Mujeres indígenas en Canadá: Crímenes en la oscuridad

Escrito por  Deisy Francis Mexidor

El final de Tina Fontaine, una joven indígena canadiense encontrada muerta el 17 de agosto en Winnipeg. Manitoba, es similar al de otras mujeres nativas asesinadas o desaparecidas durante décadas en ese país.

Tina fue arrojada dentro de un saco al río Red. Cuando apareció su cuerpo el primer ministro canadiense y líder del Partido Conservador de Canadá, Stephen Harper, expresó que no crearía una comisión investigadora.

Según Harper, el fallecimiento de la adolescente de 15 años, así como el de un número de féminas, solo era un crimen más y no un “fenómeno sociológico”.

Pero las denuncias se incrementan. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, grupos de derechos humanos, las Primeras Naciones y los partidos de la oposición se han unido en un creciente reclamo a la administración de Harper convoque una consulta nacional.

El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, advirtió que el caso de Fontaine puso en la agenda doméstica la necesidad de llegar al fondo de este asunto para evitar la impunidad.

Un reciente informe de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reveló el asesinato o desaparición de 1.186 mujeres aborígenes en esa nación.

1.017 perdieron la vida entre 1980 y 2012, y de 169 se desconoce su paradero desde 1952, señaló la entidad el pasado 2 de mayo.

También confirmó que las mujeres indígenas del país sufren más violencia que el resto de las canadienses y que el riesgo de asesinato entre ellas es cuatro veces mayor que el de otras féminas.

La investigación evidenció el aumento de las muertes violentas, que pasaron de ser un ocho por ciento del total de mujeres en 1984, a 23 por ciento en 2012.

El reporte de la Policía Montada ocurrió días después de que un informe de Naciones Unidas criticara el trato que reciben los indígenas en Canadá y las políticas del gobierno de Harper.

Es alarmante que ese segmento poblacional sea víctima del 16 por ciento de todos los homicidios cometidos en Canadá, cuando solo significan el 4,3 por ciento de sus habitantes.

Mientras, el desplazamiento de las tierras ancestrales es la causa principal de la marginación y la vulnerabilidad económica de de estas mujeres que en la actualidad representan el 42,7 por ciento de la tasa de pobreza canadiense.

Audrey Huntley, de la organización No más silencio, es del criterio de estos crímenes son “parte de una visión colonizadora en Canadá”.

Situación que “se agrava por la impunidad en la que quedan estos casos”, dijo Huntley.

El pasado 20 de octubre la Asociación Canadiense de Salud Pública pidió al gobierno del primer ministro Stephen Harper esclarecer incidentes que ocurrieron en las últimas décadas.

Existen cerca de 40 estudios sobre esto, además de las investigaciones de la RCMP, expresó Harper, ante las peticiones que urgen a ir más allá de lo que hasta ahora se ha hecho.

La CPHA (Canadian Public Health Association, en inglés) instó también a los conservadores a que atiendan el llamado de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar e implementar un plan de acción integrado en prevención de la violencia.

Magali San Martin, vicepresidenta de la organización Mujer, denunció que la policía ignora o parece no darle mucha importancia a la desaparición de estas mujeres, “porque siempre se refieren a los indígenas como gente marginal y eso hace que los que cometen los crímenes se sientan impunes”.

El grupo demandó al gobierno federal que “se tomen medidas concretas frente a estos crímenes” y en ese sentido encontrar a los abusadores y llevarlos a la justicia.

La vicepresidenta de Mujer recordó que Canadá “no ha firmado la declaración de la ONU respecto a la convención por los derechos de los pueblos indígenas”.

Entre las razones de la negativa, dijo, se hallan que Ottawa no acepta que estas Primeras Naciones tengan derecho a su soberanía y esto tiene que ver con los recursos naturales de sus asentamientos.

Activistas de derechos humanos aseguran que las mujeres autóctonas de Canadá son cinco veces más vulnerables a las muertes por un acto de violencia que sus congénero de otras poblaciones.

Las exhortaciones al gobierno federal insisten en poner en marcha un sistema nacional de información sobre los asesinatos y desapariciones de indígenas, así como que se haga una investigación independiente sobre denuncias de conducta policial inapropiada.

La Canadian Feminist Alliance for International Action asegura que una de cada 10 mujeres asesinadas es joven, aborigen y residente en una ciudad del oeste.

Y cuando se trata de las indígenas la policía interviene con menos frecuencia, mientras el 70 por ciento de los casos quedan sin resolver.

Huntley, cineasta y descendiente de las Primeras Naciones (Anishnawbe), resume que la violencia contra las indígenas canadienses “es inherente al proceso colonizador”.

Por eso, subrayó, se trata de una violencia sistemática que “no terminará hasta que no alcancemos la descolonización”.

http://www.kaosenlared.net/secciones/s/derechos-humanos/99198-mujeres-ind%C3%ADgenas-en-canad%C3%A1-cr%C3%ADmenes-en-la-oscuridad

Guerra total de los jueces progresistas a Rajoy, al que acusan de mentir

Niegan su ‘medida estrella’ contra la corrupción: no se incorporan 300 jueces sino que se regulariza la situación de 300 magistrados que llevan tiempo incorporados

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha sido contundente: “El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad”. Explica que los jueces a que hace referencia el presidente del Gobierno ya existen y lo que se hará es regularizar su actual situación. Para más inri estos jueces no pertenecen en su mayoría al ámbito penal.

“El Decreto al que se refiere el presidente del Gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados”, aclara Bosch en un comunicado.

El anuncio de Rajoy
La reacción de Jueces para la Democracia responde a que el  presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer  que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la creación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces de adscripción territorial, además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional.

“Es falso”
Según aclara el portavoz de JpD “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción”.

Regularización administrativa
“En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años”. Continúa Bosch: “Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.

No tiene que ver con la corrupción
Explican desde JpD que “este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo”.

No son del ámbito penal
“La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones”, dice.

“El Gobierno sigue sin hacer nada”

Es también duro Bosch en el análisis de la situación: “Tras dos años en los que el Gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción, sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del Gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa”.

Urbanismo, caldo de cultivo de corruptos
“Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones”, exigen los jueces progresistas.

Medios para perseguir y condenar
Recuerda también la necesidad de dotar a la justicia de una mejor infraestructura:  “nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante”.

Anuncio falaz
Concluye Bosch: “la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción”.

http://www.elplural.com/2014/10/31/guerra-total-de-los-jueces-progresistas-a-rajoy-al-que-acusan-de-mentir/

Argentina – Orden de detención contra el exministro Martín Villa y otros 19 imputados por crímenes del franquismo

La jueza argentina María Servini de Cubría ha emitido la orden de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.

La magistrada acusa al exministro Utrera Molina de convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich y a Martín Villa por la matanza de Vitoria de 1976

“Es un gran avance hacia el fin de la impunidad del franquismo”, señala a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina

DOCUMENTO: Consulta la resolución de la jueza Servini

Una quincena de ministros que formaron parte de sucesivos gobiernos de la democracia en España integran la Fundación España Constitucional, un foro de reflexion y debate público sobre asustos de relevancia politica,económica y social que se ha presentado hoy en valencia.En la imagen de I a D, los exministros, Pio Cabanillas, Martin Villa, Eduardo Serra y Marcelino Oreja . EFE/ Juan Carlos Cárdenas

Rodolfo Martin Villa, Eduardo Serra y Marcelino Oreja en Valencia. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

más INFO

En una exhaustiva resolución de 286 páginas a la que ha tenido acceso eldiario.es la jueza argentina María Servini ordena la detención y extradición de veinte personas vinculadas con la represión y crímenes del franquismo. Entre ellos hay ocho exministros franquistas, así como exjueces o expolicías a los que la magistrada quiere tomar declaración indagatoria en el marco de la única causa penal en el mundo que investiga los crímenes del franquismo.

En el auto la jueza Servini de Cubría señala que “lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, como la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976, asesinatos, torturas y represión.

La magistrada recuerda en el auto que los delitos de los que se les acusa constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Es decir, “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.

Ocho exministros

A Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores durante una acción de represión policial en la que también hubo 150 heridos de bala.

A Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento en 1974-75 se le acusa por su responsabilidad en la pena de muerte de Salvador Puig Antich, último ejecutado a garrote vil en España.

También está incluido Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975: La justicia argentina pide su detención por su responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista en 1975.

Al exministro de la Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista en septiembre de 1975 en Madrid, Burgos y Barcelona.

También se solicita el arresto de otros cuatro exministros:

 Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además se solicita el arresto del excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar, acusado de asaltar la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores en la carga policial.

También figuran siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter, por torturas en diversos lugares.

A ellos se suma Carlos Rey González, miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich -y actualmente abogado que ha ejercido como defensor de la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho-, los entonces jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer. Este último está denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967, donde García trabajaba como ginecólogo.

“Que haya jueces españoles dispuestos a investigar”

En declaraciones a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina, ha destacado la importancia de este : “Es un paso más que se suma a otros llevados a cabo por comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas. Esperamos que haya una resolución por parte del Gobierno y de la Justicia española, que sean sensibles a este clamor de cada vez más sectores. Cada vez hay más denunciantes, la querella avanza y confiamos en que haya jueces españoles que asuman la tarea de investigar estos crímenes contra la humanidad”, ha señalado.

Slepoy ha querido destacar que esta orden es “producto del esfuerzo de mucha gente que ha viajado a Argentina para declarar ante la jueza o ha logrado que se lleven a cabo declaraciones por videoconferencia”.

Los procesos de extradición pasarán por la Audiencia Nacional y será previsiblemente el Gobierno el que tenga la última palabra. “Es probable que se dicte una decisión similar a la adoptada ante la solicitud de extradición de Billy el Niño y el capitán Muñecas”, indica Slepoy, en referencia a la decisión de la Audiencia Nacional de no entregar a aquellos acusados a la jueza por considerar que sus delitos habían prescrito. “Pero eso abunda en la impunidad del franquismo en un momento en el que se suman pasos, pruebas y denunciantes para acabar con esa impunidad e investigar de una vez tales crímenes de lesa humanidad”, añade el letrado.

La querella argentina

La causa contra los crímenes del franquismo arrancó en Argentina el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella presentada por familiares de víctimas del franquismo: Darío Rivas, de 94 años, e Inés García Holgado. A ellos se han ido sumando más querellas de familias de represaliados. En la actualidad ya hay más de 150 querellantes.

La jueza Servini de Cubría ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común en el cementerio de Guadalajara, para comprobar por análisis de ADN si allí están los restos del padre de una de las querellantes, Ascensión Mendieta Ibarra, quien con 88 años ha viajado a Argentina para rogarle a la magistrada que le ayude a encontrar los restos de su padre antes de morir.

En España aún hay más de 100.000 desaparecidos víctimas de la dictadura franquista.

http://www.eldiario.es/sociedad/exministro-Martin-Villa-imputados-franquismo_0_319519072.html

Varapalo del Poder Judicial a la reforma tributaria del Gobierno

FéLIX BORNSTEIN | Publicado: 26/10/2014

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. / lamoncloa.gob.es

Cualquier modificación normativa debe pasar, en última instancia, el test de los jueces. Cuando, por ejemplo, cambia el “decorado fiscal”, las normas se traducen en actos administrativos de aplicación de los tributos que son susceptibles de revisión judicial por una doble vía. La más habitual es el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo. En los asuntos más graves (posibles delitos contra la Hacienda Pública) la última palabra será pronunciada por los jueces penales. Incluso cabe un control más intenso si la aplicación de los tributos afecta a los derechos fundamentales: en este último caso la que debe ser chequeada es la propia Ley fiscal (y no sólo los actos dimanantes de la misma) y quien es llamado a resolver la cuestión es el Tribunal Constitucional.

Esa triple dimensión revisora llega a su máxima potencia (y necesidad) si la modificación legal no es de simple detalle, sino de una envergadura que trastoca piezas básicas de un sector del sistema jurídico. Éste es el caso de la propuesta de reforma del Gobierno, en sus cuatro apartados: IRPF-IRNR, Sociedades, IVA y Ley General Tributaria. Por sus consecuencias “directamente” procesales, es el cuarto ámbito citado el que refleja, más que los tres anteriores, el protagonismo futuro de los jueces y magistrados. Dicha situación justifica la necesidad de que las propuestas del Gobierno sean sometidas con carácter previo a su aprobación al examen de quienes deberán aplicarlas posteriormente (antes de que sea demasiado tarde si, tras la pertinente tramitación parlamentaria, la iniciativa gubernamental se mantiene en sus propios términos y acaba lesionando derechos ciudadanos y/o invade las competencias constitucionales de los jueces). En todo caso, como el informe del órgano interesado no es vinculante, puede que la contumacia venza a la razón técnica (si tal es el caso). Pero, siempre, el Parlamento y la opinión pública tendrán más elementos de juicio.

Por dicho motivo, el 29 de agosto pasado tuvo entrada en el Registro del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el Anteproyecto de la Ley de modificación parcial de la vigente Ley General Tributaria, a efectos de la emisión del preceptivo Informe. Éste ha sido aprobado por el Pleno del CGPJ en sesión celebrada el 30 de septiembre y su contenido –en 37 páginas- es demoledor para la imagen no sólo del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (cuyo departamento es el que remitió el texto al Consejo), sino también para la del Gobierno de Mariano Rajoy en bloque, por la sencilla razón de que el citado Anteproyecto (aunque hoy todavía no ha sido remitido al Congreso de los Diputados) se aprobó durante el verano por el Consejo de Ministros como parte integral de su propuesta de reforma tributaria.

El CGPJ manifiesta dos críticas preliminares al Anteproyecto. La primera en la misma frente del texto: “No viene acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. La segunda, a propósito de las intenciones formales del Gobierno (según consta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto), que fundamentalmente buscan “lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario”, todo ello con el objetivo de “reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria”. Pues bien, el Informe, como cuestión de principio, ya nos advierte “de la necesidad de que se incremente la seguridad jurídica del contribuyente en la norma proyectada”. Traspasado este doble arco de entrada, el Informe va desmontando, una por una, las figuras clave de la reforma gubernamental, que no parece ir en la dirección anunciada de otorgar mayor seguridad jurídica al ciudadano, sino más bien -según la opinión del órgano de gobierno de los jueces- en la ruta contraria de sacralizar una posición de abuso de la Administración impropia en un Estado de Derecho. Veamos algunos epígrafes concretos.

1.- Sobre el llamado conflicto en la aplicación de la norma tributaria:

El Consejo denuncia “la insólita ampliación de las potestades administrativas de control y represión de las infracciones tributarias y la correlativa minoración de los derechos y garantías de los contribuyentes”. La crítica es amablemente feroz: la reforma “viene a dar la espalda a los límites constitucionales, y de prosperar…bastará con que la Comisión consultiva –órgano de composición y naturaleza íntegramente administrativa- emita informe estimando que un determinado acto o negocio constituye conflicto de normas tributarias, para que se dé lugar a la imposición de sanciones”. El CGPJ, que se decanta primordialmente por la supresión de la propuesta, pone en duda que el Gobierno guarde “el respeto debido a los principios de legalidad y tipicidad”.

2.- Sobre la prescripción:

El Informe acusa al Gobierno de otorgar ”poderes exorbitantes a la Administración tributaria” y, sobre el supuesto “derecho” imprescriptible de la inspección fiscal para realizar determinadas comprobaciones y averiguaciones, efectúa el siguiente diagnóstico: “resulta ciertamente sorprendente esta declaración de imprescriptibilidad, que carece de parangón en nuestro ordenamiento jurídico, más allá [de] la referida a delitos de especial gravedad previstos en el Código Penal como crímenes contra la humanidad”.

3.- Sobre la publicación periódica de listas de contribuyentes morosos:

Debajo del pretexto esgrimido por Cristóbal Montoro –luchar contra el fraude fiscal a través de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos y promover una auténtica conciencia cívica tributaria– el CGPJ detecta una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, amén de una quiebra del principio de proporcionalidad, ya que la “formulación excesivamente abierta” de la medida “no necesariamente se corresponde con conductas defraudatorias”. Por si lo anterior fuera poco, la publicación de las listas –según el Consejo- difícilmente se concilia con “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (Sentencia de 9 de noviembre de 2010, caso Volker). Y apostilla: con la publicación de las listas “no se persiguen objetivos de eficacia administrativa o transparencia sino el establecimiento de una suerte de “sanción” a los contribuyentes que habiendo reconocido su deuda con la Administración tributaria no pueden afrontarla en periodo voluntario”. Al órgano de los jueces le llama la atención “el agravio comparativo si atendemos el distinto tratamiento dado a las Administraciones públicas morosas a las que se excluye de la aplicación de la norma y que en no pocas ocasiones han contribuido –al no pagar sus propias deudas- a la insolvencia y la ruina de los contribuyentes morosos”. La publicidad es fruto de una decisión poco “sosegada y reposada” que sólo merecerían “los grandes defraudadores” y que “sólo podría ser acordada por el Juez o Tribunal penal en la sentencia condenatoria [firme] y no por la Administración”.

Las críticas anteriores son, desde luego, demoledoras. ¿Pero eso es todo? Desgraciadamente para el Gobierno, no. El 2 de octubre de 2014, la vocal del Consejo María Concepción Sáez Rodríguez formuló un voto particular concurrente al Informe del Pleno en el que, además de los reproches de este último (que la vocal hace suyos), realiza unas consideraciones adicionales sobre la reforma de la Ley General Tributaria. A la vocal Sáez Rodríguez no le duelen prendas. Les invito a que lo lean (pueden consultar su voto “pinchando” en el primer vínculo de este artículo). Sus acusaciones alcanzan la altura de la caza mayor. Yo sólo reproduciré algunos juicios de valor: el Gobierno peca de “un desconocimiento voluntario de la construcción normativa, doctrinal y jurisprudencial respecto de la naturaleza de los diferentes actos administrativos”; el Gobierno actúa “como si, prescindiendo del arte arquitectónico, se decidiera [a] actuar contra la estructura de un edificio, afectando no solo al mismo sino también a los colindantes”, lo que producirá fisuras “que serán bien aprovechadas por quienes no estén en la disposición de contribuir al mantenimiento de las arcas públicas”; el Gobierno, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, “se impone al órgano penal, con olvido de que es a él –y no a la Administración- al que la CE atribuye la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; la reforma del Gobierno compromete seriamente “la división de poderes inherente a todo Estado democrático de Derecho”; en relación con las listas de deudores fiscales, el Gobierno se aparta incluso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en el que, a sugerencias precisamente del CGPJ, suprimió la publicidad sobre “personas identificadas o identificables…a fin de evitar el posible efecto estigmatizador”; el Gobierno, en fin, “obstaculiza la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador vía prescripción de acciones en claro perjuicio para los ciudadanos”.

Si hacemos caso al CGPJ, está claro por qué el ministro Wert decidió suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Se puede dirigir el Gobierno, se puede ser ministro de Hacienda, sin haber aprobado el curso preescolar que habilita para conocer las nociones básicas de las garantías democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos? Termino: muchos dicen, con sobradas razones, que el Consejo del Poder Judicial es la voz de su amo. Pero del negro al blanco (o al revés) existe una amplia escala de grises. Vivimos en una democracia con una separación de poderes muy imperfecta e insatisfactoria. Pero aunque sea gris, vivimos en una democracia que sólo puede rehabilitarse desde postulados institucionales y, al mismo tiempo, sometida a la presión organizada de la sociedad civil (como la que ejerce la prensa libre e independiente, que, la verdad, no abunda). Los purísimos de corazón que niegan que “esto” sea una “auténtica” democracia pueden destruir, sin nada digno a cambio, lo poco (que no es realmente “tan poco”) que los humildes ciudadanos tenemos. Detesto las moralejas, pero la Historia es la mejor vacuna contra las novatadas.

http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/2014/10/26/varapalo-del-poder-judicial-la-reforma-tributaria-del-gobierno/7946

 

La corrupción condena al Partido Popular a una semana negra

Las continuas imputaciones judiciales a raíz de las tarjetas black y la financiación ilegal cercan al partido de Rajoy

El presidente se aferra al propósito de enmienda como única respuesta a la imagen de corrupción en su partido tras varios días de silencio

Rajoy ofrecerá España a Asia como puente hacia la UE, América Latina y el norte de África

Rajoy ha pasado una de las peores semanas desde que llegó a Moncloa.

El Gobierno y el PP han salido esta semana a susto por día. No ha habido jornada en que la corrupción en sus filas no haya sido noticia. De lunes a viernes, Mariano Rajoy y el partido que preside han tenido que lidiar con  el escándalo de las tarjetas black centrado en la figura de Rodrigo Rato y otra docena de afiliados, la imputación de un exsecretario general como Ángel Acebes, la del anterior alcalde de Toledo por un contrato a cambio de comisiones para pagar una campaña electoral y nuevos detalles sobre las reformas en Génova 13 a base de dinero negro. La guinda la ha puesto el hallazgo de otra cuenta bancaria de Luis Bárcenas, esta vez en Bermudas.

El plan de centrarse en vender la recuperación económica ha saltado por los aires ante las continuas informaciones con la corrupción como protagonista. La reacción durante la semana ha ido del mutismo completo a los comunicados escuetos. Hasta llegar a las promesas de enmienda “porque ya se están tomando medidas”. Nada de poner la mano en el fuego por nadie.

Rajoy ha dicho que desea que la Justicia castigue a los culpables y absuelva a los inocentes. Bárcenas queda claro que es de los primeros. En el caso de Acebes, su situación le parece “injusta”.

Los casos de corrupción, “esas cosas”

El presidente no ha tenido más remedio que pronunciarse, ya que la rueda de prensa era obligada tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. Fueron los periodistas los que citaron en sus preguntas los casos de corrupción por sus nombres. Él se refugió en la vaguedad y los llamó “esas cosas que no pueden volver a pasar”. El mismo sistema usado recientemente para referirse a Rodrigo Rato, que se convirtió en “esa persona por la que se interesa” la prensa. Igual que hace para evitar pronunciar el nombre del responsable de las finanzas del PP que sigue en prisión.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solventó las preguntas incómodas con una rueda de prensa exprés tras el Consejo de Ministros. Tres preguntas sobre Cataluña y poco más. Como excusa para las prisas, el supuesto temor a coincidir en el tiempo con la comparecencia de Rajoy desde Bruselas. Prevista para las dos, esta acabó produciéndose cinco horas después, por lo que la número dos del Gobierno se ahorró el trance.

Entre las medidas en marcha para atajar la corrupción, se encuentran los proyectos para reformar la ley que regula el funcionamiento de los partidos y las nuevas exigencias de conducta para los altos cargos. Ambos están ya en el Congreso y a eso se acoge Rajoy para trasladar el mensaje de que todas estas penosas noticias son cosa del pasado y su voluntad de que no se repitan. La intención del Gobierno es que PP y PSOE suscriban un pacto por la regeneración para convencer a los españoles y luchar contra la mala imagen. De fondo, el miedo a las encuestas y a las próximas elecciones.

“Rato ya no es militante”

La semana arrancó con las dudas de qué decisión tomar respecto a Rodrigo Rato y su militancia en el PP. El uso que el expresidente de Bankia hizo de su tarjeta black ha sacudido los cimientos de un partido en el que Rato lo fue todo. El expediente informativo llevaba 13 días abiertos cuando María Dolores de Cospedal abría la puerta a la suspensión temporal como una “decisión dolorosa” que no quedaba descartada. Al mismo tiempo, se lanzaba el mensaje de que había que respetar los plazos para que tomara una decisión el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. Eso incluía el derecho de Rato a ofrecer explicaciones.

Cospedal prometía durante una rueda de prensa este lunes que el PP tomaría una decisión “dentro del ámbito de la rapidez”. Mientras, algunos barones y dirigentes del PP reclamaban “contundencia” en el castigo. Los menos proclamaban su confianza en la inocencia de Rato o recordaban el brillante pasado del exvicepresidente. La presión surtió efecto. A última hora del lunes, Rato pidió por carta a Cospedal que le diera de baja del partido de forma temporal. Inmediatamente, el PP anunció que la investigación interna se congelaba para él y seguía para la docena de afiliados. El argumento fue que ya no era militante.

Acebes y el PP “sólo tiene una contabilidad”

El martes era el día del debate sobre las cuentas de 2015. Los conservadores se aseguraron a primera hora de vetar de nuevo una comisión de investigación sobre las tarjetas como propuso en el Congreso la Izquierda Plural. Desde la tribuna del Parlamento, Cristóbal Montoro se enfrentó a Pedro Sánchez a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en un debate bronco. Rajoy entró y salió del Congreso sin decir una palabra. Para esquivar a los periodistas, llegó a entrar en el hemiciclo por el pasillo que usan los socialistas.

Mientras, el patio del Congreso era un hervidero de comentarios sobre la situación de Rato. La noticia de la imputación de Ángel Acebes por las ayudas del PP a Libertad Digital con fondos ilegales cayó como una bomba. La mayoría se refugió en que los papeles de Bárcenas no son la contabilidad real del PP y así se difundió en un comunicado de un solo párrafo. “Si hubiera otra contabilidad desde luego no es del Partido Popular”, acababa el texto.

Cospedal, en el punto de mira

El miércoles fue el día en que se conoció la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el cerco judicial se acercó a Cospedal y a su número dos, Vicente Tirado. La causa, la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad a cambio de una comisión utilizada para pagar la campaña electoral de 2007.  El juez Pablo Ruz se refirió a la “posibilidad de que personas aforadas” acaben relacionadas con sus indagaciones y él deba enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La presidenta regional intentó argumentar que la imputación es “una oportunidad” para defenderse ante la Justicia y cargó de nuevo con que se crea en la palabra “de un presunto delincuente”, en referencia a los papeles del extesorero. Pero esos 200.000 euros recibidos como comisión a cambio del contrato a una empresa de Sacyr se utilizaron en su campaña. Entre otros testigos, ha sido llamado el diputado Sebastián González, coordinador electoral del PP nacional en aquella época.

La imputación del presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, por sospechas de prevaricación en la concesión de una licencia de construcción parece un caso menor comparado a los anteriores. Pero demostró que era raro el día que acababa sin otro conservador ante los tribunales. Hacía solo una semana, el pasado viernes, Rajoy había estado en esa provincia en un acto público y Amat había dado un discurso pocos minutos antes del presidente.

La reforma de Génova pagada en negro

La confirmación por parte de Hacienda de que la sede del PP fue reformada con dinero negro ha cerrado la semana en cuanto a sobresaltos por la corrupción. Ruz tiene confirmado que la reforma de la planta baja de Génova, 13 se pagó con 750.000 euros en B. Hay que sumarlos a otro millón que se usó para el resto del edificio. A la comprobación de cómo se usó el dinero hay que sumar el hallazgo de una nueva cuenta de Bárcenas en un paraíso fiscal del Caribe y que el juez Ruz ha ordenado embargar.

Presentan a la Fiscalía el caso de una “niña robada” en Logroño en 1962

El hermanastro de la desaparecida afirma que la niña fue “anormalmente” separada de la familia en la antigua clínica Santa Cruz en Logroño

EFE | LOGROÑO

20 octubre 2014

Antonio Martín Escorza ha presentado hoy en la Fiscalía Superior de La Rioja un escrito para que investigue el presunto caso de una “niña robada” en 1962 en Logroño, que corresponde a su hermanastra Sara Martín Gutiérrez.

Martín Escorza ha asegurado a Efe que esta niña nació, “por cesárea de urgencia”, el 16 de marzo de 1962 en la clínica privada Santa Cruz de Logroño, situada en esa fecha en la calle Doctores Castroviejo, y a la que él, que entonces tenía 17 años, vio viva y la recuerda “aparentemente sana y respirando apaciblemente”.

Sin embargo, en el legajo de aborto de su hermana, que es como denomina la administración a la partida de nacimiento de un bebé que no llega a un día de vida, se certifica que “la madre ha dado a luz un feto, de unos ocho meses, en el domicilio familiar -en Logroño-, cuya muerte de produjo antes del alumbramiento”.

Martín Escorza, periodista de profesión y residente en Logroño, también ha pedido a la Fiscalía que examine los legajos de aborto de 1962 y 1963 de Logroño porque tiene “indicios” de que pueden contener presuntas falsedades en documento público constitutivas de un delito.

Este legajo está firmado por un médico, fallecido en 1969, y avalado por una persona que la familia desconoce, mientras que no figura la firma del padre de la niña, aunque sí la de la abuela materna de esta, ha dicho.

Ha relatado que a la familia se le dijo que a la niña la habían bautizado de urgencia y se le había impuesto el nombre de Sara, pero Martín Escorza ha afirmado que, en su investigación, no ha encontrado la fe de bautismo ni en la parroquia de Carmelitas, que estaba a escasos metros de la clínica; ni en la de Santa Teresita, que era a la que pertenecía el domicilio familiar; ni en la de La Redonda, que era la que correspondía a la clínica por jurisdicción.

A ello ha sumado que la niña, en la clínica Santa Cruz, fue “separada anormalmente de la familia” y él la vio sola en una habitación distinta, de la que una mujer le ordenó salir cuando quiso permanecer con ella.

La madre de la niña, Carmen Gutiérrez Subero, a la que él también considera su madre, aunque no fuera la biológica y quien falleció el pasado mes de abril, sufrió una embolia durante el embarazo y peligraba su vida, pero, “pese a todo, la niña nació viva, sana y con buen color”, ha subrayado.

“Lo único que me guía es esclarecer la verdad y encontrar a mi hermana, si estuviese viva”, ha apostillado Martín Escorza, quien ha urgido a la Fiscalía a que inste a quien corresponda para que se crucen los ADN del banco de datos que ya existe, al entender que es “el único medio de que los niños robados puedan recuperar su identidad y las familias vuelvan a reunirse”.

Artículos relacionados:

http://www.larioja.com/la-rioja/201410/20/presentan-fiscalia-caso-nina-20141020132601.html

México: Apoyo del EZLN a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa

Escrito por  Subcomandante Insurgente Moisés
El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se solidariza, a través de un comunicado, con los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ante la masacre que sufrieron por parte de policías municipales. Anuncian que se movilizarán el 8 de octubre de 2014 de manera silenciosa, a las 17 horas en San Cristóbal de las Casas. 

 

OCTUBRE DEL 2014:

A LOS ESTUDIANTE DE LA ESCUELA NORMAL “RAÚL ISIDRO BURGOS”, DE AYOTZINAPA, GUERRERO, MÉXICO.

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO:

HERMANAS Y HERMANOS:

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE AYOTZINAPA, GUERRERO, MÉXICO, Y A SUS FAMILIARES, CONDISCÍPUL@S, MAESTR@S Y AMIG@S, SÓLO QUEREMOS HACERLES SABER QUE:

NO ESTÁN SOL@S.

SU DOLOR ES NUESTRO DOLOR.

NUESTRA ES TAMBIÉN SU DIGNA RABIA.

A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE LA SEXTA EN MÉXICO Y EL MUNDO LOS LLAMAMOS A QUE SE MOVILICEN, SEGÚN SU MEDIOS Y MODOS, EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA NORMAL DE AYOTZINAPA, Y POR LA DEMANDA DE JUSTICIA VERDADERA.

COMO EZLN NOS MOVILIZAREMOS TAMBIÉN, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES, EL DÍA 8 DE OCTUBRE DEL 2014, CON UNA MARCHA SILENCIOSA EN SEÑAL DE DOLOR Y CORAJE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A LAS 1700 HORAS.

¡DEMOCRACIA!

¡LIBERTAD!

¡JUSTICIA!

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Subcomandante Insurgente Moisés.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/97495-m%C3%A9xico-apoyo-del-ezln-a-los-estudiantes-de-la-normal-rural-de-ayotzinapa

NOTA de PRENSA de la FEDERACIÓN COORDINADORA. X – 24

Las Víctimas por Delitos Permanentes, identificados como Robo de Niños, están profundamente indignadas, entre otros motivos, por lo siguiente:

1º.- La invisibilidad intencionada de la mayoría de los medios de comunicación con el fondo de este gravísimo problema de Estado, una vez que creyeron agotado el filón emocional del sensacionalismo primario.

2º- La contumacia en la ilegalidad de la que parecen hacer gala los poderes del Estado, unida a una parálisis que ya está siendo crónica con este Gobierno que incluso afecta a partidos políticos incapaces de plantear en su dimensión real planes para el reconocimiento de la Verdad de esos hechos. Entendemos que este problema es sin duda el de mayor complejidad de los que están incluidos en las dos Recomendaciones de los organismos de NN. UU., remitidas a España como exigencia a finales del pasado mes de julio con un plazo perentorio de noventa días para poner en marcha un plan razonable para su resolución. En el conjunto de las víctimas de la dictadura militar y sus secuelas los casos de Robo de Niños y Alteración Dolosa de la Identidad representan la mayor complejidad. Por ejemplo, el inmenso problema humano de las fosas de asesinados en un  genocidio panificado, falta la voluntad política y una dotación perfectamente asumible, ya que el mapa de fosas es conocido, existen testimonios vivos y los asesinos hace muchos años que siguieron la ruta natural de la muerte no violenta, eso sí, rodeados del respeto de sus cómplices. Pero en los casos que nos afectan, además de constituir tipificación clara de personas desaparecidas y Delitos Permanentes de lesa humanidad, pesa la relevancia social de algunos de los criminales implicados y sus redes clientelares, además del riesgo añadido de que muchos de ellos y sus cómplices, encubridores y beneficiarios siguen vivos y con mucho poder. En su afán de perpetuar la impunidad este Gobierno quiere olvidarse que precisamente estos casos tienen la relevancia de Delitos Internacionales por afectar a tráfico de seres humanos fuera de nuestras fronteras.

3º.- A mitad de los noventa días del emplazamiento expreso no se ha producido ningún intento de coordinar con los únicos interlocutores naturales para atacar este problema, y que lógicamente son las Víctimas, las familias y sus representantes legitimados. Lo conocido apunta a que volveremos a asistir impotentes a la repetición de otra vergonzosa simulación, en este caso no “en diferido” sino con voluntad de mantener la estrategia de inacción, tantas veces denunciada por nuestras asociaciones, y paradójicamente corroborada por la Defensora del Pueblo en respuesta a nuestras quejas. Serán nuevamente excusas inadmisibles y, como mucho, presentar un falso plan de actuación que no tendrá ninguna aplicación, que en absoluto resolverá los problemas y que será otro capítulo más de la desvergüenza internacional de España.

4º.- De las manifestaciones literales del Relator Especial de NN. UU., Pablo de Greiff, se desprende un indicio claro de la falta de voluntad política, judicial y legislativa, para intentar siquiera aceptar las exigencias de NN. UU. y resolver este inmenso problema social del Estado. Dice literalmente un apartado de ese Informe: “Varios representantes del Go­bierno, en las reuniones que mantuvieron, enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Como siempre esgrimiendo el trasnochado peligro  guerracivilista. Esto apunta con toda claridad a que, con las ya conocidas argucias empleadas frente a otras demandas anteriores de aclaración y reparación de estos organismos internacionales, el Ejecutivo español se volverá a pasar estos contundentes Informes por el forro.

Las Asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España, que ya han aportado documentados testimonios y datos contrastados, no sólo en sedes judiciales sino acreditando sus experiencias en el libro “Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España” (editorial Clave Intelectual), no pueden silenciar un comportamiento estatal que, aunque esperado, no deja de ser una vergüenza internacional. Apelamos a la ética cívica de nuestro pueblo para que demande con toda contundencia que el Estado cumpla con unos mínimos criterios de legalidad ante los organismos a los que pertenece por decisión ratificada mediante instrumentos de Derecho Internacional. Desde este momento avisamos que no depondremos nuestra legítima actitud de exigencia en todos los foros internacionales hasta que España cumpla con sus obligaciones. No le servirá la argucia de malos leguleyos (además de rozar la prevaricación) tras haber invalidado una parte sustancial de la Justicia Universal, ya que sigue operando, fuera de su ámbito de manipulación, el Principio de Concurrencia de Jurisdicciones que hace valer su eficacia erga omnes, es decir frente a todos, en aquellos procesos a los que se intenta entorpecer la acción de la Justicia, mediante la estrategia de que, es el país que tiene abierto un procedimiento de esta naturaleza el que puede impedir que se abra en paralelo en otros. En casos como los nuestros, cuya transcendencia trasversal e internacional se reconoció expresamente en el Parlamento Europeo al que acudimos en su momento y en cuyo ámbito nuestros expedientes siguen su proceso, será muy difícil que prosperaran las excusas tramposas a las que acostumbra el Gobierno de España.

Federación Coordinadora X 24 de Asociaciones de Víctimas

por el Robo de Niños en España. Madrid, 13 de septiembre, 2014.

Publicado por gotasdelluvia en:

http://adoptadosbilbao.blogspot.com.es/2014/09/nota-de-prensa-de-la-federacion.html

“Pilar Manjón, dimite de nosotros, de una España desagradecida y miserable”

Emotiva carta de Antonio Maestre [La Marea] a Manjón a la que advierte del “revanchismo” de la derecha, que llevaba diez años afilando las garras a la espera de que cometiera un error

La presidenta de la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo, Pilar Manjón. EFE/Archivo

 

El periodista Antonio Maestre ha publicado en La Marea una emotiva Carta a Pilar Manjón en la que le pide que dimita “de nosotros, de una España desagradecida y miserable”. En su opinión, hay personas que están por encima de la sociedad a la que pertenecen y ella es claro ejemplo de ello:

España no se merece a una mujer como ella que nos ha regalado un ejemplo de dignidad permanente, comprensión y solidaridad, y le hemos pagado con desprecio, insultos y miseria. El revanchismo de la derecha española llevaba diez años afilando sus garras esperando a que cometiera un error para verter sobre ella toda su bilis, su odio y su desprecio. Pilar, jamás te han perdonado que no te dejaras utilizar políticamente por aquellos que querían instrumentalizar el día de la muerte de lo que más querías. No te plegaron y no han tenido piedad contigo por mostrarte fiel a tus principios.

Maestre recuerda cómo esta mujer lleva años enseñándonos que la venganza es sólo el recurso de los que no se conforman con la justicia y que ella supo como nadie evitar culpar a una religión y una cultura por lo que unos pocos hicieron:

“Ahora te llaman racista porque en un momento de horror no utilizaste la forma adecuada para mostrar el dolor que te provoca que otras madres sufran lo que tú no olvidarás jamás. Les cuesta entender que te duela la muerte de otros niños como si fueran tu Daniel, porque nadie mejor que tú sabes lo que es perder la paz para el resto de tus días.

Pilar, olvídate de nosotros. No sabremos apreciar que las marcas de tristeza y cansancio que muestran tu cara esconden pura belleza, las de una madre que decidió hacer de su dolor un motivo de esperanza para los que jamás sabremos lo que has sufrido. Has decidido darnos un ejemplo de vida, y te lo hemos agradecido con soberbia. No lo intentes, quien te insulta y ha aprovechado para lincharte jamás entenderá que de verdad sientes dolor por cada niño muerto en Gaza, dolor verdadero, de los que hacen hincharse los ojos y llevan negrura al corazón. Jamás lo entenderán porque no conocen la compasión ni la capacidad de sentir empatía. No insistas Pilar, refúgiate en los que te quieren y danos por imposible. España no se merece ni una lágrima más por tu parte”.

Finalmente, insiste en que dimita y nos deje solos con nuestro odio e ignorando las lecciones de dignidad que nos ha venido dando todos estos años:

“Tienes derecho a equivocarte, a reír, a llorar en silencio, y por fin, a ser feliz. Tienes derecho a descansar, sin perder un sólo minuto más de tu tiempo en mostrarnos con tus actos lo que es un ser humano ejemplar. Nos merecemos tu más absoluto desprecio, el mismo que te hemos dado durante todos estos años. Yo, por mi parte, sólo siento no haber correspondido a todo lo que nos diste”.

La carta ha provocado un homenaje espontáneo en Twitter a Pilar Manjón.
http://www.elplural.com/2014/08/02/pilar-dimite-de-nosotros-de-una-espana-desagradecida-y-miserable/

Una farsa y 11 motivos detrás de la agresión israelí a Gaza

Punto y seguido

Nazanín Armanian, 21 jul 2014

 

“¿Qué pasaría si, dentro de una semana, fuesen secuestrados tres jóvenes de 14 años en una de las colonias?”, fue la pregunta-profecía lanzada por Tamir Pardo, jefe del Mossad, una semana antes de la desaparición de los tres jóvenes israelíes en Cisjordania, según publica el diario israelí Haaretz (Mossad chief’s chillingly prescient kidnap prophecy).

¿Insinúa Haaretz que se ha tratado de una guerra de bandera falsa?  ¿Que Netanyahu ha utilizado los 18 días de sufrimiento de los familiares de los chicos dándoles esperanza de encontrarlos vivos, a sabiendas de que estaban muertos, mientras detenía a cientos de activistas palestinos, mataba, mutilaba y dejaba sin hogar a miles de civiles inocentes?

Claro está que la reconstrucción oficial de los hechos es bastante difícil de creer: unos israelíes suben a un coche de matrícula palestina (¿o era israelí?) en Cisjordania, después piden ayuda a través del teléfono móvil,  pero a pesar del protocolo de guerra contra el terror en un país en estado de alerta constante nadie toma en serio su petición de socorro;  después de la detención (y seguramente de la tortura) de unos 600 palestinos “implicados” Israel seguía sin saber de los jóvenes, y no supo el lugar en el que estaban enterrados hasta 18 días después. Tampoco explicaron por qué los secuestradores no pidieron un rescate (como sí hizo Hamas tras capturar al soldado Guilad Schalit en 2006 para liberarlo en 2011 a cambio de cerca de mil hombres, mujeres y niños palestinos detenidos por Israel), o por qué nadie reclamó la autoría del crimen. Dieciocho días ha sido tiempo más que suficiente para acosar a los palestinos, culpar a Hamas sin ninguna investigación, prueba o indicio, y lograr el apoyo de la opinión pública interna y mundial para lo que se había planeado con anterioridad.

Si esta hipótesis se descarta, quedan otros posibles autores: los lobos solitarios, contra los que Hamas lucha, o el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), que reclamó la autoría del secuestro. Según Edward Snowden, el EIIL fue fundado por el Mossad, EEUU y Reino Unido con el objetivo de crear un avispero que involucre a los estados musulmanes de la región, protegiendo a Israel. En su macabro avance, esta semana lapidaron a dos mujeres sirias.  (ver: 23 observaciones sobre la nueva guerra líquida de EEUU en Irak).

A pesar de que Hamas comete asesinatos contra la población civil israelí, este crimen no lleva su marca. De hecho, los lanzamientos de cohetes se habían reducido a unos cinco por mes en 2013, cuando en 2007 eran cerca de 200. Junto con Al Fatah estaba formando el Estado palestino, y un hecho de tal calibre dañaría severamente su imagen ante los políticos occidentales que habían apoyado la fundación de dicho Estado. Sea como fuere, Netanyahu ha echado mano al Plan Dagan (elaborado en 2001) que prevé el uso de la muerte de civiles israelíes para justificar operaciones militares contra enemigos.

“Netanyahu es un mentiroso”, dijo una vez Nicolas Sarkozy, harto de artimañas y chantajes del político hebreo.  Para encontrar una magnífica descripción gráfica de la realidad distorsionada palestina está el artículo del periodista israelí Noam Sheizaf, titulado Why I object to this military campaign, even as missiles fall on my city.

Los porqués de la actual masacre

Durante los últimos años los distintos gobiernos israelíes han atacado Gaza para conseguir más apoyo de los belicistas en vísperas de elecciones, para preservar una coalición de gobierno, acallar las voces de protesta interna, desviar la atención pública de un escándalo o entrenar a sus tropas en un campo de batalla real, entre otros motivos. La actual agresión busca los siguientes objetivos nacionales, regionales e internacionales:

1. Limar las fricciones políticas de su régimen, además de permitir que un Netanyahu acusado por algunos socios del Gobierno —como el ultraderechista moldavo Avigdor Lieberman, exministro de Asuntos Exteriores— de fracasar en el intento de atacar a Irán,  o de impedir que el Estado palestino ganase legitimidad en la ONU, se presente de nuevo como un hombre duro. Liberman dimitió el 6 de julio por considerar blanda la lluvia de misiles y bombas que caían sobre la franja, forzando así al primer ministro a lanzar la ofensiva terrestre, a cambio de seguir dándole estabilidad a su Gobierno.

2. Impedir la formación de un Estado palestino, debilitando la infraestructura de Hamas, dañando su credibilidad y provocando que surjan nuevas brechas entre Al Fatah y Hamas, para acabar con la unión entre ambas formaciones. Tel Aviv no busca la destrucción de la organización derechista-islámica; la necesita para que siga gestionando el gueto de Gaza, para que impida el caos o que grupos descontrolados tomen protagonismo, y para que sirva de pretexto para atacar a los palestinos cada dos por tres.

3. El objetivo real de la agresión no es Hamas, “el terrorista”, sino el pueblo palestino, como en su día hizo Israel con el Líbano, Irak, Sudán, Libia o Siria.

4. Radicalizar a Hamas y provocar un conflicto interpalestino. Una mala idea, ya que un Hamas debilitado y acorralado no tendría nada que perder en una batalla tan desigual, en una sociedad tan peligrosamente frustrada. Tel Aviv piensa que podrá reinar en un estado de guerra permanente en la zona.

5. Hacer pedagogía del terror, en este caso dirigida a Mahmud Abbas, por atreverse a pedir el reconocimiento de su Estado en la ONU y acercarse a Hamas.

6. Apoderarse de los yacimientos de hidrocarburos en Palestina (ver: Israel detrás del gas de Gaza). En enero pasado, Mahmud Abbas y Putin negociaron la explotación del yacimiento del gas de las aguas de Gaza por Gazprom.

7. Librarse de la presión de Obama y Kerry, que les exigían esfuerzos en el proceso de paz con los palestinos, además de parar los nuevos asentamientos (ver: Israel: Aquí mando yo). Este ataque no sólo significa arruinar el plan de paz estadounidense, sino que además es un claro mensaje a Obama:  sin el apoyo de EEUU Israel es capaz de lanzar destructivas guerras sin que nadie, ni en Occidente ni en Oriente, tenga agallas de impedírselo o de amonestarle.

8. Recibir más ayudas militares de sus socios occidentales: Obama añadió otros 500 millones de dólares a la partida de 30. 000 millones prevista para el periodo 2009-2018, entre otras entregas militares.

9. El temor a que un Estado palestino se acerque a Moscú (como lo están haciendo Cuba y los países exsocialistas de Asia Central), ahora que su pueblo ha sido casi abandonado por los países árabes, Turquía e Irán.

10. Exhibir su poderío en la región, con la complicidad de Egipto, aprovechando la catastrófica situación en la que se encuentran: Libia, Sudán, Siria e Irak agonizan como estados y naciones; el Líbano carece de gobierno; Hizbollah está entretenido en la lucha contra los terroristas en Siria (ver: Siria es una trampa), e Irán se encuentra ocupado con las negociaciones con EEUU sobre el programa nuclear (la prioridad de Teherán es romper las sanciones económicas y dar una imagen más amable y menos radical).

11. Siendo uno de los principales fabricantes mundiales de armas, le interesa probar nuevos artefactos: un gas venenoso en 2001, el fósforo blanco con efectos de napalm en 2009, y el uso de explosivos de metal inerte denso ahora.

Se trata de emplear la guerra para conseguir objetivos que no ha podido lograr desde la política.

Nueva situación, nuevas políticas

A pesar de la propaganda israelí, Gaza/Palestina no es Hamas, una organización de derechas religiosa, con grandes sombras y poca luz en sus acciones sociales y político-militares. Hombres y mujeres laicas, creyentes de diferentes religiones, feministas o pacifistas forman parte de la resistencia palestina (ver: Lenin en Palestina), y teniendo en cuenta los profundos cambios en la zona, trazarán nuevas tácticas y estrategias para conseguir sus objetivos.

El resultado de esta guerra-masacre está siendo un triunfo militar de Israel contra los petardos de Hamas, a la vez que un fracaso estratégico por los crímenes cometidos contra la humanidad; un aumento de los sentimientos antiisraelíes (y antioccidentales) en la región y un duro golpe a Hamas y Al Fatah, que cae como víctima política, acusada con o sin razón de colaboracionista.

Avanza la construcción de un Nuevo Oriente Medio diseñado por el imperialismo estadounidense e Israel, edificado sobre los cuerpos calcinados de cientos de miles de personas, en el que un Gran Israel nacería si consigue hacerse con los territorios, el petróleo y el agua que pertenecen a sus vecinos.

Ante el arrollador poderío de este país y sus socios occidentales, los palestinos no pueden lanzarse a batallas suicidas y emitir declaraciones pasionales propias de políticos aficionados como que “continuará su lucha hasta la última gota de sangre”. En ocasiones, habría que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante.

http://blogs.publico.es/puntoyseguido/1798/una-farsa-y-11-motivos-detras-de-la-agresion-israeli-a-gaza/