España sigue deportando menores posibles refugiados

Zacarias, maliense de 17 años, es deportado de forma ilegal por la Guardia Civil a Marruecos tras pasar la valla de Melilla, según informa Prodein

El menor relata también el trato violento que recibió en un intento de entrada anterior por parte del ejército marroquí.

_________________________________________________

En Periodismo Humano llevábamos cuatro años documentando la violación continua de derechos humanos en Melilla.

http://periodismohumano.com/migracion/espana-sigue-deportando-menores-posibles-refugiados.html

Infancia entre rejas

Sociedad

Miles de niños inmigrantes se hacinan en los centros de detención tailandeses en precarias condiciones. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales

. Un informe de HRW denuncia que el confinamiento de menores contraviene la Convención de los Derechos de la Infancia

“Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, resaltan desde las ONG


“La peor parte era estar atrapada, no poder moverte. Si mirabas a la izquierda, siempre había lo mismo. Si mirabas a la derecha, siempre lo mismo. Y, enfrente de ti, sólo un montón de gente, tantísima gente. Si conseguía mirar hacia afuera y veía gente caminando por el barrio, sólo deseaba ser uno de ellos”.

Así describía la pequeña Cindy los tres desesperantes años que pasó en un centro de detención de inmigrantes en Tailandia cuando sólo tenía nueve. Una eterna espera donde cada día era igual al anterior, y donde el temor más profundo radicaba en que el siguiente fuera igual que la jornada transcurrida. No había delito que justificara el internamiento de la niña y su familia –el único crimen era carecer de papeles que legalizasen su situación en Tailandia- pero tampoco había soluciones que le garantizasen la libertad: sus padres, entre rejas como ellos, no podían reunir la suma que le pedían las autoridades para pagarse el viaje de vuelta a su país, y el proceso de reasentamiento familiar como refugiados registrados ante la ONU se eternizaba.

Tres largos años que robaron un pedazo de infancia a Cindy y a sus hermanos en unas prisiones que sólo en Tailandia devoran las inocencias de un miles de niños cada año, según los cálculos de Human Rights Watch. Unos 4.000 menores de edad pasan periodos cortos –de días o semanas- en los infames centros de detención tailandeses y un centenar, como Cindy, periodos de meses o años, pero si miramos hacia el resto del mundo, hablamos de decenas de miles de casos: un escándalo aceptado por gobiernos e instituciones que contraviene las convenciones internacionales y trata de ser combatido desde infinidad de ONG.

Una de ellas, End Child Detention, lanzó hace unos días una campaña de concienciación con motivo del 25 aniversario de la Convención para los Derechos de la Infancia, de la que Tailandia es firmante. Las autoridades de Bangkok –una dictadura militar tras el golpe de Estado del pasado 22 de mayo- no han suscrito, sin embargo, los tratados referentes a los refugiados políticos, lo que deja reducidos a la categoría de inmigrantes ilegales a todas aquellas personas que huyen de la persecución en países vecinos como Birmania, Laos o Camboya en busca de un refugio.

Muchas veces son víctimas del tráfico humano, tras caer en las despiadadas redes de traficantes que secuestran a los desesperados errantes para someterles a trabajos forzados en barcos de pesca o para extorsionar a los familiares a cambio de un puñado de dólares, pero todo eso es accesorio: si son detenidos, las autoridades tailandesas les consideran inmigrantes ilegales y como tales, pueden ser detenidos y hacinados en instalaciones migratorias desbordadas y en un estado deplorable.

Los testimonios recabados por HRW durante 100 entrevistas –más de 40 con menores de edad- e incluidos en el informe Dos años sin luna, que denuncia el arresto de menores en centros de detención para inmigrantes tailandeses, son una detallada descripción del horror. “El suelo estaba hecho de madera, pero se había roto y el agua entraba”, explicaba una refugiada presa en Chiang Mai con una amiga y sus hijas de 6 y 8 años. “Mientras dormía, una rata me mordió la cara”. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales sobre la innecesaria criminalización de niños que piden a las autoridades un cambio en sus normativas.Julia Mayerhofer, responsable de la Red de Derechos del Refugiado en Asia-Pacífico (APRRN) en Bangkok, detalla cómo son las condiciones de vida en el interior de estos centros, repartidos por todo el país. “Pueden llegar a hacinarse hasta 100 personas en una celda con capacidad para 35. Deben hacer turnos para dormir por falta de espacio, a veces lo hacen sentados, y en ocasiones tienen que dormir también en la letrina. Su alimentación depende de los voluntarios, y éstos, a su vez, de la voluntad de los agentes de migración que custodian estos centros de detención. No se trata de una política férrea sino errática, cada centro funciona de una forma”, explica desde la oficina de la ONG en la capital tailandesa.

El director de APRRN, Anoop Sukumaran, incide en que, en realidad, no se trata formalmente de detenciones dado que no son temporales. Y ahí radica la angustia de las víctimas. “A veces son semanas, meses… A veces son años. Son largos periodos sin aire fresco, sin condiciones sanitarias dignas, sin acceso a un sistema de salud. Y todo ello, por nada: no existe crimen, no hay delito. Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, explica Sukuraman.

Según una ONG, al menos 2.500 niños de Camboya, Birmania y Laos pasan cada año sólo por el principal centro de detención de Bangkok antes de ser deportados. Las autoridades tailandesas sólo se encargan de devolver a su lugar de origen a nacionales de países con los que comparten frontera: más allá –se calcula que unos 2.000 refugiados detenidos son de Pakistán, Sri Lanka, Somalia o Siria entre otros países- son las víctimas las que deben costearse el viaje de vuelta. “Si esos niños huyen de sus países con sus familias es porque la situación no era buena. Si se han visto obligados a huir, hay que considerarles víctimas a las que hay que proteger. Además, está estrictamente prohibido por las convenciones detener a niños en el contexto de movimientos migratorios”, explica Don Rono, de la oficina regional de UNICEF. “La migración forzada no es un crimen”.

Mayerhofer explica que existen 14 centros de detención para inmigrantes en todo el país: los más grandes son los situados en el sur, receptores de la desesperada emigración birmana que escapa de la miseria y de las exacciones de un Ejército que persigue a las minorías. “En Bangkok, por el contrario, el 90% son refugiados paquistaníes”. Las salidas son escasas: durante un corto periodo de tiempo, las autoridades ponían refugiados en libertad mediante el pago de una fianza (50.000 bath, unos 1.500 dólares) siempre que un ciudadano local se declarase “garante” de la persona liberada, una práctica que hoy en día se ha vuelto más arbitraria.

Si las familias no se pueden permitir pagar su repatriación o, como sucede en muchos casos, no desean regresar por persecución o falta de futuro, deben quedarse en prisión de forma indefinida hasta que aparezcan soluciones. La más común es obtener un estatuto de refugiado político, pero el camino está plagado de trampas. La principal, el hecho de que Tailandia, como Malasia o Indonesia, no han suscrito las convenciones sobre refugiados y por tanto no los reconoce. Para el país surasiático, se sigue tratando de emigrantes ilegales. “Los refugiados dependen de que la UNCHR les reconozca como tales, y por diversos motivos las entrevistas pueden llegar a demorarse hasta tres o cuatro años. Lo peor es que su estatuto de refugiados no marcará diferencias”, incide Mayerhofer, “salvo que tengan la suerte de ser reasentados en un tercer país y puedan rehacer sus vidas. Pero, mientras eso ocurre, pueden seguir siendo arrestados en Tailandia en su categoría de inmigrantes ilegales. Hay casos de personas que han permanecido en esos centros hasta 8 y 9 años”, resalta la responsable de APRRN.

Para Alistair Boulton, responsable de la oficina regional de la Oficina de la ONU para los Refugiados, “el aumento de refugiados acreditados por la ONU es alarmante”. Está pasando en todo el mundo pero muy especialmente en el sureste asiático, donde la relativa estabilidad y prosperidad tailandesa atrae a refugiados de toda Asia. Para los niños, “la experiencia es altamente traumática a todos los niveles”, cuenta Sharonne Broadhead, responsable de Acceso al Asilo en Tailandia. “Los responsables de esos niños, sus propios padres, está sometidos a un tremendo estrés, algo que aprecian sus hijos. Al estrés de haber huido de tu país se suma la violencia del arresto, la humillación de la prisión, la incapacidad para ejercer como padres… No hay planes, no hay días, no hay rutina”.

Broadhead destaca que, paradójicamente, “los niños que nacen en cautividad son los menos traumatizados porque no conocen otra realidad” más allá de las rejas. “Algunos niños, si han nacido aquí o han estado durante uno o dos años, piensan que esto es la única vida que existe. Piensan que es lo normal. Un hombre en nuestra celda tenía un niña, que llegó cuando era un bebé. Esa niña se quedó durante cuatro años. Pensaba ‘esta es mi vida, es todo lo que tengo’. Si tus hijos se ve obligados a vivir en el centro de detención, sus emociones mueren”, explica Ali, uno de los detenidos entrevistados por HRW.

Los estudios realizados sobre niños detenidos en centros de inmigración de todo el mundo hablan de abusos físicos y mentales de todo tipo que dejan una marca psicológica en forma de trauma.  “Son vulnerables a todo tipo de daños”, prosigue Rono. “Daños físicos, carencias básicas de alimento y luz solar, carecen de ropa con la que cambiarse, suelen contagiarse de todas las dolencias que les rodean y no pueden acudir a la escuela durante meses o años. Y además se enfrenta a un contexto de ira a su alrededor”. Presos violentos que se ensañan con los más débiles, guardianes sin escrúpulos, padres incapaces de enfrentarse a la violencia que se alimenta de la frustración entre rejas. La violencia contra los niños es descrita como “rutinaria”: una de las refugiadas citadas en el informe de HRW, procedente de Sri Lanka, estaba embarazada cuando fue confinada junto a su hija en una celda de Bangkok, en 2011. “Uno de los detenidos pegaba a mi hija. Estaba loco. No había guardias ni policías que nos ayudasen”.

“En muchas ocasiones, a partir de los 10 o 12 años los varones, que hasta entonces estaban con sus madres, son desplazados a celdas masculinas donde conviven con la violencia y el miedo”, señala Sharonne Broadhead. Es el escenario más temido por las madres, que hasta esa edad consiguen retener a sus hijos varones en las celdas femeninas.

Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, aislamiento y desapego son los síntomas más comunes entre los críos hacinados en centros de detención. La familia de Dough, de 6 años, le describía como un niños vital y activo hasta que entró en el centro. Se transformó en un niño permanentemente abatido. “Se sentaba y no se movía. Dejó de hablar”, lamentaba su madre ante los investigadores de HRW. La falta de comida adecuada –frutas y verduras están prácticamente ausentes en la dieta de los centros- y la ausencia de zonas de juego o deporte obligan a los críos a hacer la misma vida penitenciaria de los adultos. El acceso a instalaciones sanitarias es limitado y la ausencia de aulas donde proseguir los estudios, una preocupación mayor para sus familiares.

“Vivimos con miedo cada día aquí, como vivíamos con miedo en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿A dónde huímos?”, se interrogaba angustiada una detenida en un centro de detención en Malasia. “Pensábamos que si sobrevivíamos a la huida en barco, llegaríamos a Australia y se acabarían nuestros problemas. Ahora, no sabemos cómo salir de aquí”, se lamentaba otra mujer.

Las ONG que trabajan en Tailandia intentan beneficiarse de en una corta ventana de oportunidad, ahora que la Junta Militar intenta mejorar su imagen en el exterior, para presionar a las autoridades sobre la cuestión de menores detenidos. Al fin y al cabo, el Gobierno de Bangkok suscribió la Convención de Derechos de la Infancia que impulsa a las administraciones a “cesar rápida y completamente la detención de niños en base a su estatuto migratorio”, unas detenciones contrarias a las leyes internacionales. Aunque no es el único punto de la Convención que desafían, dado que al no proveer la nutrición adecuada ni oportunidades para hacer ejercicio o para jugar, las autoridades tailandesas ya están violando derechos fundamentales.

La ocasión de oro para modificar ese comportamiento y legitimarse ante la comunidad internacional se presenta precisamente ahora, cuando Bangkok opta a un asiento en el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU entre 2015-2017: sería “una gran oportunidad” para mejorar su imagen, estimaba Alice Farmer, responsable del departamento de Derechos de la Infancia de HRW y autora del informe. “El número de niños sometidos a arrestos de larga duración no es muy alto así que no sería demasiado caro”. Las soluciones ofrecidas por los expertos van desde los centros abiertos de recepción hasta estatutos especiales para migrantes, como el que aplica Filipinas: un visado específico para quienes están en medio de la legalización de su situación migratoria y que no les expone al abandono indefinido entre rejas.

http://periodismohumano.com/sociedad/infancia/infancia-entre-rejas.html

‘Mos maiorum’, una nueva “operación racista” encubierta a escala europea

Beatriz Ríos *

Publicado: 28/10/2014

Mos_Maiorum_Bruselas

BRUSELAS.– El domingo concluyó en el Espacio Schengen la operación Mos maiorum que preveía la retención masiva de inmigrantes irregulares para recabar información sobre las rutas de llegada a Europa y sus responsables, sin embargo, gran parte de los grupos del Parlamento Europeo consideran que no se trata más que de una operación racista que atenta contra la dignidad humana y que criminaliza a la víctima del tráfico ilegal de personas: el inmigrante.

Mos maiorum es una operación policial coordinada por la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea en colaboración con Frontex, la agencia de control de fronteras de la Unión. Entre los días 13 y 26 de octubre, Italia llamaba a los estados miembros del Espacio Schengen a controlar, no solo en las fronteras sino en todo el territorio, los movimientos migratorios. La operación preveía arrestar a inmigrantes en situación irregular para interrogarles sobre las vías de entrada a Europa. El objetivo era recabar información para luchar contra del tráfico de seres humanos.

La opacidad sobre los métodos de la operación también preocupa a los eurodiputados. Aunque la europarlamentaria española Marina Albiol solicitó al Consejo de la Unión Europea información detallada sobre el dispositivo, no se conocen los detalles de la operación. Los resultados de la misma no verán la luz hasta el próximo mes de diciembre.

Según Albiol, el Consejo de la Unión no ha hecho más que extender a todo el territorio Schengen algo que en España se hace cada día: las redadas racistas. La diputada de la Izquierda Plural en el Parlamento detalla el proceso habitual: “se realizan controles en estaciones de metro, autobús, tren o incluso colegios o centros de salud. Paran a determinadas personas para pedirles la documentación y lo hacen en función de su aspecto, según el color de su piel, lo cual es una práctica racista. ”

Este tipo de redadas ya fueron condenadas por la propia Unión Europea a través de la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo GUE/NGL sobre su práctica en España. La Comisión reconocía ser consciente de estos dispositivos y condenaba “toda forma y manifestación de racismo y xenofobia, sin importar de quién venga.” Sin embargo, justificaba la ausencia de sanción en que la vigilancia del respeto a los derechos humanos depende de cada estado miembro. Resulta sorprendente entonces que esta práctica se haya extendido e institucionalizado, aunque solo durante unas semanas, al territorio de todos los miembros del Espacio Schengen.

Fernando López Aguilar, eurodiputado por el Partido Socialista, cuestiona además la utilidad de esta práctica ya que “la identificación apunta más a las víctimas del tráfico ilícito de personas que a las mafias que hay detrás.”

Pablo Echenique, de Podemos, denuncia que se trata de un dispositivo basado en el miedo cuyo objetivo es “aterrorizar a los que han llegado a Europa en busca de trabajo, techo y pan.” Ángela Vallina, de la Izquierda Plural añade que “Mos maiorum significa asociar la idea del inmigrante con el criminal. Pone en riesgo el derecho a la no discriminación y a la libertad de movimiento.”

Sin embargo, Mos maiorum no es la primera de estas operaciones contra el tráfico de personas. Estos dispositivos policiales coordinados se realizan cada cierto tiempo desde 2011. A Mos Maoirum le preceden Hermes, Balder, Mitras, Demeter, Afrodita y la última, entre septiembre y octubre de 2013, Perkunas.

El ministerio del interior italiano en colaboración con la agencia europea Frontex es el responsable en esta ocasión.

Perkunas: conclusiones de la última operación

Mos_Maiorum_cartel

Coordinada por la presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea, Perkunas se saldó con 10.459 personas inmigrantes irregulares interceptadas de las cuales, el 68’52% demandaron protección internacional. Esta cifra no sorprende en absoluto si tenemos en cuenta que los principales países de origen eran Siria, Eritrea y Afganistán, tres territorios marcados por la guerra y la pobreza.

Esta es la clave que algunos eurodiputados pusieron sobre la mesa el pasado 22 de marzo durante un debate en el Parlamento Europeo: ¿de dónde vienen estas personas y de qué huyen?

Ángela Vallina, en su intervención en el debate, denunciaba que “explotamos en origen sus recursos, somos cómplices de Estados corruptos y cuando la presión del hambre, la pobreza y la muerte les empuja a saltar vallas, a jugarse la vida en embarcaciones… Los encerramos, los expulsamos y los abandonamos a su suerte.”

Hambre y guerra

Durante la ‘operación Perkunas’, 3.770 personas fueron identificadas como nacionales sirios. La ONU estima que entre 2011 y 2014, más de 191.000 personas han muerto a causa de la guerra en Siria. A esta cifra habría que sumar los fallecidos por falta de acceso a recursos básicos. Además, unos 9 millones de personas han dejado el país huyendo de la guerra convirtiéndose en refugiados, menos de 100.000 de ellos reclamaron asilo en Europa.

Eritrea fue el segundo lugar de origen en cuanto a inmigrantes irregulares retenidos entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2013. Con una renta per cápita de 409 euros, desde su independencia en 1993, Eritrea ha sufrido tres guerras fronterizas. El conflicto con Etiopia ha causado desde 1998 más de 100.000 muertes y aunque los enfrentamientos cesaron en 2002, la situación en la zona continúa siendo inestable.

Desde Afganistán llegaron 590 personas a Europa durante la operación, según datos del gobierno lituano. En Afganistán la renta per cápita es de 511 euros y de sobra conocida es su situación política y social. En guerra desde 2001, hasta siete países del Espacio Schengen han intervenido en el país. Casi 8000 civiles han muerto en los últimos seis años a causa del conflicto en un país en el que los ataques terroristas son un fenómeno casi diario.

Estas cifras arrojan luz sobre las razones por las que miles de personas cada año se juegan la vida para llegar a Europa. Es por esto que los eurodiputados reclaman mayor transparencia para la ‘operación Mos Maiorum’, respeto a los derechos fundamentales y mejoras en procesos de gestión de las demandas de asilo. Para el Parlamento Europeo, una operación policial no puede ser la única respuesta a una situación que lejos de ser un problema de seguridad es una crisis humanitaria.

(*) Beatriz Ríos es periodista.

http://www.cuartopoder.es/invitados/2014/10/28/mos-maiorum-operacion-racista-europea/3606

El Consejo de Europa quiere investigar las agresiones a inmigrantes en la valla de Melilla

CUARTOPODER | Publicado: 17/10/2014

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, considera “necesario abrir una investigación para establecer responsabilidades” por “la violencia” que los agentes de la Guardia Civil ejercieron contra varios inmigrantes el miércoles en un intento de salto de la valla de Melilla y recuerda a España que las devoluciones sumarias son ilegales. La noticia saltó después de que la ONG Prodein difundiera un vídeo rodado este miércoles durante un salto masivo de la valla de Melilla que muestra como uno de ellos es golpeado por los agentes españoles con sus porras hasta en diez ocasiones, cae al suelo y es entregado en volandas a Marruecos en aparente estado de inconsciencia (ver vídeos).

Asociación Pro.De.In. Melilla (Vimeo)

Asociación Pro.De.In. Melilla (Vimeo)

http://www.cuartopoder.es/multimedia/2014/10/17/europa-quiere-investigar-las-agresiones-inmigrantes-en-la-valla-de-melilla/3567