Colombia – 830 indígenas desplazados en Buenaventura se suman a los 140 mil en 15 años

10 dic 2014

El defensor del Pueblo regional Valle, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, denunció en rueda de prensa, la desatención a la que están sometidos los 830 indígenas desplazados en Buenaventura, por parte de las autoridades locales.

Los indígenas pertenecientes a la etnia Wounaan, que huyen de los enfrentamientos armados, vienen llegando a Buenaventura desde marzo de 2014 y fueron conducidos, unos 430, al coliseo del barrio El Cristal, el resto permanece en casas de familia en distintos barrios de la ciudad.

Llama la atención de la Defensoría, la actitud indiferente de la Alcaldía, que prestó el coliseo para un evento masivo, aún con la presencia de los ciudadadanos indígenas en condición de desplazados dentro del mismo.

Como lo denuncia el senador Alexánder López en rueda de prensa que abrió el evento Marcando Territorio que se realiza del 10 al 12 de diciembre en Buenaventura, en 15 años se han presentado 140 mil personas desplazadas del municipio de Buenaventura. Como se anota, este municipio es expulsor, receptor y tiene, además, la modalidad de desplazamiento intraurbano.

Al mismo tiempo que se agudiza el conflicto armado, denuncia López, el puerto es pujante y amplia en dos millones de toneladas más, su capacidad de carga. Es un contrasentido, denuncian también algunas víctimas presentes en la rueda de prensa, que en Buenaventura se hagan megaproyectos sobre los barrios, y la gente tenga que sufrir noche y día sus consecuencias, como sucede en los barrios Inmaculada y Santafe con el puerto multimodal TCBUEN.

Sobre los desplazados del río San Juan, dijo el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez: “ya son nueve casos de desplazamientos masivos registrados durante 2014 (con un total de 2.007 personas afectadas), generados particularmente por el acoso de que son objeto las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan las riberas del río San Juan en el sur del Chocó y noroccidente del Valle, lo cual les ha generado estar en permanente confinamiento”.

Por su parte, Adriel Ruiz, vicario de la parroquia del barrio Lleras y miembro de la Coordinación Regional del Pacífico, enfatizó que el tipo de violencia que hoy vive Buenaventura que cumple 15 años, no es un fenómeno histórico. Sí lo son las condiciones socio-económicas y de abandono estatal, pero la gente las resolvía mediante la minga y la soldaridad. Hoy, Buenaventura respira desconfianza y miedo.

Por último, el retorno de estas familias Wounaan es cada día más difícil por la actitud negligente de la Gerencia Social que administra la ciudad desde el mes de marzo de este año, figura creada por el Estado con el supuesto propósito de adaptar a la ciudad y al puerto con las exigencias del comercio interbnacional.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/indigenas-desplazados-buenaventura-suman-anos/1153

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Afrontar la minería, un reto de las comunidades

Los días 25 y 26 de noviembre la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) con el apoyo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y acompañada por las Naciones Unidas llevó a cabo el foro “Costa Pacífica frente a la minería” en Guapi (departamento Cauca).

Durante los dos días más de 30 personas, entre mujeres y hombres, representes líderes de los Consejos Comunitarios de los municipios Guapi, Timbiquí y López de Micay, discutieron sobre la problemática de la minería y las graves consecuencias ambientales y sociales que conlleva esta actividad extractivista mecanizada para las comunidades en la costa pacífica.

Los participantes del foro expresaron la gran preocupación por la crisis alimentaria que se viene presentando en la región, y sus afectaciones a largo plazo, esto debido a la alarmante contaminación de los ríos con mercurio y cianuro, la pesca está contaminada y está disminuyendo. Aún encima los suelos revueltos y contaminados en las orillas – sólo a lo largo del río Timbiquí se contaban al rededor de 105 retroexcavadoras – ya no permite cultivos de plátano y yuca, que al igual que el pescado hacen parte de los alimentos básicos de los pueblos afros e indígenas.

Las comunidades cuentan como la actividad minera ya está generando secuelas en la salud de las personas, en especial de los niños, los alimentos contaminados por el mercurio como la piangua, el pescado bocachico, el camarón, ya consumidos son un veneno para la vida, perjudica el sistema nervioso y propicia enfermedades como la minamata.

“Escucho eso y me pregunto, si seguimos así, ¿qué vamos a comer en el futuro?, ¿de qué vamos a vivir, y dónde?” se preocupa un líder del río Saija. “Obviamente el oro no se puede comer. ¿Y qué nos sirve si el precio son enfermedades y por la contaminación ya no tenemos dónde vivir?” Para los participantes del foro la fiebre del oro se ha vuelto en una pregunta esencial: ¿Optamos por el oro o por la vida?

Por ahora los Consejos Comunitarios de la costa Pacífica del Cauca optan por la acción y la incidencia. Son los dueños de los territorios y por eso no van a permitir que se acabe con ellos. Al contrario, van a buscar los espacios adecuados, locales, nacionales e internaciones para hacerse escuchar; por ejemplo en la Mesa Departamental Minera Ambiental del Cauca, instalada por el gobernador – con él mismo quieren hablar y presentar un diagnóstico sobre la situación minera en los tres municipios. Mientras tanto también hay otras cosas que se pueden hacer – en lo pequeño: sensibilizar a sus comunidades. Hablar con sus familias, vecinos y amigos de las consecuencias que conlleva la minería y los daños a generaciones futuras.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/afrontar-mineria-reto-comunidades/1147

Bajando el Magdalena – Inventario de cómo quieren explotar y entregar a transnacionales los recursos energéticos del Huila

Un temor recorre de arriba a abajo a esta región del sur de Colombia: los 9 megaproyectos energéticos que propone una empresa de China para el río Magdalena, las 37 microcentrales de energía planteadas para zonas de alta pendiente de montaña y las 12 áreas petroleras ya entregadas en concesión.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales. Juan Gonzalo Betancur
 Por Juan Gonzalo Betancur

Preocupa mucho el gran interés en todo esto de empresas transnacionales extranjeras que no tienen sentido de pertenencia por el territorio y su gente. Mientras en el resto del país estos problemas no se conocen y los grandes medios de comunicación no hablan sobre ellos, en este departamento del Huila el asunto es tema de conversación en todos lados. Así se constata al ir de pueblo en pueblo bajando el río Magdalena donde de una forma u otra el asunto aparece hasta en la charla más desprevenida.

A simple vista parecería que la queja es cosa de ambientalistas, campesinos, indígenas o defensores de comunidades marginadas, pero la cosa va más allá.

Incluso, en varios municipios toda la clase política local (sin distingos de partido) ya se unió en contra de estos proyectos, para lo cual ha contado hasta con el apoyo de empresarios del campo, pues se afectan las tierras más fértiles y productivas de la región.

En Neiva, hace unos meses hubo una masiva marcha de protesta (se calcula en unos 40 mil los participantes) que salieron a las calles contra el intento de hacer exploraciones petroleras cerca del río Las Ceibas, que surte de agua a esa ciudad.

En otras localidades el asunto sigue siendo apenas tema de los posibles afectados, mientras hay un tercer grupo en el que están los que ven todo desde la distancia porque la situación no será con ellos o porque se pueden beneficiar de alguna forma.

Lo cierto es que en todo el Huila saben algo del asunto y lo comentan por los impactos físicos, ambientales, sociales y hasta culturales que eso traería sobre sus comarcas, debido al tamaño de los macroproyectos y a su dispersión por toda la geografía “opita”, de acuerdo con el gentilicio para los nacidos en este departamento.

Según Asoquimbo, un movimiento ciudadano que surgió en oposición al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, actualmente en construcción, estos son los megaproyectos planteados para el Huila con el aval e impulso del Gobierno Nacional de Colombia:

 

Proyectos hidroeléctricos

De acuerdo con el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, que realizó la empresa Hydrochina, compañía estatal de ese país, se proponen construir grandes represas para que el Huila quede con 9 en total y el vecino departamento del Tolima con 8. Todas aprovechando las aguas del principal río de Colombia.

Ese plan, que ya fue entregado pero solo en una versión en inglés, contó con el aval del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos. Esta estrategia hace parte de la llamada “locomotora” minero-energética que desarrolla el mandatario dentro de su plan de gobierno Prosperidad para Todos.

De acuerdo con denuncias recogidas en la región, fue financiado casi en su totalidad por la propia compañía china, pues aportó 11.7 millones de dólares para los estudios, mientras el Estado colombiano solo puso 750 mil dólares por intermedio de Cormagdalena, la corporación autónoma regional con jurisdicción en todo el río Magdalena.

Represas en Huila

En un tramo de apenas unos 300 kilómetros:

Municipio de Pitalito: represa Guarapas, para producir 140 megavatios de energía (MW) y Chillurco (180 MW).

Municipio de Oporapa: represa Oporapa (220 MW). La empresa colombiana Emgesa, controlada por la italiana Endesa, inició ya los trámites para el otorgamiento de la licencia ambiental, documento que permite el inicio del proyecto. En ese municipio, el Concejo municipal solicitó al alcalde, el 30 de agosto pasado, realizar una consulta popular “para impedir la construcción de la represa de Oporapa y actividades de explotación minera y petrolera en el municipio”.

Municipio de Timaná: represa Pericongo (80 MW).

Zona central del Huila: represa El Quimbo (400 MW), actualmente en construcción.

Municipio de Yaguará: represa Betania (520 MW), construida hace tres décadas.

Municipio de Neiva: represa El Manso (140 MW).

Municipio de Aipe: represa Veraguas (130 MW).

Municipio de Villavieja: represa Bateas (140 MW).

En Tolima:

Municipio de Natagaima: represa Basilias (140 MW).

Municipio de Purificación: represa Lame (560 MW).

Municipio de Girardot: represas Carrasposo (170 MW) y Nariño (220 MW).

Municipio de Ambalema: represa Ambalema (160 MW).

Municipio de Cambao: represa Cambao (100 MW).

Municipio de Honda: represa Piedras Negras (100 MW).

Así mismo, se habla de otras 3 represas más entre Tolima y Cundinamarca.

Microcentrales para la producción de energía

Son del tipo “a filo de agua”. No implican grandes represas, sino que se toma el líquido de un río, se aprovecha la caída del agua por una pendiente montañosa para llevarla a una casa de máquinas donde se produce la energía y luego se devuelve a su cauce natural.

De un total de 37 proyectadas y que se podrían construir en los próximos 10 años, ya hay 14 solicitadas para construir con capital privado en los ríos El Bache, Aipe, Neiva y Las Ceibas, entre otros.

Dichas solicitudes se hicieron ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), la autoridad ambiental con jurisdicción en la región.

http://otramerica.com/especiales/el-blog-la-ruta/inventario-como-quieren-explotar-entregar-transnacionales-recursos-energeticos-huila/3246

Donde nace la coca

Donde confluyen los flujos 3

jueves 16 de octubre de 2014

¿Se puede seguir el flujo de un producto en el que todos los eslabones de su cadena son ilegales? ¿Se puede seguir el flujo de la coca desde el cultivo de su hoja hasta el producto final que se esnifa o fuma en cualquier ciudad del planeta? Lo intentaremos, para empezar de la coca a la cocaína.

¿Se puede seguir el flujo de un producto en el que todos los eslabones de su cadena son ilegales? ¿Se puede seguir el flujo de la coca desde el cultivo de su hoja hasta el producto final que se esnifa o fuma en cualquier ciudad del planeta?

Sí, se puede llegar a vislumbrar un panorama general de todo el proceso, basado en la multitud de informaciones dispersas de cada eslabón de la cadena y en las estimaciones de los organismos de monitoreo e interdicción. Un rápido y esquemático dibujo de este flujo nos ayudará a visualizar, o por lo menos comprender de manera más o menos sencilla, el complejo sistema de los flujos y sus confluencias o el de la multiescalaridad geográfica. Probemos a hacer este paseo imaginario que nos ayudará a identificar numerosos elementos de la temática que estamos tratando (por lo menos así ya tendremos una imagen de conjunto para cuando hablemos, por ejemplo, de minería, palma aceitera, soja, petróleo o fiscalidad offshore).

Por supuesto nos estamos refiriendo a la hoja de coca que se cultiva y se transforma para la comercialización y consumo de uno de sus alcaloides, la cocaína. Estamos tratando del megaproyecto extractivo colonial de producción, tráfico y consumo de narcóticos (narcotráfico). Por eso queda fuera de este flujo todo lo que tiene que ver con los usos ancestrales y culturales de la hoja de coca (desde el mambeo o coqueo o mascado a las infusiones, alimentos o ritos de numerososPueblos Indígenas del área  amazónico-andina, ¡todo un regalo de la Pacha Mama!), cuyo uso legal está regulado en mayor o menor grado de definición en los tres países productores: BoliviaPerú y Colombia. Vaya, que podemos suscribir esa frase que repiten los defensores de la hoja de coca del área andina que dice que…

La Hoja de Coca NO es Cocaína al igual que la Uva no es Vino

De interés…


Todo un hito histórico (por lo menos en el papel) aconteció con la llegada a la jefatura del Estado de Bolivia de un sindicalista cocalero e indígena (recientemente re-elegido para su tercer mandato). Basta con leer el artículo 384 de la nueva constitución política boliviana para darse cuenta del nuevo estatus legal adquirido por la hoja de coca en el país (o re-conquistado).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Capítulo Séptimo – Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y Recursos Forestales. Sección II. Coca

Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley.

Veamos dónde se inicia el flujo que transforma la hoja de coca en narcótico polvo blanco.

  DE LA COCA A LA COCAÍNA

 Actualmente, el flujo de la coca se inicia en determinadas áreas de BoliviaPerú y Colombia. También han sido identificados y erradicados algunos cultivos de mata de coca en Ecuador y Panamá (especialmente en el área fronteriza con Colombia). Los últimos datos publicados por UNODC en 2014 (correspondientes al año 2013) indican que el área cultivada asciende a48.000 ha netas en Colombia, 49.800 ha netas en Perú y 23.000 ha netas en Bolivia (en Bolivia además, el área de cultivos legales regulados por la Ley 1008 asciende a 12.000 ha). De estas 121.000 ha netas se nutre el mercado mundial de la cocaína (2013), aunque el área afectada por los cultivos es aún más grande; así, en Colombia por ejemplo, el área ascendió hasta las 89.215 ha si se adicionan los cultivos erradicados manualmente y los erradicados mediante fumigación aérea.

En las áreas de producción se cultiva la mata de coca y se recoge su hoja (“se raspa”). Es un cultivo eminentemente campesino y familiar en el que no suelen cultivarse grandes extensiones (fáciles de localizar y fumigar) ni suele darse el monocultivo (se intercala su cultivo con el pancoger). En ocasiones, aunque cada vez menos debido a una mayor presión monopolística del narco, son los campesinos quienes elaboran la primera transformación de la hoja a la pasta básica, si no, se vende la hoja de coca al peso.

El cultivo de la hoja de coca es recogido en el mismo campo de producción por los compradores, primeros intermediarios que son realmente quienes inician la cadena del narcotráfico. Al contrario que otros cultivos (yuca, plátano, etcétera) no es el campesino el que se tiene que desplazar, a veces durante horas o incluso días, hasta la plaza de mercadeo más próxima para vender su producto sino que vienen a recogérsela a su propio campo. Las ventajas de cultivar coca son evidentes… pero también los inconvenientes. Ningún cultivador se ha hecho, ni se hará, rico con este cultivo. La riqueza -o el valor añadido del producto de esta cadena- se genera en otros eslabones de la cadena productiva.

Y aunque las miles de familias (UNODC estima que eran 61.700 hogares en Colombia en 2013) que cultivan las matas de coca no se deben considerar como parte de la cadena del narcotráfico, son tratados como tales por los organismos estatales (o internacionales) de interdicción y erradicación. La cadena del narcotráfico empieza con la compra de la hoja de coca, sigue con su transformación, continúa con su transporte a lo largo y ancho del planeta y termina con su venta en los mercados minoristas, sin olvidar el lavado del beneficio en la economía formal. Ni el consumidor final ni el cultivador de la coca son narcotraficantes pero suelen ser así tratados por la mayor parte de las autoridades políticas y judiciales en el mundo.

Es cierto que soplan vientos de cambio en los foros que determinan las políticas reguladoras del uso de las drogas, tomando más fuerza las tendencias que tratan el tema desde ópticas de legalización, salud pública o desde enfoques de intervención socio-económica rural integral. Pero no hay que llevarse a engaño, la inercia internacional todavía es grande y el grueso del negocio sigue bien activo y dinámico, invirtiendo, por ejemplo, en la construcción de edificios en Ciudad dePanamá o abriendo cuentas en agencias de Lehman Brothers.

 

CULTIVADORES · Cultivadores en el Perú. Foto prensa ‘La República.pe’

Es poco probable que cultivadores y consumidores se piensen mutuamente mientras cultivan la hoja de coca o esnifan la cocaína. Tampoco es probable que sean demasiado conscientes de que son eslabones extremos de una misma cadena -la del flujo mundial de la cocaína- en la que suelen llevarse magros beneficios pero la mayor parte de las afectaciones o efectos nocivos, ¡exactamente igual a como pasa en cualquier otro sector extractivo colonial!

Sin dejar todavía las zonas de cultivo de la hoja de coca, no conviene perder la perspectiva global y tener presente cual es la dinámica actual de las áreas productoras de cultivos declarados como ilícitos en el mundo. Hemos elaborado un mapa que intenta dar una completa instantánea del tema, marcando áreas de cultivo y legalidad del mismo:

 

Antes de seguir avanzando con el siguiente eslabón – donde se transforma la hoja en pasta, luego en base y finalmente en clorhidrato de cocaína-, vamos a esquematizar [en la próxima entrada de la serie] los cruces de flujos y las distintas geografías que se pueden trazar en las áreas de producción de coca.

Excelente charla de Alfredo Molano, historia oral, contexto y flujos históricos del cultivo de la coca y la marihuana en ColombiaFidel

http://otramerica.com/mapas/donde-nace-la-coca/3261

Colombia – “El Estado revictimiza al Chocó”

1 oct 2014ELESPECTADOR.COM.

Defensoría del Pueblo revela, en su más reciente resolución, las presuntas negligencias que tienen sumida a la población del Chocó en una grave crisis humanitaria. Unidad de Víctimas y Minsalud estarían incumpliendo sus funciones.

Vivienda en Puerto Meluk, Medio Baudó

Desde siempre, factores geográficos, económicos y de fragilidad institucional han permitido el afincamiento de distintos actores armados en el departamento del Chocó. Hoy, las Farc, el Eln y el brazo rural de los Urabeños, conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cometen múltiples crímenes contra la población civil en su cruzada por lucrarse del narcotráfico y de rentas legales e ilegales como la minería, la extorsión, la extracción de recursos naturales y el cobro de “impuestos”. Esa pugna ha fracturado el equilibrio de las comunidades negras e indígenas y ha puesto en peligro su pervivencia, un asunto de tal gravedad que ha sido tratado en distintas ocasiones por la Corte Constitucional.

Sin embargo, la vulnerabilidad de esos grupos étnicos, que representan el 96% de los habitantes del departamento, se ha visto agravada por la lánguida respuesta del Estado, que ha sido incapaz de reversar la crisis. Justamente, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, acaba de firmar una resolución en la que denuncia graves falencias en las actuaciones de las instituciones encargadas de atender a la población. Una de las que sale peor librada es, paradójicamente, la Unidad de Víctimas, que según la Defensoría no ha avanzado en la realización de las consultas previas para definir con las comunidades la manera como serán reparadas colectivamente, lo cual “no responde a las necesidades urgentes de atención y reparación”.

Otra de las críticas es que, supuestamente, la Unidad no ha atendido los casos de confinamiento que se han presentado por cuenta de enfrentamientos y restricciones a la movilidad ordenados por los grupos armados. Sobre este punto, la Defensoría aseguró que “el derecho a la atención humanitaria inmediata, especialmente en los temas alimentario y de aseo, es generalmente desconocido por la Unidad de Víctimas. Como sucedió con el confinamiento de las comunidades Las Delicias, Batatal y Puerto Misael, en noviembre de 2013, cuando amparados en cuestiones de seguridad, orden público o insuficiencia presupuestal, ignoraron la obligación de brindar la asistencia humanitaria”.

Además, cuestionó que el Registro Único de Víctimas, a cargo de la Unidad, solamente hubiera reportado el desplazamiento de 833 personas entre enero y junio, mientras la Defensoría pudo constatar, en ese mismo periodo, la expulsión de al menos 3.311 pobladores de municipios como Riosucio, Medio Atrato y Alto Baudó. Una diferencia de 2.478 personas que podría incidir en la formulación de políticas y planes de contingencia. Más aún, en la otra orilla, la del retorno de las comunidades desplazadas, también resultó cuestionado el Ministerio de Salud, que según la resolución defensorial no ha cumplido los compromisos del Plan Interinstitucional de Retorno de Víctimas elaborado en 2013.

La Defensoría apuntó que las comunidades retornadas reclaman “que se construyan y reconstruyan puestos de salud en zonas rurales, que cuenten con dotación y personal médico, así como con la formación y contratación de miembros de las comunidades para que ejerzan como promotores de salud”. Y denunció que en lo corrido del año han muerto 20 menores de cinco años por falta de prevención o tratamiento, en su mayor parte niños que integran el grueso de víctimas que han retornado a zonas como el Alto Andágueda. Entre los hallazgos sobre las irregularidades en la prestación del servicio de salud, se destacan que “las EPS no cuentan con red suficiente para atender a la población afiliada, en ninguno de los niveles de atención, ni cumplen con su función de aseguramiento, ni de supervisión, de las IPS que contratan”.

Asimismo, que “las IPS contratadas no cuentan con los servicios que ofertan a las aseguradoras para la adecuada atención de la población afiliada, existen anormalidades de contratación respecto a los medicamentos, las EPS Comparta y Caprecom no cumplen con lo establecido por la norma y la Ips Santa, que atiende a las comunidades indígenas del Alto Andágueda, no cuenta con la infraestructura, personal idóneo, ni requisitos mínimos exigidos para un primer nivel de atención”, entre otras situaciones. A ello se suman problemas de tipo diferencial, como que el personal médico es incapaz de comunicarse con sus pacientes indígenas debido a la falta de traductores y la inexistencia de un censo actualizado de esa población, lo que “impide una adecuada asignación de recursos públicos y su correspondiente acceso oportuno a los servicios a que tiene derecho”.

Las falencias en todos los niveles han ocasionado que, por ejemplo, los niños y niñas de algunos resguardos indígenas no sean registrados al nacer o al morir, lo que en concepto de la Defensoría los “invisibiliza en su carácter de ciudadanos”. Además, el deficiente estado de las vías ha dificultado el acceso a los pocos servicios de asistencia ofrecidos en la región, produciéndose hechos tan lamentables como la muerte de Adolfo Arias, un hombre de 38 años que “no soportó llevar la ayuda humanitaria de sus 10 hijos en sus hombros y murió en el camino a su comunidad a causa de un infarto”. De ahí que el defensor le haya formulado recomendaciones a múltiples entidades para que asuman sus funciones y mejoren la calidad de vida de los chocoanos.

Entre los llamados a resolver la crisis se encuentran los ministerios de Defensa, Interior, Hacienda y Salud, la gobernación del Chocó, la Unidad de Víctimas, la Superintendencia de Salud, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Registraduría y la Comisión Interesectorial para la Prevención del Reclutamiento. Ello, porque según el defensor, “las intervenciones de las instituciones han sido parciales y esporádicas, y no cuentan con un enfoque diferencial-étnico”, razón por la cual “la precaria respuesta del Estado ha generado y facilitado la revictimización de la población desplazada y confinada que ha retornado a las zonas rurales del departamento del Chocó”.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/estado-revictimiza-choco-defensoria/1119

Hollman Morris: “Colombia se acerca rápidamente a firmar la paz y a partir de ese momento hay que hacer la paz”

Ha sufrido amenazas y exilio; dirige la televisión pública de Bogotá y los movimientos sociales sugieren su nombre para la Alcaldía

El periodista y comunicador colombiano, Hollman Morris. A.M.

Colombia es país en el que durante casi 60 años un conflicto armado ha producido 50.000 desaparecidos y casi cinco millones de desplazados y que ahora parece ver la luz gracias a un complejo proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese difícil escenario Hollman Morris, periodista, director de la emisora de televisión pública de Bogotá Canal Capital, mantiene un complejo pulso  en sus emisiones dedicadas a difundir los Derechos Humanos. Han sido doce años de amenazas de muerte que le obligaron a dos exilios. Su trayectoria ha llevado a una nutrida base social a proponer su nombre para las próximas elecciones municipales.

-¿Y usted que opina? 

-Me impresiona y no sé muy bien que pensar, yo soy periodista y estoy donde quiero estar informando sobre Derechos Humanos.

Apoyo social

En estas declaraciones a ELPLURAL.COM Hollman Morris se mostraba un tanto perplejo y a la vez emocionado. El aliento de intelectuales, artistas, de movimientos sociales y ciudadanos de toda condición a él y al modo de televisión que propugna le produce entusiasmo. En agosto, este apoyo se traducía en una carta que empezaba: “cuando aparece un ciudadano excepcional, puede identificársele por un signo: todos los necios se conjuran contra él”.

“Creador televisivo”

“A Hollman le pasa eso: aquellos que a diario, detrás de los micrófonos de las emisoras poderosas, derraman una locuacidad sesgada para volver gregarios a los oyentes, no soportan a un creador televisivo que hace sentir como Pedro por su casa, en las instalaciones de un canal público, a los afros, las víctimas, las mujeres, los indígenas, los LGBTI, los cineclubistas, los grafiteros, los artistas, los estudiantes contestones, los líderes inéditos de las causas más disímiles e ignoradas, en síntesis, la sociedad completa”, sintetizaba el escrito.

Doce años de amenaza

Hollman Morris lleva 20 años de profesión cubriendo para distintos medios el conflicto armado colombiano y cerca de doce recibiendo amenazas. De esta labor ha llevado entre otros reconocimientos internacionales, el premio Núremberg de Derechos Humanos. O el que concede International Rights.

La visión de las víctimas

El problema es el empeño de Morris en contar la historia desde la visión de las víctimas, no recurrir, como hace buena parte de los medios informativos de forma unilateral a la versión oficial  del Gobierno o del ejército  como únicas fuentes informativas, arruinando así la tarea esforzada de las fuerzas vivas para dar una imagen del país del tipo de “aquí no pasa nada”.

-Tuvo que exiliarse dos veces.

-La primera ocasión fue a España, donde nació mi hija. Tengo que dar las gracias, siempre a Amnistía Internacional España sin quienes mi vida hubiera sido otra. La segunda a Estados Unidos después de que mi familia sufriera un acoso psicológico terrible.

Una muñeca ensangrentada

En casa de Hollman las amenazas se recibían en forma de corona fúnebre, terror solo superado por  algo digno de la peor pesadilla, cuando su niña recibió a su nombre una muñeca ensangrentada.

Los ‛protectores’ espías

Sucedió también que el Gobierno  llegó a ponerle protección en el año 2000. En 2009, Hollman averiguó que los servicios de información tenían sus teléfonos pinchados. Los protectores le espiaban. A él y a una serie de personas a las que se había sometido a una persecución sistemática. En octubre de 2013, el proceso judicial abierto por esta causa fue declarado prescrito por la Corte Suprema de Colombia.

-Usted no ha olvidado y ha batallado ante los tribunales de su país por todo lo que han sufrido.

– Y voy a seguir peleando;  piense que estamos hablando de torturas sicológicas a todo un grupo familiar.

-¿Por qué volvió? Tenía su vida hecha en una prestigiosa Universidad estadounidense.

-Bueno, ocurre que el colombiano se diluye en el exilio pero yo me regresé y estoy ahí dirigiendo un Canal público de televisión.

-Que resume todo su trabajo desde que empezó en periodismo.

-Es la primera vez que en Colombia una televisión pública habla de Derechos humanos. Frente a las fuerzas dominantes que han sometido a los ciudadanos. Tengo el privilegio de servir a la cultura de paz desde un medio informativo.

“Narcoterrorista”, “proxeneta”…

Su tarea no ha sido –ni es-  tampoco fácil.  Lo cierto es que a Hollman le han llamado de todo. Primero fue la gravísima acusación del presidente Uribe que en una entrevista televisiva acusó al periodista de “vocero del narcoterrorismo”, porque entrevistó a un comandante guerrillero. Sus emisiones sobre el colectivo de gays y lesbianas ha llevado a algunos concejales a calificarle de “corrompido y proxeneta”.

Y la audiencia subiendo

La transmisión de un concierto de Paul McCartney le llevó a juicio de mano de la procuraduría por “despilfarrador”, aunque después fue absuelto. Sin embargo, la audiencia de Canal Capital ha ido subiendo a cotas inimaginables antes de que aceptara la gerencia del ente televisivo.

– ¿Cuánto durará Canal Capital en esta línea que usted ha iniciado?

– Durará tanto como los ciudadanos quieran defenderlo. Es una herramienta para la defensa de la sociedad. El que haya subido la audiencia es un signo del poder de los ciudadanos.

-¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir ese poder?

-Que Colombia un país complicado que busca la reconciliación.

– Usted asistió como periodista a las conversaciones de paz en La Habana. ¿Cuál es su impresión?

– Creo que Colombia se acerca rápidamente a firmar la paz y a partir de ese momento hay que hacer la paz.

-¿Y está preparado para la paz el país?

-Se necesita una gran campaña pedagógica para sacar adelante los acuerdos que se firmen. Si no hay un acompañamiento pedagógico, la desilusión puede ser mayor.

-¿Quienes se oponen?

-Los  sectores tradicionales del poder en Colombia que siempre han pensado solo en ellos y desean mantener a toda costa su poder local. El problema es la tenencia de tierras pero el Gobierno no ha dicho que haya que expropiar sino hacer un uso de las tierras baldías que se distribuirían. Lo que ocurre es que también se plantea una subida de impuestos a los terratenientes, que ahí se resisten.

-¿Y en cuanto a las FARC? ¿Qué perderían?

-También es complicado porque habrá penas de cárcel e incluso pueden pedir la extradición de algunos de ellos desde otros países.

-¿Qué necesita entonces  desde el punto de vista político Colombia para seguir adelante?

-Hay necesidad de nuevos liderazgos jóvenes en la política colombiana progresista, como está pasando aquí con el PSOE o con los nuevos movimientos sociales como Podemos que recogen las opiniones de la ciudadanía. En Colombia se plantea la necesidad de nuevos liderazgos.

-¿Qué hay de esa sugerencia de que usted sea uno de esos líderes?

-Mi trayectoria de vida, mi trayectoria profesional ha llevado a algunos a plantear que yo pueda asumir un nuevo liderazgo como alguien que desde lo social sabe gerenciar desde la cultura de paz. Esta idea surge de nuevas ciudadanías, de nuevos movimientos como por ejemplo los medio ambientales, o los sociales.

-¿Se presentaría usted?

-No estoy seguro de hacerlo.

http://www.elplural.com/2014/09/08/hollman-morris-colombia-se-acerca-rapidamente-a-firmar-la-paz-y-a-partir-de-ese-momento-hay-que-hacer-la-paz/

Colombia – Llega el turno de las víctimas al diálogo de paz del Gobierno con las Farc

Colombia – Así se inauguró la ‘Semana por los desaparecidos’

Publicado 28 May 2014
Conversatorio con relatores de los informes Conversatorio con relatores de los informes Foto por Álvaro Cardona

Colombia tiene tres veces más desparecidos que los que hubo en las dictaduras de Chile y Argentina. Esta es una de las revelaciones que se hicieron ayer en el marco de la inauguración de la ‘Semana por los desaparecidos. Ausencias que interpelan’, la cual tuvo lugar en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá.

El evento que contó con la participación de 440 asistentes y que reunió por primera vez a doce organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada de todo Colombia, sirvió para lanzar los cuatro informes  que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) realizó sobre el tema, en un proceso que se prologó por más de dos años de trabajo.

Estos tratan las siguientes temáticas:

Este lanzamiento contó también con la asistencia del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien destacó este trabajo como fundamental para lograr que haya verdad en el proceso de paz actual y los venideros, ya que “no es posible una paz sobre la base del olvido”, afirmó.

Así mismo, Gonzalo Sánchez, director del CNMH, habló del significado de la desaparición forzada en la historia de Colombia como una herramienta de invisibilización, usada principalmente por agentes del Estado, que sigue vigente, que tuvo un capítulo reciente en los mal llamados ‘falsos positivos’ y que se sigue practicando en Buenaventura, entre otros lugares de la geografía nacional.

El encuentro también sirvió para que los autores del informe discutieran los hallazgos de sus investigaciones, las cuales permitieron consolidar la cifra oficial del número de colombianos desaparecidos en los últimos 40 años: 26.000.

Frente a los cuatro informes, Janeth Bautista, directora de la ‘Fundación Nydia Érika Bautista’,  afirmó que por primera vez los familiares de las víctimas de desaparición forzada “no se sienten solos”, al tiempo que criticó el tratamiento que el Estado le ha dado a este crimen y exigió acciones más efectivas para combatir esta atroz práctica.

El evento terminó con los alabados de las ‘Madres por la vida’ de Buenaventura y con el lanzamiento de la exposición ‘Ausencias’, del argentino Gustavo Germano que estará durante un mes en el Centro Cultural Gabriel García Márquez.

“Me acusaron de terrorista por defender los derechos de mi comunidad”

En conflicto

Cruz Elisa Buitrago ha sido durante 15 años líder comunitaria en La Vereda El Porvenir, del municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia (Colombia). A finales de 2002 denunció la complicidad de miembros del Ejército Nacional en ejecuciones extrajudiciales y comercio de material bélico con los grupos armados. La respuesta fue una campaña de desprestigio y amenazas de muerte por parte de paramilitares.

Se vio obligada, junto a su familia, a esconderse. Ante la falta de una respuesta definitiva sobre su protección por parte del gobierno de Colombia, en septiembre de 2013, Cruz Elisa Buitrago, junto con su marido y sus hijos, viajó a España, donde permanece acogida al programa de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Hablamos con ella durante su paso por Madrid.

¿Cuál es su origen?

Vengo de un hogar campesino. Mi padre y mi madre son campesinos. Como agricultores y ganaderos tanto hombres como mujeres participamos de todas las labores. Mi marido y yo nos convertimos en líderes comunitarios para trabajar en defensa de los derechos de nuestra gente. Tratamos de resolver los conflictos de una forma pacífica, buscando el desarrollo económico y social de nuestro territorio.

¿Por qué deciden convertirse en líderes comunales?

No lo decidimos. Vivíamos en una zona campesina alejada del casco urbano. Para llegar a nuestro territorio tardábamos tres horas a lomo de burra. Nos tuvimos que formar como líderes porque allí no había presencia del Estado. Teníamos que liderar nuestros propios asuntos. A medida que íbamos cumpliendo años, no solo mi marido y yo, sino todos asumimos más responsabilidades.Cuando volvió a aparecer la violencia en el territorio, tuvimos que reforzar nuestro liderazgo. Nosotros no éramos líderes, nos hicimos líderes. La violencia nos forzó a entrar en estos ámbitos de liderazgo.

Yo lideraba procesos con mujeres, con jóvenes, y con ancianos. Mi esposo lideraba los procesos de la comunidad. Pero llegó un momento en el que los hombres que lideraban los procesos comenzaron a ser presionados por paramilitares, guerrilla y el Ejército para que asumieran sus postulados. A muchos hombres no les quedó más remedio que marcharse y los que se quedaron, sus mujeres, asumimos el liderazgo para que no fueran tan visibles.

¿Qué panorama afrontan las mujeres entonces?

Además de las amenazas contra los líderes, también comienza la vulneración contra los hijos, porque los estaban reclutando para el Ejército, los paramilitares y la guerrilla. A raíz de los desplazamientos forzosos se entra en otro proceso que es la reclamación de tierras. Nos toca a las mujeres entrar en espacios más allá de las fronteras de nuestros territorios, en la defensa por la paz y de los derechos humanos. Son las madres las que consiguen destapar los casos de los falsos positivos, debido a que inician una búsqueda de sus hijos -a finales de 2008 saltan a la luz unos hechos que involucran directamente a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes, en su gran mayoría jóvenes de comunidades rurales, que los hacen pasar como guerrilleros muertos en combate. Estos casos son los que se conocen con el nombre de falsos positivos-.

¿Cómo notan en su comunidad el recrudecimiento de la violencia?

Los primeros indicios fueron los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, pero no solo. Venimos de unas comunidades asentadas sobre la cordillera central con unos recursos naturales valiosísimos y todas las partes implicadas quieren obtener beneficio. El combate no es solo entre Ejército y guerrilla, sino también entre Ejército y paramilitares; y las comunidades se ven en medio de estos combates. Hubo enfrentamientos en 2002, 2003, 2005… eso nos marcó. En ese momento, comenzamos a conocer a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Al vernos obligadas a liderar estos procesos en defensa de nuestros derechos, también nos expusimos más. Los procesos de formación, de educación, agrícolas, de producción… pasaron a un segundo plano y comenzamos única y exclusivamente a defender nuestro territorio y nuestros derechos humanos.

¿Qué derechos humanos son vulnerados en las comunidades campesinas como la suya?

El reclutamiento forzado e ilegal de jóvenes y menores por parte de la guerrilla, los paramilitares y el Ejército; las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las violaciones a mujeres de la comunidad, porque en la guerra convierten a la mujer en objetivo. Muchos jóvenes se someten a una u otra fila o a darle información al Ejército, por las violaciones que estaban sufriendo sus mujeres.

¿Qué papel juega los recursos naturales de la zona en todo este proceso?

El oriente de Antioquia se decretó distrito minero, lo que hace que primen los intereses particulares frente a las comunidades. Tenemos minas de oro, de sal, de cal… y el recurso hídrico. Este territorio está en una zona que es la estrella fluvial del oriente antioqueño, donde convergen varias cuencas de ríos representativos, sobre las que ya ha comenzado la primera ejecución de la primera etapa de un macro proyecto de energía hidráulica. La segunda etapa de este macro proyecto influiría en la parte en la que nosotros vivíamos. En Colombia generalmente las zonas de conflicto son aquellas zonas que son naturalmente ricas: que tienen biodiversidad, que tienen agua, que tienen minas…

¿Qué cambios más significativos sufre vuestra vida a raíz del recrudecimiento de la violencia?

La comunidad está en un territorio en el que te da lo que quieras con tan solo tirar la semilla. La tierra nos daba la comida, y el ganado y el café nos daba una situación económica sostenible. Todos los del territorio vivíamos muy bien. A partir de la guerra somos saqueados, tanto por la guerrilla como por el Ejército y los paramilitares, que roban nuestros bienes y comienzan a violar nuestros derechos humanos. Cambia totalmente el panorama. Nosotros, que cultivábamos una o dos cosechas para el resto del año, empezamos a no cultivar esta cantidad sino a cultivar lo que podíamos, porque no sabíamos cuándo tendríamos que desplazarnos. Además cualquiera de los grupos presentes se comían nuestros cultivos. Entramos en una situación de terror constante tanto los adultos como niños. Debido a esto, el Estado saca a los médicos de los centros de salud y a los profesores de las escuelas. Nuestro nivel de salud cae, nuestro nivel de educación cae. La vida se nos cambia de la noche a la mañana. Entramos en una línea de pobreza que jamás podríamos haber imaginado.

A finales de 2005 la situación mejora y comienzan a volver algunas de las personas que se habían desplazado y empezamos nuevamente a formar el tejido social. Pero en 2008 comienza de nuevo la vulneración de nuestros derechos por ex guerrilleros, paramilitares y miembros activos del Ejército. Entraba el Ejército en compañía de civiles armados para que nos hostigaran, para que nos obligaran a hablar de nuestra intimidad y a dar información que no teníamos. Cuando en el 2009 empezamos a ver nuevamente material bélico en el territorio, al igual que lo habíamos hecho en otras ocasiones, denunciamos que el Ejército fabricaba minas anti persona. Entonces comienza la persecución contra todos los líderes desde entes del Estado, desestiman nuestras denuncias, las califican de falso testimonio contra el Ejército, terrorismo… yo misma fui calificada de terrorista. Luego siguen las amenazas, los hostigamientos y finalmente los asesinatos.

En mi condición de líder solicito apoyo al Estado y el Estado me asigna un esquema de protección y estoy en ese esquema junto con mi marido y mis tres hijos, desde 2011 hasta 2013, en unas condiciones que no le deseo a nadie. Finalmente contacté con Amnistía Internacional y gestionaron mi salida del país.

¿Cómo recibía las amenazas?

La iniciales fueron por teléfono, pero hubo dos que tuve directamente. Sufrí un atentado directo y otro indirecto en 2011. En aquel momento fue asesinado mi compañero el vicepresidente de junta. Tardaron cuatro días en levantar el cadáver. Creí que al hacer las denuncias iban a cesar las amenazas. Pero no fue así. Creí que al ponerme en manos del esquema de protección del Estado, se iban a rebajar, pero tampoco ocurrió. Cuando capturaron a dos de las personas que había denunciado, dijeron que no querían llegar a juicio conmigo viva. Desde que empezaron los asesinatos de líderes campesinos, la propuesta fue que yo saliera del país, pero yo creí que no haría falta; creí que se iban a esclarecer los hechos, que eran denuncias muy evidentes las que estábamos haciendo. No había por qué dudar de que se hiciese justicia. Pero siguieron las amenazas. Nunca hubo evolución en el proceso. Y creo que mientras estas estructuras del Estado colombiano -estructuras militares que han sido fortalecidas a través de los tiempos- existan, la impunidad va a existir y el riesgo va a existir. Sinceramente, no se dan las condiciones necesarias en Colombia para que pueda volver.

http://periodismohumano.com/en-conflicto/me-acusaron-de-terrorista-por-defender-los-derechos-de-mi-comunidad.html