Guerra total de los jueces progresistas a Rajoy, al que acusan de mentir

Niegan su ‘medida estrella’ contra la corrupción: no se incorporan 300 jueces sino que se regulariza la situación de 300 magistrados que llevan tiempo incorporados

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha sido contundente: “El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad”. Explica que los jueces a que hace referencia el presidente del Gobierno ya existen y lo que se hará es regularizar su actual situación. Para más inri estos jueces no pertenecen en su mayoría al ámbito penal.

“El Decreto al que se refiere el presidente del Gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados”, aclara Bosch en un comunicado.

El anuncio de Rajoy
La reacción de Jueces para la Democracia responde a que el  presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer  que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la creación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces de adscripción territorial, además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional.

“Es falso”
Según aclara el portavoz de JpD “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción”.

Regularización administrativa
“En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años”. Continúa Bosch: “Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.

No tiene que ver con la corrupción
Explican desde JpD que “este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo”.

No son del ámbito penal
“La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones”, dice.

“El Gobierno sigue sin hacer nada”

Es también duro Bosch en el análisis de la situación: “Tras dos años en los que el Gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción, sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del Gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa”.

Urbanismo, caldo de cultivo de corruptos
“Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones”, exigen los jueces progresistas.

Medios para perseguir y condenar
Recuerda también la necesidad de dotar a la justicia de una mejor infraestructura:  “nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante”.

Anuncio falaz
Concluye Bosch: “la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción”.

http://www.elplural.com/2014/10/31/guerra-total-de-los-jueces-progresistas-a-rajoy-al-que-acusan-de-mentir/

Varapalo del Poder Judicial a la reforma tributaria del Gobierno

FéLIX BORNSTEIN | Publicado: 26/10/2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. / lamoncloa.gob.es

Cualquier modificación normativa debe pasar, en última instancia, el test de los jueces. Cuando, por ejemplo, cambia el “decorado fiscal”, las normas se traducen en actos administrativos de aplicación de los tributos que son susceptibles de revisión judicial por una doble vía. La más habitual es el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. En los asuntos más graves (posibles delitos contra la Hacienda Pública) la última palabra será pronunciada por los jueces penales. Incluso cabe un control más intenso si la aplicación de los tributos afecta a los derechos fundamentales: en este último caso la que debe ser chequeada es la propia Ley fiscal (y no sólo los actos dimanantes de la misma) y quien es llamado a resolver la cuestión es el Tribunal Constitucional.

Esa triple dimensión revisora llega a su máxima potencia (y necesidad) si la modificación legal no es de simple detalle, sino de una envergadura que trastoca piezas básicas de un sector del sistema jurídico. Éste es el caso de la propuesta de reforma del Gobierno, en sus cuatro apartados: IRPF-IRNR, Sociedades, IVA y Ley General Tributaria. Por sus consecuencias “directamente” procesales, es el cuarto ámbito citado el que refleja, más que los tres anteriores, el protagonismo futuro de los jueces y magistrados. Dicha situación justifica la necesidad de que las propuestas del Gobierno sean sometidas con carácter previo a su aprobación al examen de quienes deberán aplicarlas posteriormente (antes de que sea demasiado tarde si, tras la pertinente tramitación parlamentaria, la iniciativa gubernamental se mantiene en sus propios términos y acaba lesionando derechos ciudadanos y/o invade las competencias constitucionales de los jueces). En todo caso, como el informe del órgano interesado no es vinculante, puede que la contumacia venza a la razón técnica (si tal es el caso). Pero, siempre, el Parlamento y la opinión pública tendrán más elementos de juicio.

Por dicho motivo, el 29 de agosto pasado tuvo entrada en el Registro del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el Anteproyecto de la Ley de modificación parcial de la vigente Ley General Tributaria, a efectos de la emisión del preceptivo Informe. Éste ha sido aprobado por el Pleno del CGPJ en sesión celebrada el 30 de septiembre y su contenido –en 37 páginas- es demoledor para la imagen no sólo del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (cuyo departamento es el que remitió el texto al Consejo), sino también para la del Gobierno de Mariano Rajoy en bloque, por la sencilla razón de que el citado Anteproyecto (aunque hoy todavía no ha sido remitido al Congreso de los Diputados) se aprobó durante el verano por el Consejo de Ministros como parte integral de su propuesta de reforma tributaria.

El CGPJ manifiesta dos críticas preliminares al Anteproyecto. La primera en la misma frente del texto: “No viene acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. La segunda, a propósito de las intenciones formales del Gobierno (según consta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto), que fundamentalmente buscan “lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario”, todo ello con el objetivo de “reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria”. Pues bien, el Informe, como cuestión de principio, ya nos advierte “de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente en la norma proyectada”. Traspasado este doble arco de entrada, el Informe va desmontando, una por una, las figuras clave de la reforma gubernamental, que no parece ir en la dirección anunciada de otorgar mayor seguridad jurídica al ciudadano, sino más bien -según la opinión del órgano de gobierno de los jueces- en la ruta contraria de sacralizar una posición de abuso de la Administración impropia en un Estado de Derecho. Veamos algunos epígrafes concretos.

1.- Sobre el llamado conflicto en la aplicación de la norma tributaria:

El Consejo denuncia “la insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías de los contribuyentes”. La crítica es amablemente feroz: la reforma “viene a dar la espalda a los límites constitucionales, y de prosperar…bastará con que la Comisión consultiva –órgano de composición y naturaleza íntegramente administrativa- emita informe estimando que un determinado acto o negocio constituye conflicto de normas tributarias, para que se dé lugar a la imposición de sanciones”. El CGPJ, que se decanta primordialmente por la supresión de la propuesta, pone en duda que el Gobierno guarde “el respeto debido a los principios de legalidad y tipicidad”.

2.- Sobre la prescripción:

El Informe acusa al Gobierno de otorgar ”poderes exorbitantes a la Administración tributaria” y, sobre el supuesto “derecho” imprescriptible de la inspección fiscal para realizar determinadas comprobaciones y averiguaciones, efectúa el siguiente diagnóstico: “resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá [de] la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad”.

3.- Sobre la publicación periódica de listas de contribuyentes morosos:

Debajo del pretexto esgrimido por Cristóbal Montoro –luchar contra el fraude fiscal a través de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos y promover una auténtica conciencia cívica tributaria– el CGPJ detecta una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, amén de una quiebra del principio de proporcionalidad, ya que la “formulación excesivamente abierta” de la medida “no necesariamente se corresponde con conductas defraudatorias”. Por si lo anterior fuera poco, la publicación de las listas –según el Consejo- difícilmente se concilia con “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (Sentencia de 9 de noviembre de 2010, caso Volker). Y apostilla: con la publicación de las listas “no se persiguen objetivos de eficacia administrativa o transparencia sino el establecimiento de una suerte de “sanción” a los contribuyentes que habiendo reconocido su deuda con la Administración tributaria no pueden afrontarla en periodo voluntario”. Al órgano de los jueces le llama la atención “el agravio comparativo si atendemos el distinto tratamiento dado a las Administraciones públicas morosas a las que se excluye de la aplicación de la norma y que en no pocas ocasiones han contribuido –al no pagar sus propias deudas- a la insolvencia y la ruina de los contribuyentes morosos”. La publicidad es fruto de una decisión poco “sosegada y reposada” que sólo merecerían “los grandes defraudadores” y que “sólo podría ser acordada por el Juez o Tribunal penal en la sentencia condenatoria [firme] y no por la Administración”.

Las críticas anteriores son, desde luego, demoledoras. ¿Pero eso es todo? Desgraciadamente para el Gobierno, no. El 2 de octubre de 2014, la vocal del Consejo María Concepción Sáez Rodríguez formuló un voto particular concurrente al Informe del Pleno en el que, además de los reproches de este último (que la vocal hace suyos), realiza unas consideraciones adicionales sobre la reforma de la Ley General Tributaria. A la vocal Sáez Rodríguez no le duelen prendas. Les invito a que lo lean (pueden consultar su voto “pinchando” en el primer vínculo de este artículo). Sus acusaciones alcanzan la altura de la caza mayor. Yo sólo reproduciré algunos juicios de valor: el Gobierno peca de “un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos”; el Gobierno actúa “como si, prescindiendo del arte arquitectónico, se decidiera [a] actuar contra la estructura de un edificio, afectando no solo al mismo sino también a los colindantes”, lo que producirá fisuras “que serán bien aprovechadas por quienes no estén en la disposición de contribuir al mantenimiento de las arcas públicas”; el Gobierno, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, “se impone al órgano penal, con olvido de que es a él –y no a la Administración- al que la CE atribuye la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; la reforma del Gobierno compromete seriamente “la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho”; en relación con las listas de deudores fiscales, el Gobierno se aparta incluso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en el que, a sugerencias precisamente del CGPJ, suprimió la publicidad sobre “personas identificadas o identificables…a fin de evitar el posible efecto estigmatizador”; el Gobierno, en fin, “obstaculiza la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de acciones en claro perjuicio para los ciudadanos”.

Si hacemos caso al CGPJ, está claro por qué el ministro Wert decidió suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Se puede dirigir el Gobierno, se puede ser ministro de Hacienda, sin haber aprobado el curso preescolar que habilita para conocer las nociones básicas de las garantías democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos? Termino: muchos dicen, con sobradas razones, que el Consejo del Poder Judicial es la voz de su amo. Pero del negro al blanco (o al revés) existe una amplia escala de grises. Vivimos en una democracia con una separación de poderes muy imperfecta e insatisfactoria. Pero aunque sea gris, vivimos en una democracia que sólo puede rehabilitarse desde postulados institucionales y, al mismo tiempo, sometida a la presión organizada de la sociedad civil (como la que ejerce la prensa libre e independiente, que, la verdad, no abunda). Los purísimos de corazón que niegan que “esto” sea una “auténtica” democracia pueden destruir, sin nada digno a cambio, lo poco (que no es realmente “tan poco”) que los humildes ciudadanos tenemos. Detesto las moralejas, pero la Historia es la mejor vacuna contra las novatadas.

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/2014/10/26/varapalo-del-poder-judicial-la-reforma-tributaria-del-gobierno/7946

 

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de élites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la élite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

 

El juez del caso Blesa: “En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad”

“El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos de Blesa. Es seguir navegando en el cinismo”. “Si hay una caza de brujas contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo”

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 02/01/2014

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.
“Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando”. Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que “en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad”, y recuerda que en la causa contra Blesa “nadie ha hecho nada” desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado “quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal”. “Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio”, señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros.

“Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez”, explica.

Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, “no están invalidados”, y revelan “sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo”. Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: “El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune”.

Silva entiende que si hay una “caza de brujas” contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese “escándalo judicial” debe ser investigado por el Tribunal Supremo.”La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate”.

¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?

No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.

Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato. Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente.

El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.

El fiscal le reprocha haber ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado.

La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa. Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.

Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.

¿A qué se refiere exactamente?

Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis.

Hay una prima de riesgo de corrupción, falta de integridad y deslealtad en la gestión

Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen.

¿Los correos de Blesa son nulos, como sostiene el fiscal Moix?

Hay gente que dice: los correos son inválidos. Mentira, los correos no son inválidos porque la existencia de los correos no depende de mi resolución. Cuando yo acuerdo una cosa como pedir las declaraciones de Hacienda o los correos corporativos de Bankia, la anulación de mi resolución no puede afectar a la validez de esas pruebas, ya que su existencia no depende de mi resolución.Nunca es inválido el correo por ser inválida la providencia por la que yo acuerdo ir a por el correo.

Los correos fueron estudiados por la Guardia Civil y los peritos de KPMG, que vieron datos sospechosos. ¿Qué decía el fiscal en aquel momento?

No existía. El fiscal por aquí no ha venido nunca salvo a los actos de las prisiones (de Blesa). Nunca ha estudiado documentación ni ha hecho preguntas relevantes.

Los indicios estaban sostenidos por mí, por el equipo de la Guardia Civil, por los peritos de KPMG, por los abogados de Manos Limpias, y ahora la Audiencia Nacional, y la sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la libertad de Blesa pero dice que en el caso del banco de Miami hay importantes indicios de criminalidad. La causa está viva, pero nadie hace nada. El problema era yo, estuve cuatro meses de suspensión, he vuelto y me he abstenido ¿Porqué nadie en 5 meses ha hecho nada ahí?

Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.

Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.

Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: “Quédese con la causa porque es del 9”. Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que “no”, que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.

La jueza y el fiscal han intentado quitarse de encima el caso del banco de Miami de forma torticera

¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco. Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.

Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.

La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sin valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino de que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal.

¿Cree que cometió errores en la instrucción?

Yo me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando. Yo soy un juez normal, de mi nónima, que no miró el nombre de nadie en los papeles. Yo no sabía quien era Blesa. En ese caso no hubo errores, todo es impecable. Pues nada: a por el juez. No hombre, eso es romper la baraja. Yo formo parte del sistema como el que más, desde luego mucho más que los corruptos. Dejeme en paz, y persígame cuando haya hecho algo mal de verdad, pero no cuando lo haga bien y a usted no le venga bien lo que yo hago, y usted puede hacer todo tipo de cosas que se salen de las reglas del juego.

Lo que está haciendo hoy Gavilán, el fiscal Moix y la Sala del TSJ de Madrid lo están viendo más de un milllón de españoles, hay nueve o diez plataformas ciudadanas trabajando día y noche para ver lo que está pasando aquí. Hay un político, Miguel Angel Revilla, que ha recogido 134.000 firmas. Los españoles quieren saber qué pasa, no estamos dispuestos a que nos tomen más el pelo. Esto nos cuesta mucho dinero. El rescate nos ha costado 40.000 millones.

Y queremos saber que pasó en Caja Madrid, en Bancaja, si ha habido una gestión delictiva que se cargó esas entidades, y si el hundimiento de esas entidades nos ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez. Y eso no lo podemos consentir.

¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó?

Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.

Las causas penales importantes no se mueven y los ciudadanos ven que todo sale gratis

La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo qué está pasando en el TSJ de Madrid, qué pasa con el instructor y qué pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza de brujas institucional contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo.

La causa que tiene abierta contra mí el instructor Jesús Gavilán no vale nada. Primero la querella nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate y no vale para nada, porque Moix (el fiscal) demuestra que ni siquiera ha estudiado la causa. No se dio cuenta de que yo me intenté inhibir en favor de la Audiencia Nacional, pero tampoco se dio cuenta de que no fui yo, sino mi compañero, Juan Antonio Toro, ya que me imputa la reapertura.

Además, no permiten que se reproduzcan los correos en la causa. Eso en sí es un  hecho que bordea lo incompresible y posiblemente sea delictivo, porque está privando del derecho de defensa en términos que son muy injustos. Yo meto a alguien en prisión y tengo unos elementos de juicio. Me tiene que dejar que todos los elementos de juicio afloren en la causa que abre contra mí por prevaricación. Cómo me van a privar de ello.

Declaran los secretarios judiciales, y señalan que no había retrasos en mi juzgado, y que los que había eran por el gran cúmulo de asuntos. Después los peritos, que respaldan mi investigación, y después los guardias civiles, que la apoyan por encima de mis expectativas. El fiscal Moix se dedica a amedrentar a la secretaria judicial y a números de la Guardia Civil que acuden a declarar como testigos, les reprende. Si eso es verdad, eso es un delito. Es una atrocidad, y hay que investigarlo. Y mientras tanto el caso Blesa está dormido, y el caso Banco de Miami aunque está vivo, está también dormido.

¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?

Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas. Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado aquí.

Está claro que mientras yo lo investigué no hubo filtraciones, y que yo investigué en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.

¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leído todos los correos?

Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por correo y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno.

Prácticamente todos los correos revelan sospechas de criminalidad, indicios, alertas o pruebas de cargo

Y prácticamente todos los correos revelan o sospechas de criminalidad, o alertas (no es un indicio pero sí una infracción de protocolo relevante en el ámbito bancario que hay que ver si llega a constituir indicio) o indicios porque reúnen varias alertas, o incluso pruebas de cargo. Pero hay que leerlos todos y conectarlos todos.

Y no sé cómo no reaperturan la causa Blesa de una forma muy sencilla: con cualquier indicio de criminalidad de los múltiples que han surgido nuevos, y pidiendo los correos de Barcoj, Amat y de los demás imputados.

¿Los correos son íntimos, como dice el TSJ de Madrid?

Al ser correo corporativo, no afecta a la intimidad. Además, para colmo, íntimo hay muy poco, prácticamente nada. Una cosa es intimidad cien por cien, y otra cosa intimidad relacionada con posibles infracciones muy graves de gestión bancaria que se llaman alertas. Imaginemos que una persona esté gestionando una entidad bancaria y está utilizándola para fines que tienen que ver con temas de amantes, historias. Es muy importante saber que la gestiona de esa manera. Y también cuando alguien gestiona una entidad y se dedica a otros negocietes. Porque esos ramales pueden dar lugar a otras infracciones de gestión o a nuevos delitos, que ya no sean delito societario y haya que incoar diligencias aparte como en el caso del banco de Miami. Que yo recuerde uno solo es cien por cien íntimo.

¿El hecho de que se estén conociendo los correos contribuye a hacer justicia?

Justicia a la corta. La justicia que puede salir de que se estén difundiendo no la voy a negar. A la corta, la ciudadania, el lector, sabe que aqui ha pasado algo muy extraño. Eso se ha conseguido. Pero el problema es que es una justicia corta, porque la larga que se investigue todo lo que ha pasado hasta sus últimas consecuencias, esclarecerlo por los jueces, y que se vea si se tiene que condenar, y que se cumpla la pena. Esa es la justicia de verdad.

Aquí la prensa está teniendo que hacer un trabajo de mínimos, de un país que está en situación de mendacidad judicial. Y está teniendo que venir la prensa a salvar unos muebles que no le corresponden. Eso es calamitoso.

¿La impunidad puede tener que ver con que en la caja estaban representados los tres principales partidos, sindicatos y empresarios?

La impunidad que rodea a este asunto, y los motivos por los que estos procesos se manipulan, se detienen, lo explicó linea a linea en un libro que se publica a finales de enero “La justicia desahuciada. España no es país para jueces”. Es de locos. Tiene que ver con personajes ilustres, personajes poderosos, elementos de la casta política, de la casta judicial.  Los ciudadanos ya no aguantan más. Es un espectáculo bochornoso que les produce náuseas.

¿Hay divorcio entre la calle y la justicia?

Hay un divorcio profundo. Los jueces se han divorciado de la sociedad. Se han metido en una esfera impresentable. En sus cargos, en su rollito interno. Sin la colaboración de algunas asociaciones judiciales el Consejo General del Poder Judicial no podría haberse politizado como lo está ni llevarse a cabo el sistema de reparto de botín de cargos en el Consejo desde hace más de 20 años. Aunque hay magistrados valientes en las asociaciones que están empezando a plantear que basta ya.

A lo mejor soy el primer juez que se ha cansado y ha empezado a contar

El único juez al que mira la ciudadanía como un juez legítimo, respetable, y que lo está haciendo bien soy yo, y eso no vale, porque no es verdad. Soy uno más, que a lo mejor me he cansado y he sido el primero que he empezado a contar.

Blesa se queja de que usted, con sus investigaciones, le ha ‘cercenado’ su vida profesional

Mi trabajo afecta a los ciudadanos, por eso lo hago con la máxima responsabilidad. En el caso de Blesa, no sólo creo que le ingresé bien en prisión, es que creo que no debería estar en libertad. España es el único país del mundo occidental que le mantendría en libertad. ¿Qué eso le ha podido producir perjucios? Tendría que demostrarlos, pero tendrían que ver con que aparece rodeado de indicios en la práctica de actividades de naturaleza penal.

¿Confia en la justicia española y en que Blesa será juzgado adecuadamente?

Ahora mismo tengo la obligación por sentido común de no confiar en la justicia española. Confío en la ciudadanía, que sabrá exigir a la justicia española que haga lo que tiene que hacer. El hecho de que no esté suspendido hoy, se debe a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. El corrupto intenta hacer creer que el poder lo tiene él y que nada tiene solución, y el ciudadano acaba diciendo: “esto no hay quien lo cambie”. Pero no es verdad, cuando los ciudadanos quieren, la sociedad cambia.

El movimiento ciudadano que se está produciendo alrededor de estas causas penales pedirá explicaciones, y se tendrán que cumplir las leyes. Cuando una causa está asociada al hundimiento de la tercera entidad financiera de un país, que era la caja de ahorros posiblemente más grande del mundo, y esa entidad está relacionada con asuntos muy turbios como aparecen en los correos –Gürtel, venta de armas– además directamente con una gestión bancaria que ha podido dar lugar al hundimiento de esa entidad, eso interesa a los ciudadanos.

Y cuando eso está relacionado con el rescate bancario, que ha llevado a España a donde estamos: generaciones comprometidas, inicio del desmantelamiento de servicios públicos, copago, repago, personas ancianas abandonadas, la ley de asistencia desmovilizada, gente que no se puede matricular en la universidad porque no tiene dinero, millones de personas en paro, miles de empresas quebradas; los ciudadanos dicen: mire, de todos los relatos que quiero oir, este es el que más me interesa.

El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. No quiere ya más engaños.

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LA TORTURA EN LA ESPAÑA DE JUAN CARLOS I

REY FRANCO

Vivimos en un país que aún conserva calles, plazas y avenidas dedicadas a Francisco Franco, responsable de un pavoroso genocidio, pero que obstaculiza la exhumación de sus víctimas. Los restos de 113.000 personas aún permanecen en fosas clandestinas. La justicia no pone ninguna objeción a los homenajes o a las fundaciones que exaltan la figura del general Franco, pero envía a prisión, con durísimas condenas, a los que se atreven a manifestar su apoyo a los presos políticos vascos. Indudablemente, es una buena noticia que la juez argentina María Servini de Cubría haya solicitado a la Interpol la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y los policías Celso Galván Abascal (ya fallecido), José Ignacio Giralte González y José Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”. Se les acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en la mayor parte de las ocasiones en la antigua Dirección General de Seguridad, que funcionó como un centro de tortura y detención ilegal en Madrid hasta 1978. Espero que la orden de extradición prospere, pero me gustaría que se extendiera a los actuales torturadores, como los agentes que en marzo de 2011 violaron anal y vaginalmente a Beatriz Extebarria en la Dirección General de la Guardia Civil. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró que el relato de Beatriz Etxebarria, denunciando los hechos, era “creíble y consistente”. ¿Necesitaremos otras cuatro décadas para que los torturadores de nuestros días -encubiertos por políticos, jueces, fiscales y forenses- sean reclamados por algún magistrado extranjero comprometido con la defensa de los derechos humanos?

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No puedo reprimir los sentimientos de indignación y repugnancia al escuchar al ex juez Baltasar Garzón celebrando la iniciativa de la jueza argentina. Durante su paso por la Audiencia Nacional, Garzón promovió y amparó la tortura, ordenando en centenares de casos el régimen de incomunicación, que contempla hasta 13 días de aislamiento durante los cuales no es posible hablar con un abogado o un médico de confianza. Ni siquiera existe la obligación de comunicar a la familia el paradero del detenido. Se trata de un secuestro legal concebido para torturar y maltratar con impunidad, forzando inculpaciones sin la necesidad de pruebas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación en diferentes ocasiones, afirmando que el período de aislamiento “facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos”. Martxelo Otamendi, director del periódico Euskaldunon Egunkaria hasta su cierre por orden de la Audiencia Nacional en 2003, conoció en sus propias carnes el infierno del régimen de incomunicación. Acusado de pertenecer a ETA, la Guardia Civil puso en práctica su modus operandi: “Estuve tres días sin dormir. Tenía que estar de pie mirando a una pared y sólo me dejaban sentarme 20 minutos cada cinco horas. Me sometieron a la técnica de la bolsa en la cabeza, tuve que hacer ejercicios físicos y sufrí vejaciones sexuales. Me pusieron un hierro en la cabeza que hizo click y luego me hicieron tocar la pistola”. En 2010, la Audiencia Nacional le absolvió, con el resto de los acusados del sumario, otros cuatro periodistas que pasaron por la misma experiencia, algunos con edades avanzadas y una salud precaria. En octubre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español a pagar 24.000 euros de indemnización a Martxelo Otamendi por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. “La tortura es estructural y es un método de trabajo –afirma Otamendi-. Cuando te están torturando y te dicen esto es la Guardia Civil y olvídate de todos los derechos, como me dijeron a mí, eso es estructura, eso no son excesos puntuales. La tortura es eficaz para los magistrados, que la toleran y porque de cada 100 casos que abren un gran número acaba en la cárcel. Es eficaz para la Policía, porque demuestra que hace bien su trabajo. Y es eficaz para el Ministerio de Interior porque pone detenidos sobre la mesa. Una justicia que investigue es más lenta y más cara”. En relación a los presuntos manuales de ETA para denunciar falsas torturas, Otamendi puntualiza: “Se habla de un manual que dice eso, pero nadie lo ha visto nunca. Estamos hablando de más de 7.000 torturados vascos desde la aprobación de la Constitución por cuestiones políticas. […] La tortura es estructural, porque se indulta. Es una manera de trabajar y si luego a última hora te pillan pues te indultan. Es el caso de Galindo, que tenía 75 años de cárcel y sólo cumplió cuatro. A Rafael Vera (condenado por financiar los GAL) lo pusieron en la calle porque estaba deprimido. Por lo visto era el único español deprimido en la cárcel. El Estado no abandona a sus esbirros. Si no tiene otro remedio los juzga y los condena, pero luego siempre les puede dar un indulto”.

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El prestigioso forense Francisco Etxeberria ha repetido en muchas ocasiones que la tortura está profundamente enraizada en el Estado español: “Cuando empecé en los años ochenta, el 100% de los detenidos eran maltratados por la Policía, aunque vinieran de la delincuencia común. […] En aquel tiempo y se puede decir que también en todo el periodo posterior, los médicos forenses que estaban en la Audiencia Nacional no ejercían ni ética ni deontológicamente el mínimo esfuerzo que les correspondía. Son y han sido siempre encubridores. Y yo, que les he conocido personalmente, se lo puedo decir a la cara tranquilamente”. Sin embargo, “el reproche, sobre todo, habría que hacérselo al juez. Y por eso llega un momento en que te preguntas: ¿Cuándo se acabarán las torturas? Está claro, el día en que se les puedan imputar estos hechos a los propios jueces. Así de claro. El juez tiene que hacer lo que sea para que esto no pase y, además, tiene todos los mecanismos para que no vuelva a pasar. Así que si no lo hace, es un encubridor”.

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Baltasar Garzón es uno de esos jueces y por eso sufrió recientemente un escrache en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El colectivo Euskal Herriaren Lagunak (EHL), grupo de simpatizantes del pueblo vasco en Argentina, boicoteó el acto con ikurriñas y pancartas a favor de los presos políticos, pidiendo el fin de la dispersión penitenciaria. Después, hizo público un comunicado, acusando a Garzón de utilizar los testimonios obtenidos mediante torturas para dictar sentencias de hasta 30 años contra independentistas vascos, catalanes, gallegos y presuntos yihadistas. Garzón nunca investigó las denuncias de torturas presentadas por los detenidos y prolongó el régimen de incomunicación para asegurarse las inculpaciones. En su intento de criminalizar al conjunto de la izquierda abertzale, con la consiga “Todo es ETA”, ilegalizó Batasuna y ordenó el cierre de la editorial Ardi Bertzale, la emisora radiofónica Egin Irratia y los periódicos Egin, La Voz de Euskadi y Euskaldunon Egunkaria. En 2003, once detenidos presentaron en su juzgado una denuncia por torturas físicas y psicológicas. Uno de los denunciantes tenía muy mal aspecto y casi no podía hablar a causa de una crisis de ansiedad. Garzón les envío a todos a prisión, sin ninguna clase de contemplaciones. El supuesto paladín de la lucha judicial antifranquista invalidó desde su cargo el sumario de 152.237 víctimas identificadas por diferentes organismos de derechos humanos. No está de más recordar que Garzón ha colaborado con Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, acusado reiteradamente de complicidad con el narcotráfico y con los grupos paramilitares que han sembrado el terror en las comunidades campesinas. También ha trabajado para Henrique Capriles en su campaña contra Hugo Chávez. Saber que Gaspar Llamazares propuso a Baltasar Garzón como candidato de Izquierda Unida a las elecciones europeas de 2014 sólo confirma la crisis de identidad de una coalición con planteamientos cada vez más conservadores.

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Algunos medios de comunicación han sacado a la luz el historial de los cuatro torturadores franquistas reclamados por la justicia argentina. Jesús Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, participó en el 23-F y fue expulsado del cuerpo. Jon Arrizabalada presentó una querella contra él en Argentina por las torturas infligidas a su hermano Andoni: “Le ataron por el pie al hueco de una escalera desde un tercer piso, le hacían creer que le iban a ahogar… Cuando mi padre y mi hermano fueron a verle, el capitán Muñecas lo sacó para que lo vieran bien. Les dijo, sonriendo: Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar. Estaba tan desfigurado por las palizas que mi padre y mi hermano no le reconocieron. Tenía 29 años. Después de aquello le soltaron. Volvió a ser detenido, pasó ocho años en prisión por ser militante de ETA y salió con la amnistía de 1977”. Celso Galván, inspector de la Brigada Político-Social, escolta personal de Franco y, más tarde, del propio rey Juan Carlos I, fue el probable autor del disparo que acabó el 20 de enero de 1969 con la vida del Enrique Ruano, estudiante de Derecho y militante de izquierdas en la clandestinidad. Se fingió un suicidio con la complicidad del ABC, pero años más tarde Torcuato Luca de Tena, director del periódico, admitió que se limitó a cumplir las instrucciones de Manuel Fraga, sin ignorar que se trataba de una farsa. Acacio Puig, torturado en mayo de 1973 en los sótanos de la DGS, afirma que “Celso Galván no pegaba. Era un torturador de guante blanco. Les gritaba a los demás: ¡Baldar a este hijo de puta! ¡Leña hasta que hable en inglés!”. José Ignacio Giralte González también pertenecía a la Brigada Político-Social y participó activamente en represión de los movimientos estudiantiles opuestos a la dictadura. Alfredo Rodríguez Bonilla aún recuerda las torturas que sufrió en la DGS: “Me decían que bajara la cara. Cada vez que lo hacía, me golpeaban. Por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían: Di que tu madre es una puta y tu padre es maricón…”. Giralte era uno de los que le golpeaba y humillaba. José Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, es el más conocido de los cuatro torturadores franquistas. Felisa Echegoyen lo describe con una precisión sobrecogedora: “Olía mucho a alcohol. Era bajito, feo, con los ojos saltones. Tenía 28 años, solo dos más que yo. Y disfrutaba torturando. Se le notaba porque en medio de la furia, al pegarte bofetadas y patadas, tenía un gesto de placer, de satisfacción”. José María Galante, otra de sus víctimas, afirma: “No era un funcionario que torturaba. Era un torturador compulsivo. […] Una vez, me tenía esposado al radiador en un despacho de la DGS, llegó, me dio un culatazo y me dijo: Has tenido el honor de que te pegue un culatazo Billy El Niño. Era muy peligroso porque no tenía muchas luces y sí una impunidad absoluta”. Nunca se han despejado las sospechas sobre su implicación en la matanza de los abogados de Atocha en 1977.

atocha abogados

No sé qué sucederá con estos criminales, pero me pregunto qué clase de relación mantenía Celso Galván con el rey, cuando se encargaba de su escolta. ¿Bromeaban como antiguos camaradas? ¿Evocaban los viejos tiempos al lado del general Franco? ¿Hablaban de la Transición, que garantizó la impunidad de los crímenes de la dictadura y mantuvo en sus puestos a los funcionarios implicados en la represión? Celso Galván falleció sin responder por el asesinato de Enrique Ruano y nunca manifestó ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento. ¿Conocía su hoja de servicios Juan Carlos I, “campeón de la democracia”, según el risueño y reaccionario Ronald Reagan? ¿Se trata sólo de una casualidad, como en el caso de Emilio Hellín, el ultraderechista que asesinó en 1980 a la estudiante Yolanda González, de 19 años, y que ha trabajado para el Ministerio del Interior entre 2006 y 2011, cobrando 140.000 euros por sus servicios? La antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires fue convertida en 2004 por Néstor Kirchner en Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Se escogió el 24 de marzo por ser el aniversario del golpe de Videla y sus compinches. Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por “la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. ¿Qué pasó con la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol? Actualmente, es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Simple casualidad? Durante años, Esperanza Aguirre tuvo su despacho en uno de los más siniestros centros de tortura de la dictadura franquista. No creo que le molestara y  dudo que haya dedicado a las víctimas ni un minuto de su pensamiento. España es así.

Juan-carlos pinochet

RAFAEL NARBONA

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Torres Dulce ordena aplicar el “método Capone” para investigar a banqueros

LUIS DíEZ | 5 de diciembre de 2012

En la historia policíaca estadounidense quedó escrita la detención del famoso gánster Alphose Gabriel Capone, alias Caracortada, no por sus crímenes, sino por su evasión de impuestos. Y eso, “el método Capone”, la búsqueda de la singularidad delictiva, es lo que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado aplicar al fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, en los procesos de responsabilidad penal abiertos a los directivos de las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas con recursos del Banco de España y con los 37.000 millones solicitados por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Unión Europea.

La sola mención del “método Capone” por parte del fiscal general durante su comparecencia de ayer, martes, en Comisión de Justicia del Congreso, ya induce a pensar en comportamientos equiparables a los de los mafiosos y rufianes por parte de responsables de entidades financieras. “Le he pedido al señor Salinas que se concentre al máximo en una delictividad concreta en vez de entrar a desbrozar el total”, informó Torres Dulce antes de mencionar el caso de Bankia. ¿Aviso a navegantes? El fiscal no dio más pistas, sólo dijo que se están examinando “muy particularmente las “indemnizaciones indebidas” y otros asuntos. En todo caso espera que la vista oral se pueda producir “en un plazo razonable”.

La determinación del fiscal general de sentar en el banquillo a los directivos y ejecutivos que se beneficiaron a sí mismos y a sus allegados con una gestión ruinosa en las cajas de ahorros le ha llevado a formar equipos con técnicos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para seguir el rastro del dinero y descubrir las eventuales desviaciones. Eso es lo que le pidió el PSOE tras el rechazo del PP a una comisión parlamentaria de investigación y lo que forzó UPyD con la presentación de su demanda criminal. La investigación no será tarea fácil porque ya sabemos que el dinero es líquido, los líquidos se secan y el dinero desaparece, pero Torres Dulce aseguró que “esperamos resultados notables”.

Sobre las “participaciones preferentes” también dio alguna pista. “Hemos estudiado la vía penal y vamos a ir a acciones individuales”. Según sus palabras, la fiscalía está investigando a una entidad para saber “si la emisión se hizo en términos de estafa”. Aunque evitó nombres y siglas, las características más nítidas del engaño a los pequeños ahorradores, que en absoluto cabía confundir con “inversores”, se produjeron en Nova Caixa Galicia Banco y en las cajas del grupo Bankia.

Según el que fuera presidente ejecutivo de Caja Madrid desde 1996 a 2009, Miguel Blesa, “las emisiones contaron con el visto bueno del Banco de España y de la CNMV” y tuvieron tal éxito que los 1.500 millones lanzados al 7% en junio de 2009 fueran ampliadas a 3.000 millones de euros. Sin embargo, cabe recordar que fueron calificadas por Standar & Poor’s con una nota equivalente al “bono basura” y que el propio Rajoy llegó a decir que esas emisiones nunca se habrían producido con un Gobierno del PP, pese a que, como ha recordado Cristina Narbona, en su día directora del Banco Hipotecario, fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó la norma que permitió el desarrollo de ese producto. Sólo las entidades reunidas en Bankia emitieron el 70% de las participaciones preferentes, con más de 100.000 ahorradores afectados.

El fiscal Torres Dulce afirmó tajante que su departamento tendrá “tolerancia cero a la corrupción”. Y argumentó: “El Ministerio Fiscal no puede permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas. Junto con la furiosa agresión del terrorismo, no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables”. Sin embargo reconoció que la Fiscalía Anticorrupción necesita refuerzos técnicos “y en Málaga está en una situación límite”.

Aparte la presentación de la memoria de 2011 –motivo de su comparecencia-, Torres Dulce se refirió a los 326 atentados de ETA pendientes de aclarar, por los que se interesó Rosa Díez, quien le pidió que actúe contra los dirigentes de Bildu y de Amaiur que hablan de “lo conseguido con el terrorismo” y no muestran el menor arrepentimiento. El fiscal aseguró que los crímenes están perfectamente informados y relacionados por la Fiscalía y, en referencia a una carta que la asociación de víctimas Covite remitió a la Casa del Rey y ésta al Ministerio Fiscal, afirmó: “No necesito que la Casa del Rey me envíe ninguna carta de estímulo”.

En respuesta a Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, el fiscal se mostró partidario de “la mínima intervención judicial” ante el derecho de reunión y manifestación y rechazó la criminalización de las protestas ciudadanas que ha sido insinuada desde instancias gubernamentales. En respuesta a Julio Villarrubia, del PSOE, recordó que la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza el indulto a los policías autonómicos catalanes condenados por torturar a un ciudadano. También manifestó su desacuerdo con “el tasazo” implantado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, al tiempo que solicitó “una revisión” para evitar la desigualdad en el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Durante su comparecencia abogó por revisar los juicios de faltas, que con una cifra de 300.000 al año “dispersan la energía de la fiscalía”.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2012/12/05/torres-dulce-ordena-aplicar-el-metodo-capone-para-investigar-a-banqueros/