El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

Escrito por  … desde fuera de Palacio

«De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.

http://fueradepalacio.wordpress.com/2014/03/10/el-rescate-bancario-nos-va-a-costar-mas-de-130-000-millones-de-euros-de-dinero-publico/

Las fuerzas antidemocráticas del estado español contra la libertad de expresión en las redes sociales

por Kaos. Represión y criminalización

Jueves, 15 de Mayo de 2014

El Gran Inquisidor te vigila... El Gran Inquisidor te vigila…

Desatada campaña de criminalización contra usuarios de las redes sociales con el objetivo de recortar, una vez más, los derechos y libertades fundamentales, cambiándolos por represión. Los totalitarios, siempre dispuestos a ello, han visto en el asesinato de Isabel Carrasco una oportunidad de oro…

El Gobierno estudiará cómo “poner coto” a la libertad de expresión en las redes sociales

Agencias/Kaosenlared

Justicia e Interior trabajan a raíz de los comentarios publicados en los últimos días en relación al asesinato de Isabel Carrasco. La matan dos militantes del PP y el gobierno aprovecha para perseguir, reprimir y recortar libertades a la izquierda. Lo propio de cualquier gobierno totalitario, claro está. Y acompañado, como no podía ser de otra manera, por sus esbirros en la caverna mediática.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado hoy que su departamento y el Ministerio de Justicia van a estudiar conjuntamente cómo “poner coto” a la libertad de expresión en las redes sociales. El Gran Inquisidor, miembro del OPUS, Fernández Díaz, suma así a Gallardón a su campaña totalitaria y censora contra la libertad de expresión en las redes sociales. Lo paradójico del asunto es, como ya es conocido, que todo esto viene en relación al asesinato de una política del PP, partido al que pertenecen ambos Ministerios de la inquisición, a manos de, supuestamente, dos militantes del propio Partido Popular.

La matan ellos, la derecha, y el gobierno, en cambio, centra su estrategia en reprimir y perseguir en las redes sociales a quienes, desde la izquierda, no comulgan con el pensamiento único que estos señores nacional-católicos pretende implantar mediante el uso de todos los elementos represivos, policiales, judiciales y, en fin, al estado mismo, para la defensa de sus propios intereses ideológicos, políticos y personales.

Por supuesto, el gobierno cuenta con el apoyo de sus esbirros en la caverna mediática, quienes, a las órdenes de la estrategia represiva diseñada desde Moncloa, no han tardado en salir a pedir el recorte de tales derechos y libertades fundamentales, mezclando demagógicamente el uso de la libertad de expresión en las redes sociales con el terrorismo y otros asuntos similares, tal y como ayer mismo hiciera el Ministro al comparar los mensajes de estos días en relación al asesinato de Carrasco con el “yihadismo”. Una prueba evidente es la portada de hoy del diario ABC.

Todo ello, además, poco más de una semana después de que se llevase a cabo la conocida como “Operación Araña”, en la que estas mismas fuerzas antidemocráticas del estado ya consiguieron generar todo un espectáculo mediático con la detención y procesamiento judicial de más de 20 personas, acusadas de “enaltecimiento del terrorismos”, “humillación a las víctimas”, y otros supuestos delitos similares, mientras no han movido, ni moverán, un solo dedo para actuar contra aquellos que llaman a pegarle “seis tiros en la cabeza a Sánchez Gordillo”, amenazan de muerte casi a diario a Willy Toledo o Pilar Manjón, llenan las redes con mensajes que hacen apología del asesinato de migrantes o del exterminio, que piden fusilar a los participantes en las marchas del 22-M, humillan sistemáticamente a las víctimas del franquismo o tantas otras cosas del estilo.

Porque no, el fondo de todo esto no es judicial, no. No es judicial, sino político, y no es penal, sino ideológico. No se trata de controlar las redes sociales, sino de reprimir la disidencia política y, en la medida de los posible, tomar al asalto el control de las redes sociales, uno de los pocos espacios de comunicación de masas que no está hoy en día plenamente a su servicio ideológico y de clase. Eso es muy peligroso para ellos, no pueden permitirlo. Y no hablamos, claro, del PP, sino de los poderes fácticos que gobiernan el estado en la sombra (banqueros, grandes empresarios y otros capitalistas del estilo), para los cuales el PP sirve de simple manijero y gestor de sus intereses, como también lo hacen el PSOE, CiU, UPyD, y tantos otros. Además de, por supuesto, toda la inmensidad de medios en radio, televisión, prensa escrita e internet que controlan al 100%. La libertad de expresión no puede ser otra que la libertad del dueño de la imprenta, ya se sabe.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, pues, Fernández Díaz se refería así al debate abierto tras los comentarios insultantes publicados en los últimos días en las redes sociales a raíz del asesinato de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y ha avanzado que estudiarán instrumentos legales “adicionales” para perseguir esos delitos.

Fernández Díaz ha considerado que ese tipo de conductas que incitan al odio y a la comisión del delito “son susceptibles de ser consideradas como tales” y deben ser perseguidas, por lo que no descarta reforzar la ley para ello si es necesario.

“Si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho a los ciudadanos a la intimidad, el honor y a su seguridad”, ha recalcado.

Fernández Díaz no tiene constancia de si la Fiscalía ha abierto una investigación sobre esta actuación en las redes sociales, aunque ha recordado la reciente operación dirigida por la Audiencia Nacional que llevó a la detención de 21 personas por apología del terrorismo y humillación a las víctimas. “No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, ha advertido.

El titular de Interior ha dejado claro que quien establece los límites de lo que es delito son las autoridades judiciales, pero sí considera que debe abrirse una reflexión frente a actitudes que, a su juicio, deben tener un “reproche penal” o administrativo, al igual que lo tienen la incitación al odio, la violencia o xenofobia en el deporte.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el ciberdelito y la cibercriminalidad es uno de los mayores retos y amenazas a los que hay que hacer frente y tienen también esa proyección, en la que “bajo el antifaz” o el disfraz del anonimato que dan las redes sociales, se hacen comentarios peligrosos que incitan al odio y a la comisión de delitos y pueden traer después “consecuencias drásticas para todos”.

Así, ha lamentado, se ha visto en el caso del asesinato de Carrasco, en el que “cuando todavía estaba el cadáver en el suelo” ya había comentarios en las redes que producen “repugnancia” y un rechazo absoluto. Una situación que, según el ministro, debe llevar a actuar con responsabilidad, ya que “es mejor prevenir que curar”.

El ministro de Interior insiste en anunciar “instrumentos legales adicionales” para evitar “la apología del delito” en las redes sociales

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que su departamento, conjuntamente con el de Justicia, estudia “instrumentos legales adicionales” para perseguir las conductas que “hacen apología del delito y del odio”.

Fernández Díaz se expresó en estos términos en los pasillos del Congreso de los Diputados, preguntado por si el Gobierno cambiará la normativa que regula los comentarios en las redes sociales después de que se publicaran textos ofensivos por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.

“Esas conductas si hacen apología del delito y del odio deben ser perseguidas y nosotros las vamos a perseguir. Y si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales”, avanzó.

El ministro del Interior adelantó que el Ministerio del Interior y el de Justicia van a “trabajar conjuntamente” para ver que “en el marco de nuestro Estado de Derecho, como es evidente sin limitar la libertad de expresión, qué se puede hacer para poner coto a esta situación”. Fernández Díaz denunció, además, que esos comentarios en la medida que hacen apología del delito e incitan al odio, “después pueden traer consecuencias trágicas para todos y más vale en estos casos prevenir que curar”. “Nos conviene a todos”, dijo.

El ministro del Interior, que reconoció que no le “consta” que la Fiscalía haya abierto diligencias, insistió en que ordenó a la Policía que “abra una investigación” en este sentido y recordó que la Guardia Civil detuvo a 21 personas que en las redes sociales estaban haciendo apología del terrorismo de ETA y humillando a las víctimas.
“No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, advirtió Fernández Díaz para incidir en que “la última palabra la tiene la autoridad judicial”, pero asegurar que la Policía tiene la labor de perseguir de oficio conductas que sean delictivas.
Reto Sigue leyendo

Rompamos el silencio sobre lo que sucede en España

 

“Empiecen a cubrir el desarrollo que España conduce hacia una democracia autoritaria”, escribe la dramaturga y directora Astrid Menasanch Tobieson en una carta abierta para los periodistas suecos y que ha tenido repercusión en los medios suecos y las redes sociales.

Les escribo con un sentimiento de conmoción e indignación. Les escribo a base de que quiero a muchas personas que se encuentran en lugar geográfico específico, España, que dentro de unos días emprenderá el camino desde una democracia abierta hacia una (pseudo) democracia fascista y autoritaria. Les escribo a base de lo sucedido en Kärrtorp, Estocolmo (en donde un grupo de choque fascista atacó a una manifestación pacifica anti-racista hace unos días) y lo que sucede ahora en España, lo veo como una misma cosa: el avance del fascismo y la indiferencia de la sociedad ante todo lo que sucede.

Este viernes (20 de diciembre) el gobierno de España aprobará una ley cuya meta es acabar con las protestas y las manifestaciones. El método: conseguir el silencio a través del miedo. Les pido ahora vuestra ayuda, les pido que cubran esto.

Este sábado pasado en Madrid se organizó una de las 6000 manifestaciones que España ha visto el ultimo año. Lo vuelvo a decir: una de seis mil. Los últimos dos años la red de protección social en España se ha desmantelado. Intento de privatizar los hospitales, el derecho laboral ha sido transformado desde la base, una gran cantidad de gente ha sido despedida de sus trabajos, muchas familias han sido desahuciadas de sus hogares, los teatros se han privatizado y en las escuelas la educación para la ciudadanía se ha suspendido. Este viernes (20 de diciembre) el gobierno además aprobó la nueva ley de (anti) aborto.

Lo que se ha dicho ser una crisis económica es, y desde el principio ha sido, ante todo una crisis democrática en donde la represión es, ha sido y con la ayuda de la ley será la principal herramienta para obstaculizar la libertad de expresión. La cobertura mediática en Suecia sobre la situación en España ha sido escasa y el análisis desde un punto de vista social ha sido inexistente. Como si lo uno no estuviera conectado con lo otro. Pero lo están. La manifestación este sábado pasado se convocó fuera del congreso de Madrid, con el propósito de protestar en contra una nueva propuesta de ley, La Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley contiene 55 artículos que toma represalias en contra del manifestante según una escala clara en donde un ciudadano será penalizado con multas de 100 a 600 000 euros por 55 actos diferentes. Una tercera parte se consideran como infracciones muy graves, la mitad graves y el resto se consideran como infracciones leves.

¿Las infracciones? Para empezar, todas las manifestaciones no comunicadas delante del congreso u otro edificio estatal, como la que se convocó este sábado en Madrid, serán prohibidas y penalizadas con hasta 30 000 euros por participante. Esto se pondrá en practica cuando varias personas en un sitio se consideren como un grupo.

La prohibición en contra de manifestaciones no comunicadas también se aplicará sobre las redes sociales. Juntarse como grupo en internet en torno a una opinión será sancionado con 30 000 euros. Convocar un grupo, en redes sociales o en otro lugar publico, en torno a símbolos y banderas será prohibido, 30 000 euros de multa. Si en una manifestación se participa encapuchado o con el rostro cubierto, 30 000 euros. Negarse a identificarse delante de un policía, 30 000 euros. Impedirle a un policía ejercer su cargo, 30 000 euros, lo cual en la práctica significa que las protestas sentadas como las que comenzaron el movimiento 15-M en España, serán estrictamente prohibidas. Deshonrar la bandera Española, 30 000 euros. Lo repito, 30 000 euros.

Hacer un dibujo satírico, por ejemplo con un político como motivo, estará prohibido por falta de respeto. Usar pancartas con críticas escritas hacia la nación España, 30 000 mil euros. Filmar o fotografiar a un policía en servicio, 30 000 euros. Y como estos, muchos mas. En todos los casos será suficiente con el testimonio de un policía o agente de seguridad para multar al ciudadano, lo cual sucederá sin ningún proceso jurídico.

Uno puede preguntarse entonces, se enfrenta España a un movimiento de protestas violentas? Pues no. El jefe de policía Ignacio Casidó ha comentado La Ley de Seguridad Ciudadana, diciendo claramente que las 6000 manifestaciones han sido parte del movimiento de protestas mas pacífico de la historia de España (El País).

Entonces, ¿a quienes se dirige la supuesta protección ciudadana que plantea la nueva ley? Difícilmente a los que protestan en contra de la represión.

No hace mucho tiempo que España fue una dictadura. No hace mucho tiempo que hubo una guerra civil. Todos los debates son políticos. Dar espacio a un suceso es un acto político. No hacerlo, no cubrirlo, es un acto político. El silencio es, en alto grado, un acto político. La decisión de mantenerse en silencio se queda en el cuerpo en las memorias en generaciones.   Esta ley neofascista que a partir del viernes será aprobada, no está desconectada del fascismo creciente en Suecia. Ni tampoco nosotros, como seres humanos, estamos desconectados el uno del otro.

Me dirijo sobre todo a todos los periodistas, columnistas y editoriales en Suecia. Vosotros que tenéis el espacio mediático. Les pido, desde lo mas profundo de mi alma, de romper el silencio sobre el régimen que esta creciendo en España. Les pido que comiencen a informar. Les pido que cubran el derecho de la libertad de expresión en las sociedades donde el fascismo, a través del miedo, se apodera del poder, el espacio y de la posibilidad de definir los problemas. Tanto en España como en Kärrtorp (Suecia). Les pido que nos ayuden con sus textos, informativos y aportes al debate, les pido que contengan un análisis agudo y profundo. ¡Cubran! ¡Cubran todo!

http://periodismohumano.com/sociedad/rompamos-el-silencio-sobre-lo-que-sucede-en-espana.html

Franco fue un dictador sangriento y asesino

Enric SopenaEnric Sopena
.
Cabos Sueltos, 25/mayo/2012
.
La Real Academia de la Historia –de la historia franquista, obviamente; la escrita por los vencedores de la guerra- ha cerrado filas y ha anunciado que el perfil del ‘Caudillo’ se mantendrá incólume. El general Franco continuará siendo, según sus corifeos, un gobernante autoritario.

Su régimen no fue, para la Real Academia de la Historia, una dictadura y de ahí no se mueve ni un pelo.  Franco –aliado y amigo  de Hitler, Mussolini y Oliveira Salazar- salvó  a España, dicen, de las garras del comunismo ateo. No fue para nada un dictador. Pero sí fue el salvador de la patria, todo un héroe in sécula seculorum.

Revisión manipulada
El viento del Gobierno Rajoy,  con mayoría absoluta, sopla con fuerza creciente a favor de la revisión manipulada de la historia. El coro de los populares hace el juego a un militar golpista. Pero los valores democráticos van ahora de capa caída. La derecha gobernante no sólo se está cargando el Estado del Bienestar.

Rehabilitación paulatina
Está cargándose también los avances logrados en el ámbito de los derechos humanos y civiles, conseguidos por el Gobierno Zapatero y años antes por el Gobierno González.Todo esto no es anecdótico. Es muy grave. Desde hace bastante tiempo, el franquismo se ha ido rehabilitando paulatinamente.

Caldo de cultivo
Asistimos al constante caldo de cultivo de ideologías reaccionarias. La izquierda en España ha salido deteriorada a partir de la crisis. Los populares se alzaron con el santo y la limosna y obtuvieron unos resultados escalofriantes. Las voces generosas y complacientes con la dictadura franquista son significativas.

El comprensivo Gallardón
En ELPLURAL.COM nos hicimos eco, hace unos días, de unas declaraciones de Alberto Ruiz-Gallardón, digamos que comprensivas respecto a la dictadura. La nostalgia de Mayor Oreja todavía fue más lejos en los guiños al régimen ultramontano, surgido gracias a las armas y los muertos, el 18 de julio de 1936.

Corruptelas evidentes
Por cierto, la victoria de Carlos Dívar, que ha salido de rositas de un estercolero de corruptelas evidentes, es un triunfo más del franquismo sociológico y, en buena parte, político. ¿Cuándo recuperará su energía la izquierda, con el PSOE a la cabeza? ¿Cuándo la izquierda dirá ¡basta! a los herederos del dictador? Los indignados son mayoría. Numéricamente, juntos podemos. ¡Ya está bien la gran mentira de que Franco fue el salvador de España! Franco fue un dictador asesino.

Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

Artículos relacionados

http://www.elplural.com/2012/05/25/franco-fue-un-dictador-sangriento-y-asesino/

Reforma sanitaria: ambulancia a cargo del paciente (650€ /mes por acudir a la diálisis) y muchos discapacitados y menores de 26 años sin cobertura sanitaria

por Kaos. Tijeretazos y recortes sociales

Miércoles, 25 de Abril de 2012
En los medios se ha comentado mucho el 10% del copago en medicinas para los ancianos, hasta un límite del 18€, incluso de la medida de corte nazi que quita la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles, pero igualmente se han omitido otras medidas de gran relevancia…

El gobierno deja a los Estudiantes de más de 26 años y parados de larga duración sin atención sanitaria

La avalancha de indefinición, inconcreción e irregularidad en las propuestas legislativas del gobierno del partido popular está empezando a crear en la ciudadanía un mayúsculo interrogante respecto a todos los derechos que disfrutaba hasta la actualidad y sobre cuáles va a seguir disfrutando.

Cada vez se ve más clara la intencionalidad privatizadora para obligar a la ciudadanía a repagar lo que ya tenía, en especial a los más pobres y más afectados por la crisis.

Después de las delirantes apariciones de las últimas semanas de los ministros de Educación, Interior, Agricultura, Economía y Hacienda, es el turno ahora de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

La Ministra ha comparecido a la manera que nos tiene acostumbrados el gabinete del actual presidente Rajoy, sin concretar, sin explicar y sin articular el verdadero sentido de los textos de sus propuestas de ley, a la par que van aprobando toda esta serie de recortes a golpe de rodillo absolutista.

El proyecto de ley que se ha publicado hoy en el BOE reforma el articulo 1 de la anterior ley de 2003 de la siguiente manera: Acceso al documento del proyecto de Ley

«Artículo 3. De la condición de asegurado.
1. La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.
2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.
b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social,incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

El decreto también declara la ilegalidad de adscribirse a la tarjeta sanitaria de un familiar, como estaban haciendo muchos desempleados en muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué ocurre con las personas mayores de 26 que nunca han tenido prestación o subsidio por desempleo? ¿Qué pasa con muchos jóvenes que están estudiando dos carreras, o algunos que llevan toda la vida trabajando en negro, porque el gobierno no solo no persigue a los defraudadores, sino que les otorga amnistías? El decreto lo dice bien claro dejándolo todo bien oscuro: los no tan jóvenes estudiantes y los parados de larga duración tienen que demostrar que no superan un límite de ingresos aún por regular. ¿Qué ingresos debe demostrar un parado?, ¿los de su mujer, padres, hermanos o persona de la que viva? ¿Y aquellos no tan jóvenes que están estudiando una segunda carrera u opositando?, ¿los de su familia? ¿Cuánto papeleo deberá hacer un parado para que le atiendan en el hospital? Lo que queda bien claro es que los parados de larga duración y los estudiantes mayores quedan en principio fuera del sistema sanitario y se les negará la tarjeta, los requisitos necesarios para que sean atendidos son aún una incógnita.

http://www.primaveravalenciana.info/2012/04/25/el-gobierno-deja-a-los-estudiantes-de-mas-de-26-anos-y-parados-de-larga-duracion-sin-atencion-sanitaria/

Fascismo maquillado en Europa

24 abril 2012

Xavier Caño Tamayo –  ATTAC Acordem

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha escrito y repite que en Europa se está desmantelando la democracia. Veamos. En España, por ejemplo, el gobierno reforma el Código Penal. Para sancionar a los violentos en manifestaciones. Es cierto. Pero también pretexto. Buscan además amedrentar a la ciudadanía pacífica que se opone en masa a la violación de sus derechos sociales. Buscan que la gente tenga más miedo al sistema. Lo reconoció el consejero de Interior del gobierno nacionalista de Cataluña, aliado del Partido Popular.

Por eso crean nuevos delitos como “atentado a la autoridad por resistencia pasiva o activa grande”. ¿Qué es resistencia pasiva grande que ahora es delito? No notificar a la delegación del gobierno que un colectivo de ciudadanos se manifestará. El incumplimiento de un formalismo administrativo puede convertir en detenidos y encarcelados a manifestantes pacíficos.

La reforma crea también otro delito, el de integración en organización criminal para quienes difundan a través de Internet convocatorias de movilización simplemente que no hayan sido notificadas a la delegación del gobierno; también ese delito será el de los que no abandonen un lugar tras indicarlo la Policía.

Fascismo es toda doctrina o práctica política que se pase por sistema o por ley los derechos humanos por el forro. Y eso ocurre y ocurrirá más si no se impide. Un fascismo sin brazos alzados, esvásticas ni águilas imperiales. El fascismo que utiliza el miedo, la fobia al extraño, al diferente. Pero no renuncia a la violencia callejera; tal vez de provocadores. La utilización de provocadores es vieja como la Historia. Y esa violencia genera otra indiscriminada por fuerzas de seguridad contra la ciudadanía resistente pacífica. Como la que hubo en Valencia, Madrid y Barcelona en las últimas semanas. Por esos hechos, Amnistía Internacional denunció el uso de fuerza excesiva por fuerzas policiales contra manifestantes pacíficos. Sus informes indican que la policía cargó de modo indiscriminado; las imágenes pudieron verse en le Red.

¿Es casualidad, por otra parte, que el gobierno del Partido Popular haya indultado recientemente a cinco mossos d’esquadra (agentes de policía autonómica de Cataluña) condenados por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal de un ciudadano falsamente acusado de robo?

El fascismo de hoy en Europa ha sustituido los uniformes pardos o negros y las liturgias delirantes por el control férreo de medios de comunicación que utilizan para desinformar, engañar, ocultar, hipnotizar colectivamente, manipular y mantener desorientada y adormecida a la ciudadanía.

Amedrentar y fobia, dos caras de la misma política del miedo propia del fascismo. Fobia contra los inmigrantes, por ejemplo (antaño fueron los judíos), convertidos en chivo expiatorio. Y amedrentar a toda una Europa con el espantajo del déficit y la austeridad obligatoria. Porque el miedo genera pasividad y fatalismo, inmoviliza. Y eso busca el poder financiero, autentico dueño de Europa.

El regreso del inicio del fascismo, maquillado de ritual democrático, se inició en los noventa: Berlusconi en Italia. Hasta The Economist lo consideraba una nueva forma de fascismo, una amenaza al Estado de derecho. Y el actual primer ministro, Mario Monti (designado a dedo por el poder financiero), no ha cambiado esa situación italiana.

Porque lo que de verdad molesta al poder financiero es la democracia; la de verdad, por supuesto. Irrita a quienes se sientan en los consejos de administración de bancos, corporaciones globales y grandes empresas; porque pone coto a su codicia. Son quienes sustituyen gobiernos elegidos democráticamente por tecnócratas designados en opacos cónclaves.

Pero hay más síntomas. Estonia rehabilita a sus nazis, Lituania olvida el holocausto y Hungría deviene autoritaria. Y “en muchos países europeos del antiguo bloque oriental se abre paso una versión fascista de la historia”, denuncia el periodista alemán William Totok. Dinamarca recuperó viejas restricciones a la libre circulación de personas; una norma comunitaria europea autoriza el internamiento sin juicio hasta año y medio de inmigrantes sin papeles y la expulsión de menores. En Francia e Italia deportaron en masa extranjeros gitanos… Huele a años treinta del siglo XX.

Y cuando Viktor Orban, primer ministro de Hungría, tomó medidas autoritarias (purgar la administración y los medios informativos de voces críticas) e inició proyectos contra la libertad de prensa o la división de poderes… no pasó nada. Pero cuando Orban pretendió que el parlamento húngaro pudiera vetar la legislación europea o someter el Banco Central de Hungría al control directo del gobierno, entonces la Comisión Europea clamó que “los valores europeos” peligraban en Hungría.

¿Ven la farsa? Habermas tiene razón: en Europa se está desmantelando la democracia.

Artículo publicado en Con nuestro Perú
Periodista y escritor
Centro de Colaboraciones Solidarias

http://www.attac.es/2012/04/24/fascismo-maquillado-en-europa/

Setecientos nombres para el recuerdo

lne.es, Avilés

Dos investigadores concluyen un informe sobre la represión, que incluye una lista de víctimas y pide una comisión para la recuperación de la memoria

E. CAMPO
Crisanto, Aquilino, María de la Cruz… Desaparecidos, fusilados, muertos en prisión. Las lágrimas por muchas de estas víctimas de la represión posterior a la Guerra Civil siguen ardientes, como las balas que atravesaron la vida de tantos avilesinos. El 21 de octubre de 1937 las tropas franquistas ocuparon la comarca. Comentó entonces un nuevo episodio, el de la represión, que tuvo consecuencias terribles para muchos de los habitantes. Los investigadores Pablo Martínez Corral y Azucena López García acaban de ultimar, sobre este episodio sangriento de la Historia, un informe que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés. Una de las conclusiones de este estudio es que sería conveniente poner en marcha una comisión técnica para la recuperación de la memoria en Avilés.

El secuestro y asesinato de militantes de izquierdas y adeptos al Gobierno republicano, que se manifiesta de forma especial en los primeros momentos de la ocupación, es seguido después por juicios sumarísimos de urgencia y condenas ejemplarizantes, batallones de trabajo, multas, depuraciones y castigos de escarmiento. Más de 700 personas que habían tenido una actividad destacada fueron juzgadas por el procedimiento de juicios sumarísimos, y más de 300 avilesinos fueron condenados a muerte. Otros 400 afines al Frente Popular, fueron fusilados. El estudio incluye una lista de desaparecidos, fusilados por juicio y muertos en prisión. Se puede consultar en http://memoria37.blogspot.com/

Este informe sobre la represión de Avilés bebe no sólo de la documentación de las autoridades franquistas, que es muy escasa, sino también de testimonios, del Registro Civil, del Archivo Militar de Ferrol y en otros documentos de la época. Los protagonistas de la represión, cuentan, son tanto las fuerzas del orden público -Guardia Civil y los restos de la Policía Municipal-, la Brigada de Investigación y Vigilancia -que es el cuerpo encargado de detener e interrogar a los militantes de izquierdas-, Falange -que en Avilés cuenta con un cuerpo de investigación- y la Comandancia Militar VIII Región. «El método empleado supone la detención ilegal de una persona, el interrogatorio con tortura y, finalmente, el fusilamiento en lugares apartados», cuentan Martínez Corral y López García.

Lo habitual es que Orden Público, compuesto por la Brigada de Investigación y Vigilancia, señalara a las personas que había que detener, trabajo del que se encargaban miembros de la Guardia Civil y falangistas. «Éstos se presentaban en el domicilio de la víctima o en el lugar de trabajo, y también realizaban batidas por los montes de la comarca. Las personas detenidas eran llevadas a las prisiones preventivas, denominación que los propios sublevados dan a los centros de interrogatorio». La prisión central de este entramado era la Quinta de Pedregal, pero también se usaban los cuarteles de La Peral y Villalegre, y las sedes de Falange.

Las fosas representan el último paso del proceso de represión, que los autores del informe no dudan en calificar de cruel, inhumano e ilegal: Quienes «ejercieron los asesinatos no tenían ninguna legitimidad política para proceder a la detención de las personas asesinadas(…) La tortura y el asesinato fueron aplicados sistemáticamente con total impunidad ante una población indefensa, y el drama fue mucho más doloroso al negar el derecho de los familiares a recuperar los cuerpos de las personas asesinadas».

Las fosas, cementerios anónimos donde se amontonan sin orden los restos de los fusilados, tienen en la comarca avilesina varios enclaves de negro recuerdo: el pinar de Salinas, La Lloba, el cementerio de La Carriona, el Molín de Xilu en Las Regueras, Verdicio, Faro Peñas y los alrededores del Estrellín-Palomo.

Algunas, como la fosa de La Lloba, comenzaron teniendo un uso muy diferente: se excavó en verano de 1937 para frenar un posible ataque rebelde desde Pravia. Los testimonios de vecinos de Santiago del Monte y de familiares de desaparecidos indican la posibilidad de numerosos cadáveres. En el informe consta el hecho de que en 2003 la Asociación de la Memoria Histórica Asturiana promovió la conservación de la fosa y logró preservarla de las obras de la autovía.

La comisión que proponen Pablo Martínez Corral y Azucena López García tendría como objetivos identificar y señalizar las fosas, así como realizar el asesoramiento legal y técnico para una posible apertura. También debería trabajar por la dignificación de las víctimas. A este respecto proponen la «eliminación de los símbolos de la dictadura y anulación pública de expedientes y condenas de los represaliados». Y, por último, atender a víctimas y familiares. Porque hay quienes aún lloran.

Ellas hacen memoria

De Público.es

Represaliadas por Franco. Algunas esquivaron la cárcel y otras lograron sobrevivir, pero todas fueron denigradas

OLIVIA CARBALLAR – SEVILLA – 14/03/2010 09:00

Bastarían los testimonios que se conservan para escribir este reportaje. “A La Trunfa le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto del cortijo, donde la intimidaron” tendiéndola en el suelo, “obligándola a remangarse” y exhibir “sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia civil Cristóbal del Río, del puesto de El Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza”.

La terrible escena, localizada por el historiador José María García Márquez en los archivos militares de Sevilla, no es un caso aislado. El problema o la excusa es que, pese a las vejaciones, torturas y violaciones que sufrieron las mujeres en la guerra y el franquismo, existen muy pocos testimonios escritos que delaten la barbarie, y mucho menos estadísticas que remuevan la conciencia colectiva. Algunas esquivaron la cárcel, otras lograron sobrevivir, pero todas fueron denigradas por el régimen fascista. Y nadie, sin embargo, las ha reconocido como víctimas, nadie les ha pedido perdón, nadie las ha escuchado. La Ley de Memoria Histórica también se olvidó de ellas.

“Sufrieron una experiencia más dramática que la cárcel”, dice la Junta

La mayoría ya ha muerto, pero aún vive y con muchas ganas de hablar quien fue rapada y paseada por el pueblo como un trofeo, quien tuvo que tragar aceite de ricino para purgar el “alma comunista” y fue humillada sólo por ser mujer. “Bastante tiempo estuve callada, cuando no se podía hablar. Que se entere todo el mundo de lo que pasamos”, afirma con orgullo, a punto de cumplir 90 años, Ana Zamudio, de Torre Alháquime (Cádiz). Entonces tenía 15 años.

La Junta de Andalucía, por primera vez, indemnizará a estas mujeres con 1.800 euros. “Nuestro objetivo es resarcir esas vejaciones, que eran una violencia específica contra las mujeres; a un hombre no lo rapaban ni lo paseaban desnudo o con una bata blanca, como si estuviera loco, ni le daban aceite de ricino para que se le soltara el vientre”, explica el comisario de Memoria Histórica de la Junta, Juan Gallo.

“Cuando hemos leído libros como el de Pura Sánchez [Individuas de dudosa moral, Crítica, 2009] nos hemos dado cuenta de que nos faltaba aún por reparar a estas víctimas, que sufrieron una violencia más dramática incluso que estar en la cárcel”, añade. De hecho, de las 2.742 indemnizaciones concedidas a represaliados en Andalucía, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, sólo el 5% han sido recibidas por mujeres, cuando fue el colectivo con el que los falangistas más se ensañaron, arengados, además, por Queipo de Llano.

Los falangistas las usaron como trofeo para mofarse de los vencidos

El clima de terror era tal que muchas pusieron en riesgo sus vidas. Antonia Moreno se arrojó a un pozo de 12 metros en la casa donde servía cuando fueron a detenerla, relata el historiador García Márquez. A su marido lo habían matado y ella ya había estado en prisión. Ese día sobrevivió y fue arrestada otra vez.

Castigo femenino

Según Pura Sánchez, se trata de una violencia cualitativa, un castigo femenino que se repite en todas las guerras. “Desde Troya hasta Darfur, las mujeres son el medio y el mensaje que usan los vencedores, y que ofende a los vencidos; las despersonalizan, son individuas y sujetas”, sostiene.

Y así era. Aparte de raparlas, o subirlas en un borrico mientras evacuaban o vomitaban por el efecto del aceite de ricino, se las obligaba a pasearse cantando el “Cara al Sol” y saludando brazo en alto, al estilo fascista, como las mujeres de Montilla (Córdoba), cuya fotografía ilustra la portada del libro Los puños y las pistolas, de Arcángel Bedmar, uno de los pocos documentos gráficos que dan fe de estas atrocidades.

Fernando Romero, miembro del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT, adelanta a Público historias espeluznantes de una investigación inédita, elaborada junto a Pepa Zambrana, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, sobre la represión en El Gastor, un pueblo de Cádiz.

Sólo allí, según los testimonios, unas 40 mujeres fueron vejadas. Entre ellas, María Torreño, la mujer de un concejal socialista, y su hija Fraternidad Hidalgo. A Fraternidad, de 21 años, la maltrataron con tanta saña que perdió el hijo que esperaba, la dejaron ciega y murió al poco tiempo como consecuencia de las torturas. A Frasquita Avilés, una mujer que rechazó a un falangista que se había enamorado de ella, la violaron en el cementerio después de muerta. “Y se repite el esquema en todos los pueblos”, afirma Carlos Perales, historiador y director de la Delegación de Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, que recopilará todas las investigaciones en la provincia. “La indemnización es lo de menos añade, lo importante es que se las reconozca como víctimas; fueron tan humilladas que muchas ni se atreven a decir que fueron violadas”.

A la humillación, además, se sumaba la rapiña. “Les quitaban todo, muebles, ropa y no tenían nada para comer; por eso muchas se dedicaban al estraperlo”, reflexiona Raquel Zugasti, que ha participado en la exhumación de una fosa de Málaga.

Tribunales militares

A veces, los abusos eran tan extremos y descarados que llegaban a los tribunales militares. Cuenta García Márquez que Ana Lineros, conocida como la niña de Pavón, fue asesinada cuando estaba dando a luz. Su ex marido, Andrés Díaz, un falangista sevillano del que se separó porque este era homosexual, la sacó de la cárcel, ya rapada, y la asesinó. Pese a ello, el falangista fue absuelto y la víctima, en la sentencia, fue “considerada peligrosa” por roja. “Se quiso ocultar algo tan tremendamente duro que incluso en los documentos oficiales se usan eufemismos, como en avanzado estado de gestación“, afirma el historiador.

Según Pura Sánchez, no se tenían en cuenta las declaraciones a favor de la víctima y pesaban más los testimonios inculpatorios de ellos que los de ellas. “El testimonio de las mujeres, devaluado, sólo servirá para inculpar a mujeres, rara vez a hombres”, recoge en Andalucía en la historia (Centro de Estudios Andaluces).

Más allá de los testimonios orales, los expedientes militares son las escasas pruebas documentales de la barbarie, muchas veces aireada por las luchas intestinas entre los falangistas. Como en el caso de Benamahoma (Cádiz) descrito por Francisco Espinosa en La Justicia de Queipo: el expediente abierto a un cabo acusado de violaciones acaba implicando a un destacado franquista, Fernando Zamacola. En Torre Alháquime, Fernando Romero explica cómo en un relevo local de la Falange, el jefe que entra califica al saliente en un informe como extorsionador, borracho y violador.

Faltarán testimonios escritos, puede ser, pero no suficientes vejaciones para reconocer oficialmente que ellas también fueron víctimas de Franco.

Debemos pedir perdón por nuestro silencio

CECILIO GORDILLO, coordinador del grupo de Memoria Histórica de CGT-A

La humillación pública de las mujeres por medio del “rapado y/o la ingesta de aceite de ricino” y de la violencia más detestable (violación) a la que llamaba a través de las ondas Queipo de Llano, el general golpista enterrado bajo una Virgen y que tan buenos resultados consiguió terror generalizado, será reconocida oficialmente como argumento para ser declaradas víctimas del franquismo.

Que recuerde, hasta el momento no hay una sola mención a este numeroso grupo de víctimas, ni en la Ley de Memoria Histórica, ni en los muchos decretos, órdenes o acuerdos de los diferentes gobiernos y parlamentos tomados en los últimos años, y no será por desconocimiento, pues cada vez hay más investigaciones y estudios publicados, y algunos llevamos años reivindicándolo.

Reconocer, mediante un decreto, la existencia de este tipo de actos criminales es todo un avance que rompe el estrecho sendero que marcaba el concepto “privado de libertad” como el único que daba derecho al reconocimiento y al homenaje oficial. Más allá de la indemnización, algunos estamos por perdirles perdón por escrito por el tiempo de silencio transcurrido.

Dos años y nueve meses de cárcel para Pedro Varela por difundir ideas genocidas

Era el propietario de la librería Europa

De Aranzadi noticias, Fecha: 08/03/2010

El Juzgado Penal número 11 de Barcelona ha condenado a dos años y nueve meses de cárcel a Pedro Varela, propietario de la librería Europa, como autor de un delito de difusión de ideas genocidas y un delito contra los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Además deberá pagar una multa de 2.880 euros.

La juez considera probado que el conjunto de libros confiscados en su librería reflejan un “menosprecio al pueblo judío y a otras minorías, llegando incluso a recomendar la segregación racial”.

Además, asegura que Varela no es culpable por “una actividad determinada” sino por un “cúmulo de circunstancias” que rodean su actividad. Como editor, subraya, Varela es responsable de los libros. A pesar que durante el juicio éste alegó que no había leído todas las obras que publica, la juez considera que “no es creíble”, ya que demostró tener unos conocimientos propios de una persona con mucha cultura, por lo que debía conocer el contenido.

Explica en la sentencia que Varela edita libros de una determinada ideología, los vende, organiza y divulga una serie de conferencias y tiene una estética determinada en su local Son libros en los que “se hace responsable de los males del mundo al pueblo judío, donde se dice que las personas de raza negra son inferiores y que el mestizaje traerá la desaparición de la civilización”.

La juez destaca que el ordenamiento jurídico ampara la libertad de expresión pero no “el discurso del odio”. Acuerda también el comiso de todos los libros confiscados, así como el busto de Hitler, la esvástica de hierro y otros elementos intervenidos en su sala de conferencias. Una vez la sentencia sea firme, ordena que se proceda a la destrucción.

Durante el juicio, celebrado el 29 de enero, Varela, afirmó que es el público quién decide y que si vende es porque “hay interés” por parte de la gente. Explicó que su librería no es un partido político, que no ha cometido “ningún crimen” porque solo edita y vende “textos históricos” y calificó de “absurdo” que se le tache de genocida por vender un libro.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular –que representa a la comunidad israelita de Barcelona– pedían cuatro años de cárcel para Varela por dos delitos, uno por difundir contenidos que justifican los regimenes que han intentado destruir a un grupo racial, y otro por difundir libros con expresiones de menosprecio por pertenecer a una raza o etnia. Su defensa solicitaba la absolución porque considera que en España “no hay libros prohibidos” y que se esta vulnerando la libertad de ideología.