Muere un preso saharaui a causa de tortura en la Cárcel Negra en la ciudad ocupada de El Aaiun

IMG-20150127-WA0008Ciudad ocupada de El Aaiun, 27/01/2015 (SPS)

Falleció en la tarde de ayer lunes en la cárcel Negra de El Aaiun, el preso saharaui Abdul Baqi Aliyen Antahah a consecuencia de torturas y maltratos recibidos en la cárcel a manos del personal penitenciario marroqui, según informan fuentes del Ministerio de los Territorios Ocupados y la Diáspora.

Según la misma fuente, Abdul Baqi, de  22 años de edad, cumplía una pena de un año y medio desde su detención hace un mes, pero “su rechazo e inconformidad con las pésimas condiciones de la cárcel donde se humillan a diario los detenidos saharauis eran la causa de llevarlo a una celda de aislamiento donde fue  salvajemente torturado”.

La  misma fuente, señaló que Abdul Baqi había sido torturado desde el pasado miércoles cuando fue aislado en régimen de aislamiento, y desde el viernes se encontraba en estado de inconsciencia total y no recibió ninguna atención sanitaria lo que lo que condujo a su muerte.

En el mismo contexto, todos los presos saharauis en las diferentes cárceles marroquíes siguen sufriendo una política de represión sistemática por parte del personal de las prisiones, vedados de los derechos más básicos reconocidos internacionalmente.

Con la muerte de Abdul Baqi Anthah, el número de saharauis muertos en las cárceles marroquíes en los dos últimos años  llega a ocho y sin que se haga la mínima investigación para determinar las causas de esas muertes y castigar a los culpables.(SPS)

http://porunsaharalibre.org/2015/01/muere-un-preso-saharaui-a-causa-de-tortura-en-la-carcel-negra-en-la-ciudad-ocupada-de-el-aaiun/

España – Estado policial

Fernando de Silva

Fernando de Silva

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio; pero al menos nos queda la palabra

estadopolicial (foto del blog de Fernando de Silva)Si ahora nos quejamos de que las libertades ciudadanas están siendo perseguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, qué diremos cuando se vean las consecuencias reales de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada con el exclusivo apoyo del PP.

Muy pronto los desahucios, que a diario se llevan a cabo por parte de los bancos contra personas que están sufriendo la marginación social por culpa de la crisis, ya no serán noticia, porque nadie se atreverá a protestar o tratar de impedir que se ejecuten, por miedo a que les impongan una multa millonaria; ni se podrá salir a la calle en protesta espontánea contra las injusticias sociales y laborales que a diario se cometen, para evitar una dura sanción; y mucho cuidado con el contenido de las pancartas que se exhiban en una manifestación legal, no sea que ofendan a nuestras autoridades y apliquen la conocida como “ley mordaza”.

Ni en los últimos años de la dictadura franquista se impuso una ley tan represiva como la aprobada la pasada semana. Pero esta situación no ha llegado sola, y son culpables muchos de los que ahora protestan. Dar el poder absoluto a un partido con convicciones ideológicas antidemocráticas tiene su precio, y ahora lo pagaremos todos, menos ellos; quedarse en casa, como hacen la mayoría de los ciudadanos, sin evidenciar una oposición a los abusos de poder que se están produciendo, les envalentona aún más para humillarnos. Lo que no entiendo es cómo nuestra sociedad, salvo puntuales excepciones, puede permitir esto, a no ser que estemos conformes con la represión ideológica y la pérdida de derechos consagrados en nuestra Constitución.

A partir de ahora los atropellos policiales podrán cometerse con absoluta impunidad, y ya no habrá una foto ni un vídeo tomado por un honrado ciudadano que permita conocer la verdad, para que se haga justicia. Porque enfocar a un grupo de policías que puedan estar pegando una paliza a alguien en plena vía pública, y de esto tenemos algunos ejemplos muy clamorosos en los últimos tiempos, está sancionado con multas muy cuantiosas. Sin embargo podrás acudir a un juicio si has sido testigo de un abuso de autoridad, pero en este momento descubrirás que, por ley, la palabra del funcionario de policía vale más que la tuya. Hasta tiene más valor la palabra del guardia civil detenido por pertenecer al Frente Atlético, que la nuestra.

Mientras desayuno, en el mismo diario, leo en la prensa que varios trabajadores de Arcelor Mittal pueden ser condenados a cinco años de prisión por disturbios producidos durante una protesta laboral. Paso la página y me entero de que un tal Rato, que nos engañó a todos cuando presidía Bankia, lo que ha supuesto desembolsar miles de millones de euros procedentes de nuestros bolsillos,  goza de plena libertad, y hasta se permite el lujo de viajar a Suiza con frecuencia, “no sabemos a qué”, dado que ni siquiera se le ha retenido el pasaporte. ¿En qué hemos convertido nuestro país?; en una vergüenza nacional, para sonrojo de propios y extraños.

¿Y qué dicen los jueces a todos esto? Muchos no se atreven a actuar, otros ya hacen bastante con perseguir  con escasez de medios la corrupción  de quienes nos gobiernan, pero a partir de ahora quedarán anulados por ley para intervenir en todo cuanto se regula en la Ley de Seguridad Ciudadana, dado que el control de las infracciones lo tendrá la propia administración, que se convertirá en juez y parte, dejando a los ciudadanos en una completa indefensión. Y todo esto lo hacen quienes por la mañana defienden la Constitución y por la tarde la vulneran.

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio;  pero al menos nos queda la palabra,  que debemos de usar para defender nuestros derechos y denunciar las injusticias antes de que nos corten también la lengua, que a buen seguro lo intentarán; que nadie lo dude.

Fernando de Silva es abogado, militante de Podemos y autor del blog SInLaVeniA

http://www.elplural.com/opinion/estado-policial/

¡No pienso callar!

El grupo de Barcelona de Amnistía Internacional realizó una acción de movilización contra la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por Ley Mordaza. El texto de la ley se está tramitando actualmente en las Cortes.

Amnistía Internacional cree que algunas de las nuevas infracciones introducidas en la ley podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información.

Además, la ampliación de poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad podría conducir a la arbitrariedad en la aplicación de la ley.

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Más información sobre la “Ley Mordaza” en Periodismo Humano:

El derecho a protestar está en peligro en España, alerta Amnistía Internacional

24.04.2014 ·  · (Periodista en Amnistía Internacional Madrid)

La conocida como Ley Mordaza llega este Jueves 16 de Octubre al Congreso. El inicio de la crisis en España en 2008 trajo consigo la imposición de medidas de austeridad que desembocaron en una oleada de protestas. La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido, en gran parte, represiva: abuso de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo de la fuerza que la policía ha empleado contra ellos. El Estado español ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas.

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Policía secreta detiene manifestante contra la represión  (Imagen: Jaime Alekos)

Ocho detenidos por la policía secreta tras la manifestación contra la “Ley Mordaza”

09.02.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

Ocho personas fueron detenidas por la policía secreta tras la manifestación de un millar de  participantes que marcharon por el centro de la capital española, desde Cibeles hasta la Plaza de España y que fue convocada por más de una veintena de colectivos bajo el lema Contra su represión, nuestra resistencia.

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03.16

Disturbios tras la manifestación contra la Ley Mordaza

15.12.2013 ·  · Madrid

Varios miles de personas se manifestaron frente al Congreso contra la recién aprobada Ley Mordaza que penaliza las protestas. Al finalizar la manifestación varios grupos de personas tuvieron enfrentamientos con los 1.200 policías antidisturbios desplegados en la zona.

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Secuencia 01_1

La policía intenta reprimir la manifestación contra la “ley mordaza”

30.11.2013 ·  · Madrid

VÍDEO. Alrededor de trescientos manifestantes rebasaron el cordón policial y marcharon más de cinco kilómetros, desde la sede del Partido Popular hasta los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid

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http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/no-pienso-callar.html

Ayotzinapa o la disolución del Estado mexicano

21 noviembre 2014

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Los crímenes en contra de los estudiantes de Ayotzinapa muestran un proceso que está en marcha desde hace tres décadas: la disolución del Estado mexicano. Hoy ya nadie, creo que ni en el gobierno, maneja la tesis de que ese crimen es una hazaña más de la delincuencia organizada. Con el tiempo se aclaró la profundidad del drama: el Estado mexicano es el autor de esta masacre, como lo fue en Tlatlaya y en tantas otras en los últimos años. La advertencia de Peña Nieto sobre el uso de la fuerza debió conjugarse en tiempo pretérito. La fuerza del Estado ha sido usada en innumerables ocasiones porque un Estado en desintegración siente no tener ninguna otra base para sostener el status quo.

En México el Estado de todos y para todos fue una aspiración que cristalizó en algunos artículos de la Constitución de 1917. Esos fueron los artículos de los derechos sociales, los que garantizaban la propiedad de la tierra comunal y ejidal, así como los derechos de los trabajadores. Ese anhelo también estaba plasmado en los preceptos relacionados con la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas dentro de los límites del territorio, así como de los recursos naturales en el subsuelo de la plataforma continental.

La ofensiva en contra de esos preceptos fundamentales del Estado mexicano arrancó tan pronto concluyó el congreso constituyente de 1917. Las raíces de la disolución del Estado mexicano emanado de la Revolución de 1910 están en los pactos que frenaron la movilización de masas ligada a la lucha armada. Y aunque ya desde los años cuarenta se puso en marcha una verdadera contrarrevolución, no fue sino hasta 1982 que las clases dominantes encontraron el aliado que habían esperado. La crisis de la deuda permitió destruir los cimientos del Estado mexicano, forzando la subordinación a un nuevo modelo económico que profundizaría la explotación de las masas.

Lo que quedaba del Estado de todos fue reemplazado y sólo quedó el Estado como espacio de rentabilidad del capital. Las ‘leyes de la economía’ se convirtieron en eficaz mecanismo de dominación, leyes supuestamente objetivas frente a las que la izquierda institucional no hizo nada. Incapaz de hacer una crítica del discurso del capital (la teoría económica), se vio obligada a renunciar a la posibilidad de identificar y abrir trayectorias alternativas. No pudo o no quiso darse cuenta que esas leyes económicas del neoliberalismo representaban la degradación última de la política.

El modelo económico que se impuso en México a tiros y jalones en las últimas tres décadas tiene dos características centrales. Primero, no puede ofrecer desarrollo económico y social porque el inmovilismo del Estado es la antítesis de las lecciones de la teoría del desarrollo económico. Segundo, es un modelo diseñado para recompensar la rapacería de una clase en la que se concentra cada vez más la riqueza y el poder económico.

Hoy las muestras de la desintegración se encuentran ante todo en la renuncia del Estado mexicano a ser el espacio privilegiado para dirimir controversias. No sólo en términos de proporcionar justicia a los más débiles, sino incluso para resolver los conflictos entre las diferentes esferas del capital. Para decirlo con Gramsci en su ensayo La conquista del Estado (publicado en L’Ordine Nuovo, 1919) el Estado mexicano hasta dejó de ser el espacio que unifica y disciplina a la clase dominante.

Las señales de la disolución están por todas partes. El poder ejecutivo está marcado por su ineficiencia y su profundo letargo, salvo cuando se trata de provocar y amenazar con el uso de la fuerza ‘legítima’. En las secretarías de estado se mueven papeles de un escritorio a otro, pero no hay comunicación con el mundo real. El poder judicial se ha hundido desde hace años en la corrupción y venalidad de sus funcionarios: la justicia cuesta dinero y el que no lo tiene debe olvidar sus aspiraciones de trato justo frente a la ley. El Poder Legislativo es un lugar en el que senadores y diputados se reúnen no para deliberar, sino para pasar lista y acatar instrucciones de cúpulas sometidas a intereses espurios. Los partidos políticos son tristes correas de transmisión del orden del capital y no ofrecen alternativas ni oposición democrática. Incluyo aquí a todos los partidos de las izquierdas institucionales que, por si fuera poco, hoy se han visto salpicadas por los crímenes de Ayotzinapa.

Es importante analizar la dinámica de la crisis orgánica del Estado mexicano. Las transiciones históricas son casi siempre violentas. En esos procesos sobrevienen con frecuencia los llamados y convocatorias de las juntas de notables para sacarle las castañas del fuego a los poderes establecidos. Serán las expresiones de un orden moribundo que todavía no es reemplazado por un nuevo estado de cosas. El devenir histórico está marcado por la incertidumbre y será necesario analizar cuidadosamente la situación para innovar responsablemente a cada paso del camino. Pero sin lugar a dudas será necesario avanzar hacia un mundo en que la sociedad política se someta plenamente a la sociedad civil.

Twitter: @anadaloficial

Artículo publicado en La Jornada

http://www.attac.es/2014/11/21/ayotzinapa-o-la-disolucion-del-estado-mexicano/

 

Ver también:

México:Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre México (2011 – 2014)  (en Kaos en la red)

Amnistía acusa a Israel de atacar a conciencia viviendas en Gaza “llenas de familias”

La ONG denuncia la “cruel indiferencia” de las autoridades israelíes ante las matanzas de civiles palestinos provocadas en la última ofensiva contra la Franja

PÚBLICO / AGENCIAS Madrid 05/11/2014

Niños palestinos tratan de resguardarse de la lluvia entre los escombros de una vivienda derruida por los ataques de Israel en Gaza.

Niños palestinos tratan de resguardarse de la lluvia entre los escombros de una vivienda derruida por los ataques de Israel en Gaza.– REUTERS

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un informe la “cruel indiferencia” mostrada por Israel durante la última ofensiva militar en la Franja de Gaza con los “letales” ataques perpetrados contra viviendas “llenas de familias”. A juicio de la organización, los bombardeos pueden ser considerados como “crímenes de guerra” y, tras analizar varios casos en concreto, fueron lanzados sin avisar a los ocupantes de las casas de que iban a ser atacados.

En el documento Familias bajo los escombros: Ataques israelíes a viviendas habitadas, Amnistía analiza el comportamiento del Ejército israelí a través de ocho casos en los que viviendas “familiares” en Gaza fueron atacadas “sin previo aviso” en el marco de la ofensiva ‘Margen Protector’, desarrollada en los meses de julio y agosto de 2014. Esos ataques acabaron con la vida de “al menos 104 civiles, 62 de ellos niños”.

“Israel ha demostrado un espeluznante desprecio por las vidas de los civiles palestinos”

El informe “revela una pauta de ataques” del Ejército israelí durante la ofensiva, en la que murieron 2.200 palestinos y 70 israelíes, según la cual la aviación bombardeó casas civiles hasta reducirlas a escombros, matando a familias enteras. “Las fuerzas israelíes han vulnerado abiertamente las leyes de la guerra al llevar a cabo una serie de ataques contra viviendas civiles, mostrando una cruel indiferencia ante las matanzas que con ello provocaban”, ha denunciado el director del Programa Regional para Oriente Próximo y Norte de África de AI, Philip Luther

El responsable de la ONG denuncia asimismo que Israel ha demostrado “un espeluznante desprecio por las vidas de los civiles palestinos al no avisarles previamente ni darles oportunidad de huir”. El informe contiene “numerosos relatos de supervivientes” que describen el “horror de escarbar frenéticamente entre los escombros y el polvo de sus hogares destrozados en busca de los cuerpos de niños y seres queridos”.

Amnistía exige explicaciones

Durante los 50 días de asedio a Gaza, la Fuerza Aérea israelí bombardeó en más de 5.000 ocasiones la Franja. El Ejército asegura que tomó todas las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles, entre ellas la de suspender ataques cuando merodeaban individuos desarmados alrededor de los blancos y la de advertir a la población de barrios enteros de que iban a ser atacados.

“La comunidad internacional debe tomar medidas para poner fin al perpetuo círculo vicioso de impunidad”

Amnistía concede que en varios de los ataques analizados sus investigadores pudieron detectar “posibles blancos militares” en las inmediaciones. Sin embargo, destaca la organización, “la devastación causada en vidas civiles y propiedad en todos los casos fue claramente desproporcionada a las posibles ventajas militares”. El principio de la proporcionalidad está en el epicentro de las acusaciones contra Israel por parte de ONG internacionales de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo, que reconocen el derecho de este país a defenderse de los cohetes de las milicias palestinas pero, a la vez, condenan enérgicamente la contundencia de sus bombardeos.

 “Incluso si un combatiente estaba presente en una de las zonas residenciales, ello no absuelve a Israel de sus obligaciones a la hora de tomar todas las precauciones posibles para proteger la vida de civiles”, asegura Luther. Y agregó que “los repetidos ataques desproporcionados sobre viviendas indican que las tácticas militares israelíes actuales son profundamente defectuosas y contradicen en sus fundamentos a los del derecho humanitario”.

El día más sangriento documentado en el informe incluye la muerte de 36 miembros de cuatro familias, entre ellos 18 niños, que sucumbieron cuando Israel bombardeó un edifico de tres plantas. Aministía se queja de que Israel no haya revelado por qué razones fue atacado ese edificio. Igual circunstancia se produce en el segundo ataque más mortífero analizado, que ocasionó 25 muertos -de ellos 19 niños- cuando la Fuerza Aérea israelí trataba aparentemente de matar a un miliciano de las Brigadas Azedín al Kasam.

“Parece que el objetivo era directa y deliberadamente civiles o bienes civiles y, por tanto, constituirían crímenes de guerra”

Amnistía ha hecho hincapié en que las autoridades israelíes “no han ofrecido ninguna justificación para estos ataques”. Además, ha contado que, en algunos de los casos que se presentan en el informe, no ha podido identificar “ningún posible objetivo militar” en las viviendas. En opinión de la ONG, en esos ataques “parece que el objetivo eran directa y deliberadamente civiles o bienes civiles y, por tanto, constituirían crímenes de guerra”.

La organización asegura que Israel “ni siquiera ha reconocido ninguno de los ataques descritos en el informe” y “no ha respondido” a su petición de que explique “los motivos de cada uno de ellos”. “Independientemente del objetivo de los blancos, los ataques constituyen ataques burdamente desproporcionados y bajo el derecho internacional debieron haber sido cancelados o aplazados, ya que era evidente que había numerosos civiles en las viviendas”, explica el informe que se queja de que Israel no ha ofrecido explicaciones.

Más allá de las víctimas personales, a las que hay agregar 11.000 heridos, la devastación de los miles de bombardeos aéreos y terrestres en Gaza dejaron sin vivienda a unos 100.000 habitantes de la Franja, y exige una reconstrucción que podría superar los 5.000 millones de dólares y durar más de 20 años. “Ahora lo fundamental es que se rindan cuentas de todas las violaciones del derecho internacional humanitario que se han cometido. Las autoridades israelíes deben dar respuestas. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para poner fin al perpetuo círculo vicioso de graves violaciones y total impunidad”, ha concluido Luther.

Noticias relacionadas

http://www.publico.es/internacional/554401/amnistia-acusa-a-israel-de-atacar-a-conciencia-viviendas-en-gaza-llenas-de-familias

Noam Chomsky, Rigoberta Menchú y otros 62 intelectuales exigen embargo militar a Israel

Escrito por  Kaos. Solidaridad con Palestina

Según destaca el comunicado de los intelectuales, “la capacidad de Israel para poner en marcha este tipo de ataques devastadores con impunidad proviene en gran parte de la vasta cooperación militar internacional y del comercio de armas que Israel mantiene con gobiernos cómplices de todo el mundo.”

La carta fue publicada por el diario ‘The Guardian‘, en donde figuras públicas como la guatemalteca Rigoberta Menchú o el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganadores del Nobel de la Paz, lamentan que Israel haya desatado “una vez más toda la fuerza de su Ejército contra la población palestina”.

Los firmantes de la carta exigen un embargo militar inmediato a Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.

“Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas inmediatas para aplicar a Israel un embargo militar integral y legalmente vinculante, similar al impuesto a Sudáfrica durante el apartheid,” señala el comunicado.

Entre los firmantes se encuentra el Premio Nobel de la Paz de la Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, así como sus colegas Desmond Tutu, de Sudáfrica, Rigoberta Menchú, de Guatemala, Mairead Maguire, de Irlanda, Jody Williams, de Estados Unidos, y Betty Williams, de Irlanda del Norte.

“Israel ha desatado una vez más toda la fuerza de su ejército contra la población palestina cautiva –arranca el texto–, sobre todo en la sitiada Franja de Gaza, en un acto inhumano e ilegal de agresión militar. El actual ataque de Israel contra Gaza hasta el momento ha matado a muchos civiles inocentes, ha causado cientos de heridos y devastado la infraestructura civil, incluido el sector de la salud, que ya estaba gravemente deteriorado.”

Según destaca el comunicado de los intelectuales, “la capacidad de Israel para poner en marcha este tipo de ataques devastadores con impunidad proviene en gran parte de la vasta cooperación militar internacional y del comercio de armas que Israel mantiene con gobiernos cómplices de todo el mundo.”

También firmaron el texto el músico británico Roger Waters, la escritora estadounidense Alice Walker, el teólogo de la liberación brasileño Frei Betto, el sindicalista sudafricano Zwelinzima Vavi, su colega brasileño Joao Antonio Felicio, el filósofo esloveno Slavoj Zizek, el académico israelí Nurit Peled, el británico ex presidente del PEN Gillian Slovo y la escritora india Gita Hariharan.

“A partir de 2008, EE.UU. comenzó una ayuda militar a Israel que rondará 30 mil millones de dólares, mientras que las ventas militares anuales israelíes al mundo llegan a miles de millones de dólares. En los últimos años, los países europeos han exportado armas a Israel por valor de miles de millones de euros, y la Unión Europea ha financiado a las empresas militares y a las universidades israelíes con becas de investigación en el ámbito militar por un valor de cientos de millones de euros”, señala el comunicado.

Los intelectuales acusaron a los países emergentes de apoyar de palabra a Palestina mientras financian las campañas represivas de Israel. “Las economías emergentes, como India, Brasil y Chile, aumentan rápidamente su comercio y cooperación militar con Israel, a pesar de que afirman apoyar los derechos palestinos.”

Entre los firmantes también aparecen Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, de España; Chris Hedges, periodista, Premio Pulitzer 2002, de EE.UU.; Boots Riley, rapero, poeta, productor de artes, de EE.UU.; y Noam Chomsky, filósofo, analista político, de EE.UU.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/92601-noam-chomsky,-rigoberta-mench%C3%BA-y-otros-62-intelectuales-exigen-embargo-militar-a-israel

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de élites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la élite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

 

Rompamos el silencio sobre lo que sucede en España

 

“Empiecen a cubrir el desarrollo que España conduce hacia una democracia autoritaria”, escribe la dramaturga y directora Astrid Menasanch Tobieson en una carta abierta para los periodistas suecos y que ha tenido repercusión en los medios suecos y las redes sociales.

Les escribo con un sentimiento de conmoción e indignación. Les escribo a base de que quiero a muchas personas que se encuentran en lugar geográfico específico, España, que dentro de unos días emprenderá el camino desde una democracia abierta hacia una (pseudo) democracia fascista y autoritaria. Les escribo a base de lo sucedido en Kärrtorp, Estocolmo (en donde un grupo de choque fascista atacó a una manifestación pacifica anti-racista hace unos días) y lo que sucede ahora en España, lo veo como una misma cosa: el avance del fascismo y la indiferencia de la sociedad ante todo lo que sucede.

Este viernes (20 de diciembre) el gobierno de España aprobará una ley cuya meta es acabar con las protestas y las manifestaciones. El método: conseguir el silencio a través del miedo. Les pido ahora vuestra ayuda, les pido que cubran esto.

Este sábado pasado en Madrid se organizó una de las 6000 manifestaciones que España ha visto el ultimo año. Lo vuelvo a decir: una de seis mil. Los últimos dos años la red de protección social en España se ha desmantelado. Intento de privatizar los hospitales, el derecho laboral ha sido transformado desde la base, una gran cantidad de gente ha sido despedida de sus trabajos, muchas familias han sido desahuciadas de sus hogares, los teatros se han privatizado y en las escuelas la educación para la ciudadanía se ha suspendido. Este viernes (20 de diciembre) el gobierno además aprobó la nueva ley de (anti) aborto.

Lo que se ha dicho ser una crisis económica es, y desde el principio ha sido, ante todo una crisis democrática en donde la represión es, ha sido y con la ayuda de la ley será la principal herramienta para obstaculizar la libertad de expresión. La cobertura mediática en Suecia sobre la situación en España ha sido escasa y el análisis desde un punto de vista social ha sido inexistente. Como si lo uno no estuviera conectado con lo otro. Pero lo están. La manifestación este sábado pasado se convocó fuera del congreso de Madrid, con el propósito de protestar en contra una nueva propuesta de ley, La Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley contiene 55 artículos que toma represalias en contra del manifestante según una escala clara en donde un ciudadano será penalizado con multas de 100 a 600 000 euros por 55 actos diferentes. Una tercera parte se consideran como infracciones muy graves, la mitad graves y el resto se consideran como infracciones leves.

¿Las infracciones? Para empezar, todas las manifestaciones no comunicadas delante del congreso u otro edificio estatal, como la que se convocó este sábado en Madrid, serán prohibidas y penalizadas con hasta 30 000 euros por participante. Esto se pondrá en practica cuando varias personas en un sitio se consideren como un grupo.

La prohibición en contra de manifestaciones no comunicadas también se aplicará sobre las redes sociales. Juntarse como grupo en internet en torno a una opinión será sancionado con 30 000 euros. Convocar un grupo, en redes sociales o en otro lugar publico, en torno a símbolos y banderas será prohibido, 30 000 euros de multa. Si en una manifestación se participa encapuchado o con el rostro cubierto, 30 000 euros. Negarse a identificarse delante de un policía, 30 000 euros. Impedirle a un policía ejercer su cargo, 30 000 euros, lo cual en la práctica significa que las protestas sentadas como las que comenzaron el movimiento 15-M en España, serán estrictamente prohibidas. Deshonrar la bandera Española, 30 000 euros. Lo repito, 30 000 euros.

Hacer un dibujo satírico, por ejemplo con un político como motivo, estará prohibido por falta de respeto. Usar pancartas con críticas escritas hacia la nación España, 30 000 mil euros. Filmar o fotografiar a un policía en servicio, 30 000 euros. Y como estos, muchos mas. En todos los casos será suficiente con el testimonio de un policía o agente de seguridad para multar al ciudadano, lo cual sucederá sin ningún proceso jurídico.

Uno puede preguntarse entonces, se enfrenta España a un movimiento de protestas violentas? Pues no. El jefe de policía Ignacio Casidó ha comentado La Ley de Seguridad Ciudadana, diciendo claramente que las 6000 manifestaciones han sido parte del movimiento de protestas mas pacífico de la historia de España (El País).

Entonces, ¿a quienes se dirige la supuesta protección ciudadana que plantea la nueva ley? Difícilmente a los que protestan en contra de la represión.

No hace mucho tiempo que España fue una dictadura. No hace mucho tiempo que hubo una guerra civil. Todos los debates son políticos. Dar espacio a un suceso es un acto político. No hacerlo, no cubrirlo, es un acto político. El silencio es, en alto grado, un acto político. La decisión de mantenerse en silencio se queda en el cuerpo en las memorias en generaciones.   Esta ley neofascista que a partir del viernes será aprobada, no está desconectada del fascismo creciente en Suecia. Ni tampoco nosotros, como seres humanos, estamos desconectados el uno del otro.

Me dirijo sobre todo a todos los periodistas, columnistas y editoriales en Suecia. Vosotros que tenéis el espacio mediático. Les pido, desde lo mas profundo de mi alma, de romper el silencio sobre el régimen que esta creciendo en España. Les pido que comiencen a informar. Les pido que cubran el derecho de la libertad de expresión en las sociedades donde el fascismo, a través del miedo, se apodera del poder, el espacio y de la posibilidad de definir los problemas. Tanto en España como en Kärrtorp (Suecia). Les pido que nos ayuden con sus textos, informativos y aportes al debate, les pido que contengan un análisis agudo y profundo. ¡Cubran! ¡Cubran todo!

http://periodismohumano.com/sociedad/rompamos-el-silencio-sobre-lo-que-sucede-en-espana.html

Comienza el juicio por el primer acto de terrorismo de Estado en Argentina

La masacre de Trelew ocurrió en 1972, durante la dictadura de Lanusse

Buenos Aires 7 MAY 2012

Argentina comenzó ayer a juzgar el que para diversos historiadores constituyó el primer acto del terrorismo de Estado en este país: la llamada masacre de Trelew. Ocurrió el 22 de agosto de 1972 bajo la dictadura del general Alejandro Lanusse, antes del regreso de la democracia en 1973 y del golpe militar que inició el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y que se saldó con unos 30.000 desaparecidos, según los organismos de derechos humanos.

El 15 de agosto de 1972, presos políticos se fugaron de la cárcel de Rawson, ciudad vecina de Trelew (1.436 kilómetros al sur de Buenos Aires) y capital de la provincia de Chubut. Eran 25 guerrilleros del marxista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de la organización peronista Montoneros que se habían levantado en armas contra la dictadura que regía en Argentina desde 1966. Fueron de camino al aeropuerto de Trelew, donde los aguardaba un avión para huir a Chile, entonces gobernada por Salvador Allende. Solo seis lograron subirse a la nave: se trataba de jefes guerrilleros, entre ellos Mario Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Fernando Vaca Narvaja.

Los otros 19 quedaron arrestados por los militares, pero negociaron garantías frente a un juez, abogados y periodistas para que los devolvieran a la prisión. En lugar de ello, fueron destinados a una base de la Marina, que está situada frente al aeropuerto. Allí, siete días después de la frustrada fuga, en las celdas fueron masacrados a tiros 16 de los detenidos. Los otros tres quedaron heridos de gravedad, pero sobrevivieron.

El régimen de entonces divulgó que los guerrilleros habían caído cuando intentaban huir otra vez. Pero cuando regresó la democracia, al año siguiente, los tres sobrevivientes contaron que había sido un falso enfrentamiento en el libro La patria fusilada del periodista Paco Urondo. Los tres acabaron desapareciendo en la dictadura que entre 1976 y 1983 profundizó el método del terrorismo de Estado para eliminar no solo a guerrilleros, sino a también opositores en general.

Cinco acusados, que aún permanecen en libertad, se sentaron ayer en el banquillo del juicio, que se escenificó en un centro cultural de Rawson para que la mayor cantidad de público lo pudiera presenciar. Ellos son los exmarinos Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino. Otro de sus pares, Horacio Mayorga, no será juzgado porque ha sufrido un accidente cerebrovascular, mientras que un séptimo imputado, Guillermo Bravo, se encuentra prófugo en EE UU, donde un juez del Estado de Florida negó su extradición por considerar “política” la causa en la que se lo investiga.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/07/actualidad/1336424939_807351.html

La guerra teledirigida

Carlos Sardiña (02.04.2010)

Estos días está teniendo lugar un intenso debate en Estados Unidos sobre el creciente uso de aviones no tripulados (también conocidos como “drones”) en operaciones de localización y eliminación de terroristas y “combatientes enemigos” en territorio extranjero. Se ha convocado en Washington un comité del Congreso para debatir el marco jurídico en el que operan estos aviones y el pasado 25 de marzo Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, defendió ante la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional la legalidad de ese tipo de operaciones.

Un avión no tripulado estadounidense sobrevuela un aeródromo de Kandahar, en Afganistán, el pasado 31 de enero (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).

La justificación legal de Hongjuy Koh se basa en la Ley de Autorización del uso de la fuerza militar, aprobada una semana después de los atentados del 11 S de 2001. El asesor legal afirma que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y grupos asociados y por lo tanto tiene derecho a emplear la fuerza respetando los principios de distinción entre civiles y combatientes [pdf] y de proporcionalidad, cosa que asegura que su gobierno está haciendo, aunque sin revelar ningún detalle sobre las medidas que toma para asegurarse de que es así.

Las declaraciones de Hongjuy Koh ponen de relieve  hasta que punto sigue vigente con Obama la “guerra contra el terrorismo” que iniciara Bush, pese a que la actual administración haya decidido dejar de utilizar públicamente ese nombre, y suscitan serias dudas sobre cómo se puede trazar una distinción clara entre objetivos militares y civiles en una guerra en la que el enemigo no se caracteriza por pertenecer a un ejército convencional.

La justificación del asesor legal ha llegado después de que el pasado mes de octubre el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Philip Alston, declarase que es muy posible que las ejecuciones con “drones” que está llevando a cabo Estados Unidos violen el derecho internacional. Alston reconocía que este tipo de operaciones pueden ser legales en ciertas circunstancias, pero no existe información suficiente al respecto, ya que forman parte de un programa secreto de la CIA cuyas reglas y protocolos de actuación son confidenciales, pese a que organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles  han pedido en reiteradas ocasiones que se den a conocer públicamente.

Philip Alston dijo ayer en Democracy Now! que las explicaciones de Hongjuy Koh no son en absoluto satisfactorias y que su contenido real sólo era una petición de que se crea ciegamente que Estados Unidos se está asegurando de respetar la ley internacional en su programa secreto sin ofrecer ninguna garantía real, lo cual sienta un peligroso precedente y socava enormemente el derecho internacional.

La guerra invisible de Pakistán

El reportaje más completo sobre el programa de la CIA es el que publicó el pasado mes de octubre la periodista Jane Mayer en The New Yorker, “The Predator War”. Según Mayer, los aviones despegan y aterrizan en bases secretas de Afganistán y Pakistán y cuando están en el aire son controlados desde la sede de la Agencia en Langley, Virginia. Además,  la CIA emplea a contratistas privados de la empresa Blackwater (rebautizada como Xe) para desempeñar tareas tan fundamentales como cargar los aviones con misiles u ocuparse de la seguridad de las bases desde las que operan.

El programa, que se desarrolla de forma paralela a otro reconocido públicamente de la Fuerza Aérea en Afganistán e Iraq, comenzó durante el gobierno de George W. Bush pero recibió un enorme impulso cuando Obama accedió al poder. El vicepresidente Joe Biden es uno de los mayores defensores de una estrategia cuya implantación y ejecución se han producido lejos del escrutinio público y que para el gobierno tiene la ventaja de que no es probable que acarree ningún desgaste político, ya que no se producen bajas de soldados estadounidenses. Además, los bombardeos tienen lugar en zonas en las que el gobierno pakistaní no mantiene un control efectivo y cuyo acceso es enormemente difícil para la prensa, por lo que son muy poco visibles mediáticamente.

Según un informe [pdf] de la New American Foundation sobre los ataques con aviones no tripulados en Pakistán, sólo en el año 2009 se produjeron 53 ataques, más que entre 2004 y 2008 (un total de 43, 34 de ellos en ese último año). Para elaborar el informe se han comparado diversas noticias publicadas en la prensa internacional. Según esos cálculos, hubo entre 830 y 1210 víctimas mortales de 2004 a 2010, de las cuales aproximadamente una tercera parte fueron considerados civiles por la prensa. Según esas informaciones, en 2009 murieron 502 personas, 382 de ellas descritas como militantes, lo que supone un 24 por ciento de muertos civiles.

Las cifras de víctimas que ofrece ese informe ya contradicen bastante por sí solas la alegación de Harold Hongju Koh de que Estados Unidos respeta los principios de distinción y proporcionalidad, pero es que además son muy inferiores a las que maneja el propio gobierno pakistaní. Éste sostiene que en 2009 Estados Unidos lanzó 44 ataques con “drones” en las zonas tribales del país en los que murieron 708 personas, de las cuales sólo cinco eran dirigentes talibán o de Al Qaeda y el resto eran civiles inocentes. Es decir, según ese cálculo más del 90 por ciento de las víctimas eran civiles.

Como no podría ser de otro modo, los ataques con aviones no tripulados gozan de escasa popularidad  entre la población pakistaní y suponen una  grave amenaza a la estabilidad de un país con un gobierno débil y frágil, cuya participación en el programa es bien conocida pese a que se oponga a él públicamente. Además, son enormemente contraproducentes en lo que respecta a su objetivo. De un modo similar a lo que sucedió con los bombardeos secretos de Camboya a principios de los años setenta, son la mejor razón que las organizaciones de la región a las que se supone que se está combatiendo pueden esgrimir para captar a nuevos reclutas entre una población desprotegida y masacrada impunemente desde el aire con la connivencia de su propio gobierno.

La guerra a distancia

La historia de la evolución de la tecnología militar puede resumirse como una tendencia a aumentar la capacidad destructiva de las armas tanto como la distancia desde la que se puede golpear al enemigo. Los aviones no tripulados y los robots, que en principio pueden estar equipados con cualquier arma disponible, suponen la culminación de ese proceso.

Estados Unidos lleva muchos años investigando este tipo de tecnología, en un principio para emplearla sobre todo en misiones de reconocimiento, y cada vez dedica una parte mayor de su presupuesto a la fabricación e investigación de aviones no tripulados y robots que puedan ocupar el lugar que tradicionalmente estaba reservado a los soldados en el campo de batalla. En un horizonte lejano se pueden vislumbrar incluso insectos con chips implantados que se podrían dirigir por control remoto para lanzar sus ataques con armas químicas.

Pero Estados Unidos no es el único país que emplea este tipo de armas. Israel utilizó aviones no tripulados en la ofensiva contra Gaza del año pasado, unos aviones que estaban equipados con unas cámaras de precisión que permiten distinguir incluso el color de la ropa, lo que no impidió que asesinaran a 29 civiles, entre ellos ocho niños. Según algunos informes, China está copiando los diseños de los “drones” estadounidenses. Pakistán ya ha comenzado a fabricar los suyos, de momento para misiones de reconocimiento. Y, dejando aparte el uso militar, la policía británica tiene previsto implantar esta tecnología para vigilar manifestaciones  y prevenir diversos actos delictivos antes de los juegos olímpicos de Londres de 2012.

Como señala el experto en defensa Peter W. Singer, el empleo de este tipo de armamento supone una revolución en la forma de combatir tan trascendental como la de la invención de la pólvora. Muchos soldados ya no luchan en tierras remotas sino que bombardean países lejanos desde sus ciudades en horarios de oficina para luego volver a sus casas con sus familias. Además, la guerra ya no implica una decisión política tan “seria” como antes, de hecho ya ni siquiera es necesario declararla y un país puede librarla sin que su población tenga que sufrir las consecuencias.

Las decisiones sobre este tipo de guerra a menudo no están sometidas al control del poder legislativo ni de la opinión pública, tal y como hemos visto en el caso de Pakistán. Paradójicamente, el público cada vez tiene más acceso, a través de canales como YouTube, a imágenes de esas guerras tomadas desde los aviones no tripulados, lo que ha recibido el nombre de “porno drone”. En cierto sentido, el mayor peligro de los aviones no tripulados, aparte de su potencial mortífero, radica precisamente en eso, en que cuanto más lejana le resulta la guerra a la población de los países agresores, más se convierte en un espectáculo que sólo le concierne como mero entretenimiento.

http://periodismohumano.com/enfoques/la-guerra-teledirigida-2.html