Bajando el Magdalena – Inventario de cómo quieren explotar y entregar a transnacionales los recursos energéticos del Huila

Un temor recorre de arriba a abajo a esta región del sur de Colombia: los 9 megaproyectos energéticos que propone una empresa de China para el río Magdalena, las 37 microcentrales de energía planteadas para zonas de alta pendiente de montaña y las 12 áreas petroleras ya entregadas en concesión.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales. Juan Gonzalo Betancur
 Por Juan Gonzalo Betancur

Preocupa mucho el gran interés en todo esto de empresas transnacionales extranjeras que no tienen sentido de pertenencia por el territorio y su gente. Mientras en el resto del país estos problemas no se conocen y los grandes medios de comunicación no hablan sobre ellos, en este departamento del Huila el asunto es tema de conversación en todos lados. Así se constata al ir de pueblo en pueblo bajando el río Magdalena donde de una forma u otra el asunto aparece hasta en la charla más desprevenida.

A simple vista parecería que la queja es cosa de ambientalistas, campesinos, indígenas o defensores de comunidades marginadas, pero la cosa va más allá.

Incluso, en varios municipios toda la clase política local (sin distingos de partido) ya se unió en contra de estos proyectos, para lo cual ha contado hasta con el apoyo de empresarios del campo, pues se afectan las tierras más fértiles y productivas de la región.

En Neiva, hace unos meses hubo una masiva marcha de protesta (se calcula en unos 40 mil los participantes) que salieron a las calles contra el intento de hacer exploraciones petroleras cerca del río Las Ceibas, que surte de agua a esa ciudad.

En otras localidades el asunto sigue siendo apenas tema de los posibles afectados, mientras hay un tercer grupo en el que están los que ven todo desde la distancia porque la situación no será con ellos o porque se pueden beneficiar de alguna forma.

Lo cierto es que en todo el Huila saben algo del asunto y lo comentan por los impactos físicos, ambientales, sociales y hasta culturales que eso traería sobre sus comarcas, debido al tamaño de los macroproyectos y a su dispersión por toda la geografía “opita”, de acuerdo con el gentilicio para los nacidos en este departamento.

Según Asoquimbo, un movimiento ciudadano que surgió en oposición al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, actualmente en construcción, estos son los megaproyectos planteados para el Huila con el aval e impulso del Gobierno Nacional de Colombia:

 

Proyectos hidroeléctricos

De acuerdo con el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, que realizó la empresa Hydrochina, compañía estatal de ese país, se proponen construir grandes represas para que el Huila quede con 9 en total y el vecino departamento del Tolima con 8. Todas aprovechando las aguas del principal río de Colombia.

Ese plan, que ya fue entregado pero solo en una versión en inglés, contó con el aval del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos. Esta estrategia hace parte de la llamada “locomotora” minero-energética que desarrolla el mandatario dentro de su plan de gobierno Prosperidad para Todos.

De acuerdo con denuncias recogidas en la región, fue financiado casi en su totalidad por la propia compañía china, pues aportó 11.7 millones de dólares para los estudios, mientras el Estado colombiano solo puso 750 mil dólares por intermedio de Cormagdalena, la corporación autónoma regional con jurisdicción en todo el río Magdalena.

Represas en Huila

En un tramo de apenas unos 300 kilómetros:

Municipio de Pitalito: represa Guarapas, para producir 140 megavatios de energía (MW) y Chillurco (180 MW).

Municipio de Oporapa: represa Oporapa (220 MW). La empresa colombiana Emgesa, controlada por la italiana Endesa, inició ya los trámites para el otorgamiento de la licencia ambiental, documento que permite el inicio del proyecto. En ese municipio, el Concejo municipal solicitó al alcalde, el 30 de agosto pasado, realizar una consulta popular “para impedir la construcción de la represa de Oporapa y actividades de explotación minera y petrolera en el municipio”.

Municipio de Timaná: represa Pericongo (80 MW).

Zona central del Huila: represa El Quimbo (400 MW), actualmente en construcción.

Municipio de Yaguará: represa Betania (520 MW), construida hace tres décadas.

Municipio de Neiva: represa El Manso (140 MW).

Municipio de Aipe: represa Veraguas (130 MW).

Municipio de Villavieja: represa Bateas (140 MW).

En Tolima:

Municipio de Natagaima: represa Basilias (140 MW).

Municipio de Purificación: represa Lame (560 MW).

Municipio de Girardot: represas Carrasposo (170 MW) y Nariño (220 MW).

Municipio de Ambalema: represa Ambalema (160 MW).

Municipio de Cambao: represa Cambao (100 MW).

Municipio de Honda: represa Piedras Negras (100 MW).

Así mismo, se habla de otras 3 represas más entre Tolima y Cundinamarca.

Microcentrales para la producción de energía

Son del tipo “a filo de agua”. No implican grandes represas, sino que se toma el líquido de un río, se aprovecha la caída del agua por una pendiente montañosa para llevarla a una casa de máquinas donde se produce la energía y luego se devuelve a su cauce natural.

De un total de 37 proyectadas y que se podrían construir en los próximos 10 años, ya hay 14 solicitadas para construir con capital privado en los ríos El Bache, Aipe, Neiva y Las Ceibas, entre otros.

Dichas solicitudes se hicieron ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), la autoridad ambiental con jurisdicción en la región.

http://otramerica.com/especiales/el-blog-la-ruta/inventario-como-quieren-explotar-entregar-transnacionales-recursos-energeticos-huila/3246

México – Todo o nada, Monsanto a la chingada

Sábado 20 de septiembre de 2014

El 17 de septiembre de 2013, gracias a la presión social y a la demanda colectiva interpuesta el 5 de julio de ese año por diversos grupos de la sociedad civil, se dictó una medida cautelar que suspendió todos los permisos para la liberación o siembra de maíces transgénicos en México.

Por Jerónimo Diaz / Agencia Subversiones

Dos tribunales federales –el Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, encabezado por el magistrado Walter Arellano Hobelsberguer, y el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, conducido por el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta– resolvieron que la posibilidad de violentar el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, es razón legal suficiente para mantener detenida la siembra de transgénicos durante trámites del juicio colectivo.

La respuesta de las empresas transnacionales fue inmediata y con el apoyo del gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, interpusieron decenas de impugnaciones.

A pesar de sus arrebatos, la defensa de los maíces nativos y silvestres sigue en pie de lucha. Ayer mismo se llevó a cabo una reunión pública convocada por el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y por las organizaciones que presentaron la demanda contra el maíz transgénico. El evento se celebró en el centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez, en medio de un ambiente de júbilo, pues la contra-demanda realizada por Monsanto hacia el magistrado Marroquí (acusado de parcialidad y falta de ética) no procedió y, apenas la semana pasada, otro magistrado rechazó una impugnación que la transnacional Syngenta había levantado contra la medida cautelar.

Se han ganado varias batallas contra los promotores del desierto, de la concentración tecnológica y del capital, pero no la guerra. Por segunda temporada de lluvias consecutiva, Monsanto y otras empresas que lucran con el germoplasma desarrollado desde hace miles de años por los pueblos mesoamericanos, no van a poder sembrar sus semillas de muerte (o por lo menos no deberían hacerlo legalmente). La responsabilidad que pesa sobre los abogados que defienden al maíz es enorme y necesitarán todo el apoyo de la sociedad, además de los argumentos de razón de los cuales ya disponen.

http://otramerica.com/radar/mexico-todo-o-nada-monsanto-la-chingada/3248

Más allá del aborto en México: cárcel, exilio y amenazas de muerte

El aborto en México (con la honrosa excepción del Distrito Federal) es un agujero negro. Por este motivo han sido encarceladas al menos 157 mujeres en los últimos años. La mayoría sigue en prisión.

Este año, la Corte Suprema se pronunció por primera vez sobre uno de los casos y ordenó la liberación inmediata de Adriana Manzanares, una indígena del estado de Guerrero que llevaba más de 7 años presa.

Antes de llegar a la cárcel, Adriana fue golpeada por su familia y lapidada por su pueblo. Al salir, vive como una exiliada por miedo a regresar a su comunidad. Su mayor apoyo es una defensora de derechos de la mujer amenazada de muerte por su trabajo.

“No quiero recordar más todo eso. Fue un infierno. No sé cómo pude vivir así”. Adriana mira al infinito y luego fija los ojos en sus hijos que juegan en la calle frente a ella a cientos de kilómetros de donde nacieron, la comunidad indígena de Camalote, en las montañas de Guerrero (centro oeste del país), un lugar donde la violencia intrafamiliar y contra las mujeres es la norma.

Su hija mayor, Aracelia, tiene 12 años. “Es muy callada, apenas sale de casa”. Adriana teme que también haya vivido la violencia en sus carnes durante los 7 años 9 meses y 3 días que quedó al cuidado de sus abuelos, el tiempo que ella pasó en la cárcel por un aborto eufemísticamente llamado “homicidio en grado de parentesco” y que, en realidad, fue un parto prematuro en el que el feto nació muerto.

Marco Antonio, su otro hijo, de 10 años, es un torbellino. Ya aguanta los zapatos aunque solo hace dos meses que los usa. No sabe leer ni escribir y en varias ocasiones se escapó de casa de sus abuelos y se fue a la ciudad cercana. “Quería buscarme, me dice. Nunca ponía atención en la escuela porque se la pasaba pensando en mí, es lo que repite”.

“No les conozco, no sé cómo hacer con ellos”, confesaba semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de México ordenara su inmediata liberación porque su juicio no fue justo y se violaron sus derechos más básicos, una constante en muchas mujeres acusadas de delitos relacionados con abortos y que son pobres e indígenas, explica la directora de Las Libres, Verónica Cruz, una de sus abogadas.

Es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre un tema como este y para Cruz, es todo un logro aunque tras la libertad la vida no es fácil.

“Tengo que empezar de cero”, añade Adriana que sueña con poner un pequeño comedor para ganarse la vida. El gobierno de Guerrero, a modo de compensación, le ha dado una casa, lejos de su pueblo, y le ha prometido ayudas para la escuela de los niños y para iniciar el negocio pero, aún así, ella denuncia que en ese estado “no hay justicia”. Sus únicos incondicionales, son las organizaciones sociales.

Muchas incertidumbres rondan su cabeza pero una cosa que tiene clara: no quiere ni puede volver a pisar Camalote, un lugar hundido en la “ignorancia” donde “la gente piensa que no tiene derechos, pero sí los tenemos”, dice. Estuvo allí justo después de lograr su libertad el 22 de enero, pero solo unas horas, para recoger a sus hijos que, sorprendentemente, aunque la dejaron de ver con 5 y 3 años, se fueron con ella sin pensárselo dos veces.

Su comunidad natal, le trae demasiados recuerdos. Ahí comenzó su infierno en 2006, cuando su familia se enteró de que estaba embarazada de su tercer hijo, fuera del matrimonio.  Su marido, del que no sabía nada desde que emigró a EEUU, regresó y durante un mes la sometió a palizas constantes antes de ‘devolverla’ a su padre, que hizo lo mismo.  De nada valió su denuncia. “Nadie me hizo caso”, lamenta.  Sus abogados creen que esos meses de golpes posiblemente provocaron el parto prematuro. El feto nació muerto y a Adriana le entró el pánico. Conocía las tradiciones de los suyos.

Su propio padre la acusó de adulterio y homicidio ante las autoridades comunales que la enjuiciaron. La condena fue lapidarla, escupirla y entregarla a la justicia ordinaria. Adriana no quiere recordar los detalles. Duele demasiado.  “Y luego llegó la violencia institucional, también brutal, porque la justicia nacional hizo caso a la comunitaria sin ningún tipo de investigación y violando sus derechos más básicos”, explica  Verónica Cruz.

Adriana entonces solo hablaba tlapaneco. “El español lo aprendí en la cárcel, donde terminé secundaria”, cuenta. Nadie se preocupó de facilitarle un traductor para explicarle de qué se la acusaba.  Sus abogados defensores de oficio no la defendían. La prueba de cargo fue un análisis realizado al feto para saber si respiró antes de morir que no es científico ni concluyente. “Hasta la Suprema Corte lo consideró primitivo”, dice Cruz. Pero la condena fue contundente: 27 años de prisión, luego reducidos a 22 años, de los que cumplió más de siete. “Se las juzga basándose en prejuicios morales de género y no en pruebas científicas y se ensañan con ellas por ser mujeres, indígenas y pobres”, asegura la directora de Las Libres, que ya ha conseguido sacar a varias.

PROTEGIDA POR UNA AMENAZADA

A kilómetros de su tierra, nada más salir de la cárcel Adriana compartió ‘exilio’ con una de las culpables de su puesta en libertad, Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y vínculo entre Adriana y Las Libres. Al margen de sus hijos y de un tercer pequeño que tuvo en la cárcel y ahora vive con sus abuelos paternos, Silvia es su única familia. “En todo ese tiempo mi madre solo vino a verme 3 veces al reclusorio porque no tenía dinero ni hablaba español. Ya me acostumbré a estar fuera de ella”, dice con su peculiar castellano. “Mi papá fue una vez y le dije que no quería volver a verle nunca más”.

En el pequeño departamento que Adriana y Silvia compartieron durante meses, la paradoja no podía ser mayor. La protectora de la indígena era una mujer que también huye. Esta vez no de las tradiciones de un pueblo sino de las amenazas de muerte suscitadas  por su trabajo como defensora de mujeres.  “Quieren desarticularnos porque no nos callamos, porque denunciamos impunidad donde la hay y hay mucha”, explica Castillo.

Juntas hacen planes y hablan de sus hijos. La primera preocupada porque el niño pega a su hermana, repitiendo el rol del hombre que ha visto en su familia. La segunda sin saber cómo lidiar con los comentarios de la maestra de su hija de 13 años que uno de los primeros días la llamó para avisarla de que “la niña aterraba a sus compañeros con sus historias ‘inventadas’”. “Cuando la pregunté qué les contaba me dijo que los casos de violencia que habíamos tratado en el centro de derechos humanos y que ella escuchaba porque siempre estaba conmigo”.

Silvia conoció a Adriana en 2009. La activista llevaba años denunciando feminicidios y violencia de género y defendiendo el aborto, máxime en casos de violación. “Guerrero permite el aborto en esa circunstancia pero aunque lo dice la ley, en la práctica se niega ese derecho”. “Nosotras vimos que 5.000 mujeres al año llegaban a urgencias por abortos que se habían complicado y que se presentaban unas 2.700 demandas de violaciones al año”. Hay muchas más pero la mayoría no se denuncian.  Según Castillo, en ningún caso se facilitó el acceso a una interrupción del embarazo y las denuncias se quedaban generalmente en papel mojado. “Ese es uno de los motivos por el que llevamos años enfrentándonos con las autoridades”.

Cuando Silvia llegó a la prisión de Chilpancingo, rastreaba a mujeres que hubieran sido encarceladas por  aborto. Encontró a Adriana y logró convencerla para que Las Libres y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llevaran su defensa si no quería pudrirse entre rejas porque sus abogados no hacían nada.  “Pero en 2012 todo se complicó”.

Silvia tuvo que esconderse por amenazas de muerte, no vinculadas al caso de Adriana en concreto sino a todo su trabajo como defensora de derechos humanos. “Mi casa llevaba varios días vigilada cuando recibí mensajes en el celular que me avisaban que matarían a mi hija y me entró el pánico. En Guerrero no se andan con tonterías”. Los datos lo confirman. Meses antes habían matado a  Fabiola Osorio, compañera de batallas, y según un informe de 2013  entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas la mayoría de ellas de Chihuahua y Guerrero.

La situación para Adriana también se complicaba por esas fechas porque, según cuenta Silvia,  el reclusorio se llenó de presas vinculadas al crimen organizado y tomaron el control de la cárcel. “Había que pagar hasta por el agua”, apunta la indígena.

Finalmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema llegó en enero, una sentencia que Las Libres confían que siente un procedente para el futuro. Como ya contamos en Periodismo Humano, este colectivo logró en 2010 la liberación de las primeras nueve mujeres en Guanajuato (condenadas a más de 30 años por abortos espontáneos, en algunos casos, fruto de violaciones). Luego han sacado de prisión a otras seis. Pero quedan muchas más.

“Según datos oficiales, que nos han proporcionado las procuradurías de cada Estado, del 2007 al 2012 se ha encarcelado a 157 mujeres por delitos relacionados con aborto en todo el país”, asegura Verónica Cruz. La gran mayoría siguen en prisión y los estados con mayor incidencia son Baja California, Yucatán y Michoacán. “Entre todos esos caso seguro que hay muchas injusticias como las que ya hemos visto, porque se ataca a las mujeres que están en una situación de mayor marginalidad e indefensión”.

Ahora, sin embargo, es tiempo de celebraciones. Adriana viajaba por primera vez a Guanajuato para la presentación del  documental “Las Libres: la historia después de…” de Gustavo Montaña que cuenta cómo mujeres como ella, maltratadas por la justicia mexicana, intentan rehacer sus vidas. “No me gustó verme ahí, en la pantalla, porque quiero olvidarlo todo pero si ayuda a que no vuelva a pasar… está bien”.

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El delito de ser mujer, pobre y estar embarazada

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Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de elites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la elite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

http://periodismohumano.com/temas-destacados/paraguay-donde-la-tierra-siembra-desposesion-y-muerte.html

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La masacre que desfiguró Paraguay sigue sin respuestas

¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

por Rel-UITA

Miércoles, 28 de Mayo de 2014 16:29

 

Foto G. Trucchi | Rel-UITA¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

Organizaciones internacionales expresan profunda preocupación por ataques contra familias campesinas en
Bajo Aguán

Ante los nuevos actos de represión en el Bajo Aguán, Honduras, 17 organizaciones y redes internacionales, entre ellas la Rel-UITA, demandan poner fin a los desalojos y la violencia contra las comunidades campesinas. El pronunciamiento internacional declara: “El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados anteriormente sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad”.

Una vez más se demuestra como la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la expansión de los monocultivos a gran escala, en este caso de la palma africana, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas, sigue generando muerte y destrucción.
Misión Internacional de verificación de derechos humanos en el Bajo Aguán (2011)
Audiencia temática ante la CIDH (2011)
Audiencia pública internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán (2012)

A continuación el texto completo del pronunciamiento:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEMANDAN PONER FIN A LOS DESALOJOS Y LA VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN

Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los nuevos actos de represión y violencia en contra de comunidades campesinas en el Bajo Aguán.

Según información verificada por las organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, este pasado 21 de mayo, en horas de la madrugada, un contingente conformado por 315 miembros del ejército y de la policía y 40 agentes de seguridad privada participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y El Despertar utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas. En ambos casos las autoridades se negaron a presentar las órdenes de desalojo, y en el caso de la Trinidad incluso procedieron al desalojo violento sin mediar palabra.

En la finca El Despertar las acciones violentas produjeron 2 heridos que aún siguen hospitalizados, y 14 personas capturadas entre las cuales se encontraban 5 menores que  fueron liberados posteriormente, mientras que las restantes 9 personas, entre ellas cuatro mujeres, una de ellas embarazada, fueron detenidos por varios días . Cabe anotar que entre los detenidos también se encuentran Jaime Adaly Cabrera Del Cid, Presidente de la Plataforma Regional Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Presidente de Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes gozan de medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014. Después de su liberación, los Juzgados les dictaron medidas sustitutivas, como intento claro de criminalización y medida que  dificulta el ejercicio de la labor de defensa de la tierra, en especial de los dos dirigentes campesinos.

Luego de los desalojos las fuerzas de seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de las fincas, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Sólo después de diligencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el contingente permitió que las familias campesinas retiraran sus pertenencias personales.

Durante los últimos años, hemos venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el valle del Bajo Aguán, inter alia, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en Tocoa, Colón, el 28 de mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el Compliance Advisor Ombusman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sobre el caso del Bajo Aguán, en 2013 y 2014. Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a la situación de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán por más de una década.

En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012 establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del MARCA, efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994.

Cabe recordar también que el abogado de los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quien había trabajado exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades. En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad.

Esperamos que el retiro de las armas de fuego de los guardias de seguridad en el Bajo Aguán, anunciado por la Corporación Dinant el 22 de mayo, ayude a reducir la violencia en la región. Con esto, responde a la presión internacional e implícitamente admite el involucramiento de sus guardias en actos de violencia anteriores. Al mismo tiempo, nos parece extraño que Dinant también anunciara que están construyendo casas para uso domiciliario de militares de la operación Xatruch en la finca Paso Aguán, en plena confusión de roles entre entidades del Estado e interés corporativo.

En relación con los hechos del 21 de mayo, las organizaciones firmantes demandamos el retiro de las medidas sustitutivas dictadas contra las campesinas y campesinos quienes fueron detenidas; la investigación exhaustiva sobre los acontecimientos y los juicios contra los responsables; y la garantía de la imparcialidad de la justicia en relación a la restitución de las tierras de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, a favor de los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).

En relación con la situación general en el Bajo Aguán, seguimos insistiendo en lo que manifestamos hace dos años de la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012, en Tocoa:

Al Estado hondureño:
•    Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
•    Cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
•    Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
•    No emprender más desalojos forzosos.
•    Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.
•    Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

A la comunidad internacional:
•    Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.
•    Revisar  los acuerdos de cooperación financiera de la cooperación internacional y bancos multilaterales con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
•    Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justicia y del pleno respeto de los derechos humanos.
•    Suspender la cooperación internacional que promueva la militarización y agrave la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

Estas demandas siguen vigentes. Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este conflicto agrario es el más grave en términos del grado de violencia en contra de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América Central.

Fuente: LINyM

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/88685-%C2%A1basta-ya-con-la-violencia-y-los-desalojos-en-el-bajo-agu%C3%A1n.html

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de élites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la élite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

 

“Me acusaron de terrorista por defender los derechos de mi comunidad”

En conflicto

Cruz Elisa Buitrago ha sido durante 15 años líder comunitaria en La Vereda El Porvenir, del municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia (Colombia). A finales de 2002 denunció la complicidad de miembros del Ejército Nacional en ejecuciones extrajudiciales y comercio de material bélico con los grupos armados. La respuesta fue una campaña de desprestigio y amenazas de muerte por parte de paramilitares.

Se vio obligada, junto a su familia, a esconderse. Ante la falta de una respuesta definitiva sobre su protección por parte del gobierno de Colombia, en septiembre de 2013, Cruz Elisa Buitrago, junto con su marido y sus hijos, viajó a España, donde permanece acogida al programa de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Hablamos con ella durante su paso por Madrid.

¿Cuál es su origen?

Vengo de un hogar campesino. Mi padre y mi madre son campesinos. Como agricultores y ganaderos tanto hombres como mujeres participamos de todas las labores. Mi marido y yo nos convertimos en líderes comunitarios para trabajar en defensa de los derechos de nuestra gente. Tratamos de resolver los conflictos de una forma pacífica, buscando el desarrollo económico y social de nuestro territorio.

¿Por qué deciden convertirse en líderes comunales?

No lo decidimos. Vivíamos en una zona campesina alejada del casco urbano. Para llegar a nuestro territorio tardábamos tres horas a lomo de burra. Nos tuvimos que formar como líderes porque allí no había presencia del Estado. Teníamos que liderar nuestros propios asuntos. A medida que íbamos cumpliendo años, no solo mi marido y yo, sino todos asumimos más responsabilidades.Cuando volvió a aparecer la violencia en el territorio, tuvimos que reforzar nuestro liderazgo. Nosotros no éramos líderes, nos hicimos líderes. La violencia nos forzó a entrar en estos ámbitos de liderazgo.

Yo lideraba procesos con mujeres, con jóvenes, y con ancianos. Mi esposo lideraba los procesos de la comunidad. Pero llegó un momento en el que los hombres que lideraban los procesos comenzaron a ser presionados por paramilitares, guerrilla y el Ejército para que asumieran sus postulados. A muchos hombres no les quedó más remedio que marcharse y los que se quedaron, sus mujeres, asumimos el liderazgo para que no fueran tan visibles.

¿Qué panorama afrontan las mujeres entonces?

Además de las amenazas contra los líderes, también comienza la vulneración contra los hijos, porque los estaban reclutando para el Ejército, los paramilitares y la guerrilla. A raíz de los desplazamientos forzosos se entra en otro proceso que es la reclamación de tierras. Nos toca a las mujeres entrar en espacios más allá de las fronteras de nuestros territorios, en la defensa por la paz y de los derechos humanos. Son las madres las que consiguen destapar los casos de los falsos positivos, debido a que inician una búsqueda de sus hijos -a finales de 2008 saltan a la luz unos hechos que involucran directamente a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes, en su gran mayoría jóvenes de comunidades rurales, que los hacen pasar como guerrilleros muertos en combate. Estos casos son los que se conocen con el nombre de falsos positivos-.

¿Cómo notan en su comunidad el recrudecimiento de la violencia?

Los primeros indicios fueron los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, pero no solo. Venimos de unas comunidades asentadas sobre la cordillera central con unos recursos naturales valiosísimos y todas las partes implicadas quieren obtener beneficio. El combate no es solo entre Ejército y guerrilla, sino también entre Ejército y paramilitares; y las comunidades se ven en medio de estos combates. Hubo enfrentamientos en 2002, 2003, 2005… eso nos marcó. En ese momento, comenzamos a conocer a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Al vernos obligadas a liderar estos procesos en defensa de nuestros derechos, también nos expusimos más. Los procesos de formación, de educación, agrícolas, de producción… pasaron a un segundo plano y comenzamos única y exclusivamente a defender nuestro territorio y nuestros derechos humanos.

¿Qué derechos humanos son vulnerados en las comunidades campesinas como la suya?

El reclutamiento forzado e ilegal de jóvenes y menores por parte de la guerrilla, los paramilitares y el Ejército; las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las violaciones a mujeres de la comunidad, porque en la guerra convierten a la mujer en objetivo. Muchos jóvenes se someten a una u otra fila o a darle información al Ejército, por las violaciones que estaban sufriendo sus mujeres.

¿Qué papel juega los recursos naturales de la zona en todo este proceso?

El oriente de Antioquia se decretó distrito minero, lo que hace que primen los intereses particulares frente a las comunidades. Tenemos minas de oro, de sal, de cal… y el recurso hídrico. Este territorio está en una zona que es la estrella fluvial del oriente antioqueño, donde convergen varias cuencas de ríos representativos, sobre las que ya ha comenzado la primera ejecución de la primera etapa de un macro proyecto de energía hidráulica. La segunda etapa de este macro proyecto influiría en la parte en la que nosotros vivíamos. En Colombia generalmente las zonas de conflicto son aquellas zonas que son naturalmente ricas: que tienen biodiversidad, que tienen agua, que tienen minas…

¿Qué cambios más significativos sufre vuestra vida a raíz del recrudecimiento de la violencia?

La comunidad está en un territorio en el que te da lo que quieras con tan solo tirar la semilla. La tierra nos daba la comida, y el ganado y el café nos daba una situación económica sostenible. Todos los del territorio vivíamos muy bien. A partir de la guerra somos saqueados, tanto por la guerrilla como por el Ejército y los paramilitares, que roban nuestros bienes y comienzan a violar nuestros derechos humanos. Cambia totalmente el panorama. Nosotros, que cultivábamos una o dos cosechas para el resto del año, empezamos a no cultivar esta cantidad sino a cultivar lo que podíamos, porque no sabíamos cuándo tendríamos que desplazarnos. Además cualquiera de los grupos presentes se comían nuestros cultivos. Entramos en una situación de terror constante tanto los adultos como niños. Debido a esto, el Estado saca a los médicos de los centros de salud y a los profesores de las escuelas. Nuestro nivel de salud cae, nuestro nivel de educación cae. La vida se nos cambia de la noche a la mañana. Entramos en una línea de pobreza que jamás podríamos haber imaginado.

A finales de 2005 la situación mejora y comienzan a volver algunas de las personas que se habían desplazado y empezamos nuevamente a formar el tejido social. Pero en 2008 comienza de nuevo la vulneración de nuestros derechos por ex guerrilleros, paramilitares y miembros activos del Ejército. Entraba el Ejército en compañía de civiles armados para que nos hostigaran, para que nos obligaran a hablar de nuestra intimidad y a dar información que no teníamos. Cuando en el 2009 empezamos a ver nuevamente material bélico en el territorio, al igual que lo habíamos hecho en otras ocasiones, denunciamos que el Ejército fabricaba minas anti persona. Entonces comienza la persecución contra todos los líderes desde entes del Estado, desestiman nuestras denuncias, las califican de falso testimonio contra el Ejército, terrorismo… yo misma fui calificada de terrorista. Luego siguen las amenazas, los hostigamientos y finalmente los asesinatos.

En mi condición de líder solicito apoyo al Estado y el Estado me asigna un esquema de protección y estoy en ese esquema junto con mi marido y mis tres hijos, desde 2011 hasta 2013, en unas condiciones que no le deseo a nadie. Finalmente contacté con Amnistía Internacional y gestionaron mi salida del país.

¿Cómo recibía las amenazas?

La iniciales fueron por teléfono, pero hubo dos que tuve directamente. Sufrí un atentado directo y otro indirecto en 2011. En aquel momento fue asesinado mi compañero el vicepresidente de junta. Tardaron cuatro días en levantar el cadáver. Creí que al hacer las denuncias iban a cesar las amenazas. Pero no fue así. Creí que al ponerme en manos del esquema de protección del Estado, se iban a rebajar, pero tampoco ocurrió. Cuando capturaron a dos de las personas que había denunciado, dijeron que no querían llegar a juicio conmigo viva. Desde que empezaron los asesinatos de líderes campesinos, la propuesta fue que yo saliera del país, pero yo creí que no haría falta; creí que se iban a esclarecer los hechos, que eran denuncias muy evidentes las que estábamos haciendo. No había por qué dudar de que se hiciese justicia. Pero siguieron las amenazas. Nunca hubo evolución en el proceso. Y creo que mientras estas estructuras del Estado colombiano -estructuras militares que han sido fortalecidas a través de los tiempos- existan, la impunidad va a existir y el riesgo va a existir. Sinceramente, no se dan las condiciones necesarias en Colombia para que pueda volver.

http://periodismohumano.com/en-conflicto/me-acusaron-de-terrorista-por-defender-los-derechos-de-mi-comunidad.html

El acaparamiento de tierras de una empresa española causa hambre en Guinea Bissau

“Nadie nos preguntó, y desde que llegaron hemos pasado hambre”. Sentada bajo un inmenso árbol, rodeada de la mayoría de su aldea, Djanabu Valde se lamenta de la llegada de Agrogeba, una empresa española que en 2010 comenzó a cultivar en los terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 habitantes en el norte de Guinea Bissau. El resto del círculo no deja de asentir en cada una de sus protestas.

Con la mirada firme, esta madre de 8 hijos, cuenta que desde la llegada de la empresa arrocera han tenido que abandonar sus tierras más fertiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco.  Cuando el traductor le pregunta si la corporación española les ha traído algo bueno, los habitantes de Sara Djae muestran su enfado, como si les molestara el simple hecho de que se les plantee esa posibilidad.

En abril de 2010 la empresa española desembarca en Guinea Bissau con la concesión de 3.000 hectáreas durante 99 años. El objetivo declarado, favorecer la modernización de la agricultura y reducir así la importación del arroz, alimento clave en la antigua colonia portuguesa. Hasta ahora sólo han comenzado a cultivar unas 520 hectáreas, según la  empresa.

“El gobierno cedió tierras sin consultar a las comunidades”, explica Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de Aprodel, una ONG guineana que trabajan desde 2001 en la zona. Para Barbosa, el primer responsable de este acaparamiento de tierras es el gobierno de su país, ya que debería haber advertido a la empresa para que negociara con las comunidades afectadas.

“No queremos una inversión que traiga beneficios para unos y pobreza para otros”, razona su oposición a las prácticas de Agrogeba. Además, el portavoz de Aprodel critica el uso de productos químicos con avioneta contrarios a la normativa internacional. El propio director de Agricultura de la región reconoce que “nadie sabe qué pesticidas se usan” en los cultivos de la arrocera española.

Tampoco en el ámbito laboral escasean las críticas a Agrogeba. Los trabajadores de las aldeas cercanas protestan de retrasos en los pagos, tener que aceptar sacos de arroz como sueldo, ausencia de contratos y ninguna cobertura si caen enfermos. “Desde agosto sigo trabajando sin que me paguen”, se queja uno de ellos en la comunidad de Sara Djae. 

Herbicida encontrado por una de las comunidades. Puede leerse “las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 grados”, algo muy poco habitual en Guinea Bissau. A.S.

Pobreza en nombre del progreso

El Gobierno de Guinea Bissau calificó la inversión de Agrogeba en 2010 como un hito en el “proceso de modernización” del sector agrícola del país. Pero los habitantes de las zonas cercanas denuncian que ese supuesto progreso sólo les ha traído hambre, enfermedades y daños al medio ambiente,

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la mayoría de las poblaciones afectadas “han pasado de tres a dos comidas al día” desde la apropiación de las tierras, y el miedo a no poder alimentar a sus hijos hace que muchos de ellos se planteen mudarse a otras tierras. “Ese terreno es donde está nuestra vida”, nos explica Calido Ndjai, jefe de la aldea afectada de Sara Djae.

El citado informe denuncia que el uso de pesticidas por parte de Agrogeba ha provocado que los mosquitos se trasladen a los terrenos habitados. El resultado, el porcentaje de mujeres afectadas por malaria habría subido de un 15 a un 65% en las zonas cercanas a las plantaciones.

Lo confirma Mainu Balde, vecina y matrona del pueblo de Tchutcho, que habla de un fuerte aumento en los abortos involuntarios en su comunidad como consecuencia de la malaria. “Toda la tierra fértil nos la ha quitado Agrogeba, hemos tenido que ir a cultivar a las tierras altas, donde se produce mucho menos”, coincide con  los habitantes de Sara Djae. Además, Balde denuncia que cada vez encuentran más animales enfermos porque beben agua contaminada de fertilizantes y herbicidas.

Un niño sobre sacos de arroz cultivados en la finca de Xaianga. A.S.

“Tenemos que comprar el arroz que se produce en nuestra tierra”, “cuando el arroz no es bueno lo queman en vez de dejárnoslo”, “no han cumplido ningún compromiso”, son otras de las denuncias que  se escuchan en una reunión de los vecinos de Tchutcho.

Sólo dos de las comunidades afectadas, Bijini y Djana, consiguieron recuperar sus tierras tras protestar al Gobierno central y organizar una manifestación donde ocuparon los terrenos de cultivo. “La comunidad dijo que no aceptaba la presencia de Agrogeba porque nuestra supervivencia dependía de esa finca”, recuerda Muniro Bayo, jefe de la comunidad.

Hasta el momento, ninguno de las zonas comunidades afectadas ha acudido a los tribunales para intentar recuperar sus tierras, sino que esperan la mediación del régulo. Una suerte de jefe tradicional de la comarca, que desde el comienzo de la disputa mantiene una buena relación con los gestores de Agrogeba. 

“No le hemos quitado la tierra nadie”

Jaume Pons, uno de los cuatro socios propietarios de Agrogeba y gerente de la empresa en el terreno niega la mayoría de las acusaciones de las comunidades y las ONG. “No le hemos quitado la tierra a nadie”, “no había nada cultivado cuando llegamos”, “los salarios se pagan al día”, “mantenemos los precios de venta para ayudar a la población”, defiende ante un grupo de periodistas en la misma fábrica de la empresa.

Pons también niega que sus cultivos hayan contaminado las zonas cercanas a sus plantaciones, aunque admite que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, ya que no lo exige la legislación guineana. En cambio,  sí reconoce que queda por cumplir su promesa de construir una escuela en la aldea de Sara Djae, aunque justifica el retraso en la que la empresa aún no ha dado beneficios.

El socio de Agrogeba confía en aumentar la producción y llegar a cultivar las 3.000 hectareas cedidas por el gobierno de Bissau. Para ello, el embajador de la Unión Europea en este país,  Joaquín González-Ducay, le ha transmitido su deseo de apoyar a Agrogeba a través de un programa  de apoyo al desarrollo agrícola que cuenta con un presupuesto total de 10 millones de euros.

Agrogeba forma parte del  grupo empresarial petrolero Petromiralles, cuyos dueños son los hermanos Josep María y Pere Torrens Ferrer. Ambos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de  fraude fiscal de más de cien millones de euros, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental.

Avioneta usada por Agrogeba para la fumigación de sus plantaciones. A.S

Acaparamiento global

El acaparamiento de tierras en los países del sur por parte de empresas extranjeras es uno de esos hechos que, al producirse poco a poco y en zonas alejadas entre sí, suele pasar desapercibido. Sin embargo se trata de un fenómeno de alcance y consecuencias mundiales.  La Coalición Internacional de Acceso a la Tierra calculó en 2012 que desde el año 2000 se había comprado el 1’7% de las tierras cultivables en el planeta. Un proceso que se acelera a partir de 2008 como consecuencia de un fortísimo aumento del precio de los alimentos en los mercados globales.

El guión por el cual la tierra pasa de manos campesinas a propiedad de multinacionales tiene en África su principal escenario y en las corporaciones chinas el último actor invitado. Según un informe de Intermón Oxfam, 20 mil personas habrían sido expulsadas de sus tierras en Uganda a causa de una única empresa maderera, la New Forest Company. Las empresas privadas de los países occidentales serían sin duda los protagonistas de este expolio progresivo, y los gobiernos locales los cómplices necesarios. El aumento de la población junto a la especulación en los precios de las materias primas hace prever que estos acaparamientos de tierras no dejarán de crecer en los próximos años.

La paradoja, Guinea Bissau es desde 2007 destino preferente para la agencia de cooperación española. En uno de los lugares más pobres del mundo, donde uno de cada 5 habitantes pasa hambre de forma crónica, la actividad de una empresa de capital español parece provocar justamente los efectos contrarios a los que persigue la ayuda al desarrollo en ese país.

Nota: este reportaje ha sido elaborado gracias a las facilidades en el transporte ofrecidas por la ONG Alianza por la Solidaridad.

http://periodismohumano.com/economia/el-acaparamiento-de-tierras-de-una-empresa-espanola-causa-hambre-en-guinea-bissau.html

Bolivia – Repudio Internacional a la toma violenta de la sede CONAMAQ

Domingo, 26 de Enero de 2014

 

 

Qué triste espectáculo: tras la ocupación de la sede de la Asamblea Permanente de DDHH, ahora, tras varias semanas en que la policía intervino la sede de la CONAMAQ, el gobierno del MAS se apropia con violencia el edificio comunitario… en vez de favorecer el diálogo.

 

 El mundo debe saber lo que pasa con los indígenas en Bolivia 

 

El día martes 14 de enero del presente un grupo afín al gobierno del MAS (movimientos al socialismo) tomó violentamente las oficinas del CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU (CONAMAQ), ubicada en la ciudad de La Paz, tras cinco intentos durante el 2013.

 

Nosotros y Nosotras activistas de Derechos Humanos e intelectuales críticos a los sistemas de dominación en el mundo, desde India, Sudáfrica, México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Guatemala, y muchos otros países, expresamos nuestra Solidaridad con los Ayllus de Bolivia a la vez de expresar nuestro repudio a la instauración de un régimen de violencia por parte del actual gobierno de Bolivia. Ante el cual expresamos:

 

  • Repudiamos enérgicamente la violencia promovida desde el Gobierno de Evo Morales y Alvaro García en contra de las autoridades originarias, Tata Mallkus y Mama T’allas de CONAMAQ, por grupos vandálicos de empresarios mineros vestidos de indígenas.

 

  • Hoy los Mallkus y Mamas deambulan las calles de La Paz en busca de justicia y dignidad gravemente humilladas. Su casa ha sido asaltada por gente proveniente de nuevos grupos de poder.

 

  • Denunciamos que en Bolivia no hay un mínimo respeto por la dignidad y los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas originarios. Hay una violencia sistemática al estilo de los mejores tiempos de la colonia y las dictaduras militares.

 

  • También expresamos nuestra condena por la sistemática persecución política a las autoridades de los ayllus del movimiento del CONAMAQ como es el caso del ayllu Tolapampa de Potosí y al Consejo de gobierno de esta organización.

 

  • En Bolivia No se cumplen los Convenios Internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios porque no existe, por ejemplo, Consulta Previa, libre e informada, no se respeta las organizaciones indígenas, se acalla violentamente la crítica y se la criminaliza con persecución judicial.

 

  • Así los megaproyectos petroleros y mineros no tienen una Ley de Consulta. El actual proyecto de Ley, que es fruto de la lucha del CONAMAQ y otras organizaciones, ha sido vetado por el gobierno boliviano y finalmente es la causa de la intervención gubernamental a sus oficinas.

 

  • Expresamos que en Bolivia no existe un gobierno indígena ni un Presidente indígena, lo que existe es un dirigente sindical cocalero que expresa los principios del capitalismo más atroz como es la explotación irracional de los recursos naturales.

 

  • Asimismo se observa que en las cúpulas gubernamentales bolivianas no existe una transformación social y política, porque se impone la trágica reproducción del sistema colonial y republicano. No existe ningún respeto por el pensamiento diferente. Se persigue toda crítica igual como lo hacían los colonizadores del siglo XVI.

 

  • Finalmente, solicitamos a todos y todas su voz de solidaridad, porque lo que sucede  en Bolivia se ha hecho insostenible por falta de respeto a los elementales derechos a la vida y la dignidad. Por primera vez en la vida democrática de Bolivia se toma con violencia y apoyo de la policía nacional las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la de CONAMAQ.

 

Es dada desde India, Sudáfrica, México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú, Brasil, Guatemala, y muchos otros países, 17 de enero de 2014.

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/79208-repudio-internacional-a-la-toma-violenta-de-la-sede-conamaq.html

TPP: Las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya

por Lorena Aguilar Aguilar , Lunes, 11 de Noviembre de 2013

TPP: Las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya

 

Esta preaudiencia se dividió en dos partes, el día 9 de noviembre se presentaron diversos casos de agravios contra el pueblo maya en la península de Yucatán; al siguiente día se escucharon testimonios personales de las personas agraviadas.

 

 Los días 9 y 10 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la Preaudiencia “Táan u xu´ulsaj k-kuxtal” (están acabando con nuestra vida) del Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México. Políticas de exterminio contra el pueblo maya, del eje: Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía, en la escuela de agricultura ecológica U yits ka´an de Maní, Yucatán.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético, internacional, de carácter no gubernamental, continuador de la experiencia del Tribunal Russell que en su tiempo juzgó los crímenes de Estados Unidos en Vietnam y a las dictaduras latinoamericanas. En palabras de organizadores, el TPP, es un proceso de año y medio, que ha servido para sistematizar todos los agravios a los pueblos. La gente agraviada puede ser escuchada en un espacio de encuentro.

Esta preaudiencia se dividió en dos partes, el día 9 de noviembre  se presentaron diversos casos de agravios contra el pueblo maya en la península de Yucatán; al siguiente día se escucharon testimonios personales de las personas agraviadas.

La preaudiencia comenzó el día 9 con una oración dirigida por Ernestina López Bac, teóloga maya Cakchikel; recordó que ese era un día especial, el 2 aurora o amanecer, explicó que durante la aurora empieza a desvanecerse la oscuridad para dar paso a la luz, y que ese amanecer nos invita a la esperanza.

Ernestina López Bac, o hermana Tinita como cariñosamente le llamaron, formó parte del equipo de dictaminadoras y dictaminadores del tribunal, equipo se conformó también por Gloria Muñoz Ramírez, Raúl Lugo Rodríguez, Sylvia Marcos, Carlos Vicente, Andrés Carrasco, Luis Macas y Sara López González, quienes atentamente escucharon con interés y preocupación cada caso; al finalizar cada presentación realizaron preguntas.

El primer caso fue el de San Antonio Ebulá, Campeche, un caso de desalojo violento e impunidad. 76 familias fueron desalojadas violentamente mientras veían como todo su patrimonio era destruido por parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se dice dueño de las tierras donde se asentó la comunidad, la agresión se llevó a cabo “a vista y paciencia” de las autoridades.

De este caso siguió, el de despojo de tierras en el municipio de Hopelchén, Campeche; el “mosco” Pereira, con engaños despojó a ejidatarios de más de 99 hectáreas de tierras,  el ejido ha demandado, sin embargo, las autoridades correspondientes han favorecido a los ladrones.

También escuchamos otro caso de despojo, el de la población de Chablekal, Yucatán. Personas del ejido fueron privadas de sus derechos agrarios en procedimientos poco claros. El gobierno ha sido comprador de estas tierras a bajísimos costos para después revenderlas. Las tierras de Chablekal son codiciadas por encontrarse al norte de Mérida, zona que actualmente está siendo explotada para crear fraccionamientos y zonas residenciales exclusivas.

Posteriormente se presentó el caso de las poblaciones que se encuentran al poniente de Bacalar, Quintana Roo. Las tierras ejidales son vendidas a extranjeros y consencionadas a Monsanto. Por una parte, preocupan las facilidades que se le otorgan a extranjeros para comprar las tierras que se despojan a ejidatarios y por otro, la contaminación de la apicultura a causa de la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto. De acuerdo a lo expresado por uno de los representantes, los gobiernos ahorcan con la pobreza a los ejidatarios para obligarles a vender sus tierras.

El siguiente caso fue el de la contaminación que ocasiona la soya transgénica, producida por Monsanto,  a la apicultura en Hopelchén, Campeche.  En este municipio hay 14 mil hectáreas de soya transgénica. En 2011 se otorgaron los permisos para la siembre de soya transgénica, en 2012 se logró la suspensión provisional de los permisos y en 2013 se levantó dicha prohibición.

La contaminación de la miel es sumamente grave ya que el mercado europeo no quiere presencia de transgénicos en la miel, esto afecta la economía de apicultores mayas. Los menonitas han tenido todas las facilidades para sembrar la soya transgénica y han deforestado el municipio de Hopelchén.  Además, se está autorizando la perforación de pozos para la extracción de agua.

Otro caso que involucra al municipio de Hopelchén, es el despojo de tierras a los pobladores del ejido  X Kix, a quienes les han arrebatado 1,300 hectáreas de tierra. Los apiarios de esta zona se dañaron porque la empresa biomaster riega con químicos, desde avionetas, a sus animales.  Los ejidatarios han solicitado la regularización de tierras, sin embargo, hasta la fecha no cuentan con documentos que comprueben la existencia del ejido.

También se denunció el caso de la expropiación, con engaños, de tierras de la ampliación forestal del ejido Ich Ek, para la creación de la biósfera de Calakmul.

El último caso que se presentó fue el de la construcción del Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo. Este proyecto traería consecuencias funestas para la zona de la costa, además de que golpearía fuertemente la industria local. Los convenios se firmaron en total oscuridad. Sus opositores han sufrido amenazas e intimidaciones.

Después de la presentación de los casos se llevó a cabo un evento cultural y con esto finalizó la jornada el primer día.

Los testimonios no solo fueron de las personas agraviadas por las políticas de exterminio, sino también el equipo dictaminador compartió sus experiencias y sus luchas, ya sea desde el periodismo de abajo, así como las luchas con sus pueblos, así como desde el ámbito académico y el cristianismo de base.

Pudimos escuchar testimonios sobre la organización para defender el maíz criollo, para organizarse de manera independiente en la elaboración de proyectos que realmente respondan a las necesidades de la población. También escuchamos las palabras de Fray Tomás, acerca de la movilidad forzada del pueblo maya a causa de la pobreza. Sobre las luchas de las mujeres mayas en la defensa de sus derechos, sobre la educación colonizante, sobre las afectaciones a los pobladores mayas de Hopelchén, Campeche y por último, la historia del genocidio maya.

Después de un receso para la comida, el equipo dictaminador emitió un predictamen. En palabras del equipo dictaminador, los casos presentados son formas de resistencia al despojo y destrucción del planeta.

Los casos son un despojo sistemático, síntoma del sistema capitalista. El despojo no solo es de las tierras físicas, sino también del espacio donde los pueblos desarrollan su cultura, espacio para seguir siendo pueblo. En todos los casos vimos la alianza entre gobierno y empresarios. El despojo también destruye el tejido comunitario indígena.

Desde la concepción del mundo maya, el mundo material es uno de los componentes de la madre naturaleza y es necesario que se complemente con el mundo de lo espiritual. La vida para el pueblo maya es una construcción permanente en interrelación entre todos los elementos vitales. Para la concepción maya, la naturaleza es un sujeto actuante, y no un objeto. El equipo dictaminador considera urgente la prohibición de los transgénicos y declarar a la Península de Yucatán, junto con todo México como libre de transgénicos.

Para finalizar, el equipo dictaminador hizo propia la demanda, denunciando que las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya, y exhortando al Tribunal Permanente de los Pueblos que condene al Estado Mexicano por este exterminio.

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/73506