La UE y EEUU se oponen al proyecto de la ONU para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos

La ONU aprobó esta semana una resolución histórica, presentada por Ecuador y Sudáfrica, que permitirá vigilar a las grandes corporaciones en los países del Sur. China, Rusia, Venezuela y Cuba votaron a favor. Alemania, Francia o Reino Unido, en contra

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL Madrid 29/06/2014

Imagen de la Asamblea General de la ONU.

Imagen de la Asamblea General de la ONU.– EFE

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado esta semana un resolución histórica, que abre el camino para poder vigilar de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales a lo largo y ancho del planeta; un terreno hasta ahora inexplorado a estos niveles, y una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha supuesto una inyección de optimismo en las organizaciones y colectivos que luchan por estas causas.

“Ha sido una gran victoria”, reconoce a PúblicoDiana Aguiar, investigadora del Transnational Institute, una de las organizaciones que han presionado para lograr la aprobación de esta resolución. Con 20 votos a favor, 14 en contra (entre ellos los de la UE y EEUU) y 13 abstenciones, la ONU se ha comprometido este jueves en Ginebra a formar un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para crear un marco legal, un tratado que comprometa de forma efectiva a los estados a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.

“La idea es crear un tratado vinculante para todas las multinacionales, para que no puedan incumplir derechos humanos en los países que lo ratifiquen. Lo que empieza ahora es la negociación del trabajo, pero esto no tiene antecedentes. Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales [para enfrentarse a las empresas], pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas”, asegura.

Aguiar (Transnational Institut): “Este tratado cambia la distribución de fuerzas”

“A partir de 2015 tendrán dos años para ponerlo en práctica”, explica a este medio Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, otra de las organizaciones que han celebrado la resolución de Naciones Unidas, que previsiblemente logrará la aprobación de un tratado que ratificarán “los países que lo deseen, aunque la voluntad sea que lo ratifiquen todos”, como asegura el activista.

“Ha quedado claro que los crímenes de lesa humanidad cometidos por empresas transnacionales, y los que se siguen cometiendo en la actualidad, no pueden continuar y no pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, y de gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo”, explica.

Preguntada por un ejemplo de los derechos por cuyo cumplimiento velará este mecanismo, Aguiar confirma que permitirá garantizar condiciones de trabajo dignas, contribuyendo a igualar las que afrontan los trabajadores de la India o de Bangladesh con las de los asalariados en estados de occidente -mientras estos países firmen-, pero también servirá para luchar contra la contaminación de suelos y ríos, o la persecución de defensores de derechos humanos. “Las empresas persiguen a quienes trabajan por los derechos humanos, muchas veces con la connivencia de los Estados”, asegura.

Entre los países que han votado a favor están China, Rusia, Cuba, India, o Venezuela, mientras que entre los que han cargado contra la resolución, promovida por Ecuador y Sudáfrica, figuran Alemania, Francia, Italia o Reino Unido; algunas de las grandes potencias de la UE, acompañadas por EEUU. Algo que, en palabras de Kucharz, “evidencia qué países defienden al gran capital, a la banca y a las grandes compañías multinacionales, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y quienes defienden a las víctimas de los abusos de las grandes empresas, como los veinte países que han votado a favor de la resolución”.

Kucharz (Ecologistas): “Los países que no lo han firmado defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos”

Aguiar coincide con la lectura de Kucharz: “Los países que acogen a las mayores empresas internacionales no lo han firmado; defienden los derechos de las empresas y no de los ciudadanos, es absurdo. Es el resultado de cuarenta años de políticas neoliberales”, defiende, poniendo como ejemplo las palabras de una de las mandatarias presentes en la votación. “La representante de Reino Unido ha criticado que esta resolución puede restar valor a los inversionistas para ir a países del sur; está diciendo abiertamente que es más importante la inversión que los derechos humanos “, afirma.

“La intervención de la UE ha sido lamentable”, añade Kucharz. “La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Con su rechazo a la resolución, no sólo han mostrado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que además han convertido a los gobiernos en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales”, esgrime.

El portavoz de Ecologistas en Acción y la investigadora del Transnational Institute participan en la campaña global para desmantelar el poder corporativo –Stop Corporate Impunity– que lleva meses haciendo presión política para influir en la decisión de Naciones Unidas. En total, más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica, que abre nuevos caminos para su causa.

Victoria parcial

“El resultado del grupo de trabajo intergubernamental dependerá de la continuidad de las movilizaciones de la sociedad civil; esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial, nos queda mucho camino por delante para erradicar los crímenes de las multinacionales y la impunidad”, asegura Kucharz.

Preguntada por ejemplos que evidencien los efectos del nuevo mecanismo de la ONU, Aguiar responde que dependerán del contenido de tratado. “Lo que hay de mínimo es que ha habido un cambio cultural; lo que ha pasado en la ONU especialmente en los últimos 20 años cambia, ya ha habido una derrota, hay gobiernos que han presionado. Empieza el desmantelamiento de la idea de que las empresas deben ser defendidas de los gobiernos. En el caso de la Chevron [petrolera en disputa con el Estado de Ecuador], las víctimas han ganado el caso, pero antes de que ganaran Chevron sacó sus activos del país, la justicia se quedó sin poder expropiar para pagar a las víctimas. Si esto se aprueba, cualquier otro país en el que tuviese peso podría expropiar parte de sus recursos, es una de nuestras peticiones”, añade.

Más de 610 organizaciones de 95 países han exigido a la ONU la aprobación de la resolución

También coincide con su compañero de Ecologistas en Acción en que habrá que presionar para que los países ratifiquen el futuro tratado. “La UE se ha negado, pero vamos a presionar. ¿Cómo puede Bruselas decir que está a favor de los derechos humanos y no apoyar algo que va a regular la actividad de las empresas? ¿Cómo decir que un país como España, que compra ropa fabricada en Bangladesh [en mención al mortal derrumbe en una industria textil el pasado año] no va a participar en un proceso que regule las operaciones de una empresa internacional?

En esta línea, añade Kucharz, durante la semana varios movimientos y organizaciones sociales, así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales, han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Entre ellos, los de las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Coca Cola en Colombia, o el de la empresa española Hidralia en Guatemala.

“Lo que tuvimos ayer [por el jueves] fue una gran victoria”, esgrime Aguiar. “Ahora se abren caminos en los que los defensores de derechos humanos tenemos que presionar, lo que pase dependerá en gran medida de nuestro capacidad para ello”, zanja.

Potencias de la UE contra la resolución

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de la ONU encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Está compuesto por 47 miembros de Naciones Unidas, elegidos por la Asamblea General, y España no está entre ellos. Así han votado los distintos estados la resolución de este jueves:

A favor: Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Costa de Marfil, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.

En contra: Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unido, Estados Unidos.

Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, Perú, Arabia Saudí, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos.

http://www.publico.es/internacional/530936/la-ue-y-eeuu-se-oponen-al-proyecto-de-la-onu-para-obligar-a-las-multinacionales-a-respetar-los-derechos-humanos

Honduras: Matan a locutor en Catacamas; 40 comunicadores ultimados en cinco años

por Los Necios – Redacción Central / El Libertador

Miércoles, 25 de Junio de 2014

En la última década han sido asesinados 42 comunicadores sociales en Honduras, de éstos, 40 fueron ultimados a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Tegucigalpa. De varios disparos fue encontrado muerto anoche un locutor de la localidad de Catacamas, Olancho, oriente de Honduras.

Al ahora occiso respondía Luis Funes, que trabajaba en Radio Patria de esa ciudad, situada a 210 kilómetros de Tegucigalpa.

Autoridades dijeron que el fallecido salía de su casa cuando fue interceptado por desconocidos que, sin mediar palabra, le dispararon hasta dejarlo sin vida.

Por el momento, miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) no han dado con el paradero de los autores materiales de la muerte del comunicador.

Sobre el tema, el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Héctor Becerra, lamentó que el crimen contra Funes se dé en el contexto de la censura que padecen los periodistas olanchanos; a varios de ellos se les ha prohibido que relaten a través de la crónica policial los hechos violentos que se registran en esa región.

Cabe recordar que es el cuarto comunicador que es liquidado en ese departamento; en fecha reciente fue ultimado el locutor Óscar Anthony Torres Martínez, en la comunidad de Patuca, al sur de Olancho.

El fallecido trabajaba para las radios Patuca Estéreo y Doble M Estéreo.

En la última década ha sido asesinados 42 comunicadores sociales en Honduras, de éstos, 40 fueron ultimados a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/90805-honduras-matan-a-locutor-en-catacamas-40-comunicadores-ultimados-en-cinco-a%C3%B1os.html

El juez del caso Blesa: “En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad”

“El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos de Blesa. Es seguir navegando en el cinismo”. “Si hay una caza de brujas contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo”

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 02/01/2014

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.

El juez Silva, en su despacho, con una de las torres de Bankia al fondo/FOTO:A.M.
“Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando”. Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que “en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad”, y recuerda que en la causa contra Blesa “nadie ha hecho nada” desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado “quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal”. “Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio”, señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros.

“Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez”, explica.

Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, “no están invalidados”, y revelan “sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo”. Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: “El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune”.

Silva entiende que si hay una “caza de brujas” contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese “escándalo judicial” debe ser investigado por el Tribunal Supremo.”La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate”.

¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?

No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.

Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato. Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente.

El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.

El fiscal le reprocha haber ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado.

La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa. Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.

Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.

¿A qué se refiere exactamente?

Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis.

Hay una prima de riesgo de corrupción, falta de integridad y deslealtad en la gestión

Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen.

¿Los correos de Blesa son nulos, como sostiene el fiscal Moix?

Hay gente que dice: los correos son inválidos. Mentira, los correos no son inválidos porque la existencia de los correos no depende de mi resolución. Cuando yo acuerdo una cosa como pedir las declaraciones de Hacienda o los correos corporativos de Bankia, la anulación de mi resolución no puede afectar a la validez de esas pruebas, ya que su existencia no depende de mi resolución.Nunca es inválido el correo por ser inválida la providencia por la que yo acuerdo ir a por el correo.

Los correos fueron estudiados por la Guardia Civil y los peritos de KPMG, que vieron datos sospechosos. ¿Qué decía el fiscal en aquel momento?

No existía. El fiscal por aquí no ha venido nunca salvo a los actos de las prisiones (de Blesa). Nunca ha estudiado documentación ni ha hecho preguntas relevantes.

Los indicios estaban sostenidos por mí, por el equipo de la Guardia Civil, por los peritos de KPMG, por los abogados de Manos Limpias, y ahora la Audiencia Nacional, y la sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la libertad de Blesa pero dice que en el caso del banco de Miami hay importantes indicios de criminalidad. La causa está viva, pero nadie hace nada. El problema era yo, estuve cuatro meses de suspensión, he vuelto y me he abstenido ¿Porqué nadie en 5 meses ha hecho nada ahí?

Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.

Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.

Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: “Quédese con la causa porque es del 9”. Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que “no”, que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.

La jueza y el fiscal han intentado quitarse de encima el caso del banco de Miami de forma torticera

¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco. Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.

Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.

La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sin valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino de que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal.

¿Cree que cometió errores en la instrucción?

Yo me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando. Yo soy un juez normal, de mi nónima, que no miró el nombre de nadie en los papeles. Yo no sabía quien era Blesa. En ese caso no hubo errores, todo es impecable. Pues nada: a por el juez. No hombre, eso es romper la baraja. Yo formo parte del sistema como el que más, desde luego mucho más que los corruptos. Dejeme en paz, y persígame cuando haya hecho algo mal de verdad, pero no cuando lo haga bien y a usted no le venga bien lo que yo hago, y usted puede hacer todo tipo de cosas que se salen de las reglas del juego.

Lo que está haciendo hoy Gavilán, el fiscal Moix y la Sala del TSJ de Madrid lo están viendo más de un milllón de españoles, hay nueve o diez plataformas ciudadanas trabajando día y noche para ver lo que está pasando aquí. Hay un político, Miguel Angel Revilla, que ha recogido 134.000 firmas. Los españoles quieren saber qué pasa, no estamos dispuestos a que nos tomen más el pelo. Esto nos cuesta mucho dinero. El rescate nos ha costado 40.000 millones.

Y queremos saber que pasó en Caja Madrid, en Bancaja, si ha habido una gestión delictiva que se cargó esas entidades, y si el hundimiento de esas entidades nos ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez. Y eso no lo podemos consentir.

¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó?

Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.

Las causas penales importantes no se mueven y los ciudadanos ven que todo sale gratis

La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo qué está pasando en el TSJ de Madrid, qué pasa con el instructor y qué pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza de brujas institucional contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo.

La causa que tiene abierta contra mí el instructor Jesús Gavilán no vale nada. Primero la querella nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate y no vale para nada, porque Moix (el fiscal) demuestra que ni siquiera ha estudiado la causa. No se dio cuenta de que yo me intenté inhibir en favor de la Audiencia Nacional, pero tampoco se dio cuenta de que no fui yo, sino mi compañero, Juan Antonio Toro, ya que me imputa la reapertura.

Además, no permiten que se reproduzcan los correos en la causa. Eso en sí es un  hecho que bordea lo incompresible y posiblemente sea delictivo, porque está privando del derecho de defensa en términos que son muy injustos. Yo meto a alguien en prisión y tengo unos elementos de juicio. Me tiene que dejar que todos los elementos de juicio afloren en la causa que abre contra mí por prevaricación. Cómo me van a privar de ello.

Declaran los secretarios judiciales, y señalan que no había retrasos en mi juzgado, y que los que había eran por el gran cúmulo de asuntos. Después los peritos, que respaldan mi investigación, y después los guardias civiles, que la apoyan por encima de mis expectativas. El fiscal Moix se dedica a amedrentar a la secretaria judicial y a números de la Guardia Civil que acuden a declarar como testigos, les reprende. Si eso es verdad, eso es un delito. Es una atrocidad, y hay que investigarlo. Y mientras tanto el caso Blesa está dormido, y el caso Banco de Miami aunque está vivo, está también dormido.

¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?

Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas. Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado aquí.

Está claro que mientras yo lo investigué no hubo filtraciones, y que yo investigué en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.

¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leído todos los correos?

Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por correo y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno.

Prácticamente todos los correos revelan sospechas de criminalidad, indicios, alertas o pruebas de cargo

Y prácticamente todos los correos revelan o sospechas de criminalidad, o alertas (no es un indicio pero sí una infracción de protocolo relevante en el ámbito bancario que hay que ver si llega a constituir indicio) o indicios porque reúnen varias alertas, o incluso pruebas de cargo. Pero hay que leerlos todos y conectarlos todos.

Y no sé cómo no reaperturan la causa Blesa de una forma muy sencilla: con cualquier indicio de criminalidad de los múltiples que han surgido nuevos, y pidiendo los correos de Barcoj, Amat y de los demás imputados.

¿Los correos son íntimos, como dice el TSJ de Madrid?

Al ser correo corporativo, no afecta a la intimidad. Además, para colmo, íntimo hay muy poco, prácticamente nada. Una cosa es intimidad cien por cien, y otra cosa intimidad relacionada con posibles infracciones muy graves de gestión bancaria que se llaman alertas. Imaginemos que una persona esté gestionando una entidad bancaria y está utilizándola para fines que tienen que ver con temas de amantes, historias. Es muy importante saber que la gestiona de esa manera. Y también cuando alguien gestiona una entidad y se dedica a otros negocietes. Porque esos ramales pueden dar lugar a otras infracciones de gestión o a nuevos delitos, que ya no sean delito societario y haya que incoar diligencias aparte como en el caso del banco de Miami. Que yo recuerde uno solo es cien por cien íntimo.

¿El hecho de que se estén conociendo los correos contribuye a hacer justicia?

Justicia a la corta. La justicia que puede salir de que se estén difundiendo no la voy a negar. A la corta, la ciudadania, el lector, sabe que aqui ha pasado algo muy extraño. Eso se ha conseguido. Pero el problema es que es una justicia corta, porque la larga que se investigue todo lo que ha pasado hasta sus últimas consecuencias, esclarecerlo por los jueces, y que se vea si se tiene que condenar, y que se cumpla la pena. Esa es la justicia de verdad.

Aquí la prensa está teniendo que hacer un trabajo de mínimos, de un país que está en situación de mendacidad judicial. Y está teniendo que venir la prensa a salvar unos muebles que no le corresponden. Eso es calamitoso.

¿La impunidad puede tener que ver con que en la caja estaban representados los tres principales partidos, sindicatos y empresarios?

La impunidad que rodea a este asunto, y los motivos por los que estos procesos se manipulan, se detienen, lo explicó linea a linea en un libro que se publica a finales de enero “La justicia desahuciada. España no es país para jueces”. Es de locos. Tiene que ver con personajes ilustres, personajes poderosos, elementos de la casta política, de la casta judicial.  Los ciudadanos ya no aguantan más. Es un espectáculo bochornoso que les produce náuseas.

¿Hay divorcio entre la calle y la justicia?

Hay un divorcio profundo. Los jueces se han divorciado de la sociedad. Se han metido en una esfera impresentable. En sus cargos, en su rollito interno. Sin la colaboración de algunas asociaciones judiciales el Consejo General del Poder Judicial no podría haberse politizado como lo está ni llevarse a cabo el sistema de reparto de botín de cargos en el Consejo desde hace más de 20 años. Aunque hay magistrados valientes en las asociaciones que están empezando a plantear que basta ya.

A lo mejor soy el primer juez que se ha cansado y ha empezado a contar

El único juez al que mira la ciudadanía como un juez legítimo, respetable, y que lo está haciendo bien soy yo, y eso no vale, porque no es verdad. Soy uno más, que a lo mejor me he cansado y he sido el primero que he empezado a contar.

Blesa se queja de que usted, con sus investigaciones, le ha ‘cercenado’ su vida profesional

Mi trabajo afecta a los ciudadanos, por eso lo hago con la máxima responsabilidad. En el caso de Blesa, no sólo creo que le ingresé bien en prisión, es que creo que no debería estar en libertad. España es el único país del mundo occidental que le mantendría en libertad. ¿Qué eso le ha podido producir perjucios? Tendría que demostrarlos, pero tendrían que ver con que aparece rodeado de indicios en la práctica de actividades de naturaleza penal.

¿Confia en la justicia española y en que Blesa será juzgado adecuadamente?

Ahora mismo tengo la obligación por sentido común de no confiar en la justicia española. Confío en la ciudadanía, que sabrá exigir a la justicia española que haga lo que tiene que hacer. El hecho de que no esté suspendido hoy, se debe a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. El corrupto intenta hacer creer que el poder lo tiene él y que nada tiene solución, y el ciudadano acaba diciendo: “esto no hay quien lo cambie”. Pero no es verdad, cuando los ciudadanos quieren, la sociedad cambia.

El movimiento ciudadano que se está produciendo alrededor de estas causas penales pedirá explicaciones, y se tendrán que cumplir las leyes. Cuando una causa está asociada al hundimiento de la tercera entidad financiera de un país, que era la caja de ahorros posiblemente más grande del mundo, y esa entidad está relacionada con asuntos muy turbios como aparecen en los correos –Gürtel, venta de armas– además directamente con una gestión bancaria que ha podido dar lugar al hundimiento de esa entidad, eso interesa a los ciudadanos.

Y cuando eso está relacionado con el rescate bancario, que ha llevado a España a donde estamos: generaciones comprometidas, inicio del desmantelamiento de servicios públicos, copago, repago, personas ancianas abandonadas, la ley de asistencia desmovilizada, gente que no se puede matricular en la universidad porque no tiene dinero, millones de personas en paro, miles de empresas quebradas; los ciudadanos dicen: mire, de todos los relatos que quiero oir, este es el que más me interesa.

El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. No quiere ya más engaños.

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El que fuera instructor del caso Blesa ha comparecido ante los medios acompañado de sus letrados, Cándido Conde-Pumpido Varela y Gonzalo Boye, para explicar las novedades del procedimiento que se está llevando contra él ante la querella presentada por el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, así como la queja presentada por su defensa a la Inspección de la Fiscalía General del Estado.

“La querella se basa en mentiras e irregularidades donde se dicen falsedades. Tiene carencia de realidad”, ha manifestado Conde-Pumpido. Es por ello que han presentado una queja en la que se recoge una petición de apertura de un expediente disciplinario contra el fiscal Moix ya que “se ha atrevido a hacer una querella sin haber conocido la causa y está ejerciendo de abogado defensor de Blesa. Además, su forma de proceder no tiene sentido”, ha declarado el letrado.

Gonzalo Boye, por su parte, ha informado del recurso que van a presentar este viernes ante la Audiencia Nacional por el auto dictado el pasado 9 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que apreciaba bastantes “indicios racionales” de que Silva “prevaricó”  al abrir una “causa general” y “prospectiva” contra el expresidente de Caja Madrid. En dicho auto, el magistrado Jesús Gavilán transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado, primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a Silva por su actuación en la instrucción del caso Blesa.

Silva ha expresado que llegó ante el juez “como culpable” y tiene que “demostrar punto por punto” que es inocente. “Es la primera vez en la historia judicial europea que un juez es sentado como imputado antes de que termine la instrucción por parte del Ministerio Fiscal”, ha aclarado.

“En las causas contra gente poderosa, empiezan a caer las víctimas”, ha declarado el letrado

Respecto a dicha instrucción sobre el crédito concedido al ex presidente de la CEOE -Gerardo Díaz-Ferrán- y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid, el magistrado ha defendido que fue “correcta, sin errores” y que incluso “rozaba la perfección en algunos puntos”.

El magistrado también ha agradecido el apoyo ciudadano que está recibiendo así como el “movimiento de indignación de un sector muy amplio de la ciudadanía”. “El respaldo que siento de los ciudadanos, que no pueden entender que está sucediendo, me anima y me estimula mucho más de lo que recibo de las Administraciones”, ha destacado.

Por ello,  la queja también se ha presentado ante la Defensora del Pueblo e incluso pondrán la iniciativa “a través de Internet en plataformas como Change.org” para que se sumen a la queja porque “los españoles tienen derecho a saber qué ha ocurrido con las entidades financieras”. “Cuando un barco se hunde, en este caso un banco, hay que preguntarle al capitán que estaba al mando del barco qué ha pasado con él”, ha aclarado Silva.

“El problema”, ha declarado Boye, “es que cuando se llevan a cabo causas contra gente poderosa, empiezan a caer las víctimas. Si se empieza a investigar a poderosos, acabas como Silva y la actuación en su contra es un acto atentatorio contra la independencia judicial”, ha sentenciado. Por su parte, el titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid se ha mostrado “feliz” por haber vuelto a su cargo del que, según él, “nunca” deberían haberle apartado.

Dos naves almacenan historiales que podrían aclarar la trama de los bebés robados

Investigación

El doctor Vela asegura que quemó la documentación de los supuestos bebés robados

El gran problema para las madres y los niños víctimas de la trama de los bebés robados es la imposibilidad de acceder a los historiales médicos que pueden contener las claves de sus casos. El doctor Vela ha asegurado que quemó toda la documentación pero ‘Se enciende la noche’ ha localizado dos naves industriales que almacenan los historiales que podrían aclarar muchos de los casos de los bebés robados.

Dos naves almacenan historiales que podrían aclarar la trama de los bebés robados

¿Qué ha pasado con los expedientes médicos de las madres y los niños víctimas de la trama de bebés robados? A la hora de iniciar la búsqueda, las familias encuentran un escollo prácticamente insalvable: les niegan los expedientes médicos.El intento por acceder a los historiales es, en casi todo los casos, imposible. Les dicen que se han perdido, que han desaparecido o que han sido destruidos (el doctor Vela ha asegurado que quemó toda la documentación).

El equipo de investigación de ‘Se enciende la noche’ ha encontrado en el boletín oficial de la comunidad de Madrid una empresa que gestiona los archivos de varios hospitales de la comunidad de Madrid y ha localizado dos naves industriales que podrían almacenar los historiales médicos que podrían aclarar muchos de los casos de niños robados.

Situadas en un polígono a las afueras de Madrid, una reportera, haciéndose pasar por una niña robada, ha intentado acceder a los expedientes médicos. El acceso ha sido imposible. “No le puedo dar ningún tipo de información porque usted no tiene ningún tipo de autorización. No le podemos dar ningún tipo de información. Tiene que ser a través del hospital. Nosotros estamos contratados a través de esos hospitales y no podemos hacer nada. A nosotros nos piden la historia, la servimos y ya está”, ha explicado el trabajador, que ha confirmado que en esa nave están los archivos del Hospital 12 de octubre.

Los archivos de La Paz, en otra nave industrial a 20 kilómetros del hospital

Localizados los expedientes del hospital 12 de octubre, el equipo de investigación de ‘Se enciende la noche’ continúa indagando para localizar más archivos y consigue encontrar la nave en la que se encuentran los historiales médicos de La Paz pero los trabajadores dejan claro que, aunque el historial es propiedad del paciente, es el hospital el que los tiene que solicitar. “Nosotros no os los vamos a poder dar. Nos lo va a tener que pedir La Paz. La historia clínica es propiedad del paciente y si tú reclamas tu historia clínica te la tienen que dar”, ha dicho el trabajador de la empresa, que ha confirmado al equipo de investigación que los archivos del año 1975 están en esa nave.

El doctor Vela: “No me arrepiento porque no hice más que bendecir a Dios salvando vidas”

Pese a que son muchas las madres que le señalan como el médico que les atendió en el parto y como el responsable del robo de sus bebés, el doctor Vela lo niega de forma contundente. Según su versión, nunca intervino en el robo de bebés. Asegura que se limitó a salvar vidas. “No me arrepiento, no hice más que bendecir a Dios salvando vidas”, dice el doctor Vela, que asegura que Sor María era una muy buena persona.

http://www.telecinco.es/seenciendelanoche/programas/10-12-2013/dos-naves-industriales-almacenan-historiales-aclararian-trama-bebes-robados_0_1714650027.html

La violencia contra las mujeres como arma estratégica del poder en la guerra social

Mujer

La violencia contra las mujeres a menudo ha sido utilizada como un arma de guerra, con la intención de castigarlas, humillarlas y deshumanizarlas, pero sobre todo, con la intención de reprimir y destruir por todos los medios posibles el grupo al que pertenecen.

En los conflictos armados, esta violencia ha sido durante mucho tiempo asimilada a un signo de dominación más que a una herramienta de destrucción.

Sabemos también que en tiempos de paz, las violencias contra las mujeres pasan sobre todo por ser actos individuales de hombres violentos, y no por armas de destrucción “estratégicas”.

Y bien, ¿Qué diríais si en la situación de crisis exacerbada que sacude Grecia, la violencia contra las mujeres se estuviera convirtiendo en un arma en manos del poder?

En efecto, en los últimos tiempos, los casos de tal violencia se multiplican en Grecia. Es el ejemplo de cuatro manifestaciones emblemáticas:

La primera y ¿más reciente? ha tenido lugar a principios de noviembre de 2013 ante las cámaras, prácticamente en directo, cuando las fuerzas especiales de la policía griega (MAT), quisieron impedir a dos diputadas entrar en el edificio de la Radiotelevisión Pública (ERT), que acababa de ser ocupado por la policía, y las acorralaron contra el portón de entrada de hierro forjado. Las dos diputadas de la oposición parlamentaria, Zoe Konstandopoulou, de Syriza, y Rachel Makris, del partido ‘Griegos Independientes’, fueron muy maltratadas. Especialmente Zoe Konstandopoulou, que fue conscientemente asfixiada y estuvo a punto de morir, ha demandado a sus agresores por intento de asesinato. Y todo esto, porque las dos diputadas querían simplemente ejercer su derecho constitucional de entrar en la Radiotelevisión Pública para impedir el montaje policial (destrucción de material, etc.) que tenía como objetivo ¿ir contra? la lucha de los trabajadores.

La continuación de este suceso es muy elocuente y viene a confirmar nuestra tesis. Al día siguiente, el gran periódico pro-gubernamental ‘TA NEA’, lanzaba una violenta campaña ultra-sexista contra las dos diputadas, publicando una viñeta en portada que presentaba a las dos diputadas… haciendo striptease bailando en una barra ante un público de clientes masculinos habituales de este tipo de locales (ver viñeta). En la leyenda del “dibujo” se podía leer este supuesto intercambio entre dos clientes: “A la derecha está Raquel y a la izquierda Zoe. ¿Y es que ellas hacen también otra cosa? He oído que también emprenden acciones legales. Pero mejor vamos a preguntar al chico”…

La segunda ha dado lugar a un auténtico linchamiento público, acrecentado por las cadenas de televisión, de mujeres seropositivas, algunas de ellas prostitutas. En plena campaña electoral, dos ministros socialdemócratas, tristemente célebres por su papel en la represión salvaje de las manifestaciones contra la Troika y el desmantelamiento del sistema de Sanidad, animaron a la población a denunciar para detener a las que, según los ministros, “constituyen una bomba de relojería sanitaria”, “contaminan a la sociedad con enfermedades contagiosas” y matan de sida a “los padres de familia griegos”.

La tercera manifestación de esta violencia ha tenido como víctimas a las decenas y decenas de mujeres -¡incluso abuelas!- de los alrededores de Skouries, en el norte de Grecia, que se oponen a la sociedad canadiense Eldorado y su proyecto de extracción de oro de la región. Desde hace meses, las fuerzas especiales de la policía, por órdenes directas de su ministro, hacen de las mujeres de los pueblos de los alrededores el blanco prioritario de una represión feroz y en masa que ya ha desembocado en el encarcelamiento de algunas de ellas y en la acusación por… crímenes de aún más (ver las fotos). No es casualidad que esta campaña de represión sin precedentes enmarcada en la imposición del estado de excepción en una región habitada por pacífica/os campesina/os se pretende -a decir de sus responsables- que sea ejemplar con la intención de prevenir la multiplicación de estos actos de “desobediencia civil”. Y evidentemente, no es casualidad que esta “represión ejemplar” se ejerza prioritariamente contra las mujeres de esta población local a la que ha hecho destruir cueste lo que cueste.

Y la cuarta manifestación, el episodio tristemente célebre del diputado del partido neonazi Kassidiaris, que golpeó “en directo” a dos diputadas de izquierda durante una emisión transmitida durante la campaña electoral de la pasada primavera. Este acto de violencia, en lugar de suscitar la indignación y la reprobación, suscitó por el contrario una gran ola de simpatía popular y contribuyó al éxito electoral de Amanecer Dorado.

¿Qué está pasando?

Pensamos que se trata de un nuevo mal que empieza a aparecer. Esta violencia nos lleva a pensar en las violencias exacerbadas contra las mujeres en las guerras étnicas. La violación de mujeres por parte de hombres del bando contrario muy a menudo debe analizarse no como el efecto de un deseo masculino “incontrolable”, sino como parte de una estrategia de conflicto, de combate, en la que las mujeres representan biológica y simbólicamente la integridad de la etnia o de la nación a combatir. Y que hay que destruir. En nuestro caso, es evidente que no estamos en presencia de  una violencia nacionalista con motivo de una limpieza étnica. Estamos en presencia de un conflicto de una naturaleza diferente, de otra guerra, de una guerra social, ¡de una lucha de clases!

En suma, humillar a las dos diputadas identificándolas con bailarinas de striptease no significa solamente que dedicarse a la política es ante todo un derecho de los hombres y no de las mujeres. Significa, más vulgarmente, que el papel que ¿se le deja? a la mujer es ante todo estar siempre disponible para ser ¿follada?, poseída y gobernada por los machos.

Igualmente, lapidar a las mujeres seropositivas, criminalizarlas, satanizar su sexualidad, presentarla como una “amenaza” para la ley y el orden que debe reinar en nuestras sociedades, esta amenaza se parece a la que siempre han representado las “clases” que estos señores llaman desde hace casi dos siglos “peligrosas”. Mismo lenguaje, misma  demonización y misma represión…

Así pues, hacer de la misoginia, el odio contra las mujeres, la violencia contra las mujeres y sus derechos un arma de guerra no debería extrañar en la medida en que todas las políticas de quienes mandan en estos tiempos de la Troika triunfante apuntan también a hacernos volver a los peores momentos del capitalismo más salvaje y bárbaro del siglo XIX. Exactamente a una época durante la cual las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho…

El hecho de que asistamos a la puesta en marcha de un auténtico ataque frontal, de una verdadera guerra de dimensiones históricas contra la inmensa mayoría de la/os ciudadana/os  (asalariada/os, pobres, parada/os, pensionistas, jóvenes, “diferentes”, inmigrantes, minorías…) debería explicar esta transformación de la violencia contra las mujeres en una verdadera arma que poder y pudientes utilizan en masa y cada vez más frecuentemente. Como en los casos de violaciones en masa que sirven a los limpiadores étnicos para hundir la moral del pueblo víctima y someterle definitivamente, la violencia contra las mujeres ejercida por poder y pudientes en tiempos de guerra social tiene en la actualidad exactamente los mismos objetivos: hundir la moral, romper el tejido social para someter no solamente a las mujeres -que son evidentemente el primer objetivo- sino a todas las víctimas, hombres incluidos, de sus políticas inhumanas y neoliberales.

Traduccion: Fatima Fafatale

http://periodismohumano.com/mujer/la-violencia-contra-las-mujeres-como-arma-estrategica-del-poder-en-la-guerra-social.html

Ocurrencias

POR MIGUEL IZU – Jueves, 28 de Noviembre de 2013 – Actualizado a las 06:05h

Que cualquier ciudadano apoyado en la barra de un bar pretenda solucionar problemas complejos con recetas fáciles y probablemente equivocadas que se le acaban de ocurrir entre trago y trago es normal. También lo es que los tertulianos radiofónicos y televisivos, que tienen la obligación de saber de todo y de tener una respuesta preparada para todo, arreglen el mundo a base de ocurrencias. Y totalmente comprensible que los ciudadanos afectados por cualquier problema o cualquier desgracia, y más si son víctimas del terrorismo, del desempleo o de un desahucio, opinen al respecto sin la menor reflexión y que reclamen medidas desesperadas, inviables e irracionales. Pero que lo hagan habitualmente políticos con mando en plaza, a los que se les debe suponer un mínimo de sentido de común, resulta muy poco tranquilizador. En las últimas semanas han sido bastantes de nuestros gobernantes los que han salido a la palestra para reclamar medidas en relación con un asunto tan peliagudo y doloroso como el de la política penal y penitenciaria, sobre todo la relacionada con el terrorismo de ETA, a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. Por desgracia, muchos lo han hecho mediante ocurrencias que no pasan el más mínimo análisis sobre su sensatez y ajuste a la Constitución.

Algunos han repetido como un mantra eso de que no puede castigarse igual un asesinato que veinticinco para criticar la excarcelación de algunos terroristas con diez, quince o veinte muertos a sus espaldas. En mi humilde opinión, una exacta proporción entre el delito de asesinato y la pena a imponer como la que parecen reclamar quienes se han aferrado a tal ocurrencia solo podría pasar por una de estas dos soluciones que voy a exponer. La primera, que a cada muerte se responda con otra muerte. Volvamos a la ley del talión, del latín talis, tal, igual, idéntico. Según se explica en Éxodo 21, 23-25, “si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión”. Así que quien cometa un homicidio o un asesinato deberá pagar con su vida y ser ejecutado. Quien cometa diez asesinatos debiera ser ejecutado diez veces, pero como nadie tiene diez vidas con las que responder habría que volver a las viejas prácticas de la venganza tribal o de la guerra sin cuartel; habrá que ejecutar a diez personas elegidas de la misma familia, o del mismo clan, o de la misma banda, o del mismo partido que el asesino. Si no es ésta la solución que proponen quienes reclaman la exacta proporcionalidad de las penas, quizás no estén por la pena de muerte ni por las represalias sangrientas, la segunda medida sería atenuar la pena por cada asesinato. La pena máxima de prisión en nuestro Código Penal es de 40 años y plantear una pena más larga resulta poco útil teniendo en cuenta la duración normal de la vida humana; así que hay que calcular el número de asesinatos que quepa imaginar que puede cometer una persona y dividir. Supongamos, por ejemplo, que el máximo de muertes por terrorista es de 191 (estoy pensando en el 11-M). Así que dividimos 40 años por 191 muertos y nos da que cada asesinato terrorista debería castigarse con dos meses y medio de cárcel. De ese modo conseguiríamos la exacta proporción, un muerto, dos meses y medio de cárcel; 20 muertos, 4 años, 191 muertos, 40 años. Por supuesto que todo esto no es más que una majadería, pero es a lo que nos lleva la lógica de sacar la calculadora para decir que 25 años de cárcel por 25 asesinatos sale a un año por muerto y que resulta demasiado barato para el terrorista. Es lo que tiene querer poner precio a las vidas. Las penas deben tener cierto carácter retributivo y proporcional, pero está claro que la justicia no se puede impartir con el sistema métrico decimal.

La otra ocurrencia de estos días es esa de que no puede permitirse que un terrorista o un pederasta excarcelado imparta clase a nuestros niños. En principio, efectivamente, no parece buena idea reclutar a los maestros de entre los terroristas y los pederastas. Pero quienes se despachan en los medios de comunicación mostrando su santa indignación al respecto proponen lo que no es sino otra ocurrencia; confeccionar listas negras que impidan el acceso a la función docente o introducir en la reforma del Código Penal en tramitación la prohibición de que los terroristas o pederastas puedan dedicarse a la docencia. No digo que no sea una medida a considerar. Hace mucho que el Código Penal contempla, entre las penas, la de inhabilitación para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades. Y el Código Penal vigente en su art. 192 ya prevé que se imponga la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años, o bien la privación de la patria potestad, a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Es decir, los pederastas ya pueden hoy mismo ser condenados a la prohibición del ejercicio de la profesión docente hasta seis años. Quizás fuera conveniente revisar el plazo o la extensión de las penas de inhabilitación a otros delitos, porque es obvio que el Código Penal es indefinidamente perfectible.

Pero lo que están vendiendo algunos de quienes propugnan tales iniciativas es que van a impedir que los miembros de ETA puedan dedicarse a la docencia. Y eso es vender mercancía averiada o hacer pura y simple demagogia. El trabajo o el acceso a la función pública en condiciones de igualdad son derechos constitucionales, prohibir el acceso a la docencia no puede hacerse sino como pena accesoria en el Código Penal. La Constitución establece el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o desfavorables y, en particular, la irretroactividad de las normas penales salvo si son más beneficiosas para el penado. Y no solo lo hace la Constitución española, es un principio básico de cualquier Estado de derecho y está acogido por las normas internacionales sobre derechos fundamentales. Eso quiere decir que si se introduce ahora en el Código Penal la pena de inhabilitación para ser docente solo podrá aplicarse a los terroristas o a los pederastas que sean condenados a partir de la entrada en vigor de la reforma. No a los presos de ETA que han sido excarcelados recientemente o los que sean excarcelados en los próximos años, ya que todos han sido condenados con arreglo a las normas anteriores. Y si, como todos deseamos, ETA no vuelve nunca más al ejercicio de la actividad terrorista, ninguno de sus miembros será condenado en el futuro a esa pena. Salvo que se pretenda una aplicación retroactiva improvisando una doctrina Parot bis que, con toda seguridad, obtendría el mismo pronunciamiento que la original en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A nuestros gobernantes, en materias tan delicadas como éstas, les es exigible mucha más prudencia, que se preocupen de hacer mucha más pedagogía sobre lo que significa un Estado de derecho y que se dediquen mucho menos a soltar ocurrencias demagógicas.

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/11/28/opinion/tribuna-abierta/ocurrencias

Violencia en el presente de las mujeres, y ¿en las mujeres del futuro?

Berta Cao
24/11/2013
Uno de los carteles elaborados con motivo del Dia Contra la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre. / CCOO

Uno de los carteles elaborados con motivo del Dia Contra la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre. / CCOO

 

Un reciente estudio, publicado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, señala sin ambages la necesidad de invertir en políticas de educación ciudadana, o cívica, o social, pero en una educación que, en definitiva, intervenga en los procesos de construcción de la identidad para evitar que se perpetúe la cadena de la violencia, para romper los vicios y arquetipos que se mantienen entre la adolescencia y la juventud. En La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad la igualdad y la prevención de la violencia de género, el estudio mencionado, se ha entrevistado a 8.125 personas, estudiantes de secundaria y formación profesional. El resultado ofrece datos espeluznantes:

 El 73% relacionan los celos con el amor (se lo han oído decir a sus padres).

 El 31% consideran que un hombre con actitudes agresivas es más atractivo.

 El 28’8% se sienten o han sentido excesivamente controladas por sus novios.

 El 26% creen que la violencia en el ámbito familiar debe quedarse ahí (en el ámbito de lo privado, de lo silenciado, de lo invisible).

 El 22% de las entrevistadas reconoce que su pareja la ha insultado y que ha querido aislar de sus amistades.

Y a todo ello tenemos que añadir las nuevas formas de violencia detectadas en estas edades: el ciberacoso, que no se queda en un control exhaustivo a través del móvil y el whatsapp, sino que avanza con el sexting (envío de imágenes u otros contenidos eróticos a través de teléfonos móviles o internet, así como las extorsiones u otras coacciones derivadas de dichos contenidos) y el grooming, acoso sexual de menores a través de la red y, sobre todo, en las redes sociales.

Si bien estas nuevas formas de violencia que sufren las adolescentes y jóvenes no son exclusivas de nuestro país, como no lo es -lo hemos comprobado nuevamente este año-, la violencia de género y sus múltiples formas, desde la violación y asesinato de la joven india a finales de 2013, que conmocionó a India y al mundo, hasta el francés ‘No toques a mi puta’, el manifiesto de los 343 salouds.

No, en España no tenemos 343 cabrones que firmen un manifiesto a favor de la prostitución. Nos vamos conformando con libros, folletos y otras publicaciones que indiquen el camino a la mujer virtuosa, más cercana al pasado que al presente,  como el “Cásate y sé sumisa”, de la moralista evangelizadora Constaza Miriano. Editado por el Arzobispado de Granada, “Cásate y sé sumisa” recuerda las indicaciones de los libros de escolares para maestras y bachilleres de la Sección Femenina, que nos moldeaban y cercenaban para aceptar todo tipo de tropelías de un marido/macho que ya debería haber desaparecido. Pero no, sigue entre nosotras y entre ellos, protagonizando las noticias más luctuosas, como el último caso -conocido- de exacerbación del machismo, horas antes de esta celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de Noviembre. Un caso que reproduce todas las malas prácticas que atraviesa la atención a las mujeres víctimas de esta monstruosidad.

Primero, la culpabilización de la víctima (“La tenía que matar, me hacía la vida imposible”). La víctima había interpuesto 11 denuncias en los últimos seis años y había orden de alejamiento. Habrá alguien con tanta maldad y desprecio hacia las mujeres para creer que la víctima se lo había buscado. ¿Quién ha tenido una vida –al menos estos últimos años- imposible de vivir?

Segundo, la falta de cobertura y atención a las víctimas. ¿Dónde estaba el cordón de seguridad del alejamiento? ¿Dónde estaban los efectivos de protección a las víctimas de la Guardia Civil y la Policía municipal? ¿Alguien pedirá un informe sobre la falta de atención y cobertura a las mujeres víctimas con órdenes de alejamiento? ¿Se depurará alguna responsabilidad? ¿Se están aplicando recortes en los presupuestos destinados a la atención a las víctimas? A nivel del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en los presupuestos para 2014 la partida destinada contra la violencia se reduce un 1,5%, que se suman a la reducción del 6,8% en 2013.

No está muy claro de dónde van a salir los 1.500 millones –de euros, claro-, que el Gobierno ha dicho que destinará a la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-2016, aprobada en julio de este año y que pretende hacer frente a esta lacra sin fin, que no disminuye por mucho que se frenen las cifras, y ya estamos en el tercer aspecto en el que apreciamos malas prácticas para afrontar la VG. La misma falsedad del año pasado, del anterior, y de todos los anteriores. La mujer asesinada este pasado sábado, día 23, es la enésima. Ya da igual que sea la cuarenta y tantas, la cincuenta y tantas… Son cientos de mujeres asesinadas en estos últimos años, sólo en este país. Mujeres que han sido torturadas hasta la muerte, y su única culpa fue establecer una relación afectiva con un maltratador.

A lo largo de este año hemos visto, en las características de las víctimas, que no importa la edad. Desde una adolescente de 14 años asesinada por su exnovio, hasta una anciana de 84, asesinada por su marido. No la procedencia, ni el nivel socioeconómico. Y sí, un número excesivamente elevado de hijos/hija (6) que, como en el caso de las mujeres asesinadas, seguiría siendo demasiado alto aunque hubiera sido sólo 1.

Mientras, seguimos escuchando discursos a favor de la custodia compartida, que desde el Ministerio de Justicia pretenden imponer y que, aunque haga una salvedad en los casos de violencia de género, es difícil siquiera imaginar que nuestros tribunales y juzgados la tengan en cuenta y no generen un problema, si cabe mayor, a las mujeres.

(*) Berta Cao es consultora de género y Máster en Género y Políticas de Igualdad.

http://www.cuartopoder.es/invitados/violencia-en-el-presente-de-las-mujeres-y-en-las-mujeres-del-futuro/2127

La lucha por los niños robados continúa tras pasar por Ginebra

CORTE O TRIBUNAL INTERNACIONAL

Madrid, 10 nov (EFE).- Tras presentar su informe ante el Comité de desapariciones forzadas de laONU el pasado martes, la asociación “Todos los niños robados son mis niños” ha vuelto hoy, apoyada por la asociación “Adelante Bebés Robados” y Ceaqua, a la madrileña Puerta del Sol con la esperanza de conseguir que se reabran los casos de este tipo acaecidos décadas atrás en España.

Soledad Luque, su presidenta, ha instado al Gobierno a que “tenga la decencia” de no ignorar los casos de niños robados que no han quedado solucionados durante la época del franquismo y años posteriores, a la espera de los dictados que la ONU realice al respecto.

Las recomendaciones del comité se conocerán el próximo día 15 de noviembre y Luque se ha mostrado esperanzada al respecto: “Las sensaciones en Ginebra fueron muy buenas, por lo menos nos escucharon, algo que en España no pasa” debido a que, y según ha continuado, “el Gobierno no quiere investigar los casos de desapariciones forzadas anteriores a 2010”, año en el que entró en vigor el cumplimiento de la Convención Internacional sobre esta materia.

Ana Messuti, una de las abogadas que lleva el caso ha insistido en la importancia de exponer el caso de los niños robados ante la ONU como organismo internacional: “Tratamos de remover la justicia internacional para que llegue un día en el que aquí se puedan investigar estos casos”.

Desde “Adelante bebés robados”, Ángel Casero, su secretario, fue muy crítico en lo referente al posicionamiento del Gobierno al respecto: “Confiaríamos en el Gobierno si cambiara su actitud, que ahora mismo se basa en archivar las denuncias”, a lo que ha añadido que “seguiremos saliendo a la calle, iremos a Argentina, a la ONU o donde haga falta para que se termine haciendo justicia con nuestros niños”.

Por su parte, la delegación que representó el miércoles al Estado español ante el mismo comité de la ONU se amparó en que los delitos ocurridos en épocas de la dictadura ya han prescrito, además de quedar absueltos por la Ley de Amnistía de 1977.

Sin embargo, las asociaciones que persiguen esclarecer las causas de los bebés robados argumentan que el robo de bebés es un delito de Lesa Humanidad -contra la humanidad-, es decir, “que no prescribe con el paso del tiempo”, algo en lo que ha insistido Luque.

(Agencia EFE)

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/corte-o-tribunal-internacional/la-lucha-por-los-ninos-robados-continua-tras-pasar-por-ginebra_43vBiRDaeHxbfbyVhDSoF7/

Bebés robados: “No estamos para perder el tiempo, se nos mueren las madres”

Las asociaciones de afectados por los casos de bebés robados reclaman un mayor apoyo del Ministerio de Justicia. Diez meses después de la apertura de la Oficina de Atención a los Afectados por los casos de robo de niños denuncian que “al principio muy buenas palabritas, pero luego nada”.

Diana Garcia Bujarrabal – Qué.es 28 de octubre de 2013

Bebés robados: "No estamos para perder el tiempo, se nos mueren las madres"

Foto: Manifestación en Madrid de afectados por los casos de bebés robados. Foto: GTRES

El pasado 19 de octubre cientos de afectados por el caso de los bebés robados se manifestaban en Madrid para reclamar el acceso a toda la documentación disponible para la búsqueda de sus hijos, padres o hermanos.

Éste era en principio el cometido de la Oficina de Atención a los Afectados que el Ministerio de Justicia creó el pasado mes de febrero; sin embargo, María Cruz Rodrigo, presidenta de SOS Robados Madrid denuncia que aunque “al principio fue muy bien, nos ayudaban a buscar papeles”ahora, en muchos casos, se están encontrando con un muro. “Y nosotros no estamos para perder el tiempo, se nos mueren las madres”, dice.

Rodrigo se refiere concretamente en Madrid a los archivos de La Paz y del Doce de Octubre que, según denuncia, no se les facilitan. “Nos dicen que de cinco años para atrás destruyen los archivos, ¿cómo es posible”, comenta escéptica.

Desde la Oficina de Atención a Afectados del Ministerio defienden su labor y explican que, a fecha del 25 de octubre, “el número de expedientes abiertos en la oficina que atiende estos casos es de 334. Y el total de personas afectadas asciende a 397 porque algunos expedientes incluyen a más de una persona”. Respecto a la reclamación sobre los hospitales también tienen su versión: “Desde esta oficina se solicita a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la documentación sanitaria perteneciente a la persona afectada, habiéndose recibido en algunos supuestos gran cantidad de información sanitaria referente a la madre y también al recién nacido”, aseguran.

Aún hay más reclamaciones al Ministerio. Desde la Plataforma sobre la Causa de Niños Robadosreclaman que los afectados que acudan a la vía civil para buscar a sus familiares queden exentos del pago de las nuevas tasa judiciales. Este tratamiento se encuentra ya previsto para otros colectivos, como las víctimas de violencia de género. Fuentes del ministerio entienden que las demandas relacionadas con el robo de niños, que son demandas por desaparición forzosa, deberían ir por la vía penal, “que siempre está exento de tasas”. No obstante, no se descarta estudiar otras posibilidades si así lo solicitan las asociaciones de afectados.

“ESTO NO ES UNA MODA NI UN CAPRICHO”

Rodrigo insiste en que si no acceden a los archivos “por las buenas”, tendrá que ser “por las malas” y cuenta que solo en Madrid SOS Robados está moviendo más de 60 casos con abogados. Advierte también de que los afectados no piensan cejar en su empeño de esclarecer lo sucedido durante décadas en España porque “esto no es una moda”.

Detrás de las siglas de las asociaciones hay casos tan dramáticos como el de la propia Rodrigo, que lleva 33 años buscando a su hijo. “Nació en el año 80 en el Doce de Octubre, le llevaron a la incubadora y todo el tiempo nos decían ‘no te preocupes, ya tienes un bebé de un año'”, recuerda. Rodrigo se quedó embarazada por accidente poco después de tener a su primer hijo. Para ella y su pareja, dos jóvenes de poco más de 20 años y extracción humilde, suponía una dificultad importante, pero desde el principio quisieron el bebé. “Durante el parto me preguntaban si era un bebé deseado, y yo les conté…”, dice.

Durante cinco días ella y su familia estuvieron visitando a la criatura en la incubadora. Hasta que les dijeron que había muerto. “Yo no quiero enterrar a mi hijo sin darle un beso, sácale al menos la manita que le pueda besar”, le pedía a su médica, que alegaba que el niño estaba desfigurado para no mostrarles el cadáver. Al final no lo vieron. Y tampoco lo enterraron. “‘¿Vosotros tenéis 200.000 pesetas para enterrarlo?’, eso nos decía la doctora”. Una doctora cuyo nombre Rodrigo solo le ha dicho a la juez. La misma doctora que les pidió que llevaran la leche materna porque era muy buena.

HAY MUCHAS ‘SOR MARÍAS’

Aunque en su día el fallecimiento de ‘Sor María’, principal imputada por el robo de bebés, hizo temer el fin de la investigación sobre estos casos, las asociaciones de afectados siempre han mantenido que hay muchas ‘sor Marías’.

Ascensión López, presidenta de SOS Bebés Robados de Almería, intervino recientemente en un programa de televisión e hizo unas declaraciones que han traído cola: “Sor Dolores Baena, sobrina de mi padre adoptivo organizó mi adopción por la que se pago 250.000 pesetas”, dijo. “En Sevilla hay varias madres que afirman que Sor Dolores Baena fue la monja que se llevo a sus hijos recién nacidos”.

López aseguraba el viernes a través de un nota de prensa que ha recibido una avalancha de llamadas solicitándole información y ayuda porque tienen la sospecha de que a ellos también les engañaron en el hospital donde dieron a luz a sus hijos.

Poco a poco se desvelan nuevas historias. ¿Llegarán a los tribunales? ¿Cuándo?

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