Mercedes Hernández
Activista de Derechos Humanos. Formada en Ciencias Jurídicas, Sociales y Citotecnología.
Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala
- El exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt comparece hoy ante la Justicia de su país para responder por las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra perpetrados en contra de miles de opositores durante los 17 meses que estuvo al frente del Gobierno en la década de los ochenta.
- En 1982, durante su gobierno, las mujeres constituían el 42% de las víctimas de las masacres: sobre sus cuerpos se practicó, de manera sistemática, todo tipo de torturas, en especial violencia sexual, como antesala de la muerte.
- Retransmisión en directo de la audiencia de Ríos Montt
Una niña contempla el paisaje desde la entrada de una casa. Cuatro adolescentes varones y una joven embarazada fueron asesinados por desconocidos en el barrio. 20 de febrero de 2010 (Rodrigo Abd / AP)
En las calles de Guatemala son exhibidos todos los días los cadáveres mutilados y torturados de mujeres y de niñas asesinadas por hombres o por grupos de hombres que se organizan para demostrar su capacidad letal infundiendo el terror en las mujeres, como género, y en la población en su conjunto. Casi 1.000 mujeres fueron asesinadas en Guatemala durante 2011 y más de 6.000 lo han sido en los últimos diez años. Estos asesinatos son silenciados y ocultados tras el panorama de violencia cotidiana en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Mujeres durante una velada contra la violencia el 25 de noviembre de 2005 (Moisés Castillo / AP)
A pesar de las alarmantes cifras de la actualidad, la violencia feminicida ha sido una constante y nunca la excepción en la historia de Guatemala: al patriarcado precolombino siguieron las formas de subordinación racista impuestas por la invasión española, que perpetuó prácticas esclavistas en los latifundios de los colonos. Más tarde, el país fue devastado por un conflicto armado que duró 36 años (1960-1996) y que dejó al menos 250.000 víctimas. Una de cada cuatro personas asesinadas era mujer, es decir, población civil desarmada no combatiente.
Una mujer indígena sostiene una fotografía de un cadáver recuperado de una fosa común del genocidio que se cometió entre 1960-1996. Cientos de personas marcharon aquel día de noviembre de 2006 a la Corte Suprema para pedir el arresto del dictador Efraín Ríos Montt y otros militares acusados de genocidio, tortura, terrorismo y detenciones ilegales (Alexandre Meneghini / AP)
En 1982, durante el Gobierno del general Efraín Ríos Montt, las mujeres constituían el 42% de las víctimas de las masacres: sobre sus cuerpos se practicó, de manera sistemática, todo tipo de torturas, en especial violencia sexual, como antesala de la muerte. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), más de 100.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto armado; muchas de ellas permanecieron durante años en destacamentos militares o paramilitares como esclavas sexuales. El destino de la mayoría era la muerte, como parte de una estrategia contrainsurgente, planificada hasta el detalle, que consistía en eliminar las bases materiales de la comunidad más su capacidad de reproducirse. La cadena de mando militar funcionaba en todo momento y la alta dirigencia estaba perfectamente enterada, en tiempo real, de todas las operaciones realizadas en el campo de batalla.
Al finalizar el conflicto armado interno, con la firma de los Acuerdos de Paz (1996), los agentes estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no fueron juzgados ni castigados. Más bien, una gran cantidad de éstos se integró en los carteles que operan en el corredor del narcotráfico, de Colombia hacia México: por ejemplo, la fuerza ‘de élite’ Kaibil, cuyos miembros forman parte de narco-comandos como Los Zetas, conocidos por su extrema violencia. Otros, se reorganizaron en el sector empresarial, en especial en el mercado de la seguridad privada, que cuenta con 750% más de efectivos armados que la policía nacional; y en partidos políticos, desde los cuales han obtenido inmunidad y altos cargos dentro del Gobierno de Guatemala: tal es el caso de los generales Efraín Ríos Montt ex presidente del Congreso de la República y Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala, sindicados de crímenes de género, constitutivos de tortura, genocidio y otros delitos de lesa humanidad, considerados de persecución universal, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Audiencia Nacional de España.
(Alexandre Meneguini / AP)
La debilidad del Estado guatemalteco, que se ha demostrado incapaz de detentar el monopolio de la violencia y de proteger a sus habitantes, ha contribuido al surgimiento y proliferación de las mafias que, integradas por criminales de guerra del pasado y del presente y custodiadas por el mercado privado de seguridad nacional, se disputan abiertamente el espacio y la soberanía de las comunidades, en un escenario bélico actual, donde la ocupación del territorio es indisociable de la ocupación de los cuerpos de las mujeres, como arma de destrucción del tejido identitario-colectivo.
La posición geoestratégica de Guatemala, por donde transita el 80% de la droga y otros activos ilícitos rumbo a EE. UU., favorece el crecimiento de la economía criminal, que convierte cada año a miles de mujeres en la mercancía de las redes de trata y del mercado de la prostitución, en cobradoras de los impuestos de guerra establecidos por diferentes grupos armados, en transportistas de droga, en úteros productores de niños y niñas destinados a las adopciones (la mayoría de ellas ilegales), así como en niñas soldado destinadas al sicariato.
Las corporaciones criminales y los señores de la nueva guerra cuentan con una base armada, cuyo adiestramiento también es militar, que es a la vez la mano de obra más barata para los delitos cotidianos y la fuerza más extendida por todo el territorio del país: las maras. Estas fratrías jóvenes sellan sus pactos a través de delitos en los que el sacrificio de mujeres, previas torturas –generalmente sexuales–, es frecuente. Generalmente son asesinadas las mujeres y las niñas que rechazan las demandas sexuales de las pandillas, incluyendo aquellas con fines de prostitución y trata, o quienes se niegan a convertirse en propiedad sexual de las pandillas. También son asesinadas familiares de los mareros, en ritos destinados a la ruptura de cualquier vínculo con la familia de sangre, para ser aceptados en la familia criminal.
Las brutales formas de coerción que han sido infligidas al cuerpo político colectivo a través de los cuerpos individuales de las mujeres intentan devolverlas a la domesticidad del espacio privado, a ese nicho de profundas desigualdades donde históricamente han sido víctimas de múltiples violencias: física, emocional, económica y sexual. Violencias directamente imputables al Estado, que es el máximo responsable, por acción y por omisión, de las graves violaciones a los derechos de las mujeres de Guatemala, en el ámbito público o privado, en el marco de una guerra que debe ser urgentemente redefinida y tipificada.
Vicenç Navarro
