Mineras canadienses cometen una serie de violaciones a los derechos humanos en América Latina

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Por Marcela Belchior

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina.

00Fotografía: Niños expuestos a la contaminación de industria minera canadiense en el territorio de Perú. De Milagros Salazar/IPS.

En la primera sentencia de la investigación que va a extenderse hasta 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno canadiense son responsables de la violación de derechos humanos en varias localidades de América Latina. El TPP, organización independiente fundada en Italia, afirma que el Municipio de Ottawa (capital de Canadá) y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar la disidencia y cometer asesinatos selectivos.

El secretario general del Tribunal, el epidemiólogo y sanitarista italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofía y en Medicina, fue uno de los ocho jueces que tomaron la decisión. En una entrevista a la agencia de noticias IPS, destaca cómo las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional. “La batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, observa Tognoni. “Lo que se podía hacer se está haciendo, con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas. Para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, agregó.

Tognoni compara las situaciones de violación, como la provocada por las empresas canadienses, con tratados económicos, éstos sí con eficacia inmediata. El secretario general del TPP destaca que el conflicto establecido entre empresas transnacionales y los derechos humanos frecuentemente queda impune. “No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, critica.

Formalmente, Canadá debe defender en tierras extranjeras los mismos derechos que defiende en su propio territorio. Por el Principio de Maastricht, los derechos humanos, universalmente válidos, deben ser respetados por los Estados más allá de sus fronteras. Brechas jurídicas, falta de regulación adecuada y la falta de compromiso de los gobiernos y empresas privadas le abren el camino a la falta de respeto a los derechos humanos en varias partes del mundo.

La sentencia del TPP, reunida en un documento de 86 páginas, señala que el 75% de las empresas mineras de todo el mundo tienen sede en Canadá. Además, indica que compañías canadienses tienen inversiones estimadas en más de 50 mil millones de dólares solamente en el sector de extracción en América Latina. Eso representa entre el 50% y el 70% del total de ese tipo de actividad en el continente. “Y el veredicto muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, resaltó Tognoni.

La sentencia no tiene poder concreto de aplicación, ya que el TPP no tiene legalmente el carácter de una Corte Judicial. El Tribunal funciona como un apoyo a las comunidades afectadas en la documentación de abusos cometidos contra las poblaciones, proposición de debate y refuerzo de la presión por la atención a los derechos de los pueblos. En este sentido, el TPP hizo recomendaciones al gobierno canadiense y a las empresas mineras involucradas, así como a agencias y organizaciones internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Con informaciones de IPS Noticias)

Marcela Belchior
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Quijotes contra empresas eólicas en México

Pese a las amenazas de muerte, el hostigamiento y ahora la intención de encarcelar a defensores de derechos humanos, los pobladores del istmo mantienen el pulso a las eólicas y han tenido algunos éxitos: un proyecto se ha paralizado y ahora será sometido a consulta; y los contratos de otro podrían ser anulados

Juan Martínez se escabulle en la oscuridad todavía no muy cerrada de su humilde casa buscando el interruptor de la luz. Su hija da las últimas puntadas del día al bordado de un huipil. Juan cruza la sala con rapidez y mete la mano entre un nudo de cables enmarañados. ‘Clic’. “Miren”. La bombilla se prende. Los visitantes no salen de su asombro.

“Allá adentro tengo otra”, justifica. Alumbrado por esa luz, rebusca en un cajón y muestra uno de sus pesares: un factura de marzo de 2011 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un importe de 12.732 pesos (unos 800 euros),  50 veces más de lo que pagaría alguien en un departamento de Ciudad de México con todo tipo de tecnologías y electrodomésticos.

“¿Cómo la iba a pagar?”, susurra el pescador. Desde entonces, es considerado moroso por la compañía, que le cortó el servicio.

Pero no es eso lo que más preocupa al señor Juan. Lo que le quita el sueño es otro tema vinculado también a la electricidad: los peces.

“Cuando en noviembre de 2012 llegó Mareña Renovables [una empresa eólica] perforaron en la barra [el pedazo de tierra que separa la laguna superior de la inferior, ya cerca del mar] y perdimos todo el producto”, explica otro pescador zapoteco, Isidro Guerra.

“Golpeaban (barrenaron) el subsuelo profundo y murió pescado”. Guerra no ofrece explicaciones técnicas ni declaraciones de impacto ambiental, sino una prueba para él irrefutable: “Vimos peces muertos”.  Y luego otra. “En Playa San Vicente, donde hay un parque eólico, no queda nada y vienen a pescar aquí, pero no hay para todos”.

El señor Juan y el señor Isidro hacen todos estos comentarios en los intervalos de una asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Están en pleno istmo de Tehuantepec, apenas 200 km de tierra que separan el océano Atlántico del Pacífico y cuyo potencial eólico es el segundo mayor del mundo tras el de la Patagonia, con 4.000 horas de viento útil (casi medio año), según los expertos.

A partir de 2006 las compañías energéticas, muchas de ellas españolas, llegaron para quedarse (ahora están todavía más incentivadas con la reforma energética que liberaliza el mercado). Las autoridades, tanto estatales como locales, vieron llegar a la gallina de los huevos de oro y firmaron contratos que, la mayoría de las veces, solo beneficiaban al cacique de turno y no a la población. En otras ocasiones, las empresas negociaron directamente con propietarios de tierras contratos leoninos. 

Poco a poco se multiplicaron las críticas, cuando los pobladores comenzaron a ver que habían sido víctimas de abusos. Esa riqueza que las eólicas supuestamente iban a dejar en el pueblo ni les llegaba (algunas comunidades del istmo siguen sin luz), ni les interesaba a muchos de sus habitantes.

Como al señor Juan. Que solo aspira a pescar y pagar lo justo por las tres bombillas que alumbran su casa. Por eso él y sus vecinos se organizaron y desafiaron a las autoridades locales oficiales, y a los poderes económicos, arriesgando la vida. Porque en México disentir es peligroso y los matones, muchas veces a sueldo de las policías locales o estatales, florecen en cada esquina.

Ahora en Álvaro Obregón se gobierna de forma asamblearia y guardias comunitarios vigilan el paso de cualquier sospechoso. El objetivo es tener electricidad a precios razonables y que no instalen un parque eólico en sus tierras, zonas indígenas zapotecas donde habitan pescadores que no confían en los molinos como generadores de riqueza, sino en sus manos y en sus redes.

“En el momento en que la empresa entre, vamos a desaparecer, es la muerte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra comunidad”, teme Pedro López, otro pescador.

En la asamblea de hoy, el señor Juan y sus compañeros ponen al día a Bettina Cruz, una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec  , de los avances en sus reuniones con el ayuntamiento de Juchitán, que prepara una consulta sobre la instalación del parque eólico.

“¿Ven? Ya les consideran interlocutores, ¡vamos avanzando!”, anima esa indígena zapoteca que lleva toda su vida en la lucha social.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), de 1994 hasta 2013, en el estado de Oaxaca se han proyectado dieciséis parques de energía eólica. Sin embargo, no existe un precedente de que se haya celebrado una consulta previa, libre e informada aunque es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Gracias a las movilizaciones y protestas de diciembre de 2012 los tribunales dieron la razón a las comunidades indígenas y ordenaron paralizar el proyecto llamado Mareña Renovables y que pretendía ser, según anunciaba la web de la empresa, el complejo eólico “más grande de Latinoamérica” con 132 aerogeneradores en 5.332 hectáreas.  Ahora la energética vuelve a carga bajo el nombre de Eólica del Sur pero si gana el ‘no’, el proyecto quedará bloqueado de nuevo.

El problema, explica Bettina Cruz, es que la consulta, ni será previa, ni será libre ni será informada porque “han vuelto las amenazas, el hostigamiento y la compra de voluntades”, como denunciaron en noviembre de 2014 varias ONG. En lugar de una especie de referéndum con urnas en el que vote cada ciudadano, los consultados son las organizaciones sindicales, empresariales, de mujeres, la gran mayoría vinculadas a los partidos políticos

LARGA HISTORIA DE ABUSOS

Pese a todos los problemas, llegar a la consulta es un éxito que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Literal. Lo sabe bien Cruz, ingeniera  agrícola  que siempre tuvo claro que su lugar era la defensa del derecho a la tierra de su pueblo, el zapoteco, un derecho humano no siempre reconocido por los gobiernos de turno.

Justo después del fallo del tribunal en el caso de Mareña, el hostigamiento se convirtió en amenazas de muerte contra ella y contra otros líderes indígenas como contábamos en este reportaje en Periodismo Humano . Nadie murió entonces aunque hubo fuertes enfrentamientos cuando los pobladores bloquearon el acceso a la barra donde Mareña quería instalar los aerogeneradores. Cruz y otros defensores tuvieron que exiliarse y esconderse.

Ahora el objetivo de las autoridades es  encarcelar a la activista. “Ya sabemos las consecuencias de esta lucha, no vivimos en un país democrático”, asegura ella tajante. Es, denuncian las ONG, una forma de desactivar a los defensores molestos.

“Hay un patrón generalizado (…) de criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las organizaciones, campañas de desprestigio, agresiones aparejadas a los intentos por imponer proyectos o extraer recursos minerales, sin el consentimiento de las poblaciones”, dice un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos humanos (CMDPDH).

Desde 2011, esta ONG documentó 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones en 29  países. En el mismo periodo, 43 fueron asesinados y 123  sufren acoso judicial. Además,  95% de las violaciones de derechos contra los defensores quedan en la impunidad.

El caso de Bettina Cruz es uno de ellos. El delito por la que la persiguen fue participar en 2011 en una protesta pacífica   frente a la CFE en Juchitán para denunciar el alto precio de la electricidad  y exigir la libertad de Filiberto Vicente Aquino, indigena y comunicador comunitario binniza , acusado de robo de energia electrica. O dicho en versión del Estado: “privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional”.

En 2012 la llegaron a aprehender, salió tras pagar fianza, pero el proceso continúa. Tiene que ir al juzgado cada mes  y en cualquier momento llegará la sentencia, aunque estas escasean en México (más del 90% de los crímenes quedan impunes) y pese a que 300 organizaciones y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se han posicionado a favor de la activista.

“Cuando estaba el conflicto tan fuerte durante el bloqueo de la barra, ir a firmar al juzgado implicaba que me pudieran matar por el camino”, asegura.

Cruz no oculta cierta intranquilidad, pero dice que está acostumbrada a los tiempos duros. Como aquel otoño de 2011 en Unión Hidalgo. “Era como una guerra, día y noche. La tensión con la energética Demex era tanta que hasta pedimos al gobierno que interviniera porque temíamos por nuestras vidas”.

Aquel conflicto con Demex, filial de la española Renovalia, que todavía está en los tribunales, alimentó la desconfianza de los pobladores del istmo hacia todas las energéticas.

“Vinieron con programas para mitigar la pobreza (Oaxaca es uno de los estados más pobres de México) pero lo que hacen relumbra un momento y luego cae”, explica Cruz. En parte, reconoce, por la corrupción que todavía impera en los partidos tradicionales y en las administraciones locales.  Pero las multinacionales siempre dijeron que ese no era su problema.

“Cuando llegaron los de Demex empezaron a coquetear con los propietarios  de las parcelas mediante chicas guapas que debían convencerles para que firmaran; al año siguiente rifaron una camioneta, luego comenzaron a ofrecer dinero”,  explica Juan Regalado, un dueño de tierras en  Unión Hidalgo que no rechaza a las eólicas, rechaza los engaños. “Nos dijeron una bola de mentiras, como que nos pagarían por hectárea y no por el espacio exclusivo del aerogenerador. Por eso firmamos”. Tampoco podían ni imaginar, que la energética incluso se atrevería a hipotecar sus tierras.

Cuando quisieron revisar las condiciones, la empresa se negó y llegó la violencia. “’Ya firmaron, ya se chingaron’, fue la frase repetida por el responsable de Demex, Fernando Ballester”, añade Regalado.

Fue entonces, octubre de 2011, cuando comenzó lo que Bettima llama ‘la guerra’: por un lado los propietarios bloqueando carreteras; por otro, la empresa y las autoridades locales que querían despejarles. “Pagaron a golpeadores y sicarios”, dice Regalado.

“En un momento dado llegó un grupo armado disparando, pensé que nos iban a matar”, rememora Bettina Cruz. “’Ahora sí pinche vieja cabrona’, me dijo uno de ellos. Pero el disparo no llegó”.

El enfrentamiento acabó con un muerto. “Era uno de ellos, que lo debieron matar de un disparo al aire pero acusaron a un compañero aunque nosotros no llevábamos armas. Tardaron dos años en liberarlo”.

La lucha por anular los contratos de Unión Hidalgo continúa a finales de 2014. La demanda de los propietarios fue aceptada por el tribunal agrario, mientras sus habitantes siguen sumando desagravios: se quejan de la cercanía de los aerogeneradores, del ruido que hacen. “La empresa incluso ha preguntado a los médicos si había más padecimientos del oído para ir a repartir más dinero, así funcionan”, dice una pobladora de Unión Hidalgo que pide el anonimato por seguridad.

“No es fácil luchar contra el sistema”, reconoce Bettina Cruz mientras visita a unos y a otros poniendo en común estrategias de lucha, siempre con ojos en la espalda por lo que pueda venir.

No es la única que vive con las amenazas de muerte o de encarcelamiento. Filiberto Vicente, de Santa María Xadani está en una situación parecida y por los mismos motivos. “Nos acusan de todo, yo soy secuestrador, él es ladrón, incluso me acusaron de traficante de armas”, dice socarrón mientras ofrece al visitante pequeños camarones que pescó en la mañana.  “Tuve que poner rejita en la casa”, explica, aunque es difícil creer que esos cuatro hierros puedan evitarle problemas.

El peligro de Vicente se llama ‘Radio Xadani’, una pequeña emisora comunitaria. “Empecé  a hablar de las eólicas y enseguida comenzó el hostigamiento”. En una ocasión incluso llegó la marina y el ejército, recuerda . “A veces me entra el miedo, a veces coraje”.

Él, igual que Bettina Cruz o el Señor Juan, no tiene luz y se enganchan al suministro a través de tomas que le presta algún vecino. La mitad de los 8.000 habitantes de Santa María Xadani está igual. No paga como parte de la protesta por las altas tarifas. “Me cortarán la luz pero no me pueden tapar la boca”, asegura Vicente.

Mientras se desarrolla la conversación, Bettina recibe una llamada. “Una camioneta sospechosa ha intentado entrar a Álvaro Obregón y los compañeros la han retenido”, cuenta. Según Cruz, son de Eólica del Sur o de la CFE e intentan pasar a hacer mediciones.  El ambiente se tensa pero al cabo de unos minutos, Cruz recibe otra llamada. “Ya se fueron, entraron en razón”.  Ya no hace falta que Filiberto Vicente interrumpa la programación para lanzar un mensaje de emergencia por Radio Xadani. No obstante, asegura que la situación está complicada en todo México.

“Está cabrón. Si no, vea cómo desaparecieron a los 43 estudiantes”

“Todo es parte de la misma lucha”, dice Cruz: la lucha por los derechos de los hombres y los pueblos.

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*Este trabajo se realizó con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la UE * 

http://periodismohumano.com/economia/quijotes-contra-empresas-eolicas-en-mexico.html

Argentina. Vivir entre agroquímicos, morir como moscas

Escrito por  Leonardo Rossi

Las muertes por cáncer en San Salvador, Entre Ríos, duplican la media nacional.  En la mira, el  descontrolado uso de agroquímicos. 

El Salvador. Vivir entre agroquímicos, morir como moscas “Somos un pueblo en el que los vecinos están muriendo como moscas”, dice Andrea Kloster. La presentación de la ciudad en boca de esta mujer contrasta con los prolijos carteles que inundan las calles de orgullo, de identidad, de arraigo a un modelo productivo que da cobijo y seguridad. En cada entrada a la planta urbana se puede leer: San Salvador, capital nacional del arroz. En este centro urbano de 17 mil habitantes ha muerto entre el 30 y el 50 por ciento de la población a raíz de distintos tipos de cáncer, en los últimos cuatro años, según datos a los que accedió la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. La media nacional de muertes causadas por esa enfermedad es de 20 por ciento. “¿Qué pasa en San Salvador?”, preguntan en la plaza, en las calles y escuelas desde hace meses cientos de ciudadanos. Por ahora, sin estudios oficiales, es la propia gente de a pie la que investiga posibles causales: fumigaciones con agroquímicos que invaden los barrios, agua contaminada, una nube de cascarilla de arroz rociado con pesticidas que es parte del aire diario que se respira, un enterramiento de pesticidas bajo una escuela. O todo eso combinado.

El monstruo desde adentro

Ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos, la ciudad de San Salvador se muestra como espolvoreada. Un manto de finas partículas de arroz se posa sobre el asfalto, los autos, las casas, y cada objeto que encuentra a su paso. El espeso aire que brota de los acopios y secaderos de arroz cubre la ciudad, filtra la luz y genera un efecto visual que es patrimonio exclusivo del pueblo. Respirar se torna denso. Pero ahí están, firmes, como emblema de la productividad, los molinos que no cesan de exhalar residuos.

De la década del 70 a la actualidad, Argentina duplicó su siembra de arroz, y en la misma medida lo hizo Entre Ríos, que acapara cerca de la mitad de la producción, con 94.750 hectáreas ocupadas con ese cultivo en 2010, según datos de Nación. Ese año, la capital arrocera hizo honor a su título con 11.800 hectáreas sembradas.

El polvillo que emana de las arroceras viene cargado de diversos pesticidas. Roberto Dekimpe, 57 años, trabaja en el molino Ala, del grupo de agronegocios Adecoagro. Este hombre, de hablar cansino, conoce en carne propia el peligro de los agroquímicos. Un accidente de trabajo en 2008 lo marcó para siempre. “Estaba fumigado con Potosín (sulfuro de aluminio) y no tomé las precauciones que tenía que tomar. El Potosín con la cáscara de arroz es mortal”, relata. “Estuve en terapia intensiva y tuve la suerte de zafar. Desde ese momento empecé a estudiar las reacciones de los agroquímicos.” “Para secar el arroz se usa mucho paraquat. Ese químico es terrible”, apunta sobre este herbicida. De nombre comercial gramoxone, el Paraquat tiene varias consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, se han probado efectos neurotóxicos en embriones de ratón con efecto permanente, por la exposición a lo largo del tiempo, según la Red de Acción en Plaguicidas (Rap-Al).

Cuando comenzó a ver la escalada de casos de cáncer, Dekimpe no dudó en indagar acerca de cuánto tiene que ver con esa realidad el modelo que hoy le brinda un salario. “Si por acompañar esta causa pierdo el trabajo, buscaré otra cosa”, dice convencido de dejarle un mejor ambiente a su nieto de tres años.

En el kilómetro 210 de la ruta nacional 18 se emplaza Adecoagro, uno de los negocios del emblemático magnate húngaro George Soros. “En Marzo del 2007 se incorpora a Adecoagro la empresa Pilagá. Mediante esta compra, sumamos 94.000 hectáreas de tierra, dos molinos arroceros y la reconocida marca Molinos Ala”, cuenta la empresa en su web. La firma se vanagloria de aportar el 10 por ciento de la producción de arroz y tener una capacidad de acopio arrocero de 161.000 toneladas, entre sus distintos establecimientos. Todo el trabajo se hace “con la convicción de realizar una gestión con responsabilidad ambiental”, dice Adecoagro, mientras sus palabras se desvanecen entre la bruma de arroz molido que convierte en irrespirable ese pasaje de la ruta. Conductores suben y bajan de los camiones en medio de un manto grisáceo. Ninguno tiene máscaras ni elemento alguno que los proteja.

Fumigados desde abajo

Empieza a anochecer. Un típico sábado de pueblo. Autos, motos y bicicletas cruzan de un lado a otro. Mujeres, hombres, niñas y niños se acercan a la plaza. Una nueva marcha de Todos por Todos, vecinos que se preguntan “¿qué es lo que nos está matando?”.

En 2010, de 58 muertes, 27 fueron por cáncer (46,5 por ciento). El año siguiente fue exactamente la mitad: sobre 80 fallecidos, cuarenta tuvieron como causal esa enfermedad. En 2012, 22 muertos enfermos de cáncer de un total de 52 y en 2013 la cifra alcanzó el 32 por ciento (19 sobre 59).

Según datos de la Red de Pueblos Fumigado en zonas expuestas al uso indiscriminado de agroquímicos “más del 30 por ciento” de las muertes responden a casos de cáncer. A nivel nacional, el promedio es menor a 20 por ciento. “Hay algo actuando fuertemente en el pueblo, que son los químicos”, plantea Medardo Ávila Vázquez, representante de la red, tras visitar la zona, entrevistarse con vecinos y evaluar datos de las defunciones.

Frente a los primeros reclamos en torno este tipo de muertes, el Municipio mandó a estudiar el agua y detectó que dos tanques que abastecen la red pública se encontraban contaminados con materia fecal. A ese dato confirmado se suman otros factores ambientales de riesgo denunciados por los vecinos. “Donde está el foco del cáncer, que es el barrio Centenario, hubo un aeródromo de aviones fumigadores. El primer aviador que hubo en San Salvador me cuenta que ellos pulverizaban con gamexane, y ahí se enterraron tachos con químicos”, dice Dekimpe. Otros vecinos repiten la misma historia: los tachos enterrados y los derrames de químicos como el lindano (gamexane), prohibido en Argentina desde 1995 por su alta toxicidad. En ese lugar no sólo se montó un barrio hace dos décadas, si no que se construyó una escuela. El patio en el que juegan los niños se confunde con los restos del aeródromo. El hangar, las mangas para medir el viento, son la evidencia que perdura de ese ¿pasado? químico.

Capital de la soja

Todos por Todos se mueve por la ciudad. Roxana Vargas (39) es la mamá de Pablo (15). La vecina del barrio 40 viviendas, un desprendimiento del Centenario, perdió a su hijo hace dos meses a causa de una leucemia. “En el barrio ya han fallecido dos chicos, una señora”, enumera en voz baja. “Le pregunté al doctor si lo de Pablo era hereditario y me dijo que no. Quiero saber bien qué es lo que pasa”, suelta con la mirada ida, mientras marcha. A unos pasos está Gloria Dávila, de barrio Tres Focos, toda una vida cerca de los arrozales. Hace dos años fue rociada con agroquímicos por un avión fumigador que trabajaba en un campo de soja. “Respiré eso que tiran para matar bichos. Me descompuse, empezó a dolerme los ojos, la cabeza, comencé a salivar, y luego quedé lisiada”, recuerda de esa jornada. “Ahora me tengo que hacer una operación acá abajo”, dice señalando su garganta.

El problema en torno a las fumigaciones ya fue reconocido por el Estado local. En 2012, el Concejo Deliberante de San Salvador sancionó una ordenanza (Nº 1.090) que crea una “zona de resguardo ambiental”, que incluye a la planta urbana más un radio de quinientos metros en la que se prohíben las pulverizaciones tanto aéreas como terrestres. La normativa local llegó para cubrir el bache de una antigua legislación provincial sobre pulverizaciones, que tuvo origen en 1980, cuando el mapa agrario era otro.

Marcha de “Todos por todos”

El modelo rural en el país, la provincia y el municipio ha cambiado de forma notable en las últimas dos décadas. “Hay personas enfermas y todo por las fumigaciones, que empeoraron mucho con la llegada de la soja”, analiza Dávila, con la voz ya quebrada de nervios. De un tiempo a esta parte, la estrella del agro argentino también es protagonista en San Salvador. La capital arrocera tiene 67.500 hectáreas sembradas con la oleaginosa, unas seis veces lo que ocupa el cultivo que da identidad al pueblo.

  A quién le importa

La caminata de Todos por Todos culmina en la Escuela Especial número 9. Más de setenta personas se reúnen dentro para plantear sus dudas, conocimientos, pareceres en torno a lo que sucede en San Salvador. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que ha relevado este tipo de problemáticas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco se hace presente para el intercambio. No está el presidente Municipal Marcelo Berthet ni autoridades provinciales, que ya han sido informados sobre la situación de San Salvador. Sólo se sumó al encuentro la concejala Graciela Fernández, impulsora de la ordenanza que limita las fumigaciones.

Pasan los testimonios de personas enfermas, de hombres y mujeres preocupados por el estado de salud de sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Andrea Kloster toma el micrófono. “Al intendente, al gobernador y a la Presidenta le importa un carajo esto si no, no estaríamos acá.” La mujer, impulsora de las marchas, los encuentros y reclamos frente a los funcionarios, aclara: “No estudié medicina, ni enfermería”. Sólo se vio alertada por ver que su gente cercana moría, “como moscas” y quiso saber de qué se trata esta realidad.

publicado en plazademayo.com, 01/04/2014 Por Leonardo Rossi

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Bajando el Magdalena – Inventario de cómo quieren explotar y entregar a transnacionales los recursos energéticos del Huila

Un temor recorre de arriba a abajo a esta región del sur de Colombia: los 9 megaproyectos energéticos que propone una empresa de China para el río Magdalena, las 37 microcentrales de energía planteadas para zonas de alta pendiente de montaña y las 12 áreas petroleras ya entregadas en concesión.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales. Juan Gonzalo Betancur
 Por Juan Gonzalo Betancur

Preocupa mucho el gran interés en todo esto de empresas transnacionales extranjeras que no tienen sentido de pertenencia por el territorio y su gente. Mientras en el resto del país estos problemas no se conocen y los grandes medios de comunicación no hablan sobre ellos, en este departamento del Huila el asunto es tema de conversación en todos lados. Así se constata al ir de pueblo en pueblo bajando el río Magdalena donde de una forma u otra el asunto aparece hasta en la charla más desprevenida.

A simple vista parecería que la queja es cosa de ambientalistas, campesinos, indígenas o defensores de comunidades marginadas, pero la cosa va más allá.

Incluso, en varios municipios toda la clase política local (sin distingos de partido) ya se unió en contra de estos proyectos, para lo cual ha contado hasta con el apoyo de empresarios del campo, pues se afectan las tierras más fértiles y productivas de la región.

En Neiva, hace unos meses hubo una masiva marcha de protesta (se calcula en unos 40 mil los participantes) que salieron a las calles contra el intento de hacer exploraciones petroleras cerca del río Las Ceibas, que surte de agua a esa ciudad.

En otras localidades el asunto sigue siendo apenas tema de los posibles afectados, mientras hay un tercer grupo en el que están los que ven todo desde la distancia porque la situación no será con ellos o porque se pueden beneficiar de alguna forma.

Lo cierto es que en todo el Huila saben algo del asunto y lo comentan por los impactos físicos, ambientales, sociales y hasta culturales que eso traería sobre sus comarcas, debido al tamaño de los macroproyectos y a su dispersión por toda la geografía “opita”, de acuerdo con el gentilicio para los nacidos en este departamento.

Según Asoquimbo, un movimiento ciudadano que surgió en oposición al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, actualmente en construcción, estos son los megaproyectos planteados para el Huila con el aval e impulso del Gobierno Nacional de Colombia:

 

Proyectos hidroeléctricos

De acuerdo con el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, que realizó la empresa Hydrochina, compañía estatal de ese país, se proponen construir grandes represas para que el Huila quede con 9 en total y el vecino departamento del Tolima con 8. Todas aprovechando las aguas del principal río de Colombia.

Ese plan, que ya fue entregado pero solo en una versión en inglés, contó con el aval del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos. Esta estrategia hace parte de la llamada “locomotora” minero-energética que desarrolla el mandatario dentro de su plan de gobierno Prosperidad para Todos.

De acuerdo con denuncias recogidas en la región, fue financiado casi en su totalidad por la propia compañía china, pues aportó 11.7 millones de dólares para los estudios, mientras el Estado colombiano solo puso 750 mil dólares por intermedio de Cormagdalena, la corporación autónoma regional con jurisdicción en todo el río Magdalena.

Represas en Huila

En un tramo de apenas unos 300 kilómetros:

Municipio de Pitalito: represa Guarapas, para producir 140 megavatios de energía (MW) y Chillurco (180 MW).

Municipio de Oporapa: represa Oporapa (220 MW). La empresa colombiana Emgesa, controlada por la italiana Endesa, inició ya los trámites para el otorgamiento de la licencia ambiental, documento que permite el inicio del proyecto. En ese municipio, el Concejo municipal solicitó al alcalde, el 30 de agosto pasado, realizar una consulta popular “para impedir la construcción de la represa de Oporapa y actividades de explotación minera y petrolera en el municipio”.

Municipio de Timaná: represa Pericongo (80 MW).

Zona central del Huila: represa El Quimbo (400 MW), actualmente en construcción.

Municipio de Yaguará: represa Betania (520 MW), construida hace tres décadas.

Municipio de Neiva: represa El Manso (140 MW).

Municipio de Aipe: represa Veraguas (130 MW).

Municipio de Villavieja: represa Bateas (140 MW).

En Tolima:

Municipio de Natagaima: represa Basilias (140 MW).

Municipio de Purificación: represa Lame (560 MW).

Municipio de Girardot: represas Carrasposo (170 MW) y Nariño (220 MW).

Municipio de Ambalema: represa Ambalema (160 MW).

Municipio de Cambao: represa Cambao (100 MW).

Municipio de Honda: represa Piedras Negras (100 MW).

Así mismo, se habla de otras 3 represas más entre Tolima y Cundinamarca.

Microcentrales para la producción de energía

Son del tipo “a filo de agua”. No implican grandes represas, sino que se toma el líquido de un río, se aprovecha la caída del agua por una pendiente montañosa para llevarla a una casa de máquinas donde se produce la energía y luego se devuelve a su cauce natural.

De un total de 37 proyectadas y que se podrían construir en los próximos 10 años, ya hay 14 solicitadas para construir con capital privado en los ríos El Bache, Aipe, Neiva y Las Ceibas, entre otros.

Dichas solicitudes se hicieron ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), la autoridad ambiental con jurisdicción en la región.

http://otramerica.com/especiales/el-blog-la-ruta/inventario-como-quieren-explotar-entregar-transnacionales-recursos-energeticos-huila/3246