18 de Julio- Día contra el franquismo

En el aniversario del golpe de estado franquista condenemos la represión fascista y exijamos VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

¡¡¡VIVA LA REPÚBLICA!!!

Serenos, alegres,
valientes, osados,
cantemos, soldados,
el himno a la lid.
Y a nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.

Soldados, la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.

La trompa guerrera
sus ecos da al viento
horror al sediento,
ya muge el cañon;
y a Marte sañudo
la audacia provoca,
y el ingenio se invoca
de nuestra nación.

Soldados, la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.

Golpean hasta la muerte en camerún al activista LGTB Eric Lembembe

por Kaos. Guerra, criminalización, represión

Miércoles, 17 de Julio de 2013
Golpean hasta la muerte en camerún al activista LGTB Eric Lembembe

El activista y periodista LGBT Eric Ohena Lembembe fue golpeado hasta la muerte este fin de semana, anunciaron activistas LGBT en Camerún.

Compañeros activistas dijeron que encontraron su cuerpo ensangrentado y sin vida la madrugada de hoy en su casa de Yaoundé, Camerún.  Las investigaciones de los defensores de derechos humanos están en curso para descubrir quién fue el responsable del crimen. En el momento de su muerte, se desempeñaba como director ejecutivo local de la Fundación de Camerún para el SIDA (Camfaids), un grupo de defensa de la lucha contra el SIDA y los derechos humanos de las personas LGBT en Camerún, que es uno de las naciones más violentamente anti-gay  del mundo .

El periodista y activista gay, Eric Ohena Lembembe, fue encontrado muerto en su casa con evidentes muestras de haber sido torturado. El ambiente de homofobia en Camerún parece algo incontrolable.

Camerún.- Eric Ohena Lembembe, un destacado activista LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans) y periodista, fue encontrado muerto en su casa de Yaundé, Camerún, la noche de este lunes.

Según Human Rights Watch, los amigos de Eric intentaron comunicarse por teléfono con él y al no tener éxito fueron a buscarlo a casa.

La casa de Eric estaba cerrada con llave, pero sus amigos lograron ver ell cuerpo sin vida del activista desde la ventana.

De inmediato llamaron a la Policía, quienes rompieron la puerta. Al examinar el cuerpo, se percataron que al parecer a Eric le habían roto el cuello y las piernas, además presentaba quemaduras en la cara, manos y pies, presuntamente con un objeto incandescente.

Para Neela Ghoshal, jefe de la división LGBT de Human Rights Watch, es lamentable que el brutal asesinato de Ohena Lembembe ponga en evidencia la incapacidad del gobierno de Camerún para combatir la homofobia y los crímenes de odio hacia la Comunidad LGBT.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/item/63236-golpean-hasta-la-muerte-en-camer%C3%BAn-al-activista-lgtb-eric-lembembe.html

Manifiesto para la erradicación de la tortura y los malos tratos

por CPPT

En Kaos en la red

Miércoles, 17 de Julio de 2013
Manifiesto para la erradicación de la tortura y los malos tratos

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos que figuran al final de este Manifiesto, y que se han comprometido con la erradicación de la tortura y los malos tratos en España y en el mundo, se dirigen a la opinión pública…

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos que figuran al final de este Manifiesto, y que se han comprometido con la erradicación de la tortura y los malos tratos en España y en el mundo, se dirigen a la opinión pública con ocasión de la celebración del Día Mundial de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, celebrado el pasado 26 de junio de 2013, y manifiestan lo siguiente:

En el pasado, las OSC han venido reclamando que las más altas instancias políticas debían proclamar su absoluto rechazo de la tortura y malos tratos, admitiendo que su práctica no ha sido erradicada en España, así como ordenar investigaciones disciplinarias, y de ser necesario, judiciales, ante todo caso de tortura que se denuncie o del que se tenga noticia y que, como medida puramente cautelar, se debería separar de su cargo a los funcionarios investigados. Todavía hoy sigue siendo necesario impulsar la adopción de estas y otras medidas que contribuyan a la erradicación de la tortura y los malos tratos y a la persecución de estas prácticas, de conformidad con las recomendaciones de diversos órganos internacionales y europeos de protección de los derechos humanos.

Entre estas medidas se encuentran: La adecuación de la definición de tortura  al derecho internacional. La investigación, condena y reparación de los actos de tortura. El combatir la criminalización de la protesta y abusos policiales en manifestaciones. La generalización de este sistema como medida destinada a evitar la impunidad de actos de tortura o malos tratos en dependencias policiales. L a abolición de la detención incomunicada y del régimen de aislamiento penitenciario que, en sí mismos, suponen tratos inhumanos y/o degradantes. Etc.

Ver texto completo: Manifiesto para la erradicación de la tortura y los malos tratos 15.07.13

Firman este manifiesto: Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Asociación Española para el Desarrollo Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz y Rights International Spain.

http://www.prevenciontortura.org/general/dia-mundial-de-solidaridad-con-las-victimas-de-la-tortura-26-de-junio/

Crecen prácticas racistas en España, constata ONU

Imagen activa

Madrid, 2 jul (PL) Naciones Unidas advirtió sobre el incremento de la discriminación racial en España, como consecuencia de los recortes sociales y laborales aplicados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, informó hoy el diario Gara. La denuncia está contenida en un informe elaborado por el keniano Mutuma Ruteere, relator especial de la ONU sobre racismo, quien en enero pasado visitó este país europeo durante una semana, recordó el periódico vasco en su edición de este martes.

Redadas policiales basadas en criterios étnicos, malos tratos en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o inhumanas condiciones laborales de los inmigrantes sin autorización de residencia son algunos de los problemas identificados por Ruteere.

Unas prácticas a las que se suman nuevas fórmulas de exclusión, como el decreto aprobado en abril de 2012 por el Ejecutivo del derechista Partido Popular, que excluye de la asistencia sanitaria pública a los extranjeros sin un empleo estable, alertó el relator.

El informe, publicado el 6 de junio último, presenta un retrato del Estado Español, donde los fenómenos que ya venían siendo denunciados, como los CIE o las actuaciones policiales racistas, se vieron agravados por los duros ajustes impuestos por Rajoy.

A juicio del experto de la ONU, los migrantes (y minorías como la etnia gitana) siguen padeciendo discriminación en áreas como la educación, la salud, los servicios públicos, la vivienda y el empleo.

Circunstancia que, remarcó, se recrudeció con una drástica poda en los presupuestos de agencias y organizaciones no gubernamentales y en los fondos destinados a combatir el racismo, lo cual afecta especialmente a los colectivos más vulnerables.

Por ámbitos, el acceso a la sanidad es el que presenta la principal novedad denunciada por la ONU: el decreto 16/2012 por el que los inmigrantes irregulares quedan fuera de la atención primaria (salvo en el caso de menores y embarazadas).

Sobre el empleo, el relator llamó la atención sobre las chocantes condiciones de vida que padecen los sin papeles en invernaderos agrícolas en el sur de España, así como la pésima situación de la población gitana originaria de Rumanía en algunas barriadas de las grandes ciudades.

Carecen de la infraestructura y los servicios más básicos, entre ellos la sanidad, la electricidad o agua potable. En este sentido, consideró que el respeto a los derechos humanos y la dignidad de estas personas debería ser una prioridad para el Gobierno.

Ahora queda por ver si Madrid hará caso de las recomendaciones, aunque su respuesta al relator (fechada el 28 de mayo), donde se limita a rechazar las acusaciones, no permite albergar muchas esperanzas, vaticinó Gara.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1570361&Itemid=1

Náufragos, ahogados, deportados, muertos y apaleados

La suerte de muchos de los inmigrantes en su última etapa del viaje migratorio de Marruecos a Melilla.

Es el caso de una de esta superviviente de un naufragio que no puede parar de llorar, y agotada, termina en el suelo. Acaba de ver el cuerpo sin vida de su marido que se encuentra en el depósito de cadáveres del hospital Hassani de Nador, Marruecos

Mientras, APDH califica de “absolutamente ilegal” la devolución a Marruecos de otra patera llegada el viernes casi al Faro de Melilla, una “expulsión de hecho” el “coger a una persona y echarla, saltándose la Ley a la torera”.

26.05.2013 ·  · Belén Amador (Melilla)

Archivo. Rescate inmigrantes en el Estrecho (AP Photo/Marcos Moreno)

No puede parar de llorar, y agotada, termina en el suelo. Acaba de ver el cuerpo sin vida de su marido que se encuentra en el depósito de cadáveres del hospital Hassani de Nador. Consigue ponerse de pie y tranquilizarse. A su lado un hombre con los brazos en alto,-en posición de oración, tal y como marca la costumbre musulmana-, no deja de rezar. También es familiar del fallecido, y lo despide con una oración. Acompañados en todo momento por la gendarmería marroquí, y tras varias gestiones, han podido darle el último adiós. Consternados, deben mirar hacia adelante, porque han sobrevivido. Son dos de los siete subsaharianos que fueron rescatadas con vida por la Protección Civil marroquí el pasado lunes. Iban en una zodiac, al parecer junto a más de cuarenta personas, que naufragaba por la Mar Chica, una zona costera de ciento quince kilómetros cuadrados, situada en el norte de Marruecos. Esta laguna está situada a los pies de la ciudad de Nador, a pocos kilómetros al sur de Melilla.

Estos siete supervivientes, tres hombres y cuatro mujeres, han sido ingresados provisionalmente en el centro hospitalario de Nador. Nuestras fuentes nos explican que todos llegaron muy nerviosos. “Uno de ellos, estaba en estado de shock y dos de las subsaharianas que están embarazadas, llegaron muy preocupadas”, nos dicen, y nos añaden que “otra de las mujeres traía heridas en el pie”. A su delicado estado de salud se suma la vigilancia permanente a la que están sometidos, ya que hemos podido saber que en la puerta de su habitación hay siempre dos mejanis, “más otros dos que se acercan con frecuencia”, nos indican fuentes cercanas. Además nos señalan que “a algunos de estos subsaharianos, entre sonrisas, les han quitado hasta el móvil”. Aún así, tras cumplir los trámites pertinentes, a quienes lo han pedido les han permitido ver los cadáveres de los cinco hombres muertos que yacían en el depósito de esta instalación sanitaria. Algo, que aunque resulte sorprendente, no es lo habitual en este tipo de situaciones.

Pero éstas no han sido las únicas personas que han fallecido, ya que nuestros contactos nos informan de que “hay dos cuerpos más que todavía no han aparecido”, entre ellos el de un menor. “No sabemos si es de un niño o una niña”, nos aclaran, y añaden que “otras dos personas continúan en paradero desconocido”. Según nos explican, la gendarmería marroquí asegura que “nadando lograron salvarse”, sin embargo, teniendo en cuenta el estado de los inmigrantes, para otras fuentes esta versión “resulta difícil de creer”.

Archivo. Rescate de inmigrantes en Estrecho (Alkaid/Salvamento Marítimo)

Un intento de entrada a España con unas consecuencias dramáticas, tal y como podemos apreciar en las fuertes imágenes publicadas por un medio de comunicación marroquí, pero que no ha tenido prácticamente repercusión en la ciudad autónoma de Melilla. Los motivos pueden ser que la patera no llegó a acercarse a la costa española y que resulta muy difícil recabar información en el país vecino. Estas razones explicarían que casi ningún medio de comunicación local se haya hecho eco de la noticia. Todo lo contrario, a nivel mediático, ha ocurrido este viernes, cuando sobre las ocho y media de la mañana una patera con diez personas ha llegado casi al Faro de Melilla. Entonces, algunos ciudadanos que vieron la zodiac, difundieron a través de las redes sociales, esta noticia.

Desde la Delegación del Gobierno, insisten en que la embarcación no llegó a Melillay que la Guardia Civil “ha actuado conforme a lo establecido en los convenios internacionales de Salvamento Marítimo”. De ahí, nos dicen desde la Administración General del Estado que los agentes españoles “hayan acudido en su auxilio y hayan comprobado que sus ocupantes se encontraban en buen estado”. Basándose en los convenios internacionales, aseguran que el rescate corresponde a Marruecos, por lo que fue el país vecino el que se hizo cargo de la zodiac.

Un argumento que según el abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), José Alonso, “no tiene ninguna lógica”. Aclara que en este caso la embarcación estaría en España porque “desde la costa hasta los siguientes doce kilómetros esas aguas pertenecen a nuestro país”, y añade que el límite territorial ya está marcado por el espigón, “por lo que la Dársena del Puerto, el Dique Sur, el Faro, la playa de Horcas Coloradas y Aguadú se consideran Melilla”, apunta. El abogado insiste en que “más allá del dique, pues a lo mejor, se puede cuestionar”, y asombrado añade que “ningún país defiende que tiene menos aguas territoriales que los que se reconocen en los tratados internacionales”. Además, si esto es así, “¿cómo van a llevar a cabo la ampliación del puerto de Melilla?, ¿la van a realizar sobre aguas que a priori España considera que no son suyas?”, se pregunta José Alonso, refiriéndose al proyecto que contempla ampliar esta instalación.

Archivo. La valla fronteriza que separa Marruecos y España se adentra en el mar. 15.03.2013. Al fondo el momento y lugar del traspaso de inmigrantes de la lancha de Guardia Civil a la de la policía marroquí, ambas en aguas marroquíes.

Por eso, asegura que el haber devuelto esta patera a Marruecos es una “expulsión de hecho”, que quiere decir, nos dice este letrado sin ningún tipo de duda, “coger a una persona y echarla, saltándose la Ley a la torera”. Añade que esta actuación es “absolutamente ilegal” porque cualquier extranjero que acceda sin documentación a España “debe ser identificado y si se comprueba que no puede permanecer en territorio español, por los motivos que sean, se emite una orden de devolución firmada por el funcionario”. Insiste en que la presencia de un letrado es imprescindible, “y si hace falta la de un intérprete”, apunta. Un procedimiento que, repite, “no se está llevando a cabo en Melilla”, por lo que “lo hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo”, nos dice. También nos recuerda que el pasado 15 de marzo una embarcación con doce personas que se encontraba a quince metros de la orilla de la Playa de los Cárabos, también fue entregada al país vecino. “Se está denunciando en los organismos competentes, ya que se está violando el derecho de extranjería, el derecho de estas personas”, y añade que “puede ocurrir que cualquiera solicite asilo o refugio y hay que tramitarlo, no se les puede expulsar”.

Apesadumbrado, el presidente de la APDH no se cansa de repetir que “estamos denunciando a ver si algún día dentro de dos, tres o cinco años, la gente no tiene que sufrir este tipo de arbitrariedades”. Califica estas “expulsiones de hecho” como “ilegalidades flagrantes” y añade que pueden ser incluso objeto de delito, “no sería extraño que el delegado del Gobierno, el teniente coronel de la Guardia Civil o el responsable que sea, se encuentre con una querella criminal por estos motivos”. Así de rotundo se muestra para dejar claro que la Ley de Extranjería debe respetarse, y que no existe ningún tratado que afecte a Ceuta y Melilla, “que prevalezca sobre esta norma”.

Inmigrantes en Monte Gurugú (Blasco de Avellaneda)

Apunta también José Alonso que debemos ser conscientes de que devolver una patera a Marruecos conlleva “condenar a estas personas a que les rompan los brazos y las piernas”. De hecho, hemos podido saber por fuentes cercanas a los inmigrantes que están en el Gurugú – el monte marroquí donde estas personas se refugian esperando poder pasar a la ciudad autónoma – que una persona ha fallecido en el bosque, y que incluso puede que esté enterrada. No sabemos si es la misma a la que se refería la Asociación de Prensa Marroquí (MAP) el pasado 14 de mayo. Un fallecimiento, que según este medio de comunicación, se estaba investigando y que podría estar relacionado con el salto a la valla del pasado trece de mayo. De ciento cincuenta inmigrantes que lo intentaron, sólo setenta lo consiguieron, el resto acabó entre el hospital de Nador y los campamentos del Gurugú. Estos asentamientos fueron arrasados la noche siguiente por la gendarmería marroquí que actúo con violencia y efectúo detenciones.

Pero no sólo quienes huyen de la guerra y el hambre pierden la vida en Marruecos, sino también en Melilla. Concretamente este viernes ha aparecido el cadáver de una persona cerca del puerto de la ciudad. Al parecer, se trataría de un argelino que se ha ahogado cuando se disponía a viajar como polizón en uno de los barcos que va hacia la península. Una muerte más que se suma a una lista interminable de la que no se conoce la cifra exacta, porque quienes la componen, parece que no cuentan.

http://periodismohumano.com/migracion/naufragos-ahogados-deportados-muertos-y-apaleados.html

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Información relacionada:

Archivo. Un inmigrante explica como la policía marroquí le golpeó los tobillos con una piedra . 2012. (Blasco de Avellaneda)

Inmigrantes en paradero desconocido

17.05.2013 ·  · Belén Amador · (Melilla)

Durante unas horas ocuparon las portadas: supuestamente 15o personas subsaharianas habían intentado entrar en Melilla saltando la valla fronteriza con Marruecos. La mayoría no lo consiguieron, pero según ha podido saber Periodismo Humano 19 fueron trasladados por heridas a un hospital. Nos informan de que a la noche siguiente, la gendarmería marroquí quemó varios asentamientos de inmigrantes, les golpeó severamente y apresó  a algunos.

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(AP Photo/Marcos Moreno)

Con la vida pendiente de una balsa de juguete

01.05.2013 · 

La realidad de las “barcas de juguete” es un cúmulo de historias de vida diferentes;  aunque todos los pasajeros de las “toys” comparten algo, la esperanza de un futuro mejor y un pasado atravesado por las violaciones de derechos humanos. Un grupo de siete y nueve personas puede pagarlas, los amigos se juntan, cotizan, compran sus chalecos y lo intentan. No hay grandes redes detrás.

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¿Respeto a los derechos humanos en Melilla?

29.04.2013 ·  · Belén Amador (Melilla)

¿Se están respetando los derechos humanos en Melilla? ¿La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está dentro de  la legalidad vigente? Estas cuestiones están siendo objeto de debate durante estos días en Melilla después de que Mustafa Aberchán, presidente del principal partido de la oposición Coalición por Melilla (CPM), atendiera en su casa a treinta inmigrantes que acababan de saltar la valla debido “a la actuación violenta de algunos agentes con los subsaharianos”.

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Dos lanchas de la Guardia Civil española arrastran con un cabo a una patera con varios inmigrantes llegados a territorio español. En la lancha de la derecha se pueden ver más inmigrantes que luego fueron entregados en el mar a una lancha de  la policía marroquí.

La Guardia Civil entrega a Marruecos a los ocupantes de una patera que ya había llegado a Melilla

15.03.2013 ·  · (Melilla-Nador)

En la embarcación viajaban unos doce ocupantes, muchos de ellos menores, que habían llegado a la bahía de Melilla y se hallaban a la deriva a unos 15 metros de la orilla de la Playa de los Cárabos con la intención de ser vistos y auxiliados por los servicios españoles. Entre los inmigrantes supuestamente expulsados de forma ilegal, se encontraba Mohamed Kamara, guineano de 17 años, que aparentemente ya fue expulsado ilegalmente por la Guardia Civil el 14 de noviembre.

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Voces del Gurugú

18.12.2012 ·  · Anna Surinyach y Médicos Sin Fronteras · (Marruecos)

Reportaje fotográfico. “Las condiciones de vida aquí nos empujan a la valla. Dormimos en el suelo, comemos frutos, lo que conseguimos en la basura, tenemos que pedir”, dice Moussa, uno de los inmigrantes que sobrevive en el monte marroquí Gurugú mientras espera poder saltar la valla de Melilla.

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“Nos golpean con piedras en las rodillas y tobillos para que no saltemos la valla de Melilla”

26.10.2012 ·  · (Nador)

Tras un infructuoso salto a la valla de Melilla varios inmigrantes, con heridas recientes, denuncian que policías marroquíes han intentado romperles las rodillas y los tobillos para “quitarles las ganas de saltar” el muro metálico que separa Europa de África en la frontera melillense con Marruecos.

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http://periodismohumano.com/migracion/naufragos-ahogados-deportados-muertos-y-apaleados.html

Perú – Los huesos hablan

26 marzo, 2013

Por Jo-Marie Burt* y María Rodríguez**

Se sabe que, a lo largo de los años del conflicto armado interno, la base militar Los Cabitos —sede del Comando Político-Militar de Ayacucho— fue utilizada como centro de detención, tortura, ejecución y desaparición forzada.

Está el testimonio del ex agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, publicado en el libro Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, en el cual da cuenta que él mismo desenterró a unos 300 cuerpos de personas que habían sido ejecutadas en Los Cabitos y los incineró, ordenado por sus superiores para destruir las evidencias de las prácticas siniestras de las Fuerzas del Orden.

Está el Informe de la CVR, que da cuenta de testimonios de 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas, o asesinadas por las Fuerzas del Orden entre 1983 y 1984 en Los Cabitos.

Están los testimonios de los sobrevivientes y familiares que han testificado ante la Sala Penal Nacional en el proceso judicial de Los Cabitos 83, que comenzó en mayo de 2011. Unas quince personas han contado con detalle cómo fueron detenidas, llevadas a Cabitos, sometidas a varios tipos de torturas, entre ellos la violencia sexual, para luego ser liberadas cuando sus interrogadores se dieron cuenta de que “no tenían nada que ver” con Sendero Luminoso. También están los testimonios de los familiares que relataron, también ante el juzgado, como las Fuerzas del Orden llevaron a sus seres queridos a Los Cabitos y nunca más los volvieron a ver con vida.

Están las exhumaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) en Los Cabitos, en la zona llamada La Hoyada, entre 2005 y 2009, donde desenterraron más de 50 cuerpos enteros, y los restos parciales de unas 50 personas más. En la mayoría de casos, los cuerpos muestran claro signos de haber sido ejecutados a corta distancia, con balas en la cabeza, y con las manos atadas hacia la espalda. Hallaron, además, cuatro hornos —uno de ellos con restos humanos adentro— que habrían servido para la incineración de cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, así como los tubos que alimentaban los hornos de energía. Según las proyecciones del IML, podrían superar un millar las víctimas enterradas en Los Cabitos.

Ahora tenemos un nuevo elemento para afirmar que Los Cabitos fue un centro de detención, tortura y ejecución: luego de un largo proceso de exhumación y análisis, se ha podido identificar a tres de las personas cuyos restos fueron encontrados en La Hoyada. La noticia fue revelada el miércoles durante el juicio Los Cabitos 83, en el contexto de una audiencia sobre los hallazgos de las exhumaciones realizadas en la base militar.

El tribunal leyó un informe presentado por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) dando cuenta de la identificación. Según la doctora Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva de Aprodeh que representa a la parte civil en el juicio, dos de las personas identificadas fueron desaparecidas el año 1984, mientras que la otra, en 1985. Se revelaron los nombres de las tres personas que no reproducimos aquí por respeto a la privacidad de los familiares mientras procesan la información sobre el destino de sus seres queridos.

El juicio oral en proceso sólo comprende casos de 1983, por tanto las víctimas cuyas identidades han sido recuperadas no están dentro del proceso actual. El Ministerio Público solicitó al juzgado que remita el informe al fiscal supraprovincial de Ayacucho que tiene a su cargo la investigación de Cabitos 1984-85.

Sin embargo, la identificación de tres personas desaparecidas en Los Cabitos —las primeras identificaciones de los más de cien cuerpos exhumados del cuartel militar— tiene una relevancia para el caso actual, pues aporta nuevas evidencias materiales de la práctica sistemática de la desaparición por parte de las Fuerzas del Orden, práctica que comenzó en 1983 y se continuó utilizando a lo largo de la década de los 80. Confirma además de que sí es posible identificar a los desaparecidos, a pesar de que ha trascurrido más de dos décadas desde su desaparición. Eso, sin duda, va a generar una expectativa enorme entre los familiares de los más de 15,000 desaparecidos en el Perú.

Exhumaciones en Los Cabitos

Las identificaciones de las tres personas reveladas por el informe de EPAF se realizaron por medio del contraste de las muestras de ADN que fueron recolectando de los familiares de los desaparecidos con los restos óseos exhumados en La Hoyada. El proceso ha sido largo. El IML comenzó las exhumaciones en el 2005, y se tuvo que suspender el trabajo por un tiempo por falta de recursos. De nuevo entre 2007 y 2009 se continuó con el trabajo, con el resultado mencionado arriba: se encontraron los restos completos de más de 50 personas, y restos parciales de otros 50. En total, se habrían encontrado los restos de 109 personas.

En la audiencia del día miércoles, el arqueólogo forense del Equipo Forense del IML Luis Alberto Rueda dio cuenta de estos resultados. Presentó fotografías que ilustraban el trabajo de excavación y fosas halladas en el cuartel Los Cabitos, así como impactantes imágenes de los cuerpos completos de hombres, mujeres, niños y hasta fetos, arrojados en los hoyos o fosas. Casi todos tenía muestras de que habían sido ejecutados extrajudicialmente: orificios de balas en las cabezas, las manos atadas detrás de la espalda. En todas las fosas se hallaron balas o casquillos de balas dentro de los cuerpos o a su alrededor. Según el experto, los restos encontrados pertenecían a los años de 1980 a 1986, pues los objetos asociados que encontraron —monedas de 100 soles de oro— existieron sólo hasta 1986.

En otro sector se hallaron las fosas de los cuerpos incompletos, partes de manos y piernas mezcladas con piedras y cal. Estas eran fosas alteradas por el factor humano, pues en las paredes del entierro figuraban las improntas de instrumentos de labranza, utilizados para remover la tierra.

También se mostró pequeños hoyos de restos óseos expuestos al fuego. El arqueólogo manifestó que estos restos carbonizados estaban mezclados con otros objetos asociados como prótesis, fragmentos de una correa de reloj o el plástico derretido de zapatillas. En total, se registró 30 kilogramos de este material. Estos restos también se hallaron en el barranco ubicado al lado izquierdo de la trocha carrozable del penal Yanamilla, que une el cuartel Los Cabitos.

Rueda destacó el hallazgo de una fosa donde el cuerpo de la víctima yacía entre dos camas de leña, y encima una estructura de cemento. Los restos tenían evidencia de haber sido carbonizados, pero no se había logrado incinerar en su totalidad. Para el arqueólogo, fue un intento de incinerar al individuo dentro de la fosa, sin éxito. Probablemente, fue uno de los primeros intentos en la búsqueda del mejor método de desaparición de restos humanos en el cuartel.

Otra fotografía registró las cuatro estructuras de ladrillos —los hornos utilizados para incinerar los cadáveres— conductos de tuberías de metal y un sistema eléctrico. Uno de los hornos mostró gran cantidad de cenizas y se hallaron restos humanos en estado de calcinación, aunque fue imposible determinar el número. Según Rueda, hubo evidencias del colapso intencional del horno, porque en la quebrada hallaron el arrojo de desmonte y ladrillos asociados, y en la trocha, un proceso de arrastre que los llevó a concluir que objetivo fue destruir el horno.

La urgencia de mayor investigación

Lo que hace evidente el trabajo de exhumación realizada por el IML y las identificaciones realizadas por EPAF es que se requiere mayor investigación para poder identificar a las 15,000 personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. A vísperas de los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, según EPAF, se ha podido identificar menos del 1% de los desaparecidos durante el conflicto armado interno, lo cual demuestra lo poco que se ha avanzado en esta tarea.

Falta exhumar en otras bases militares que formaron parte del circuito de represión, como los cuarteles de Totos, Churcapampa, Pampa Cangallo, entre otros. Las autoridades deberían declarar a todas las bases militares como zonas intangibles para prevenir la destrucción de evidencias, como ya ocurrió con La Casa Rosada, que fue el sede de Inteligencia Militar y el cuartel Los Cabitos, centro de reclusión, tortura y ejecución, que fue demolido y ahora hay una nueva construcción en su lugar. También se ha denunciado anteriormente que elementos desconocidos estaban promoviendo la invasión de la zona llamada La Hoyada para la construcción de viviendas. Por ello, y en vías de crear un espacio de conmemoración para las víctimas de Los Cabitos, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y el movimiento de derechos humanos han solicitado que La Hoyada sea declarada un santuario de memoria. También se requiere ampliar el trabajo de recolección y análisis de ADN de los familiares para tener un punto de contraste con los restos óseos encontrados.

La deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos

El Estado peruano tiene una deuda con los 15,000 desaparecidos que no termina de saldar. La CVR recomendó que el Estado diseñe e implemente un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos. No ha ocurrido. Las identificaciones reveladas en estos días de tres víctimas de la desaparición forzada en el cuartel militar Los Cabitos resalta la urgencia de que el Estado tome acción de manera urgente para resarcir el daño causado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y enterrar a sus seres queridos, y la sociedad tiene derecho a saber plenamente qué pasó durante los años oscuros del conflicto.

Para más información sobre el juicio por el caso Los Cabitos 1983, vea los siguientes reportajes:

Militares en juicio por el caso Los Cabitos: ¿Héroes o amnésicos?

JUICIO POR EL CASO CABITOS: CRÓNICAS DE LAS AUDIENCIAS EN AYACUCHO (Parte I)

Caso Los Cabitos: “Ya te fregaste, estás en el cuartel.”

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*Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011).

**María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de su proyecto de investigación están monitoreando varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Se puede acceder a información sobre el proyecto en la página web, Peru Human Rights Trials Project.

http://www.asuntosdelsur.org/los-huesos-hablan/

¿Qué decidió la CPI en su informe preliminar sobre Honduras?

26 marzo, 2013

Por Verenice Bengtsson*

Finalmente la fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió el informe preliminar relacionado a los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del golpe de Estado en Honduras. El informe indica que se han recibido y analizado 17 comunicaciones relacionadas a dichos crímenes. La resolución es positiva si se toma en cuenta que aun cuando la CPI concluye que no ha tomado una decisión final, menciona que el caso de Honduras continúa en evaluación y abierto a recibir mayor información sobre los hechos acontecidos, debido a que según su valoración existe una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra determinada población civil de conformidad con al artículo 7 del Estatuto de Roma. Según la fiscalía,  existen argumentos que apoyan y contradicen los hallazgos relativos a crímenes de lesa humanidad contenidos en dicho artículo y por tal razón el caso de Honduras es calificado como en el «límite» de la evaluación preliminar.

Sin embargo, tomando en cuenta el seguimiento dado a la situación de Honduras desde que se ejecutara el golpe, así como de las constantes denuncias por asesinatos y otros crímenes cometidos contra líderes y familiares de líderes políticos de la oposición, periodistas, campesinado y defensores de derechos humanos que siguen sucediendo, considero que el informe es muy escueto y al parecer no cuenta con todas las fuentes de información que le permitan valorar la situación de Honduras en su dimensión real.  Veamos por qué.

Primero, la principal fuente de información de la que la CPI hace uso es el reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (mencionada en el informe como TRC por sus siglas en inglés) y nombrada por el gobierno que surge de las elecciones controladas por el gobierno de facto que ejecutó el golpe de Estado.  El número de víctimas que dicho informe menciona no coincide por ejemplo con los informes de la Comisión de Verdad, una comisión que ante la falta de credibilidad de la comisión gubernamental se creó paralelamente por organizaciones no gubernamentales, incluyendo entre sus miembros  a reconocidos Premios Nobel de la Paz y activistas internacionales de derechos humanos. La CPI solamente menciona que ha tenido conocimiento de dicho reporte pero no valora los resultados aportados por esta última comisión, según la cual, en el período ocurrido desde el golpe en junio de 2009 y hasta agosto de 2011, ha documentado 5,418 hechos violatorios de los derechos humanos. De estos el 60% ocurrieron durante el gobierno de facto comprendido entre junio a diciembre de 2009.

Tres ejemplos claros y breves de la escasa información con que al parecer cuenta la fiscalía son:

a) Basado en el informe de la TRC, el informe preliminar menciona únicamente 3 casos de tortura, mientras la Comisión de Verdad refiere a que en un solo día -12 de agosto de 2009- 24 personas fueron sometidas a actos de tortura durante un proceso de detención ilegal.

b) Basado en el informe de la TRC, la fiscalía menciona que de esos tres casos dos son  periodistas que fueron torturados, mientras la Comisión de la Verdad determina que a octubre de 2011 al menos 18 periodistas fueron asesinados en Honduras.

c) Con cierta imprecisión el informe preliminar menciona que 20 a 56 personas perdieron la vida de las cuales 20 casos fueron documentados por la TRC. Mientras tanto, la Comisión de Verdad recoge en su informe que 1,610 denuncias fueron documentadas por violaciones al derecho a la integridad personal  y 58 denuncias por violaciones al derecho a la vida.

También es de notar que si bien la fiscalía de la CPI menciona el cierre arbitrario de medios de comunicación que hicieron oposición al golpe, omite evaluación alguna sobre las campañas o apologías de odio que fuesen denunciadas, al ser promovidas por particulares desde los medios de comunicación ligados a la élite económica del país, contra quienes hicieron oposición al golpe de Estado. Tales campañas fueron ejecutadas, sirvieron de aliento y  aún continúan siendo utilizadas para desprestigiar, criminalizar y justificar la persecución policial y judicial contra la oposición política.

Es preciso que la CPI evalúe y no de forma aislada, el informe de la Comisión de Verdad, así como los de organismos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso hacer uso de mecanismos que le permitan recoger los testimonios orales o escritos de las supuestas víctimas a fin de determinar la gravedad de la situación hondureña.

Por otro lado, limitar la actuación de la CPI a los hechos ocurridos durante el golpe y hasta enero de 2010 en que el gobierno actual tomó posesión del poder, implica la negación de que la situación de violencia que generó el golpe de Estado contra la población civil en resistencia, se agudizó y permanece vigente ante el nivel de impunidad. El espiral de violencia trascendió ese lapso debido a la tolerancia (nacional e internacional) al crimen. Por ejemplo, la impunidad no ha sido solo decretada mediante amnistías y sentencias de absolución a los militares responsables de ejecutar el golpe,  sino también por la inactividad estatal para procesar y en otros casos al sobreseer a autoridades involucradas en actos de represión y uso excesivo de fuerza militar y policial. Esto muestra que bajo el principio de complementariedad, la CPI no debería dilatar más su actuación.

Finalmente, ante dicho espiral, que actualmente y según la ONU coloca a Honduras como el país más violento del mundo,  es claro que la CPI debe asumir su cuota de responsabilidad sobre lo que sucede en Honduras, pues falló en su rol preventivo. Es momento de que ejerza su rol punitivo. Ese fue el mandato que recibió al ser creada y esa es la esperanza que guarda la ciudadanía hondureña frente a la histórica y perpetua impunidad que tiene a Honduras de frente a la peor crisis institucional y al borde de convertirse ante la paciencia de la comunidad internacional, en un Estado fallido.

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*Verenice estudió Derecho en la  Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Derechos Humanos en  la Universidad de Lund, Suecia. Es Magister en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos por  la Universidad de Malmö, Suecia. Relativo a la CPI, se desempeñó como voluntaria impulsando la ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado hondureño, de forma decisiva y conjunta con la Coalición por la Corte Penal Internacional.

http://www.asuntosdelsur.org/que-decidio-la-cpi-en-su-informe-preliminar-sobre-honduras/

“El Ejército esperaba que nos fuéramos al campo para violar y matar a las mujeres”

JUICIO POR GENOCIDIO EN GUATEMALA

“Los soldados prendían fuego a las casas para quemarnos vivos”, cuenta un testigo

El expresidente Efraín Ríos Montt escucha impávido el relato de supervivientes del genocidio

 Ciudad de Guatemala 21 MAR 2013
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Una mujer ixil usa el traductor durante el juicio. / MOISES CASTILLO (AP)
 

En el tercer día del juicio por genocidio contra el expresidente Efraín Ríos Montt, los supervivientes de las masacres perpetradas por el Ejército contra población civil desarmada continuaron narrando este jueves el horror vivido durante la guerra civil que ensangrentó el país centroamericano entre 1960 y 1996 y, en concreto, durante el mandato de Ríos Montt (1982-83). En primer plano, el principal imputado escuchaba, tieso como un maniquí y sin mostrar emoción alguna, los relatos del salvajismo con que las tropas a su mando masacraron comunidades rurales indígenas enteras.

“Mi padre tenía 82 años en el momento de ser asesinado. Lo encontré tirado en una casa vecina. Su cuerpo estaba cubierto de sangre”, contó Diego Velázquez, quien a preguntas de la juez precisó que el asesinato ocurrió el 20 de julio de 1982. No pudo precisar si había sido víctima de las balas de los soldados, o había muerto a machetazos. “Solo recuerdo que estaba cubierto de sangre”, dijo a través de un intérprete.

Juan López Mateo, sobreviviente de una matanza en una aldea de Nebaj (departamento de Quiché, al norte del país), perdió a su familia el 2 de septiembre de 1982. Salvó la vida porque había salido muy temprano a trabajar la milpa (sembradío de maíz). “Cuando volvía a la aldea escuché el llanto de un niño pequeño, lo que me alertó de que algo malo estaba ocurriendo”, narró. Conforme se acercaba al poblado, “escuché disparos. Eran como las diez de la mañana”, dijo. Logró llegar a su vivienda a eso de las tres de la tarde, cuando los soldados ya se habían marchado. “En mi casa encontré los cadáveres de mi mujer y de mis hijos, de cinco y dos años”, contó con la voz entrecortada. Preguntado por si había visto a más personas asesinadas, se limitó a responder que “eran muchas”, pero que después de 31 años no podía arriesgar una cifra. Sí recordó que uno de sus niños había sido asfixiado con un lazo y el otro tenía la cabeza destrozada a golpes. Los soldados también quemaron la casa y destruyeron todos sus bienes. “Fue el Ejército”, expresó sin sombra de duda.

Cuando llegué a casa, encontré a mis suegros y a mis tres hijos muertos. También mataron las cuatro vacas que tenía

Otro de los testimonios, Pedro Álvarez Brito, contó ante el tribunal que los militares asesinaron a toda su familia. “El Ejército rodeó la casa”. Su hermana, “recién parida con el bebé”, otro de sus hermanos pequeños y él mismo lograron refugiarse en un temascal (baño maya de vapor), desde donde vieron cómo la totalidad de los habitantes de la aldea fueron introducidos, a la fuerza, en una casa.

“Uno de los soldados”, añadió, “empezó a apropiarse de las gallinas y pollos de la familia” dueña de la casa. Recuerda que las aves eran 60, el mayor patrimonio doméstico. “Por mala suerte, una de las gallinas, que no se dejaba capturar, se metió en el temascal”, lo que hizo que él y sus hermanos fueran descubiertos y conducidos, también a la fuerza, a la vivienda. “Luego quemaron la casa”, contó Brito. El relato de otros supervivientes abundó en esa imagen: que los soldados rociaron de gasolina las viviendas y les prendieron fuego para quemar a la gente viva.

“No sé cómo lo hice, pero logré escapar entre las llamas y me refugié bajo un árbol. Así estuve, escondido como un animal acorralado, por ocho días, sin comer ni beber. Desnudo y sin abrigo”. Como los militares habían asesinado a sus padres y sus hermanos mayores, quedó solo. “Ahora solo pido justicia, para que mis hijos no sufran una experiencia semejante”, concluyó.

Particularmente crueles resultaron los testimonios acerca de ataques perpetrados desde helicópteros. “Disparaban contra todo lo que se movía. Así murieron indiscriminadamente niños, mujeres y ancianos”, narró una mujer septuagenaria.

Disparaban desde helicópteros contra todo lo que se movía. Así murieron indiscriminadamente mujeres, niños y ancianos

En Villa Hortensia de San Juan Cotzal (Quiché), “el 10 de septiembre de 1982 ingresaron los militares. Se llevaron a todos los pobladores y quemaron las casas. Mi padre, Nicolás Gómez, fue de los que murieron ese día”, relató Inés Gómez. En la misma incursión, el Ejército mató a toda la familia de otro de los supervivientes: “Cuando llegué a mi casa, encontré a mis suegros y a mis tres hijos muertos. También mataron las cuatro vacas que tenía”.

Pedro Meléndez tenía diez años en 1982, cuando presenció el asesinato de su padre y tío. “Mi papá —dijo en el tribunal— murió baleado. A mi tío le cortaron el cuello con un machete”. El drama no terminó entonces. Los sobrevivientes buscaron refugio en las montañas, donde vio morir de hambre a sus hermanos, de cinco, tres y un año de edad.

Las denuncias se repiten y todas coinciden en describir un mismo patrón en el ataque. Solo cambian el lugar y la fecha. “Creo que el Ejército, que nos vigilaba, aprovechaba que los hombres salíamos a nuestras labores agrícolas para entrar a la aldea, violar y matar a las mujeres”, dijo Juan López Matón, quien puntualizó que muchos de quienes lograron refugiarse en las montañas murieron de hambre, “pues los soldados quemaban las cosechas”.

El proceso, para el que la fiscalía ha presentado 205 testimonios entre peritos y testigos, continuará hasta que preste declaración el último de ellos. El hecho de que los supervivientes, indígenas, no hablen español incide en la lentitud del juicio.

 Un proceso histórico en Centroamérica

  • Efraín Ríos Montt, de 86 años, se ha convertido en el primer ex jefe de Estado centroamericano juzgado por genocidio.
  • Para llevarle ante la justicia hizo falta esperar hasta el año pasado, cuando Ríos Montt dejó de ser parlamentario: la inmunidad le protegió durante años de responder por las atrocidades cometidas durante su mandato, entre 1982 y 1983.
  • Militar de carrera, Ríos Montt renunció al Ejército para presentarse a las presidenciales de 1974, en las que quedó segundo. Imbuido de un mesianismo de tintes milenaristas —marca de la iglesia evangélico-pentecostal que abrazó en 1978—, ejercía labores de evangelización cuando el golpe militar de marzo de 1982 le ofreció una oportunidad para llegar al poder.
  • En los escasos 17 meses que presidió el país, la violencia ensangrentó las zonas rurales. El Ejército y los paramilitares ejecutaron una política de tierra quemada con matanzas generalizadas de campesinos e indígenas considerados próximos a la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), sobre todo en los departamentos de Quiché y Huehuetenango.
  • Ríos Montt, que ilustraba sus discursos con citas bíblicas, se jactó de la represión armada como el método expeditivo más eficaz para privar a los insurgentes de su base popular. “El buen cristiano”, dijo una vez, es aquel que blande “la Biblia y la metralleta”.
  • El expresidente está acusado del asesinato de al menos 1.771 indígenas de la etnia maya ixil. La fiscalía le acusa también de tolerar la práctica generalizada de violaciones, torturas e incendios provocados contra propiedades de insurgentes.
  • Alrededor de 200.000 civiles, la mayoría indígenas de ascendencia maya, fueron asesinados entre 1960 y 1996 en la guerra civil que enfrentó a una sucesión de Gobiernos derechistas con guerrillas de inspiración comunista. Unas 45.000 personas desaparecieron en ese periodo.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/21/actualidad/1363892767_535883.html

España, en el lado oscuro de la fuerza

Juan José Téllez

Corazón de Olivetti, 17 mar 2013

Gente responsable, aunque de uniforme, se esfuerza por reconstruir puentes, enterrar cadáveres ajenos, evitar que Caín y Abel la emprendiesen a mamporros en cualquier rincón del planeta, auxiliar damnificados, o arropar con mantas a la inmigración aterida en las playas de este primer mundo que empieza a dejar de serlo. Esa viene siendo la imagen al uso de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de seguridad. A pesar de que altos representantes del Estado, desde sus más o menos cómodos despachos, les enviasen a ojos del huracán y a tormentas perfectas, a guerras remotas o a dramas cercanos, siempre teníamos el consuelo de que eran de ley los hombres y mujeres que izaban la bandera española en bases del quinto pino o hablaban nuestro idioma sobre las embarcaciones y plazafuertes que vigilaban el supuesto paraíso comunitario. Que nuestros soldados o nuestros agentes venían a ser una especie de scouts con licencia para morir, pero para matar poquito.

Algunos informes delataban sin embargo contradicciones en tan perfecto retrato. Los de Amnistía Internacional y los de las asociaciones de derechos humanos, vienen delatando desde hace años que buena parte de la España oficial se pasó ya hace mucho al lado oscuro de la fuerza: palabra contra palabra, las denuncias por malos tratos y torturas se multiplican sin que prácticamente nunca los tribunales de nuestro país hayan dado la razón a quienes ponen en solfa que sea necesariamente unánime el comportamiento por lo común abnegado de nuestros policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones. A pesar de que, cuando no existan otros indicios, la palabra de un representante público tiene más valor que la de quien se encuentra custodiado, a los ojos de la diosa justicia sorprende que nuestros tribunales nunca hayan considerado otras pruebas en algunos casos que han pasado de puntillas por delante de sus narices y que han generado sin embargo sentencias condenatorias en estamentos internacionales.

En febrero de 2012, sin ir más lejos, el Comité contra la Tortura de la ONU declaró que España violó la convención internacional en septiembre de 2007 cuando varios efectivos de la Guardia Civil llegaron a pinchar el salvavidas de un inmigrante senegalés que pereció ahogado cuando intentaba llegar a España. Según dicho dictamen, tres agentes detectaron a tres hombres y una mujer que intentaban llegar a nado a la ciudad, desde la cercana costa marroquí. A pesar de que un juzgado local archivó el caso, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) llevó el asunto hasta Naciones Unidas como una clara vulneración del artículo 16 de la Convención contra la Tortura, al considerar que se trataba de un “trato cruel, inhumano y degradante” el hecho de que los agentes los subieran a bordo de su lancha para trasladarlos hasta aguas marroquíes y arrojarlos nuevamente al mar, sin sus salvavidas, provocando la muerte de Lauding Sonko, de 29 años, que, según acepta la resolución, “se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar”.

Un año más tarde, no se sabe a ciencia cierta si el Estado español ha obedecido el mandato de la ONU a fin de “proceder a una investigación pronta y completa”, del asunto, a fin de explicar las circunstancias del incidente, “con independencia del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado su flotador o a que distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaron la muerte”.

Ahora, el juzgado número 3 de los de Arrecife ha decidido exonerar de culpa a ese mismo Instituto Armado por los hechos acaecidos el pasado 13 de diciembre en Lanzarote cuando, a la luz de un video del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), un embarcación de la Guardia Civil arrolló prácticamente a la frágil barca que se aproximaba al litoral de Costa Teguise. Según dicha resolución, el cabo de la patrullera no tuvo ninguna responsabilidad y el accidente se debió exclusivamente al patrón de la patera, “quien realizó dos maniobras de giro a la derecha, además de soltar el timón, lo que provocó que la patera interceptara la trayectoria de la patrullera de la Guardia Civil, que nada pudo hacer para evitar la colisión”, según los argumentos judiciales. La vista debe engañarnos a todos, menos a la juez Ángela López-Yuste, que tan sólo ha aceptado el testimonio del guardia civil que manejaba la cámara térmica a bordo de la patrullera en el momento de los hechos y en el visionado de las imágenes captadas por el SIVE y por las cámaras de seguridad del cercano Hotel Oasis. Se especula con que el siniestro provocó siete muertes, aunque sólo fue rescatado un cuerpo. Nadie pudo oír a los supervivientes de dicha catástrofe, porque habían sido cautelarmente expulsados del territorio español por parte de nuestras autoridades, sin haber permitido que subieran a un estrado para contar su parecer.

Para colmo, en diario “El País” acaba de difundir un video grabado en Diwaniya, la base principal de las tropas españolas en Irak, durante los primeros meses de aquella estupefacta invasión del país en la que participamos a la busca de armas de destrucción masiva y de pingües beneficios que nunca llegaron. Los beneficios fueron a parar a otros bolsillos distintos a los de la soldadesca que entonces se movilizó o al país que la enviaba al matadero. Y la destrucción masiva no sólo fue obra de la política suicida de Sadam Hussein sino, muy especialmente, de los ejércitos aliados entre los que, para nuestra vergüenza, descolló de manera indigna nuestra bandera. Ahora, apreciamos como ante los impasibles ojos de tres testigos, otros tres energúmenos a sueldo de los contribuyentes de esta España ahora saqueada por los tanques de los mercados financieros, la emprendían a patadas con dos cautivos. En tan sólo cuarenta segundos, aunque la base española no fuera la siniestra prisión de Abu Ghraib, asistimos a una nueva página de la historia universal de la infamia sobre la que, mucho me temo, se extenderá un nuevo velo de silencio. ¿Qué se hizo, por ejemplo, para esclarecer, en febrero de 2005, la denuncia formulada por Flayeh Al Mayali? Ya ni siquiera gobernaba el PP y aquel individuo, acusado por el atentado contra agentes del CNI en Iraq, prestaba un estremecedor testimonio ante el ojo público de Gervasio Sánchez: “Los servicios de inteligencia españoles me acusaron sin pruebas y me golpearon”…”Me pusieron una capucha, me ataron y me pegaron bofetadas y golpes en las mejillas”… “Me metieron en una habitación muy húmeda y me impidieron dormir. Me llamaban “perro” cuando les pedía que me dejaran ir al servicio”… “Los soldados españoles no dejaron de repetir que era un “hijo de puta” y un “maricón”. Cuando yo les preguntaba por qué me trataban así, ellos me gritaban: “No abras la boca, cabrón”. Me golpearon varias veces con los fusiles. Desde entonces me duele muchísimo la mano izquierda. Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro”. Aquella vez, sin embargo, no hubo video.

Hay otros casos. Aislados, claro. Sin esclarecer, casi siempre. ¿En qué beneficia todo ello a la imagen de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de seguridad? ¿No les indignan esas actitudes  al sinfín de militares que arriesgan su pellejo no siempre por causas humanitarias sino por intereses políticos o económicos que casi nunca entendemos? Nadie impide que, entre un colectivo tan numerosos, puedan existir manzanas podridas y excepciones vergonzantes. Lo que no resulta excepcional, lamentablemente, es que nuestro Estado y sus instituciones intenten echarle tierra encima a la ignominia o esconder su cabeza de avestruz cuando se incumple por capricho la exigencia de violencia mínima que establecen los manuales a la hora de practicar detenciones. El Reino Unido pidió disculpas por el comportamiento de algunos de los suyos en Irak. Aquí nadie lo hará. Les apuesto una edición de las obras completas de Pedro Morenés, Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo.
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http://blogs.publico.es/juanjosetellez/2013/03/17/espana-en-el-lado-oscuro-de-la-fuerza/

¡A todas las mujeres del mundo, sed fuertes!

Esta es la historia de Kim Bok-dong, surcoreana de 90 años de edad a quien el ejército japonés se llevó de su pueblo natal durante la Segunda Guerra Mundial. Fue sometida diariamente a abusos sexuales, en lo que se conoce como “confort woman” o mujer de solaz para capricho y satisfacción de los soldados. Una mujer valiente que alza la voz para denunciar estos abusos.

Kim Bok-dong – “Confort woman” que habla públicamente de la esclavitud sexual a la que fue sometida por soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial

04/01/2013

Kim Hak-soon fue la primera superviviente en hablar públicamente del sufrimiento como "confort woman". © Consejo Coreano de mujeres afectadas por la esclavitud sexual del ejército de Japón

Kim Hak-soon fue la primera superviviente en hablar públicamente del sufrimiento como “confort woman”. © Consejo Coreano de Mujeres Reclutadas por Japón para la Esclavitud Sexual

Tenía 14 años cuando me vi arrastrada a la fuerza a la esclavitud sexual por el ejército japonés. Dijeron que me contratarían como operaria de fábrica, pero en vez de eso nos llevaron a muchas hasta Taiwán, Hong Kong, China, Malaisia e Indonesia. Yo estaba con la comandancia del ejército, así que prácticamente fui a todas partes con ellos.

No tengo palabras para describir lo que me hacían los soldados todos los sábados, desde el mediodía hasta las cinco de la tarde; y los domingos, de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Al final del día no podía ni incorporarme. Tras ocho años de suplicio me pusieron a trabajar en un hospital del ejército. Su intención era ocultar cualquier prueba sobre las “confort women”.

Ni siquiera me enteré de que la guerra había terminado. Cuando volví a casa tenía 22 años. ¿Cómo iba a contarle a nadie lo que me había sucedido? Mis padres no dejaban de decirme que me casara, pero no podía. Al final tuve que decirles la verdad. Al principio no me creyeron, y después dijeron que, al menos, había sido afortunada por sobrevivir a todo aquello. Han transcurrido varias décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y Japón todavía no ha dado una respuesta adecuada. Si nuestro propio gobierno no se esfuerza en este asunto, ¿con quién vamos a hablar? Ésa es la razón de que sigamos luchando.

Me impliqué en el movimiento de las “confort women” en cuanto se formó, por tanto hace 20 años. Un día estaban pidiendo informes de las “confort women” que habían sobrevivido. Así que llamé. Vinieron a verme unas personas y algunos periodistas. No recuerdo la fecha exacta, pero el Consejo Coreano de Mujeres Reclutadas por Japón para la Esclavitud Sexual llegó hasta mí y desde entonces estoy con ellas. Al principio fue realmente difícil, pero no podía quedarme cruzada de brazos cuando todas esas personas acudían todos los miércoles a manifestarse por nosotras. Ahora yo también protesto todos los miércoles ante la Embajada. Reclamamos a gritos al gobierno japonés que pida perdón. En este tiempo hemos establecido lazos afectivos entre nosotras, como no podía ser de otra manera.

Cuando asistí a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU en Viena en 1993, muchas mujeres de todo el mundo gritaron con nosotras, por nosotras. Aprecio sinceramente el apoyo de otros Estados. Hablan como si estuvieran dispuestos a trabajar a nuestro lado ya mismo. Pero pienso que deben presionar más a Japón si de verdad quieren ayudarnos. Y no parece que sepan que esto no sólo les sucedió a mujeres coreanas. Todos los países cuyas mujeres lo sufrieron deben cooperar más activamente en la protesta contra la negación del gobierno japonés. Todos esos países probablemente conocen los delitos y saben que estuvo mal. Deben cooperar [entre ellos] y pedir a Japón que acepte recomendaciones y dé importancia al reciente proceso deexamen periódico universal de la ONU. Estoy deseando que, en vez de palabras, tomen más medidas que ayuden a mantener la presión sobre Japón.

Imagen de Lee Doo-soon, confort woman, (84), Tongyoung. © Paula Allen
Imagen de Lee Doo-soon, confort woman, (84), Tongyoung. © Paula Allen

Han pasado varias décadas pero nada se ha resuelto. Cuando oigo hablar de simpatizantes en todo el mundo me siento muy agradecida, y gracias a eso tengo esperanza en que esta lucha pueda terminar pronto. Confío en que cada vez más gente alce su voz para que este asunto se resuelva. Debemos permanecer fuertes y no rendirnos. También pido a las mujeres jóvenes y a los estudiantes que se sumen a nuestra lucha por la justicia: vuestras voces y acciones serán enormemente apreciadas.

Yo ya tengo 90 años, y lógicamente esto me fatiga. Pero quiero recibir en persona las disculpas del gobierno japonés. No lo hago por dinero. Sólo quiero que el gobierno japonés lamente sus acciones, asuma la responsabilidad de lo que hicieron, nos pida perdón a todas y respete nuestros derechos humanos.

A todas las mujeres del mundo, sed fuertes. ¡No a la guerra! ¡ No a la violencia contra las mujeres!

http://www.eldiario.es/amnistiaespana/todas-mujeres-mundo-fuertes_6_86851319.html