El impostor y la memoria democrática

Javier Cercas, a partir del caso Enric Marco, critica la industrialización de la memoria y la aproximación sentimentaloide al pasado.

Negar como hace el escritor que exista la memoria histórica significa dar por bueno el relato del pasado que el Estado construyó y difundió entre los años sesenta y ochenta.

Las críticas del libro de Cercas pueden servir para que, diez años después, asociaciones e instituciones superen los errores de la aproximación emocional al pasado.

Dos víctimas del franquismo felices al ser escuchadas en la Audiencia Nacional

Protesta frente a la Audiencia Nacional en mayo de 2014, cuando la jueza Servini tomó declaración a dos víctimas de la dictadura franquista junto al juez Fernando Andreu.

Javier Cercas acaba de presentar su nueva obra titulada El impostor. El escritor reconstruye la historia real de Enric Marco, el impostor que se hizo pasar por deportado a los campos nazis, al mismo tiempo que hace un repaso devastador de lo que él llama “la industria de la memoria” en nuestro país y una crítica a su historia reciente. En las entrevistas en las que se ha prodigado ya lanzaba las ideas que sustentan el libro: “La memoria histórica no existe, solo existe la memoria individual”. “La memoria histórica se ha vuelto una industria”.

Cercas estudia el caso Marco y lo aprovecha magistralmente para cargar contra una determinada forma de construir lo que él nombra “la llamada memoria histórica”, aunque no queda claro si hace referencia a la memoria democrática o a una determinada forma de reconstruir la memoria histórica. En todo caso, acierta en la crítica a ciertas aproximaciones emocionales y sentimentaloides al pasado reciente que hacen más mal que bien a nuestra cultura democrática.

Cercas aprovecha el caso Marco porque los que debieron extraer lecciones de aquel escándalo no lo han hecho en los casi diez años pasados desde que estalló. Lo que pasó en 2005 fue una gran oportunidad para modernizar la cultura de la memoria en España, para sacarla del gheto de la clandestinidad y del empeño de algunas asociaciones de víctimas por patrimonializarla. Fue una gran ocasión para europeizar la cultura de la memoria en España, tan dañada por una dictadura que sí elaboró su propio relato: el de la Cruzada y el de los XXV Años de Paz, el de las culpas compartidas y los errores moralmente equivalentes de dictadura y República.

Cercas relata muy bien cómo se gestó el escándalo. Explica la entrada de Enric Marco en Amical y el ambiente dentro y fuera de la asociación, que permitió que el engaño triunfase. Explica también lo que sucedió después, cómo muchas asociaciones, en lugar de abrirse, continuaron cultivando una cultura cerrada, resistencialista y patrimonializadora de la memoria de las víctimas. En muchos casos, las personas al frente de estas asociaciones no detectaron la necesidad de cambio ni los errores cometidos. Tras el escándalo, continuó algo que también denuncia Cercas en el libro y que los que estudiamos la deportación hemos vivido: la sacralización del testigo, a la que añadiría la del familiar del testigo, y la aproximación acrítica y sentimental al pasado.

Por todo ello, la crítica de Cercas es oportuna y útil. Pero no para descartar la petición de políticas de memoria, sino por lo contrario. El relato del escritor y su análisis debiera ayudar a que, diez años después, se sustituya la concepción comercial de la memoria histórica por la defensa de la justicia, de la verdad, de la reparación y el desarrollo de una memoria democrática en nuestro país.

Porque la memoria colectiva, contra el parecer de Cercas, sí existe. O al menos existe de la misma manera que la memoria individual: como metáfora. Los neurólogos desconocen el mecanismo de lo que llamamos memoria. Ignoran todavía cómo funciona la transmisión de impulsos que permite hacer referencias a experiencias del pasado. La memoria del ser humano es por ello una metáfora referida a esos desconocidos mecanismos. Y al igual que el individuo hace referencias al pasado, también los sistemas sociales -la sociedad en su conjunto, la política o el derecho- construyen relatos que hacen referencias al pasado. Es lo que llamamos memoria histórica. La memoria democrática es la que reivindica la lucha antifascista y por las libertades. Desgraciadamente en España existe memoria histórica del Estado, mas todavía no tenemos memoria democrática o esta es muy precaria.

Y es que Cercas, tan crítico con el concepto, hizo mucho por construir una determinada manera de referenciar el pasado de la guerra civil con su primera novela: la que ve errores moralmente equivalentes y no ve las diferencias entre el gobierno legítimo de un Estado tocado de muerte por los golpistas y unos fascistas que tenían un programa de eliminación física del enemigo. En el nuevo libro el autor, en un imaginado (¿?) diálogo con Marco, reconoce que Soldados de Salamina jugó una función en lo que algunos llamamos hace años el “boom del Franquismo” o “historia en migajas del Franquismo”. Cercas, por tanto. participa de esa reconstrucción colectiva del pasado. O mejor dicho: participa de una determinada forma de reconstruir el pasado que hunde las raíces en los años sesenta, cuando Manuel Fraga y otros impulsaron la campaña de los “XXV Años de paz” que permitiría cambiar el discurso legitimador del régimen. Este discurso que todavía pervive es el de las culpas compartidas, el de la guerra entre hermanos en la que todos cometieron errores. Cercas participa de ella al equiparar moralmente al miliciano Miralles y al falangista Sánchez Mazas en su novela Soldados de Salamina.

Con su última obra, Cercas equipara todo el memorialismo a la industria de la memoria, aunque reivindica, sin llamarlas por su nombre, la necesidad de acabar con la vergüenza de los miles de cadáveres en las cunetas. Pero la memoria no es solamente Enric Marco y Amical de Mauthausen. De hecho, Cercas se refiere a esta organización como “la asociación de deportados”, cuando sabe perfectamente que es solamente una entre varias asociaciones de deportados, al lado de la FEDIP francesa o Triangle Blau o Amical Ravensbrück, escisiones estas últimas del Amical de Mauthausen. De hecho, el escritor cita solamente en una ocasión a una deportada, Neus Català, quien ya decía hace años lo que se descubrió en 2005: que Marco nunca había estado en un campo de concentración.

Cercas critica la sacralización del testigo, pero la propuesta que hace de sustituir testigo por historiador obvia que este último, por muy riguroso que sea, también está “inventando” el pasado desde sus anteojos culturales e ideológicos. Eso lo sabemos los que, como Cercas, vivimos y trabajamos en este momento en Cataluña.Además, pese a no ser sagrado, el testigo sí es necesario: como señalaba Ferriol Soria recientemente,el testigo, aunque no tiene la verdad, sí posee una de las verdades que, al lado de la histórica, la jurídica o la factual, también es importante a la hora de actualizar el relato del pasado.

Es necesario diferenciar entre esa llamada industria de la memoria -que en muchos casos ha intentado generar una cultura democrática que es muy precaria en España- de las demandas de derechos. Cuando se reclama reconocimiento y ayuda, también financiera, por parte de asociaciones o individuos, se están defendiendo derechos todavía vigentes y no realizados en nuestro Estado democrático de derecho. Eso hacían asociaciones y personas en los años setenta. Se dejó de hacer, dice Cercas, porque la vida en libertad hizo que se olvidasen estas reclamaciones. El escritor niega que hubiese un pacto de silencio, pero obvia el candado que entre 1981 y 1982 se echó en España para evitar la profundización en la joven democracia. Al cerrarse la vía de la justicia, la verdad y la reparación, se evitó que el incipiente discurso de la memoria democrática sustituyese al de los XXV Años de Paz.

Lo que Margalida Capellà llamó “la revuelta de los nietos” hizo resurgir la reivindicación memorialística veinte años después. Eso sin duda ha generado excesos o incluso falsedades como las de Marco, lo que hace que la denuncia de Cercas sea justa y pueda ser utilísima para separar el grano de la paja y conseguir desenmascarar no solamente a los Enric Marco que puedan seguir viviendo, sino también la impostura de unas elites españolas que, como Rodolfo Martín Villa, se inventaron en los años setenta y ochenta un pasado de liberales y demócratas de toda la vida. También la mentira de un Estado español que ahora pretende rescatar un falso pasado de país ajeno a la Segunda Guerra Mundial y salvador de judíos.

En resumen, me atrevería a decir que la crítica de Cercas a la industria de la memoria debe ser utilizada, pero precisamente para defender con más ahínco una memoria democrática en nuestro país. Porque, como la realidad se empeña en recordarnos constantemente, sin memoria democrática no puede haber una verdadera, moderna y europea cultura democrática. La alternativa es seguir con la inercia de la memoria histórica que comenzó a elaborarse en los sesenta, que continuó en los ochenta y que ahora esgrimen los defensores del pacto de 1978. Esa alternativa es la que continúa manteniendo miles de cadáveres en las cunetas y defendiendo a los franquistas que la justicia argentina reclama y que aquí dan lecciones de democracia.

http://www.eldiario.es/contrapoder/Javier_Cercas-memoria_historica-memoria_democratica_6_325527455.html

Ver también:

No hay más preguntas, señor Cercas

La Audiencia Nacional guarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla

LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESPAÑA Y ARGENTINA

El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.- EFE

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias “occidentales y cristianas”. La condena era clara: ellos, los “hijos de subversivos”, jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, “Sacha”, una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.

Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que “un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres”. “El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto”, añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

 Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener “muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina”. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. “Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos”, recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. “Este caso era uno de los más claros”, señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.

Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. “se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro”, mientras que sus posibles hijos seguirían “residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo”.

Una red de odontólgos “se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados”

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un “listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española”. De esta manera, los funcionarios detectaron “la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación”. Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, “una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad”, explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la “existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados”. Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría “dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos”. Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/556667/la-audiencia-nacional-guarda-una-investigacion-secreta-sobre-los-bebes-robados-por-videla

“Fotografié con mucha rabia, con la sensación de estar ante una situación de olvido” Álvaro Ybarra Zavala

Foto: Álvaro Ybarra Zavala (Reportage by Getty Images)
13 NOV 2014
Declaraciones obtenidas por Ivan Sánchez

A partir de un fenómeno local de malformaciones en una zona remota de Argentina, Álvaro Ybarra Zavala y la periodista Silvina Heguy trazaron un reportaje de investigación sobre los cultivos de transgénicos en Suramérica que tuvo una enorme repercusión. El fotoperiodista español de Reportage by Getty Images documentó casos como el de Sebastián, uno de los muchos niños afectados por el contacto directo con los químicos empleados en estas superficies agrícolas. Un trabajo que ha causado incomodidad a la multinacional agroquímica Monsanto e incluso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Álvaro Ybarra Zavala

Este trabajo empezó en la región de Misiones, adonde fuimos con mi amiga y periodista Silvina Heguy para cubrir unas denuncias sobre malformaciones que habían logrado vender como una problemática local de la que se responsabilizaba a los campesinos. Una vez allí descubrimos que en todas las zonas de Argentina donde se daba este modelo de producción había muchos casos de malformaciones.

Recorrimos las zonas de producción de soja, de otro tipo de granos y también de tomate. En todos los lugares encontrábamos varios casos, y no uno. En comunidades de 600 o 700 personas había en torno a 60 o 70 casos de nuevas generaciones.

Imperaba la ley del miedo, la ley del silencio. Todas las historias comenzaban con negativas, con gente que argumentaba que ‘estamos con abogados para una indemnización y nos han hecho firmar unos contratos’. Y esos contratos eran alucinantes: les prohibían hablar con la prensa por miedo a que ello pudiese afectar al proceso. Es gente muy humilde a la que tienen callada y se aprovechan de su ignorancia.

El caso de Sebastián es un ejemplo más de la gente que vive en uno de esos lugares donde se produce lo que nosotros comemos. Sebastián había nacido con hidrocefalia y un tumor en la espalda por el que no se podía hacer absolutamente nada. Y su hermana exactamente igual. Su familia vive en el campo y está en contacto diario y constante con los productos que se usan después de haber plantado transgénicos, como el glifosato del Roundup [un herbicida que comercializa Monsanto].

Estuve con ellos bastantes días, y cada vez que vuelvo a Argentina les visito. Nos hemos volcado con la mayoría de gente a la que fotografiamos, les hemos ayudado a traer médicos y hemos movido varios casos.

“El caso de Sebastián es un ejemplo más de la gente que vive en uno de esos lugares donde se produce lo que nosotros comemos”

Hay casos como el de Lucas, un chico con problemas en la piel. Su familia no tenía dinero ni para pagar una simple crema hidratante. Su padre se había levantado en contra de lo que ocurría y habló demasiado, así que quedó marcado totalmente. Lo sacaron del sistema: le echaron de la cooperativa, no podía trabajar, no tenía dinero ni para comprarle crema a su hijo.

En la primera parte del trabajo nos centramos en el tema de la salud. Yo estaba totalmente desbordado. Era una especie de camino por el infierno. Tocabas una puerta y te encontrabas un caso; tocabas la siguiente, y otro. Era algo súper visible. Yo me preguntaba cómo demonios nadie había contado antes la historia. Fotografié, obviamente, con muchísima dignidad hacia los personajes. Pero también con mucha rabia, con la sensación de estar ante una situación de olvido, ante gente totalmente indefensa a la que han utilizado.

Son cosas que no sabían ni los argentinos. Como ejemplo, mi editor tiene una amiga editora allí a la que envió el trabajo. Su respuesta fue: ‘Esto debía ser en los años 70.’ No podía creer que lo acabábamos de producir. ¡La sociedad argentina no lo sabía! Conseguimos poner un poco de atención allí, y en pequeña medida echar una mano.

La historia se publicó en el diario Clarín y fue un bombazo, hizo muchísimo ruido en Argentina. El lobby de productores nos fusiló, sobre todo a Silvina, que recibió presión directa desde el Twitter de la presidenta de Argentina. Pero en paralelo recibíamos 400 mails diarios de gente que quería ponerse en contacto con nosotros para contar su historia. Eran más casos de los que ya habíamos visto. ¡En total fotografié a más de un centenar de niños!

Luego comenzó la otra parte del proyecto, que fue mucho más compleja. Pusimos en la mira a Monsanto y los productores. Y nos dimos cuenta de que no estábamos hablando de un tema de salud, sino de algo mucho más importante: no se ha dado un debate serio en el mundo sobre cómo queremos que se produzca lo que comemos.

“No se ha dado un debate serio en el mundo sobre cómo queremos que se produzca lo que comemos”

Por un lado tenemos la postura de Monsanto, que dice que ésta es la única forma de acabar con el hambre en el mundo, de forma sostenible y mejorando la productividad de los agricultores a nivel local.

Luego está la otra parte de la historia, con investigadores, médicos y la población de lugares donde se han dado estos problemas, que viene a decir todo lo contrario: problemas de salud, inestabilidad política, violencia y contaminación de las tierras. Fue un verdadero proyecto de investigación.

Vimos que era un tema jodido para uno de los principales productores de alimentos del mundo [Argentina] y que ocurría lo mismo en Brasil. Empezamos a investigar. Tuvimos el apoyo de varios abogados y oncólogos: en todos los lugares donde se seguía este modelo de producción de alimentos había aumentado en un 400% el índice de tumores, malformaciones y abortos. No queríamos crear un activismo. Era una denuncia muy fuerte, y dijimos: ‘Vamos a hablar con Monsanto.’ Pero, aunque insistimos, dijeron que no. Tampoco los productores quisieron.

Además, esta segunda parte fue muy difícil de fotografiar, porque no hay foto. ¿Cómo retratas un tomate? Era algo totalmente diferente a lo que había hecho antes. Yo nunca llevo un guion o una idea prefijada; fotografío lo que veo. Por ejemplo, una cosechadora es visualmente horrible, así que se han de dar muchos factores para poder tener una foto que realmente represente lo que quieres contar.

Ha sido algo muy lento. Llegué a recorrer 12.000 kilómetros para hacer una foto porque me servía para contar unas protestas con las que lograron cerrar una fábrica de Monsanto.

http://www.quesabesde.com/noticias/alvaro-ybarra-zavala-con-texto-fotografico_12479

Así se torturaba durante el franquismo: los testimonios recopilados por la juez Servini

LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA

MANUEL ÁNGEL MENéNDEZ | Publicado: 14/11/2014

Pozo Polio, noviembre de 1989, Gerardo Iglesias, en primer plano, tras dejar la Secretaría General del PCE y reincorporarse a su trabajo en la mina. José Luis Cereijido/ Efe.

‘Me negué a redimir pena por trabajo’“Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS“… “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”… “Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”“Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”.

Son algunos de los testimonios con los que la juez argentina María Servini de Cubría ha conmocionado los cimientos del Estado español solicitando a la Interpol la detención de importantes franquistas -entre ellos, algunos de los ministros aún vivos de Franco, como Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón-, o ministros del primer gobierno del rey, como Rodolfo Martín Villa, o policías de infausto recuerdo, como Billy el Niño o Martínez Torres. Los testimonios en los que se ha basado la juez de la causa argentina contra el franquismo son terribles: entre ellos se encuentra el del exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que figura como denunciante.

Con ser llamativos estos nombres, no es lo más contundente de la causa; en los 286 folios del Auto de la juez se citan tales testimonios que ponen los pelos de punta a cualquiera. A modo de ejemplo, por las torturas a Gerardo Iglesias, quien ya en democracia fuera diputado y secretario general del PCE en sustitución de Santiago Carrillo, la juez argentina ha pedido a la Interpol la detención del entonces policía Pascual Honrado de la Fuente. La juez da credibilidad en su Auto a la querella de Iglesias, que es especialmente dura:

“A la edad de 17 años, en 1963, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor. Se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada. Se destacaron en las torturas el policía Pascual Honrado de la Fuente y el propio inspector Claudio Ramos Tejedor. Desde ese momento fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, (a las que no se presentaba para eludir a la tortura), viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consiguiente pérdida de trabajo…”.

Sigue el Auto de la juez: “El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado entre otros por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor, ya mencionados y un tal “Palacios”. Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión, esta pena la cumplió en su integridad y se negó a redimir pena por trabajo“.

Los ‘otros’, lo que no salían vivos de la DGS

Aunque muy significativa, la declaración de Gerardo Iglesias ante la juez Servini no es la más dura ni la peor. “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad”: eso es, por ejemplo, lo que el policía Ricardo Algar Barrón le reconoció al antifranquista José María Galante Serrano, en su cuarta detención en la DGS:

“Si por mi fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad

“En mi segunda detención, entre los policías que me torturaron se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los cito entre los miembros de la BPS [Brigada Político-Social] que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, mediante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS…”.

Esa declaración figura en la página 204 de las 286 de las que consta el Auto de la juez María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Corrección Federal número 1 de Argentina, por el que ha procesado y pedido a la Interpol la detención internacional de 20 cargos franquistas. Ni que decir tiene que los antiguos policías Ricardo Algar y Celso Galván figuran en la petición de extradición de la juez argentina, pero hay otros más, y he aquí un extracto de los testimonios que la juez también relata en su Auto.

“Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón…”

Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar relatan hechos especialmente inhumanos. Por las torturas que a ambos se les infringieron en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid el 20 de febrero de 1975, la juez argentina ha procesado al policía Jesús González Reglero. He aquí el testimonio de los querellantes, que figura en el Auto de la juez, al que cuartopoder.es ha tenido acceso:

“En ese momento nos agarraron por el pelo (Francisca lo llevaba especialmente largo en esa época), y a mí me llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos. Según iban amenazando por el pasillo, los policías que se encontraban ahí me golpearon e insultaban, no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones que da estar esposado, protegerme la cara (…) En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar”.

“Me decían que bajara la cara y cada vez que lo hacía me golpeaban
en la misma

Sigue el testimonio: “El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz? [sic], mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribó… Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) [sic], y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna“.

Así de contundente finaliza el Auto de la juez: “Según que me iban golpeando, me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón, etc.’. A medida que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías (ya era incapaz de reconocer cual), se dirigió a ¿Sainz? advirtiéndole del estado en que me encontraba, entonces me levantó del suelo me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, estómago o en la cabeza. Lo que duró la sesión lo desconozco ya que estuve noqueado durante un tiempo. El siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería de la DGS…”.

Estos hechos son similares a los que, supuestamente, el policía Félix Criado Sanz le practicaría a Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969, que pasó 7 días en comisaría y sería “salvajemente torturado” en Zamora con “golpes a mansalva, la rueda, la rana…”. Criado Sanz está procesado por la juez Servini.

Martínez Torres, el ‘policía antiterrorista’ de Felipe González

Es evidente que la democracia ‘reconvirtió’ a los franquistas, les ‘perdonó’ sus faltas y los utilizó para otros fines. Fue el caso del policía Jesús Martínez Torres, que fue Comisario General de Información en el Gobierno socialista de Felipe González, pero a quien la juez Servini de Cubría ha pedido su detención a la Interpol por haber participado, según el Auto, en las torturas supuestamente infringidas muchos años antes a José Aznar Cortijo. He aquí su testimonio:

“Al llegar a comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas

“En su segunda detención, lo metieron en el coche y en el suelo del mismo se pusieron a patearlo en la espalda y en las piernas mientras que las esposas se le clavaban en la espalda y piernas. Que al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban “el quirófano” que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y los volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro”.

En el auto se lee también que “los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí sí recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza en compañía de otro también joven y rubio que también participaba con saña en los interrogatorios, ayudado por el Legionario”.

“Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”

El caso del antiguo policía Atilano del Valle Oter parece especialmente llamativo: está imputado en esta causa por, supuestamente, haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. He aquí las “Constancias probatorias” que incluye la juez Servini en su Auto:

“El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la Clínica San Jorge, donde recibe los primeros auxilios. En vista de la gravedad de las heridas es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave. Un consejo de guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén, durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale en libertad en octubre de 1976. Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el hígado trasplantado…”.

Puig Antich, Vitoria y los últimos fusilados del franquismo

El exministro franquista y posteriormente del Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa en una imagen reciente. / Efe

La juez argentina también ha pedido la detención de Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975: le imputa “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975″. Esas últimas ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos y los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría. Junto a Carro, la juez imputa a otros exministros de Franco, como José García Hernández, Fernando Suarez González y José María Sánchez-Ventura Pascual. A Martín Villa, como se ha dicho, le imputa los hechos de Vitoria, de marzo de 1976.

Robo de niños: “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”

En su largo Auto, la juez María Servini ha imputado también al médico Abelardo García Balague por su supuesta participación en la posible sustracción del bebé de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de noviembre de 1967. La juez dice que a la parturienta le aplicaron la técnica sin dolor, “por la que se duerme a la madre en el momento del parto”. El resto lo explica así la juez:

“La matrona del parto fue Marina Martín Manuel. Luego del parto le informaron que el bebé nació muerto, pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé -al cual una monja bautizó como Jesús Díaz Carrasco- y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido. En el año 2006 la denunciante concurre al cementerio San José de la línea de la Concepción (Cádiz) donde supuestamente se encontraba la tumba y le informaron que el bebé no había sido enterrado allí. Asimismo, afirmó que tenía la sospecha de que ella misma, nacida el 26 de septiembre del año 1962, tenía un hermano o hermana gemela de la cual no habría ningún registro, ya que en la partida de nacimiento donde se indica el sexo del bebé decía H-V pudiendo tratarse de Hembra y Varón, el cual le habría sido sustraído a la madre”.

http://www.cuartopoder.es/enlegitimadefensa/2014/11/14/asi-se-torturaba-durante-el-franquismo-los-testimonios-recopilados-por-la-juez-servini/

(VÍDEO y fotos) Buenos Aires. Escrache por acto de discriminación hacia una pareja de lesbianas: Nuestros besos no se prohíben

Escrito por  Kaos. Argentina

(VÍDEO y fotos) Buenos Aires. Escrache por acto de discriminación hacia una pareja de lesbianas: Nuestros besos no se prohíben Foto de FB: Punto Eme

Cientos de personas concurrieron a la “besada” autoconvocada para protestar contra una conocida pizzería de Buenos Aires (Pizzería kentucky) que hace una semana echó del local a dos mujeres que estaban besándose. Tal acto de violencia resultó inadmisible y la publicación el en FB de esta denuncia se viralizó y cientos participaron de la protesta que se llevó a cabo ayer.

GALERIA DE FOTOS DEL ESCRACHE EN KENTUCKY DE MARÍA PÉREZ SOBRADO PARA KAOSENLARED

Hace una semana aparecía este testimonio en  FB:

“Como arreglamos las bicis fuimos a los sabios a cenar, pero estaba cerrado. nos peliamos. me voy sola a ladran sancho. ella me alcanza me dice que nos dejemos de joder, que vayamos a cenar a kentucky. y vamos. en silencio en la barra nos clavamos unas porciones y una jarra de birra. un rato ni nos miramos hasta que sí. y nos besamos. y nos reconciliamos. y cae el mozo. y nos interrumpe con un discurso inentendible. finalmente lo dice. que no lo hagamos más. o nos dejamos de besar o nos tenemos que ir. que se lo dijo el patrón. que perdón. nos paramos y vamos a increparlo. no quiere darnos su nombre. que tiene una hermana como nosotras (?). que todo bien pero q es un salón familiar. una pareja de heteros se besan en solidaridad 2 min. escribimos la queja pelotuda, que la discriminación y que la mar en coche. vamos al baño. escuchamos que los chongos de la mesa larga se cargan entre sí, traeme el libro de quejas. y nos vamos a comer un chocolate enorme. pongo esta foto porque es la unica que tengo con Mar, que es la otra protagonista de la historia, con la que nos peliamos y nos reconcilamos chapando desde hace 10 meses. hoy son los 10 meses. la tercera de la foto es Bren, que no tiene nada que ver en todo esto.
como las tortas, putos, bisexuales, travas y trans son solidarixs nos propusieron que hagamos algo. asi que ahi vamos a infectarle su pulcra heteronoramtividad con besos sucios. a lenguetazo vivo estaremos hasta acalambrarnos.”

La respuesta no se hizo esperar, vía redes sociales se convocó a una primera reunión para el martes siguientes y allí se ultimaron los detalles del escrache a la pizzería.

El escrache

Media hora antes de la convocatoria ya había decenas de personas cerca del local de comidas, con la presencia de algún medio de prensa y periodistas independientes. Se iban reuniendo, comentando, aparecían banderas, parejas que se abrazaban, sonrisas, ganas de gritar bien alto por lo que había sucedido.

Ya a las 22 horas había cerca de 200 personas que desbordaban la esquina, algunas calles aledañas y ocupaban parte de la calzada. Banderas, consignas, musica, gente bailando y dejando muy claro que no se iba a permitir un nuevo acto de discriminación por parte de la empresa.

La gente que pasaba por la calle, era informada de lo que había sucedido y se manifestaba solidaria, algunas personas se sumaban al escrache.

Y llegó la policía…

El dueño del local (obviamente) vio que la protesta no paraba e iba mucho más allá de lo que había supuesto en un principio: la gente seguía llegando. Así que decidió llamar a la policía que hizo su entrada triunfal via patrullero. Habló con el dueño, miraba hacia la calle y salieron a ver “quienes eran los organizadores para poder conversar”. En principio fliparon cuando se les respondía “autoorganizado”, luego consiguieron que los y las periodistas (algunas activistas periodistas) les informaran de que se trataba, invocaran derechos constitucionales… y bueno… con eso no pudieron… hasta se disculpaban por molestar con sus preguntas pero dijeron que necesitaban saber cuanto iba a durar para moderar el tránsito que por momentos pasaba con dificultad. Lo concreto es que la poli dijo “No, si es que tienen razón. La policía no puede impedirles que se manifiesten, ni decirles que se vayan (SIC)…” (Para esta cronista que tiene muy vigente la experiencia de cobertura de acciones directas en el estado español, esta conversación de la que fue testigo fue casi casi surrealista).

Final

Arreciaba la música, arreciaban las consignas y ya habían entrado varias parejas a besarse en la barra de la pizzería ante la sonrisa “clavada” del dueño o encargado, la simpatía de los meseros y la indiferencia de las familias que allí comían.

Surgió un pedido formal de disculpas públicas por parte de la gerencia del local, admitiendo explícitamente que comprendía que había actuado violando los derechos humanos y las leyes con su actitud. Aseguró que no se volvería a repetir el menor acto de discriminación en ninguno de sus locales.

Es obvio, pero igual lo decimos: La movilización y la acción directa es la forma de luchar contra la injusticia, contra la desigualdad y la discriminación.

Un buen preludio a la que será hoy la Marcha del Orgullo 2014 en Buenos Aires.

(VÍDEO) Canarias: La Armada Española embistió a activistas de Greenpeace durante una protesta pacífica. Una herida grave

Escrito por  Kaos. Represión
Los golpes de la lancha lanzaron a una mujer al agua donde las hélices le causaron una fractura y severos cortes. La protesta contra las prospecciones en la zona y la emboscada quedó grabada en un video. Los botes de GP han sido embestidos por botes de la Armada y una activista italiana ha resultado herida con cortes y una fractura en la pierna.

La activista de greenpeace ha entrado en quirófano hace unos minutos para ser operada de una fractura abierta de tibia

La compañía petrolera Repsol debía comenzar de madrugada con las prospecciones en la zona este del Archipiélago canario. Greenpeace no dudó en moverse al lugar, y sus protestas se tradujeron como una amenaza para el gigante del crudo, por lo que la Armada Española escoltó al petrolero, el Rowan Renaissance, hasta la plataforma.

Los activistas de la organización se encontraban a bordo del Artic Sunrise, en el punto exacto de las aguas canarias en el que debían comenzar las perforaciones. Ante las protestas pacíficas de los ecologistas, la Armada fue un poco más allá, embistiendo violentamente las lanchas de la ONG varias veces.

Una de las chicas, de 23 años y nacionalidad italiana, cayó al agua durante los choques, precipitándose contra las hélices de una de las balsas que le provocaron una fractura y cortes de consideración. La activista herida fue rescatada y evacuada en helicóptero por efectivos de la Armada y el ejército del Aire.

La versión del Ejército insiste en que la joven quedó bajo uno de los botes de Greenpeace, sin embargo la organización asegura que sus lanchas no poseen hélices, por lo que las heridas fueron provocadas por uno de los efectivos de la Armada.

La página web de la organización sin ánimo de lucro explicó el incidente: “Tres lanchas de Greenpeace se han dirigido al buque perforador de Repsol, el Rowan Renaissance, para realizar una protesta pacífica contra las prospecciones que pondrían en peligro las aguas y la economía de Canarias. Cuando se estaban acercando, dos lanchas del ejército español las han interceptado, causando graves daños a dos de ellas”.

Por otro lado, el ministerio de Defensa justifica el incidente relatando que “el buque Artic Sunrise arriaba tres embarcaciones que se dirigieron hacia el Rowan Renaissance, fletado por Repsol, con la intención de abordarlo”.

Según rezan las encuestas, la mayoría de la población canaria está en contra de la explotación de petróleo en sus aguas territoriales, sin embargo, a pesar de la oposición ciudadana, el Gobierno ya tiene acordado el contrato con Repsol para la perforación en la zona.

Fuente: Agencias/ web de Greenpeace/ http://bit.ly/1EDLxv2

http://www.kaosenlared.net/component/k2/100162-v%C3%ADdeo-canarias

Siete claves para entender el 9-N

Catalunya acaba de celebrar, de nuevo, una extraordinaria movilización cívica en defensa del derecho a decidir su futuro. El 9-N no tendrá efectos legales, pero sí tendrá efectos políticos. Estas son siete claves.

Participantes en el punto de votación de La Salle de Gracia, Barcelona. /ENRIC CATALÀ

Participantes en el punto de votación de La Salle de Gracia, Barcelona. /ENRIC CATALÀ

Catalunya acaba de celebrar, de nuevo, una extraordinaria movilización cívica en defensa del derecho a decidir su futuro. El 9-N no tendrá efectos legales, pero sí tendrá efectos políticos. Estas son siete claves.

La participación. La participación ha superado los dos millones de votos. Este era el listón necesario para revalidar la fuerza que los partidos soberanistas ya tienen ahora en el Parlament. Era la cifra para demostrar que las ansias de independencia mantienen la pulsión, que el desafío al Estado sigue en pie. A falta de los resultados definitivos, puede vislumbrarse un cierto crecimiento del independentismo, que, de proyectarse en unas elecciones autonómicas, significaría una mayoría absoluta independentista. Los resultados evidencian que el independentismo ostenta la hegemonía política, la centralidad, que históricamente tenía el catalanismo, pero no un consenso social tan amplio. Por eso, aún es prematuro pensar que el independentismo tiene ya la fuerza suficiente para emprender iniciativas unilaterales.

El simbolismo. Poner las urnas en el centro de una movilización tiene sus riesgos democráticos. Una consulta sin plenas garantías y sin reconocimiento internacional podría ser interpretada como una forma de ‘quemar’ la posibilidad de realizar un referéndum de verdad. Porque las urnas eran sólo un recurso simbólico, nunca un sucedáneo. Por eso sorprende que frente a la moderación de los líderes políticos, algunos medios de comunicación presentaran el ‘proceso participativo’ como si se tratara de la consulta prevista en un primer momento.

La desobediencia. Sin eufemismos, la jornada de ayer fue de desobediencia civil y política respecto al Estado. El Gobierno tenía la opción de mirar hacia otro lado, con la excusa de que el ‘nou 9-N’ no tenía efectos legales. Cuando Mariano Rajoy presentó recurso y el Constitucional ordenó la suspensión, el llamado ‘proceso participativo’ quedaba ‘fuera de la ley’. Por consiguiente su celebración fue un acto de desobediencia. Un desafío al Estado. Catalunya cruzaba así una línea y fijaba un presente que, en el futuro, puede ser relevante.

Los sentimientos. Radios, televisiones y prensa recogieron incontables testimonios a pie de urna. Las palabras más escuchadas fueron “ilusión” y “dignidad”. El clima que se respiraba en los colegios electorales era de emoción por participar de un acto cargado de significado personal y familiar. Como un paso más en la experiencia vivida ya en las tres últimas Diadas del 11 de septiembre. Este componente sentimental del movimiento soberanista despierta incomprensión más allá del Ebro y, en cambio, tiene un papel decisivo. Es la voluntad de reconocimiento como nación que las fuerzas políticas en España tanto se resisten a reconocer.

El civismo. Una vez más, la expresión del soberanismo ha sido un ejemplar ejercicio de civismo. Cientos de miles de personas han participado en la votación simbólica con la certeza de que tan importante era la cifra final de votos como la liturgia de la reivindicación, ordenada, civilizada, pacífica e, incluso, con aires de celebración colectiva. Con la voluntad de no cometer errores, de no ofrecer argumentos al rival porque el independentismo sabe que atrae muchas miradas de todo el mundo. Y el 9-N, otra vez, significó un poderoso mensaje de voluntad política dirigido a la comunidad internacional. La intolerancia no emerge, pero sí es verdad que una minoría la practica en las profundidades de las redes sociales. Es la otra cara del civismo que se respira fuera, en las calles.

El día después. A partir del 10-N empieza una nueva etapa. El soberanismo mantiene la reivindicación del ‘derecho a decidir’, pero ahora el objetivo serán unas elecciones plebiscitarias donde los partidos deberán acudir con posiciones muy definidas. La CDC de Artur Mas y ERC se disputarán el liderazgo independentista. La tercera vía, más allá del PSC, deberá tomar forma y ver cómo la Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida (votó ‘Si, No’) o Iniciativa per Catalunya resuelven el debate interno (Joan Herrera votó ‘Si, No’ y Dolors Camats, ‘Sí, Sí’). Y la CUP e ICV deberán también afrontar el terremoto que se avecina con la irrupción de Podemos.

¿El Diálogo? Artur Mas sale fortalecido del 9-N. Más de dos millones de catalanes han aceptado su propuesta y han participado en una consulta que sólo tenía valor simbólico. Hace apenas unas semanas, con la ruptura de la unidad soberanista, el President estaba contra las cuerdas. Asumió el desafío, la responsabilidad, y se puso al frente del ‘nou 9-N’. Ahora vuelve a tener la iniciativa. Y debe tomar dos decisiones: si intenta abrir un diálogo con el Gobierno central y si resiste o no las presiones para convocar elecciones. En los próximos días descubrirá si existen vías de diálogo con Mariano Rajoy y si puede establecer alianzas que le permitan culminar la legislatura. Y en el horizonte la celebración de un referéndum de verdad.

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/claves-entender_6_322727747.html

La Policía Militar entrena a soldados para actuar como antidisturbios ante población civil

Militares de un regimiento acorazado en Valencia han sido instruidos durante dos semanas en ejercicios de “control de masas” sin que se les explicara por qué tienen que recibir esa formación. En el cuartel se comenta que “según los mandos, hay que estar preparados para todo, y más en los tiempos que corren”

JOAN CANTARERO Valencia 04/11/2014

Militares con equipos antidisturbios hacen frente a soldados que fingen ser manifestantes, en Marines. PÚBLICO

Militares con equipos antidisturbios hacen frente a soldados que fingen ser manifestantes, en Marines. PÚBLICO

Oficiales y tropa destinados en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº8, con sede en Marines (Valencia), han sido instruidos en ejercicios de “control de masas” civiles con material antidisturbios convencional, durante las semanas centrales del pasado mes de octubre, según ha podido saber Público de fuentes militares, que califican esta formación de absolutamente inédita y extraña.

Se trata del regimiento que participó en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, bajo las órdenes del teniente general Jaime Milans del Bosch, que decretó el estado de sitio, tomando las calles de Valencia con sus tanques. En la actualidad, este regimiento participa en misiones internacionales bajo el paraguas de Naciones Unidas.

Según estas informaciones, refrendadas por un amplio material gráfico, en estos ejercicios han participado en torno a 200 militares, bajo el control y supervisión de miembros de la Policía Militar venidos expresamente de la Brigada de Caballería Castillejos II, con sede en Zaragoza, y bajo cuyo mando se encuentra la Acorazada Lusitania nº8, acuartelada en la Base General Almirante de la localidad de Marines, ubicada a poco más de 39 kilómetros de la capital valenciana, a los pies de Sierra Calderona. Según informaron varios de los militares participantes, el curso fue impartido por “miembros de la Policía Militar venidos de la Brigada de Zaragoza. Nos enseñaron a cómo arrestar gente, poner las esposas, controlar las masas… todo eso; aunque no nos explicaron para qué misión necesitábamos esa formación”.

http://www.publico.es/politica/554315/la-policia-militar-entrena-a-soldados-para-actuar-como-antidisturbios-ante-poblacion-civil?src=lmFn&pos=2

Amnistía acusa a Israel de atacar a conciencia viviendas en Gaza “llenas de familias”

La ONG denuncia la “cruel indiferencia” de las autoridades israelíes ante las matanzas de civiles palestinos provocadas en la última ofensiva contra la Franja

PÚBLICO / AGENCIAS Madrid 05/11/2014

Niños palestinos tratan de resguardarse de la lluvia entre los escombros de una vivienda derruida por los ataques de Israel en Gaza.

Niños palestinos tratan de resguardarse de la lluvia entre los escombros de una vivienda derruida por los ataques de Israel en Gaza.- REUTERS

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un informe la “cruel indiferencia” mostrada por Israel durante la última ofensiva militar en la Franja de Gaza con los “letales” ataques perpetrados contra viviendas “llenas de familias”. A juicio de la organización, los bombardeos pueden ser considerados como “crímenes de guerra” y, tras analizar varios casos en concreto, fueron lanzados sin avisar a los ocupantes de las casas de que iban a ser atacados.

En el documento Familias bajo los escombros: Ataques israelíes a viviendas habitadas, Amnistía analiza el comportamiento del Ejército israelí a través de ocho casos en los que viviendas “familiares” en Gaza fueron atacadas “sin previo aviso” en el marco de la ofensiva ‘Margen Protector’, desarrollada en los meses de julio y agosto de 2014. Esos ataques acabaron con la vida de “al menos 104 civiles, 62 de ellos niños”.

“Israel ha demostrado un espeluznante desprecio por las vidas de los civiles palestinos”

El informe “revela una pauta de ataques” del Ejército israelí durante la ofensiva, en la que murieron 2.200 palestinos y 70 israelíes, según la cual la aviación bombardeó casas civiles hasta reducirlas a escombros, matando a familias enteras. “Las fuerzas israelíes han vulnerado abiertamente las leyes de la guerra al llevar a cabo una serie de ataques contra viviendas civiles, mostrando una cruel indiferencia ante las matanzas que con ello provocaban”, ha denunciado el director del Programa Regional para Oriente Próximo y Norte de África de AI, Philip Luther

El responsable de la ONG denuncia asimismo que Israel ha demostrado “un espeluznante desprecio por las vidas de los civiles palestinos al no avisarles previamente ni darles oportunidad de huir”. El informe contiene “numerosos relatos de supervivientes” que describen el “horror de escarbar frenéticamente entre los escombros y el polvo de sus hogares destrozados en busca de los cuerpos de niños y seres queridos”.

Amnistía exige explicaciones

Durante los 50 días de asedio a Gaza, la Fuerza Aérea israelí bombardeó en más de 5.000 ocasiones la Franja. El Ejército asegura que tomó todas las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles, entre ellas la de suspender ataques cuando merodeaban individuos desarmados alrededor de los blancos y la de advertir a la población de barrios enteros de que iban a ser atacados.

“La comunidad internacional debe tomar medidas para poner fin al perpetuo círculo vicioso de impunidad”

Amnistía concede que en varios de los ataques analizados sus investigadores pudieron detectar “posibles blancos militares” en las inmediaciones. Sin embargo, destaca la organización, “la devastación causada en vidas civiles y propiedad en todos los casos fue claramente desproporcionada a las posibles ventajas militares”. El principio de la proporcionalidad está en el epicentro de las acusaciones contra Israel por parte de ONG internacionales de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo, que reconocen el derecho de este país a defenderse de los cohetes de las milicias palestinas pero, a la vez, condenan enérgicamente la contundencia de sus bombardeos.

 “Incluso si un combatiente estaba presente en una de las zonas residenciales, ello no absuelve a Israel de sus obligaciones a la hora de tomar todas las precauciones posibles para proteger la vida de civiles”, asegura Luther. Y agregó que “los repetidos ataques desproporcionados sobre viviendas indican que las tácticas militares israelíes actuales son profundamente defectuosas y contradicen en sus fundamentos a los del derecho humanitario”.

El día más sangriento documentado en el informe incluye la muerte de 36 miembros de cuatro familias, entre ellos 18 niños, que sucumbieron cuando Israel bombardeó un edifico de tres plantas. Aministía se queja de que Israel no haya revelado por qué razones fue atacado ese edificio. Igual circunstancia se produce en el segundo ataque más mortífero analizado, que ocasionó 25 muertos -de ellos 19 niños- cuando la Fuerza Aérea israelí trataba aparentemente de matar a un miliciano de las Brigadas Azedín al Kasam.

“Parece que el objetivo era directa y deliberadamente civiles o bienes civiles y, por tanto, constituirían crímenes de guerra”

Amnistía ha hecho hincapié en que las autoridades israelíes “no han ofrecido ninguna justificación para estos ataques”. Además, ha contado que, en algunos de los casos que se presentan en el informe, no ha podido identificar “ningún posible objetivo militar” en las viviendas. En opinión de la ONG, en esos ataques “parece que el objetivo eran directa y deliberadamente civiles o bienes civiles y, por tanto, constituirían crímenes de guerra”.

La organización asegura que Israel “ni siquiera ha reconocido ninguno de los ataques descritos en el informe” y “no ha respondido” a su petición de que explique “los motivos de cada uno de ellos”. “Independientemente del objetivo de los blancos, los ataques constituyen ataques burdamente desproporcionados y bajo el derecho internacional debieron haber sido cancelados o aplazados, ya que era evidente que había numerosos civiles en las viviendas”, explica el informe que se queja de que Israel no ha ofrecido explicaciones.

Más allá de las víctimas personales, a las que hay agregar 11.000 heridos, la devastación de los miles de bombardeos aéreos y terrestres en Gaza dejaron sin vivienda a unos 100.000 habitantes de la Franja, y exige una reconstrucción que podría superar los 5.000 millones de dólares y durar más de 20 años. “Ahora lo fundamental es que se rindan cuentas de todas las violaciones del derecho internacional humanitario que se han cometido. Las autoridades israelíes deben dar respuestas. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para poner fin al perpetuo círculo vicioso de graves violaciones y total impunidad”, ha concluido Luther.

Noticias relacionadas

http://www.publico.es/internacional/554401/amnistia-acusa-a-israel-de-atacar-a-conciencia-viviendas-en-gaza-llenas-de-familias

‘Mos maiorum’, una nueva “operación racista” encubierta a escala europea

Beatriz Ríos *

Publicado: 28/10/2014

Mos_Maiorum_Bruselas

BRUSELAS.– El domingo concluyó en el Espacio Schengen la operación Mos maiorum que preveía la retención masiva de inmigrantes irregulares para recabar información sobre las rutas de llegada a Europa y sus responsables, sin embargo, gran parte de los grupos del Parlamento Europeo consideran que no se trata más que de una operación racista que atenta contra la dignidad humana y que criminaliza a la víctima del tráfico ilegal de personas: el inmigrante.

Mos maiorum es una operación policial coordinada por la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea en colaboración con Frontex, la agencia de control de fronteras de la Unión. Entre los días 13 y 26 de octubre, Italia llamaba a los estados miembros del Espacio Schengen a controlar, no solo en las fronteras sino en todo el territorio, los movimientos migratorios. La operación preveía arrestar a inmigrantes en situación irregular para interrogarles sobre las vías de entrada a Europa. El objetivo era recabar información para luchar contra del tráfico de seres humanos.

La opacidad sobre los métodos de la operación también preocupa a los eurodiputados. Aunque la europarlamentaria española Marina Albiol solicitó al Consejo de la Unión Europea información detallada sobre el dispositivo, no se conocen los detalles de la operación. Los resultados de la misma no verán la luz hasta el próximo mes de diciembre.

Según Albiol, el Consejo de la Unión no ha hecho más que extender a todo el territorio Schengen algo que en España se hace cada día: las redadas racistas. La diputada de la Izquierda Plural en el Parlamento detalla el proceso habitual: “se realizan controles en estaciones de metro, autobús, tren o incluso colegios o centros de salud. Paran a determinadas personas para pedirles la documentación y lo hacen en función de su aspecto, según el color de su piel, lo cual es una práctica racista. ”

Este tipo de redadas ya fueron condenadas por la propia Unión Europea a través de la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo GUE/NGL sobre su práctica en España. La Comisión reconocía ser consciente de estos dispositivos y condenaba “toda forma y manifestación de racismo y xenofobia, sin importar de quién venga.” Sin embargo, justificaba la ausencia de sanción en que la vigilancia del respeto a los derechos humanos depende de cada estado miembro. Resulta sorprendente entonces que esta práctica se haya extendido e institucionalizado, aunque solo durante unas semanas, al territorio de todos los miembros del Espacio Schengen.

Fernando López Aguilar, eurodiputado por el Partido Socialista, cuestiona además la utilidad de esta práctica ya que “la identificación apunta más a las víctimas del tráfico ilícito de personas que a las mafias que hay detrás.”

Pablo Echenique, de Podemos, denuncia que se trata de un dispositivo basado en el miedo cuyo objetivo es “aterrorizar a los que han llegado a Europa en busca de trabajo, techo y pan.” Ángela Vallina, de la Izquierda Plural añade que “Mos maiorum significa asociar la idea del inmigrante con el criminal. Pone en riesgo el derecho a la no discriminación y a la libertad de movimiento.”

Sin embargo, Mos maiorum no es la primera de estas operaciones contra el tráfico de personas. Estos dispositivos policiales coordinados se realizan cada cierto tiempo desde 2011. A Mos Maoirum le preceden Hermes, Balder, Mitras, Demeter, Afrodita y la última, entre septiembre y octubre de 2013, Perkunas.

El ministerio del interior italiano en colaboración con la agencia europea Frontex es el responsable en esta ocasión.

Perkunas: conclusiones de la última operación

Mos_Maiorum_cartel

Coordinada por la presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea, Perkunas se saldó con 10.459 personas inmigrantes irregulares interceptadas de las cuales, el 68’52% demandaron protección internacional. Esta cifra no sorprende en absoluto si tenemos en cuenta que los principales países de origen eran Siria, Eritrea y Afganistán, tres territorios marcados por la guerra y la pobreza.

Esta es la clave que algunos eurodiputados pusieron sobre la mesa el pasado 22 de marzo durante un debate en el Parlamento Europeo: ¿de dónde vienen estas personas y de qué huyen?

Ángela Vallina, en su intervención en el debate, denunciaba que “explotamos en origen sus recursos, somos cómplices de Estados corruptos y cuando la presión del hambre, la pobreza y la muerte les empuja a saltar vallas, a jugarse la vida en embarcaciones… Los encerramos, los expulsamos y los abandonamos a su suerte.”

Hambre y guerra

Durante la ‘operación Perkunas’, 3.770 personas fueron identificadas como nacionales sirios. La ONU estima que entre 2011 y 2014, más de 191.000 personas han muerto a causa de la guerra en Siria. A esta cifra habría que sumar los fallecidos por falta de acceso a recursos básicos. Además, unos 9 millones de personas han dejado el país huyendo de la guerra convirtiéndose en refugiados, menos de 100.000 de ellos reclamaron asilo en Europa.

Eritrea fue el segundo lugar de origen en cuanto a inmigrantes irregulares retenidos entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2013. Con una renta per cápita de 409 euros, desde su independencia en 1993, Eritrea ha sufrido tres guerras fronterizas. El conflicto con Etiopia ha causado desde 1998 más de 100.000 muertes y aunque los enfrentamientos cesaron en 2002, la situación en la zona continúa siendo inestable.

Desde Afganistán llegaron 590 personas a Europa durante la operación, según datos del gobierno lituano. En Afganistán la renta per cápita es de 511 euros y de sobra conocida es su situación política y social. En guerra desde 2001, hasta siete países del Espacio Schengen han intervenido en el país. Casi 8000 civiles han muerto en los últimos seis años a causa del conflicto en un país en el que los ataques terroristas son un fenómeno casi diario.

Estas cifras arrojan luz sobre las razones por las que miles de personas cada año se juegan la vida para llegar a Europa. Es por esto que los eurodiputados reclaman mayor transparencia para la ‘operación Mos Maiorum’, respeto a los derechos fundamentales y mejoras en procesos de gestión de las demandas de asilo. Para el Parlamento Europeo, una operación policial no puede ser la única respuesta a una situación que lejos de ser un problema de seguridad es una crisis humanitaria.

(*) Beatriz Ríos es periodista.

http://www.cuartopoder.es/invitados/2014/10/28/mos-maiorum-operacion-racista-europea/3606

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