Casi 900.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España

Escrito por  Kaos. Derechos Humanos

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña ha alertado este martes de que un total de 873.000 personas han perdido en España el derecho a la asistencia sanitaria en los últimos dos años, después de que en 2012 entrara en vigor el decreto 16/2012, ha informado la entidad en un manifiesto, que recoge cifras del Gobierno.

Agencias

El decreto, llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vinculó la asistencia sanitaria a la condición administrativa del asegurado, restringió ciertas prestaciones y aumentó la carga directa para las personas.

En el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, el Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales catalanas, exige la derogación de esta norma y pide la elaboración de una nueva ley de Sanidad que tenga un “amplio consenso” y garantice el acceso de todas las personas a la sanidad.

Advierte de que la población afectada es especialmente vulnerable y debería gozar de medidas de protección sociosanitarias, además de que es un colectivo que ha contribuido a su financiación mediante los impuestos.

También avisa de que la diferente aplicación del decreto en las comunidades autónomas y la disparidad de criterios por parte de los centros sanitarios “ha deteriorado aún más la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud“, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.

Ha detectado que en los supuestos en los que el decreto reconoce el derecho a la atención —embarazadas, menores y atención de urgencias— se han originado numerosos casos de desatención sin tomarse ninguna iniciativa para resolver los incumplimientos.

Además, han apuntado que al desplazar la atención a las urgencias se genera un retraso diagnóstico y el agravamiento de las patologías, lo que “supone un aumento del gasto sanitario para su atención”, y han recordado que medidas de exclusión similares en otros países han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que cuesta una atención inclusiva.

El manifiesto también recoge reclamos como la exigencia de compromisos de pago; mantener los programas de prevención vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles en sectores de población para evitar brotes epidémicos, y alerta de las desigualdades económicas y de género que genera.

Han recordado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos de organismos como la ONU y el Consejo de Europa, que han instado al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, y le han pedido que evalúe el impacto del decreto en términos de derechos humanos.

También recoge dos autos del Tribunal Constitucional (TC) que apela a la importancia singular en el marco constitucional del derecho a la salud, a la integridad física y a la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, lo que “no puede ser desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/96993-casi-900-000-personas-han-perdido-el-derecho-a-la-asistencia-sanitaria-en-espa%C3%B1a

España:Naciones Unidas crítica con el poder judicial español

Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

  • Amnistía Internacional participará hoy 10 de septiembre en el diálogo interactivo con el Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde presentará las preocupaciones de la organización.
  • Amnistía Internacional, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se dirigieron a diversas autoridades españolas demandando que cumpla con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas

El Estado español no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, y promoción de la verdad, justicia y reparación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de las principales conclusiones de los informes publicados recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición publicados recientemente.

Ambos mecanismos de Naciones Unidas han coincidido en sus críticas al Poder Judicial; el Relator asegura que es la institución del Estado donde existen los mayores déficits en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

Por su parte, el Grupo de trabajo destaca que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Igualmente alertan de que en la actualidad no existe ninguna investigación judicial efectiva sobre desapariciones forzadas, y observa cómo jueces, fiscales o policía no están presentes en las exhumaciones, lo que es considerado una omisión grave de parte de las autoridades judiciales.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en la que se concluye sobre la imposibilidad de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el Grupo de trabajo constata que a partir de dicha sentencia “prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó, ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas. Si bien esta situación ya existía con anterioridad, las decisiones del Tribunal Supremo dieron nuevos argumentos a los jueces inferiores para no avanzar en las causas judiciales”.

Las organizaciones firmantes se han hecho eco de además las siguientes preocupaciones expresada por los mecanismos de Naciones Unidas:

  • Falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal español, tal y como establece el derecho internacional.
  • La Ley de Amnistía 46/1977. Una vez más los mecanismos de Naciones Unidas alertan de que la ley de Amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales adquiridas por España; asimismo destacan que no hay impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales.
  • Jurisdicción universal y cooperación judicial con otros Estados. Ambos mecanismos se han referido, por un lado, a la reforma de la jurisdicción universal, y a las preocupaciones en torno a la no siempre adecuada colaboración por parte de España con la justicia de otros estados; en particular la argentina, donde se encuentra abierta una investigación por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y que adopten medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición han presentado informes relativos a sus visitas realizadas a España en septiembre de 2013 y enero-febrero de 2014, respectivamente. Dichos informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos durante su 27ª período de sesiones los días 10 y 12 de septiembre.

http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2014/09/10/espananaciones-unidas-critica-con-el-poder-judicial-espanol/

El Gobierno ante la ONU: “Las víctimas de la dictadura han conseguido su objetivo, que es consolidar la democracia”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica califica de lamentable la respuesta española en Ginebra
 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado de lamentable la respuesta del Gobierno español ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, cuando en la tarde del día 10 el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha leído el informe elaborado sobre España tras su visita, el pasado mes de marzo. La representante española ha despachado el tema afirmando que “las víctimas de la dictadura ya han conseguido sus objetivos que son consolidar la democracia”.

“Se trata de una enorme falta de respeto a las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, asegura con indignación en un comunicado la ARMH. En su informe, Pablo de Greiff enumera “los numerosos incumplimientos que el Gobierno de España hace de sus compromisos internacionales y en especial de los que afectan a las víctimas de la dictadura franquista”.

“Las víctimas ya han conseguido reparación”
Tras la lectura del informe, a primera hora de la tarde se ha producido esta respuesta de Ana María Menéndez, miembro de la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra. “Ha tachado de impreciso el informe de De Greiff y ha asegurado que las víctimas de la guerra civil y de la dictadura ya han conseguido la reparación que precisaban”, denuncia la Asociación.

Querían una democracia
Para el Gobierno esa reparación consiste, continúa la ARMH, “en tener una democracia. Se trata de algo que se contradice con las miles de peticiones de ayuda, de víctimas de la dictadura franquista, que ha recibido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde el año 2000”.

¿El relator se reunió con quien no debía?
“Además, la representante del Gobierno, asegura que el relator especial es posible que no se haya reunido con los colectivos adecuados, sembrando dudas sobre la representatividad de las numerosas víctimas que se encontraron con el Relator.Menéndez, ha centrado parte de su debate en defender la vigencia de la Ley de Amnistía”, añaden.

“Insulto  hacia cien mil desaparecidos”
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), consideran “un insulto que una representante de nuestro Gobierno considere satisfactoria la desaparición de 114.226 hombres y mujeres cuyos cadáveres siguen en fosas de cunetas y caminos”.

El Gobierno no consultó
“También resulta lamentable que para elaborar su respuesta al informe el Gobierno de España no se haya puesto en contacto con los afectados y envíe a una representante que en algún momento parecía hablar en nombre de las víctimas cuando aseguraba que ya tienen la reparación que tienen”, critican.

Lamentable actitud
Piensa además la Asociación que la representante de España ante un organismo humanitario de la ONU, “ha cometido la lamentable actitud de considerar que el Estado español no tiene una tarea pendiente con respecto a las víctimas de la dictadura”.

El delito más grave contra la persona
“Resulta lamentable ver que en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver”, ha manifestado Emilio Silva, presidente de la ARMH.

Discriminación política
Desde esta entidad se remitirá una pregunta por registro a la Representante Permanente de España “para denunciar la discriminación que hace el Gobierno de España de unas víctimas de la violencia con respecto a otras. En ese sentido el informe de De Greiff señala que en una democracia no puede existir una discriminación política a víctimas de delitos tan graves”.

¿Y las víctimas de otros delitos?
 “Queremos saber si a partir de ahora el Gobierno tiene previsto decirles a las víctimas de otros delitos que no van a acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación porque tienen que conformarse con vivir en democracia”, añadió Silva

Desprecio hacia los Derechos Humanos
La ARMH recuerda  que ha exhumado más de 200 fosas desde el año 2000, y que acudió a reclamar la intervención de la ONU en 2002. En esa línea afirma que seguirá denunciando en todos los ámbitos internacionales “el desprecio del Gobierno de España a los Derechos Humanos y el maltrato a las víctimas de la dictadura que mueren cada día sin conocer el paradero de sus seres queridos y sin haber podido darles una sepultura digna”.

http://www.elplural.com/2014/09/10/el-gobierno-ante-la-onu-las-victimas-de-la-dictadura-han-conseguido-su-objetivo-que-es-consolidar-la-democracia/

El Gobierno de España está librando una guerra contra internet y tú eres la víctima

Escrito por  La República

Medidas como estas marcan una verdadera guerra por parte del Gobierno de España contra internet, donde aquellos que vivimos en el país terminamos siendo las “víctimas”. Días atrás decía Alberto Sánchez que la pelota está en nuestro lado y que somos nosotros los que deberíamos parar la implantación del canonazo.

La Comisión de Cultura ha aprobado la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, que incluye el controvertido canon AEDE o tasa Google, hoy tras una sesión extraordinaria. La sesión había sido pedida por el Partido Popular al Congreso, para así poder aprobar la normativa en julio en un debate express y enviarla al Senado para zanjar su tramitación sin pasar por el pleno del Congreso (y por lo tanto un mayor debate público) al contar con competencia legislativa plena.

La ley salió adelante con una diferencia de dos votos, y sólo con el apoyo del PP, ya que PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur y ERC han votado en contra. El consenso del que hablaba el PP no ha aparecido por aquí. Cabe señalar que el PSOE votó en contra de la propuesta porque aún quería una ley más retrógrada.

El Canon AEDE se conoce así porque permitiría que todos los medios afiliados a esa organización empiecen a obtener parte de una recaudación cobrada a todas las webs que se considere que se están beneficiando por hacer citas de contenidos publicados por dichos medios.

Las razones por las cuales se ha trabajado y se va a imponer el canon es por una labor de lobbying que se ha realizado desde hace algunos años por parte de medios de comunicación tradicionales, que buscan una forma nueva de obtener ingresos por prácticas que ellos consideran injustas. El gobierno, por motivos que generan mucha especulación, ha accedido a tales presiones.

Verán: dentro de las corporaciones que están detrás de estos medios de comunicación hay personas que no entienden como circula la información en internet, y los pocos que la entienden creen que no les conviene. ¿Por qué? Ahora obtenemos noticias y opiniones de muchísimas fuentes, a diferencia del pasado, donde se leían una o dos cabeceras “de preferencia”.

Debido a que internet permite la fácil distribución de contenido sin limitaciones físicas impuestas por el papel, señal de radio o TV, han aparecido tantos nuevos medios digitales que necesitamos herramientas para concentrar toda la información que nos llama la atención en un solo lugar.

El Canon AEDE busca, justamente, imponer un impuesto a dichas herramientas, muchas de ellas conocidas como agregadores. Es posible que uses alguna de estas herramientas: Menéame es una de las más conocidas en España, en donde una comunidad elige las noticias que llegan “a portada” por medio de votos. También, como ya sucedió con la audiencia anglosajona, se empiezan a popularizar aplicaciones que observan tu actividad social y crean una lista de artículos que casi con toda seguridad te interesen, algunos en formato revista como Flipboard o Zite, y otros en formatos más tradicionales como Feedly o Google News.

Todas estas herramientas, si se aprueba el Canon AEDE, deberán empezar a pagar una cantidad aún no especificada (de hecho no se ha revelado la forma en que se medirá quién paga o cuanto se debe pagar), pero eso es apenas el principio de algo mucho más grave que puede lastimar severamente el desarrollo de la innovación y la forma en que se usa internet en España.

El artículo propuesto es sumamente vago y no deja claro los límites o alcances de la ley, por lo que cualquier web que enlace a una noticia en un medio digital con una cita para dar contexto del link, sin importar si se hace de forma manual o automatizada, y sin importar el formato o su finalidad, en teoría debería pagar un canon por hacerlo. En pocas palabras: la ley tasaría el derecho a cita en internet. Por lo tanto, las redes sociales como Twitter o Facebook, donde es sumamente común enlazar a contenido interesante y normalmente se hace un pequeño extracto de la noticia reverenciada para dar contexto, también se verán afectadas por la medida.

Pero eso no es todo: debido a que no terminan de explicarse los límites de lo que es agregar o no, si en tu blog enlazas habitualmente a medios de comunicación o tus lectores lo hacen en los comentarios, es posible que también tengas que pagar el canon por enlazar si se determina que “incurres en la práctica de agregación”.

No está claro si el Gobierno ejercerá mano dura al implantar el canon AEDE, el cual se cobraría por medio de CEDRO, de la misma forma como en su momento lo hizo la SGAE, o pasará al olvido como la Ley Sinde. Lo que sí sabemos es que sus implicaciones dejarían en la calle a algunos emprendedores y podrían significar el cierre de algunas startups, particularmente aquellas que tienen relación con los contenidos.

Medidas como estas marcan una verdadera guerra por parte del Gobierno de España contra internet, donde aquellos que vivimos en el país terminamos siendo las “víctimas”. Días atrás decía Alberto Sánchez que la pelota está en nuestro lado y que somos nosotros los que deberíamos parar la implantación del canonazo. Tal vez ahora que tenemos claro que nos afecta de forma directa, tomemos acción.

http://www.larepublica.es/2014/07/el-gobierno-de-espana-esta-librando-una-guerra-contra-internet-y-tu-eres-la-victima/

El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

Escrito por  … desde fuera de Palacio

«De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.

http://fueradepalacio.wordpress.com/2014/03/10/el-rescate-bancario-nos-va-a-costar-mas-de-130-000-millones-de-euros-de-dinero-publico/

Cospedal consuma su pucherazo electoral

Ignacio Escolar | El Diario | 22/07/2014
Castilla-La Mancha aprueba bajar a 33 los diputados regionales tras cambiar la ley electoral

María Dolores de Cospedal en su escaño de las cortes de Castilla-La Mancha.

Un ejemplo práctico de esa regeneración que teoriza el Partido Popular: el pucherazo que acaba de aprobar en Castilla-La Mancha su secretaria general, un escándalo que tendría que indignar a cualquier ciudadano con el más mínimo respeto por la democracia, sea cual sea su color.

Es la segunda reforma electoral que aprueba De Cospedal en menos de dos años y las dos se han hecho para favorecer las perspectivas electorales del PP, ahora que las encuestas van mal. Primero aumentó los diputados autonómicos de 49 a 53, dando más escaños a las provincias donde el PP consigue más votos. Y ahora, como ni siquiera así tenía garantizado ganar, ha reducido los escaños hasta solo 33.

Que el nuevo diseño favorece claramente al PP no es una opinión: es un dato sencillo de demostrar. Hemos hecho una simulación tomando como base los resultados de las elecciones europeas (GRÄFICO). Hemos calculado cómo quedarían las Cortes de Castilla-La Mancha dependiendo de qué ley electoral se aplique. En las europeas, el PP fue la fuerza más votada en esta comunidad autónoma, pero solo consiguió el 37% de los votos. Con la reforma que aprobó la propia De Cospedal en 2012, el PP perdería la mayoría absoluta. Con su segunda reforma, la mantendría con comodidad.

Reparto de escaños en Castilla-La Mancha, según las dos leyes electorales que ha aprobado De Cospedal. Los datos de esta simulación toman como base el resultado de las europeas.

Reparto de escaños en Castilla-La Mancha, según las dos leyes electorales que ha aprobado De Cospedal. Los datos de esta simulación toman como base el resultado de las europeas.

La nueva ley electoral es tan radical que ha sido necesario modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y pasar ese cambio por el Congreso de los Diputados. Se ha aprobado sin el más mínimo consenso, sin pactar nada con nadie: ni con el PSOE ni con IU ni con UPyD. Es la primera vez en la historia democrática española que un estatuto autonómico se cambia unilateralmente y sin consenso, solo con los votos del PP.

El pucherazo es tan brutal que se podría dar el absurdo de que el PP sea la segunda fuerza en número de votos, pero consiga una mayoría absoluta en escaños incluso si logra apenas el 35% de las papeletas. Absolutamente toda la oposición sale trasquilada con una reforma que eleva el porcentaje de votos necesarios para obtener un escaño hasta unos límites antidemocráticos, que buscan dejar fuera a los partidos pequeños ahora que el voto de izquierda está dividido. En las provincias más pequeñas, como Cuenca o Guadalajara, hará falta un mínimo del 14% para poder conseguir representación parlamentaria. Con un umbral mínimo así, el PP no tendría un solo escaño ni en el parlamento vasco ni en el catalán.

Por si todo esto fuera poco, el PP se guarda otro as en la manga, no vaya a ser que ni siquiera así logren ganar. Hasta tres meses antes de las elecciones, no se sabrá exactamente cuántos escaños tiene cada provincia. De ese modo, Cospedal puede apretar aún más las tuercas si las cosas van mal, decidiendo de forma arbitraria –basta con un decreto ley– qué provincias tienen número par o impar de diputados. ¿La trampa? Que podrá dejar con un número impar solo aquellas provincias donde tengan la certeza de que van a ganar, aunque sea por un voto (Guadalajara es la candidata ideal). Como el número de escaños será tan bajo, hará falta una enorme ventaja, superior al 20% de los votos, para conseguir romper el empate en diputados en una provincia “par”.

El modelo completo es un traje a medida para el Partido Popular y la excusa para aplicarlo a apenas diez meses de las elecciones no puede ser más falaz. Dice María Dolores de Cospedal que lo hace en aras de la austeridad. Pero, ¿qué clase de “ahorro” supone reducir el número deunos diputados que ya no cobran sueldo? Solo uno: un recorte en democracia. Un hachazo a las urnas imposible de aceptar.

La media verdad del “y tú más”

Más allá de la “austeridad”, el PP argumenta que la reforma de María Dolores de Cospedal es legítima porque antes José María Barreda también cambió la ley electoral sin consenso. El argumento es falaz, no solo porque la suma de dos defectos nunca darán como resultado una virtud.

La reforma de Barreda consistió en dar un escaño más a Gualajara (de 7 a 8) y otro a Toledo (de 11 a 12). Guadalajara tenía entonces algo más población que Cuenca, pero un diputado menos. En cuanto a Toledo, tenía unos 100.000 ciudadanos más que Ciudad Real, pero el mismo número de escaños. Ambas modificaciones estaban justificadas por pura proporcionalidad, por los cambios demográficos que se habían producido desde que la anterior ley electoral había entrado en vigor, en 1986.

La reforma era políticamente criticable por una razón: porque todas las provincias quedaban en un número par de escaños, salvo Ciudad Real: casualmente, el gran feudo del PSOE. Pero el mayor número de escaños –49 entre cinco provincias– hacían que los efectos de las circunscripciones en número par fuesen mucho menos drásticos de lo que serán hoy.

Además, Barreda no aplicó esta reforma hasta después de validarla en las urnas. La anunció en 2007, unos meses antes de las autonómicas. Y como el PP se opuso, decidió no tocar la ley hasta después de ganar las elecciones con el anterior sistema electoral. Al menos Barreda no ocultó sus planes: anunció exactamente qué iba a hacer si ganaba. Solo aplicó su reforma después de vencer con la norma anterior y eso no impidió que en las siguientes elecciones autonómicas el PSOE perdiese el poder.

En 2007, la líder de la oposición era María Dolores de Cospedal. La hoy presidenta autonómica comparó entonces a Barreda con Hugo Chávez por su reforma electoral. Conviene recordar dos cosas: que Chávez, en 14 años como presidente de Velezuela, solo puso en marcha un cambio en el sistema electoral. Y que Cospedal, en apenas tres años, ya lleva dos.

Fuente: http://www.eldiario.es/escolar/Cospedal-consuma-pucherazo-electoral_6_283881647.html

Vicente Cotino y el constructor Ortiz pidieron suprimir las ayudas a la dependencia para llenar sus geriátricos

Escrito por  Angélica Rubio

 
Vicente Cotino y el constructor Ortiz pidieron suprimir las ayudas a la dependencia para llenar sus geriátricos

 
No hay sector alguno, desde urbanismo hasta las basuras o la depuración de aguas donde no aparezca una trama corrupta con alguien del PP salpicado o directamente imputado. En el caso de los dependientes la falta de escrúpulos es absoluta para enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás.

El saqueo de lo público para hacer rentables negocios privados que se reparten el dinero entre cuatro llega a unos niveles de escándalo de tal calibre en la Comunidad Valenciana que resultan ya difíciles de digerir: desde la visita del Papa hasta la ayuda a los pobres del tercer mundo pasando por los dependientes. No hay sector alguno, desde urbanismo hasta las basuras o la depuración de aguas donde no aparezca una trama corrupta con alguien del PP salpicado o directamente imputado. En el caso de los dependientes la falta de escrúpulos es absoluta para enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás.

“Habrá que hacer algo para que esto se pare”
El todopoderoso empresario, promotor y constructor de Alicante, Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa que lleva dos años imputada y que se niega a dimitir por hacer un plan de urbanismo acorde con los intereses de Ortiz, aparece esta vez como socio de la familia Cotino, cuyo representante más famoso es Juan Cotino, actual presidente de las Cortes valenciana y ex director general de la Policía con Aznar. Los negocios y la fortuna de la familia Cotino dan para mucho.

Dentro de la Operación Brugal la policía grabó una serie de conversaciones que ahora han sido desveladas y que revelan un nuevo negocio que se traían entre manos: conseguir que la Generalitat dejara de pagar a las familias con dependientes para llenar las residencias propiedad de la familia Cotino y de Ortiz.

Se da la circunstancia de que Juan Cotino también fue conseller del Gobierno valenciano, nada más y nada menos que de Bienestar Social. Impensable que este dirigente del PP crea que la Dependencia es un derecho y un servicio público cuando su familia participa en un negocio de residencias.

Las grabaciones
En las conversaciones, cuyo contenido desveló El Mundo, se escucha a tres personas: Vicente Cotino, Enrique Ortiz y Arturo Alario, director de las residencias Savia-Gerocentros. Vicente Cotino es sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas y uno de los hombres más poderosos del PP valenciano.

Está grabada una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino el 12 de febrero de 2009. El ‘sobrinísimo’ estaba en el Caribe y en esa conversación Ortiz le dice que hay que “presionar” a Joaquín Martínez, número dos de la consejería de Bienestar Social. Ortiz explica que “el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar nuestras residencias que las del tío de la boina”. Cotino le responde que verá a Martínez y se lo dirá, pero Ortiz no se conforma y recomienda a Vicente Cotino que le llama “alguien relevante” “otro conseller” y que le diga “que se tome en serio lo de esta empresa”. Es decir, que entre el sobrino de Cotino y el constructor Ortiz tienen la influencia suficiente para mover a varios consejeros autonómicos.

 
 

La patronal paga un informe contra las familias
Ese mismo día, Ortiz habla por teléfono con el gerente de las residencias, Arturo Alario. El director gerente le explica que han pedido un informe jurídico con el que se demostraría que pagar ayudas a familiares cuidadores es ilegal. Y además que ese informe lo ha pagado la patronal: “Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de accesibilidad, diciendo ya que qué coño pasa, que se están dando ayudas a cuidadores familiares a mansalva y hemos pedido un informe jurídico a Uría Menénez (un prestigioso bufete, por cierto), además a iniciativa mía, que no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la patronal de las residencias éstas, contra los cuidadores informales familiares”.

Por eso el PP se cargó la Ley de Dependencia de Zapatero
La Ley de la Dependencia fue un proyecto personal de José Luis Rodríguez Zapatero, concebido como el cuarto pilar del Estado del Bienestar para atender a la parte más vulnerable de la población, los dependientes, cuyos cuidados en centros privados suponen unos gastos que solo pueden afrontar los ricos. En España, el cuidado de los dependendientes recaía y recae fundamentalmente en las mujeres, madres, esposas o hijas, que en el caso de tener que atender a un gran dependiente tienen que dedicarse en cuerpo y alma y por tanto renunciar a tener una vida laboral. Por eso, y para que el dependiente pudiera además estar en su hogar, se diseñó un doble programa de ayudas, por un lado el acceso y la subvención en residencias, y por otro el pago de un pequeño salario al familiar que cuidaba al dependiente. Además el Estado paga las cuotas a la Seguridad Social.

En cuanto el PP llegó al Gobierno, lo primero que hizo fue dejar de pagar las cuotas de la seguridad social a los cuidadores e inmediatamente después redujo las ayudas a unas cantidades ridículas. Ese era el primer objetivo: llenar las residencias.

http://www.elplural.com/2014/07/03/vicente-cotino-y-el-constructor-ortiz-pidieron-suprimir-las-ayudas-a-la-dependencia-para-llenar-sus-geriatricos/

Pablo Iglesias, ETA y las miserias del régimen

 30 jun 2014
 

Miguel Urbán y Brais Fernández.

Cuando empezamos la campaña electoral de las últimas elecciones europeas, siempre decíamos en los actos de Podemos que nuestro objetivo era favorecer un proceso de auto-organización popular, en donde la ciudadanía fuéramos un sujeto político activo, para que no siguieran haciendo política por nosotras y contra nosotros. Que realmente con la jornada electoral del 25M lo que pretendíamos era darle un susto a los de arriba, a los que han gobernado con distintos colores los últimos cuarenta años. Lo que se está demostrando es que cuando el miedo cambia de bando, las reacciones suelen ser profundamente agresivas.

La irrupción de Podemos ha modificado la correlación de fuerzas en la política española. Son los partidos de la casta los que están a la defensiva, los que se ven obligados a defenderse ante la irrupción de un instrumento político al servicio de los y las de abajo. Y lo hacen de forma virulenta, revelando las pulsiones autoritarias de una minoría privilegiada cada vez más aislada del conjunto de la sociedad, que ante la falta de legitimidad de sus propuestas y alternativas recurren a la intoxicación informativa.

Hubiera sido ingenuo esperar que Podemos fuera recibido como una bocanada de aire fresco por los mismos que han estado destruyendo la democracia y los derechos sociales. Era de esperar que iniciasen una contra-ofensiva basada en los fantasmas clásicos que han utilizado el PP-PSOE durante las últimas décadas para articular su modelo de gobernanza. ¿Acaso son incapaces de entender que Podemos no es obra de un grupo de conspiradores, sino que es una creación de la indignación popular ante la generalización de la miseria a la que nos abocan los que llevan gobernando toda la vida? Su manifiesta incapacidad para entender las causas del surgimiento de Podemos revela también su incapacidad para proyectar un futuro digno a las clases populares del Estado Español, y es una muestra más de la crisis del régimen del 78.

Podemos ha puesto encima de la mesa algo que habían puesto de relieve Pablo Iglesias en los platós de las televisiones y los movimientos sociales en las calles: que existe un modelo alternativo de sociedad, más justo e igualitario, que pasa necesariamente por derrotar políticamente a las élites. La política deja de ser un juego basado en acuerdos entre representantes de la misma clase social privilegiada y pasa a ser una expresión de la lucha entre una minoría empeñada en conservar sus prebendas y una mayoría ciudadana que quiere recuperar lo que legítimamente le pertenece. Pero obviamente, “los de arriba” no quieren debatir en esos términos.

Detrás de los intentos del periódico El Mundo de relacionar a Pablo Iglesias con ETA hay una operación ideológica de fondo que trata de re-situar el debate político en torno a parámetros más cómodos para el régimen, ante el nuevo eje que plantea Podemos: “los de abajo” contra “los de arriba”, “democracia” frente a “oligarquía”. El Partido Popular siempre se ha sentido cómodo dividiendo a la sociedad española entre ETA y los ciudadanos demócratas. Lo que Podemos ha conseguido es recuperar el término democracia para la ciudadanía. En ese nuevo imaginario colectivo que propone Podemos, un demócrata es aquel que defiende la sanidad y la educación pública, es aquel que defiende que los pueblos puedan decidir su futuro, aquel que quiere que la economía esté al servicio de los trabajadores y no al revés. Con los ataques a Pablo Iglesias el régimen trata de encapsular el debate político, porque al fin y al cabo, la democracia empieza cuando las clases populares comienzan a hablar de sus propios problemas en sus propios parámetros.

Sobre el conflicto vasco y ETA, la derecha ha impuesto dos ideas básicas. Por una parte, la creencia fanática por parte del Partido Popular de que solo ellos pueden hablar de ETA y con ETA. Recientemente Pablo Iglesias dijo durante una conferencia que si tenía ocasión de hablar en el Parlamento Europeo de ETA “diría que ha producido un enorme dolor pero también diría que tiene explicaciones políticas”. La reacción no se hizo esperar. ¿Como alguien que no es del Partido Popular se atreve a opinar sobre ETA y el conflicto vasco? ¿No sabe Pablo Iglesias, ese recién llegado, que de ETA solo puede hablar la derecha? González Pons se encargó de recordarle ese axioma de la derecha posfranquista acusando a rápidamente a Pablo Iglesias de “defensor de ETA”. Deducimos entonces que José María Aznar también fue un destacado defensor de ETA cuando autorizó las negociaciones con el “Movimiento nacional de liberación vasco” en 1998.

La otra idea-fuerza de la derecha consiste en que todo el que se acerque desde un punto de vista político al conflicto vasco es, automáticamente, cómplice de ETA. La idea de que “todo es ETA” se basa en la lógica totalitaria de crear un enemigo interno, al que siempre se puede recurrir en caso de apuro. Pero también es cada vez más evidente que los intentos de “despolitizar” el conflicto por parte de la derecha responden a una estrategia consistente en bloquear sistemáticamente la resolución del problema vasco. La derecha no tiene escrúpulos en utilizar el legitimo dolor de las víctimas de ETA para sus fines partidistas, pisoteando los deseos de las gentes de Euskal Herria, deseosas de avanzar por el camino de la reconciliación y la normalización democrática.

Los violentos ataques contra Pablo Iglesias y Podemos son consecuencia de lo que diferencia a PODEMOS del resto de fuerzas políticas. PODEMOS nace como una solución popular al caos provocado por las políticas neoliberales, nace de una ruptura con la idea de que “hay que pedir soluciones”. Enlaza con la capacidad de imaginar y pensar alternativas colectivas frente al caos neoliberal del “sálvese quién pueda” o “las lágrimas de cocodrilo” de Soraya Sáenz de Santamaría. PODEMOS recupera la idea de que “solo el pueblo salva al pueblo”, de que solo nosotros y nosotras, las de abajo, podemos solucionar los problemas que nos afectan.

La gente practicando democracia cotidianamente, demostrando que la política no es una cuestión de profesionales, son un ejemplo de que si se puede hacer de otra forma, y lo más peligroso es que los ejemplos son contagiosos. A la derecha parece darle terror la idea de que el conflicto vasco se pueda resolver mediante el diálogo, de forma pacífica y democrática. Tampoco les hace mucha gracia que se hable de los recortes, de sus políticas de saqueo, de los millones de parados, de la crisis de legitimidad del régimen del 78. Cuando el rey desnudo es señalado por el pueblo, el rey trata de desviar la atención hacia otro lado. Sigamos señalando las vergüenzas de los que no quieren que hablemos de otro futuro posible.

Miguel Urbán y Brais Fernández forman parte del consejo asesor de Viento Sur.

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/2376/pablo-iglesias-eta-y-las-miserias-del-regimen/

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España – Juristas ven delito de prevaricación en las expulsiones en caliente de inmigrantes

por Kaos. Derechos Humanos

Jueves, 26 de Junio de 2014
“La decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las ‘expulsiones en caliente'” a Marruecos de inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla o acceden a sus playas a nado incurriría en responsabilidad penal por, entre otros, delitos de “prevaricación” y de “coacciones”.

Agencias

A esta conclusión han llegado los catedráticos y profesores de Derecho Penal, Internacional, Constitucional, Administrativo y Ética que conforman el proyecto I+D+i IUSMIGRANTE, en un informe que analiza la práctica por la que las fuerzas de seguridad, alegando un “concepto operativo”, entregan sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en las vallas y las playas de Ceuta y Melilla.

El trabajo analiza la legislación española de extranjería y sentencia que entregar a los migrantes según llegan sin siquiera identificarlos es “jurídicamente inadmisible” y no tiene amparo ni desde ese supuesto concepto de operatividad, ni en aplicación de la figura legal de ‘rechazo en frontera’ ni bajo el amparo del convenio de readmisión suscrito entre España y Marruecos.

No sólo sería ilegal, sino que “son distintos los tipos penales en que podrían subsumirse estas conductas, como son, entre otros, el delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP)”, dicen los expertos.

De esta responsabilidad penal no quedarían eximidos los guardias civiles porque, según los juristas, respecto de estos delitos “no puedan operar las circunstancias excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia debida, ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de la ilicitud del hecho”.

LA GUARDIA CIVIL DEBERÍA DENUNCIAR ESTA PRÁCTICA

“Además, todo ciudadano está obligado a denunciar los delitos que presencie o de los que tenga conocimiento (arts. 259, 262, 264 LECrim), incurriendo incluso en un delito del 450 CP quien pudiendo evitar estas prácticas no lo haga, y en un delito del art 408 CP la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, deje de promover intencionadamente su persecución“, sentencian.

El informe, que se presenta este viernes, consta de 21 páginas en las que se repasa esta práctica que según las organizaciones locales lleva vigente doce años y que no se ha reconocido oficialmente hasta que el pasado 6 de febrero, en la playa ceutí de El Tarajal, un grupo de agentes de la Guardia Civil fue grabado devolviendo en fila a Marruecos a un grupo de 23 migrantes que habían alcanzado la playa, en un intento de entrada que costó la vida a 15 personas.

Interior entiende, en este marco, que los migrantes no han entrado en España hasta que no han superado el cordón de seguridad desplegado por los agentes en la playa. Cuando se trata de las vallas, dice que hasta que no han superado todo el perímetro (es una valla doble) y rebasado a los guardias civiles apostados a continuación, tampoco han entrado. Define estas prácticas no como devolución en caliente sino como ‘rechazo en frontera’.

NO HAY NORMA QUE AMPARE LO QUE HACE INTERIOR

Los juristas dicen que “no existe ningún tipo de norma jurídica que otorgue cobertura legal a un concepto de frontera que pueda ser determinado de forma caprichosa” y aseguran que “no es jurídicamente defendible la tesis de que el Gobierno pueda modificar a su libre albedrío, mediante decisión ‘libre y soberana’, los límites del territorio nacional”. “Carece de cualquier cobertura legal la ficción en que se basa este concepto operativo de frontera“, aseguran.

Además, insisten en que son funcionarios públicos españoles quienes entregan los inmigrantes a Marruecos y sus actuaciones “quedan sometidas al estricto cumplimiento de la Constitución”, más allá de si la valla es o no territorio nacional. Es más, aunque los migrantes hubieran sido interceptados por la Guardia Civil en suelo marroquí, los agentes españoles tendrían que cumplir la legislación de España.

Respecto al argumento del convenio hispano marroquí, los expertos tienen claro que “no justifica” la aplicación de las devoluciones en caliente, primero, porque por encima del acuerdo están la Ley de Extranjería y la Constitución Española y, segundo, porque “establece nuevas obligaciones para la ejecución materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros que también se están incumpliendo”.

NO SE PUEDE REGULAR LO QUE VULNERA TANTAS NORMAS

Los juristas advierten de que “no existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura legal” a estas prácticas porque “vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución“.

“No resulta posible, como parece pretender el Ministerio del Interior, utilizar atajos en abierta contradicción con la normativa nacional, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia en una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos (…) Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos en que se asienta nuestra cultura”, dicen los juristas.

A renglón seguido, añaden: “Vulnerar los derechos pone en peligro no sólo a las víctimas de este desafuero, también compromete la dignidad moral de nuestras democracias y desde luego la de quienes, muchas veces en contra de su conciencia, se ven obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilícitas de las que podrían derivarse responsabilidades personales”.

En el panel de expertos que ha elaborado el informe figuran Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho internacional privado de la U.N.E.D. y magistrada del Tribunal Constitucional hasta 2012; Pablo Pérez Tremps, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Carlos III; Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid; José Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Málaga; y Enrique Gimbernat, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid; entre otros.

 

http://www.kaosenlared.net/secciones/s2/inmigracion/item/90922-juristas-ven-delito-de-prevaricaci%C3%B3n-en-las-expulsiones-en-caliente-de-inmigrantes.html

 

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