Quijotes contra empresas eólicas en México

Pese a las amenazas de muerte, el hostigamiento y ahora la intención de encarcelar a defensores de derechos humanos, los pobladores del istmo mantienen el pulso a las eólicas y han tenido algunos éxitos: un proyecto se ha paralizado y ahora será sometido a consulta; y los contratos de otro podrían ser anulados

Juan Martínez se escabulle en la oscuridad todavía no muy cerrada de su humilde casa buscando el interruptor de la luz. Su hija da las últimas puntadas del día al bordado de un huipil. Juan cruza la sala con rapidez y mete la mano entre un nudo de cables enmarañados. ‘Clic’. “Miren”. La bombilla se prende. Los visitantes no salen de su asombro.

“Allá adentro tengo otra”, justifica. Alumbrado por esa luz, rebusca en un cajón y muestra uno de sus pesares: un factura de marzo de 2011 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un importe de 12.732 pesos (unos 800 euros),  50 veces más de lo que pagaría alguien en un departamento de Ciudad de México con todo tipo de tecnologías y electrodomésticos.

“¿Cómo la iba a pagar?”, susurra el pescador. Desde entonces, es considerado moroso por la compañía, que le cortó el servicio.

Pero no es eso lo que más preocupa al señor Juan. Lo que le quita el sueño es otro tema vinculado también a la electricidad: los peces.

“Cuando en noviembre de 2012 llegó Mareña Renovables [una empresa eólica] perforaron en la barra [el pedazo de tierra que separa la laguna superior de la inferior, ya cerca del mar] y perdimos todo el producto”, explica otro pescador zapoteco, Isidro Guerra.

“Golpeaban (barrenaron) el subsuelo profundo y murió pescado”. Guerra no ofrece explicaciones técnicas ni declaraciones de impacto ambiental, sino una prueba para él irrefutable: “Vimos peces muertos”.  Y luego otra. “En Playa San Vicente, donde hay un parque eólico, no queda nada y vienen a pescar aquí, pero no hay para todos”.

El señor Juan y el señor Isidro hacen todos estos comentarios en los intervalos de una asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Están en pleno istmo de Tehuantepec, apenas 200 km de tierra que separan el océano Atlántico del Pacífico y cuyo potencial eólico es el segundo mayor del mundo tras el de la Patagonia, con 4.000 horas de viento útil (casi medio año), según los expertos.

A partir de 2006 las compañías energéticas, muchas de ellas españolas, llegaron para quedarse (ahora están todavía más incentivadas con la reforma energética que liberaliza el mercado). Las autoridades, tanto estatales como locales, vieron llegar a la gallina de los huevos de oro y firmaron contratos que, la mayoría de las veces, solo beneficiaban al cacique de turno y no a la población. En otras ocasiones, las empresas negociaron directamente con propietarios de tierras contratos leoninos. 

Poco a poco se multiplicaron las críticas, cuando los pobladores comenzaron a ver que habían sido víctimas de abusos. Esa riqueza que las eólicas supuestamente iban a dejar en el pueblo ni les llegaba (algunas comunidades del istmo siguen sin luz), ni les interesaba a muchos de sus habitantes.

Como al señor Juan. Que solo aspira a pescar y pagar lo justo por las tres bombillas que alumbran su casa. Por eso él y sus vecinos se organizaron y desafiaron a las autoridades locales oficiales, y a los poderes económicos, arriesgando la vida. Porque en México disentir es peligroso y los matones, muchas veces a sueldo de las policías locales o estatales, florecen en cada esquina.

Ahora en Álvaro Obregón se gobierna de forma asamblearia y guardias comunitarios vigilan el paso de cualquier sospechoso. El objetivo es tener electricidad a precios razonables y que no instalen un parque eólico en sus tierras, zonas indígenas zapotecas donde habitan pescadores que no confían en los molinos como generadores de riqueza, sino en sus manos y en sus redes.

“En el momento en que la empresa entre, vamos a desaparecer, es la muerte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra comunidad”, teme Pedro López, otro pescador.

En la asamblea de hoy, el señor Juan y sus compañeros ponen al día a Bettina Cruz, una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec  , de los avances en sus reuniones con el ayuntamiento de Juchitán, que prepara una consulta sobre la instalación del parque eólico.

“¿Ven? Ya les consideran interlocutores, ¡vamos avanzando!”, anima esa indígena zapoteca que lleva toda su vida en la lucha social.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), de 1994 hasta 2013, en el estado de Oaxaca se han proyectado dieciséis parques de energía eólica. Sin embargo, no existe un precedente de que se haya celebrado una consulta previa, libre e informada aunque es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Gracias a las movilizaciones y protestas de diciembre de 2012 los tribunales dieron la razón a las comunidades indígenas y ordenaron paralizar el proyecto llamado Mareña Renovables y que pretendía ser, según anunciaba la web de la empresa, el complejo eólico “más grande de Latinoamérica” con 132 aerogeneradores en 5.332 hectáreas.  Ahora la energética vuelve a carga bajo el nombre de Eólica del Sur pero si gana el ‘no’, el proyecto quedará bloqueado de nuevo.

El problema, explica Bettina Cruz, es que la consulta, ni será previa, ni será libre ni será informada porque “han vuelto las amenazas, el hostigamiento y la compra de voluntades”, como denunciaron en noviembre de 2014 varias ONG. En lugar de una especie de referéndum con urnas en el que vote cada ciudadano, los consultados son las organizaciones sindicales, empresariales, de mujeres, la gran mayoría vinculadas a los partidos políticos

LARGA HISTORIA DE ABUSOS

Pese a todos los problemas, llegar a la consulta es un éxito que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Literal. Lo sabe bien Cruz, ingeniera  agrícola  que siempre tuvo claro que su lugar era la defensa del derecho a la tierra de su pueblo, el zapoteco, un derecho humano no siempre reconocido por los gobiernos de turno.

Justo después del fallo del tribunal en el caso de Mareña, el hostigamiento se convirtió en amenazas de muerte contra ella y contra otros líderes indígenas como contábamos en este reportaje en Periodismo Humano . Nadie murió entonces aunque hubo fuertes enfrentamientos cuando los pobladores bloquearon el acceso a la barra donde Mareña quería instalar los aerogeneradores. Cruz y otros defensores tuvieron que exiliarse y esconderse.

Ahora el objetivo de las autoridades es  encarcelar a la activista. “Ya sabemos las consecuencias de esta lucha, no vivimos en un país democrático”, asegura ella tajante. Es, denuncian las ONG, una forma de desactivar a los defensores molestos.

“Hay un patrón generalizado (…) de criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las organizaciones, campañas de desprestigio, agresiones aparejadas a los intentos por imponer proyectos o extraer recursos minerales, sin el consentimiento de las poblaciones”, dice un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos humanos (CMDPDH).

Desde 2011, esta ONG documentó 106 casos de hostigamiento contra 282 defensores del derecho a la tierra y 19 organizaciones en 29  países. En el mismo periodo, 43 fueron asesinados y 123  sufren acoso judicial. Además,  95% de las violaciones de derechos contra los defensores quedan en la impunidad.

El caso de Bettina Cruz es uno de ellos. El delito por la que la persiguen fue participar en 2011 en una protesta pacífica   frente a la CFE en Juchitán para denunciar el alto precio de la electricidad  y exigir la libertad de Filiberto Vicente Aquino, indigena y comunicador comunitario binniza , acusado de robo de energia electrica. O dicho en versión del Estado: “privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional”.

En 2012 la llegaron a aprehender, salió tras pagar fianza, pero el proceso continúa. Tiene que ir al juzgado cada mes  y en cualquier momento llegará la sentencia, aunque estas escasean en México (más del 90% de los crímenes quedan impunes) y pese a que 300 organizaciones y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se han posicionado a favor de la activista.

“Cuando estaba el conflicto tan fuerte durante el bloqueo de la barra, ir a firmar al juzgado implicaba que me pudieran matar por el camino”, asegura.

Cruz no oculta cierta intranquilidad, pero dice que está acostumbrada a los tiempos duros. Como aquel otoño de 2011 en Unión Hidalgo. “Era como una guerra, día y noche. La tensión con la energética Demex era tanta que hasta pedimos al gobierno que interviniera porque temíamos por nuestras vidas”.

Aquel conflicto con Demex, filial de la española Renovalia, que todavía está en los tribunales, alimentó la desconfianza de los pobladores del istmo hacia todas las energéticas.

“Vinieron con programas para mitigar la pobreza (Oaxaca es uno de los estados más pobres de México) pero lo que hacen relumbra un momento y luego cae”, explica Cruz. En parte, reconoce, por la corrupción que todavía impera en los partidos tradicionales y en las administraciones locales.  Pero las multinacionales siempre dijeron que ese no era su problema.

“Cuando llegaron los de Demex empezaron a coquetear con los propietarios  de las parcelas mediante chicas guapas que debían convencerles para que firmaran; al año siguiente rifaron una camioneta, luego comenzaron a ofrecer dinero”,  explica Juan Regalado, un dueño de tierras en  Unión Hidalgo que no rechaza a las eólicas, rechaza los engaños. “Nos dijeron una bola de mentiras, como que nos pagarían por hectárea y no por el espacio exclusivo del aerogenerador. Por eso firmamos”. Tampoco podían ni imaginar, que la energética incluso se atrevería a hipotecar sus tierras.

Cuando quisieron revisar las condiciones, la empresa se negó y llegó la violencia. “’Ya firmaron, ya se chingaron’, fue la frase repetida por el responsable de Demex, Fernando Ballester”, añade Regalado.

Fue entonces, octubre de 2011, cuando comenzó lo que Bettima llama ‘la guerra’: por un lado los propietarios bloqueando carreteras; por otro, la empresa y las autoridades locales que querían despejarles. “Pagaron a golpeadores y sicarios”, dice Regalado.

“En un momento dado llegó un grupo armado disparando, pensé que nos iban a matar”, rememora Bettina Cruz. “’Ahora sí pinche vieja cabrona’, me dijo uno de ellos. Pero el disparo no llegó”.

El enfrentamiento acabó con un muerto. “Era uno de ellos, que lo debieron matar de un disparo al aire pero acusaron a un compañero aunque nosotros no llevábamos armas. Tardaron dos años en liberarlo”.

La lucha por anular los contratos de Unión Hidalgo continúa a finales de 2014. La demanda de los propietarios fue aceptada por el tribunal agrario, mientras sus habitantes siguen sumando desagravios: se quejan de la cercanía de los aerogeneradores, del ruido que hacen. “La empresa incluso ha preguntado a los médicos si había más padecimientos del oído para ir a repartir más dinero, así funcionan”, dice una pobladora de Unión Hidalgo que pide el anonimato por seguridad.

“No es fácil luchar contra el sistema”, reconoce Bettina Cruz mientras visita a unos y a otros poniendo en común estrategias de lucha, siempre con ojos en la espalda por lo que pueda venir.

No es la única que vive con las amenazas de muerte o de encarcelamiento. Filiberto Vicente, de Santa María Xadani está en una situación parecida y por los mismos motivos. “Nos acusan de todo, yo soy secuestrador, él es ladrón, incluso me acusaron de traficante de armas”, dice socarrón mientras ofrece al visitante pequeños camarones que pescó en la mañana.  “Tuve que poner rejita en la casa”, explica, aunque es difícil creer que esos cuatro hierros puedan evitarle problemas.

El peligro de Vicente se llama ‘Radio Xadani’, una pequeña emisora comunitaria. “Empecé  a hablar de las eólicas y enseguida comenzó el hostigamiento”. En una ocasión incluso llegó la marina y el ejército, recuerda . “A veces me entra el miedo, a veces coraje”.

Él, igual que Bettina Cruz o el Señor Juan, no tiene luz y se enganchan al suministro a través de tomas que le presta algún vecino. La mitad de los 8.000 habitantes de Santa María Xadani está igual. No paga como parte de la protesta por las altas tarifas. “Me cortarán la luz pero no me pueden tapar la boca”, asegura Vicente.

Mientras se desarrolla la conversación, Bettina recibe una llamada. “Una camioneta sospechosa ha intentado entrar a Álvaro Obregón y los compañeros la han retenido”, cuenta. Según Cruz, son de Eólica del Sur o de la CFE e intentan pasar a hacer mediciones.  El ambiente se tensa pero al cabo de unos minutos, Cruz recibe otra llamada. “Ya se fueron, entraron en razón”.  Ya no hace falta que Filiberto Vicente interrumpa la programación para lanzar un mensaje de emergencia por Radio Xadani. No obstante, asegura que la situación está complicada en todo México.

“Está cabrón. Si no, vea cómo desaparecieron a los 43 estudiantes”

“Todo es parte de la misma lucha”, dice Cruz: la lucha por los derechos de los hombres y los pueblos.

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*Este trabajo se realizó con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la UE * 

http://periodismohumano.com/economia/quijotes-contra-empresas-eolicas-en-mexico.html

Afrontar la minería, un reto de las comunidades

Los días 25 y 26 de noviembre la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) con el apoyo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y acompañada por las Naciones Unidas llevó a cabo el foro “Costa Pacífica frente a la minería” en Guapi (departamento Cauca).

Durante los dos días más de 30 personas, entre mujeres y hombres, representes líderes de los Consejos Comunitarios de los municipios Guapi, Timbiquí y López de Micay, discutieron sobre la problemática de la minería y las graves consecuencias ambientales y sociales que conlleva esta actividad extractivista mecanizada para las comunidades en la costa pacífica.

Los participantes del foro expresaron la gran preocupación por la crisis alimentaria que se viene presentando en la región, y sus afectaciones a largo plazo, esto debido a la alarmante contaminación de los ríos con mercurio y cianuro, la pesca está contaminada y está disminuyendo. Aún encima los suelos revueltos y contaminados en las orillas – sólo a lo largo del río Timbiquí se contaban al rededor de 105 retroexcavadoras – ya no permite cultivos de plátano y yuca, que al igual que el pescado hacen parte de los alimentos básicos de los pueblos afros e indígenas.

Las comunidades cuentan como la actividad minera ya está generando secuelas en la salud de las personas, en especial de los niños, los alimentos contaminados por el mercurio como la piangua, el pescado bocachico, el camarón, ya consumidos son un veneno para la vida, perjudica el sistema nervioso y propicia enfermedades como la minamata.

“Escucho eso y me pregunto, si seguimos así, ¿qué vamos a comer en el futuro?, ¿de qué vamos a vivir, y dónde?” se preocupa un líder del río Saija. “Obviamente el oro no se puede comer. ¿Y qué nos sirve si el precio son enfermedades y por la contaminación ya no tenemos dónde vivir?” Para los participantes del foro la fiebre del oro se ha vuelto en una pregunta esencial: ¿Optamos por el oro o por la vida?

Por ahora los Consejos Comunitarios de la costa Pacífica del Cauca optan por la acción y la incidencia. Son los dueños de los territorios y por eso no van a permitir que se acabe con ellos. Al contrario, van a buscar los espacios adecuados, locales, nacionales e internaciones para hacerse escuchar; por ejemplo en la Mesa Departamental Minera Ambiental del Cauca, instalada por el gobernador – con él mismo quieren hablar y presentar un diagnóstico sobre la situación minera en los tres municipios. Mientras tanto también hay otras cosas que se pueden hacer – en lo pequeño: sensibilizar a sus comunidades. Hablar con sus familias, vecinos y amigos de las consecuencias que conlleva la minería y los daños a generaciones futuras.

http://www.pacificocolombia.org/novedades/afrontar-mineria-reto-comunidades/1147

(VÍDEO) Canarias: La Armada Española embistió a activistas de Greenpeace durante una protesta pacífica. Una herida grave

Escrito por  Kaos. Represión
Los golpes de la lancha lanzaron a una mujer al agua donde las hélices le causaron una fractura y severos cortes. La protesta contra las prospecciones en la zona y la emboscada quedó grabada en un video. Los botes de GP han sido embestidos por botes de la Armada y una activista italiana ha resultado herida con cortes y una fractura en la pierna.

La activista de greenpeace ha entrado en quirófano hace unos minutos para ser operada de una fractura abierta de tibia

La compañía petrolera Repsol debía comenzar de madrugada con las prospecciones en la zona este del Archipiélago canario. Greenpeace no dudó en moverse al lugar, y sus protestas se tradujeron como una amenaza para el gigante del crudo, por lo que la Armada Española escoltó al petrolero, el Rowan Renaissance, hasta la plataforma.

Los activistas de la organización se encontraban a bordo del Artic Sunrise, en el punto exacto de las aguas canarias en el que debían comenzar las perforaciones. Ante las protestas pacíficas de los ecologistas, la Armada fue un poco más allá, embistiendo violentamente las lanchas de la ONG varias veces.

Una de las chicas, de 23 años y nacionalidad italiana, cayó al agua durante los choques, precipitándose contra las hélices de una de las balsas que le provocaron una fractura y cortes de consideración. La activista herida fue rescatada y evacuada en helicóptero por efectivos de la Armada y el ejército del Aire.

La versión del Ejército insiste en que la joven quedó bajo uno de los botes de Greenpeace, sin embargo la organización asegura que sus lanchas no poseen hélices, por lo que las heridas fueron provocadas por uno de los efectivos de la Armada.

La página web de la organización sin ánimo de lucro explicó el incidente: “Tres lanchas de Greenpeace se han dirigido al buque perforador de Repsol, el Rowan Renaissance, para realizar una protesta pacífica contra las prospecciones que pondrían en peligro las aguas y la economía de Canarias. Cuando se estaban acercando, dos lanchas del ejército español las han interceptado, causando graves daños a dos de ellas”.

Por otro lado, el ministerio de Defensa justifica el incidente relatando que “el buque Artic Sunrise arriaba tres embarcaciones que se dirigieron hacia el Rowan Renaissance, fletado por Repsol, con la intención de abordarlo”.

Según rezan las encuestas, la mayoría de la población canaria está en contra de la explotación de petróleo en sus aguas territoriales, sin embargo, a pesar de la oposición ciudadana, el Gobierno ya tiene acordado el contrato con Repsol para la perforación en la zona.

Fuente: Agencias/ web de Greenpeace/ http://bit.ly/1EDLxv2

http://www.kaosenlared.net/component/k2/100162-v%C3%ADdeo-canarias

Argentina. Vivir entre agroquímicos, morir como moscas

Escrito por  Leonardo Rossi

Las muertes por cáncer en San Salvador, Entre Ríos, duplican la media nacional.  En la mira, el  descontrolado uso de agroquímicos. 

El Salvador. Vivir entre agroquímicos, morir como moscas “Somos un pueblo en el que los vecinos están muriendo como moscas”, dice Andrea Kloster. La presentación de la ciudad en boca de esta mujer contrasta con los prolijos carteles que inundan las calles de orgullo, de identidad, de arraigo a un modelo productivo que da cobijo y seguridad. En cada entrada a la planta urbana se puede leer: San Salvador, capital nacional del arroz. En este centro urbano de 17 mil habitantes ha muerto entre el 30 y el 50 por ciento de la población a raíz de distintos tipos de cáncer, en los últimos cuatro años, según datos a los que accedió la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. La media nacional de muertes causadas por esa enfermedad es de 20 por ciento. “¿Qué pasa en San Salvador?”, preguntan en la plaza, en las calles y escuelas desde hace meses cientos de ciudadanos. Por ahora, sin estudios oficiales, es la propia gente de a pie la que investiga posibles causales: fumigaciones con agroquímicos que invaden los barrios, agua contaminada, una nube de cascarilla de arroz rociado con pesticidas que es parte del aire diario que se respira, un enterramiento de pesticidas bajo una escuela. O todo eso combinado.

El monstruo desde adentro

Ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos, la ciudad de San Salvador se muestra como espolvoreada. Un manto de finas partículas de arroz se posa sobre el asfalto, los autos, las casas, y cada objeto que encuentra a su paso. El espeso aire que brota de los acopios y secaderos de arroz cubre la ciudad, filtra la luz y genera un efecto visual que es patrimonio exclusivo del pueblo. Respirar se torna denso. Pero ahí están, firmes, como emblema de la productividad, los molinos que no cesan de exhalar residuos.

De la década del 70 a la actualidad, Argentina duplicó su siembra de arroz, y en la misma medida lo hizo Entre Ríos, que acapara cerca de la mitad de la producción, con 94.750 hectáreas ocupadas con ese cultivo en 2010, según datos de Nación. Ese año, la capital arrocera hizo honor a su título con 11.800 hectáreas sembradas.

El polvillo que emana de las arroceras viene cargado de diversos pesticidas. Roberto Dekimpe, 57 años, trabaja en el molino Ala, del grupo de agronegocios Adecoagro. Este hombre, de hablar cansino, conoce en carne propia el peligro de los agroquímicos. Un accidente de trabajo en 2008 lo marcó para siempre. “Estaba fumigado con Potosín (sulfuro de aluminio) y no tomé las precauciones que tenía que tomar. El Potosín con la cáscara de arroz es mortal”, relata. “Estuve en terapia intensiva y tuve la suerte de zafar. Desde ese momento empecé a estudiar las reacciones de los agroquímicos.” “Para secar el arroz se usa mucho paraquat. Ese químico es terrible”, apunta sobre este herbicida. De nombre comercial gramoxone, el Paraquat tiene varias consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, se han probado efectos neurotóxicos en embriones de ratón con efecto permanente, por la exposición a lo largo del tiempo, según la Red de Acción en Plaguicidas (Rap-Al).

Cuando comenzó a ver la escalada de casos de cáncer, Dekimpe no dudó en indagar acerca de cuánto tiene que ver con esa realidad el modelo que hoy le brinda un salario. “Si por acompañar esta causa pierdo el trabajo, buscaré otra cosa”, dice convencido de dejarle un mejor ambiente a su nieto de tres años.

En el kilómetro 210 de la ruta nacional 18 se emplaza Adecoagro, uno de los negocios del emblemático magnate húngaro George Soros. “En Marzo del 2007 se incorpora a Adecoagro la empresa Pilagá. Mediante esta compra, sumamos 94.000 hectáreas de tierra, dos molinos arroceros y la reconocida marca Molinos Ala”, cuenta la empresa en su web. La firma se vanagloria de aportar el 10 por ciento de la producción de arroz y tener una capacidad de acopio arrocero de 161.000 toneladas, entre sus distintos establecimientos. Todo el trabajo se hace “con la convicción de realizar una gestión con responsabilidad ambiental”, dice Adecoagro, mientras sus palabras se desvanecen entre la bruma de arroz molido que convierte en irrespirable ese pasaje de la ruta. Conductores suben y bajan de los camiones en medio de un manto grisáceo. Ninguno tiene máscaras ni elemento alguno que los proteja.

Fumigados desde abajo

Empieza a anochecer. Un típico sábado de pueblo. Autos, motos y bicicletas cruzan de un lado a otro. Mujeres, hombres, niñas y niños se acercan a la plaza. Una nueva marcha de Todos por Todos, vecinos que se preguntan “¿qué es lo que nos está matando?”.

En 2010, de 58 muertes, 27 fueron por cáncer (46,5 por ciento). El año siguiente fue exactamente la mitad: sobre 80 fallecidos, cuarenta tuvieron como causal esa enfermedad. En 2012, 22 muertos enfermos de cáncer de un total de 52 y en 2013 la cifra alcanzó el 32 por ciento (19 sobre 59).

Según datos de la Red de Pueblos Fumigado en zonas expuestas al uso indiscriminado de agroquímicos “más del 30 por ciento” de las muertes responden a casos de cáncer. A nivel nacional, el promedio es menor a 20 por ciento. “Hay algo actuando fuertemente en el pueblo, que son los químicos”, plantea Medardo Ávila Vázquez, representante de la red, tras visitar la zona, entrevistarse con vecinos y evaluar datos de las defunciones.

Frente a los primeros reclamos en torno este tipo de muertes, el Municipio mandó a estudiar el agua y detectó que dos tanques que abastecen la red pública se encontraban contaminados con materia fecal. A ese dato confirmado se suman otros factores ambientales de riesgo denunciados por los vecinos. “Donde está el foco del cáncer, que es el barrio Centenario, hubo un aeródromo de aviones fumigadores. El primer aviador que hubo en San Salvador me cuenta que ellos pulverizaban con gamexane, y ahí se enterraron tachos con químicos”, dice Dekimpe. Otros vecinos repiten la misma historia: los tachos enterrados y los derrames de químicos como el lindano (gamexane), prohibido en Argentina desde 1995 por su alta toxicidad. En ese lugar no sólo se montó un barrio hace dos décadas, si no que se construyó una escuela. El patio en el que juegan los niños se confunde con los restos del aeródromo. El hangar, las mangas para medir el viento, son la evidencia que perdura de ese ¿pasado? químico.

Capital de la soja

Todos por Todos se mueve por la ciudad. Roxana Vargas (39) es la mamá de Pablo (15). La vecina del barrio 40 viviendas, un desprendimiento del Centenario, perdió a su hijo hace dos meses a causa de una leucemia. “En el barrio ya han fallecido dos chicos, una señora”, enumera en voz baja. “Le pregunté al doctor si lo de Pablo era hereditario y me dijo que no. Quiero saber bien qué es lo que pasa”, suelta con la mirada ida, mientras marcha. A unos pasos está Gloria Dávila, de barrio Tres Focos, toda una vida cerca de los arrozales. Hace dos años fue rociada con agroquímicos por un avión fumigador que trabajaba en un campo de soja. “Respiré eso que tiran para matar bichos. Me descompuse, empezó a dolerme los ojos, la cabeza, comencé a salivar, y luego quedé lisiada”, recuerda de esa jornada. “Ahora me tengo que hacer una operación acá abajo”, dice señalando su garganta.

El problema en torno a las fumigaciones ya fue reconocido por el Estado local. En 2012, el Concejo Deliberante de San Salvador sancionó una ordenanza (Nº 1.090) que crea una “zona de resguardo ambiental”, que incluye a la planta urbana más un radio de quinientos metros en la que se prohíben las pulverizaciones tanto aéreas como terrestres. La normativa local llegó para cubrir el bache de una antigua legislación provincial sobre pulverizaciones, que tuvo origen en 1980, cuando el mapa agrario era otro.

Marcha de “Todos por todos”

El modelo rural en el país, la provincia y el municipio ha cambiado de forma notable en las últimas dos décadas. “Hay personas enfermas y todo por las fumigaciones, que empeoraron mucho con la llegada de la soja”, analiza Dávila, con la voz ya quebrada de nervios. De un tiempo a esta parte, la estrella del agro argentino también es protagonista en San Salvador. La capital arrocera tiene 67.500 hectáreas sembradas con la oleaginosa, unas seis veces lo que ocupa el cultivo que da identidad al pueblo.

  A quién le importa

La caminata de Todos por Todos culmina en la Escuela Especial número 9. Más de setenta personas se reúnen dentro para plantear sus dudas, conocimientos, pareceres en torno a lo que sucede en San Salvador. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que ha relevado este tipo de problemáticas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco se hace presente para el intercambio. No está el presidente Municipal Marcelo Berthet ni autoridades provinciales, que ya han sido informados sobre la situación de San Salvador. Sólo se sumó al encuentro la concejala Graciela Fernández, impulsora de la ordenanza que limita las fumigaciones.

Pasan los testimonios de personas enfermas, de hombres y mujeres preocupados por el estado de salud de sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Andrea Kloster toma el micrófono. “Al intendente, al gobernador y a la Presidenta le importa un carajo esto si no, no estaríamos acá.” La mujer, impulsora de las marchas, los encuentros y reclamos frente a los funcionarios, aclara: “No estudié medicina, ni enfermería”. Sólo se vio alertada por ver que su gente cercana moría, “como moscas” y quiso saber de qué se trata esta realidad.

publicado en plazademayo.com, 01/04/2014 Por Leonardo Rossi

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México – Todo o nada, Monsanto a la chingada

Sábado 20 de septiembre de 2014

El 17 de septiembre de 2013, gracias a la presión social y a la demanda colectiva interpuesta el 5 de julio de ese año por diversos grupos de la sociedad civil, se dictó una medida cautelar que suspendió todos los permisos para la liberación o siembra de maíces transgénicos en México.

Por Jerónimo Diaz / Agencia Subversiones

Dos tribunales federales –el Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, encabezado por el magistrado Walter Arellano Hobelsberguer, y el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, conducido por el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta– resolvieron que la posibilidad de violentar el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, es razón legal suficiente para mantener detenida la siembra de transgénicos durante trámites del juicio colectivo.

La respuesta de las empresas transnacionales fue inmediata y con el apoyo del gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, interpusieron decenas de impugnaciones.

A pesar de sus arrebatos, la defensa de los maíces nativos y silvestres sigue en pie de lucha. Ayer mismo se llevó a cabo una reunión pública convocada por el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y por las organizaciones que presentaron la demanda contra el maíz transgénico. El evento se celebró en el centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez, en medio de un ambiente de júbilo, pues la contra-demanda realizada por Monsanto hacia el magistrado Marroquí (acusado de parcialidad y falta de ética) no procedió y, apenas la semana pasada, otro magistrado rechazó una impugnación que la transnacional Syngenta había levantado contra la medida cautelar.

Se han ganado varias batallas contra los promotores del desierto, de la concentración tecnológica y del capital, pero no la guerra. Por segunda temporada de lluvias consecutiva, Monsanto y otras empresas que lucran con el germoplasma desarrollado desde hace miles de años por los pueblos mesoamericanos, no van a poder sembrar sus semillas de muerte (o por lo menos no deberían hacerlo legalmente). La responsabilidad que pesa sobre los abogados que defienden al maíz es enorme y necesitarán todo el apoyo de la sociedad, además de los argumentos de razón de los cuales ya disponen.

http://otramerica.com/radar/mexico-todo-o-nada-monsanto-la-chingada/3248

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de elites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la elite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

http://periodismohumano.com/temas-destacados/paraguay-donde-la-tierra-siembra-desposesion-y-muerte.html

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La masacre que desfiguró Paraguay sigue sin respuestas

¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

por Rel-UITA

Miércoles, 28 de Mayo de 2014 16:29

 

Foto G. Trucchi | Rel-UITA¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

Organizaciones internacionales expresan profunda preocupación por ataques contra familias campesinas en
Bajo Aguán

Ante los nuevos actos de represión en el Bajo Aguán, Honduras, 17 organizaciones y redes internacionales, entre ellas la Rel-UITA, demandan poner fin a los desalojos y la violencia contra las comunidades campesinas. El pronunciamiento internacional declara: “El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados anteriormente sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad”.

Una vez más se demuestra como la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la expansión de los monocultivos a gran escala, en este caso de la palma africana, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas, sigue generando muerte y destrucción.
Misión Internacional de verificación de derechos humanos en el Bajo Aguán (2011)
Audiencia temática ante la CIDH (2011)
Audiencia pública internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán (2012)

A continuación el texto completo del pronunciamiento:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEMANDAN PONER FIN A LOS DESALOJOS Y LA VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN

Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los nuevos actos de represión y violencia en contra de comunidades campesinas en el Bajo Aguán.

Según información verificada por las organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, este pasado 21 de mayo, en horas de la madrugada, un contingente conformado por 315 miembros del ejército y de la policía y 40 agentes de seguridad privada participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y El Despertar utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas. En ambos casos las autoridades se negaron a presentar las órdenes de desalojo, y en el caso de la Trinidad incluso procedieron al desalojo violento sin mediar palabra.

En la finca El Despertar las acciones violentas produjeron 2 heridos que aún siguen hospitalizados, y 14 personas capturadas entre las cuales se encontraban 5 menores que  fueron liberados posteriormente, mientras que las restantes 9 personas, entre ellas cuatro mujeres, una de ellas embarazada, fueron detenidos por varios días . Cabe anotar que entre los detenidos también se encuentran Jaime Adaly Cabrera Del Cid, Presidente de la Plataforma Regional Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Presidente de Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes gozan de medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014. Después de su liberación, los Juzgados les dictaron medidas sustitutivas, como intento claro de criminalización y medida que  dificulta el ejercicio de la labor de defensa de la tierra, en especial de los dos dirigentes campesinos.

Luego de los desalojos las fuerzas de seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de las fincas, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Sólo después de diligencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el contingente permitió que las familias campesinas retiraran sus pertenencias personales.

Durante los últimos años, hemos venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el valle del Bajo Aguán, inter alia, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en Tocoa, Colón, el 28 de mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el Compliance Advisor Ombusman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sobre el caso del Bajo Aguán, en 2013 y 2014. Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a la situación de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán por más de una década.

En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012 establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del MARCA, efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994.

Cabe recordar también que el abogado de los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quien había trabajado exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades. En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad.

Esperamos que el retiro de las armas de fuego de los guardias de seguridad en el Bajo Aguán, anunciado por la Corporación Dinant el 22 de mayo, ayude a reducir la violencia en la región. Con esto, responde a la presión internacional e implícitamente admite el involucramiento de sus guardias en actos de violencia anteriores. Al mismo tiempo, nos parece extraño que Dinant también anunciara que están construyendo casas para uso domiciliario de militares de la operación Xatruch en la finca Paso Aguán, en plena confusión de roles entre entidades del Estado e interés corporativo.

En relación con los hechos del 21 de mayo, las organizaciones firmantes demandamos el retiro de las medidas sustitutivas dictadas contra las campesinas y campesinos quienes fueron detenidas; la investigación exhaustiva sobre los acontecimientos y los juicios contra los responsables; y la garantía de la imparcialidad de la justicia en relación a la restitución de las tierras de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, a favor de los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).

En relación con la situación general en el Bajo Aguán, seguimos insistiendo en lo que manifestamos hace dos años de la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012, en Tocoa:

Al Estado hondureño:
•    Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
•    Cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
•    Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
•    No emprender más desalojos forzosos.
•    Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.
•    Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

A la comunidad internacional:
•    Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.
•    Revisar  los acuerdos de cooperación financiera de la cooperación internacional y bancos multilaterales con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
•    Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justicia y del pleno respeto de los derechos humanos.
•    Suspender la cooperación internacional que promueva la militarización y agrave la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

Estas demandas siguen vigentes. Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este conflicto agrario es el más grave en términos del grado de violencia en contra de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América Central.

Fuente: LINyM

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/88685-%C2%A1basta-ya-con-la-violencia-y-los-desalojos-en-el-bajo-agu%C3%A1n.html

Riesgo global

28 enero 2014

Francisco Morote Costa – ATTAC Canarias

davos2014Terminó el cuadragésimo cuarto Foro Económico Mundial de Davos. Este año estuvo dedicado a analizar los 31 riesgos globales que según el estudio ” Riesgos globales 2014 “, elaborado por 700 expertos de todo el mundo, amenazan la economía internacional. De todos esos riesgos, según el estudio citado, el principal de ellos para la próxima década es la desigual distribución del ingreso, la creciente brecha entre los ricos y los pobres y la consiguiente agitación social. ” La insatisfacción puede llevar a la disolución del tejido social, especialmente si los jóvenes sienten que no tienen futuro”, sentenció Jennifer Blanke, economista jefa del Foro Económico Mundial.

Está bien que esos expertos del Foro Económico Mundial hayan identificado la brecha entre pobres y ricos como la principal amenaza  a la economía mundial en la próxima década, pero a mi juicio ese no es el riesgo global número uno. Para mi el riesgo global número uno, sin la menor duda, es la existencia de esa minoría de propietarios de la riqueza del mundo que se reúnen, precisamente, en el Foro Económico Mundial de Davos,  y que lo hacen no para reflexionar sobre los problemas globales, sino para consensuar el modo de concentrar aún más la riqueza del planeta en sus manos. Por si fuera poco, ellos son, además, la élite económica que hundió el mundo en la crisis de 2007 – 2008, como cuenta el periodista Andy Robinson en su libro ” Un reportero en la montaña mágica”. Ellos que representan tan solo al 1% o 2% de la población mundial, son el principal riesgo global para el 99% restante de la humanidad, porque imponen, con su inmenso poder económico, mediático y político, las ideas que privilegian al capital sobre el trabajo y la propiedad privada sobre la pública. Ellos y solo ellos son los que han impuesto e imponen, como dogmas universales, las dispensas y rebajas fiscales sobre los capitales y las grandes empresas, las reducciones y congelaciones salariales y la precarización del trabajo, la privatización de los bienes comunes, como el agua, y de los servicios y prestaciones públicas, como la educación , la sanidad , los servicios sociales y las pensiones. En fin, todo lo que ha contribuido y contribuye a hacerles a ellos más ricos y a nosotros más pobres.

Que quede claro,ellos, los super-ricos, plutócratas y bancócratas, que se juntan en Davos son, por lo tanto, el principal riesgo para la economía mundial, y la primera tarea para arreglarla es poner fin a su poder global desmesurado. Que nadie se llame a engaño, los que acuden desde todo el mundo al Foro Económico Mundial desde hace  44 años son el enemigo público global número uno, el enemigo al que hay que derrotar.

http://www.attac.es/2014/01/28/riesgo-global/

El acaparamiento de tierras de una empresa española causa hambre en Guinea Bissau

“Nadie nos preguntó, y desde que llegaron hemos pasado hambre”. Sentada bajo un inmenso árbol, rodeada de la mayoría de su aldea, Djanabu Valde se lamenta de la llegada de Agrogeba, una empresa española que en 2010 comenzó a cultivar en los terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 habitantes en el norte de Guinea Bissau. El resto del círculo no deja de asentir en cada una de sus protestas.

Con la mirada firme, esta madre de 8 hijos, cuenta que desde la llegada de la empresa arrocera han tenido que abandonar sus tierras más fertiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco.  Cuando el traductor le pregunta si la corporación española les ha traído algo bueno, los habitantes de Sara Djae muestran su enfado, como si les molestara el simple hecho de que se les plantee esa posibilidad.

En abril de 2010 la empresa española desembarca en Guinea Bissau con la concesión de 3.000 hectáreas durante 99 años. El objetivo declarado, favorecer la modernización de la agricultura y reducir así la importación del arroz, alimento clave en la antigua colonia portuguesa. Hasta ahora sólo han comenzado a cultivar unas 520 hectáreas, según la  empresa.

“El gobierno cedió tierras sin consultar a las comunidades”, explica Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de Aprodel, una ONG guineana que trabajan desde 2001 en la zona. Para Barbosa, el primer responsable de este acaparamiento de tierras es el gobierno de su país, ya que debería haber advertido a la empresa para que negociara con las comunidades afectadas.

“No queremos una inversión que traiga beneficios para unos y pobreza para otros”, razona su oposición a las prácticas de Agrogeba. Además, el portavoz de Aprodel critica el uso de productos químicos con avioneta contrarios a la normativa internacional. El propio director de Agricultura de la región reconoce que “nadie sabe qué pesticidas se usan” en los cultivos de la arrocera española.

Tampoco en el ámbito laboral escasean las críticas a Agrogeba. Los trabajadores de las aldeas cercanas protestan de retrasos en los pagos, tener que aceptar sacos de arroz como sueldo, ausencia de contratos y ninguna cobertura si caen enfermos. “Desde agosto sigo trabajando sin que me paguen”, se queja uno de ellos en la comunidad de Sara Djae. 

Herbicida encontrado por una de las comunidades. Puede leerse “las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 grados”, algo muy poco habitual en Guinea Bissau. A.S.

Pobreza en nombre del progreso

El Gobierno de Guinea Bissau calificó la inversión de Agrogeba en 2010 como un hito en el “proceso de modernización” del sector agrícola del país. Pero los habitantes de las zonas cercanas denuncian que ese supuesto progreso sólo les ha traído hambre, enfermedades y daños al medio ambiente,

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la mayoría de las poblaciones afectadas “han pasado de tres a dos comidas al día” desde la apropiación de las tierras, y el miedo a no poder alimentar a sus hijos hace que muchos de ellos se planteen mudarse a otras tierras. “Ese terreno es donde está nuestra vida”, nos explica Calido Ndjai, jefe de la aldea afectada de Sara Djae.

El citado informe denuncia que el uso de pesticidas por parte de Agrogeba ha provocado que los mosquitos se trasladen a los terrenos habitados. El resultado, el porcentaje de mujeres afectadas por malaria habría subido de un 15 a un 65% en las zonas cercanas a las plantaciones.

Lo confirma Mainu Balde, vecina y matrona del pueblo de Tchutcho, que habla de un fuerte aumento en los abortos involuntarios en su comunidad como consecuencia de la malaria. “Toda la tierra fértil nos la ha quitado Agrogeba, hemos tenido que ir a cultivar a las tierras altas, donde se produce mucho menos”, coincide con  los habitantes de Sara Djae. Además, Balde denuncia que cada vez encuentran más animales enfermos porque beben agua contaminada de fertilizantes y herbicidas.

Un niño sobre sacos de arroz cultivados en la finca de Xaianga. A.S.

“Tenemos que comprar el arroz que se produce en nuestra tierra”, “cuando el arroz no es bueno lo queman en vez de dejárnoslo”, “no han cumplido ningún compromiso”, son otras de las denuncias que  se escuchan en una reunión de los vecinos de Tchutcho.

Sólo dos de las comunidades afectadas, Bijini y Djana, consiguieron recuperar sus tierras tras protestar al Gobierno central y organizar una manifestación donde ocuparon los terrenos de cultivo. “La comunidad dijo que no aceptaba la presencia de Agrogeba porque nuestra supervivencia dependía de esa finca”, recuerda Muniro Bayo, jefe de la comunidad.

Hasta el momento, ninguno de las zonas comunidades afectadas ha acudido a los tribunales para intentar recuperar sus tierras, sino que esperan la mediación del régulo. Una suerte de jefe tradicional de la comarca, que desde el comienzo de la disputa mantiene una buena relación con los gestores de Agrogeba. 

“No le hemos quitado la tierra nadie”

Jaume Pons, uno de los cuatro socios propietarios de Agrogeba y gerente de la empresa en el terreno niega la mayoría de las acusaciones de las comunidades y las ONG. “No le hemos quitado la tierra a nadie”, “no había nada cultivado cuando llegamos”, “los salarios se pagan al día”, “mantenemos los precios de venta para ayudar a la población”, defiende ante un grupo de periodistas en la misma fábrica de la empresa.

Pons también niega que sus cultivos hayan contaminado las zonas cercanas a sus plantaciones, aunque admite que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, ya que no lo exige la legislación guineana. En cambio,  sí reconoce que queda por cumplir su promesa de construir una escuela en la aldea de Sara Djae, aunque justifica el retraso en la que la empresa aún no ha dado beneficios.

El socio de Agrogeba confía en aumentar la producción y llegar a cultivar las 3.000 hectareas cedidas por el gobierno de Bissau. Para ello, el embajador de la Unión Europea en este país,  Joaquín González-Ducay, le ha transmitido su deseo de apoyar a Agrogeba a través de un programa  de apoyo al desarrollo agrícola que cuenta con un presupuesto total de 10 millones de euros.

Agrogeba forma parte del  grupo empresarial petrolero Petromiralles, cuyos dueños son los hermanos Josep María y Pere Torrens Ferrer. Ambos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de  fraude fiscal de más de cien millones de euros, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental.

Avioneta usada por Agrogeba para la fumigación de sus plantaciones. A.S

Acaparamiento global

El acaparamiento de tierras en los países del sur por parte de empresas extranjeras es uno de esos hechos que, al producirse poco a poco y en zonas alejadas entre sí, suele pasar desapercibido. Sin embargo se trata de un fenómeno de alcance y consecuencias mundiales.  La Coalición Internacional de Acceso a la Tierra calculó en 2012 que desde el año 2000 se había comprado el 1’7% de las tierras cultivables en el planeta. Un proceso que se acelera a partir de 2008 como consecuencia de un fortísimo aumento del precio de los alimentos en los mercados globales.

El guión por el cual la tierra pasa de manos campesinas a propiedad de multinacionales tiene en África su principal escenario y en las corporaciones chinas el último actor invitado. Según un informe de Intermón Oxfam, 20 mil personas habrían sido expulsadas de sus tierras en Uganda a causa de una única empresa maderera, la New Forest Company. Las empresas privadas de los países occidentales serían sin duda los protagonistas de este expolio progresivo, y los gobiernos locales los cómplices necesarios. El aumento de la población junto a la especulación en los precios de las materias primas hace prever que estos acaparamientos de tierras no dejarán de crecer en los próximos años.

La paradoja, Guinea Bissau es desde 2007 destino preferente para la agencia de cooperación española. En uno de los lugares más pobres del mundo, donde uno de cada 5 habitantes pasa hambre de forma crónica, la actividad de una empresa de capital español parece provocar justamente los efectos contrarios a los que persigue la ayuda al desarrollo en ese país.

Nota: este reportaje ha sido elaborado gracias a las facilidades en el transporte ofrecidas por la ONG Alianza por la Solidaridad.

http://periodismohumano.com/economia/el-acaparamiento-de-tierras-de-una-empresa-espanola-causa-hambre-en-guinea-bissau.html