con hidrocefalia y un tumor en la espalda por el que no se podía hacer absolutamente nada. Y su hermana exactamente igual. Su familia vive en el campo y está en contacto diario y constante con los productos que se usan después de haber plantado transgénicos, como el glifosato del Roundup [un herbicida que comercializa Monsanto].

Estuve con ellos bastantes días, y cada vez que vuelvo a Argentina les visito. Nos hemos volcado con la mayoría de gente a la que fotografiamos, les hemos ayudado a traer médicos y hemos movido varios casos.

“El caso de Sebastián es un ejemplo más de la gente que vive en uno de esos lugares donde se produce lo que nosotros comemos”

Hay casos como el de Lucas, un chico con problemas en la piel. Su familia no tenía dinero ni para pagar una simple crema hidratante. Su padre se había levantado en contra de lo que ocurría y habló demasiado, así que quedó marcado totalmente. Lo sacaron del sistema: le echaron de la cooperativa, no podía trabajar, no tenía dinero ni para comprarle crema a su hijo.

En la primera parte del trabajo nos centramos en el tema de la salud. Yo estaba totalmente desbordado. Era una especie de camino por el infierno. Tocabas una puerta y te encontrabas un caso; tocabas la siguiente, y otro. Era algo súper visible. Yo me preguntaba cómo demonios nadie había contado antes la historia. Fotografié, obviamente, con muchísima dignidad hacia los personajes. Pero también con mucha rabia, con la sensación de estar ante una situación de olvido, ante gente totalmente indefensa a la que han utilizado.

Son cosas que no sabían ni los argentinos. Como ejemplo, mi editor tiene una amiga editora allí a la que envió el trabajo. Su respuesta fue: ‘Esto debía ser en los años 70.’ No podía creer que lo acabábamos de producir. ¡La sociedad argentina no lo sabía! Conseguimos poner un poco de atención allí, y en pequeña medida echar una mano.

La historia se publicó en el diario Clarín y fue un bombazo, hizo muchísimo ruido en Argentina. El lobby de productores nos fusiló, sobre todo a Silvina, que recibió presión directa desde el Twitter de la presidenta de Argentina. Pero en paralelo recibíamos 400 mails diarios de gente que quería ponerse en contacto con nosotros para contar su historia. Eran más casos de los que ya habíamos visto. ¡En total fotografié a más de un centenar de niños!

Luego comenzó la otra parte del proyecto, que fue mucho más compleja. Pusimos en la mira a Monsanto y los productores. Y nos dimos cuenta de que no estábamos hablando de un tema de salud, sino de algo mucho más importante: no se ha dado un debate serio en el mundo sobre cómo queremos que se produzca lo que comemos.

“No se ha dado un debate serio en el mundo sobre cómo queremos que se produzca lo que comemos”

Por un lado tenemos la postura de Monsanto, que dice que ésta es la única forma de acabar con el hambre en el mundo, de forma sostenible y mejorando la productividad de los agricultores a nivel local.

Luego está la otra parte de la historia, con investigadores, médicos y la población de lugares donde se han dado estos problemas, que viene a decir todo lo contrario: problemas de salud, inestabilidad política, violencia y contaminación de las tierras. Fue un verdadero proyecto de investigación.

Vimos que era un tema jodido para uno de los principales productores de alimentos del mundo [Argentina] y que ocurría lo mismo en Brasil. Empezamos a investigar. Tuvimos el apoyo de varios abogados y oncólogos: en todos los lugares donde se seguía este modelo de producción de alimentos había aumentado en un 400% el índice de tumores, malformaciones y abortos. No queríamos crear un activismo. Era una denuncia muy fuerte, y dijimos: ‘Vamos a hablar con Monsanto.’ Pero, aunque insistimos, dijeron que no. Tampoco los productores quisieron.

Además, esta segunda parte fue muy difícil de fotografiar, porque no hay foto. ¿Cómo retratas un tomate? Era algo totalmente diferente a lo que había hecho antes. Yo nunca llevo un guion o una idea prefijada; fotografío lo que veo. Por ejemplo, una cosechadora es visualmente horrible, así que se han de dar muchos factores para poder tener una foto que realmente represente lo que quieres contar.

Ha sido algo muy lento. Llegué a recorrer 12.000 kilómetros para hacer una foto porque me servía para contar unas protestas con las que lograron cerrar una fábrica de Monsanto.

http://www.quesabesde.com/noticias/alvaro-ybarra-zavala-con-texto-fotografico_12479

Así se torturaba durante el franquismo: los testimonios recopilados por la juez Servini

LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA

MANUEL ÁNGEL MENéNDEZ | Publicado: 14/11/2014

Pozo Polio, noviembre de 1989, Gerardo Iglesias, en primer plano, tras dejar la Secretaría General del PCE y reincorporarse a su trabajo en la mina. José Luis Cereijido/ Efe.

‘Me negué a redimir pena por trabajo’“Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS“… “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”… “Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”“Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”.

Son algunos de los testimonios con los que la juez argentina María Servini de Cubría ha conmocionado los cimientos del Estado español solicitando a la Interpol la detención de importantes franquistas -entre ellos, algunos de los ministros aún vivos de Franco, como Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón-, o ministros del primer gobierno del rey, como Rodolfo Martín Villa, o policías de infausto recuerdo, como Billy el Niño o Martínez Torres. Los testimonios en los que se ha basado la juez de la causa argentina contra el franquismo son terribles: entre ellos se encuentra el del exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que figura como denunciante.

Con ser llamativos estos nombres, no es lo más contundente de la causa; en los 286 folios del Auto de la juez se citan tales testimonios que ponen los pelos de punta a cualquiera. A modo de ejemplo, por las torturas a Gerardo Iglesias, quien ya en democracia fuera diputado y secretario general del PCE en sustitución de Santiago Carrillo, la juez argentina ha pedido a la Interpol la detención del entonces policía Pascual Honrado de la Fuente. La juez da credibilidad en su Auto a la querella de Iglesias, que es especialmente dura:

“A la edad de 17 años, en 1963, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor. Se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada. Se destacaron en las torturas el policía Pascual Honrado de la Fuente y el propio inspector Claudio Ramos Tejedor. Desde ese momento fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, (a las que no se presentaba para eludir a la tortura), viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consiguiente pérdida de trabajo…”.

Sigue el Auto de la juez: “El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado entre otros por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor, ya mencionados y un tal “Palacios”. Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión, esta pena la cumplió en su integridad y se negó a redimir pena por trabajo“.

Los ‘otros’, lo que no salían vivos de la DGS

Aunque muy significativa, la declaración de Gerardo Iglesias ante la juez Servini no es la más dura ni la peor. “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad”: eso es, por ejemplo, lo que el policía Ricardo Algar Barrón le reconoció al antifranquista José María Galante Serrano, en su cuarta detención en la DGS:

“Si por mi fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad

“En mi segunda detención, entre los policías que me torturaron se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los cito entre los miembros de la BPS [Brigada Político-Social] que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, mediante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS…”.

Esa declaración figura en la página 204 de las 286 de las que consta el Auto de la juez María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Corrección Federal número 1 de Argentina, por el que ha procesado y pedido a la Interpol la detención internacional de 20 cargos franquistas. Ni que decir tiene que los antiguos policías Ricardo Algar y Celso Galván figuran en la petición de extradición de la juez argentina, pero hay otros más, y he aquí un extracto de los testimonios que la juez también relata en su Auto.

“Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón…”

Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar relatan hechos especialmente inhumanos. Por las torturas que a ambos se les infringieron en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid el 20 de febrero de 1975, la juez argentina ha procesado al policía Jesús González Reglero. He aquí el testimonio de los querellantes, que figura en el Auto de la juez, al que cuartopoder.es ha tenido acceso:

“En ese momento nos agarraron por el pelo (Francisca lo llevaba especialmente largo en esa época), y a mí me llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos. Según iban amenazando por el pasillo, los policías que se encontraban ahí me golpearon e insultaban, no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones que da estar esposado, protegerme la cara (…) En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar”.

“Me decían que bajara la cara y cada vez que lo hacía me golpeaban
en la misma

Sigue el testimonio: “El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz? [sic], mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribó… Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) [sic], y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna“.

Así de contundente finaliza el Auto de la juez: “Según que me iban golpeando, me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón, etc.’. A medida que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías (ya era incapaz de reconocer cual), se dirigió a ¿Sainz? advirtiéndole del estado en que me encontraba, entonces me levantó del suelo me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, estómago o en la cabeza. Lo que duró la sesión lo desconozco ya que estuve noqueado durante un tiempo. El siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería de la DGS…”.

Estos hechos son similares a los que, supuestamente, el policía Félix Criado Sanz le practicaría a Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969, que pasó 7 días en comisaría y sería “salvajemente torturado” en Zamora con “golpes a mansalva, la rueda, la rana…”. Criado Sanz está procesado por la juez Servini.

Martínez Torres, el ‘policía antiterrorista’ de Felipe González

Es evidente que la democracia ‘reconvirtió’ a los franquistas, les ‘perdonó’ sus faltas y los utilizó para otros fines. Fue el caso del policía Jesús Martínez Torres, que fue Comisario General de Información en el Gobierno socialista de Felipe González, pero a quien la juez Servini de Cubría ha pedido su detención a la Interpol por haber participado, según el Auto, en las torturas supuestamente infringidas muchos años antes a José Aznar Cortijo. He aquí su testimonio:

“Al llegar a comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas

“En su segunda detención, lo metieron en el coche y en el suelo del mismo se pusieron a patearlo en la espalda y en las piernas mientras que las esposas se le clavaban en la espalda y piernas. Que al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban “el quirófano” que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y los volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro”.

En el auto se lee también que “los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí sí recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza en compañía de otro también joven y rubio que también participaba con saña en los interrogatorios, ayudado por el Legionario”.

“Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”

El caso del antiguo policía Atilano del Valle Oter parece especialmente llamativo: está imputado en esta causa por, supuestamente, haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. He aquí las “Constancias probatorias” que incluye la juez Servini en su Auto:

“El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la Clínica San Jorge, donde recibe los primeros auxilios. En vista de la gravedad de las heridas es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave. Un consejo de guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén, durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale en libertad en octubre de 1976. Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el hígado trasplantado…”.

Puig Antich, Vitoria y los últimos fusilados del franquismo

El exministro franquista y posteriormente del Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa en una imagen reciente. / Efe

La juez argentina también ha pedido la detención de Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975: le imputa “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975″. Esas últimas ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos y los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría. Junto a Carro, la juez imputa a otros exministros de Franco, como José García Hernández, Fernando Suarez González y José María Sánchez-Ventura Pascual. A Martín Villa, como se ha dicho, le imputa los hechos de Vitoria, de marzo de 1976.

Robo de niños: “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”

En su largo Auto, la juez María Servini ha imputado también al médico Abelardo García Balague por su supuesta participación en la posible sustracción del bebé de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de noviembre de 1967. La juez dice que a la parturienta le aplicaron la técnica sin dolor, “por la que se duerme a la madre en el momento del parto”. El resto lo explica así la juez:

“La matrona del parto fue Marina Martín Manuel. Luego del parto le informaron que el bebé nació muerto, pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé -al cual una monja bautizó como Jesús Díaz Carrasco– y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido. En el año 2006 la denunciante concurre al cementerio San José de la línea de la Concepción (Cádiz) donde supuestamente se encontraba la tumba y le informaron que el bebé no había sido enterrado allí. Asimismo, afirmó que tenía la sospecha de que ella misma, nacida el 26 de septiembre del año 1962, tenía un hermano o hermana gemela de la cual no habría ningún registro, ya que en la partida de nacimiento donde se indica el sexo del bebé decía H-V pudiendo tratarse de Hembra y Varón, el cual le habría sido sustraído a la madre”.

http://www.cuartopoder.es/enlegitimadefensa/2014/11/14/asi-se-torturaba-durante-el-franquismo-los-testimonios-recopilados-por-la-juez-servini/

(VÍDEO y fotos) Buenos Aires. Escrache por acto de discriminación hacia una pareja de lesbianas: Nuestros besos no se prohíben

Escrito por  Kaos. Argentina

(VÍDEO y fotos) Buenos Aires. Escrache por acto de discriminación hacia una pareja de lesbianas: Nuestros besos no se prohíben Foto de FB: Punto Eme

Cientos de personas concurrieron a la “besada” autoconvocada para protestar contra una conocida pizzería de Buenos Aires (Pizzería kentucky) que hace una semana echó del local a dos mujeres que estaban besándose. Tal acto de violencia resultó inadmisible y la publicación el en FB de esta denuncia se viralizó y cientos participaron de la protesta que se llevó a cabo ayer.

GALERIA DE FOTOS DEL ESCRACHE EN KENTUCKY DE MARÍA PÉREZ SOBRADO PARA KAOSENLARED

Hace una semana aparecía este testimonio en  FB:

“Como arreglamos las bicis fuimos a los sabios a cenar, pero estaba cerrado. nos peliamos. me voy sola a ladran sancho. ella me alcanza me dice que nos dejemos de joder, que vayamos a cenar a kentucky. y vamos. en silencio en la barra nos clavamos unas porciones y una jarra de birra. un rato ni nos miramos hasta que sí. y nos besamos. y nos reconciliamos. y cae el mozo. y nos interrumpe con un discurso inentendible. finalmente lo dice. que no lo hagamos más. o nos dejamos de besar o nos tenemos que ir. que se lo dijo el patrón. que perdón. nos paramos y vamos a increparlo. no quiere darnos su nombre. que tiene una hermana como nosotras (?). que todo bien pero q es un salón familiar. una pareja de heteros se besan en solidaridad 2 min. escribimos la queja pelotuda, que la discriminación y que la mar en coche. vamos al baño. escuchamos que los chongos de la mesa larga se cargan entre sí, traeme el libro de quejas. y nos vamos a comer un chocolate enorme. pongo esta foto porque es la unica que tengo con Mar, que es la otra protagonista de la historia, con la que nos peliamos y nos reconcilamos chapando desde hace 10 meses. hoy son los 10 meses. la tercera de la foto es Bren, que no tiene nada que ver en todo esto.
como las tortas, putos, bisexuales, travas y trans son solidarixs nos propusieron que hagamos algo. asi que ahi vamos a infectarle su pulcra heteronoramtividad con besos sucios. a lenguetazo vivo estaremos hasta acalambrarnos.”

La respuesta no se hizo esperar, vía redes sociales se convocó a una primera reunión para el martes siguientes y allí se ultimaron los detalles del escrache a la pizzería.

El escrache

Media hora antes de la convocatoria ya había decenas de personas cerca del local de comidas, con la presencia de algún medio de prensa y periodistas independientes. Se iban reuniendo, comentando, aparecían banderas, parejas que se abrazaban, sonrisas, ganas de gritar bien alto por lo que había sucedido.

Ya a las 22 horas había cerca de 200 personas que desbordaban la esquina, algunas calles aledañas y ocupaban parte de la calzada. Banderas, consignas, musica, gente bailando y dejando muy claro que no se iba a permitir un nuevo acto de discriminación por parte de la empresa.

La gente que pasaba por la calle, era informada de lo que había sucedido y se manifestaba solidaria, algunas personas se sumaban al escrache.

Y llegó la policía…

El dueño del local (obviamente) vio que la protesta no paraba e iba mucho más allá de lo que había supuesto en un principio: la gente seguía llegando. Así que decidió llamar a la policía que hizo su entrada triunfal via patrullero. Habló con el dueño, miraba hacia la calle y salieron a ver “quienes eran los organizadores para poder conversar”. En principio fliparon cuando se les respondía “autoorganizado”, luego consiguieron que los y las periodistas (algunas activistas periodistas) les informaran de que se trataba, invocaran derechos constitucionales… y bueno… con eso no pudieron… hasta se disculpaban por molestar con sus preguntas pero dijeron que necesitaban saber cuanto iba a durar para moderar el tránsito que por momentos pasaba con dificultad. Lo concreto es que la poli dijo “No, si es que tienen razón. La policía no puede impedirles que se manifiesten, ni decirles que se vayan (SIC)…” (Para esta cronista que tiene muy vigente la experiencia de cobertura de acciones directas en el estado español, esta conversación de la que fue testigo fue casi casi surrealista).

Final

Arreciaba la música, arreciaban las consignas y ya habían entrado varias parejas a besarse en la barra de la pizzería ante la sonrisa “clavada” del dueño o encargado, la simpatía de los meseros y la indiferencia de las familias que allí comían.

Surgió un pedido formal de disculpas públicas por parte de la gerencia del local, admitiendo explícitamente que comprendía que había actuado violando los derechos humanos y las leyes con su actitud. Aseguró que no se volvería a repetir el menor acto de discriminación en ninguno de sus locales.

Es obvio, pero igual lo decimos: La movilización y la acción directa es la forma de luchar contra la injusticia, contra la desigualdad y la discriminación.

Un buen preludio a la que será hoy la Marcha del Orgullo 2014 en Buenos Aires.

Argentina. Vivir entre agroquímicos, morir como moscas

Escrito por  Leonardo Rossi

Las muertes por cáncer en San Salvador, Entre Ríos, duplican la media nacional.  En la mira, el  descontrolado uso de agroquímicos. 

El Salvador. Vivir entre agroquímicos, morir como moscas “Somos un pueblo en el que los vecinos están muriendo como moscas”, dice Andrea Kloster. La presentación de la ciudad en boca de esta mujer contrasta con los prolijos carteles que inundan las calles de orgullo, de identidad, de arraigo a un modelo productivo que da cobijo y seguridad. En cada entrada a la planta urbana se puede leer: San Salvador, capital nacional del arroz. En este centro urbano de 17 mil habitantes ha muerto entre el 30 y el 50 por ciento de la población a raíz de distintos tipos de cáncer, en los últimos cuatro años, según datos a los que accedió la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. La media nacional de muertes causadas por esa enfermedad es de 20 por ciento. “¿Qué pasa en San Salvador?”, preguntan en la plaza, en las calles y escuelas desde hace meses cientos de ciudadanos. Por ahora, sin estudios oficiales, es la propia gente de a pie la que investiga posibles causales: fumigaciones con agroquímicos que invaden los barrios, agua contaminada, una nube de cascarilla de arroz rociado con pesticidas que es parte del aire diario que se respira, un enterramiento de pesticidas bajo una escuela. O todo eso combinado.

El monstruo desde adentro

Ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos, la ciudad de San Salvador se muestra como espolvoreada. Un manto de finas partículas de arroz se posa sobre el asfalto, los autos, las casas, y cada objeto que encuentra a su paso. El espeso aire que brota de los acopios y secaderos de arroz cubre la ciudad, filtra la luz y genera un efecto visual que es patrimonio exclusivo del pueblo. Respirar se torna denso. Pero ahí están, firmes, como emblema de la productividad, los molinos que no cesan de exhalar residuos.

De la década del 70 a la actualidad, Argentina duplicó su siembra de arroz, y en la misma medida lo hizo Entre Ríos, que acapara cerca de la mitad de la producción, con 94.750 hectáreas ocupadas con ese cultivo en 2010, según datos de Nación. Ese año, la capital arrocera hizo honor a su título con 11.800 hectáreas sembradas.

El polvillo que emana de las arroceras viene cargado de diversos pesticidas. Roberto Dekimpe, 57 años, trabaja en el molino Ala, del grupo de agronegocios Adecoagro. Este hombre, de hablar cansino, conoce en carne propia el peligro de los agroquímicos. Un accidente de trabajo en 2008 lo marcó para siempre. “Estaba fumigado con Potosín (sulfuro de aluminio) y no tomé las precauciones que tenía que tomar. El Potosín con la cáscara de arroz es mortal”, relata. “Estuve en terapia intensiva y tuve la suerte de zafar. Desde ese momento empecé a estudiar las reacciones de los agroquímicos.” “Para secar el arroz se usa mucho paraquat. Ese químico es terrible”, apunta sobre este herbicida. De nombre comercial gramoxone, el Paraquat tiene varias consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, se han probado efectos neurotóxicos en embriones de ratón con efecto permanente, por la exposición a lo largo del tiempo, según la Red de Acción en Plaguicidas (Rap-Al).

Cuando comenzó a ver la escalada de casos de cáncer, Dekimpe no dudó en indagar acerca de cuánto tiene que ver con esa realidad el modelo que hoy le brinda un salario. “Si por acompañar esta causa pierdo el trabajo, buscaré otra cosa”, dice convencido de dejarle un mejor ambiente a su nieto de tres años.

En el kilómetro 210 de la ruta nacional 18 se emplaza Adecoagro, uno de los negocios del emblemático magnate húngaro George Soros. “En Marzo del 2007 se incorpora a Adecoagro la empresa Pilagá. Mediante esta compra, sumamos 94.000 hectáreas de tierra, dos molinos arroceros y la reconocida marca Molinos Ala”, cuenta la empresa en su web. La firma se vanagloria de aportar el 10 por ciento de la producción de arroz y tener una capacidad de acopio arrocero de 161.000 toneladas, entre sus distintos establecimientos. Todo el trabajo se hace “con la convicción de realizar una gestión con responsabilidad ambiental”, dice Adecoagro, mientras sus palabras se desvanecen entre la bruma de arroz molido que convierte en irrespirable ese pasaje de la ruta. Conductores suben y bajan de los camiones en medio de un manto grisáceo. Ninguno tiene máscaras ni elemento alguno que los proteja.

Fumigados desde abajo

Empieza a anochecer. Un típico sábado de pueblo. Autos, motos y bicicletas cruzan de un lado a otro. Mujeres, hombres, niñas y niños se acercan a la plaza. Una nueva marcha de Todos por Todos, vecinos que se preguntan “¿qué es lo que nos está matando?”.

En 2010, de 58 muertes, 27 fueron por cáncer (46,5 por ciento). El año siguiente fue exactamente la mitad: sobre 80 fallecidos, cuarenta tuvieron como causal esa enfermedad. En 2012, 22 muertos enfermos de cáncer de un total de 52 y en 2013 la cifra alcanzó el 32 por ciento (19 sobre 59).

Según datos de la Red de Pueblos Fumigado en zonas expuestas al uso indiscriminado de agroquímicos “más del 30 por ciento” de las muertes responden a casos de cáncer. A nivel nacional, el promedio es menor a 20 por ciento. “Hay algo actuando fuertemente en el pueblo, que son los químicos”, plantea Medardo Ávila Vázquez, representante de la red, tras visitar la zona, entrevistarse con vecinos y evaluar datos de las defunciones.

Frente a los primeros reclamos en torno este tipo de muertes, el Municipio mandó a estudiar el agua y detectó que dos tanques que abastecen la red pública se encontraban contaminados con materia fecal. A ese dato confirmado se suman otros factores ambientales de riesgo denunciados por los vecinos. “Donde está el foco del cáncer, que es el barrio Centenario, hubo un aeródromo de aviones fumigadores. El primer aviador que hubo en San Salvador me cuenta que ellos pulverizaban con gamexane, y ahí se enterraron tachos con químicos”, dice Dekimpe. Otros vecinos repiten la misma historia: los tachos enterrados y los derrames de químicos como el lindano (gamexane), prohibido en Argentina desde 1995 por su alta toxicidad. En ese lugar no sólo se montó un barrio hace dos décadas, si no que se construyó una escuela. El patio en el que juegan los niños se confunde con los restos del aeródromo. El hangar, las mangas para medir el viento, son la evidencia que perdura de ese ¿pasado? químico.

Capital de la soja

Todos por Todos se mueve por la ciudad. Roxana Vargas (39) es la mamá de Pablo (15). La vecina del barrio 40 viviendas, un desprendimiento del Centenario, perdió a su hijo hace dos meses a causa de una leucemia. “En el barrio ya han fallecido dos chicos, una señora”, enumera en voz baja. “Le pregunté al doctor si lo de Pablo era hereditario y me dijo que no. Quiero saber bien qué es lo que pasa”, suelta con la mirada ida, mientras marcha. A unos pasos está Gloria Dávila, de barrio Tres Focos, toda una vida cerca de los arrozales. Hace dos años fue rociada con agroquímicos por un avión fumigador que trabajaba en un campo de soja. “Respiré eso que tiran para matar bichos. Me descompuse, empezó a dolerme los ojos, la cabeza, comencé a salivar, y luego quedé lisiada”, recuerda de esa jornada. “Ahora me tengo que hacer una operación acá abajo”, dice señalando su garganta.

El problema en torno a las fumigaciones ya fue reconocido por el Estado local. En 2012, el Concejo Deliberante de San Salvador sancionó una ordenanza (Nº 1.090) que crea una “zona de resguardo ambiental”, que incluye a la planta urbana más un radio de quinientos metros en la que se prohíben las pulverizaciones tanto aéreas como terrestres. La normativa local llegó para cubrir el bache de una antigua legislación provincial sobre pulverizaciones, que tuvo origen en 1980, cuando el mapa agrario era otro.

Marcha de “Todos por todos”

El modelo rural en el país, la provincia y el municipio ha cambiado de forma notable en las últimas dos décadas. “Hay personas enfermas y todo por las fumigaciones, que empeoraron mucho con la llegada de la soja”, analiza Dávila, con la voz ya quebrada de nervios. De un tiempo a esta parte, la estrella del agro argentino también es protagonista en San Salvador. La capital arrocera tiene 67.500 hectáreas sembradas con la oleaginosa, unas seis veces lo que ocupa el cultivo que da identidad al pueblo.

  A quién le importa

La caminata de Todos por Todos culmina en la Escuela Especial número 9. Más de setenta personas se reúnen dentro para plantear sus dudas, conocimientos, pareceres en torno a lo que sucede en San Salvador. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que ha relevado este tipo de problemáticas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco se hace presente para el intercambio. No está el presidente Municipal Marcelo Berthet ni autoridades provinciales, que ya han sido informados sobre la situación de San Salvador. Sólo se sumó al encuentro la concejala Graciela Fernández, impulsora de la ordenanza que limita las fumigaciones.

Pasan los testimonios de personas enfermas, de hombres y mujeres preocupados por el estado de salud de sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Andrea Kloster toma el micrófono. “Al intendente, al gobernador y a la Presidenta le importa un carajo esto si no, no estaríamos acá.” La mujer, impulsora de las marchas, los encuentros y reclamos frente a los funcionarios, aclara: “No estudié medicina, ni enfermería”. Sólo se vio alertada por ver que su gente cercana moría, “como moscas” y quiso saber de qué se trata esta realidad.

publicado en plazademayo.com, 01/04/2014 Por Leonardo Rossi

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Argentina. El combo de los agronegocios: fumigaciones y daño ambiental en zonas rurales

Argentina – Orden de detención contra el exministro Martín Villa y otros 19 imputados por crímenes del franquismo

La jueza argentina María Servini de Cubría ha emitido la orden de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.

La magistrada acusa al exministro Utrera Molina de convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich y a Martín Villa por la matanza de Vitoria de 1976

“Es un gran avance hacia el fin de la impunidad del franquismo”, señala a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina

DOCUMENTO: Consulta la resolución de la jueza Servini

Una quincena de ministros que formaron parte de sucesivos gobiernos de la democracia en España integran la Fundación España Constitucional, un foro de reflexion y debate público sobre asustos de relevancia politica,económica y social que se ha presentado hoy en valencia.En la imagen de I a D, los exministros, Pio Cabanillas, Martin Villa, Eduardo Serra y Marcelino Oreja . EFE/ Juan Carlos Cárdenas

Rodolfo Martin Villa, Eduardo Serra y Marcelino Oreja en Valencia. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

más INFO

En una exhaustiva resolución de 286 páginas a la que ha tenido acceso eldiario.es la jueza argentina María Servini ordena la detención y extradición de veinte personas vinculadas con la represión y crímenes del franquismo. Entre ellos hay ocho exministros franquistas, así como exjueces o expolicías a los que la magistrada quiere tomar declaración indagatoria en el marco de la única causa penal en el mundo que investiga los crímenes del franquismo.

En el auto la jueza Servini de Cubría señala que “lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, como la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976, asesinatos, torturas y represión.

La magistrada recuerda en el auto que los delitos de los que se les acusa constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Es decir, “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.

Ocho exministros

A Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores durante una acción de represión policial en la que también hubo 150 heridos de bala.

A Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento en 1974-75 se le acusa por su responsabilidad en la pena de muerte de Salvador Puig Antich, último ejecutado a garrote vil en España.

También está incluido Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975: La justicia argentina pide su detención por su responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista en 1975.

Al exministro de la Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista en septiembre de 1975 en Madrid, Burgos y Barcelona.

También se solicita el arresto de otros cuatro exministros:

 Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además se solicita el arresto del excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar, acusado de asaltar la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores en la carga policial.

También figuran siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter, por torturas en diversos lugares.

A ellos se suma Carlos Rey González, miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich -y actualmente abogado que ha ejercido como defensor de la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho-, los entonces jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer. Este último está denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967, donde García trabajaba como ginecólogo.

“Que haya jueces españoles dispuestos a investigar”

En declaraciones a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina, ha destacado la importancia de este : “Es un paso más que se suma a otros llevados a cabo por comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas. Esperamos que haya una resolución por parte del Gobierno y de la Justicia española, que sean sensibles a este clamor de cada vez más sectores. Cada vez hay más denunciantes, la querella avanza y confiamos en que haya jueces españoles que asuman la tarea de investigar estos crímenes contra la humanidad”, ha señalado.

Slepoy ha querido destacar que esta orden es “producto del esfuerzo de mucha gente que ha viajado a Argentina para declarar ante la jueza o ha logrado que se lleven a cabo declaraciones por videoconferencia”.

Los procesos de extradición pasarán por la Audiencia Nacional y será previsiblemente el Gobierno el que tenga la última palabra. “Es probable que se dicte una decisión similar a la adoptada ante la solicitud de extradición de Billy el Niño y el capitán Muñecas”, indica Slepoy, en referencia a la decisión de la Audiencia Nacional de no entregar a aquellos acusados a la jueza por considerar que sus delitos habían prescrito. “Pero eso abunda en la impunidad del franquismo en un momento en el que se suman pasos, pruebas y denunciantes para acabar con esa impunidad e investigar de una vez tales crímenes de lesa humanidad”, añade el letrado.

La querella argentina

La causa contra los crímenes del franquismo arrancó en Argentina el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella presentada por familiares de víctimas del franquismo: Darío Rivas, de 94 años, e Inés García Holgado. A ellos se han ido sumando más querellas de familias de represaliados. En la actualidad ya hay más de 150 querellantes.

La jueza Servini de Cubría ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común en el cementerio de Guadalajara, para comprobar por análisis de ADN si allí están los restos del padre de una de las querellantes, Ascensión Mendieta Ibarra, quien con 88 años ha viajado a Argentina para rogarle a la magistrada que le ayude a encontrar los restos de su padre antes de morir.

En España aún hay más de 100.000 desaparecidos víctimas de la dictadura franquista.

http://www.eldiario.es/sociedad/exministro-Martin-Villa-imputados-franquismo_0_319519072.html

Argentina – La Iglesia, en un spot de Abuelas de Plaza de Mayo

Derechos Humanos
El arzobispo José María Arancedo hace una exhortación “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina”. El mensaje será difundido como parte de la pauta publicitaria oficial.
Algún espectador desprevenido puede verse sorprendido en estos días por la aparición televisiva del arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, haciendo una exhortación, en nombre de los obispos católicos argentinos, “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, (para) que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”.
En el spot –que se difundirá por todos los canales como parte de la pauta de publicidad oficial– el arzobispo que preside la Conferencia Episcopal aparece flanqueado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y por Rosa Roisinblit, vicepresidenta.
El texto leído ahora por Arancedo ante las cámaras es parte de una declaración sobre el tema que ya había sido emitida por el Episcopado en noviembre de 2012, pero esta es la primera vez que el máximo representante de la jerarquía católica del país asume personal y directamente el pedido, accediendo a una solicitud que desde muchos años atrás han venido realizando no sólo las Abuelas sino la totalidad de los organismos de defensa de los derechos humanos, publica hoy Página 12.
El spot, que también puede verse en la página institucional de las Abuelas, lleva por título “La fe mueve hacia la verdad”. De manera coincidente, el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, dio a conocer una carta en la que se expresa en términos similares a los planteados por Arancedo. “Ha habido una red de silencio y complicidad que ha mantenido amordazada la verdad acerca de los bebés, ahora jóvenes adultos”, dice Lozano en su misiva. Y reitera también la “obligación moral” de aportar datos para quienes posean información. Porque “la moral no es solamente no mentir; esconder la verdad o callarla también es inmoral. No alcanza con no hacer daño a alguien. No realizar el bien posible también es lastimar”.
Dirigiéndose directamente a los fieles católicos, Lozano subraya que “si sos creyente en Dios, los mandamientos de no robar, no mentir, no matar también se aplican en estas circunstancias”.
En julio anterior, después de un encuentro con las Abuelas, la Conferencia argentina de religiosas y religiosos (Confar), que agrupa a las congregaciones de todo el país, también asumió el compromiso de colaborar en la búsqueda de niños nacidos en cautiverio.
A todo lo anterior se suma la invitación que el papa Francisco le formuló a la familia Carlotto para un encuentro en el Vaticano. Bergoglio manifestó su deseo de conocer personalmente a Ignacio Guido Montoya Carlotto y la reunión quedó fijada para el próximo miércoles 5 de noviembre, a las 17, en la residencia de Santa Marta, en Roma. Del encuentro participarán varios miembros de la familia Carlotto, quienes viajarán a Roma asumiendo el costo de sus traslados, mientras que, dada la invitación pontificia, una vez en Roma todos serán huéspedes de la Santa Sede. > L. R.
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