«Quiero ser puta»

Curso exprés para aspirantes independientes

La crisis ha multiplicado el ingreso en el oficio de mujeres catalanas, que antes del cataclismo económico eran una rareza. El colectivo de trabajadoras sexuales Aprosex ha decidido combatir las incertidumbres de las principiantes con un máster acelerado, el próximo sábado, en Barcelona.

NÚRIA NAVARRO

Domingo, 16 de febrero del 2014

Conxa Borrell (de cara), 'escort' y promotora del curso 'Prostitución: nociones básicas para la profesionalización', y una de las cursillistas.

JULIO CARBÓ -Conxa Borrell (de cara), ‘escort’ y promotora del curso ‘Prostitución: nociones básicas para la profesionalización’, y una de las cursillistas.
 

Aquí no hacemos apología de la prostitución. Tampoco hablamos de trabajadoras sexuales que lucran a terceros. Nos limitamos a la descripción clínica de un hecho: en los últimos cuatro años, una cantidad nada desdeñable de mujeres del país que antes podían afrontar facturas y ahora no, se han metido -o estudian hacerlo- en la prostitución de manera libre e independiente. Y explicamos que, ante este dato estadístico, un colectivo de veteranas del oficio, Aprosex, por fraternidad y activismo, imparten el próximo sábado un curso exprés dirigido a las indecisas, las principiantes y hasta las perfeccionistas sobre todo lo que hay que saber del negocio.

“Están entrando en la profesión chicas tremendamente jóvenes, de entre 18 y 23 años, y mayores de 50”, explica Conxa Borrell, escort desde hace siete años y presidenta de Aprosex. Las jóvenes se apuntan para pagar los estudios o ayudar a la familia y, “por lo general, no están preparadas para ser profesionales de casi nada”; mientras que la mayoría de las maduras ingresan porque no encuentran empleo. “Son mujeres que apenas han estado con un hombre -su marido-, pero que tienen un mercado porque son tiernas, saben cómo tratar un gatillazo y están por la faena”, ilustra.

43% de autóctonas

El aumento de ‘oferta nacional’ lo certifica también uno de los socios fundadores de PhotoEscorts, el mayor portal español de anuncios de ‘freelances’ con precios superiores a 150 euros la hora (durante el Mobil World Congress, por ejemplo, distribuye un volumen de 10.000 llamadas en Barcelona): “Cuando abrimos la web en el 2006, la mayoría de anuncios eran de chicas latinoamericanas y las de aquí eran la excepción codiciada; pero desde hace un par de años el aumento ha sido espectacular. Un 43% del total de profesionales dadas de alta este año son autóctonas, frente al 38% del mismo periodo del año anterior, que a su vez superó al precedente”.

Al gestor de PhotoEscorts también le consta que son estudiantes y mujeres que se han quedado sin empleo. Entre las universitarias, apunta, se está extendiendo como un fenómeno viral las casual scorts, muy consolidadas en Londres. “Son chicas que han crecido con las redes sociales, que se atreven más y que eventualmente sacan un dinero -400 o 500 euros a la hora- durante las ferias y los congresos”.

Es un conjunto de mujeres que optan por el ejercicio libre de la prostitución, algo que no solo no es delito, sino que reconoce el Protocolo de Palermo de la ONU, suscrito por España. “Eligen hacer de putas, como elegirían ser cajeras de súper. Nadie sueña de pequeña con ser una cajera de súper, ¿verdad? -cuestiona Borrell-. Pues tampoco puta. No es algo vocacional. Pero, en caso de tomar la decisión, hay que saber unas cuantas cosas para que no se sientan perdidas, como al principio me pasó a mí”.

La voz de la experiencia

Y lo que le pasó a ella, a Conxa Borrell, fue lo siguiente. Era contable, esposa y madre. Su marido montó una empresa que se fue a pique. Habían hipotecado la casa. Los apremios económicos la asfixiaban. Y un día, lavando platos, escuchó en un telediario una noticia relacionada con el sexo de pago. “Hay prostitutas que ganan 200 euros al día”, fluyó desde el televisor mientras el agua se llevaba la espuma del Mistol sumidero abajo. Con ese dinero podía pagar el colegio de su hijo, echó cuentas. Se preguntó si podría hacerlo, y en una semana organizó su nuevo negocio. “Sexo inteligente y morboso”, puso en el anuncio. Paula Vip sería su nombre de batalla. La primera vez, asegura, no sabía ni por dónde empezar. “Algún día, intentaré evitar el trago a otras”, se prometió ya entonces, cuando Zapatero decía que el país iba de perlas.

Y ahora ha llegado el día. Porque hace dos años salió del armario. Se lo contó a su familia, y su estar en el mundo se normalizó. Y porque está decidida a plantar cara al abolicionismo que pone el membrete de “carne en venta” a todas las putas sin oír sus argumentos; a defender el oficio, a condenar las redes y cualquier tipo de trata -“faltaría más”– y a intentar mejorar las condiciones de sus colegas presentes y futuras. De ahí que el sábado dé el curso exprésProstitución: nociones básicas para la profesionalización’ (www.aprosex.com), junto a Cristina Garaizábal, psicóloga clínica con 30 años de experiencia en el mundo del sexo de pago y cofundadora del colectivo Hetaira de Madrid. Y, de momento, el comentario mayoritario de las cursillistas apuntadas es un aliviado “¡por fin alguien nos quiere enseñar!”, asegura la encargada de las inscripciones.

La primera lección del máster es capital: saber si realmente quieren ser putas. “Porque una cosa es la fantasía y otra, la realidad”. Deben darle una y mil vueltas. “Insistiremos en los inconvenientes -explica Borrell-. Deben saber que la contrapartida a ganar dinero rápido, por ejemplo, es mentir a tu entorno más íntimo sobre la procedencia de un dinero que no tiene explicación”. Ella misma ocultó a su hijo y a sus hermanos su vida paralela borrando las huellas como un trampero canadiense.

Por otra parte, la condenada crisis ha bajado las tarifas. Montserrat Neira, de 53 años, prostituta de libre elección desde 1989 y autora del libro ‘Una mala mujer’, explica que los precios actuales están lejos de cuando empezó. “En el 89 estar en un piso de 11 de la mañana a 9 de la noche significaba llevarse a casa el millón de pesetas (6.000 euros). Hoy, como máximo, te puedes sacar 3.000 limpios”, asegura. En parte, por la recesión, que afecta a los bolsillos del cliente como a todo hijo de vecino, pero también, como subrayan desde el portal PhotoEscorts, por la multiplicación de la oferta y la aparición de los anuncios en webs generalistas como LoQUo o Milanuncios, incubadoras del ‘low cost’ de la vida disoluta.

Luego está el encajar el estigma social, la consideración general de estar en el ‘lado indecente’.Te enfrentas a la idea preconcebida de ‘eres-puta-porque-no-sabes-hacer-otra-cosa’ y, por lo tanto, nadas en inseguridad”, explica Borrell. Porque la sociedad tiende a cosificar a la prostituta. Y le dice con todas las letras que su actividad es degradante. “Se hartan de repetir que todas somos esclavas, sumisas, humilladas y violadas; que no puedes decir que ‘no’ a las demandas del cliente, y eso es falso”, se queja, muy en la línea de la escritora francesa Virginie Despentes, que en su libro ‘Teoría King Kong’ sostiene que esa idea de envilecimiento generalizado es tan pertinente como hablar del trabajo textil mostrando solo imágenes de niños cosiendo en sótanos.

Lo peor de lo peor

La psicóloga clínica Cristina Garaizábal, la otra profesora del máster, explica que antes el oficio estaba más penalizado moralmente, pero también más extendido y, en consecuencia, ellas estaban más insertadas, “pero hoy las normativas dictadas desde las instituciones y la condena de un cierto sector del feminismo han calado en el imaginario social y las hace sentirse lo peor de lo peor, cuando la realidad es así solo para las víctimas de trata”. Los ‘síntomas’ derivados de ese estigma son: baja autoestima, sentimiento de que nadie te reconoce, desconfianza causada por la doble vida, angustia a la hora de negociar, miedo a la violencia.

Y frente a esa batería de fragilidades, la experta les propondrá un mantra: “Organízate, reúnete con otras trabajadoras sexuales, haz red de solidaridad y pelea por tus derechos”. Y Borrell, de natural más intensa, va más allá: “Si es una elección libre, no hay trabajo en el que la mujer se empodere tanto desde el primer minuto como el de puta. El cliente elige entre la oferta, pero las riendas las lleva la profesional. Eso les debe quedar claro”.

Gusto por el sexo

Una vez digeridos los inconvenientes -que, como han visto, son unos cuantos-, las maestras subrayarán que es primordial que el sexo no les dé dentera. “Una puta a la que no le guste el sexo es como una anoréxica metida a crítica gastronómica”, compara Borrell. “Eso posible, pero lo pasará francamente mal”. Y una vez no salen pegas, lo segundo es conocer y reconocer el propio cuerpo. “Para hacer sexo deben buscar su propio placer. Es imprescindible que la puta entienda que primero es ella. Ya tendrá luego oportunidad de conocer muchas variedades de penes y de saber cómo se comportan”, dice a la brava.

Después, y no menos importante, viene el márketing corporativo. “La candidata debe ofrecer algo con lo que se sienta poderosa, y exponerlo de manera honesta -enuncia-; si dicen que trabajan de 12 a 8, deben cumplir el horario; si afirman que miden 1,70, que así sea; si publican unas fotos de reclamo, hay un límite tolerable de Photoshop”, explica. “No pueden engañar, porque se perjudican a sí mismas y a todo el colectivo”. Sobre lo que sí engancha, hay poca ‘literatura’. Desde el portal PhotoEscorts suelen enviarles consejos de cómo hacerse las fotos y redactar un anuncio. “Pero no tienen interiorizada la idea de la importancia de invertir en su publicidad”.

Solventadas la convicción y la promoción, el siguiente nivel es la importancia de la inteligencia emocional y de la empatía. “Las putas somos listas, sabemos que el dinero no se hace con el coño, que lo tienen todas las mujeres del mundo –dice la maestra–, sino con la cabeza. Es fundamental escuchar mucho, prestar atención al cliente como si fuera lo más importante del mundo y memorizar la información que te dé”. Porque, al parecer, la gracia no es hacer muchos clientes, sino retenerlos, y saber manejar cada una de las situaciones. “Ahí es donde se ve quién es buena profesional –sentencia–, si no pasas de ser puta a ser zorra”. ¡Cielos! ¿Y cuál es la diferencia? “La misma que entre el arquitecto que se niega a seguir unos planos sin pies ni cabeza por el capricho de un cliente, o el que tira adelante sin más”.

Planes de ahorro

Y luego están las finanzas –”cada una guarda lo que quiere, pero lo óptimo es destinar un tercio al ahorro”, según Borrell, recordando una sabia máxima de su abuelo–, y los asuntos legales. El abogado Fernando Esteban, que ha elaborado el dossier del curso, asegura que “el primer consejo legal para una prostituta que quiere trabajar con normalidad y no en el mercado oculto es darse de alta en la Seguridad Social y en Hacienda. Pagar impuestos no solo las ampara como trabajadoras, sino que también las dignifica”.

Y es conveniente enseñarles cómo hacer una cobertura de seguridad. “Ellas deben sentir que no están solas, que si hay una agresión se puede denunciar”. De manera astuta, el curso servirá de paso para conectarlas, para darles la oportunidad de que se reconozcan como compañeras y no como competidoras. “Al principio todas tenemos angustias parecidas, como: ‘Se me ha vaciado un condón dentro, ¿habré cogido el sida?’. Crear y extender relaciones entre ellas les ayuda a combatir las incertidumbres”.

Y luego, claro, vendrán los consejos ‘mecánicos’. Porque en el vicio también debe haber virtud. “Hay que profesionalizarse”. Y sin titubeos, añade: “Porque uno de los trabajos de la puta es enseñar al hombre a ser mejor amante, que se vaya a su casa y sepa hacerle algo nuevo a su pareja. También arreglamos problemas, ¿eh? Una vez recuperé a un SSPM (Solo le Sirve Para Mear). Aquello estaba muerto. Tardé un año, pero lo conseguí. Eso es lo que realmente tiene precio”, concluye. El resto de secretos solo los sabrán las cursillistas.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/quiero-ser-puta-3105869

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Amaiur critica el inmovilismo del gobierno y destaca que los presos están dispuestos a dar “pasos”

por Kaos. Por un proceso de paz en Euskal Herria

Viernes, 11 de Enero de 2013
Cuadra considera que la situación catalana es extrapolable a Euskadi, en la medida en que “se conforme un acuerdo político suficiente”.

Agencias

El diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, ha criticado los “pasos atrás” y el “inmovilismo” del Gobierno del PP en materia penitenciaria y ha subrayado que los presos de ETA están dispuestos a apostar por el “proceso de pacificación” y a dar “pasos”.

En una entrevista concedida a EITB, Cuadra ha considerado, además, que la situación que se vive en Cataluña es extrapolable a Euskadi, en la medida en que “se conforme un acuerdo político suficiente”.

Tras subrayar que la manifestación convocada este sábado por Herrira en Bilbao es una cita “muy importante”, más que por el cumplimiento de la ley penitenciaria, “por la defensa de los derechos humanos de todos los presos políticos que están en la cárcel”, el representante de Amaiur ha denunciado “las vulneraciones claras” que padecen los reclusos.

En este contexto, Cuadra ha destacado que son los presos los que tienen que “hablar y decidir” porque “están involucrados en esto”. Asimismo, ha insistido en que ellos mismos se han mostrado dispuestos a “apostar por este proceso de pacificación y dar pasos en todos los terrenos”.

“Lo que ocurre es que en el año transcurrido desde que ETA dejó la lucha armada estamos viendo en Madrid no sólo un inmovilismo por el Gobierno del Partido Popular, sino que se dan pasos atrás”, ha considerado.

En este sentido, ha criticado que, ante sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos respecto a la doctrina Parot, el Gobierno del PP reaccione “en contra, casi violentamente” recurriendo. “Los pasos son hacia atrás en una postura que retrotrae a hace diez años”, ha añadido.

A su juicio, en política penitenciaria se están dando “vulneraciones claras” que han sido señaladas tanto a nivel internacional como por juristas “en el Estado español y en Euskal Herria” sobre la necesidad del acercamiento de los reclusos y que “todos los presos enfermos estén en la calle”.

“Toda una serie de vulneraciones en el régimen penitenciario que se tiene que acabar porque es un castigo añadido a unas penas que se están cumpliendo”, ha añadido.

CATALUÑA

Por lo que se refiere a la situación generada en Cataluña y al borrador de consulta acordado por CiU y ERC, Cuadra lo ha considerado “algo a aplaudir” y ha advertido de que es el momento de “jugar a la grande”.

“La situación política del Estado español en Cataluña y Euskal Herria exige jugar a la grande, hacer apuestas políticas fuertes. Reivindicar hoy, con plazos concretos la soberanía”, ha insistido.

Asimismo, ha destacado que la situación catalana “es posible” en Euskadi, aunque es una “cuestión de voluntades” y para ello es necesario que se conforme “un acuerdo político suficiente, como en Cataluña”.

“La situación en que puede estar ahora el PNV de jugar a la pequeña, de no entrar a envites es una manera de jugar que no se corresponde con la situación de la partida. Hace falta que ese consenso sea mayor”, ha añadido

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/43307

Un año sin ETA

El Gobierno se mueve entre el marcaje de Mayor Oreja y las víctimas, y los tímidos pasos en favor de la reinserción de los presos. La excarcelación de un sólo recluso con cáncer terminal dividió al PP y puso nervioso al Ejecutivo

ANDRES MUÑIZ Madrid 20/10/2012

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Una mujer contempla ante el escaparate de una tienda la noticia del final de la actividad armada de ETA. EFE.

Una mujer contempla ante el escaparate de una tienda la noticia del final de la actividad armada de ETA. EFE.

Un año después del “cese definitivo de la actividad armada” declarado por ETA el 20 de octubre de 2011, muchos cambios favorables pueden apreciarse en la vida cotidiana en las calles del Euskadi, donde los políticos de todos los partidos pueden moverse con una libertad desconocida, sin atentados ni amenazas, y se ha reducido a la mitad el número de personas que precisan escolta para ir seguros a comprar el pan.

En el terreno político, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado tímidos pasos en la dirección del acercamiento a cárceles vascas de presos etarras, con un plan de reinserción que no termina de encontrar eco en el frente de los reclusos, reacios a seguir la línea que Interior les señala.

Además, ha esbozado un proyecto para que antiguos miembros de la banda puedan regresar a su tierra si no tienen causas pendientes. Pero cualquier tipo de negociación con la organización es públicamente desechada, y los portavoces gubernamentales repiten desde hace un año, como una letanía de argumentario, que el cese del terrorismo no es suficiente y que lo que toca es la entrega de las armas ante la contrastada falta de credibilidad de los etarras. Es verdad que la postura se cimienta en la bestial forma que tuvieron los terroristas de romper su último diálogo con un Ejecutivo español en 2007, con la bomba de la T-4 de Barajas.

El político gallego cuenta con la ventaja del apoyo incondicional y expreso del principal partido de la oposición, el PSOE, todo lo contrario de lo que le sucedió a Rodríguez Zapatero en la tregua de 2006, durante la cual tuvo todos los días al PP enfrente denunciando pactos secretos y cesiones intolerables a ETA.

Rajoy está probando su propia medicina con las críticas de Mayor Oreja a su política

Sin embargo, el PP está probando de su propia medicina en las reacciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo y del ala más dura de su partido, liderada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que ha llegado a acusar al Ejecutivo de Rajoy de continuar la hoja de ruta fijada en el supuesto pacto con ETA forjado en la anterior legislatura.

El impulso dado por el Gobierno a la excarcelación de un solo etarra, Josu Uribetxebarria Bolinaga, por razones humanitarias debido a que padece cáncer terminal, levantó una frontal contestación en el colectivo de víctimas. La condición de secuestrador del funcionario de prisiones Ortega Lara del beneficiado, no propició precisamente un tratamiento pacífico del asunto. Tras las críticas recibidas, el ministro del Interior Jorge Fernández Diaz se apresuró a arriar velas y dijo que los otros 13 presos enfermos cuya libertad pide la izquierdas abertzale no reúnen las condiciones legales para salir de la cárcel.

En el espinoso terreno de los presos, el Ejecutivo y los tribunales españoles tendrán que lidiar en breve con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha declarado que la denominada ‘doctrina Parot’, que ha prolongado la estancia en prisión de casi 80 etarras, vulneró la libertad de la reclusa Inés del Río Prada. El Gobierno ha recurrido el caso ante la Gran Sala del mismo tribunal, que en un pequeñísimo porcentaje suele revocar sus propias resoluciones.

Una confirmación del fallo podría abrir la puerta de la cárcel a unos 60 presos, entre ellos los nombres que mayor estupor causan en la opinión pública por el historial delictivo que acumulan, aunque lleven en prisión más de veinte años. La solución de este problema será una piedra de toque para conocer la velocidad del proceso, porque sobre su viabilidad parecen no tener dudas ni en el Gobierno ni en la izquierda abertzale, con su líder, el encarcelado Arnaldo Otegi, a la cabeza. La salida de este último de prisión, si el Constitucional u otras circunstancias no le benefician, está prevista para abril de 2016.

Al sector mayororejista del PP no parecen convencerle las cifras que airea el Gobierno para mostrar que mantiene una política inflexible con ETA mientras no entregue las armas. En el año transcurrido, han sido detenidos 28 presuntos miembros de ETA, el último de ellos este mismo viernes en Irún, con la peculiaridad de que es la primera vez en la historia que España detiene a un presunto etarra para entregarlo a Francia, y no al revés, como fue habitual desde hace más de treinta años. Reflejos del cambio.

Reflejo del cambio es que el Gobierno no ha instado la ilegalización de Bildu en las elecciones vascas

Por el lado abertzale, la otra cara del sandwich donde está metido el Gobierno, exigen al Ejecutivo gestos en favor del proceso, al considerar que son los únicos que están moviéndose. Sin embargo, el aval del Constitucional para que Bildu se presentase a las elecciones municipales y la propia inacción del Ejecutivo de Rajoy para impedir que vuelva hacerlo en las elecciones autonómicas de este domingo, hablan sin duda de cambios notables también en el tablero político vasco.

Siete diputados en el Congreso de los Diputados, la alcaldía de San Sebastián, la presidencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa…Nunca antes la izquierda abertzale había tocado tanto poder institucional, beneficiada por la ausencia de atentados de ETA. Además, el pasado mes de junio, el Constitucional también legalizó a la marca Sortu, que destacó por establecer en sus estatutos el rechazo expreso a la violencia. Según las encuestas, la jornada de este domingo puede marcar el regreso del nacionalismo vasco al Gobierno autonómico, sucediendo al periodo del socialista Patxi López.

El saldo del primer año sin ETA ha sido visto seguro por las víctimas de ETA como excesivamente rápido en concesiones por parte el Gobierno, y como demasiado lento, por el mundo abertzale. Pero después de 53 años de historia terrorista, el asesinato de 829 personas y una decena de treguas anteriores sin frutos, no parece esperable un cambio de velocidad. Aunque hubo varios pasos anteriores a la declaración del 20 de octubre.

ETA, por su parte, insiste en el abandono de la violencia y en querer forzar una negociación con España y Francia, pese al nulo eco encontrado en los gobiernos de ambos países. La organización, en la que la Policía calcula que quedan cien integrantes en libertad, más unos 700 presos, abrió hace meses un proceso interno de reflexión que culminará antes de fin de año y donde baraja dejar el liderazgo político totalmente en manos de la denominada izquierda abertzale, aunque de momento no aceptan su disolución y se reservan un papel en el proceso de diálogo no abierto.

En la órbita de la cúpula de ETA, la Policía sitúa de nuevo a Josu Urruticoetxea Bengoetxea, ‘Josu Ternera’, muñidor por parte de la banda de la tregua del 2006, y que huyó hace años tras ser imputado por el Tribunal Supremo como inductor del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

http://www.publico.es/espana/444165/un-ano-sin-eta

La ‘camarilla’ parece esperar que ETA vuelva a las armas

Cabos Sueltos, 24/agosto/2012
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Muchísimos ciudadanos estamos hasta el vómito, oyendo una y otra vez las teorías perversas de Jaime Mayor Oreja. Se trata de un tipo que ejerce de gurú de la extrema derecha ‘popular’, cargando siempre contra las políticas antiterroristas del Gobierno Zapatero, que dejaron a ETA a los pies de los caballos de la libertad y de la paz.

ETA, de hecho, no existe, aunque ello enoje a la camarilla encabezada por el citado Mayor Oreja, cuyo paso por el Ministerio del Interior sirvió sobre todo para que, por cierto,  se enriqueciera después con negocios sobre la seguridad privada. Las andanadas actuales de Mayor Oreja apuntan constantemente  a la cabeza de Mariano Rajoy y del ministro Fernández Díaz.

Cuando los terroristas mataban a mansalva
Esa camarilla no les perdona que, por fin, y en un gesto de sensatez y de política de Estado,  el Gobierno de la derecha haya hecho suyas básicamente las estrategias de Zapatero y de Rubalcaba que han sido decisivas –sin olvidar la muy eficaz actuación de policías, guardias civiles y fuerzas de seguridad, con el apoyo además del Gobierno francés- para terminar con los terroristas que mataban a mansalva.

Ni fantasma de feria ni leyenda urbana
La camarilla aludida no es ni un fantasma de feria ni una leyenda urbana. Los integrantes de esta secta aparecen en el escenario de cuando en cuando, disparando sin complejos contra el presidente Rajoy, al que se la tienen jurada. Por un lado, encontramos al predicador Mayor Oreja. Por el otro, observamos sin dificultades los rostros de Pedro J. Ramírez y de Esperanza Aguirre. Y también se otea la sombra de José María Aznar y de su alegre muchachada.

Aseveración de todo falsa
En  El Mundo, desde donde se esparcen por doquier las consignas de fuego a discreción a por Rajoy y Fernández Díaz afirman que las víctimas muestran su malestar y su indignación con “el Ejecutivo del PP, al que acusan  de haber abandonado la firmeza en el combate contra ETA”. Semejante aseveración es del todo falsa.

Aznar, generoso
La tregua aceptada con emoción por Aznar, generoso al máximo con ETA -buscando naturalmente una salida que acabara con el terrorismo etarra- finalizó con una  escalofriante exhibición posterior de numerosos asesinatos llevados a cabo por quienes se creían “salvadores de la patria vasca”.

El pasado más terrible
Pero todo aquello pertenece al pasado más terrible. ETA fue derrotada hace ya bastante tiempo. Sin embargo, la camarilla sigue impertérrita su delirante y peligroso  discurso de que ETA es la vencedora. Parece que la camarilla esté esperando  que ETA vuelva a  matar.

Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

http://www.elplural.com/2012/08/24

Parot y Estrasburgo: ¿fin de la excepción?

G. PISARELLO Y J. ASENS 11/07/2012

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado español por aplicar la “doctrina Parot” a Inés del Río, encarcelada durante 25 años por la comisión de varios atentados contra miembros de las fuerzas de seguridad organizados por ETA. La decisión, sin embargo, excede el caso de la presa de Tafalla. Constituye un severo varapalo a una política antiterrorista que, bajo el signo de la retribución, ha acabado por degradar en un sentido liberticida la vida social e institucional dentro y fuera de Euskadi.

En realidad, el proceso de regresión en la utilización de los castigos penales lleva ya varias décadas. El Código Penal de 1995, aprobado por el gobierno del PSOE, derogó los beneficios penitenciarios por trabajo y abarrotó unas cárceles que muy pronto pasaron a exhibir la tasa de presos más alta de la Unión Europea. Este afán punitivo se dirigió con especial saña contra los condenados por delitos de terrorismo. Las políticas de dispersión, la limitación del acceso a permisos, al tercer grado o a la libertad condicional, o el aumento del límite máximo de las penas de 30 a 40 años fueron algunos de los hitos principales de esta deriva. La propia “doctrina Parot” –ahora reprobada por Estrasburgo- fue la respuesta del Tribunal Supremo a una intensa campaña mediática que exigía encerrar de manera irrevocable a un tipo de delincuentes que prácticamente eran considerados “no personas”. Importantes dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal insistieron, una y otra vez, en que no bastaba con que los presos cumplieran sus condenas. Era necesario ir más allá y evitar por cualquier medio que pudieran salir a la calle. Para conseguirlo, el Tribunal Supremo forzó la lógica jurídica y estableció que los beneficios penitenciarios a los que podía acceder un recluso debían aplicarse sobre cada una de las penas a las que hubiera sido condenado y no sobre el límite máximo de estancia en prisión, de 30 años.

Como en otros casos, una parte considerable de la ciudadanía, sobre todo fuera de Euskadi, reaccionó con indiferencia frente a la decisión. Sin embargo, en otros sectores de la sociedad civil y del propio ámbito jurídico las alarmas no tardaron en activarse. Tres magistrados del llamado sector progresista del propio Supremo no dudaron en calificar la nueva doctrina como un “insólito e insostenible giro interpretativo” de la ley, fruto de un caso particular que iba en contra de la posición mantenida y aplicada hasta entonces por todos los tribunales españoles, incluido el alto Tribunal. Ya entonces, estos magistrados señalaron que la doctrina alumbrada a propósito del caso del preso etarra Henri Parot constituía una grave quiebra de los parámetros ordinarios de aplicación del derecho y una peligrosa utilización retroactiva de castigos agravados.  Es este espíritu retributivo, contrario a la finalidad que la propia constitución española atribuye a las penas, el que ha generado la condena unánime del Tribunal de Estrasburgo.

Según el Tribunal, la aplicación de la “doctrina Parot” en el caso de Irene del Río ha comportado una clara vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por varias razones. Porque introduce una pena sin ley que la avale y porque autoriza una inadmisible interpretación extensiva del derecho penal en detrimento de la acusada. A la luz de estos razonamientos el Tribunal insta al Estado a poner en libertad a la reclusa “en el plazo de tiempo más breve posible”, ya que su estancia en prisión es “irregular” desde el 3 de julio del 2008, y a indemnizarla con 30.000 euros como daños morales.

Aunque esta decisión solo afecta a un caso concreto, todo apunta a que los más de treinta pendientes de resolver por el Tribunal europeo van a correr igual suerte: la exigencia inmediata de libertad para los presos condenados por atentados anteriores a 1995 a los que se les ha aplicado la “doctrina Parot” y la correspondiente indemnización. Un gobierno razonable y respetuoso de su propia legalidad debería saber leer estas señales, que se suman a las emitidas con la absolución de los encausados en procesos como Egunkaria, Uldalbitza, D3M o Askatasuna o con la reciente legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional.

Ello conduciría no solo a finiquitar de una vez la “doctrina Parot”. Exigiría, también, acabar con una política de dispersión de presos que, además de ser discriminatoria, ha acabado por criminalizar a los propios familiares. Igualmente, supondría aceptar la liberación de los reclusos con graves enfermedades o la concesión de la libertad provisional de aquellos que hayan cumplido los requisitos legales para obtenerla. De este modo, se avanzaría en la progresiva supresión de un sistema punitivo que todavía hoy dispensa un trato discriminatorio a los presos “políticos” respecto de los “comunes”.

La reacción del gobierno del PP no invita, ciertamente, al optimismo. La descalificación de los  magistrados europeos o de la propia sentencia, calificada por el ministro del Interior, Jorge Fernández, como “absolutamente lamentable”, son exabruptos irresponsables y peligrosos. Con el alto al fuego permanente de ETA, quedan pocas excusas para no desmantelar las numerosas restricciones de derechos y libertades que se han puesto en pie con la excusa de la lucha antiterrorista. No hacerlo es un acto necio de revanchismo que obstaculizará, a no dudarlo, el logro de una paz definitiva en Euskadi. Pero que también contribuirá a arraigar unas prácticas que nacieron como excepcionales y que pueden difuminarse por todo el entramado institucional, generando poderes que ni sus propios impulsores podrán controlar. Ello haría cierta aquella advertencia de que los regímenes que se habitúan a echar mano de medios ilegítimos para salvaguardarse pueden engendrar auténticos monstruos que, llegado el momento, acaban por revolverse contra sus propios creadores.

*Gerardo Pisarello y Jaume Asens son miembros del Observatorio DESC y autores del libro:  No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis.

http://www.publico.es/internacional/439526/parot-y-estrasburgo-fin-de-la-excepcion

ETA ofrece el desarme unilateral a cambio de contactos con el Gobierno para tratar el final del conflicto

La Comisión Internacional de Verificación asegura que la banda está “preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso”
ELPLURAL.COM/EFE | 04/mayo/2012
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La denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego en el País Vasco ha dicho hoy que, mediante contactos directos con ETA, la organización terrorista le ha transmitido que está “preparada para dialogar”. La banda quiere establecer un contacto con el Gobierno para proceder al desarme unilateral y que se aborde la situación de los presos para conseguir una conclusión definitiva del conflicto.

Esta comisión se ha reunido entre ayer y hoy en Bilbao con las fuerzas políticas y sociales vascas, incluido el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y con representantes del PNV, el PSE-EE y los partidos de la izquierda abertzale, así como la patronal vasca Confebask, los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB y representantes de la Iglesia. No se han reunido con el PP.

“Preparada para dialogar”
Al acabar hoy las citas, la comisión ha hecho público un comunicado en el que ha asegurado que, mediante contactos directos con ETA, ha recibido un mensaje de la organización en el que comunica que está “preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso”. Según este grupo, la banda necesita un contacto con el Gobierno para poder proceder al desarme unilateral y que se aborde la situación de los presos para conseguir una conclusión definitiva del conflicto.

Compromiso con el fin de la violencia
Esta comisión ha afirmado que ha podido constatar que ETA continúa respetando sus compromisos con el fin de la violencia, que se siguen dando avances para consolidar la paz y también ha opinado sobre el plan de reinserción de etarras avanzado por el Gobierno, del que ha dicho: “Es un primer paso que esperamos tenga seguimiento en la misma dirección”.

Reuniones políticas
Este grupo de trabajo se reunió ayer primero por separado con varios políticos vascos, entre ellos el consejero de Interior y el comisionado del lehendakari para la convivencia, Jesús Loza, y hoy se ha reunido con la mayoría de los mismos agentes políticos y sociales en una reunión plenaria. Además de Ares y Loza, se ha reunido en estos dos días con Iñigo Urkullu (PNV), José Antonio Pastor (PSE-EE), Rufi Etxeberria (izquierda abertzale), Nuria Lopez de Guereñu (Confebask), Xabier Anza (ELA), Patxi Aguirezabala (ELA), Ainhoa Etxaide (LAB), Jon Etxeberria (LAB), Raúl Arza (UGT), Emilia Málaga (UGT), Loli Garcia (CCOO) y el obispo emérito Juan María Uriarte.

Diálogo fluido
La CIV ha agradecido la ayuda y cooperación de todos ellos en el desarrollo de su trabajo y los numerosos mensajes que ha recibido “destacando el apoyo de la sociedad vasca al trabajo de la Comisión”. Para seguir con los avances para consolidar la paz en el País Vasco, la comisión ha animado a que “todos los agentes políticos y sociales de la sociedad vasca y todos los otros actores relevantes mantengan un diálogo fluido”.
Una paz duradera
La comisión se ha mostrado dispuesta a ampliar las relaciones de trabajo positivas ya establecidas en el País Vasco y a seguir “trabajando con determinación e imparcialidad con el objetivo de contribuir a esta oportunidad histórica de una paz duradera en el País Vasco”.

La Comisión Internacional de Verificación
Esta Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego en el País Vasco se constituyó el 28 de septiembre pasado, impulsada por la izquierda abertzale y el abogado sudafricano Brian Currin. En un principio, el Gobierno vasco no otorgó ningún reconocimiento al grupo, pero el pasado enero el lehendakari, Patxi López, reconoció que el Ejecutivo que preside había abierto una línea de comunicación con este grupo de verificadores. El Gobierno central no avala el papel de esta comisión.

Seis personas con experiencia internacional
La CIV está compuesta por seis personas con experiencia internacional en procesos de paz y en seguridad: Ronnie Kasrils (Sudáfrica), Ray Kendall (Reino Unido), Chris Maccabe (Reino Unido), Ram Manikkalingam (Sri Lanka) y Satish Nambiar (India), mientras que su coordinadora es Fleur Ravensbergen. La de esta semana ha sido su tercera visita al País Vasco, y en esta ocasión han venido todos los citados menos Ray Kendall.

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Las víctimas olvidadas

Alberto Soliño y Roberto Pérez Jáuregui son dos de las 60 personas que murieron en Euskadi entre 1968 y 1978 a manos de las fuerzas de seguridad

El Gobierno vasco prepara un decreto para indemnizar a los perjudicados

Isabel González muestra una foto de ella con su marido la víspera del asesinato. / JESÚS URIARTE

El 12 de junio de 1976, Alberto Soliño, pasaitarra de 33 años y músico, actuó por la noche en la sala de fiestas Jai Alai, de Eibar. Al salir del recinto, ya de madrugada, observó que uno de sus compañeros discutía con otra persona porque el vehículo de esta última le impedía introducir los instrumentos musicales en el suyo. De repente, vio que esa persona colocaba en el vientre de su compañero una pistola. Alberto Soliño se dirigió a quien amenazaba a su compañero, intentando calmarle. “¿Qué pasa? Hablando se entienden las personas”, le dijo.

En ese momento, salía el público del recinto que, al ver la escena, empezó a gritar. Soliño se volvió y el desconocido le golpeó con la pistola en la cabeza. Cayó al suelo y el agresor le disparó un tiro. El mismo homicida llevó a Soliño en su vehículo al centro sanitario de Eibar, adonde llegó cadáver. El autor del crimen era un guardia civil de paisano: Luis Carpintero.

Alberto Soliño es una de las aproximadamente 60 víctimas mortales que se registraron entre 1968 y el 31 de diciembre de 1978 a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco. Son víctimas mortales de manifestaciones, controles policiales y actuaciones individuales arbitrarias de policías y guardias civiles. El Gobierno vasco ha publicado un borrador de decreto que pretende aprobar en las próximas semanas para reconocer e indemnizar a esas personas. Son las víctimas olvidadas.

Soliño estaba casado con Isabel González, de 24 años. El matrimonio tenía tres hijos pequeños, el mayor de seis años. A Isabel González, que vivía en Pasaia (Gipuzkoa), le pidió su madre, a primera hora, que fuera a su casa: “Alberto ha tenido un accidente”. No supo que Alberto estaba muerto hasta que a las 14.30 su hermana y su cuñado regresaron de Eibar.

Nos obligaron a que constara que fue un accidente” , explica Isabel González

Isabel González se trasladó a Eibar y vio a su marido muerto. “Estaba, como encogido, en una caja”. Cuando comentó que quería otro ataúd, algunos guardias le respondieron: “Cuando matan a un guardia civil lo meten en una caja de 8.000 pesetas”. Isabel González consiguió enterrar a su marido en otro ataúd y lo hizo en el cementerio de Alza, en San Sebastián. Un oficial del Ejército le dijo: “Usted no diga que fue un asesinato”. “En la esquela por el fallecimiento de Alberto nos obligaron a poner que fue un accidente”, recuerda.

Isabel González, que no tenía otros ingresos que los de su marido, se fue a vivir, a sus 24 años y con sus tres hijos, al domicilio de sus padres que, a su vez, tenían otros tres hijos. Allí se presentó a los pocos días un grupo de guardias civiles de paisano, con un oficial al frente. Cuando la vieron, comentaron: “Es una niña”. Y se excusaron, diciéndole que “les había salido una oveja negra en el cuerpo”.

Fue todo el reconocimiento institucional que tuvo. “Si hubo investigación, a mí no me llamaron”. Al cabo de unos años, se celebró un juicio. Isabel González no tuvo conocimiento de él. Sabe que Luis Carpintero fue condenado a pagarle una indemnización de un millón de pesetas porque se lo notificaron con posterioridad.

Isabel González recuerda: “Tenía que ir al cuartel de Loyola a cobrar la indemnización. Pero la cantidad no era fija. El primer mes me pagaron 10.000 pesetas; el siguiente, 8.000”. El sufrimiento era tal que al final su madre la sustituyó.

El guardia Carpintero ni siquiera fue suspendido de empleo. Isabel González recuerda cómo, pasados los años, un día se enteró, casualmente, que Carpintero “cumplía condena” en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Junto con su hermano, logró pasar los controles haciéndose pasar por amiga de Carpintero. Les recibió un oficial y les comunicó que Carpintero estaba de permiso porque “habían operado a su hijo”. Isabel González estalló y comunicó que era la viuda de la víctima del guardia. “El oficial no sabía por dónde salir. Pidió perdón…”.

El asesinato de su marido le destrozó la vida. “Quedé rota. Estuve dos años sin salir de casa. Vine a vivir con mis padres porque yo no tenía trabajo. Me había casado muy joven. Tuve que sacar a mis tres hijos del Colegio Inglés y cambiar totalmente mi vida, porque no tenía ingresos”. Pasado el tiempo y por vía judicial, logró una pensión de viudedad de 567 euros mensuales, apelando a una de las empresas que había contratado a su marido como músico.

A diferencia de las víctimas del terrorismo de ETA o de los GAL y el Batallón Vasco Español, las aproximadamente 60 víctimas mortales de miembros de las Fuerzas de Seguridad como Alberto Soliño han quedado en “tierra de nadie”, sin ningún tipo de reconocimiento. Encajan en un nuevo modelo, el de víctimas de “sufrimientos injustos en un contexto de motivación política”. El Gobierno vasco ha publicado un borrador de decreto que pretende aprobar en las próximas semanas para subsanar esta deficiencia.

“Se trata de legitimar el Estado de derecho y de contribuir a construir la convivencia cuando se acaba el ciclo de la violencia terrorista. Frente a quienes dicen que con esta decisión se envía el mensaje de que en Euskadi ha habido dos violencias —la de ETA y la del Estado—, decimos que no. Aquí sólo ha habido una violencia —la de ETA— y luego casos aislados de abusos policiales, pues muchas de estas víctimas estaban al margen de cualquier conflicto. Esta decisión legitimará el Estado de derecho”, señala Idoia Mendia, consejera de Justicia del Gobierno vasco.

La mayoría de estas víctimas mortales lo fueron en altercados, como Soliño; por confusión —como Segundo Urteaga, sacristán de Urabáin (Álava), tiroteado en el campanario de la Iglesia por un inspector de policía—; controles de carretera —como el matrimonio alavés formado por Victoriano Aguiriano y María Ángeles Barandiarán, que dejó a tres niños huérfanos— o por manifestaciones de protesta.

Un caso muy emblemático fue el de los cinco obreros muertos por disparos de la policía el 3 de marzo de 1976 en Vitoria cuando salían de una asamblea y cuyo 36 aniversario se cumplió el sábado. También lo es el caso de Roberto Pérez Jáuregui. Pérez Jáuregui murió el 8 de diciembre de 1970, en los últimos años de la dictadura de Franco, como consecuencia de los disparos de un policía en una manifestación celebrada en Eibar (Gipuzkoa) el 4 de diciembre de ese año en protesta por el juicio de Burgos contra 16 militantes de ETA, a seis de los cuales pedía pena de muerte un tribunal militar sin garantías democráticas.

Fue un asesinato de gran impacto popular por el contexto en el que se produjo (las manifestaciones contra el proceso de Burgos de 1970, de repercusión internacional porque pusieron en jaque a la dictadura de Franco).

No hubo investigación ni juicio por la muerte de Roberto”, asegura Pérez Jáuregui

Pérez Jáuregui, de 21 años, trabajaba de electricista en Aya (Eibar) y, como otros tantos jóvenes de la época, estaba comprometido políticamente contra la dictadura. En su caso, militaba en el PCI (posteriormente, el Partido de los Trabajadores de España). Era uno de los numerosos manifestantes que participaban en la marcha de protesta que se convocó a las 20.30 del 4 de diciembre de 1970 en Eibar. Esta ciudad se había unido a la huelga general extendida en todo Euskadi. Era un municipio especialmente sensible porque tres de los encausados en el proceso de Burgos procedían de ella: Mario Onaindia, Juan Echave y Enrique Gesalaga.

El hermano de Roberto Pérez Jáuregui, Jorge, que también participó en la manifestación, recuerda cómo a la altura de la calle Karmen se empezaron a oír disparos de la Guardia Civil. La manifestación se dispersó. Algunos marcharon hacia el monte. Pero un grupo numeroso de manifestantes permaneció en la calle, pese a las ráfagas. Entre ellos estaba Roberto.

En un momento determinado, Roberto dijo: “Me han dado”. Al principio se pensó que sería un disparo de la Guardia Civil. Lo llevaron a la Residencia Sanitaria de San Sebastián. Murió a los cinco días, el 8 de diciembre. Los médicos comprobaron que había muerto de un disparo a quemarropa, a menos de dos metros, por un policía de paisano.

Roberto Pérez Jáuregui fue enterrado en el cementerio civil de Eibar. La Guardia Civil, con el estado de excepción declarado en Gipuzkoa, impidió la entrada en un Eibar totalmente tomado. “No se abrió ninguna investigación. No hubo juicio alguno”, recuerda su hermano Jorge. El asesino, miembro de la Brigada Político-Social franquista, se cree que fue trasladado a Valladolid y ascendido posteriormente. “Tanta injusticia destrozó la vida a mis padres”, señala Jorge.

Casi cuarenta años después de aquel asesinato, en 2007, Roberto Pérez Jáuregui fue reconocido como víctima por la ley de Memoria Histórica. “Durante todos estos años no hemos tenido un reconocimiento institucional, pero sí social del pueblo de Eibar”, señala Jorge.

El caso de Pérez Jáuregui, en contraste con el de Soliño, fue muy conocido por el contexto en que se produjo. Y por ser tan conocido y no haber obtenido ninguna respuesta de las instituciones democráticas, que empezaron a reconstruirse a los siete años de su asesinato, contribuyó a su falta de legitimación en Euskadi. “No eran creíbles unas instituciones que se denominaban democráticas y que no reconocían que Roberto era una víctima del terrorismo de Estado”, señala Jorge. Por ello, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, recalca que “este decreto va a contribuir a legitimar el Estado de derecho”. Eso sí, 40 años después.

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http://politica.elpais.com/politica/2012/03/04/actualidad/1330884949_183096.html

 

“Quería mirar a los ojos a los que intentaron matarme”

GORKA LANDABURU Periodista

Once años después, Gorka Landaburu ha podido mirar a los ojos a dos de los terroristas que trataron de matarlo con un paquete bomba, Xabier Macazaga y Oskarbi Jauregi, que se han sentado esta semana en el banquillo de los acusados. El periodista sobrevivió al atentado, pero perdió la visión de un ojo, varios dedos de las manos y audición en ambos oídos. Dos meses y medio antes del juicio, a finales de noviembre, había ido a hablar con un grupo de presos de ETA que rechazan la violencia, entre ellos históricos de la banda como Joseba Urrusolo Sistiaga o Kepa Pikabea, dentro de unos talleres organizados por Interior a petición de los reclusos. “No es incompatible”, señala en una entrevista mantenida en Madrid el jueves. “Que se haga justicia es esencial, pero estoy dispuesto a entenderme con aquellos que hagan una autocrítica sincera”.

Pregunta. ¿Cómo se ha sentido durante el juicio?

Respuesta. Tuve una sensación extraña. Fui sereno, aunque reconozco que dormí mal la noche anterior. Hay una cosa que tenía clara, y es que quería entrar en la sala y mirar a los ojos a los que intentaron matarme. He entrado, les he mirado fijamente, ellos me han mirado, y creo que han bajado la mirada en un momento dado. Me he sentado y he contado mi historia. Hacia los acusados no tengo ningún sentimiento. Ni odio ni rencor. Pero pido justicia. Ellos se lo han buscado. Que cumplan sus penas y, después, que empiecen a pedir perdón a o arrepentirse por el daño causado. Aún no lo han hecho.

P. ¿Por qué ha tardado 11 años en juzgarse el atentado?

R. La causa se archivó en 2006, y nunca entendí el porqué. El atentado lo sufrí el 15 de mayo de 2001; al comando Buruntza lo detuvieron en agosto de ese año; y a Susper, quien ordenó el intento de asesinato, el máximo responsable, en 2002. En ese momento ya se habían encontrado todos los papeles sobre lo ocurrido. Pero cuatro años después se archivó la investigación, yo creo que por algún error. Cuando, finalmente, logramos reabrirla, para mí fue muy importante. No puede ser que te intenten matar y que no pase nada. Las víctimas necesitamos justicia y verdad.

P. ¿Aceptaría un trato legal especial hacia los terroristas ahora que han dejado de matar?

R. Hay que seguir juzgando a todos los que hayan cometido delitos. Aún quedan más de 300 casos sin resolver. La generosidad frente a los terroristas iría por otro lado… Los acercamientos de presos, la liberación de los enfermos graves, la doctrina Parot… Son cosas que se pueden estudiar, pero con tranquilidad. ETA, hoy, solo nos ha dicho que no va a atentar más. La democracia podría ser generosa con quienes acepten las reglas del juego, pero por ahora no lo han hecho ni la izquierda abertzale ni los presos, salvo la minoría de disidentes de Nanclares.

P. Usted acudió a esa prisión a finales de noviembre para hablar con un grupo de presos.

R. Sí. Hablamos del atentado, de la violencia, de la vida, de Euskadi, de mi padre, que fue vicelehendakari en el exilio durante el franquismo… Yo nací con la ikurriña en el biberón, así que nadie me va a explicar, ni ellos, ni Arnaldo Otegi ni Sabino Arana, lo que es ser vasco. Hablamos también del tiempo perdido… Joseba Urrusolo Sistiaga era el que llevaba la voz cantante. Les dije que estaba en Biarritz cuando ETA político-militar dejó las armas en 1981, cuando se quitaron las capuchas, y les pregunté que cómo era posible que 30 años después la banda siguiera allí. Ellos reconocieron que habían vivido en una burbuja, que se habían equivocado, y admitían el dolor causado. Dos de ellos me pidieron perdón al final porque, aunque no participaron directamente, habían formado parte del comando que me envió la bomba. Aunque algunos tengan un montón de asesinatos detrás, hay que reconocer que han dado un paso importante; y lo han hecho antes del comunicado de ETA. Se han dado cuenta tarde, pero al menos se han dado cuenta. Creo que hay que ayudarles para que no se queden aislados. Ojalá el resto de los presos y la izquierda abertzale hicieran también una autocrítica sincera.

P. ¿Cómo ha sido recibido el hecho de que usted, víctima del terrorismo, vaya a Nanclares?

R. La mayor parte han sido reacciones positivas. Pero ha habido quien me ha acusado de ayudar a los etarras, como Hermann Tertsch. No acepto este tipo de lecciones. He vivido 12 años con escoltas y pido un mínimo de respeto para quienes hemos dado la cara estando en Euskadi y jugándonos la vida. He visto muchos atentados. Se me ha muerto en los brazos un guardia civil. Al fotógrafo Josu Bilbao y a mí nos lincharon en una manifestación de la que salimos vivos de milagro. Han asesinado a amigos míos. A Enrique Casas, a Gregorio Ordóñez… No voy a permitir que nadie diga que apoyo a terroristas. Yo tengo mi trayectoria. Puedo estar en lo cierto o no, pero siempre he intentado ser coherente. Busco una solución para mi país. Paz para mis hijos y paz para mis nietos.

P. ¿Estaría dispuesto a hablar con presos que no hayan rechazado la violencia?

R. Sí, porque soy periodista, y estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo. He apoyado todos los procesos de negociación. Aunque todos han fracasado, todos han permitido avanzar, como el último, que nos trajo a donde estamos ahora. Todo es un camino por etapas. Si mañana me llama el que me puso la bomba, el señor Macazaga, y me dice que quiere estar conmigo para darme una explicación, yo estaría dispuesto a hablar con él. Mañana, pasado mañana o dentro de seis meses. Hablando se entiende la gente, no con bombas y pistolas. La cita me la tendría que pedir él, eso sí.

P. No parece que los presos estén dispuestos a hacer la autocrítica que usted pide.

R. Sé que es complicado reconocer un pasado lleno de fracasos. ETA se ha equivocado; ha causado sufrimiento y dolor, y, al final, no ha conseguido absolutamente nada. La policía, los jueces, los fiscales, el Gobierno francés, la sociedad en general… entre todos les hemos obligado a tomar el camino del abandono de la violencia. Pero la autocrítica es necesaria; y, cuanto más tiempo tarden, más se retrasará la solución definitiva del problema. Lo tendrán que hacer y lo harán. Y lo saben.

P. La gran pregunta es hasta dónde van a llegar.

R. Ya se verá, pero de momento tienen que pasar ya de las declaraciones a los hechos. La izquierda abertzale tiene que acercarse a las víctimas del terrorismo. Sé que lo tienen complicado y que las propias víctimas no lo van a aceptar, pero deben hacerlo. A partir de ahí podemos hablar de otras cosas. El Gobierno podría dar pasos como el acercamiento de presos, para que los familiares puedan ir a visitarlos sin recorrer cientos de kilómetros, pero antes deben dar los pasos necesarios. Está en sus manos.

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http://politica.elpais.com/politica/2012/02/11/actualidad/1328987734_833701.html

“Es responsabilidad de los presos dar pasos sin esperar a que otros les digan cuándo tienen que hacerlo”

Los Presos Comprometidos con el Irreversible Proceso de Paz, agrupados en la nueva prisión de Zaballa (Álava), atienden a las cuestiones de actualidad que les hace llegar el DIARIO DE NOTICIAS, entre ellas, los encuentros con víctimas y el denominado Taller de Convivencia

A. Arambarri/j. Arretxe, Andoni Alza, Carmen Gisasola, Kepa Pikabea, Joseba Urrusolo Sistiaga, Jurgi Oteiza, Rafa Caride Simón, Ibon Etxezarreta y Josu García Corporales

Domingo, 12 de Febrero de 2012

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Andoni Alza y Carmen Guisasola, dos de los miembros del grupo Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz, posan en un parque donostiarra.

Andoni Alza y Carmen Guisasola, dos de los miembros del grupo Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz, posan en un parque donostiarra. (Foto: Ainara Garcia)

Pamplona. “El nuevo tiempo abierto tiene que llegar a las cárceles y a la política penitenciaria”. El colectivo de reclusos agrupado primero en torno a la antigua prisión alavesa de Nanclares y ahora en la nueva de Zaballa rechazó la violencia, hace tiempo se desmarcó de ETA y son los protagonistas involuntarios de la denominada vía Nanclares que distintos agentes reclaman para resolver los temas penitenciarios. Tras acoger el anuncio de ETA del 20 de octubre con un “sentimiento agridulce”, analizan distintas cuestiones, como la situación del Acuerdo de Gernika, al que todavía no han podido sumarse al estar “vetados” y pese a haberse reunido hace poco con algunos de sus firmantes. Según reconocen, “lo curioso es que gente de EA, Aralar o de la propia Batasuna, que han padecido las consecuencias de esa mentalidad sectaria, ahora se plieguen a ella cuando afecta a otros”.

¿Cómo vivieron desde la cárcel el día del anuncio del cese definitivo de la violencia armada de ETA?

Con un sentimiento agridulce. Por una parte, la satisfacción de que por fin se decida terminar con la lucha armada y por el alivio que esto significa para muchas personas. Pero, por otra parte, con la sensación amarga de que este paso se tenía que haber dado mucho antes, pues la persistencia de ETA solo ha servido para generar más sufrimiento y llenar las cárceles. Nos acordamos de mucha gente que hoy no está y también de dos víctimas con las que unos días antes habíamos tenido un encuentro dentro del taller de convivencia.

¿Qué les llevó a plantear poner en marcha un taller así dentro de la cárcel?

El compromiso y la responsabilidad que trae consigo el haber militado en una organización que ha sido responsable de una parte importante del sufrimiento y los dramas vividos por muchas familias, nos llevaron a plantear la necesidad de crear un taller de convivencia que sirviera de punto de encuentro con personas de sectores y sensibilidades diferentes. Desde ese diálogo, tratar de aportar algo en la necesaria normalización y, a su vez, tratar de ayudar en la medida de lo posible a suturar las muchas fracturas que han dejado en nuestra sociedad tantos años de violencia.

¿Qué temas han tratado en esos talleres?

Los relacionados con la recuperación de una convivencia normalizada. Analizando los procesos de memoria, verdad y reconciliación en otros países, las bases éticas para la construcción de la nueva convivencia, la realidad de las víctimas a través de sus propios testimonios, la necesidad de una reflexión crítica del pasado y de la aportación que los presos podemos hacer en este sentido.

En este taller han participado, entre otros, víctimas de ETA. ¿Cómo fueron los encuentros?

Le damos mucha importancia al hecho de que vinieran y participaran. Nos parece una actitud muy positiva por su parte. Los encuentros fueron intensos y constructivos. Escuchar sus testimonios en una sala, frente a frente, cómo vivieron los atentados, lo que supuso para sus familias y la falta de solidaridad que sintieron por parte de mucha gente te hace poner en cuestión no solo la utilización de la violencia, sino también la mentalidad con la que se ha vivido y hemos vivido todo esto.

¿Qué les hicieron llegar?

Además del duro testimonio personal, nos transmitieron sus preocupaciones y dudas sobre que se quiera pasar página, como si en estos años no hubiera pasado nada, y lo entendemos, ya que ha sido mucho el dolor y sufrimiento padecido por mucha gente. Un dolor que no puede caer en el olvido y que necesita, en este nuevo tiempo abierto con el fin de ETA, ir acompañado del reconocimiento del conjunto de la sociedad vasca para con todas las víctimas de tantos años de violencia.

¿Qué conclusiones sacan de los encuentros con las personas que han participado en el taller?

La primera es que el contacto directo ayuda a afrontar de manera positiva estos temas cuando se tiene voluntad para ello. La segunda, que el fin de la violencia tiene que traer consigo, entre otras cosas, un cambio de mentalidad y actitudes. Y la tercera, que está siendo una experiencia muy positiva y constructiva. Pensamos que llevando este tipo de encuentros a otros ámbitos de la sociedad, a los pueblos, a la universidad, etc., se podrían dar pasos concretos en la recuperación de la convivencia. Pasos que van más allá de las declaraciones o escritos.

Además de en este taller, han participado en encuentros cara a cara con algunas víctimas. ¿Cómo ha sido?

Al principio teníamos nuestras dudas. Pensábamos que estos pasos se tenían que dar, pero no sabíamos qué reacciones podría haber. Nos preocupaba que, al final de los encuentros, las sensaciones fueran más negativas que positivas, pero no ha sido así. También nos preocupaba que se pudiera hacer una utilización parcial e interesada de estos encuentros, pero las cosas se están haciendo bien. A la hora de dar estos pasos nos animaron mucho los encuentros que mantuvimos con Rafa Larreina, Aintzane Ezenarro, Paul Rios… que nos transmitieron sus impresiones positivas de sus experiencias con las víctimas, haciéndonos ver que el diálogo directo era posible y necesario.

Desde el EPPK les acusan de haber creado grietas en la cohesión del mundo de los presos. Incluso, han hecho una petición a la izquierda abertzale para que no les apoye.

Son ramalazos que aún utilizan los que quieren seguir con la mentalidad de antes. Hoy en día, con la lucha armada terminada, ahora que se valora el apoyo político que Alternatiba, Aralar, Batasuna y EA han tenido al ir juntos, ese tipo de discurso sectario solo lo pueden mantener en el mundo de los presos. Es penoso, pero ya es un avance.

Año y medio después de la firma del Acuerdo de Gernika, ustedes siguen vetados. ¿Mantienen su apoyo al Acuerdo?

Lo apoyamos desde el principio, ya que en él se planteaban, por primera vez de una manera seria, las cuestiones referidas a presos y víctimas. Pero año y medio después, creemos que las potencialidades que tenía siguen sin concretarse. En cuanto al veto, hace unos días, aprovechando un permiso de salida, mantuvimos una reunión con los representantes del Acuerdo de Gernika, nos dijeron que entienden nuestra postura, pero que esperáramos, pues todavía hay un sector que se opone. Lo curioso es que gente de EA, Aralar o de la propia Batasuna, que han padecido las consecuencias de esa mentalidad sectaria, ahora se plieguen a ella cuando afecta a otros. Si para algo tan sencillo de resolver andan así, ¿cómo piensan afrontar la convivencia y la reconciliación si son incapaces de reconocer a todos los presos?

Los firmantes de Gernika han reconocido por primera vez el dolor causado a las víctimas, también de ETA. ¿Cómo lo valoran?

Nos ha parecido que de tanto querer consensuar algo que sea asumible por los mugarris (en referencia al sector más inmovilista del MLNV, opuesto al de los posibilistas), han elaborado un documento que aporta poco y que crea frustración en muchos sectores de nuestra sociedad, especialmente entre los que han padecido las consecuencias de la violencia y que en este nuevo tiempo que se ha abierto con el fin de la actividad de ETA esperaban algo más que hablar en tercera persona diciendo: “Las partes y agentes de diversa naturaleza han mantenido una actitud de falta de sensibilidad hacia el sufrimiento y el dolor ajeno”. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes somos las partes?

Una de las claves de su situación, la de los Presos comprometidos con el irreversible de paz, es el reconocimiento del daño causado. ¿Ven posible algo similar entre los presos que forman el EPPK?

Claro que es posible y necesario. Más imposible parecía que la lucha armada se dejara así, sin más, sin ningún proceso negociador, de manera unilateral, con 700 presos en las cárceles y así ha sido. El Acuerdo de Gernika, que tanto ha costado que el “Colectivo” lo firmara y no porque la mayoría de los presos no estuviera de acuerdo, sino porque los impulsores de Mugarri eran reacios a dicho acuerdo, habla de “la necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias”. Si ya se ha firmado esto, ¿por qué no profundizar de una manera seria y clara en el reconocimiento, reconciliación y reparación de las víctimas que la organización en la que militábamos ha generado? ¿Por qué o a qué esperar a dar estos pasos que son necesarios para ayudar a cerrar heridas y para avanzar hacia una convivencia normalizada? Sabiendo, además, que en la medida en que se den estos pasos, otros se verán en la obligación de reconocer también las múltiples vulneraciones de Derechos Humanos y las víctimas que se han general “en defensa del Estado de Derecho”.

¿Ven posible un acercamiento de los presos a las cárceles de Euskal Herria?

Lo vemos posible y necesario. En primer lugar, porque los que más padecen la dispersión son los familiares que se ven obligados a hacer cientos y cientos de kilómetros todos los meses. En segundo lugar, porque la dispersión impide y ha impedido debates que en otras circunstancias y tiempos (Lizarra-Garazi, Loiola) habrían surgido y habrían madurado dentro de las cárceles. Y, en tercer lugar, porque el nuevo tiempo que se ha abierto tras el fin de la actividad de ETA tiene que llegar a las cárceles y a la política penitenciaria.

El Gobierno español ha dicho que hasta que no llegue el comunicado del final de ETA no va haber ningún movimiento en la cuestión penitenciaria. ¿Cómo se desbloquea este planteamiento?

Dando pasos de manera unilateral, como se ha hecho a nivel político para volver a las instituciones. Si Batasuna se hubiera limitado a solicitar que les legalizaran, sin más, sin cumplir los trámites ni los requisitos de la Ley de Partidos, y remarcando que no aceptarían tales requisitos, ni Bildu ni Amaiur serían ahora legales. Pero a los presos se les impone que sigan utilizando fórmulas que solo sirven para mantener en el candelero el tema de los presos en vez de plantear soluciones. También es responsabilidad de los presos dar pasos sin esperar a que otros les digan cuándo tienen que darlos.

¿Cómo ven la actual coyuntura política? ¿Consideran probable una pronta resolución del conflicto político?

No tiene una solución mágica ni definitiva a corto plazo. Lo importante es que se vaya avanzando desde la realidad que tenemos en Iparralde, Nafarroa y la Comunidad Autónoma; haciendo política, configurando mayorías sociales basadas en el reconocimiento y el respeto a las diferentes formas de pensar y vivir ese conflicto político. Y, para eso, también para eso, ahora lo prioritario es solucionar los problemas humanos y convivenciales generados por tantos años de violencia política.

¿Cómo pasa una persona de defender la lucha armada a una posición política al margen de la violencia? ¿Es una evolución intelectual o fruto de una larga estancia en la cárcel?

Es un error pensar que esa evolución es fruto de los años en prisión. Eso también ocurre, pero en menor medida de lo que se piensa. De hecho, son pocos los militantes que se desmarcan estando en prisión. Muchos más lo hacen estando en casa o en el exilio. Ese cuestionamiento viene a menudo como consecuencia de ver en la práctica la diferencia que hay entre lo que uno pensaba que era la lucha armada, como algo idealizado, y la cruda realidad de sus contradicciones, que se generan en las decisiones que se toman y la mentalidad con la que se hace.

Si ETA no va a seguir sus siglas para la actividad armada, ¿se preguntan por qué no se disuelve? ¿Qué opinión les merece este debate?

Desde el punto de vista de ETA, parece lógico que no se quiera disolver sin solucionar la cuestión de los presos y los refugiados. El problema es que, una vez que su actividad se ha tenido que dejar unilateralmente, según va pasando el tiempo, ETA, como organización, no aporta nada, queda como algo del pasado, como algo residual. Solo le queda decir que desaparece. Quizá sea más realista, más efectivo, que los grupos que conforman Amaiur planteen con más sensatez y decisión la cuestión de la convivencia, de las víctimas y de los presos, ya que estos tres temas van necesariamente unidos. Que, sobre estos temas, se llegue a un acuerdo entre los grupos políticos, se cree una comisión de seguimiento, que ETA deje en manos de esta comisión el tema de los presos y refugiados y anuncie su disolución. Esto reforzaría en la sociedad el apoyo para ir resolviendo los problemas de convivencia pendientes: reconocimiento, ir cerrando heridas, la vuelta de los presos a casa…

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/02/12/politica/euskadi

 

100.000 personas exigen a Rajoy la vuelta de los presos de ETA a Euskadi

La izquierda abertzale exhibe su fuerza en una de las mayores manifestaciones celebradas desde la Transición

GUILLERMO MALAINA Bilbao 07/01/2012

Una protesta histórica. Alrededor de 100.000 personas se echaron ayer a la calle en Bilbao en defensa de los “derechos” de los presos de ETA en una de las mayores manifestaciones celebradas en Euskadi tras la Transición.

La multitudinaria marcha, convocada por la iniciativa Egin Dezagun Bidea (Hagamos el Camino), discurrió con normalidad y envió un nítido mensaje al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy para que acabe con la actual política penitenciaria en el escenario abierto tras el “cese definitivo de la lucha armada” anunciado por ETA el pasado 20 de octubre.

Es la primera gran protesta que afronta el Gobierno del PP tras el cese de ETA

La situación de los reclusos en este nuevo tiempo forma parte del guión marcado por la Conferencia Internacional por la Paz, celebrada en Donostia, para alcanzar “una paz duradera y justa”. En la conocida ya como Declaración de Aiete, se insta a los gobiernos de España y Francia a aceptar abrir un “diálogo” con ETA para “tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”. Se trata, en concreto, de las víctimas y los presos.

La multitudinaria manifestación de ayer en Bilbao fue un clamor para que el Gobierno dé pasos en ese sentido, acabe con la actual política penitenciaria y apruebe una serie de medidas que garanticen los “derechos de los presos”: el final de la dispersión por cárceles fuera de Euskadi, la derogación de la conocida como doctrina Parot que supone un alargamiento de las condenas, y la puesta en libertad de los reclusos con enfermedades graves, así como de quienes hayan cumplido ya dos terceras o tres cuartas partes de su condena. Sólo con la aplicación de estas medidas, previstas en la legislación, 175 de los 665 miembros de ETA encarcelados podrían recuperar ya la libertad, según los datos de la asociación de familiares Etxerat.

La manifestación contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas firmantes del Acuerdo de Gernika (la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar), la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, EHNE e Hiru) y hasta 15.000 adhesiones. También consiguió el respaldo de ERC y SI.

La declaración final sostiene que ya “no caben excusas ni demoras”

La protesta partió poco después de las 17.30 horas lentamente para abrirse paso entre el gran gentío que ocupaba las calles, a lo largo de los dos kilómetros de recorrido, para sumarse tras el paso de los familiares de presos y la pancarta principal con el lema en euskara e inglés Eskubide guztiekin euskal presoak Euskal Herrira. Repatriate all basque prisoners (Con todos los derechos, presos vascos a Euskal Herria. Repatriar todos los presos vascos). Durante las dos horas que duró la protesta, se escucharon proclamas a favor del final de la dispersión y la amnistía. Los convocantes cumplieron con las condiciones establecidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ya que ni se exhibieron fotos de reclusos ni se refirieron a ellos como “presos políticos”.

En la declaración leída al final de la marcha por la cantante Inés Osinaga y el miembro de Egin Dezagun Bidea Jon Garai, se felicitaron de que la manifestación hubiese marcado un “hito” y advirtieron por ello a los gobiernos español y francés de que “ya no hay excusas ni caben más demoras”. “A partir de mañana la sociedad vasca no espera otro escenario que no sea aquél en el que desapa-rezcan las crueles medidas de excepción que se aplican a los presos vascos”.

La declaración concluyó con un alegato a socializar esta reivindicación porque “la llave de las cárceles está en manos de los gobiernos, pero la llave del cambio está en manos de la ciudadanía vasca”.

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