Portugal, en las calles contra la troika

Con la llegada del otoño, la ciudadanía portuguesa ha regresado a las rúas para mostrar su rechazo a los recortes ejecutados por el Gobierno, al dictado de Europa.

El presupuesto estatal para el próximo año incide en los salarios de los funcionarios y en las pensiones, mientras la deuda, el déficit y el desempleo superan los datos anteriores a la crisis.

Apagaron el aire acondicionado y les impidieron ir al cuarto de baño. Ni beber les dejaban. Tampoco salir del edificio, porque entonces no había forma de volver a entrar. Cinco horas duró el encierro de unos cuarenta docentes en el Ministerio de Educación de Portugal. Buscaban soluciones y alternativas ante la reducción de contrataciones en el nuevo curso y pidieron una reunión con el ministro. La respuesta gubernamental tardó en llegar.

“Este año hay entre 35.000 y 40.000 profesores desempleados más, mientras que ha aumentado el número de alumnos por aula. Últimamente estábamos recuperando posiciones en las estadísticas europeas respecto a la educación, pero con la llegada de la troika estamos recorriendo el camino inverso”, explica a Periodismo Humano Miguel Reis, desempleado tras nueve años continuados dando clases de Filosofía. “Nosotros tenemos propuestas concretas, pero no nos hacen caso”, añade.

Después de meses de parón por el sopor veraniego, la ciudadanía portuguesa ha vuelto a mostrar su desconformidad con los recortes del Gobierno, que profundizan los presupuestos del próximo año. Para 2014 se prevé un ahorro de casi 4.000 millones de euros, las medidas de contención más severas en el último medio siglo, según el diario portugués Público. Pretenden así rebajar el déficit hasta el cuatro por ciento del PIB en 2014, tal y como exige la troika, que desde 2011 impone sus ajustes en Portugal.

El mayor grupo profesional del Estado son los profesores, afectados desde hace tiempo por la reducción de plazas y recortes de sueldo, y de nuevo uno de los sectores más golpeados por las nuevas cuentas públicas: los funcionarios con sueldos de más de 600 euros sufrirán recortes de entre el 2,5 y el 12 por ciento.

Un mes después de aquel encierro, cuatro profesores lograron reunirse con otros tantos representantes ministeriales. El elevado número de alumnos por clase, la implantación de una prueba de acceso a la carrera docente, los procesos “arbitrarios e injustos” de colocación de profesores en las escuelas, y la financiación de colegios privados cuando existe suficiente oferta pública en la misma zona fueron los temas anotados en la pizarra.

“Está por probar que las aulas con treinta alumnos sean peores que las de veinte” fue la respuesta gubernamental a la primera de sus reivindicaciones. “Ni desmentimos ni confirmamos”, contestaron sobre la financiación a la educación privada. Son las nuevas respuestas oficiales. “No nos satisfacen y sólo confirman el rumbo de las políticas de destrucción de la escuela pública de este Gobierno”, afirmaron los docentes al finalizar la reunión. Los profesores anuncian nuevas acciones de lucha. Son las renovadas réplicas sociales.

No están solos. Un grupo de alumnos de la enseñanza superior les acompañó durante las horas de encierro. La situación en las universidades lusas también es de lucha: los ‘jueves negros’ proliferaron durante el mes de octubre, como protesta para que nadie abandone sus estudios por incapacidad financiera. Y es que, las familias portuguesas destinan el 22 por ciento de su presupuesto a afrontar los estudios superiores, según el reciente estudio ‘Costo de los estudiantes de Enseñanza Superior portuguesa’, mientras que sólo el 15 por ciento de los alumnos de enseñanza superior reciben becas de acción social, cuando hace un año el porcentaje era del 26 por ciento. Mientras, las cifras de inscritos en la universidad bajan cada año.

El Parlamento inaccesible
Las redes sociales replicaron el encierro de los profesores y, al unísono, trabajadores de la sanidad pública marcharon a las puertas de su Ministerio correspondiente. El inicio del otoño ha traído huelgas repetidas de metro, en la administración pública y en los trenes, así como tres sábados continuados de protestas en las calles, incluido un pacífico intento fallido de ocupar el mítico puente 25 de Abril.

“Todos los sacrificios que aplastaron a la población del país en el último año, que forzaron la emigración de cientos de miles de personas, no han tenido impacto en el déficit. Los datos del Boletín Estadístico del Banco de Portugal revelaron que la deuda pública ha alcanzado el 131,4 por ciento del PIB. Cuando la troika llegó a Portugal, la deuda era del 97 por ciento y se consideraba ‘insostenible’. Las conclusiones son evidentes: la intervención de la troika y las acciones del Gobierno no tienen nada que ver con la deuda y el déficit, sino con la destrucción del modelo social, de los salarios y de las pensiones, de los sistemas de apoyo para las personas y, finalmente, la democracia”, afirman desde el colectivo ‘Que se Lixe a Troika!’, instigador de una de las manifestaciones más multitudinarias, que reunió a unas cinco mil personas el pasado 26 de octubre. “La troika ha traído la deuda y el chantaje, perfecta excusa para acelerar la destrucción de los derechos en el trabajo y la aplicación de todas las medidas de austeridad.”, apunta Sara Simões, del colectivo Combate a la Precaridedad – Precarios Inflexibles.

El desempleo ronda el 16 por ciento, el doble que en los niveles pre-crisis. La estabilidad del Ejecutivo sigue incólume aunque calada por las críticas. “Este Gobierno sufre un problema de legitimidad profundo”, indica el profesor del ISCTE Business School Francisco Madelino. La investigadora de la Universidad de Lisboa Cátia Miriam Costa completa el análisis: “La caída del Gobierno es muy difícil en un cuadro de estabilidad parlamentaria. Pero si se persiste en la austeridad sin resultados positivos y visibles para la economía y para la sociedad, el Gobierno podría quedar en cuestionamiento. Aunque ahora mismo no es el escenario inmediato más probable”.

El palacio de Sao Bento, sede del Parlamento portugués, recibió a los miles de manifestantes con un cordón policial. Días antes, frente a las inmensas escaleras que conducen al edifico de estilo neoclásico que rompe la estética lisboeta, se concentraron varias personas dependientes. La imagen era simbólica: sillas de ruedas frente unas escaleras que conducían a los despachos de gobierno y en las que estaba prohibido sentarse: si alguien lo intentaba, un policía invitaba a levantarse. “Curioso que en la casa del pueblo no podemos ni sentarnos”, comentaba una de las presentes.

La mitad de los hogares en los que vive una persona con discapacidad no llega a los 600 euros mensuales de ingresos. Su supervivencia depende el entorno familiar. Las pensiones para este colectivo apenas superan, en su gran mayoría, los 212 euros al mes, aunque pierden su derecho si tienen cualquier otro ingreso superior a 178 euros y también en caso de contraer matrimonio con una pareja que tenga ingresos superiores a 250 euros mensuales, según los datos del colectivo (d)Eficientes Indignados. “Tenemos el derecho a vivir. Y la vida no es sólo respirar”, rezaba alguna de sus pancartas con las que habrían la manifestación más masiva del otoño.

Incluso el 1 de noviembre, día de Todos los Santos y otrora festivo, Sao Bento volvió a congregar una manifestación en protesta por los nuevos presupuestos, pendientes de ratificar por el Gobierno del socialdemócrata Pedro Passos Coelho, quien cuenta con la tranquilidad de la mayoría parlamentaria para sacarlos adelante.

Por idénticas razones y apenas una semana después, los funcionarios fueron a la huelga: “Ha sido la mayor de la historia de la Administración Pública”, fue la lectura triunfalista de los sindicatos organizadores. Éste ha sido el tercer año consecutivo en Portugal en el que noviembre acoge una huelga de la función pública y de nuevo las dos centrales sindicales, CGTP y UGT, se pusieron de acuerdo para su convocatoria, algo poco habitual en el pasado pero casi una norma desde 2010.

La revolución gris
El atropello social está uniendo a la población portuguesa. “Pero todavía hay una inercia y por eso no se produce un rechazo mayor. Necesitamos una contestación más fuerte, manifestaciones permanentes, movilización social, artículos académicos,…”, explica a Periodismo Humano uno de los rostros más visibles de la indignación portuguesa.

Es Rosario Gama. Tiene 64 años y hace dos que se jubiló, después de ser directora de la escuela de secundaria Infanta Doña María de Coimbra. Entonces descubrió que su pensión de jubilación iba a ser amputada por lo que se ha llamado ‘contribución extraordinaria de solidaridad’. Ahí empezó su lucha y el germen de Apre! (Aposentados Pensionistas Reformados). No entendía la pérdida de algo que había pagado toda la vida. “Hemos sido engañados, ha sido una violación del contrato que teníamos con Estado”, apunta Gama. “Hay que hacer una reflexión profunda sobre las diferentes medidas que pueden ser aplicadas; lo que el Gobierne pretende es beneficiar a los intereses privados, mientras que nosotros seguimos confiando en el Estado social”, explica.

Su voz ha repicado con fuerza, con exclamación. Como la que hay al final de Apre!, colocada a propósito, a modo de alzar la voz. En apenas un año de vida, esta asociación ha reuniodo a más de medio millón de socios que no paran de crecer diariamente. Ni de actuar.

Acaban de celebrar un coloquio internacional con el cartel de no hay billetes colgado desde días antes y con ponentes llegados de Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia, cuyos resultados se enviarán al Parlamento Europeo. La revolución gris (por las canas) pretende conformar una lucha europea, incluso están estudiando demandar, ante estancias judiciales de ámbito europeo, las medidas tomadas por los Gobiernos contra los pensionistas y jubilados.

Los mayores van muy en serio: “Las pensiones son los resultados de los descuentos efectuados a los ciudadanos durante su vida activa. Los ciudadanos se constituían en acreedores del Estado. Los fondos de pensiones así acumulados no son propiedad del Estado y éste no puede disponer de ello sin el consentimiento de los ciudadanos, y mucho menos para fines distintos para los que fueron constituidos. Por tanto, cualquier recorte en las pensiones constituye una grave violación del contrato entre los ciudadanos y el Estado, una quiebra del principio de confianza constitucionalmente consagrado y una falta de respeto a los derechos humanos. Tales recortes constituyen un ataque al derecho de propiedad, consagrado en la Constitución de la República Portuguesa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que los ciudadanos tienen derecho a demandar judicialmente a los Gobiernos que los lleven a efecto”, reza una de las conclusiones del congreso.

La tercera edad ha regresado a la economía informal para completar unas pensiones insuficientes en muchos casos. Y Apre! ha organizado vigilias por todo el país. “¿Me van a cortar también a mí?, ¿por qué no se meten con los grandes?, ¡pero si yo no tengo nada, sólo a mis hijos!, ¡no tienen vergüenza!…” Son algunas de las reacciones de viudas, ante las noticias de los recortes en las pensiones previstos para 2014. Las de viudedad (o sobrevivencia, como se llaman en Portugal) son las más afectadas en esta ocasión y se suman a los recortes realizados desde 2011.

Cual guerra psicológica de la troika ejecutada por el brazo del Gobierno contra la ciudadanía, la crisis ha abierto muchos frentes. La insatisfacción ha regresado a la calle, es palpable y muy visible. Lo intuyen incluso esos estudios de centenares de páginas redactados en oficinas a miles de kilómetros de Lisboa: hay que invertir más en medidas de carácter humano para mejorar los niveles de satisfacción, ya que es posible notar una discrepancia en este indicador, apunta por ejemplo la OCDE.

Los nuevos presupuestos son el penúltimo frente en el que la voz de la ciudadanía se ha colado. Mientras las concentraciones, las manifestaciones, las protestas, las recogidas de firmas (como la promovida por la Iniciativa por una Auditoría Ciudadana a la Deuda, que pretende incentivar el debate y movilizar en torno a la exigencia de una renegociación con todos los acreedores) y las vigilias brotan, las noticias de la prensa están ensimismadas en ofrecer cifras y gráficos, en muchos casos ilegibles y en otros, grotescos: ‘Tres de cada diez portugueses dejarán de consumir alimentos esenciales por falta de dinero’, rezaba un titular recientemente.

“La propuesta del presupuesto 2014 introduce nuevos recortes al gasto en sectores clave para el Estado social como la salud, la educación y la seguridad social, con repercusiones obvias en la calidad de la prestación de estos servicios y en la garantía del carácter universal de los mismos”, apunta el Grupo Economía y Sociedad, quien añade que estas medidas van en contra de “una concepción de la sociedad realizada después del 25 de Abril [sinécdoque para apuntar al fin de la dictadura de Salazar en 1974], las cuáles no pueden ser alteradas legítimamente sin un amplio debate colectivo y alargado consenso”.

Los envites son muchos pero, de momento, los diálogos reales del Gobierno y de la troika con la sociedad civil son escasos. Las pruebas de validación de conocimientos y capacidades para los profesores, una especie de ITV para los docentes públicos, es el último órdago lanzado por el Gobierno al colectivo de la enseñanza, ampliamente azotado. Y la respuesta no se ha demorado: una cadena humana, tejida en las redes sociales, buscará sellar el acceso al lugar del examen que se realizará en diciembre.

El ministro de Educación, Nuno Castro, no estuvo en la reunión entre los profesores y los representantes ministeriales. Pero tuvo su ‘regalo’: “Una prueba de acceso a la carrera de Ministro de Educación que podrá hacer gratuitamente. Por las respuestas dadas por sus representantes en la reunión tenemos dudas de que consiga aprobar”. Cinco preguntas tenía el examen para el ministro, entre ellas, “¿cuál es el número ideal de alumnos por aula?”. Su respuesta no se sabe o no se contesta, pero sí la de la sociedad portuguesa.

http://periodismohumano.com/destacado/portugal-en-las-calles-contra-la-troika.html

MarcaEspaña: El riesgo de pobreza o exclusión alcanza al 28% de la población

por Kaos. Estado español

Martes, 12 de Noviembre de 2013
La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España representa el 28,2 por ciento del total, según el análisis de los datos de Eurostat realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y difundido este martes.

Agencias

Según explica, desde el comienzo de la crisis en 2007, la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado levemente en los países de la Unión Europea: La media de la UE-27 ha pasado de un 24,4% en 2007 a un 25,0% en 2012.

Sin embargo, en España el incremento ha sido casi de cinco puntos porcentuales en el mismo periodo, pasando de un 23,3 por ciento de habitantes en riesgo de pobreza o exclusión al 28,2% del año 2012.

El Estado miembro con la tasa de pobreza más alta sigue siendo, no obstante, Bulgaria, donde casi la mitad de la población está en riesgo, seguido de Rumanía, que tiene en esta situación al 41,7 por ciento de sus habitantes.

En Letonia, Grecia, Lituania y Hungría prácticamente un tercio de la población está en riesgo de pobreza y en Italia e Irlanda roza el 30%, conforme los datos difundidos por el IEE.

Entre los países europeos con menos población en riesgo de pobreza están Alemania, Eslovenia, Francia y Dinamarca con cifras en torno al 19%. En Luxemburgo y Suecia las cifras bajan al 18% y se sitúan alrededor del 17% en Finlandia y Austria. La República Checa y los Países Bajos logran que sólo un 15% de su población esté en riesgo de pobreza o exclusión social.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/73564

Oleada de suicidios de indígenas sin precedentes en Brasil

Por Melissa Silva Franco

Jueves, 31 de Octubre de 2013

Niños y jóvenes guaraníes se quitan la vida para no vivir como mendigos o hacinados en reservas tras perder sus tierras en manos de grandes empresas y terratenientes.
Brasil vive una oleada de suicidios sin precedentes en la historia de América Latina. Se trata de la desaparición de los guaraníes, la etnia más grande del país y la primera que fue contactada por los europeos tras su llegada al continente hace más de 500 años.Cada semana, este pueblo afronta la tragedia agonizante de ver cómo al menos uno de sus integrantes más jóvenes se quita la vida ante la imposibilidad de recuperar las tierras despojadas por empresas extranjeras, terratenientes nacionales y por los continuos ataques por parte de pistoleros contratados.
Así lo denuncia la ONG Survival en un amplio informe en el que se demuestra cómo los Guaraníes han alcanzado un nivel de suicidio al menos 34 veces superior a la media nacional. Los protagonistas de esta epidemia son jóvenes entre 15 y 29 años, pero la víctima más joven de la que se tiene constancia tenía solo 9 años.
Rosalino Ortiz como guaraní sabe de lo que habla. Para este hombre, lo más desgarrador es cómo los jóvenes miran la miseria en la que viven sin sus tierras y piensan que lo mejor es suicidarse. “Ya no tenemos espacio. Antes éramos libres; ahora ya no somos libres. Por eso nuestros jóvenes miran a su alrededor y piensan que no queda nada y se preguntan cómo pueden vivir. Se sientan y piensan, olvidan, se pierden y al final se suicidan”.
La escritora e investigadora Joanna Eede explica que la pérdida y la destrucción de sus tierras está en el origen del sufrimiento mental de estos indígenas. “Para los guaraníes, como para la mayoría de los pueblos indígenas tribales, su tierra lo es todo. Les da alimento y refugio, moldea sus lenguas, sus cosmovisiones y su identidad. También es el lugar donde están enterrados sus antepasados y la herencia de sus hijos.
Simplificando: la tierra es lo que son. La línea divisoria entre el mundo exterior de la naturaleza y el mundo interior del yo es muy fina”.En cuanto a cifras oficiales, el Ministerio de Salud asegura que en 2012 se suicidaron 56 guaraníes, y que desde 1986 se han reportado 625 casos en la zona. Las organizaciones de Derechos Humanos denuncian que no son cifras reales, porque las investigaciones en terreno reflejan que desde el año 2000 cada semana ocurre un nuevo suicidio.
Desde el pasado 15 de octubre, La Vanguardia.com ha intentado obtener un pronunciamiento por parte de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), como dependencia oficial de los asuntos indígenas del Ministerio del Interior y Justicia, pero hasta la fecha no se pudo tener respuesta alguna.
Es un problema que tiene su epicentro en Mato Grosso do Sul, un estado al sur del país, cuya extensión puede ser comparada con Alemania. En esta zona, los guaraníes llegaron a convivir hace décadas a lo largo y ancho de 350.000 kilómetros cuadrados entre selva y llanura.
Los guaraníes siguen presentes en esta zona pero la realidad los ha situado en pequeñas parcelas de tierra o en la orilla de las carreteras, en condiciones crónicas de hacinamiento y sin acceso a ningún servicio básico. Por ejemplo, se calcula que en reservas de 3.000 hectáreas sobreviven más de 12.000 de estos indígenas.”Es difícil vivir aquí al lado de la carretera. Cuando llueve bebemos agua sucia al igual que los perros. Aquí no hay pozos (.) pedimos que nos dejen volver a nuestra tierra ancestral”, lamenta la líder guaraní Damiana, quien ha visto morir a más de la mitad de sus familiares.
Survival internacional además denuncia que la destrucción de los bosques ha traído como resultado la imposibilidad de cazar o pescar, y disponen de tan poca tierra que casi no es posible el cultivo. La malnutrición constituye un serio problema, y desde 2005 al menos 53 niños guaraní han muerto de hambre.
Las empresas

A partir de la década de 1980, Mato Grosso do Sul ha sido invadido por empresas que desarrollan las plantaciones de caña de azúcar que en la actualidad ocupan más del 60% de las tierras reclamadas por los indígenas. A esto se le suma el interés del gobierno de Brasil por desarrollar empresas biocombustibles en la región.

Gran parte de los indígenas trabajan para estas plantaciones -entre ellos niños- con sueldos mínimos y condiciones deplorables. Unas 80 nuevas plantaciones de caña de azúcar y destilerías de alcohol están planificadas en Mato Grosso do Sul, muchas de las cuales serán construidas en la tierra ancestral que reclaman los guaraníes.

Jata Yvary es una de las comunidades más afectadas en la región. En ella viven 225 guaraníes que perdieron sus tierras tras ser sometidos por los terratenientes que han implantado sus empresas para cultivar caña de azúcar que posteriormente venden a empresas extranjeras.

Las organizaciones internacionales como Survival señalan que en los últimos cuatro años, los guaraníes de esta comunidad han sobrevivido a pesticidas pulverizados que salen desde aviones que aterrizan en el lugar, y que la escasez de agua ya es inevitable luego que las maquinarias desechadas han taponado los principales arroyos de los ríos en toda la región.

En un comunicado enviado por los líderes de Jata Yvary se conoció su reclamo: “Nosotros los guaraníes no queremos que se plante más caña de azúcar en nuestra tierra. daña nuestra salud, incluida la salud de nuestros hijos, y de nuestros ancianos, y el veneno contamina el agua”.

En lo que va de 2013, dos adolescentes de 16 y 13 años decidieron quitarse la vida al colgarse de un árbol en el que fueron hallados por los propios habitantes de esta comunidad. El portavoz guaraní Tonico Benites reitera que “El suicidio de guaraníes se produce y aumenta como resultado del retraso en la identificación y demarcación de nuestra tierra ancestral”.

Esta nueva demarcación de territorios podría estar avalada en los próximos meses por una serie de propuestas de enmiendas a la Constitución y otras leyes en materia indígena que actualmente se discute en Brasil. “Decenas de proyectos de ley, decretos y propuestas de enmienda a la Constitución pretenden reducir y no hacer viables los derechos indígenas reconocidos y garantizados por la Carta Magna. El objetivo de estas iniciativas es, claramente, beneficiar sectores económicos vinculados a la agroindustria o la minería de exportación” concluye Ivaldro André, vicecoordinador del Consejo Indígena de Roraima, quien estuvo en España denunciado estas irregularidades.

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/72517-oleada-de-suicidios-de-ind%C3%ADgenas-sin-precedentes-en-brasil.html

Expertos alertan del aumento y cronificación de desigualdades por el desmantelamiento de políticas sociales

por Kaos. Tijeretazos y recortes sociales

Viernes, 25 de Octubre de 2013

 

 

El aumento y cronificación de las desigualdades en España es resultado, entre otros motivos, del desmantelamiento de políticas sociales en España, según se desprende del informe sobre el ‘Estado Social de la Nación 2013’…

 

Agencias

…presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales este jueves en Madrid con motivo de su vigésimo aniversario.

   El informe se articula en torno a dos aspectos: la situación de las personas y las familias, y el incremento y cronificación de las desigualdades. En este último punto, el documento denuncia que en España los más pobres aún están pagando más que en otros países las consecuencias de la crisis y se centra en la situación de los niños, quienes están sufriendo “de manera muy intensa este incremento de la desigualdad en España”.

Además, se hace alusión al coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos de una determinada sociedad. En el caso de España, el país acumula desde 2006 un deterioro de 2,8 puntos en el indicador, mientras la media de la UE-15 lo ha hecho en un 1,3, y la media de la UE-27 lo hacía en un 0,5.

También se hace referencia al índice 80/20 que analiza cómo se distribuye la riqueza entre el 20 por ciento que más posee y el 20% que menos. En este caso de España, se han visto aumentadas las diferencias en estos años de crisis muy por encima de la media de la Unión Europea al pasar de un valor 5,4 en 2008, a 6,8 en 2011;  mientras que en el resto de la Unión Europea se ha mantenido en un 5 a lo largo de estos mismos años.

Por todo ello, los autores del estudio enumeran varios factores como claves de la desigualdad como la política laboral y el modelo de crecimiento; un sistema fiscal débil e injusto; el desmantelamiento de las políticas sociales y el alejamiento y deslegitimización de la política.

Precisamente, en cuanto al desmantelamiento de las políticas sociales, según datos de Eurostat, España es uno de los peores países de la UE en porcentaje de población en situación de pobreza o riesgo de exclusión tras el gasto social, sólo por delante de Rumanía y Bulgaria, en el número 25 de 27.

Los autores del documento también denuncian que, desde que se aprobó el Real Decreto de julio de 2012, cada día se han perdido 103
beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia, en una circunstancia en la que calculan que 1,3 millones de personas necesitan apoyos para las actividades básicas de su vida diaria.

“Los recortes, con un perfil claramente ideológico, han deteriorado de forma continuada las bases del Estado de Bienestar español”, alerta el estudio, para añadir que “la continua y acusada demolición de los servicios sociales no es inocua, y tiene como consecuencia un incremento de las situaciones de pobreza y
exclusión social”.

Así, las comunidades autónomas con mejor desarrollo de sus servicios sociales han afrontado mejor la lucha contra el empobrecimiento en estos años de crisis, destacando los casos de País Vasco, Navarra y La Rioja, frente a Canarias y Comunidad Valenciana, las peor situadas, según el estudio.

Según el estudio, el abandono de la responsabilidad pública en
servicios sociales es paralelo a la apuesta de determinadas
Administraciones por delegar en iniciativas privadas esta materia, y alertan de que “la compasión y la donación humillante a los pobres no pueden sustituir la responsabilidad del Estado de garantizar derechos sociales a sus ciudadanos”. Además, añaden que la Reforma de Régimen Local puede suponer “un golpe demoledor” de los servicios sociales, que son servicios de proximidad que tienen en España una sólida base local.

FAMILIAS Y DESEMPLEO

El informe también analiza la situación de las personas y las familias, mencionando aspectos como el desempleo, las dificultades económicas de los hogares y la pobreza y la exclusión.

En este sentido, el documento recuerda que actualmente casi seis millones de personas en paro (según datos de la EPA del segundo trimestre de 2013), un problema que afecta a más de uno de cada dos menores de 25 años (según datos de la EPA del cuarto trimestre de 2012). Por sexos, el desempleo es un punto y medio superior en mujeres (27,06%) que en hombres (25,58%) en el último trimestre conocido.

El documento señala que más de tres millones de desempleados no cobran ninguna prestación o subsidio. Además, indica que la pobreza no es una circunstancia individual, sino que se comparte y diluye en las familias; y denuncia que el hambre es una situación real, que afecta a casi dos millones de personas en España. Y añade que más de una de cada cinco personas se encontraban en 2012 bajo el umbral de la pobreza (21,1%), un punto y medio más que en 2008 (19,6%).

El informe también revela que cerca de siete millones de personas
utilizaron los servicios sociales en España en el año 2011 y alerta de que “todo apunta a que la pobreza puede incrementarse de forma dramática en España, si continúan las actuales políticas de austeridad”.

http://kaosenlared.net/component/k2/item/72036-expertos-alertan-del-aumento-y-cronificaci%C3%B3n-de-desigualdades-por-el-desmantelamiento-de-pol%C3%ADticas-sociales.html

A mí también me da asco ser español

Arturo González,18 oct 2013

Pero no como a Albert Pla, por supuesto. Me da asco porque el mismo día marcado de Lucha contra la pobreza, el señor Botín afirma que el dinero está entrando a espuertas en España, pero no paliar la pobreza. Me da asco porque el mismo día en que se conoce que el 40% de los andaluces viven en la miseria, el Príncipe Felipe afirma en Panamá que la economía española está encontrando su camino. Me da asco que haya personas que en el Ibex amasan fortunas superiores a los cinco mil millones de euros. Porque tenemos un Presidente del Gobierno tan obsceno que promete que no subirá más los impuestos e incluso los bajará y a continuación los sube vía Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Me da asco ese mismo Presidente que afirma que las cargas a que ha sometido a los españoles han sido repartidas con justicia. Me da asco un país con más de tres millones de pobres en pobreza severa sin que ocurra nada. Me da asco que cacareen que España es un ente mágico y los españoles sufran para vivir dignamente. Me da asco que abusen del poder que se les concedió en las urnas. Que el líder, o como se llame, de la oposición juegue con España y con su partido y posibles votantes haciendo oídos sordos a toda renovación seria. Me da asco que no se permita votar a los catalanes ni al resto de españoles en nada de lo que deseen. Me da asco el retroceso ético y moral que nos han impuesto. Me dan asco los meapilas, los corruptos, los sindicatos que se disculpan sin reconocer sus mangancias, me da asco el ministro de Justicia, y el de Educación, y la de Empleo, y la de Sanidad. Me da asco la farsa en que se ha convertido el Parlamento.

El asco supone un grado superior a que te duela España. Me dan asco las Comunidades Autónomas y el desbarajuste en que han devenido. Me da asco a toro pasado el ex presidente Zapatero, y el ex presidente Aznar, que trata de resurgir, me dan asco los obispos, el Opus Dei y su secretismo influyente, me dan asco los telediarios oficiales y oficiosos, me da asco la gresca permanente, que no la discrepancia, como nuestra seña de identidad, me da asco la España borde, que la Constitución sea inmutable y digan que no lo es por mucho que lo reclamemos, me da asco la represión municipal, que ya no se pueda cantar y tocar la guitarra en las calles, que sea delito mendigar, y, sobre todo, me da asco ser español y ver las abismales diferencias económicas y sociales que se han instaurado entre los españoles. Me dan asco los triunfalistas, los defensores de la caverna y la injusticia. Me dan asco los que se vanaglorian del orgullo de ser y sentirse españoles, me da asco que no dejemos que a alguien le dé asco ser español.

http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2013/10/18/a-mi-tambien-me-da-asco-ser-espanol/

Torturadores de ayer y de hoy

En el fondo, lo que pasa es que cada día nos vamos dando más cuenta de que con Franco moríamos mejor, y eso un argentino no puede entenderlo sin traducírselo al lunfardo.

Al final los fachas van a tener razón. Esto de la memoria histórica es volver a reabrir heridas, dicen. ¿Para qué reabrir heridas si las heridas que nos están abriendo ahora son incluso más profundas que aquellas, dado que estas heridas de hoy las hemos votado?

A este paso, hasta yo me voy a volver franquista. Con Franco, al menos, sabías de antemano que ibas a ser perseguido por cualquier ocurrencia, y te protegías más. Ahora caminamos tranquilos por nuestra democracia y de repente viene un señor y te dice que has perdido tu casa por una miserable deuda de 900 euros que tú habías intentado pagar ayer. Le pasó el otro día a una señora en Madrid. De cuyo nombre nadie ya quiere acordarse. Pero se llamaba Amparo y era de Carabanchel.

El sentido de querer investigar crímenes del pasado no es nostálgico. En mi espesa nebulosa intelectual, atisbo que es para saber si la huella de aquellos criminales es la que otra vez nos pisa el cuello. Si son los mismos. Si son los hijos de los mismos. Si son los nietos de los mismos. Y lo son. No hay más que repasar las heráldicas.

Después, si nos ponemos más serios, descartamos las heráldicas. Porque los hijos y los nietos no tienen por qué cargar con los pecados de sus abuelos y sus padres. Y llegamos al bordecito del barranco. Y nos damos cuenta, quizá, de que investigamos los crímenes del pasado para saber si las ideas que los inspiraron son las mismas ideas que inspiran los crímenes de ahora. Y lo son.

Yo no tengo ninguna afición a encarcelar a dos o tres asesinos franquistas nonagenarios, como demandan hoy los jueces argentinos. Prefiero que se mueran en sus camas. Tranquilamente. Tal y como ellos no dejaron morir jamás a nadie. Yo quiero juzgar el fondo de sus ideas. El origen de sus poderes. Yo quiero saber quién hace una guerra, que no es un militar. Quiero saber quién paga las guerras. Yo quiero saber quién es el malo, como en lo de Pérez Reverte.

Se hablaba estos días en los periódicos, con cierta elegante displicencia, de que cinco años después de la caída de Lehman Brothers ningún alto directivo de la banca timadora ni de las agencias de calificación prostibularias ha sido encarcelado. Y Amparo, la de Carabanchel, está muerta. Cositas que pasan.

En la II República, hubo una guerra porque la oligarquía terrateniente y la Iglesia se oponían a una reforma agraria que devolvería un poquito de la tierra al que la trabaja. Murieron los que la trabajan. Ahora, que estamos más internacionalizados, como dirían los horteras, la guerra se ha montado porque la oligarquía se opone a la existencia de los derechos laborales y sociales. No sé de ningún banco que se haya hundido. Han sido absorbidos o rescatados. Sin embargo sí que sé de mucha gente corriente hundida. Sí. Y no he visto ningún plan de rescate europeo para salvar a Amparo. Y eso que solo costaría 900 euros. Menos de lo que cuesta el viaje de un eurodiputado español a Bruselas, calculo.

Quizá ahora Argentina investigue nuestros crímenes del franquismo, 75 años después. Y me pondré muy contento. Pero no esperemos a 2088 para investigar los crímenes de ahora mismo. Quizá investigar a esos abuelos ya indefensos no sea tan baladí si sus nietos siguen aquí, con las mismas ideas y haciendo el mismo daño. Da como la impresión de que la justicia es cosa lenta. Tendré que poner a mis nietos a esperar justicia, si algún mal día los tuviere.

http://blogs.publico.es/rosa-espinas/2013/09/21/torturadores-de-ayer-y-de-hoy/

Economistas de izquierdas presentan una alternativa “a la falacia de los expertos” sobre las pensiones

En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual

DANIEL DEL PINO Madrid 21/09/2013

Pedro Montes (iz) y Henrique Illueca (dcha) al lado de Alberto Garzón, ayer en el Congreso.- MARIANO ASENJO

Pedro Montes (iz) y Henrique Illueca (dcha) al lado de Alberto Garzón, ayer en el Congreso.- MARIANO ASENJO

¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?

Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el quedesmenuzan una a una lo que consideran “las falacias del grupo de expertos” de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. “La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría”, denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.

Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma “es una barbaridad”, “una vergüenza” y “un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones”. Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.

Gasto excesivo

La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, “el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones”.

“Lo insostenible del sistema es la caída de ingresos por la recesión, así que lo verdaderamente insostenible es la recesión”

En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro:seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB.

Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. “Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública […] En un Estado concebido como social por la Constitución esto es inconcebible […] Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones”, sostienen.

Más ingresos

Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos “no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales”. Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que sostiene que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Esto les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.

“Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones”Y la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. “El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión“, reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo: “Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida”.

Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per cápita, que “en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva”.

Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: “El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo”.

Infórmate

El manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org.

Los firmantes son: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González, Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín Seco, José Luis Monereo,  Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio,Julio Rodríguez y Amat Sánchez.

http://www.publico.es/dinero/469589/economistas-de-izquierdas-presentan-una-alternativa-a-la-falacia-de-los-expertos-sobre-las-pensiones

¿Es necesaria la reforma fiscal?

 

Edmundo Fayanas Escuer | Profesor y licenciado en Historia
nuevatribuna.es | 29 Agosto 2013 – 17:23 h.

SI, necesaria e imprescindible. Si tuviéramos un gobierno mínimamente serio y con sensibilidad social, su primera media hubiera sido la reforma fiscal, con la finalidad de aumentar los ingresos y evitar los recortes.  ¿Por qué la reforma fiscal? En España ha caído la recaudación fiscal como en ningún otro país europeo.   Esta caída ha sido achacada a la crisis económica.

Como dice el conocido economista John Maynard Keynes “evitar los impuestos es una de las pocas actividades intelectuales que producen beneficios económicos”.

La realidad es bien distinta, de cada cuatro euros que ha caído la recaudación impositiva, sólo un euro es consecuencia de la crisis, los tres restantes son consecuencia de las reformas fiscales llevadas a cabo por el PP y el PSOE, que han conseguido un sistema aberrante, injusto e insolidario, y que si hubiera una justicia seria, sería declarado inconstitucional.

Aproximadamente el 22% del PIB es economía sumergida, que ha sido aceptada y fomentada desde los distintos gobiernos del PP y PSOE. El nivel de defraudación es escandaloso, cuando el mundo del trabajo representa el 47% del PIB su aportación impositiva es nada menos que del 90%, mientras que el otro 53% (mundo empresarial, plusvalías….) solo aporta el 19% ¿cabe mayor descaro y escándalo? La defraudación fiscal ronda los 75.000 millones de euros anuales según la Unión Europea.

Hoy sabemos que el 95% de las 35 empresas que forman el IBEX actúan de forma habitual en paraísos fiscales y su nivel de defraudación roza el 50% de los 75.000 millones de defraudación al Estado ¿Qué han hecho los gobiernos del PP y del PSOE para atajar este escándalo? Evidentemente nada, es decir mirar hacia otro lado. Como dice Adam Smith “no es muy ilógico que los ricos contribuyan al gasto público, no solo en proporción a sus ingresos, sino en algo más que esa proporción”.

Actualmente, la prensa escrita de este país demanda una baja de impuestos para salir de la crisis. Sin embargo, la situación es mucho más compleja que subir o bajar impuestos. Analicemos.

La presión fiscal en nuestro país está ocho puntos por debajo de la europea, el 32,4% en España por el 40,1% en la U.E. Sin embargo, como hemos visto las rentas salariales están muy castigadas, mientras que la del capital apenas pagan. La cuestión hoy no es bajar o subir impuestos, sino quien debe pagar, cuanto se paga y que se hace con el dinero recaudado.

En resumen podemos afirmar que España no tiene un problema de gasto público excesivo, sino de insuficientes ingresos impositivos, por eso una reforma fiscal es necesaria e imprescindible. Es falso que las pensiones o el Estado del bienestar  sean insostenibles por falta de medios. Es obvio que si las clases ricas y las multinacionales pagaran los impuestos que les corresponden, no harían falta recortes.

Las medidas tributarias a adoptar deben ser muy selectivas, guiadas tanto por el criterio de eficacia recaudatoria como por el de su equidad. Debemos saber que España invierte menos de la mitad que los países europeos en su lucha contra el fraude. En consecuencia, es preciso perseguir el fraude fiscal, para que paguen los que no pagan.

Como dice Pedro Saura “la eficacia y los retornos que un euro gastado en la lucha contra el fraude tiene para la Hacienda Pública española es uno de los costes más bajos de la Unión Europea, ya que el coste de gestión de nuestra Agencia Tributaria es de 0,78 euros por cada cien euros líquidos obtenidos. La disyuntiva en el presupuesto no es entre inspectores y profesores, sino que la existencia de más inspectores financiaría la presencia de más profesores en las aulas”.

La primera cuestión fiscal es que los impuestos deben estar bien diseñados técnicamente, para que se impida escapatorias como las actuales, donde por ejemplo el impuesto de sociedades con un gravamen del 30%, realmente se está pagando el 10%.

La primera medida a tomar de forma responsable es volver al IVA existente a la subida de Rajoy. La segunda es mantener de forma indefinida el gravamen complementario del IRPF y añadiendo tres impuestos, uno sobre bienes suntuarios, otro sobre transacciones financieras y riqueza y el tercero un impuesto sobre depósitos bancarios con un gravamen del 0,2%.

Modificación de la actual estructura de las SICAV, modificando su escandaloso 1% y llegando al 5%. El Impuesto de Sociedades debería seguir en sus actuales gravámenes del 30-35%, pero sí con una desaparición de muchas de sus exenciones actuales y que en ningún caso pagarán menos del 25% real.

Eliminar la deducción de la vivienda con carácter retroactivo y eliminación de forma progresía en alrededor de cinco años esta deducción por vivienda. Eliminación de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones privados.

Se debería trabajar en los llamados impuestos verdes, donde temas como la contaminación, carburantes, tema del agua etc. Por ejemplo se debería implantar un impuesto sobre el uso de aguas públicas por las empresas eléctricas, que en España es prácticamente de coste cero, y ponerse uno parecido al de Alemania que por ejemplo produciría una recaudación de 1.200 millones de euros anuales.

El gobierno del PP decidió subir los impuestos a las clases medias y no ha hecho nada frente al fraude fiscal, y sí concediendo amnistías fiscales que legaliza conductas defraudadoras. Rajoy se debía haber centrado en aumentar los ingresos, tocando a los poderosos, pero como son los que le apoyan prefirió recortar para explotar  a los más débiles. Debemos recordar la frase “tu evasión es mi desempleo y tu paraíso es mi infierno”.

La reforma fiscal es una necesidad prioritaria, pero no haciendo lo que hasta ahora han hecho PP/PSOE, que es bajar impuestos a los ricos, sino que se deben reequilibrar y que cada uno pague en función de sus ingresos como marca la Constitución. Es de justicia, una reforma fiscal distinta pues seguir con más de lo mismo incendiará las calles por injusta. Estemos atentos.

http://www.nuevatribuna.es/opinion/edmundo-fayanas-escuer/necesaria-reforma-fiscal/20130829132451095938.html

La piñata de los baldíos y los abogados robatierras

28/8/2013 en La Haine

x Renán Vega Cantor

Tras la apropiación de la altillanura por las grandes empresas se perfila un terrible objetivo de las clases dominantes de Colombia: la eliminación de los campesinos

“[…] La habilidad y el patriotismo de los abogados colombianos al servicio de las compañías extranjeras consiste precisamente en enredar inteligentemente las palabras para que pierdan su significación gramatical en beneficio de la patraña jurídica […]. Estas argucias desleales y sutiles no se les ocurren a los abogados de la Universidad de Columbia, sino a los profesores de la Universidad de Colombia […]”.
Luis Cano, 1926 (¿?), citado en Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Editorial E.S.E., Bogotá, 1969, p. 269.

Si se trata de rastrear el origen histórico de la desigualdad e injusticia de nuestra sociedad es necesario remitirse al despojo de la tierra a que han sido sometidos los pobladores pobres del campo (indígenas, campesinos, afrodescendientes, colonos…), a lo cual hay que agregar la usurpación fraudulenta de los baldíos, o territorios de la nación, en la que han participado desde 1820 militares, empresarios nacionales y extranjeros, abogados, notarios, terratenientes, tenedores de bonos de deuda pública…

La “piñata de los baldíos” que se ha desatado en tiempos recientes no es ninguna novedad en Colombia, simplemente es la repetición de una vieja historia, que tiene como protagonistas consuetudinarios a las clases dominantes de siempre y al Estado. Con esto se demuestra que estructuralmente este país nunca ha cambiado, y sigue siendo manejado con la lógica de una gran hacienda, en la cual los poderosos hacen lo que se les viene en gana con los territorios nacionales y con los campesinos, los que, en el mejor de los casos, son arriados como sirvientes, o son vistos como un estorbo que debe ser eliminado.

La orinoquia y el modelo Riopaila

Según la Superintendencia de Notariado y Registro un baldío es un “terreno urbano o rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño”. Una importante porción de esos baldíos se encuentra en la altillanura del oriente del país, con una superficie de cuatro millones de hectáreas “libres”, un apetecible bocado para inversionistas nacionales y extranjeros que perciben la región como un “polo de desarrollo”, un tecnicismo que se pronuncia para referirse a la siembra de cultivos de exportación y agrocombustibles.

La empresa azucarera Riopaila, que tradicionalmente se ha enriquecido con el robo de tierras en el Valle del Cauca y con la explotación inmisericorde de los trabajadores, ahora continúa con su zaga de despojo en la Orinoquía colombiana. ¿Cómo lo realizó?

Para empezar, tanto en la región como en el resto del país existe un obstáculo legal que dificulta el acaparamiento de tierras en zonas de antiguos baldíos, que se denomina la Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida por la Ley Agraria 160 de 1994, cuyo tamaño varía según la región y de acuerdo a la extensión mínima indispensable para garantizarle una vida digna a una familia campesina. En la Orinoquia, esa UAF puede llegar a ser de hasta 1.500 hectáreas pero en promedio es de 1000. Además, según el artículo 72 de la mencionada Ley, las tierras baldías deben ser adjudicadas a pobres del campo y no pueden comprarse para constituir grandes haciendas. Sigue leyendo

Los brotes verdes del PP

Mi foto

 

Fíjense ustedes que yo era muy escéptico. Y pensaba que lo de los brotes verdes era una milonga inventada por los peperos para combatir, aunque fuera con la mentira, ese desánimo general que tienen los ciudadanos. Desánimo más que justificado.

Sin embargo, ahora acabo de ver que lo de los brotes verdes era verdad. Y que en un campo de barbecho, en un desierto invivible han aparecidos oasis. Y yo pensando que todo era un camelo.

Lo que pasa es que Rajoy, de Guindos, Montoro y todo el cuartel general pepero no nos ha dicho en dónde aparecen esos brotes verdes, pero haberlos haylos. Y si no que se lo digan a los bancos. Por ejemplo, el Santander.

O sea, en un país en recesión, con seis millones de parados, con salarios cada vez más bajos, con trabajos precarios al máximo, resulta que nuestro buque insignia de la banca ha conseguido tener, en el primer semestre de este año, el 29% más de beneficio, y ha igualado casi a los conseguidos en todo 2012.

Crisis Ciudadanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hay quien niegue que son brotes verdes? Claro está que son brotes verdes que se convierten en brotes marrones si se miran desde el simple ciudadano. En todo caso sólo los accionistas podrán gozar de esa ‘magnífica marcha’ del primer banco español.

Y es que no es verde todo lo que reluce. Puesto que aunque, con orgullo y pasión, el gran Botín ha conseguido un nuevo ídem, y proclama a viento y marea que se ha abierto una etapa de creciente beneficio, la morosidad sigue aumentado y los créditos siguen decreciendo. O sea que a mayor beneficio menores salarios. Yo, ingenuamente, me pregunto, ¿de dónde salen los beneficios, si la gente no consigue créditos y paga peor los que tiene? Pues no cabe duda que de los ciudadanos que aún tienen algún ahorro en el banco y que les fríen con comisiones y les bajan los intereses. Y sobre todo, esos resultados tan raros en época de crisis sólo pueden salir de la economía especulativa.

Y ahí están, presumiendo de ser una empresa modelo que se hincha a beneficios a costa de tejemanejes financieros, de exprimir más a sus clientes y de conceder menos créditos. Esa es la tendencia. Más para unos pocos y menos para la mayoría. Nunca las matemáticas han estado tan acertadas. Está claro por qué Rajoy y sus muchachos hablaban de brotes verdes, ahora, por fin, los vemos: los suyos siguen forrándose.

Salud y República

http://rafa-almazan.blogspot.com.es/2013/07/los-brotes-verdes-del-pp.html