El año en que el Gobierno español actuó peligrosamente en Ceuta y Melilla

A través de: Periodismo humano

Hace ya un año de la muerte de 15 personas inmigrantes, tras los disparos de la Guardia Civil española de pelotas de goma y gas lacrimógeno, mientras nadaban hacia la playa española de El Tarajal, Ceuta, y todavía no se ha pronunciado la justicia española.

En la valla de Melilla continúan las deportaciones ilegales realizadas por la Guardia Civil por órdenes del Gobierno español, a pesar de la violación de los Derechos Humanos y leyes nacionales, europeas e internacionales denunciada por centenares de organizaciones e instituciones.

En Periodismo Humano llevamos 5 años documentando la violación continua de derechos humanos en Ceuta y Melilla.

Resumen en vídeo de la política del Gobierno español en Melilla.

Por PRODEIN

El Tarajal, historia de una tragedia sin nombres 

 Por Alberto Senante-Amnistía Internacional

Lo sucedido hace un año en la playa ceutí muestra cómo la política de fronteras pone en riesgo a vida de las personas que tratan de alcanzar el sur de Europa.

El Gobierno español ha introducido enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de dar cobertura legal a las ‘devoluciones en caliente’.

Hace un año al menos 15 personas murieron a pocos metros de llegar a la playa de El Tarajal, la orilla española más cercana a la frontera entre Marruecos y Ceuta. Sabemos mucho de lo sucedido aquella mañana, gracias a varios vídeos de la Guardia Civil y al testimonio de algunos de los supervivientes de aquel intento de entrar en España. Pero por ahora la del Tarajal es una historia de números, en la que no se conocen los nombres de sus protagonistas.

Se sabe, por ejemplo, que alrededor de 200 fueron las personas que intentaron entrar en España ese día al amanecer. De ellas, unas 90 alcanzaron las aguas que bañan la zona fronteriza. La causa de las 15 muertes confirmadas fue por ahogamiento, y 23 personas fueron devueltas a Marruecos tras ser interceptados por agentes españoles.

La escena es el mejor ejemplo de las actuales directrices del gobierno español: que no entren. A cualquier precio.

Después de que el ministro del Interior lo negara, categóricamente y repetidas veces, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez reconoció en su comparencia en el Congreso que se disparó “material antidisturbios” para detener a los inmigrantes. También en esta ocasión conocemos mejor los números que los nombres. Agentes de la Guardia Civil lanzaron un total de 145 pelotas de goma y usaron 5 botes de humo. Sin embargo, sigue sin saberse quien dio la orden de disparar hacia un grupo de 90 personas que se amontonaban en el agua, asediadas además por una patrullera marroquí.

El segundo de Fernández Díaz destacó que ninguno de los inmigrantes que llegaron a la orilla presentó heridas y que solo se les disparó mientras estaban en aguas marroquíes. Pero ¿por qué no  se rescató a las personas que se ahogaban? El ministerio del Interior alegó que no podían entrar en aguas extranjeras. La línea fronteriza no permitió pasar a los posibles rescatadores, pero sí a las pelotas de goma. Quince personas pagaron con su vida esta diferencia de criterio. La escena es el mejor ejemplo de las actuales directrices del gobierno español: que no entren. A cualquier precio.

¿Quiénes eran las personas que murieron aquella mañana? Aunque se cree conocer la identidad de seis de los fallecidos, solo uno fue identificado oficialmente. Y ya parece imposible que puedan saberse. Una vez más, tenemos el número, faltan los nombres.


Todo indica que nos quedaremos sin saber los nombres de los fallecidos a la orilla de El Tarajal, y también los de sus responsables.

Según las imágenes y los testimonios, la mayoría eran hombres jóvenes provenientes de países subsaharianos. Así que podemos adivinar que encontraron la muerte en la última etapa de un camino de meses, o años. Quizás escapaban de un conflicto, puede que otros quisieran reunirse con algún familiar en Europa, o sencillamente huían del hambre.

Alguno de esos 15 hombres fallecidos, o de los 23 que fueron devueltos tras llegar a la orilla, tal vez fue perseguido en su país por sus ideas políticas, o por su etnia, o por su sexualidad. Lo que le hubiera convertido en refugiado y habría obligado a España (según sus propias leyes), a concederle ese estatuto. Pero eso ya no lo sabremos. En la frontera de Ceuta y Melilla se ha instaurado la norma de primero devuelvo (y en este caso, disparo), y así nunca pregunto.

Una tragedia ‘ejemplar’

Lo sucedido el 6 de febrero de 2014 en El Tarajal muestra cómo la política de fronteras española y europea empuja a miles de personas a tomar cada vez más riesgos para cumplir su sueño de mejorar sus vidas, o simplemente de sobrevivir. Se calcula que desde el año 2000 han muerto 22 mil personas tratando de llegar a algún país del sur de Europa. Una cifra que compite, dramáticamente, con la que provocan muchos de los conflictos bélicos que tienen lugar hoy día en el mundo.

Ha pasado un año de esta tragedia ‘ejemplar’, pero nada ha cambiado en la política de fronteras y  apenas sabemos algo más de lo que conocimos en los días posteriores al 6 de febrero. La justicia parece haber ralentizado todo lo posible la investigación y el caso se ha convertido en una patata caliente entre los juzgados de Ceuta y la Audiencia Nacional. Todo indica que nos quedaremos sin saber los nombres de los fallecidos a la orilla de El Tarajal, y también los de sus responsables. 

Bueno, algo sí ha cambiado durante este año. A peor. A través de la ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno pretende introducir un cambio en la Ley de Extranjería que permitirá las devoluciones automáticas  y colectivas, de las personas que crucen las fronteras de Ceuta y Melilla. Es decir, se pretende dar apariencia de legalidad a las devoluciones en caliente, un acto contrario a las normas internacionales que España se ha comprometido a respetar. En los próximos días, la enmienda se discutirá en el Senado.

Ninguna ley podrá, por sí sola, detener el drama humanitario de la frontera sur de Europa. Pero desde luego solo respetando la normas del derecho internacional en el trato a migrantes y refugiados evitaremos provocar nuevas tragedias sin nombre en nuestras orillas. Como la ocurrida en la playa de El Tarajal hace ahora un año.

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Recomendamos el reportaje realizado por el fotoperiodista Juan Medina para la agencia Reuters reconstruye la tragedia del Tarajal a través de los testimonios de los supervivientes

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gc ceuta 13 muertos

07.02.2014 ·  ·  Sexta

NUEVO VÍDEO. Inmigrantes recogen los cuerpos de sus compañeros ahogados en Ceuta. El Gobierno español mintió sobre la actuación de la Guardia CIvil en los hechos que terminaron con la muerte de 13 inmigrantes que pretendían entrar a nado por la frontera de Ceuta. Primero dijeron que no habían intervenido, que solo había intervenido la policía marroquí, pero después de ser acusados por testigos de haber disparado con gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los inmigrantes que nadaban, reconocieron que sí que habían disparado, pero solo contra inmigrantes en tierra. Además negaron que hubieran devuelto ilegalmente a varios inmigrantes que lograron llegar a territorio español cosa que niegan estos VÍDEOS. _________________________________________________

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Estas son algunas de nuestras historias:

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Chile-Mapuche. Cuestión de dignidad: Mónica Quezada y Catalina Catrileo rechazan indemnización por asesinato de Matías Catrileo

http://kaosenlared.net/chile-mapuche-cuestion-de-dignidad
Por Mapuexpress / AC

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El día 20 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago informó su decisión de confirmar la sentencia del Segundo Juzgad Civil de Santiago, que condena al Fisco por el asesinato de Matías Catrileo, estableciendo la responsabilidad del estado por su asesinato.
 
Mediante un comunicado público Mónica Quezada y Catalina Catrileo, manifiestan su rechazo al pago de la indemnización que ordena el fisco. “Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias”, señalan. La hermana y madre de Matías Catrileo, agregaron que una vez que la sentencia quede firme informarán como procederan al mismo tiempo que expresaron que su decisión es personal, y que respetan  “a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo”.
En el comunicado recordaron que aún no hay justicia en el caso de la muerte de Matías. “El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias”.
A continuación se reproduce el comunicado:
Comunicado Público
En relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 6247-2014, dado a conocer recientemente señalamos lo siguiente:
1. El único objetivo de esta acción judicial ha sido demostrar que la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo y hermano, el 3 de enero del año 2008, es del Estado de Chile. Si bien fue Walter Ramírez, cabo 2° de Carabineros, quien disparó por la espalda a Matias, es el Estado y sus autoridades, incluyendo a la entonces Presidenta Bachelet, los responsables de este crimen.
2. Recordamos que nunca hemos recibido justicia. El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias.
3. Esta resolución no nos deja conforme, por que no garantiza que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que todos los responsables sean verdaderamente castigados. Pero nos permite, como todas las acciones que hemos emprendido, seguir denunciando los crímenes que comete el Estado contra el Pueblo Mapuche.
4. Esperamos que el fallo de segunda instancia quede pronto ejecutoriado, y que no se presenten recursos que vuelvan a dilatar este proceso judicial.
5. Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias. Como ya se señalo, nuestro objetivo con esta demanda no era obtener indemnización alguna, sino lograr que la justicia, aunque sea en forma mínima, declararé que fue el Estado de Chile el responsable del asesinato de Matias Catrileo.
6. Por tanto, informamos que rechazamos ese dinero y que no haremos uso de él. Una vez que quede firme la sentencia informaremos como procederemos. Nuestra decisión es personal, respetamos a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo.
7. Rechazamos las titulares de medios de comunicación que han informado que recibiremos “millonarias sumas”. Este tipo de informaciones buscan ensuciar tanto nuestra incansable búsqueda de justicia, como el legado de lucha y fortaleza que nos dejo Matias.
Mónica Quezada M.                  Catalina Catrileo Quezada
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Chile: Justicia ordena al fisco a pagar indemnización por muerte de Matías Catrileo

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¡No pienso callar!

El grupo de Barcelona de Amnistía Internacional realizó una acción de movilización contra la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por Ley Mordaza. El texto de la ley se está tramitando actualmente en las Cortes.

Amnistía Internacional cree que algunas de las nuevas infracciones introducidas en la ley podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información.

Además, la ampliación de poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad podría conducir a la arbitrariedad en la aplicación de la ley.

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Más información sobre la “Ley Mordaza” en Periodismo Humano:

El derecho a protestar está en peligro en España, alerta Amnistía Internacional

24.04.2014 ·  · (Periodista en Amnistía Internacional Madrid)

La conocida como Ley Mordaza llega este Jueves 16 de Octubre al Congreso. El inicio de la crisis en España en 2008 trajo consigo la imposición de medidas de austeridad que desembocaron en una oleada de protestas. La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido, en gran parte, represiva: abuso de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo de la fuerza que la policía ha empleado contra ellos. El Estado español ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas.

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Policía secreta detiene manifestante contra la represión  (Imagen: Jaime Alekos)

Ocho detenidos por la policía secreta tras la manifestación contra la “Ley Mordaza”

09.02.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

Ocho personas fueron detenidas por la policía secreta tras la manifestación de un millar de  participantes que marcharon por el centro de la capital española, desde Cibeles hasta la Plaza de España y que fue convocada por más de una veintena de colectivos bajo el lema Contra su represión, nuestra resistencia.

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03.16

Disturbios tras la manifestación contra la Ley Mordaza

15.12.2013 ·  · Madrid

Varios miles de personas se manifestaron frente al Congreso contra la recién aprobada Ley Mordaza que penaliza las protestas. Al finalizar la manifestación varios grupos de personas tuvieron enfrentamientos con los 1.200 policías antidisturbios desplegados en la zona.

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Secuencia 01_1

La policía intenta reprimir la manifestación contra la “ley mordaza”

30.11.2013 ·  · Madrid

VÍDEO. Alrededor de trescientos manifestantes rebasaron el cordón policial y marcharon más de cinco kilómetros, desde la sede del Partido Popular hasta los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid

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http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/no-pienso-callar.html

Ayotzinapa o la disolución del Estado mexicano

21 noviembre 2014

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Los crímenes en contra de los estudiantes de Ayotzinapa muestran un proceso que está en marcha desde hace tres décadas: la disolución del Estado mexicano. Hoy ya nadie, creo que ni en el gobierno, maneja la tesis de que ese crimen es una hazaña más de la delincuencia organizada. Con el tiempo se aclaró la profundidad del drama: el Estado mexicano es el autor de esta masacre, como lo fue en Tlatlaya y en tantas otras en los últimos años. La advertencia de Peña Nieto sobre el uso de la fuerza debió conjugarse en tiempo pretérito. La fuerza del Estado ha sido usada en innumerables ocasiones porque un Estado en desintegración siente no tener ninguna otra base para sostener el status quo.

En México el Estado de todos y para todos fue una aspiración que cristalizó en algunos artículos de la Constitución de 1917. Esos fueron los artículos de los derechos sociales, los que garantizaban la propiedad de la tierra comunal y ejidal, así como los derechos de los trabajadores. Ese anhelo también estaba plasmado en los preceptos relacionados con la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas dentro de los límites del territorio, así como de los recursos naturales en el subsuelo de la plataforma continental.

La ofensiva en contra de esos preceptos fundamentales del Estado mexicano arrancó tan pronto concluyó el congreso constituyente de 1917. Las raíces de la disolución del Estado mexicano emanado de la Revolución de 1910 están en los pactos que frenaron la movilización de masas ligada a la lucha armada. Y aunque ya desde los años cuarenta se puso en marcha una verdadera contrarrevolución, no fue sino hasta 1982 que las clases dominantes encontraron el aliado que habían esperado. La crisis de la deuda permitió destruir los cimientos del Estado mexicano, forzando la subordinación a un nuevo modelo económico que profundizaría la explotación de las masas.

Lo que quedaba del Estado de todos fue reemplazado y sólo quedó el Estado como espacio de rentabilidad del capital. Las ‘leyes de la economía’ se convirtieron en eficaz mecanismo de dominación, leyes supuestamente objetivas frente a las que la izquierda institucional no hizo nada. Incapaz de hacer una crítica del discurso del capital (la teoría económica), se vio obligada a renunciar a la posibilidad de identificar y abrir trayectorias alternativas. No pudo o no quiso darse cuenta que esas leyes económicas del neoliberalismo representaban la degradación última de la política.

El modelo económico que se impuso en México a tiros y jalones en las últimas tres décadas tiene dos características centrales. Primero, no puede ofrecer desarrollo económico y social porque el inmovilismo del Estado es la antítesis de las lecciones de la teoría del desarrollo económico. Segundo, es un modelo diseñado para recompensar la rapacería de una clase en la que se concentra cada vez más la riqueza y el poder económico.

Hoy las muestras de la desintegración se encuentran ante todo en la renuncia del Estado mexicano a ser el espacio privilegiado para dirimir controversias. No sólo en términos de proporcionar justicia a los más débiles, sino incluso para resolver los conflictos entre las diferentes esferas del capital. Para decirlo con Gramsci en su ensayo La conquista del Estado (publicado en L’Ordine Nuovo, 1919) el Estado mexicano hasta dejó de ser el espacio que unifica y disciplina a la clase dominante.

Las señales de la disolución están por todas partes. El poder ejecutivo está marcado por su ineficiencia y su profundo letargo, salvo cuando se trata de provocar y amenazar con el uso de la fuerza ‘legítima’. En las secretarías de estado se mueven papeles de un escritorio a otro, pero no hay comunicación con el mundo real. El poder judicial se ha hundido desde hace años en la corrupción y venalidad de sus funcionarios: la justicia cuesta dinero y el que no lo tiene debe olvidar sus aspiraciones de trato justo frente a la ley. El Poder Legislativo es un lugar en el que senadores y diputados se reúnen no para deliberar, sino para pasar lista y acatar instrucciones de cúpulas sometidas a intereses espurios. Los partidos políticos son tristes correas de transmisión del orden del capital y no ofrecen alternativas ni oposición democrática. Incluyo aquí a todos los partidos de las izquierdas institucionales que, por si fuera poco, hoy se han visto salpicadas por los crímenes de Ayotzinapa.

Es importante analizar la dinámica de la crisis orgánica del Estado mexicano. Las transiciones históricas son casi siempre violentas. En esos procesos sobrevienen con frecuencia los llamados y convocatorias de las juntas de notables para sacarle las castañas del fuego a los poderes establecidos. Serán las expresiones de un orden moribundo que todavía no es reemplazado por un nuevo estado de cosas. El devenir histórico está marcado por la incertidumbre y será necesario analizar cuidadosamente la situación para innovar responsablemente a cada paso del camino. Pero sin lugar a dudas será necesario avanzar hacia un mundo en que la sociedad política se someta plenamente a la sociedad civil.

Twitter: @anadaloficial

Artículo publicado en La Jornada

http://www.attac.es/2014/11/21/ayotzinapa-o-la-disolucion-del-estado-mexicano/

 

Ver también:

México:Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre México (2011 – 2014)  (en Kaos en la red)

VÍDEO – España apalea y deporta ilegalmente inmigrantes heridos, atados e inconscientes en Melilla

Una vez más, decenas de inmigrantes fueron deportados ilegalmente por la Guardia Civil, por órdenes del Gobierno español, y entregados a fuerzas marroquíes al otro lado de la valla, a pesar de encontrarse ya en territorio español. Muchos fueron golpeados, otros arrastrados atados de pies y manos y varios heridos fueron deportados sin recibir atención médica. Los posibles solicitantes de asilo de Mali también fueron expulsados sin tener en cuenta sus derechos como refugiados.

La portavoz de la Delegación del Gobierno español en Melilla ha explicado a Europa Press que el inmigrante golpeado por la Guardia Civil del vídeo “no estaba herido”, sino que estaba adoptando una actitud de “resistencia pasiva” , que “el salto fue violento” y “hubo escenas violentas como escupir a los agentes y gritar la palabra ébola”. “En esas situaciones es normal que la Guardia Civil actúe con contundencia“, ha dicho, esta portavoz ha considerado que videos como el difundido por Prodein “sólo buscan poner en entredicho el trabajo que hace la Guardia Civil”.

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Según informa la ONG PRODEIN: “Un grupo de malienses intentó entrar en Melilla el 15-11-2014. La violencia con la que se les recibió fue extrema. Fueron deportados ilegalmente a Marruecos sin importar su situación personal, sin importar su edad, sin importar si querían solicitar asilo, sin importar que estuvieran heridos, al margen de la legislación española e internacional”

 

“En el intento de salto que tuvo lugar el 15-10-2014 las Fuerzas Auxiliares y la Guardia Civil se emplearon con los inmigrantes con especial dureza. Prácticamente la totalidad de ellos fueron expulsados de España de forma absolutamente ilegal. Decenas de heridos fueron también expulsados y entregados al ejército marroquí”.“En el vídeo podemos ver los sucesos de ese día. Hacemos un seguimiento a una de las víctimas: Danny, camerunés, de unos 23 años y del cual recibimos noticias contradictorias en el sentido de que está vivo o que murió”.

 

Más información sobre deportaciones en Melilla en Periodismo Humano:

http://periodismohumano.com/migracion/animales-en-la-valla-de-melilla.html

Argentina. Posadas: Policías de la comisaría XIII mataron a golpes a un albañil esposado

Escrito por  Llella de Misiones

Luego de ser reducido a golpes y esposado, Guirula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a la comisaria, distante a 20 cuadras, a donde llegó muerto.

 El sábado 19 de julio por la madrugada el albañil Carlos Guirula fue detenido por policías de la Comisaría XIII de Posadas en el interior de un motel, a pedido de los empleados del establecimiento que lo acusaban de escándalo. También se hicieron presentes uniformados del Comando Radioeléctrico. Luego de ser reducido a golpes y esposado, Guirula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a la comisaria, distante a 20 cuadras, a donde llegó muerto.

Ese mismo día fueron detenidos 9 policías participantes del operativo en que se detuvo aGuirula, que contaron versiones diferentes de las circunstancias en las que el detenido resultó muerto. Días después se ordenó la captura de dos efectivos más. El teléfono celular de la víctima fue encontrado en poder de la oficialTabares quien hasta ahora es coincidentemente sindicada como la persona que con mayor saña golpeó aGuirula estando esposado.Las pericias practicadas posteriormente revelan que la causa de muerte fue la brutal paliza que recibió el albañil, que le provocaron el hundimiento del tórax, estallido de un pulmón y del bazo, además de presentar severos golpes en el cráneo y la zona lumbar. La saña con la que fue golpeado estando indefenso queda demostrada en la huellas de los borceguíes que le quedaron marcadas en la piel. Asimismo quedó en evidencia que los policías participantes habrían intentado borrar pruebas, y que habrían lavado la camioneta en la que se trasladó a la víctima, en la que igualmente se detectaron rastros de sangre.

Este nuevo caso de asesinato policial recuerda al de Hugo Miguel Wasyluk en el año 2010, quien fuera golpeado con saña, también encontrándose esposado e indefenso, por policías de Villa Bonita. Las gravísimas lesiones provocadas a Wasyluk lo llevaron a la muerte en la comisaria 1ra de Oberá.

En Misiones la policía provincial acumula casos de golpizas y torturas en su haber, que en varios casos culminaron con la muerte de la víctima. En muchos casos las muertes en celda se caratulan rápidamente como “suicidio”, siendo tal carátula la mayoría de las veces una sentencia anticipada de impunidad.

Es notable la sistematicidad con que esos casos, en los que las víctimas son personas que se encuentran bajo la guarda y responsabilidad del estado provincial, terminan rápidamente en la nada. En contados casos las comisarias fueron intervenidas y se anunció que el personal policial implicado habría sido puesto “a disponibilidad”, para que en unas semanas todo regrese a la “normalidad” o que esos mismos efectivos sean trasladados a otros puntos de la provincia a donde continúan con sus prácticas represivas.
Contados son los casos en que se abre un proceso penal en contra de los responsables, lo cual tampoco es garantía de justicia: hace años que en las muertes en manos de agentes del estado no se registra un solo condenado en la provincia.
Tampoco se dan a conocer medidas políticas que demuestren alguna preocupación por parte del gobierno provincial en poner fin a esta práctica de represión que tienen una larga lista de víctimas. Recordemos que la Policía de la Provincia es una institución vertical, cuyo Jefe político es el Ministro de Gobierno Jorge Franco, quien continúa al frente de su cartera a pesar de la gran cantidad de casos de violencia policial denunciados.

Agencia Para La Libertad, periodismo de intervención socialwww.agenciaparalalibertad.org

A través de Kaos en la red

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de elites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la elite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

http://periodismohumano.com/temas-destacados/paraguay-donde-la-tierra-siembra-desposesion-y-muerte.html

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La masacre que desfiguró Paraguay sigue sin respuestas

Policías agreden a periodista de Periodismo Humano

La policía ha impedido una manifestación por la abolición de la monarquía y por un proceso constituyente frente al Congreso, mientras en el interior se aprobaba la ley de abdicación del rey Juan Carlos.

Jaime Alekos, periodista de Periodismo Humano, fue agredido y herido en el cuello por un policía, además de ser amenazado e insultado.

El dispositivo de policía antidisturbios, que superaba en número varias veces a la cincuentena de manifestantes que acudieron a la convocatoria de la Coordinadora 25S, identificó a varios de ellos para después desplazarlos a todos por el Paseo del Prado 200 metros más abajo, en dirección a la Glorieta de Atocha e impidiendo que se volvieran a acercar al Congreso.

Los antidisturbios también obstaculizaron el trabajo de los periodistas que cubrían la manifestación, alejándoles de la misma e identificando y empujando a varios de ellos.

Jaime Alekos, periodista de Periodismo Humano, fue agredido y herido en el cuello por un policía (hay un parte de lesiones) quien también le llamó “el tonto de siempre”, le quitó la cámara de vídeo, intentó borrar la grabación,  le exigió su DNI para multarle por negarse a identificarse (ver foto con DNI en la mano del policía) y  le amenazó diciendo:  ”Como subas el vídeo a YouTube, te voy a meter un puro que vas a flipar”.

Un compañero del policía le aconsejó no detener al periodista ante la manifiesta intención del agente agresor de proceder a su arresto. Algunos policías eran miembros de Puma 120, la unidad que recientemente hirió a siete periodistas, acción que fue grabada por el periodista Jaime Alekos, ahora también agredido.

Varios periodistas ha sido testigos de la agresión y han documentado los hechos.

Información relacionada:

Secuencia 02 (1)

Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención

30.03.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

La convocatoria, organizada en Madrid por la Coordinadora 25S, reunió a alrededor de 200 personas en la Plaza de Neptuno. La Unidad de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios), con un dispositivo de más de 100 agentes, identificó a la mayoría de asistentes. Una vez en Atocha, los antidisturbios detuvieron a un manifestante, golpeando a siete periodistas gráficos que documentaban la intervención.

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http://periodismohumano.com/sociedad/policias-disuelven-manifestacion-republicana-y-agreden-a-periodista-de-periodismo-humano.html

España – Juristas ven delito de prevaricación en las expulsiones en caliente de inmigrantes

por Kaos. Derechos Humanos

Jueves, 26 de Junio de 2014
“La decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las ‘expulsiones en caliente'” a Marruecos de inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla o acceden a sus playas a nado incurriría en responsabilidad penal por, entre otros, delitos de “prevaricación” y de “coacciones”.

Agencias

A esta conclusión han llegado los catedráticos y profesores de Derecho Penal, Internacional, Constitucional, Administrativo y Ética que conforman el proyecto I+D+i IUSMIGRANTE, en un informe que analiza la práctica por la que las fuerzas de seguridad, alegando un “concepto operativo”, entregan sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en las vallas y las playas de Ceuta y Melilla.

El trabajo analiza la legislación española de extranjería y sentencia que entregar a los migrantes según llegan sin siquiera identificarlos es “jurídicamente inadmisible” y no tiene amparo ni desde ese supuesto concepto de operatividad, ni en aplicación de la figura legal de ‘rechazo en frontera’ ni bajo el amparo del convenio de readmisión suscrito entre España y Marruecos.

No sólo sería ilegal, sino que “son distintos los tipos penales en que podrían subsumirse estas conductas, como son, entre otros, el delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP)”, dicen los expertos.

De esta responsabilidad penal no quedarían eximidos los guardias civiles porque, según los juristas, respecto de estos delitos “no puedan operar las circunstancias excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia debida, ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de la ilicitud del hecho”.

LA GUARDIA CIVIL DEBERÍA DENUNCIAR ESTA PRÁCTICA

“Además, todo ciudadano está obligado a denunciar los delitos que presencie o de los que tenga conocimiento (arts. 259, 262, 264 LECrim), incurriendo incluso en un delito del 450 CP quien pudiendo evitar estas prácticas no lo haga, y en un delito del art 408 CP la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, deje de promover intencionadamente su persecución“, sentencian.

El informe, que se presenta este viernes, consta de 21 páginas en las que se repasa esta práctica que según las organizaciones locales lleva vigente doce años y que no se ha reconocido oficialmente hasta que el pasado 6 de febrero, en la playa ceutí de El Tarajal, un grupo de agentes de la Guardia Civil fue grabado devolviendo en fila a Marruecos a un grupo de 23 migrantes que habían alcanzado la playa, en un intento de entrada que costó la vida a 15 personas.

Interior entiende, en este marco, que los migrantes no han entrado en España hasta que no han superado el cordón de seguridad desplegado por los agentes en la playa. Cuando se trata de las vallas, dice que hasta que no han superado todo el perímetro (es una valla doble) y rebasado a los guardias civiles apostados a continuación, tampoco han entrado. Define estas prácticas no como devolución en caliente sino como ‘rechazo en frontera’.

NO HAY NORMA QUE AMPARE LO QUE HACE INTERIOR

Los juristas dicen que “no existe ningún tipo de norma jurídica que otorgue cobertura legal a un concepto de frontera que pueda ser determinado de forma caprichosa” y aseguran que “no es jurídicamente defendible la tesis de que el Gobierno pueda modificar a su libre albedrío, mediante decisión ‘libre y soberana’, los límites del territorio nacional”. “Carece de cualquier cobertura legal la ficción en que se basa este concepto operativo de frontera“, aseguran.

Además, insisten en que son funcionarios públicos españoles quienes entregan los inmigrantes a Marruecos y sus actuaciones “quedan sometidas al estricto cumplimiento de la Constitución”, más allá de si la valla es o no territorio nacional. Es más, aunque los migrantes hubieran sido interceptados por la Guardia Civil en suelo marroquí, los agentes españoles tendrían que cumplir la legislación de España.

Respecto al argumento del convenio hispano marroquí, los expertos tienen claro que “no justifica” la aplicación de las devoluciones en caliente, primero, porque por encima del acuerdo están la Ley de Extranjería y la Constitución Española y, segundo, porque “establece nuevas obligaciones para la ejecución materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros que también se están incumpliendo”.

NO SE PUEDE REGULAR LO QUE VULNERA TANTAS NORMAS

Los juristas advierten de que “no existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura legal” a estas prácticas porque “vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución“.

“No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos (…) Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura”, dicen los juristas.

A renglón seguido, añaden: “Vulnerar los derechos pone en peligro no sólo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias y desde luego la de quienes, muchas veces en contra de su conciencia, se ven obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilícitas de las que podrían derivarse responsabilidades personales”.

En el panel de expertos que ha elaborado el informe figuran Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho internacional privado de la U.N.E.D. y magistrada del Tribunal Constitucional hasta 2012; Pablo Pérez Tremps, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Carlos III; Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid; José Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Málaga; y Enrique Gimbernat, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid; entre otros.

 

http://www.kaosenlared.net/secciones/s2/inmigracion/item/90922-juristas-ven-delito-de-prevaricaci%C3%B3n-en-las-expulsiones-en-caliente-de-inmigrantes.html

 

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¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

por Rel-UITA

Miércoles, 28 de Mayo de 2014 16:29

 

Foto G. Trucchi | Rel-UITA¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

Organizaciones internacionales expresan profunda preocupación por ataques contra familias campesinas en
Bajo Aguán

Ante los nuevos actos de represión en el Bajo Aguán, Honduras, 17 organizaciones y redes internacionales, entre ellas la Rel-UITA, demandan poner fin a los desalojos y la violencia contra las comunidades campesinas. El pronunciamiento internacional declara: “El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados anteriormente sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad”.

Una vez más se demuestra como la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la expansión de los monocultivos a gran escala, en este caso de la palma africana, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas, sigue generando muerte y destrucción.
Misión Internacional de verificación de derechos humanos en el Bajo Aguán (2011)
Audiencia temática ante la CIDH (2011)
Audiencia pública internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán (2012)

A continuación el texto completo del pronunciamiento:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEMANDAN PONER FIN A LOS DESALOJOS Y LA VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN

Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los nuevos actos de represión y violencia en contra de comunidades campesinas en el Bajo Aguán.

Según información verificada por las organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, este pasado 21 de mayo, en horas de la madrugada, un contingente conformado por 315 miembros del ejército y de la policía y 40 agentes de seguridad privada participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y El Despertar utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas. En ambos casos las autoridades se negaron a presentar las órdenes de desalojo, y en el caso de la Trinidad incluso procedieron al desalojo violento sin mediar palabra.

En la finca El Despertar las acciones violentas produjeron 2 heridos que aún siguen hospitalizados, y 14 personas capturadas entre las cuales se encontraban 5 menores que  fueron liberados posteriormente, mientras que las restantes 9 personas, entre ellas cuatro mujeres, una de ellas embarazada, fueron detenidos por varios días . Cabe anotar que entre los detenidos también se encuentran Jaime Adaly Cabrera Del Cid, Presidente de la Plataforma Regional Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Presidente de Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes gozan de medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014. Después de su liberación, los Juzgados les dictaron medidas sustitutivas, como intento claro de criminalización y medida que  dificulta el ejercicio de la labor de defensa de la tierra, en especial de los dos dirigentes campesinos.

Luego de los desalojos las fuerzas de seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de las fincas, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Sólo después de diligencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el contingente permitió que las familias campesinas retiraran sus pertenencias personales.

Durante los últimos años, hemos venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el valle del Bajo Aguán, inter alia, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en Tocoa, Colón, el 28 de mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el Compliance Advisor Ombusman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sobre el caso del Bajo Aguán, en 2013 y 2014. Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a la situación de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán por más de una década.

En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012 establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del MARCA, efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994.

Cabe recordar también que el abogado de los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quien había trabajado exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades. En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad.

Esperamos que el retiro de las armas de fuego de los guardias de seguridad en el Bajo Aguán, anunciado por la Corporación Dinant el 22 de mayo, ayude a reducir la violencia en la región. Con esto, responde a la presión internacional e implícitamente admite el involucramiento de sus guardias en actos de violencia anteriores. Al mismo tiempo, nos parece extraño que Dinant también anunciara que están construyendo casas para uso domiciliario de militares de la operación Xatruch en la finca Paso Aguán, en plena confusión de roles entre entidades del Estado e interés corporativo.

En relación con los hechos del 21 de mayo, las organizaciones firmantes demandamos el retiro de las medidas sustitutivas dictadas contra las campesinas y campesinos quienes fueron detenidas; la investigación exhaustiva sobre los acontecimientos y los juicios contra los responsables; y la garantía de la imparcialidad de la justicia en relación a la restitución de las tierras de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, a favor de los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).

En relación con la situación general en el Bajo Aguán, seguimos insistiendo en lo que manifestamos hace dos años de la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012, en Tocoa:

Al Estado hondureño:
•    Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
•    Cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
•    Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
•    No emprender más desalojos forzosos.
•    Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.
•    Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

A la comunidad internacional:
•    Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.
•    Revisar  los acuerdos de cooperación financiera de la cooperación internacional y bancos multilaterales con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
•    Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justicia y del pleno respeto de los derechos humanos.
•    Suspender la cooperación internacional que promueva la militarización y agrave la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

Estas demandas siguen vigentes. Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este conflicto agrario es el más grave en términos del grado de violencia en contra de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América Central.

Fuente: LINyM

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/88685-%C2%A1basta-ya-con-la-violencia-y-los-desalojos-en-el-bajo-agu%C3%A1n.html