Parot y Estrasburgo: ¿fin de la excepción?

G. PISARELLO Y J. ASENS 11/07/2012

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español por aplicar la “doctrina Parot” a Inés del Río, encarcelada durante 25 años por la comisión de varios atentados contra miembros de las fuerzas de seguridad organizados por ETA. La decisión, sin embargo, excede el caso de la presa de Tafalla. Constituye un severo varapalo a una política antiterrorista que, bajo el signo de la retribución, ha acabado por degradar en un sentido liberticida la vida social e institucional dentro y fuera de Euskadi.

En realidad, el proceso de regresión en la utilización de los castigos penales lleva ya varias décadas. El Código Penal de 1995, aprobado por el gobierno del PSOE, derogó los beneficios penitenciarios por trabajo y abarrotó unas cárceles que muy pronto pasaron a exhibir la tasa de presos más alta de la Unión Europea. Este afán punitivo se dirigió con especial saña contra los condenados por delitos de terrorismo. Las políticas de dispersión, la limitación del acceso a permisos, al tercer grado o a la libertad condicional, o el aumento del límite máximo de las penas de 30 a 40 años fueron algunos de los hitos principales de esta deriva. La propia “doctrina Parot” –ahora reprobada por Estrasburgo- fue la respuesta del Tribunal Supremo a una intensa campaña mediática que exigía encerrar de manera irrevocable a un tipo de delincuentes que prácticamente eran considerados “no personas”. Importantes dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal insistieron, una y otra vez, en que no bastaba con que los presos cumplieran sus condenas. Era necesario ir más allá y evitar por cualquier medio que pudieran salir a la calle. Para conseguirlo, el Tribunal Supremo forzó la lógica jurídica y estableció que los beneficios penitenciarios a los que podía acceder un recluso debían aplicarse sobre cada una de las penas a las que hubiera sido condenado y no sobre el límite máximo de estancia en prisión, de 30 años.

Como en otros casos, una parte considerable de la ciudadanía, sobre todo fuera de Euskadi, reaccionó con indiferencia frente a la decisión. Sin embargo, en otros sectores de la sociedad civil y del propio ámbito jurídico las alarmas no tardaron en activarse. Tres magistrados del llamado sector progresista del propio Supremo no dudaron en calificar la nueva doctrina como un “insólito e insostenible giro interpretativo” de la ley, fruto de un caso particular que iba en contra de la posición mantenida y aplicada hasta entonces por todos los tribunales españoles, incluido el alto Tribunal. Ya entonces, estos magistrados señalaron que la doctrina alumbrada a propósito del caso del preso etarra Henri Parot constituía una grave quiebra de los parámetros ordinarios de aplicación del derecho y una peligrosa utilización retroactiva de castigos agravados.  Es este espíritu retributivo, contrario a la finalidad que la propia constitución española atribuye a las penas, el que ha generado la condena unánime del Tribunal de Estrasburgo.

Según el Tribunal, la aplicación de la “doctrina Parot” en el caso de Irene del Río ha comportado una clara vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por varias razones. Porque introduce una pena sin ley que la avale y porque autoriza una inadmisible interpretación extensiva del derecho penal en detrimento de la acusada. A la luz de estos razonamientos el Tribunal insta al Estado a poner en libertad a la reclusa “en el plazo de tiempo más breve posible”, ya que su estancia en prisión es “irregular” desde el 3 de julio del 2008, y a indemnizarla con 30.000 euros como daños morales.

Aunque esta decisión solo afecta a un caso concreto, todo apunta a que los más de treinta pendientes de resolver por el Tribunal europeo van a correr igual suerte: la exigencia inmediata de libertad para los presos condenados por atentados anteriores a 1995 a los que se les ha aplicado la “doctrina Parot” y la correspondiente indemnización. Un gobierno razonable y respetuoso de su propia legalidad debería saber leer estas señales, que se suman a las emitidas con la absolución de los encausados en procesos como Egunkaria, Uldalbitza, D3M o Askatasuna o con la reciente legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional.

Ello conduciría no solo a finiquitar de una vez la “doctrina Parot”. Exigiría, también, acabar con una política de dispersión de presos que, además de ser discriminatoria, ha acabado por criminalizar a los propios familiares. Igualmente, supondría aceptar la liberación de los reclusos con graves enfermedades o la concesión de la libertad provisional de aquellos que hayan cumplido los requisitos legales para obtenerla. De este modo, se avanzaría en la progresiva supresión de un sistema punitivo que todavía hoy dispensa un trato discriminatorio a los presos “políticos” respecto de los “comunes”.

La reacción del gobierno del PP no invita, ciertamente, al optimismo. La descalificación de los  magistrados europeos o de la propia sentencia, calificada por el ministro del Interior, Jorge Fernández, como “absolutamente lamentable”, son exabruptos irresponsables y peligrosos. Con el alto al fuego permanente de ETA, quedan pocas excusas para no desmantelar las numerosas restricciones de derechos y libertades que se han puesto en pie con la excusa de la lucha antiterrorista. No hacerlo es un acto necio de revanchismo que obstaculizará, a no dudarlo, el logro de una paz definitiva en Euskadi. Pero que también contribuirá a arraigar unas prácticas que nacieron como excepcionales y que pueden difuminarse por todo el entramado institucional, generando poderes que ni sus propios impulsores podrán controlar. Ello haría cierta aquella advertencia de que los regímenes que se habitúan a echar mano de medios ilegítimos para salvaguardarse pueden engendrar auténticos monstruos que, llegado el momento, acaban por revolverse contra sus propios creadores.

*Gerardo Pisarello y Jaume Asens son miembros del Observatorio DESC y autores del libro:  No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis.

http://www.publico.es/internacional/439526/parot-y-estrasburgo-fin-de-la-excepcion

Los 24.000 millones de razones para mandar a la cárcel a Blesa, Rato y Olivas

Periscopio, 27/mayo/2012
.
El escándalo no ha hecho más que estallar. Y amenaza por completo la estabilidad del sistema financiero español y, de paso, toda credibilidad sobre el Reino de España. Ahora se comprende por qué actuó el Gobierno Rajoy como actuó contra su antiguo jefe y querido compadre de militancia en el Partido Popular.

Se me ha caído por completo el “mito Rato…” ¡Qué barbaridad! ¡Qué engaño!, me subraya un joven, pero preparado doctor en Física, que siempre había tenido al ex marido de Gela Alarcó como un genio de la cosa.
Le comprendo perfectamente. Muhcos pequeños inversionistas/ahorradores habían confiando en BANKIA y ahora comprueben cómo todos sus esfuerzos se han volatilizado de un plumazo al socaire de las ambiciones intolerables de unos avaros, de unos mentirosos y de unos ineptos.

Cárcel
Un alto dirigente del PP se confiesa avergonzado de lo que está ocurriendo alrededor de la antigua Cajamadrid y Bancaja, dos entidades controladas desde antaño por el Partido Popular.

-¡Alguien tiene que ir a la cárcel!…O unos cuantos tienen que entrar entre rejas!

Dice bien el diputado nacional. Porque de los 4.500 millones de euros que decía el ministro De Guindos al iniciarse esta soez aventura, resulta que hay que pasar a los 24.000 millones de euros a FONDO PERDIDO…., tal y como acaba de confesar el tal Goiri (José Ignacio Goirigolzarri) –otro que tan baila- una vez levantadas todas las alfombras. Lo que resulta realmente vergonzoso es que los antiguos consejeros que se lo llevaron crudo sin dar un palo al agua pongan el grito en el cielo porque se les haya cesado.

Blesa
¿Dónde está este sujeto en la actual hora? Seguramente viviendo opíparamente con los dineros que se llevó durante dieciséis años de Cajamadrid. El amiguísimo de Aznar es el primero que debe dar explicaciones y si es necesario arrastrarlo hasta la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y luego hasta la Audiencia Nacional. Es el típico personaje sin vergüenza, que corrompe a todos para que todos callen su corrupción.

Le dio resultado, sin duda. Ni IU, ni UGT, ni CCOO, ni el PSOE levantaron jamás ni la mano ni la voz para denunciar lo que este sujeto aznarista perpetraba a destajo. Incluso después de su cese intentó llevárselo crudo, él y sus amiguetes…Que le pregunten a un tal Juan Astorqui Portera… Es el primero que debería ser llamado a declarar ante un juez instructor.

Rato
Resulta que era un “bluff”. Que el “milagro económico” durante el aznarato, del que tanto han presumido tantos, resulta que iba por otro lado. Ya escamó que huyera del FMI a toda prisa y luego se prestara a ser un beneficiario de Rajoy cuando su lideresa era Esperanza Aguirrre.

Bien, se le respetaba, incluso entre la izquierda (ahí está Virgilio Zapatero), pero a partir de los que estamos conociendo (incluso con su 4 por ciento en Intereconomía) le van a quedar pocos pelos que aderezarse y muchos en la gatera. Es evidente que tendría que ser llamado a declarar. ¡Cómo mínimo!

Olivas
Este pícnico sujeto castellano-manchego, que hizo carrera política con Zaplana y Camps, es otro de los grandes perpetradores del monumental y cósmico escándalo BANKIA. Ya está imputado pero lo debería de ser de nuevo. Tiene jeta, encima, de afirmar que todo lo hizo en bien de la entidad –otro que se cree un gran estadista cuando en realidad es un conejo pueblerino y zafio-cuando se lo ha llevado crudo.

Estos tres personajes demandan una acción de oficio de la Justicia. Cuanto antes mejor y sin componendas. El primer interesado debería ser el Gobierno al que le ha estallado una bomba de relojería entre las manos. El “corralito”, diga lo que quiera ese superado De Guindos, está más cerca, una intervención del sistema financiero español más próxima y desgraciadamente la cárcel no de estos mal-hechores que han arruinado a medio millón de familias.

Esto en Bankia. Podíamos referirnos también a BANCA CÍVICA o CAJABURGOS (¡la que se va a líar cuando se confirme que José María Arribas dio créditos preferentes a su hija adoptiva, Pilar Cubero García de la Granja (hipoteca) y a su marido Alfredo Timermans (parques eólicos), esa que perora sin parar contra MAFO en Intereconomía y no se le cae la cara de vergüenza)….
Mientras la cárcel no sea una posibilidad para los corruptos/trincadores que han arruinado al país y al pueblo esta democracia será un mero brindis formal.

¡Ellos lo saben!

Graciano Palomo es periodista y escritor, director de FUNDALIA y editor de IBERCAMPUS

http://www.elplural.com/2012/05/27/los-24-000-millones-de-razones-para-mandar-a-la-carcel-a-blesa-rato-y-olivas/

Encadenarse con los brazos será atentado contra la autoridad

El secretario de Estado de Seguridad ha explicado más detalles de la Reforma del Código Penal

PÚBLICO.ES/EFE MADRID 20/04/2012

Encadenarse con los brazos será considerado atentado a la autoridad.

Encadenarse con los brazos será considerado atentado a la autoridad.

Sentarse en el suelo con los brazos encadenados será considerado “atentado contra la autoridad”. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que ha detallado la reforma del Código Penal que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Según Ulloa, encadenarse será igual que “agredir” a un agente, aunque tendrá una pena inferior, informa Europa Press.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya anunció que su departamento tiene intención de modificar el Código Penal para equiparar la resistencia pasiva, hasta ahora considerada como un delito de desobediencia, a los delitos de atentado contra la autoridad, tales como las agresiones directas a los agentes, cuando se considere “grave”, si bien no especificó los supuestos a los que podría afectar.

En declaraciones a ABC Punto Radio, recogidas por Europa Press, Ulloa ha explicado que la modificación busca castigar con más dureza algunas actuaciones por parte de los manifestantes, que cada vez son más frecuentes, como es la de “encadenarse” por los brazos unos y otros para evitar que la Policía disuelva la concentración, y que conlleva, en ocasiones, cortes de tráfico.

El secretario de Estado se queja de que conlleva cortes de tráfico

“No estamos hablando del que meramente desobedece una orden expresa del agente de la autoridad, sino de esas personas que llevan a cabo una resistencia pasiva y que en consecuencia entraña una conducta equivalente a la agresión contra el principio del orden y de autoridad que se ejercita por las fuerzas y cuerpos de seguridad y que en definitiva es el que se trata de tutelar con los delitos de atentado”, ha explicado.

Dicho esto, ha matizado que esa resistencia pasiva “grave” no se refiere a “quedarse de brazos cruzados” ni a la “huelga de brazos caídos” sino “a la gente que se encadena o que se agarra unos a otros”. “Gente que frente a la conducta del agente de la autoridad que le dice ‘desplácese’, se agarran unos a otros e impiden el tráfico o el disfrute la vía pública para el resto en supuestos de manifestaciones que no están autorizadas”, ha añadido.

Según Ulloa, dicha conducta “implica igual atentado contra el orden público” que la de agredir a un agente, porque “no es sólo un tema de disciplina colectiva, sino de tutela de los derechos y libertades de los demás”, si bien ha aclarado que su intención no es que conlleve la misma pena que la que tienen, por ejemplo, “el que se abalanza, el que agrede o el que laza una piedra a un agente”.

“Ya está bien que decidan que van a disponer de la calle en perjuicio de los demás”, dice Ulloa

“Nuestra solicitud con respecto a Justicia es introducir una facultad moderadora por parte de los tribunales con respecto a esta resistencia pasiva para que tampoco entrañe la misma pena que el acometimiento activo sobre la autoridad, pero el encadenamiento no se puede considerar que es simplemente resistencia, es decir, lo que se entendía por el delito de resistencia y desobediencia”, ha indicado.

Esta “modificación legal” es necesaria, según Ulloa, porque, además de que este tipo de comportamientos están constituyendo “un problema habitual para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, hay un “vacío interpretativo en favor del ejercicio a la libertad de reunión o de manifestación que está llevando a cabo una laxitud y una interpretación” que, a su juicio, “es incorrecta y que se puede rectificar”.

“Lo que ya está bien es que determinadas personas decidan que ellos van a disponer de la calle en perjuicio de los demás. No estamos hablando simplemente de actitudes renuentes al ejercicio de la autoridad, sino de actitudes recalcitrantes, que lo que tratan es de minar efectivos y el principio de autoridad en beneficio de sus propias convicciones”, ha sentenciado.

Castigo penal para sindicatos y partidos

Sindicatos y partidos serán penados si sus miembros participan en desórdenes públicos

Por otro lado, Interior quiere que en la reforma del Código Penal se castigue penalmente a asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones en las que alguno de sus afiliados altere el orden público. Según fuentes del Ministerio, Ulloa habría trasladado esta propuesta a Justicia, administración con la que se prepara la reforma, que se pretende tener aprobada antes de final de año.

Entre los planes de Interior figuran que, cuando los autores de delitos contra el orden público, altercados o incidentes registrados en manifestaciones sean afiliados de las asociaciones, sindicatos o partidos políticos convocantes, éstos puedan ser responsabilizados penalmente, y no solo en vía civil, como personas jurídicas.

La última reforma penal de 2010 introdujo como novedad la responsabilidad penal de las personas jurídicas a excepción de las empresas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. En concreto, el artículo 31 bis.1 del Código Penal contempla que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”.

No obstante, el apartado 5 de este mismo artículo establece que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables “al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales y a los partidos políticos y sindicatos”, entre otros.

http://www.publico.es/espana/430225/encadenarse-con-los-brazos-sera-atentado-contra-la-autoridad

Garzón y la Transición

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso

Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.

La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.

Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.

Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.

No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.

¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).

Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4598/garzon-y-la-transicion/

 

Fusilaron a Garzón contra las tapias de la democracia

Arturo González

Puntadas sin hilo

16 ene 2012

El primer juicio contra el juez Garzón, por autorización de escuchas a detenidos, comienza mañana-hoy, y el próximo lunes comenzará el de los crímenes del franquismo, salvo que antes haya sentencia condenatoria en el primero, en cuyo caso el juicio del franquismo quedaría diluido al no ser ya competente el Tribunal Supremo.

El 12 de abril del pasado año publiqué en este blog un artículo en relación al juez Garzón, que reproduzco por considerarlo válido y vigente:

Un amigo y prestigiosísimo jurista me explicó, al principio de los tres expedientes incoados al juez Garzón, que el de las escuchas telefónicas, que es el que se va a juzgar en primer lugar, era el más peligroso y conflictivo para el juez. No quiso pasar de ahí, por no conocer los contenidos del sumario.

Opinar, pues, resulta temerario para quienes tampoco conocemos los fundamentos del caso más que por las informaciones más o menos exactas de prensa, y en un asunto de dificultad extrema en la interpretación del Código Penal en el delito que se le imputa, que, como muy bien saben, es el de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas resoluciones injustas.

Deberíamos, por tanto, separar meridianamente este juicio de los otros dos que tiene el juez pendientes ante el mismo Tribunal Supremo por el mal llamado “investigación del franquismo”, y por cohecho con cobros indebidos con motivo de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York.

Tampoco debería influirnos la enorme adhesión y agradecimiento que tiene Garzón por parte de una buena mayoría, creo, de los españoles por su lucha trascendental contra el terrorismo de ETA.

Ni dejarnos llevar por los comentarios inadecuados de quienes descalifican al juez por haber figurado en las listas del PSOE por Madrid. Esto sí que es inadmisible y desestabilizador. Garzón tenía todo el derecho a su aventura política, y a su regreso a su función de juez una vez acabada ésta. Como tantos jueces de uno y otro signo ideológico lo han hecho. Acusarlo de venganza es una ignominia de quien cometa tal acusación.

Así, solo se le puede enjuiciar, tanto por el tribunal como por los medios de comunicación, por sus actuaciones y decisiones en el asunto de las escuchas telefónicas a abogados con sus clientes en prisión autorizadas por él.

Con el asentimiento del Ministerio Fiscal, cuestión no baladí, aunque no imperativa para el tribunal. El Ministerio Fiscal representa al Estado y a nosotros ciudadanos. Claro que si, como siempre, las oscuras y sórdidas fuerzas comienzan por decir que el Fiscal está bajo la sumisión del Gobierno mal entendemos qué es la legalidad. Todos nos consideramos honestos en nuestra profesión, pero, por lo visto, el Ministerio Fiscal no lo es. Eso sí que es un ejercicio de deshonestidad.

También avaló las escuchas en instancia superior el juez Pedreira, instructor en la Audiencia del caso Gürtel, origen de este conflicto. A Pedreira todavía no lo han acusado de nada.

Es evidente, por tanto, que un delito como el de prevaricación que está sometido a contradicción y criterios diferentes no puede constituir tal figura delictiva.

Por otra parte, ¿qué interés podría tener Garzón en este asunto para dictar una resolución injusta que no fuera, con arreglo a su interpretación del Derecho, posibilitar el descubrimiento de irregularidades y delitos cometidos por los encarcelados y sus abogados, alguno de ellos imputado? Pudo equivocarse, lo que daría pie a los pertinentes recursos, pero no a una prevaricación.

No pensemos ni por un momento en la sombra de la duda política y la presión de algún partido político, como ustedes recordarán. El Tribunal Supremo tiene el mismo derecho que reclamamos para el Ministerio Fiscal, a que creamos en su objetividad en la interpretación de las normas y las pruebas. No creamos en este asunto, el menos politizado de los tres, en la vesania o prevaricación del propio Tribunal Supremo, ni en sus ansias de represalia por envidia.

Y por encima del Tribunal Supremo estará el Tribunal Constitucional y, en su día, el Tribunal de Estrasburgo, preocupación profesional máxima de nuestros magistrados.

Yo, por mi parte, creo que Garzón es inocente, y así lo deseo. Pero no me atrevo a vaticinar el resultado.

—–

Hay un dato muy negativo y poco esperanzador para Garzón: el Tribunal ha denegado que declare el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que es quien lleva el caso Gürtel y que prorrogó y avaló la decisión de Garzón de autorizar las escuchas.

No obstante, y al menos en lo sentimental, yo me adhiero con firmeza a la maravillosa, rotunda y explícita sentencia pronunciada por el lector Arlekín, de la que me permito participar:  ‘Fusilaron a Garzón contra las tapias de la democracia’.  Ésta sí que es una verdadera sentencia. Todo un compendio social y sociológico recriminatorio de fundamentos de hecho y de derecho de la justicia del pueblo.   Y es que si lo condenan, cientos de miles de españoles creerán que las balas con las que lo fusilaron contra las tapias de la democracia fueron la envidia, la venganza y las intrigas políticas.

————————-

Gota del día: ¿Por qué casi todos los políticos dicen que Fraga era un hombre de Estado?  ¿Cómo puede ser un hombre de Estado alguien que dijo ‘La mejor parte del país fue la que se alzó el 18 de julio’,  ‘La homosexualidad es una anomalía, son los que lo hacen al revés’, ‘La calle es mía’, ‘Franco fue un gran hombre’, ‘La legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado’, que dio la mano y saludó efusivamente a un maniquí en unos grandes almacenes, sumamente autoritario, o que ‘Yo solo pido perdón ante Dios y mi confesor’.  ¿Por qué tenemos que respetarlo?     ¿Qué es un hombre de Estado?

http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2012/01/16/fusilaron-a-garzon-contra-las-tapias-de-la-democracia/

 

Un avión no tripulado de EE UU mata a ocho supuestos talibanes en Pakistán

El ataque amenaza con deteriorar las relaciones entre Washington e Islamabad, agravadas tras la muerte de Bin Laden

AGENCIAS / EL PAÍS | Miranshah / Madrid 06/05/2011

Un avión no tripulado estadounidense ha disparado varios misiles contra dos edificios en la región paquistaní de Waziristán (norte del país) causando la muerte de al menos ocho milicianos talibanes, según han informado fuentes de la seguridad de Pakistán citadas por Reuters. Otras cuatro personas han resultado heridas, según las mismas fuentes, que han asegurado que los fallecidos eran “supuestos insurgentes”, y que el número final de víctimas podría aumentar.

La provincia de Waziristán es un bastión de Al Qaeda y los talibanes y escenario frecuente de ataques con misiles por parte de Estados Unidos. Al ser montañosa y escarpada, la región es un escondite perfecto para las redes yihadistas, talibanes y miembros de Al Qaeda.

El de hoy es el primer ataque con un drone en suelo paquistaní desde la muerte de Bin Laden en el asalto de un comando de las fuerzas especiales de la Armada de EE UU, el pasado lunes. La operación de la CIA ha vuelto a tensar las siempre delicadas relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Washington decidió llevar a cabo de manera unilateral la incursión en Abbottabad sin solicitar permiso a las autoridades paquistaníes, decisión que suscitó una oleada de críticas en el país árabe.

Estados Unidos lo justificó alegando que era la única manera de garantizar el éxito de la operación. Desde Washington también se ha aprovechado la eliminación del exlíder de Al Qaeda para acusar a Pakistán de no hacer lo suficiente en la guerra contra el terrrorismo, de la que se supone que es estrecho aliado de Estados Unidos, al no tener constancia de la presencia de Bin Laden en su propio territorio. De hecho, el escondite del terrorista saudí en Abbottabad estaba a pocos kilómetros de una academia militar del Ejército paquistaní.

Ayer, el Gobierno paquistaní amenazó con revisar su cooperación con Washington si se volvía a repetir una acción similar. La medida parece la respuesta a la humillación que para los militares paquistaníes ha supuesto la forma de actuar de sus colegas estadounidenses, informa Ángeles Espinosa.

Los ataques con aviones no tripulados son un instrumento habitual de Estados Unidos en su lucha contra el integrismo en el área tribal de Pakistán, aunque en las últimas semanas se habían espaciado.

La ONU pide aclaraciones a EE UU

Representantes de la ONU para los derechos humanos han solicitado a EE UU que revele información relacionada con la muerte de Osama Bin Laden para determinar si se respetaron las normas internacionales y si se consideró la posibilidad de capturarlo con vida. En una declaración firmada por Christof Heyns, y Martin Scheinin, los expertos de la ONU reconocen que en “ciertos casos excepcionales, el uso mortal de la fuerza puede permitirse como último recurso, en concordancia con los estándares internacionales del uso de la fuerza y con el fin de proteger la vida”. Sin embargo, enfatizaron que, por norma general, los terroristas deben ser tratados como criminales, detenidos conforme a la ley y juzgados por tribunales, a los que corresponde sancionarlos.

Ver también:

EE UU intenta sin éxito eliminar en Yemen a otro líder de Al Qaeda

http://www.elpais.com/articulo/internacional/