Explotación de los presos por empresas con Expedientes de Regulación de Empleo

IU logra que el PP prohíba la explotación de los presos por empresas con EREs

LUIS DíEZ | Publicado: 17/2/20

Alberto_Fabra_Istobal

La Izquierda Plural ha conseguido que el PP prohíba la explotación de los presos en beneficio de empresas que han despedido trabajadores. La proposición de ley que defendió en la Comisión de Interior el diputado de IU Ricardo Sixto para prohibir esa práctica fue aceptada por los populares y respaldada por el PSOE, aunque no por CiU, que gobierna en Cataluña y posee la competencia sobre las prisiones catalanas. Su portavoz Feliu Joan Guillaumes dijo que “estaríamos bloqueando el acceso de algunas empresas a un mecanismo que les permite sortear el bajón de la crisis” y anunció su abstención. La representante del PP, Ana Belén Vázquez, manifestó, en cambio, que “no podemos permitir que las empresas que hacen Eres y despiden gente cubran su producción con el trabajo de los presos”. Víctor Morlán, del PSOE, tildó de “abuso” estas prácticas y reclamó que se actualicen los módulos salariales de los reclusos, congelados desde hace cuatro años, y que el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios se transforme de una vez en entidad administrativa.

Cientos de presos están siendo utilizados como mano de obra barata, tirada de precio, por varias empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo y echado a la calle a decenas de trabajadores. La denuncia llegó al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley de los diputados de IU José Luis Centella y Ricardo Sixto y puso al PP en la tesitura de avalar o rechazar con su voto en la Comisión de Interior esa política del ministro Jorge Fernández Díaz y de su subordinado, el veterano secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernándo, consultó a La Moncloa y comunicó a su colega de IU, Centella, la aceptación de la propuesta a cambio de una enmienda pro forma de su grupo.

La explotación laboral de los presos fue destapada hace ocho meses en Valencia, donde los dueños de la empresa Istobal, con excelentes relaciones con el presidente valenciano Alberto Fabra, firmaron un convenio con Yuste para conseguir mano de obra barata de los reclusos de Picassent después de haber echado a la calle a ochenta trabajadores en dos expedientes sucesivos de regulación de empleo desde finales de 2011.

Unas fechas antes, en junio de 2014, la Asociación de Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, Acaip-USO, trasladó a los grupos parlamentarios la información de que la multinacional alemana Merak, que viene despidiendo trabajadores desde 2009, está utilizando los talleres de las cárceles de Ocaña I y Ocaña II como centros de producción en los que trabajan unos 150 reclusos ensamblando aparatos de aire acondicionado para trenes y otros vehículos. La denuncia de Acaip era muy seria porque la empresa alemana ha realizado dos EREs –el último en 2012– y echado a la calle a 73 trabajadores de una plantilla de 450 en su factoría de Getafe (Madrid) y porque obligaba a más de 50 empleados a realizar su trabajo diario en los talleres de las prisiones de Ocaña junto a los reclusos, con los consiguientes riesgos de seguridad. Según dijo entonces Juan Figueroa, vicepresidente del sindicato Acaip, “el régimen de vida de la cárcel está subordinado a las necesidades de producción de la empresa”.

La alemana Merak, que surte de frenos y sistemas de aire acondicionado a los trenes convencionales y de alta velocidad y a los metros de medio mundo, ya reconoce que le trae más a cuenta trasladar la producción de determinados componentes de China a España. Su factoría getafense fue visitada por el rey Felipe VI cuando era príncipe heredero. Recibió además la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario siendo ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y secretaria de prisiones Mercedes Gallizo. Cierto que entonces no había planteado el primer ERE que dejó en la calle a 40 trabajadores.

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Ese precedente de sustitución de plantillas por el trabajo de los presos fue visto con voracidad por algunos empresarios avispados, que además de pagar unas míseras retribuciones a los reclusos, a tres euros la hora o por pieza acabada, según los casos, se ahorran una parte de la cotización a la Seguridad Social que corre a cargo de Trabajos Penitenciarios, y los costes laborales relacionados con los talleres, el agua, la energía y el vestuario.

Otra empresa de trenes, aunque de lavado de vehículos, la mencionada Istobal, se sumó al carro de la sustitución del trabajo de su plantilla por el más ventajoso de los presos. Esa sociedad fabrica e instala estaciones de lavado en varios países y facturó unos cien millones de euros el último año. Se acogió al convenio con Prisiones para que los presos elegidos de Picassent trabajaran media jornada montando aspiradoras, alfombrillas y otros complementos de limpieza del automóvil, en función de las necesidades, es decir, de los pedidos.

El “chollo” de los presos fue “una solución” para que Istobal pudiera seguir la producción después de dos Expedientes de Regulación de Empleo, uno en 2011 que supuso el despido de 53 trabajadores, y otro en 2013 que dejó a 27 en la calle. El propio director general de la compañía, Rafael Tomás Alfaro, dijo que habían apelado al trabajo de los presos “para conseguir flexibilidad”, es decir, que la reforma laboral y los mil y un modos de contratación les venía mal, y “porque la línea de producción no era rentable; teníamos que volver a ser competitivos y con esta medida lo conseguimos”. El directivo se jactaba de que gracias al convenio con Prisiones no habían trasladado la producción a Portugal o a Turquía.

Otras muchas empresas se benefician del trabajo de los presos con unos salarios que en la mayor parte de los casos no llegan a la mitad del mínimo interprofesional pero que en todo caso es muy interesante para los reclusos porque les permite redimir condena, ayudar a sus familias y acumular un periodo cotizado a la Seguridad Social para la jubilación. Los sindicatos de funcionarios de prisiones coinciden en que la mayoría de los internos desean trabajar. Y la Administración penitenciaria, que cuenta con 146 talleres, facilita la labor mediante convenios con empresas y asociaciones empresariales sin que le importen los despidos ni el dumping social que está provocando. Así, empresas como Industrias Ochoa, utiliza 150 internos de Picassent para producir abrazaderas para la multinacional Hilti. Adequa Uralita utiliza un centenar de presos de Alcalá-Meco (Madrid). Jesús Romero e Hijos (de Guipúzcoa) produce en Estremera (Madrid) con una plantilla de setenta presos.

Y a Instituciones Penitenciarias, es decir, al veterano Yuste, quien ya se ocupó Del negociado a finales del siglo XX con los gobiernos de Aznar, le va bien si tenemos en cuenta los beneficios de 5 millones de euros con una facturación de 162 millones en 2012. La facturación bajó a 158 millones en 2013. La proposición no de ley de IU subraya que 3.119 presos de los 12.217 que trabajaron en los talleres penitenciarios lo hicieron directamente para empresas privadas. Esa cifra se ha reducido a 3.090 internos, según la memoria de Prisiones de 2013, que recoge un promedio laboral de tres horas diarias de los internos, cuya cotización social corre a cargo de Trabajos Penitenciarios en todos los casos. Lo que Izquierda Plural exige en su proposición se reduce a una cuestión de decencia: “Que el Gobierno adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con prisiones de forma que ni puedan utilizar infraestructura penitenciaria ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva”.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/02/17/iu-emplaza-al-gobierno-no-explotar-los-presos-favor-de-empresas-con-eres/15348

Perú. Ley General del Trabajo: Hundir más a los trabajadores

A través de Kaos en la red

Por Jorge Rendón Vásquez, 9 febrero, 2015

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El nivel de ingresos de los trabajadores en nuestro país bordea ahora en promedio la tercera parte del nivel alcanzado durante el gobierno de Velasco Alvarado. Lo fueron erosionando desde 1975 los regímenes que vinieron después. La inflación promovida desde 1980, con cifras astronómicas durante el primer gobierno Alan García, transfirió a los empresarios una gran parte de los ingresos de los trabajadores.
A comienzos de la década del noventa les quedaba a éstos, sin embargo, el cuadro de derechos que habían ganado penosamente desde comienzos del siglo veinte y que fuera incrementado por el gobierno de Velasco Alvarado. El régimen de Fujimori, una fachada de los más grandes empresarios, les arrebató gran parte de esos derechos.
Cuando Fujimori huyó al Japón en noviembre de 2000 y su régimen se vino abajo, desde las bases sindicales partió el clamor de ponerse en acción para recuperar los derechos despojados. Entonces comenzó la maniobra diversionista: los burócratas del Ministerio de Trabajo, cumpliendo “órdenes de arriba” les dijeron a las centrales sindicales que fueran al Consejo Nacional de Trabajo y “concertaran” allí con los empresarios un proyecto de Ley General del Trabajo que podría incluir sus reclamos. Los dirigentes de las centrales sindicales atracaron. En cambio, los dirigentes de las organizaciones empresariales se desternillaron de risa. ¿Cómo iban a perder en una negociación las leyes que le habían hecho expedir a Fujimori?
 Cuatro años entretuvieron a los delegados de las centrales sindicales, durante los cuales lograron que “consensuaran” el 85% del proyecto de Ley General del Trabajo. Cuando este se filtró al exterior, se pudo ver que ese “consenso” era la convalidación de la legislación laboral de Fujimori. Algo más que hablar debieron haber hecho los empresarios para alcanzar este resultado.
Poseídos por una frenética obsesión, los dirigentes de la CGTP movieron cielo y tierra para que el proyecto ingresara al Congreso de la República y se convirtiera en ley.
Pero el sentido común no había desaparecido en las bases sindicales. Algunos profesores de Derecho del Trabajo, les brindamos nuestro consejo. Y logramos, juntos, detener el trámite del proyecto “consensuado”.
En agosto de 2011, un representante fujimorista presentó en el Congreso de la República el proyecto “consensuado”. Los dirigentes de las centrales sindicales: locos de alegría. Nueva campaña en contra de las bases sindicales. El ministro de Trabajo terció, nombrando una comisión de “expertos” para revisar el proyecto.
Los “expertos” fueron: Carlos Blancas Bustamante; Alfonso de los Heros Pérez-Albela; Javier Neves Mujica; Mario Pasco Cosmópolis; Jaime Zavala Costa; y Alfonso Villavicencio Ríos. De los Heros, Pasco y Zavala eran abogados empresariales.
De los Heros y Pasco habían participado en la redacción de la legislación laboral fujimorista. Pasco, como ministro de Trabajo de Alan García, fue uno de los artífices de la reducción de los derechos sociales a la mitad en las empresas con hasta 150 trabajadores, es decir, cerca de un 70% de los trabajadores del país.
 Como era de prever, de allí salió el primigenio proyecto “consensuado” con algunos retoques.
Las bases sindicales no bajaron la guardia, y el proyecto de los “expertos” fue encarpetado en octubre de 2011.
Ahora, los dirigentes de la CGTP han vuelto a la guerra, como Mambrú. Quieren a toda costa que se apruebe ese proyecto por un Congreso de la República que es casi totalmente favorable a los empresarios.
Manuel Dammert Ego Aguirre, un rabioso antivelasquista por lo que el gobierno de Velasco hizo a favor de los campesinos y trabajadores, les ha dado gusto, presentando como suyo el proyecto de los “expertos”.
 Pero como necesitaba seis firmas ha arrastrado a Verónica Mendoza, Rosa Mavila León, Yohny Lezcano, Mesías Guevara, Manuel Merino y Alejandro Yovera. ¿Estos padres y madres de la patria fueron sorprendidos o se dejaron arrastrar de buena gana?
Lo concreto para los trabajadores es que, como ha sucedido siempre en la historia social, sólo su lucha seguirá impidiendo que les saquen el saldo de derechos que aún les quedan y les reduzcan más aún sus ingresos.