El peluche del hambre: Preludio de una Navidad española

29 Nov 2014
Los rostros de estas familias cabizbajos, avergonzados por ese trance de no tener, de haber sido saqueados con reformas laborales, desahucios y desempleo generado por un gobierno de sinvergüenzas.

Venían de ese lugar donde cada día las colas de familias pidiendo comida inundan la calle donde vivo, traían varios carritos de la compra y uno de supermercado con alimentos, juguetes usados, una bicicleta pequeñita con las ruedas pinchadas, algunos peluches grandes, manchados, un poco sucios, de los juegos de otros/as niños/as, que un día les dieron su cariño, dispuestos al lavado para la noche de reyes, para que otros/as niños/as sin nada no caigan en el desconsuelo, no pierdan la ilusión en ese mundo mágico que también nos están robando, saqueando unos tipos viciosos, unas tipas presumidas, que se peinan con laca y ganan millones cada mes, que viajan en coche oficial, gozan de hoteles de lujo, vuelan en primera clase, gastando el dinero de todos/as con tarjetas visa oro de uso ilimitado.

Los rostros de estas familias cabizbajos, avergonzados por ese trance de no tener, de haber sido saqueados con reformas laborales, desahucios y desempleo generado por un gobierno de sinvergüenzas.

Les miré unos segundos disimuladamente, no quería que se sintieran mal, pero percibí esa desolación de haber perdido todo, de sobrevivir en bancos de alimentos o entidades caritativas.

Caras del hambre, tristes, sin esperanzas de cambio, sometidas a una banda política tramposa, sin escrúpulos, dispuesta a todo, hasta de matar de hambre, de suicidios por razones económicas, para seguir reventando de dinero robado sus vergonzosas cuentas corrientes.

Me quedé unos momentos observando, se perdieron calle arriba, varias madres y padres, una señora mayor muy delgada, gente triste, como millones en todo el estado español, que ven como se acerca de nuevo una Navidad de miseria, hambre y corrupción política generalizada.

Luego en el supermercado un tipo que trabajaba en charcutería predicaba a favor del gobierno, decía que si ganaba la izquierda las elecciones habría una especia de dictadura comunista. El personaje, posiblemente con un contrato basura de menos de 600 euros al mes, insistía en “que valía más malo conocido que otro por conocer, que al menos los gobiernos del PPSOE, aunque robaran, respetaban la democracia”.

La gente lo miraba como aburrida, una señora vestida de negro solo se animó a susurrar algo ininteligible, una especie de crítica a quienes estaban produciendo tanta pobreza. El “ejemplar” empleado con su gorro blanco seguía con su particular mitin, un runruneo aburrido, patético, demasiado monótono, similar al discurso de las televisiones del régimen español, repeticiones ensayadas: bolivarianismo, ETA, terrorismo, marxismo, reparto de la riqueza, cuernos y rabos del diablo rojo, lo de siempre, ahora que echan tanto de menos los coches bombas, los lucrativos votos del miedo, en unos tiempos en que ya todo el mundo sabe que siempre fueron ladrones/as compulsivos/as.

El viento en el exterior removía un ambiente irrespirable, varias familias más bajaban la calle con bolsos vacíos, directos al lugar del reparto. La gran superficie recién inaugurada por flamantes, sobrecogidos/as alcaldes y concejales/as irradiaba ruido de bullicio, ese olor a consumo navideño que ya comienza a impregnar el ambiente de basura, hipocresia y egoísmo.

El niño del peluche sucio y usado esperaba en casa, no le dijeron nada, lo entretuvieron en la habitación del hermano con parálisis cerebral, lo llevaron para esconder los juguetes encima del viejo ropero de la abuela, solo había comido a las 4 de la tarde medio pan con mantequilla, la nevera seguía medio vacía como casi siempre.

http://viajandoentrelatormenta.blogspot.com.es/

Tomado de: http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/101126-el-peluche-del-hambre-preludio-de-una-navidad-espa%C3%B1ola

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 25/10/2010

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una “propensión al intercambio de favores” entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos “provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores”.

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como “interlocutor” en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que “reportaba” a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

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http://www.publico.es/espana/343213/anticorrupcion-confirma-que-aguirre-se-financio-ilegalmente?src=lmFn&pos=3

Varapalo del Poder Judicial a la reforma tributaria del Gobierno

FéLIX BORNSTEIN | Publicado: 26/10/2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. / lamoncloa.gob.es

Cualquier modificación normativa debe pasar, en última instancia, el test de los jueces. Cuando, por ejemplo, cambia el “decorado fiscal”, las normas se traducen en actos administrativos de aplicación de los tributos que son susceptibles de revisión judicial por una doble vía. La más habitual es el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. En los asuntos más graves (posibles delitos contra la Hacienda Pública) la última palabra será pronunciada por los jueces penales. Incluso cabe un control más intenso si la aplicación de los tributos afecta a los derechos fundamentales: en este último caso la que debe ser chequeada es la propia Ley fiscal (y no sólo los actos dimanantes de la misma) y quien es llamado a resolver la cuestión es el Tribunal Constitucional.

Esa triple dimensión revisora llega a su máxima potencia (y necesidad) si la modificación legal no es de simple detalle, sino de una envergadura que trastoca piezas básicas de un sector del sistema jurídico. Éste es el caso de la propuesta de reforma del Gobierno, en sus cuatro apartados: IRPF-IRNR, Sociedades, IVA y Ley General Tributaria. Por sus consecuencias “directamente” procesales, es el cuarto ámbito citado el que refleja, más que los tres anteriores, el protagonismo futuro de los jueces y magistrados. Dicha situación justifica la necesidad de que las propuestas del Gobierno sean sometidas con carácter previo a su aprobación al examen de quienes deberán aplicarlas posteriormente (antes de que sea demasiado tarde si, tras la pertinente tramitación parlamentaria, la iniciativa gubernamental se mantiene en sus propios términos y acaba lesionando derechos ciudadanos y/o invade las competencias constitucionales de los jueces). En todo caso, como el informe del órgano interesado no es vinculante, puede que la contumacia venza a la razón técnica (si tal es el caso). Pero, siempre, el Parlamento y la opinión pública tendrán más elementos de juicio.

Por dicho motivo, el 29 de agosto pasado tuvo entrada en el Registro del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el Anteproyecto de la Ley de modificación parcial de la vigente Ley General Tributaria, a efectos de la emisión del preceptivo Informe. Éste ha sido aprobado por el Pleno del CGPJ en sesión celebrada el 30 de septiembre y su contenido –en 37 páginas- es demoledor para la imagen no sólo del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (cuyo departamento es el que remitió el texto al Consejo), sino también para la del Gobierno de Mariano Rajoy en bloque, por la sencilla razón de que el citado Anteproyecto (aunque hoy todavía no ha sido remitido al Congreso de los Diputados) se aprobó durante el verano por el Consejo de Ministros como parte integral de su propuesta de reforma tributaria.

El CGPJ manifiesta dos críticas preliminares al Anteproyecto. La primera en la misma frente del texto: “No viene acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. La segunda, a propósito de las intenciones formales del Gobierno (según consta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto), que fundamentalmente buscan “lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario”, todo ello con el objetivo de “reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria”. Pues bien, el Informe, como cuestión de principio, ya nos advierte “de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente en la norma proyectada”. Traspasado este doble arco de entrada, el Informe va desmontando, una por una, las figuras clave de la reforma gubernamental, que no parece ir en la dirección anunciada de otorgar mayor seguridad jurídica al ciudadano, sino más bien -según la opinión del órgano de gobierno de los jueces- en la ruta contraria de sacralizar una posición de abuso de la Administración impropia en un Estado de Derecho. Veamos algunos epígrafes concretos.

1.- Sobre el llamado conflicto en la aplicación de la norma tributaria:

El Consejo denuncia “la insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías de los contribuyentes”. La crítica es amablemente feroz: la reforma “viene a dar la espalda a los límites constitucionales, y de prosperar…bastará con que la Comisión consultiva –órgano de composición y naturaleza íntegramente administrativa- emita informe estimando que un determinado acto o negocio constituye conflicto de normas tributarias, para que se dé lugar a la imposición de sanciones”. El CGPJ, que se decanta primordialmente por la supresión de la propuesta, pone en duda que el Gobierno guarde “el respeto debido a los principios de legalidad y tipicidad”.

2.- Sobre la prescripción:

El Informe acusa al Gobierno de otorgar ”poderes exorbitantes a la Administración tributaria” y, sobre el supuesto “derecho” imprescriptible de la inspección fiscal para realizar determinadas comprobaciones y averiguaciones, efectúa el siguiente diagnóstico: “resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá [de] la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad”.

3.- Sobre la publicación periódica de listas de contribuyentes morosos:

Debajo del pretexto esgrimido por Cristóbal Montoro –luchar contra el fraude fiscal a través de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos y promover una auténtica conciencia cívica tributaria– el CGPJ detecta una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, amén de una quiebra del principio de proporcionalidad, ya que la “formulación excesivamente abierta” de la medida “no necesariamente se corresponde con conductas defraudatorias”. Por si lo anterior fuera poco, la publicación de las listas –según el Consejo- difícilmente se concilia con “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (Sentencia de 9 de noviembre de 2010, caso Volker). Y apostilla: con la publicación de las listas “no se persiguen objetivos de eficacia administrativa o transparencia sino el establecimiento de una suerte de “sanción” a los contribuyentes que habiendo reconocido su deuda con la Administración tributaria no pueden afrontarla en periodo voluntario”. Al órgano de los jueces le llama la atención “el agravio comparativo si atendemos el distinto tratamiento dado a las Administraciones públicas morosas a las que se excluye de la aplicación de la norma y que en no pocas ocasiones han contribuido –al no pagar sus propias deudas- a la insolvencia y la ruina de los contribuyentes morosos”. La publicidad es fruto de una decisión poco “sosegada y reposada” que sólo merecerían “los grandes defraudadores” y que “sólo podría ser acordada por el Juez o Tribunal penal en la sentencia condenatoria [firme] y no por la Administración”.

Las críticas anteriores son, desde luego, demoledoras. ¿Pero eso es todo? Desgraciadamente para el Gobierno, no. El 2 de octubre de 2014, la vocal del Consejo María Concepción Sáez Rodríguez formuló un voto particular concurrente al Informe del Pleno en el que, además de los reproches de este último (que la vocal hace suyos), realiza unas consideraciones adicionales sobre la reforma de la Ley General Tributaria. A la vocal Sáez Rodríguez no le duelen prendas. Les invito a que lo lean (pueden consultar su voto “pinchando” en el primer vínculo de este artículo). Sus acusaciones alcanzan la altura de la caza mayor. Yo sólo reproduciré algunos juicios de valor: el Gobierno peca de “un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos”; el Gobierno actúa “como si, prescindiendo del arte arquitectónico, se decidiera [a] actuar contra la estructura de un edificio, afectando no solo al mismo sino también a los colindantes”, lo que producirá fisuras “que serán bien aprovechadas por quienes no estén en la disposición de contribuir al mantenimiento de las arcas públicas”; el Gobierno, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, “se impone al órgano penal, con olvido de que es a él –y no a la Administración- al que la CE atribuye la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; la reforma del Gobierno compromete seriamente “la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho”; en relación con las listas de deudores fiscales, el Gobierno se aparta incluso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en el que, a sugerencias precisamente del CGPJ, suprimió la publicidad sobre “personas identificadas o identificables…a fin de evitar el posible efecto estigmatizador”; el Gobierno, en fin, “obstaculiza la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de acciones en claro perjuicio para los ciudadanos”.

Si hacemos caso al CGPJ, está claro por qué el ministro Wert decidió suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Se puede dirigir el Gobierno, se puede ser ministro de Hacienda, sin haber aprobado el curso preescolar que habilita para conocer las nociones básicas de las garantías democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos? Termino: muchos dicen, con sobradas razones, que el Consejo del Poder Judicial es la voz de su amo. Pero del negro al blanco (o al revés) existe una amplia escala de grises. Vivimos en una democracia con una separación de poderes muy imperfecta e insatisfactoria. Pero aunque sea gris, vivimos en una democracia que sólo puede rehabilitarse desde postulados institucionales y, al mismo tiempo, sometida a la presión organizada de la sociedad civil (como la que ejerce la prensa libre e independiente, que, la verdad, no abunda). Los purísimos de corazón que niegan que “esto” sea una “auténtica” democracia pueden destruir, sin nada digno a cambio, lo poco (que no es realmente “tan poco”) que los humildes ciudadanos tenemos. Detesto las moralejas, pero la Historia es la mejor vacuna contra las novatadas.

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/2014/10/26/varapalo-del-poder-judicial-la-reforma-tributaria-del-gobierno/7946

 

La corrupción condena al Partido Popular a una semana negra

Las continuas imputaciones judiciales a raíz de las tarjetas black y la financiación ilegal cercan al partido de Rajoy

El presidente se aferra al propósito de enmienda como única respuesta a la imagen de corrupción en su partido tras varios días de silencio

Rajoy ofrecerá España a Asia como puente hacia la UE, América Latina y el norte de África

Rajoy ha pasado una de las peores semanas desde que llegó a Moncloa.

El Gobierno y el PP han salido esta semana a susto por día. No ha habido jornada en que la corrupción en sus filas no haya sido noticia. De lunes a viernes, Mariano Rajoy y el partido que preside han tenido que lidiar con  el escándalo de las tarjetas black centrado en la figura de Rodrigo Rato y otra docena de afiliados, la imputación de un exsecretario general como Ángel Acebes, la del anterior alcalde de Toledo por un contrato a cambio de comisiones para pagar una campaña electoral y nuevos detalles sobre las reformas en Génova 13 a base de dinero negro. La guinda la ha puesto el hallazgo de otra cuenta bancaria de Luis Bárcenas, esta vez en Bermudas.

El plan de centrarse en vender la recuperación económica ha saltado por los aires ante las continuas informaciones con la corrupción como protagonista. La reacción durante la semana ha ido del mutismo completo a los comunicados escuetos. Hasta llegar a las promesas de enmienda “porque ya se están tomando medidas”. Nada de poner la mano en el fuego por nadie.

Rajoy ha dicho que desea que la Justicia castigue a los culpables y absuelva a los inocentes. Bárcenas queda claro que es de los primeros. En el caso de Acebes, su situación le parece “injusta”.

Los casos de corrupción, “esas cosas”

El presidente no ha tenido más remedio que pronunciarse, ya que la rueda de prensa era obligada tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. Fueron los periodistas los que citaron en sus preguntas los casos de corrupción por sus nombres. Él se refugió en la vaguedad y los llamó “esas cosas que no pueden volver a pasar”. El mismo sistema usado recientemente para referirse a Rodrigo Rato, que se convirtió en “esa persona por la que se interesa” la prensa. Igual que hace para evitar pronunciar el nombre del responsable de las finanzas del PP que sigue en prisión.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solventó las preguntas incómodas con una rueda de prensa exprés tras el Consejo de Ministros. Tres preguntas sobre Cataluña y poco más. Como excusa para las prisas, el supuesto temor a coincidir en el tiempo con la comparecencia de Rajoy desde Bruselas. Prevista para las dos, esta acabó produciéndose cinco horas después, por lo que la número dos del Gobierno se ahorró el trance.

Entre las medidas en marcha para atajar la corrupción, se encuentran los proyectos para reformar la ley que regula el funcionamiento de los partidos y las nuevas exigencias de conducta para los altos cargos. Ambos están ya en el Congreso y a eso se acoge Rajoy para trasladar el mensaje de que todas estas penosas noticias son cosa del pasado y su voluntad de que no se repitan. La intención del Gobierno es que PP y PSOE suscriban un pacto por la regeneración para convencer a los españoles y luchar contra la mala imagen. De fondo, el miedo a las encuestas y a las próximas elecciones.

“Rato ya no es militante”

La semana arrancó con las dudas de qué decisión tomar respecto a Rodrigo Rato y su militancia en el PP. El uso que el expresidente de Bankia hizo de su tarjeta black ha sacudido los cimientos de un partido en el que Rato lo fue todo. El expediente informativo llevaba 13 días abiertos cuando María Dolores de Cospedal abría la puerta a la suspensión temporal como una “decisión dolorosa” que no quedaba descartada. Al mismo tiempo, se lanzaba el mensaje de que había que respetar los plazos para que tomara una decisión el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. Eso incluía el derecho de Rato a ofrecer explicaciones.

Cospedal prometía durante una rueda de prensa este lunes que el PP tomaría una decisión “dentro del ámbito de la rapidez”. Mientras, algunos barones y dirigentes del PP reclamaban “contundencia” en el castigo. Los menos proclamaban su confianza en la inocencia de Rato o recordaban el brillante pasado del exvicepresidente. La presión surtió efecto. A última hora del lunes, Rato pidió por carta a Cospedal que le diera de baja del partido de forma temporal. Inmediatamente, el PP anunció que la investigación interna se congelaba para él y seguía para la docena de afiliados. El argumento fue que ya no era militante.

Acebes y el PP “sólo tiene una contabilidad”

El martes era el día del debate sobre las cuentas de 2015. Los conservadores se aseguraron a primera hora de vetar de nuevo una comisión de investigación sobre las tarjetas como propuso en el Congreso la Izquierda Plural. Desde la tribuna del Parlamento, Cristóbal Montoro se enfrentó a Pedro Sánchez a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en un debate bronco. Rajoy entró y salió del Congreso sin decir una palabra. Para esquivar a los periodistas, llegó a entrar en el hemiciclo por el pasillo que usan los socialistas.

Mientras, el patio del Congreso era un hervidero de comentarios sobre la situación de Rato. La noticia de la imputación de Ángel Acebes por las ayudas del PP a Libertad Digital con fondos ilegales cayó como una bomba. La mayoría se refugió en que los papeles de Bárcenas no son la contabilidad real del PP y así se difundió en un comunicado de un solo párrafo. “Si hubiera otra contabilidad desde luego no es del Partido Popular”, acababa el texto.

Cospedal, en el punto de mira

El miércoles fue el día en que se conoció la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el cerco judicial se acercó a Cospedal y a su número dos, Vicente Tirado. La causa, la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad a cambio de una comisión utilizada para pagar la campaña electoral de 2007.  El juez Pablo Ruz se refirió a la “posibilidad de que personas aforadas” acaben relacionadas con sus indagaciones y él deba enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La presidenta regional intentó argumentar que la imputación es “una oportunidad” para defenderse ante la Justicia y cargó de nuevo con que se crea en la palabra “de un presunto delincuente”, en referencia a los papeles del extesorero. Pero esos 200.000 euros recibidos como comisión a cambio del contrato a una empresa de Sacyr se utilizaron en su campaña. Entre otros testigos, ha sido llamado el diputado Sebastián González, coordinador electoral del PP nacional en aquella época.

La imputación del presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, por sospechas de prevaricación en la concesión de una licencia de construcción parece un caso menor comparado a los anteriores. Pero demostró que era raro el día que acababa sin otro conservador ante los tribunales. Hacía solo una semana, el pasado viernes, Rajoy había estado en esa provincia en un acto público y Amat había dado un discurso pocos minutos antes del presidente.

La reforma de Génova pagada en negro

La confirmación por parte de Hacienda de que la sede del PP fue reformada con dinero negro ha cerrado la semana en cuanto a sobresaltos por la corrupción. Ruz tiene confirmado que la reforma de la planta baja de Génova, 13 se pagó con 750.000 euros en B. Hay que sumarlos a otro millón que se usó para el resto del edificio. A la comprobación de cómo se usó el dinero hay que sumar el hallazgo de una nueva cuenta de Bárcenas en un paraíso fiscal del Caribe y que el juez Ruz ha ordenado embargar.

España gastó 5 millones de euros para entrar en el Consejo de Seguridad

LUIS DíEZ | Publicado: 17/10/2014 06:09

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer, durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. / Efe

España ha logrado con tres votos más de los necesarios, y en la tercera votación de la Asamblea General de la ONU, la plaza en el Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016 que se disputaba con Turquía y Nueva Zelanda. En la campaña para acceder al sanedrín donde se toman las decisiones geoestratégicas sobre la paz y la seguridad mundial, el Gobierno ha gastado unos cinco millones de euros, los dos últimos en la recta final, este año. El resultado fue acogido con evidente satisfacción por el presidente Mariano Rajoy, quien destacó la confianza de la comunidad internacional en nuestro país, y con un “Spain is back” (España ha vuelto) por el ministro de Exteriores y jefe de la delegación, José Manuel García-Margallo.

Las notas de las agencias destacan lo reñido de la votación. Para los dos sillones asignados a Europa y otros países desarrollados había tres candidatos. En la primera votación sólo pasó Nueva Zelanda, que obtuvo 145 votos y superó ampliamente los dos tercios exigidos (128 del total de 193 países miembros). España se quedó en 121 y Turquía en 109. En la segunda votación, Turquía bajó a 73 pero España sacó 120 y no superó el listón de 128 más uno, de modo que se realizó otra votación y a la tercera fue la vencida: España 132 papeletas y Turquía 60.

Aunque el Gobierno español había intensificado en las últimas semanas las decisiones tendentes a obtener la confianza del área de influencia anglosajona, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido, con su anticipo de enviar 300 militares a Irak para ayudar a combatir a las milicias del Estado Islámico, la importancia de Turquía como un aliado imprescindible para intervenir contra el EI convertía al país de Tayyip Erdogán, promotor con José Luis Rodríguez Zapatero, del diálogo de las civilizaciones, en un rival de primer orden.

Sin embargo, el hecho de que todavía no haya dado su visto bueno definitivo a la utilización de la base de Incirlik para las operaciones de los estadounidenses contra las milicias del EI y, sobre todo, de que el martes pasado haya bombardeado a los kurdos del PKK que luchan contra la guerrilla yiadista del EI, ha pesado decisivamente en las votaciones. A ello se suma que Turquía formó parte del Consejo de Seguridad hasta 2010.

España, aunque no ha cumplido las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas del franquismo, ha hecho valer su condición de sexto contribuyente neto a la ONU, su participación en las misiones de paz –en estos momentos tenemos 600 cascos azules en Líbano, vigilando la frontera con Israel– y, sobre todo, su realidad como potencia media que actúa como puente de diálogo entre Europa y América Latina y facilita el diálogo entre la UE y el sur del Mediterráneo.

Con el fin de atraer el voto de varios países de Oceanía especialmente amenazados por las consecuencias de la contaminación de la atmósfera y el cambio climático, el ministro Margallo realizó una gira en septiembre pasado y manifestó su compromiso de luchar contra esa amenaza cierta desde el Consejo de Seguridad. Luego ya, para no ahuyentar el voto británico, algunos medios subrayan el hecho de que Felipe VI se haya olvidado de mencionar la reivindicación de Gibraltar (un clásico) en su primera y reciente intervención ante la Asamblea General.

La última de las cuatro veces que España ha formado parte del Consejo de Seguridad data del bienio 2003-2004, con José María Aznar de jefe de Gobierno y la ministra de Exteriores Ana Palacio de jefa de delegación. El mandato coincidió con la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de invadir Irak, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo. Palacio se significó por su ardorosa defensa de la invasión, superando al entonces secretario de Estado norteamericano Kolin Powell.

La decisión de optar al quinto mandato la tomó en 2005 el entonces presidente Zapatero y se convirtió en 2012 en un objetivo principal de la política exterior de Rajoy, con una imputación de créditos presupuestarios de medio millón de euros anuales desde aquel ejercicio. El ministro Margallo ha calificado de “muy modesta” su campaña, en la que ha trabajado un comité especial en Madrid y Nueva York. Con España, que sustituye a Luxemburgo, se suman a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) los representantes de Venezuela, Nueva Zelanda, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Nigeria, Angola y Malasia como miembros no permanentes.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/10/17/espana-gasto-5-millones-de-euros-para-entrar-en-el-consejo-de-seguridad

El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

Escrito por  … desde fuera de Palacio

«De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.

http://fueradepalacio.wordpress.com/2014/03/10/el-rescate-bancario-nos-va-a-costar-mas-de-130-000-millones-de-euros-de-dinero-publico/

El juez del caso Blesa: “En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad”

“El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos de Blesa. Es seguir navegando en el cinismo”. “Si hay una caza de brujas contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo”

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 02/01/2014

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.
“Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando”. Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que “en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad”, y recuerda que en la causa contra Blesa “nadie ha hecho nada” desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado “quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal”. “Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio”, señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros.

“Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez”, explica.

Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, “no están invalidados”, y revelan “sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo”. Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: “El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune”.

Silva entiende que si hay una “caza de brujas” contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese “escándalo judicial” debe ser investigado por el Tribunal Supremo.”La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate”.

¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?

No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.

Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato. Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente.

El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.

El fiscal le reprocha haber ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado.

La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa. Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.

Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.

¿A qué se refiere exactamente?

Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis.

Hay una prima de riesgo de corrupción, falta de integridad y deslealtad en la gestión

Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen.

¿Los correos de Blesa son nulos, como sostiene el fiscal Moix?

Hay gente que dice: los correos son inválidos. Mentira, los correos no son inválidos porque la existencia de los correos no depende de mi resolución. Cuando yo acuerdo una cosa como pedir las declaraciones de Hacienda o los correos corporativos de Bankia, la anulación de mi resolución no puede afectar a la validez de esas pruebas, ya que su existencia no depende de mi resolución.Nunca es inválido el correo por ser inválida la providencia por la que yo acuerdo ir a por el correo.

Los correos fueron estudiados por la Guardia Civil y los peritos de KPMG, que vieron datos sospechosos. ¿Qué decía el fiscal en aquel momento?

No existía. El fiscal por aquí no ha venido nunca salvo a los actos de las prisiones (de Blesa). Nunca ha estudiado documentación ni ha hecho preguntas relevantes.

Los indicios estaban sostenidos por mí, por el equipo de la Guardia Civil, por los peritos de KPMG, por los abogados de Manos Limpias, y ahora la Audiencia Nacional, y la sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la libertad de Blesa pero dice que en el caso del banco de Miami hay importantes indicios de criminalidad. La causa está viva, pero nadie hace nada. El problema era yo, estuve cuatro meses de suspensión, he vuelto y me he abstenido ¿Porqué nadie en 5 meses ha hecho nada ahí?

Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.

Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.

Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: “Quédese con la causa porque es del 9”. Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que “no”, que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.

La jueza y el fiscal han intentado quitarse de encima el caso del banco de Miami de forma torticera

¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco. Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.

Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.

La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sin valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino de que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal.

¿Cree que cometió errores en la instrucción?

Yo me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando. Yo soy un juez normal, de mi nónima, que no miró el nombre de nadie en los papeles. Yo no sabía quien era Blesa. En ese caso no hubo errores, todo es impecable. Pues nada: a por el juez. No hombre, eso es romper la baraja. Yo formo parte del sistema como el que más, desde luego mucho más que los corruptos. Dejeme en paz, y persígame cuando haya hecho algo mal de verdad, pero no cuando lo haga bien y a usted no le venga bien lo que yo hago, y usted puede hacer todo tipo de cosas que se salen de las reglas del juego.

Lo que está haciendo hoy Gavilán, el fiscal Moix y la Sala del TSJ de Madrid lo están viendo más de un milllón de españoles, hay nueve o diez plataformas ciudadanas trabajando día y noche para ver lo que está pasando aquí. Hay un político, Miguel Angel Revilla, que ha recogido 134.000 firmas. Los españoles quieren saber qué pasa, no estamos dispuestos a que nos tomen más el pelo. Esto nos cuesta mucho dinero. El rescate nos ha costado 40.000 millones.

Y queremos saber que pasó en Caja Madrid, en Bancaja, si ha habido una gestión delictiva que se cargó esas entidades, y si el hundimiento de esas entidades nos ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez. Y eso no lo podemos consentir.

¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó?

Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.

Las causas penales importantes no se mueven y los ciudadanos ven que todo sale gratis

La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo qué está pasando en el TSJ de Madrid, qué pasa con el instructor y qué pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza de brujas institucional contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo.

La causa que tiene abierta contra mí el instructor Jesús Gavilán no vale nada. Primero la querella nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate y no vale para nada, porque Moix (el fiscal) demuestra que ni siquiera ha estudiado la causa. No se dio cuenta de que yo me intenté inhibir en favor de la Audiencia Nacional, pero tampoco se dio cuenta de que no fui yo, sino mi compañero, Juan Antonio Toro, ya que me imputa la reapertura.

Además, no permiten que se reproduzcan los correos en la causa. Eso en sí es un  hecho que bordea lo incompresible y posiblemente sea delictivo, porque está privando del derecho de defensa en términos que son muy injustos. Yo meto a alguien en prisión y tengo unos elementos de juicio. Me tiene que dejar que todos los elementos de juicio afloren en la causa que abre contra mí por prevaricación. Cómo me van a privar de ello.

Declaran los secretarios judiciales, y señalan que no había retrasos en mi juzgado, y que los que había eran por el gran cúmulo de asuntos. Después los peritos, que respaldan mi investigación, y después los guardias civiles, que la apoyan por encima de mis expectativas. El fiscal Moix se dedica a amedrentar a la secretaria judicial y a números de la Guardia Civil que acuden a declarar como testigos, les reprende. Si eso es verdad, eso es un delito. Es una atrocidad, y hay que investigarlo. Y mientras tanto el caso Blesa está dormido, y el caso Banco de Miami aunque está vivo, está también dormido.

¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?

Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas. Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado aquí.

Está claro que mientras yo lo investigué no hubo filtraciones, y que yo investigué en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.

¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leído todos los correos?

Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por correo y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno.

Prácticamente todos los correos revelan sospechas de criminalidad, indicios, alertas o pruebas de cargo

Y prácticamente todos los correos revelan o sospechas de criminalidad, o alertas (no es un indicio pero sí una infracción de protocolo relevante en el ámbito bancario que hay que ver si llega a constituir indicio) o indicios porque reúnen varias alertas, o incluso pruebas de cargo. Pero hay que leerlos todos y conectarlos todos.

Y no sé cómo no reaperturan la causa Blesa de una forma muy sencilla: con cualquier indicio de criminalidad de los múltiples que han surgido nuevos, y pidiendo los correos de Barcoj, Amat y de los demás imputados.

¿Los correos son íntimos, como dice el TSJ de Madrid?

Al ser correo corporativo, no afecta a la intimidad. Además, para colmo, íntimo hay muy poco, prácticamente nada. Una cosa es intimidad cien por cien, y otra cosa intimidad relacionada con posibles infracciones muy graves de gestión bancaria que se llaman alertas. Imaginemos que una persona esté gestionando una entidad bancaria y está utilizándola para fines que tienen que ver con temas de amantes, historias. Es muy importante saber que la gestiona de esa manera. Y también cuando alguien gestiona una entidad y se dedica a otros negocietes. Porque esos ramales pueden dar lugar a otras infracciones de gestión o a nuevos delitos, que ya no sean delito societario y haya que incoar diligencias aparte como en el caso del banco de Miami. Que yo recuerde uno solo es cien por cien íntimo.

¿El hecho de que se estén conociendo los correos contribuye a hacer justicia?

Justicia a la corta. La justicia que puede salir de que se estén difundiendo no la voy a negar. A la corta, la ciudadania, el lector, sabe que aqui ha pasado algo muy extraño. Eso se ha conseguido. Pero el problema es que es una justicia corta, porque la larga que se investigue todo lo que ha pasado hasta sus últimas consecuencias, esclarecerlo por los jueces, y que se vea si se tiene que condenar, y que se cumpla la pena. Esa es la justicia de verdad.

Aquí la prensa está teniendo que hacer un trabajo de mínimos, de un país que está en situación de mendacidad judicial. Y está teniendo que venir la prensa a salvar unos muebles que no le corresponden. Eso es calamitoso.

¿La impunidad puede tener que ver con que en la caja estaban representados los tres principales partidos, sindicatos y empresarios?

La impunidad que rodea a este asunto, y los motivos por los que estos procesos se manipulan, se detienen, lo explicó linea a linea en un libro que se publica a finales de enero “La justicia desahuciada. España no es país para jueces”. Es de locos. Tiene que ver con personajes ilustres, personajes poderosos, elementos de la casta política, de la casta judicial.  Los ciudadanos ya no aguantan más. Es un espectáculo bochornoso que les produce náuseas.

¿Hay divorcio entre la calle y la justicia?

Hay un divorcio profundo. Los jueces se han divorciado de la sociedad. Se han metido en una esfera impresentable. En sus cargos, en su rollito interno. Sin la colaboración de algunas asociaciones judiciales el Consejo General del Poder Judicial no podría haberse politizado como lo está ni llevarse a cabo el sistema de reparto de botín de cargos en el Consejo desde hace más de 20 años. Aunque hay magistrados valientes en las asociaciones que están empezando a plantear que basta ya.

A lo mejor soy el primer juez que se ha cansado y ha empezado a contar

El único juez al que mira la ciudadanía como un juez legítimo, respetable, y que lo está haciendo bien soy yo, y eso no vale, porque no es verdad. Soy uno más, que a lo mejor me he cansado y he sido el primero que he empezado a contar.

Blesa se queja de que usted, con sus investigaciones, le ha ‘cercenado’ su vida profesional

Mi trabajo afecta a los ciudadanos, por eso lo hago con la máxima responsabilidad. En el caso de Blesa, no sólo creo que le ingresé bien en prisión, es que creo que no debería estar en libertad. España es el único país del mundo occidental que le mantendría en libertad. ¿Qué eso le ha podido producir perjucios? Tendría que demostrarlos, pero tendrían que ver con que aparece rodeado de indicios en la práctica de actividades de naturaleza penal.

¿Confia en la justicia española y en que Blesa será juzgado adecuadamente?

Ahora mismo tengo la obligación por sentido común de no confiar en la justicia española. Confío en la ciudadanía, que sabrá exigir a la justicia española que haga lo que tiene que hacer. El hecho de que no esté suspendido hoy, se debe a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. El corrupto intenta hacer creer que el poder lo tiene él y que nada tiene solución, y el ciudadano acaba diciendo: “esto no hay quien lo cambie”. Pero no es verdad, cuando los ciudadanos quieren, la sociedad cambia.

El movimiento ciudadano que se está produciendo alrededor de estas causas penales pedirá explicaciones, y se tendrán que cumplir las leyes. Cuando una causa está asociada al hundimiento de la tercera entidad financiera de un país, que era la caja de ahorros posiblemente más grande del mundo, y esa entidad está relacionada con asuntos muy turbios como aparecen en los correos –Gürtel, venta de armas– además directamente con una gestión bancaria que ha podido dar lugar al hundimiento de esa entidad, eso interesa a los ciudadanos.

Y cuando eso está relacionado con el rescate bancario, que ha llevado a España a donde estamos: generaciones comprometidas, inicio del desmantelamiento de servicios públicos, copago, repago, personas ancianas abandonadas, la ley de asistencia desmovilizada, gente que no se puede matricular en la universidad porque no tiene dinero, millones de personas en paro, miles de empresas quebradas; los ciudadanos dicen: mire, de todos los relatos que quiero oir, este es el que más me interesa.

El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. No quiere ya más engaños.

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http://www.publico.es/dinero/492214/

Siria: discursos e imposturas

Por Juan Antonio Sacaluga

Tanto valor tiene la vida de las victimas gaseadas en Siria, masacradas en Libia o asesinadas en ciudades y aldeas kosovares, como las acribilladas a tiros en las calles de El Cairo o de Bahréin o en cárceles clandestinas de los amigos que hacen el trabajo sucio a los intereses norteamericanos. Y no todos los tiranos o asesinos reciben el mismo tratamiento.

| 30 Agosto 2013 – 18:17 h.
FOTO: Casa Blanca | Por Amanda Lucidon

FOTO: Casa Blanca | Por Amanda Lucidon

Cualquiera de estas noches (esta semana, quizás), Estados Unidos, con apoyo aliados menor, lanzará misiles desde sus aviones y barcos contras instalaciones militares sirias, en acción de represalia por el uso de armas químicas en la guerra contra los rebeldes, que parece haber causado centenares de víctimas civiles.

Se tratará de un ataque limitado, en intensidad y tiempo, cuyos efectos habrá que esperar para evaluar. Oficialmente, el objetivo no es propiciar el derribo del régimen sirio, sino efectuar un castigo por una acción indigna de gobiernos civilizados. Es decir, un nuevo acto de guerra justiciera, que tiene escasa credibilidad y menos sostenibilidad legal.

Obama se tomará tiempo para analizar el resultado de las investigaciones de los observadores de la ONU, pero miembros de su gobierno ya han adelantado que disponen de evidencias muy comprometedores para el régimen de Damasco.

Es difícil oponerse a intervenciones de este tipo porque parecen fundadas en consideraciones morales aparentemente positivas: se castiga a unos dirigentes que no dudan en emplear armas letales repugnantes contra su propio pueblo con tal de afianzar sus posiciones de poder. Ocurrió en Irak, en Kosovo, en Libia. Y ahora, con toda seguridad, en Siria. Pero los motivos morales no sólo son insuficientes porque necesitan ser sustentadas jurídicamente. Además, esa supuesta justicia es puro oportunismo o cinismo. Tanto valor tiene la vida de las victimas gaseadas en Siria, masacradas en Libia o asesinadas en ciudades y aldeas kosovares, como las acribilladas a tiros en las calles de El Cairo o de Bahréin o en cárceles clandestinas de los amigos que hacen el trabajo sucio a los intereses norteamericanos. Y no todos los tiranos o asesinos reciben el mismo tratamiento.

El sustento legal, proporcionado por la ONU, es casi imposible. Rusia bloqueará el respaldo del Consejo de Seguridad, también por conveniencia propia, aunque con argumentos diferentes a los países occidentales y árabes aliados. Otros fundamentos legales manejados, como el Protocolo de Ginebra (1925) y la Convención sobre armamento químico (1933), si bien prohíben expresamente el uso de armas químicas, no amparan ataques militares contra países que lo hagan.

EL EJEMPLO DE KOSOVO

Se ha invocado el antecedente de Kosovo como modelo de actuación en Siria. Sin embargo, existen diferencias notables entre ambos casos. Washington asegura que con esta operación inminente no pretende acabar con el régimen de clan Assad. En cambio, el ataque contra Serbia, en represalia por las actuaciones militares de represión de la rebelión armada albano-kosovar, tuvo precisamente como efecto casi directo el derrocamiento de Slobodan Milosevic. Estados Unidos destruyó no sólo la capacidad militar serbia, sino que debilitó profundamente las estructuras de poder y control político y social del hombre al que abusivamente se le ha atribuido la responsabilidad de las guerras yugoslavas de los noventa.

La decisión del entonces Presidente Clinton estuvo revestida de consideraciones similares a las que ahora emplea el entorno del Presidente Obama. Pero se trata de situaciones muy distintas y de motivaciones opuestas. Clinton quería acabar con Milosevic, lo dijera o no, y sabía que su intervención sería completamente decisiva en ese sentido. Obama se niega a involucrarse de forma directa en el desenlace de la guerra interna siria y sus principales asesores diseñan una operación limitada que carezca de esos efectos decisorios.

En todo caso, el ejemplo de Kosovo, presenta demasiadas contradicciones e incongruencias, para resultar concluyente, como ha demostrado el profesor norteamericano Michael Glennon.  Es la lógica de las relaciones internacionales: ni la invocación moral ni la causa legal responden a principios y valores universales. Los intereses de cada cual en cada momento preparan los argumentos, los adaptan y los convierten en instrumentos de las políticas convenientes.

LA RETICENCIA DE OBAMA

En el ánimo reticente de Obama influye el escaso convencimiento de que una acción limitada pueda impedir otro ataque químico sirio. Le preocupa más que se inicie una espiral de intervención que le haga tomar un partido más claro, cuando no hay una alternativa clara de poder en Damasco que resulte más favorable a los intereses norteamericanos y occidentales. Durante años, Washington y otras capitales aliadas (europeas y árabes) han estado proporcionando apoyo político, logístico y, bajo cuerda, cierta asistencia militar a la oposición armada. Pero los rebeldes han sido incapaces de formar una alianza sólida, de elaborar un programa común de gobierno y de garantizar un futuro sin revanchas ni sectarismos. Más bien al contrario, a medida que avanzaba y se envilecía el conflicto, han ido imponiéndose los elementos más radicales y revanchistas. Como es bien sabido, en muchos de los frentes donde los rebeldes llevan ventajas a las fuerzas gubernamentales, el control está en manos de militantes afiliados a Al Qaeda, con no poca presencia de combatientes no sirios. Que Estados Unidos termine propiciando el triunfo de socios de la organización fundada por Bin Laden resultaría una paradoja difícil de digerir, incluso para los más cínicos defensores de la teoría realista de las relaciones internacionales.

No obstante, un Presidente de Estados Unidos no se puede inhibir. No del todo, al menos. Por eso, hace unos meses, ante la aparente desesperación por el avance de los rebeldes en algunos frentes, se temió que el gobierno sirio empleara armamento químico pare frenarlos. Obama proclamó que esa acción hipotética constituiría una “línea roja”, que, en caso de franquearse, provocaría una respuesta norteamericana. Algunos vieron en esa declaración del Presidente un enorme reto, porque Obama se ataba las manos, se obligaba a actuar.

Como era de esperar, se produjeron posteriormente denuncias de empleo limitado de arsenal químico, algunas supuestamente acreditadas por medios solventes de prensa, como el diario francés LE MONDE. Obama no consideró probado que se hubiera rebasado esa ´línea roja” y se limitó a autorizar el envío limitado de armas a los rebeldes. Recibió críticas de unos y otros.

Ahora parece que las evidencias de ataque químico son más contundentes y difíciles de orillar. Se habrían interceptado conversaciones comprometedoras entre mandos militares del régimen que probarían el empleo de gases en los alrededores de Damasco. En todo caso, no deja de resultar extraño ese ataque químico cuando se encontraban muy cerca del lugar observadores de la ONU. Salvo que la decisión de emplear ese armamento fuera de un jefe militar local y no del alto mando sirio, lo cual no es descartable debido al relativo descontrol que se detecta también en las fuerzas gubernamentales.

LA DIMENSION REGIONAL

En todo caso, los interesados en que Washington imprima un nuevo golpe de tuerca en el reequilibrio de la balanza regional consideran que el  futuro de la guerra en Siria está vinculado al problema de Irán, que es ahora la preocupación de no pocos aliados de Estados Unidos en la zona, con Israel y reino saudí a la cabeza. Que Siria sea el gran aliado de Irán en la zona, con el apéndice nada desdeñable del partido/milicia libanés Hezbollah. La eliminación del clan Assad y, en consecuencia, del predominio histórico de la minoría alawi (rama local del chiismo) en Siria ha sido una opción muy tentadora para los gobiernos de Jerusalén y Ryad. Al cabo, en esas capitales se piensan que las franquicias de Al Qaeda que combaten ferozmente en Siria podrán ser desbaratadas una vez derribado el régimen de Assad, fortaleciendo, incluso militarmente, a los sectores más moderados y favorables a los intereses occidentales.

Obama no lo tiene tan claro. Y, en todo caso, aunque ese fuera a la postre el resultado final, el proceso sería penoso y amenazaría permanentemente, durante su desarrollo, con una implicación más o menos directa de Estados Unidos, en un momento en que el Presidente desea desembarazarse de guerras y no enfangarse en otras nuevas. Obama desea poder culminar su mandato presidencial con logros relevantes de naturaleza social en su país y lo que menos necesita es continuar destinando recursos y energía a conflictos externos de muy difícil gestión. De ahí la reluctancia de su ánimo a intervenir en la guerra siria. Así lo percibe la gran mayoría de la opinión pública norteamericana, contraria a involucrarse en este conflicto.

Hace tres años, no resultaba factible a corto plazo la desestabilización del gobierno de Damasco. Al contrario, se había ensayado un cierto acercamiento con Assad para reavivar conversaciones secretas de paz con Israel. El objetivo era el mismo: aislar a Irán; pero la estrategia era distinta: debilitando los lazos de Damasco con Teherán ofreciendo al régimen sirio otros estímulos más atractivos. Uno de los participantes en esa estrategia de acercamiento fue precisamente John Kerry, hoy jefe de la diplomacia norteamericana y entonces cabeza de la Comisión de Relaciones exteriores del Senado. La rueda del tiempo arroja estas paradojas.

En definitiva, Obama decidirá atacar, atrapado en su propio discurso ‘humanitario’. La reputación moral de Estados Unidos será reivindicada (al menos para los incautos). Assad podrá encajar el golpe y, aunque invoque venganzas catastróficas, se contentará con recomponer el tipo y seguir ganando terreno, como ha hecho en los últimos meses.  Los medios se ocuparán de esta escaramuza y dejarán de prestar atención, por unos días, a otros escenarios sangrientos regionales como Irak (que ha vivido un verano atroz), Egipto (donde los generales ya actúan sin máscara  con una lógica represiva sin ambages) o la propia guerra interna siria abandona a una deriva sin final a la vista.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/siria-discursos-imposturas/20130830180153095996.html

Torres Dulce ordena aplicar el “método Capone” para investigar a banqueros

LUIS DíEZ | 5 de diciembre de 2012

En la historia policíaca estadounidense quedó escrita la detención del famoso gánster Alphose Gabriel Capone, alias Caracortada, no por sus crímenes, sino por su evasión de impuestos. Y eso, “el método Capone”, la búsqueda de la singularidad delictiva, es lo que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado aplicar al fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, en los procesos de responsabilidad penal abiertos a los directivos de las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas con recursos del Banco de España y con los 37.000 millones solicitados por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Unión Europea.

La sola mención del “método Capone” por parte del fiscal general durante su comparecencia de ayer, martes, en Comisión de Justicia del Congreso, ya induce a pensar en comportamientos equiparables a los de los mafiosos y rufianes por parte de responsables de entidades financieras. “Le he pedido al señor Salinas que se concentre al máximo en una delictividad concreta en vez de entrar a desbrozar el total”, informó Torres Dulce antes de mencionar el caso de Bankia. ¿Aviso a navegantes? El fiscal no dio más pistas, sólo dijo que se están examinando “muy particularmente las “indemnizaciones indebidas” y otros asuntos. En todo caso espera que la vista oral se pueda producir “en un plazo razonable”.

La determinación del fiscal general de sentar en el banquillo a los directivos y ejecutivos que se beneficiaron a sí mismos y a sus allegados con una gestión ruinosa en las cajas de ahorros le ha llevado a formar equipos con técnicos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para seguir el rastro del dinero y descubrir las eventuales desviaciones. Eso es lo que le pidió el PSOE tras el rechazo del PP a una comisión parlamentaria de investigación y lo que forzó UPyD con la presentación de su demanda criminal. La investigación no será tarea fácil porque ya sabemos que el dinero es líquido, los líquidos se secan y el dinero desaparece, pero Torres Dulce aseguró que “esperamos resultados notables”.

Sobre las “participaciones preferentes” también dio alguna pista. “Hemos estudiado la vía penal y vamos a ir a acciones individuales”. Según sus palabras, la fiscalía está investigando a una entidad para saber “si la emisión se hizo en términos de estafa”. Aunque evitó nombres y siglas, las características más nítidas del engaño a los pequeños ahorradores, que en absoluto cabía confundir con “inversores”, se produjeron en Nova Caixa Galicia Banco y en las cajas del grupo Bankia.

Según el que fuera presidente ejecutivo de Caja Madrid desde 1996 a 2009, Miguel Blesa, “las emisiones contaron con el visto bueno del Banco de España y de la CNMV” y tuvieron tal éxito que los 1.500 millones lanzados al 7% en junio de 2009 fueran ampliadas a 3.000 millones de euros. Sin embargo, cabe recordar que fueron calificadas por Standar & Poor’s con una nota equivalente al “bono basura” y que el propio Rajoy llegó a decir que esas emisiones nunca se habrían producido con un Gobierno del PP, pese a que, como ha recordado Cristina Narbona, en su día directora del Banco Hipotecario, fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó la norma que permitió el desarrollo de ese producto. Sólo las entidades reunidas en Bankia emitieron el 70% de las participaciones preferentes, con más de 100.000 ahorradores afectados.

El fiscal Torres Dulce afirmó tajante que su departamento tendrá “tolerancia cero a la corrupción”. Y argumentó: “El Ministerio Fiscal no puede permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas. Junto con la furiosa agresión del terrorismo, no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables”. Sin embargo reconoció que la Fiscalía Anticorrupción necesita refuerzos técnicos “y en Málaga está en una situación límite”.

Aparte la presentación de la memoria de 2011 –motivo de su comparecencia-, Torres Dulce se refirió a los 326 atentados de ETA pendientes de aclarar, por los que se interesó Rosa Díez, quien le pidió que actúe contra los dirigentes de Bildu y de Amaiur que hablan de “lo conseguido con el terrorismo” y no muestran el menor arrepentimiento. El fiscal aseguró que los crímenes están perfectamente informados y relacionados por la Fiscalía y, en referencia a una carta que la asociación de víctimas Covite remitió a la Casa del Rey y ésta al Ministerio Fiscal, afirmó: “No necesito que la Casa del Rey me envíe ninguna carta de estímulo”.

En respuesta a Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, el fiscal se mostró partidario de “la mínima intervención judicial” ante el derecho de reunión y manifestación y rechazó la criminalización de las protestas ciudadanas que ha sido insinuada desde instancias gubernamentales. En respuesta a Julio Villarrubia, del PSOE, recordó que la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza el indulto a los policías autonómicos catalanes condenados por torturar a un ciudadano. También manifestó su desacuerdo con “el tasazo” implantado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, al tiempo que solicitó “una revisión” para evitar la desigualdad en el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Durante su comparecencia abogó por revisar los juicios de faltas, que con una cifra de 300.000 al año “dispersan la energía de la fiscalía”.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2012/12/05/torres-dulce-ordena-aplicar-el-metodo-capone-para-investigar-a-banqueros/

Los documentos que el Gobierno español ha ocultado al Congreso y a los españoles

ELPLURAL.COM les ofrece en castellano los informes de la Unión Europea y del Gobierno holandés que regulan la intervención bancaria
F. M./ELPLURAL.COM | 20/julio/2012
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El jueves en el Parlamento alemán y la mañana de este viernes, en el finlandés, se ha debatido sobre el rescate español. Y para ello se ha utilizado la documentación que prepararon los organismos de la Unión Europea. Los parlamentarios de estos países, los gobiernos y los altos cargos de los países del euro, han conocido en este sentido los documentos de recomendaciones que han llevado a aprobar la ayuda a nuestra banca. Documentos y argumentaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha ocultado al Congreso español, y a los españoles en general.

Estos documentos básicos, cuyo contenido y recomendaciones se han aprobado esta mañana por parte del Eurogrupo, son el llamado  Memorando de Entendimiento (memorando de las 32 condiciones), y el previo Condiciones del Fondo de estabilidad financiera. Igualmente hemos tenido acceso al documento del presidente del Consejo Europeo, donde se dan ya no pautas, sino órdenes, sobre cómo debe actuar el Gobierno español. A ellos también se puede añadir algunos informes realizados por los gobiernos de la zona euro. En ELPLURAL.COM  podemos ofrecerles el Informe del Gobierno holandés sobre el rescate de la banca española.

Todos estos documentos, en especial el Memorandum de Entendimiento, dejan claros los 32 pasos que el Gobierno español y la banca deben cumplir paso a paso a partir de que se produce el rescate bancario.  Algunos gobiernos, como el holandés, los hicieron públicos, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a dárselo al resto de fuerzas políticas españolas. Y, mucho más, claro, a hacerlo accesible a los ciudadanos.

El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó esta situación el pasado jueves en el Congreso, donde acusó al Gobierno de  opacidad del Gobierno y de escaso talante democrático.

http://www.elplural.com/2012/07/20/los-documentos-que-el-gobierno-espanol-ha-ocultado-al-congreso-y-a-los-espanoles/