Milagros Echeverria, abuela de Shakira, una de las 14 familias a las que realojaron y que ha dado cobijo a 22 personas (entre hijos y nietos), en un piso de 70 metros.
“Mi nieta se ha ido sin poder ver su casa”. Milagros no puede evitar que se le salten las lágrimas al pensarlo en voz alta. Lleva el sufrimiento en su rostro. Este hecho y el luto, deja patente que la ausencia de la niña por su reciente fallecimiento, no está siendo fácil. La nieta de la que habla Milagros es Shakira, la niña de 7 años del poblado Puerta de Hierro que se quedó en la calle, junto a su familia, a pesar de padecer un tumor cerebral. “Se tiró malita dos meses en la calle, durmiendo en una furgoneta. La lavábamos con el agua de una manguera y la sacábamos a la calle a orinar en plena noche”. Todo ello recién operada con más de 100 grapas en la cabeza, una válvula y recibiendo un tratamiento de quimioterapia. Fue nada más llegar de Pamplona el pasado agosto, donde la llevaron a una clínica de oncología privada, la última esperanza que se les había dado a la familia para poder curar su cáncer. “Nos hemos dejado en ella lo poco que teníamos. Yo me he quitado hasta el último coche, los he vendido a mitad de precio para pagar la clínica, todavía debo más de 30 mil euros en Pamplona. Al final no ha podido ser” (suspira).
Desde julio de 2010 hasta febrero de 2013, es decir durante 2 años y 7 meses, las 54 viviendas del poblado Puerta de Hierro, situado entre la autovía A-6 y un campo de golf, fueron derrumbadas madrugada a madrugada, en la mayor parte de los casos. “La policía nos ha tenido intimidados mucho tiempo. A las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana, aunque ellos lo nieguen, se paseaban con todas las luces de los coches encendidas por el poblado alumbrándote a las ventanas donde estábamos durmiendo. Nos asomábamos por las ventanas pensando que eran las grúas” (…) “Mi nieta Tania [hermana de Shakira] con 5 años lloraba diciendo: abuela, mañana te van a tirar tu casa también [la de sus padres ya la habían derribado meses antes de que esto ocurriera]. Y que tú vieras como tu nieta se iba al colegio llorando y cuando volvía, no sabías si iba a tener la vivienda levantada”, cuenta Milagros que continúa: “En la zona del río, como nosotros lo llamamos, en invierno hace menos grados que en Madrid. A las 4 de la mañana teníamos que sacar a los niños enrollados en mantas y ahí los dejaban después de derribar sus casas. Y no te creas que permitían que ningún familiar te ayudara a que pudieses sacar las cosas que tenías dentro” (…) “En la casa de mi hijo [el padre de Shakira] no les dejaron sacar ni las zapatillas de la niña, ni los juguetes que había comprado en Reyes; ropa, muebles… todo, todo se quedó ahí”.
Una furgoneta con un colchón es lo que tienen como casa algunas de las familias que el Ayuntamiento de Madrid desalojó de Puerta de Hierro de forma ilegal.
Cuando derribaron la casa de Milagros vivían 22 personas en ella (entre hijos y nietos), 12 de los cuales eran niños. “Tú vivías con esta incertidumbre: ¿mañana estará mi vivienda levantada?, ¿tendrán mis nietos un techo? Pues así hemos estado viviendo durante dos años y medio, día a día. Hasta que un día vinieron y te dejaron en la calle con todos los nietos”.
Las últimas dos viviendas del poblado de Puerta de Hierro que quedaban en pie desaparecieron el pasado mes de febrero. Hasta entonces, las familias que vivían en el poblado lo hacían entre cascotes, uralitas y sin agua. Rodeadas de un foco infeccioso nada recomendable para la salud. “Hemos ido varias veces a la junta central del distrito y a sanidad a avisar que el material que estaba quedando allí era tóxico, que se estaba creando un foco de infección: igual que entraban y tiraban las viviendas, rompían la canalización del agua que generaba charcos en los que había bacterias. De hecho, ha habido una temporada en la que los niños cayeron todos enfermos, les mordían las ratas… se pidió que retiraran las uralitas y los cascotes y no hicieron caso”, señala Mercedes Jiménez, portavoz del poblado Puerta de Hierro, “pero cuando el pasado febrero se produjeron los derribos de las dos últimas viviendas, bien que vinieron a retirar los escombros con guantes y mascarillas y se los llevaron en contenedores precintados”, señala.
Desde el inicio de los desalojos, el Ayuntamiento de Madrid vulneró la legalidad internacional acorde al procedimiento que se debe seguir en un desalojo forzoso, tal y como denunciaron de forma reiterada las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional, que calificó las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid desde que comenzaron los derribos como “constitutivas de graves violaciones de derechos humanos”. Los motivos nos los explica en declaraciones a Periodismo Humano Safira Cantos, portavoz de Amnistía Internacional Madrid: “No se respetó el derecho a la información previa según queda especificado en los estándares internacionales: no hubo una consulta previa a las personas afectadas, ni información sobre las actuaciones que se iban a llevar a cabo, ni sobre el destino del suelo en el que estaban las viviendas a cuyo derribo procedieron; no se realizó ninguna evaluación en el impacto que iba a suponer en la vida de las personas desde el punto de vista de los derechos humanos; y sobre todo, no se ha garantizado alojamiento alternativo adecuado a todas las familias afectadas, ni se han indemnizado los daños producidos”. Todo ello, según Safira Cantos, obligaciones que se tienen que cumplir en los desalojos forzosos de acuerdo a los estándares internacionales y a las cuales debía sujetarse el Ayuntamiento de Madrid. Obligaciones independientemente de que pueda haber actuaciones urbanísticas legítimas o no en el uso que se vaya a hacer del suelo, tal y como denuncia Amnistía Internacional.
Tampoco convierten en legítimos estos desalojos el hecho de que haya casos en los que se contaba con orden judicial de acceso al domicilio, “que según hemos podido documentar no fue en todos los casos”, puntualiza Cantos. “Ahora lo que reclamamos es que igual que a algunas familias se les ha gestionado un alojamiento alternativo, este alojamiento alternativo adecuado se extienda a las demás. Y adecuado significa que no puede ser provisional, en los términos en los que interviene el SAMUR social, sino que tiene que ser un alojamiento estable, seguro en la tenencia jurídica de la pertenencia y accesible y asequible económicamente a todas las familias afectadas”.
En este descampado viven algunas familias desde hace más de dos años, en algunos casos, desde que fueron desalojadas de Puerta de Hierro.
De las 54 familias que vivían en Puerta de Hierro, tan sólo 14 han sido realojadas. Eso es debido a que en el nivel de los abuelos han reconocido el derecho al realojo, pero no en el caso de las familias de los hijos de esas personas que han realojado. “El Ayuntamiento de Madrid se ha basado en un censo completamente desactualizado, de manera que unidades familiares de personas que nacieron hace más de 30 años en el poblado, sus viviendas no estaban recogidas dentro de ese censo cerrado en la década de los 80, cuando estamos hablando de desalojos llevados a cabo más de 20 años después. Basándose en ese censo completamente desactualizado el Ayuntamiento de Madrid se excusa para dejar fuera a la mayoría de las familias, con la gran contradicción de que sin embargo, los procedimientos administrativos y judiciales se dirigen contra todas las familias, las 54, a la hora de los derribos. Es decir, que el Ayuntamiento contaba con información actualizada y esa es la que usa para proceder a los derribos, pero en cambio se basa en información desactualizada desde hace décadas, para reconocer el derecho de realojo”.
Otro de los preceptos del derecho internacional señala que cuando se producen desalojos forzosos se tiene que tener en cuenta a la hora de los realojos las particularidades del grupo afectado, para que no se produzca una división y dispersión de las familias, como se está produciendo en el caso de Puerta de Hierro. “Han roto por completo los núcleos familiares: unos están en San Blas, otros en Tetuán… un hecho que no tiene nada que ver con la legalidad internacional vigente”, comenta Mercedes Jiménez, portavoz del poblado Puerta de Hierro.
Es el caso del núcleo familiar de Milagros, a quien sí han realojado, junto con ella han vivido hasta hace poco 22 personas más hacinadas en 70 metros cuadrados (desde hace unos días viven 17 personas porque a los padres de Shakira finalmente les han concedido una vivienda a través de Cáritas). “Nos han intimidado hasta para darnos la vivienda”, denuncia Milagros. “Nos las han dado sin poderlas ver. Han venido y nos han dicho aquí está o lo firmas o te quedas sin nada. Así lo han hecho con las 14 familias a las que nos han realojado”. A lo que Cantos añade: “no ha habido información previa ni consulta. Se ha tratado a las personas como sujetos pasivos, pero no como titulares de derechos a los que había que consultar sobre aquellas decisiones que iban a afectar a sus vidas”.
Pero hay familias de Puerta de Hierro que todavía viven en la calle, que no han tenido la posibilidad ni tan si quiera de cobijarse bajo el techo de sus padres, aunque sea hacinados.
Mari Carmen Gabarri de 60 años vive en la calle con sus tres hijos y nueve nietos desde que los desalojaron de Puerta de Hierro
Es lo que ha ocurrido con la familia de Mari Carmen de 60 años, que ella, sus tres hijos y sus 9 nietos de edades comprendidas entre los 15 y los 5 meses tienen una furgoneta como casa situada en un descampado. “Al pequeño lo hemos tenido ingresado hasta hace nada en la UVI desde los 15 días de vida”. Y es que el mismo día en el que derribaron la casa de la tía Carmina, como se la conoce familiarmente, su nuera, que vivía con ella, se puso de parto prematuro con 7 meses y medio. Su nieto nació justo al día siguiente de que esto sucediera. Debido a su nacimiento prematuro, el niño tiene muchas deficiencias de salud, por las que se ha pasado prácticamente sus primeros 5 meses de vida metido en una UVI.
En la misma situación que Mari Carmen vive Covadonga y su marido, padres de 4 niños de 12, 9, 6 y 3 años, dos de los cuales tienen una discapacidad: la de 6 auditiva y el de 9 cuenta con un 33% de discapacidad mental. Desde enero de 2011 que derribaron su vivienda en el poblado de Puerta de Hierro hasta hoy, hace ya más de dos años y medio, viven en la calle. “Y estamos fatal, porque aquí no se puede vivir. Yo necesito un techo para mis pequeños, porque lo que no veo normal es que estemos en la calle, así de esta manera” (…) “Nos ha cambiado la vida radicalmente, porque poder tener un cachito de techo en el que mis niños tenían sus habitaciones a no tener nada… nos ha cambiado la vida por completo”. A Covadonga y su familia la desalojaron una madrugada a las 5h. “Yo pedí que por lo menos me dejaran sacar a los niños del poblado para que no vieran cómo se derrumbaba su casa y nos dijeron que no” (…) “Mi hijo de 9 años desde que pasó todo aquello está yendo a un psicólogo. A parte del problema que él tiene con el 33% de discapacidad mental, ha cogido muchísimo miedo. Si ve a la policía sale corriendo a esconderse”.
Covadonga Jiménez vive en la calle con su marido y sus cuatro hijos de entre 12 y 3 años desde que los desalojaron de Puerta de Hierro, hace más de dos años y medio.
Cadena de violaciones de los derechos humanos
Además de la vulneración de las leyes internacionales sobre cómo debe ser un procedimiento en un desalojo forzoso, Amnistía Internacional denuncia también la cadena de violaciones de derechos humanos posterior que ha supuesto los desalojos de Puerta de Hierro. “Pierdes la vivienda, y no solamente pierdes la vivienda, se ve afectada tu salud, se pueden ver afectados tus medios de vida, se puede haber afectado la escolarización en los niños [algunos han perdido el curso escolar y no va a ser fácil su escolarización posterior], la incertidumbre tan grande a la que han estado sometidas las familias, sin saber qué iba a pasar con sus viviendas… se produce un círculo de unos daños que llevan a otros daños y el derecho internacional también prohíbe que la manera en la que se llevan a cabo los desalojos suponga una exposición mayor de la gente afectada a otro tipo de vulneraciones, como ha sucedido en el caso de Puerta de Hierro”, denuncia Cantos.
Desde Woman’s Link Worldwide y en función de los expedientes de Amnistía Internacional a los que ha tenido acceso esta organización, se corrobora que ha habido problemas de salud en la población de Puerta de Hierro debido a cómo se han llevado a cabo los desalojos. Problemas que en mayor medida han impactado de forma más grave en la salud reproductiva de las mujeres embarazadas del poblado, ya que al menos se produjo un aborto durante uno de los desalojos. “Lo que nos parece muy grave es que la mujer que abortó avisó de que estaba embarazada y con dolores a las autoridades que estaban llevando a cabo el desalojo y no le hicieron caso. Hubo un previo aviso de que había un tema grave de salud y se ignoró por completo”, comenta en declaraciones a Periodismo Humano Viviana Waisman, directora de Woman’s Link Worldwide.
Además de problemas ligados a la salud reproductiva como el señalado anteriormente, también se han producido problemas de salud en la población menor de edad, como ataques epilépticos nocturnos que sufren algunos de los niños debido a la ansiedad y que están recibiendo tratamiento médico por ello. También ha habido algún ataque al corazón entre la población de mayor edad, que podría deberse al estrés producido por la situación, según comenta a Periodismo Humano Mercedes Jiménez, portavoz del poblado Puerta de Hierro.
“Resulta una contradicción que el Ayuntamiento pretenda excusarse con un plan de lucha contra chabolismo para derribar las viviendas de la gente, dejándolas a la intemperie en muchos de los casos. ¿Qué tipo de mejoras de las condiciones de vida de las personas es esa?”, se pregunta Safira Cantos.
Las familias han tenido una gran opacidad entorno a la información de para qué iban a ser los terrenos e incluso se ha obstaculizado poder acceder a información archivada que debía ser pública sobre la titularidad de los mismos, tal y cómo ha podido constatar Amnistía Internacional. “Los desalojos han de ser el último recurso. Antes de que eso ocurra, con participación de las familias, se deberían haber consultado todas las alternativas posibles al desalojo, y por tanto, es necesario saber cuáles son los motivos que llevan a impulsar un desalojo”, comenta Cantos.
La respuesta que Amnistía Internacional ha recibido por parte del Ayuntamiento de Madrid durante todo este tiempo ha sido que ellos están actuando con la legalidad vigente, “pero en ningún momento son capaces de dar explicaciones precisas y decir en qué términos se está cumpliendo la legalidad internacional ante las evidencias demostradas desde Amnistía Internacional de los graves abusos a los derechos humanos”, denuncia Safira Cantos. Agrega que por parte del Ayuntamiento se da una respuesta genérica y refiere de forma reiterada que han sido respetados los derechos de los legítimos titulares. “De los derechos humanos son titulares todas las personas y estamos hablando del cumplimiento de estándares de derechos humanos y por tanto, no cabe que el Ayuntamiento limite qué personas son o no titulares de estos derechos”. (Han considerado titulares de estos derechos a las familias que estaban registradas en el censo desactualizado desde el año 89, a las únicas que han realojado).
El Comité de Derechos Nacionales y Culturales de Naciones Unidas de 2012, ya advirtió que se estaban produciendo en el Estado español desalojos forzosos contrarios a los estándares internacionales. Y de manera más precisa, el relator especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Xenofobia y Discriminación Racial, que visitó España el pasado mes de enero y que además tuvo ocasión de tener un encuentro con las familias de Puerta de Hierro, señaló que era urgente que las autoridades ofreciesen una solución integral a las familias del poblado. “De nuevo el Ayuntamiento de Madrid obvió estas recomendaciones en el mes de enero y llevó a cabo el completo desmantelamiento en el mes de febrero. Con el componente discriminatorio que está presente en todas las actuaciones de desalojo que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid”, apunta Cantos.
Actualmente, desde la Junta Municipal de Moncloa, les están haciendo llegar a las familias de Puerta de Hierro cartas que les invitan a que se borren del padrón. “Ninguna Junta tiene derecho a hacer esto, estén o no sus casas, y más cuando ni desde la Junta ni desde el Ayuntamiento se les ha habilitado otra vivienda”, comenta Mercedes Jiménez.
Hay personas que estaban empadronadas en Puerta de Hierro desde el año 75; fue el Ayuntamiento quien llevó la canalización del agua al poblado; existían dos rutas escolares (que ahora han retirado) al colegio y al instituto; les llegaban allí las papeletas para votar cada vez que había elecciones. “¿Por qué dicen entonces que este poblado era ilegal?”, se pregunta Milagros.
Como los padrones de los niños son de Puerta de Hierro y debido a que hay algunos que van a pasar de la primaria a la secundaria es necesario renovar la documentación. Para ello les han dicho que se tienen que empadronar en otro sitio, porque en Puerta de Hierro no puede ser, porque no existía. Creen que es otra forma de presión para eliminar todo rastro que los relacione con este poblado. “Han sido durante todo este tiempo los sin nombres y ahora quieren convertirlos en los no identificados”, señala Merdeces, “pues no lo vamos a consentir”.
“Hemos documentado el caso de otros desalojos forzosos en los cuales se han vulnerado los derechos humanos, como el caso de Cañada Real, pero ahí se ha producido finalmente una paralización de los derribos y hay una serie de actuaciones de las autoridades encaminadas, en un principio, a un acuerdo marco de intervención social. En el caso de Puerta de Hierro es que se han producido los desalojos sin que exista un plan global que dé una alternativa a las familias”. “Ha habido una manifiesta voluntad de acabar por completo con el poblado de Puerta de Hierro sin ofrecer solución”, argumenta Cantos. “Probablemente una actuación tan generalizada, en la que de manera tan persistente se desoyeran todo tipo de recomendaciones tanto de Amnistía Internacional como de organismos de Naciones Unidas, quizás lo convierta en uno de los casos de desalojos forzosos más graves que hemos podido documentar en España y en la Comunidad de Madrid, desde luego”, concluye Cantos.
“En Puerta del Hierro todo lo que has conseguido en casi 40 años de vida, en un abrir y cerrar de ojos te lo han quitado. Las familias de Puerta del Hierro siguen sufriendo igual que desde que comenzaron los derribos” (…) “La gente de los desahucios está mal porque toda su vida la han dedicado a pagar la hipoteca, pero nosotros también. Todo lo que teníamos lo destinamos ahí. De la noche a la mañana hemos visto a nuestros hijos y nietos en la calle y sin derecho a nada” (…) “¡Tanto que nos ha costado levantar las viviendas!”, exclama Milagros entre lágrimas, para continuar en un suspiro: “no sólo nos han quitado las viviendas, nos han quitado toda una vida”.
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Nazanín Armanian
