La investigación de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca registra 3.587 denuncias

06/02/2015

La ‘Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013’ ha sido liderada por el forense paco Paco Etxebarria quien ha matizado que todavía no han entrado a valorar la veracidad de las denuncias.

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La investigación de la tortura encargada por el Gobierno Vasco a un equipo liderado por el médico forense Paco Etxeberria registra, en su primera fase, 3.587 denuncias entre 1960 y 2013 en Euskadi. Se espera que la investigación concluya para septiembre de 2016.

En una rueda de prensa en San Sebastián, el secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, acompañado de Etxeberria, ha dado cuenta de la primera fase de esta investigación que coordina el forense vasco.

Etxeberria ha señalado que se ha elaborado un primer censo individualizado de 3.587 casos de denuncia judicial o pública, y ha puntualizado que aún no se ha entrado a “valorar su veracidad”. El equipo de Etxeberria ha entregado este viernes al Gobierno Vasco esta primera parte del estudio, que, a su vez será, remitido al Parlamento Vasco.

Fernández ha recordado que en marzo de 2014 el Ejecutivo vasco encargó al médico forense y su equipo del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la realización de una Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960 y 2013. El objetivo de la investigación es “desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar”, ha explicado.

Esta investigación constituye la sexta iniciativa del ‘Plan de Paz y Convivencia’ del Gobierno Vasco y se enmarca en el marco del primero de los tres grades compromisos que define el Plan, “la clarificación del pasado”, ha añadido. Tras apuntar que está previsto que el estudio íntegro esté finalizado “para septiembre de 2016”, Etxeberria ha explicado que los trabajos se están realizando en tres etapas y cinco estudios complementarios.

La primera fase se ha centrado en cuantificar las denuncias y realizar un informe de la información documental disponible sobre la prevalencia de malos tratos y torturas, así como de la información existente en diferentes fuentes para la elaboración de un censo.

Después se procederá a la verificación, un proceso que se prolongará durante un año y en el que se investigarán 200 casos representativos. También se llevará a cabo un estudio cualitativo, narrativo y específico de 40 casos emblemáticos. En una tercera etapa de entre tres o cinco meses se elaborarán las conclusiones y recomendaciones.

Etxeberria ha señalado que de las 3.587 denuncias registradas se han analizado hasta el momento 2.820 casos, 2.394 correspondientes a hombres y 426 a mujeres. Según ha puntualizado de esas denuncias 1.319 corresponden a torturas por parte de la Policía Nacional; 1.174 por la Guardia Civil; y 271 por la Ertzaintza.

Informes

Además, el forense ha indicado que hasta el momento 1.183 afectados han ratificado su denuncia de tortura o malos tratos. También ha explicado que durante esta primera fase de investigación se han recopilado 140 informes (informes locales e internacionales con carácter institucional) de Amnistía Internacional, del Comité para Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, de Relatores de la ONU y del Comité de la ONU contra la Tortura, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Ararteko y del Gobierno vasco.

Asimismo, se han analizado 20 sentencias firmes (31 víctimas y 49 personas condenadas) y se han consultado diversas fuentes, como, por ejemplo, asociaciones ciudadanas, abogados, fiscalía, médicos, y el ámbito policial y judicial.

Asimismo, se ha iniciado un proceso de ratificación de los casos denunciados con las personas afectadas y se ha otro de recogida de testimonios directos, al tiempo que se ha establecido un Protocolo Pericial para la investigación de la fiabilidad de los casos.
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/2948322/investigacion-tortura-informe-encargado-gobierno-vasco/

Ver también: www.noticiasdenavarra.com/2015/02/07/opinion/editorial/constancia-de-la-tortura

Chile-Mapuche. Cuestión de dignidad: Mónica Quezada y Catalina Catrileo rechazan indemnización por asesinato de Matías Catrileo

http://kaosenlared.net/chile-mapuche-cuestion-de-dignidad
Por Mapuexpress / AC

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El día 20 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago informó su decisión de confirmar la sentencia del Segundo Juzgad Civil de Santiago, que condena al Fisco por el asesinato de Matías Catrileo, estableciendo la responsabilidad del estado por su asesinato.
 
Mediante un comunicado público Mónica Quezada y Catalina Catrileo, manifiestan su rechazo al pago de la indemnización que ordena el fisco. “Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias”, señalan. La hermana y madre de Matías Catrileo, agregaron que una vez que la sentencia quede firme informarán como procederan al mismo tiempo que expresaron que su decisión es personal, y que respetan  “a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo”.
En el comunicado recordaron que aún no hay justicia en el caso de la muerte de Matías. “El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias”.
A continuación se reproduce el comunicado:
Comunicado Público
En relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 6247-2014, dado a conocer recientemente señalamos lo siguiente:
1. El único objetivo de esta acción judicial ha sido demostrar que la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo y hermano, el 3 de enero del año 2008, es del Estado de Chile. Si bien fue Walter Ramírez, cabo 2° de Carabineros, quien disparó por la espalda a Matias, es el Estado y sus autoridades, incluyendo a la entonces Presidenta Bachelet, los responsables de este crimen.
2. Recordamos que nunca hemos recibido justicia. El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias.
3. Esta resolución no nos deja conforme, por que no garantiza que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que todos los responsables sean verdaderamente castigados. Pero nos permite, como todas las acciones que hemos emprendido, seguir denunciando los crímenes que comete el Estado contra el Pueblo Mapuche.
4. Esperamos que el fallo de segunda instancia quede pronto ejecutoriado, y que no se presenten recursos que vuelvan a dilatar este proceso judicial.
5. Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias. Como ya se señalo, nuestro objetivo con esta demanda no era obtener indemnización alguna, sino lograr que la justicia, aunque sea en forma mínima, declararé que fue el Estado de Chile el responsable del asesinato de Matias Catrileo.
6. Por tanto, informamos que rechazamos ese dinero y que no haremos uso de él. Una vez que quede firme la sentencia informaremos como procederemos. Nuestra decisión es personal, respetamos a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo.
7. Rechazamos las titulares de medios de comunicación que han informado que recibiremos “millonarias sumas”. Este tipo de informaciones buscan ensuciar tanto nuestra incansable búsqueda de justicia, como el legado de lucha y fortaleza que nos dejo Matias.
Mónica Quezada M.                  Catalina Catrileo Quezada
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Chile: Justicia ordena al fisco a pagar indemnización por muerte de Matías Catrileo

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Seis muertos y cuatro desaparecidos en el naufragio de una patera cerca de Melilla

Por Kaos. Derechos humanos

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Seis personas han muerto y cuatro más están desaparecidas tras el naufragio de una patera con inmigrantes que había salido del norte de Marruecos, en una playa de Nador, cercana a Melilla, y trataba de llegar ilegalmente a las costas españolas, según han informado fuentes oficiales marroquíes y recoge EFE.

Las autoridades locales, citadas por la agencia MAP, aseguraron que la patera transportaba a veinte personas, entre ellas dos barqueros o “pasadores”, de las que diez han sido rescatadas con vida y hospitalizadas en un primer momento, aunque nueve ya han abandonado el Hospital Hassani de Nador.

Estas cifras difieren de las facilitadas por Helena Maleno, activista de la organización Caminando Fronteras, que, citando a familiares de los inmigrantes, asegura en su cuenta de Twitter que en la embarcación viajaban 31 personas, la mayoría de ellos guineanos. Según asegura esta activista, la intención de los migrantes era arribar a las costas de Melilla.

El naufragio se produjo en la conocida como Playa Bocana, distante unos seis kilómetros del puerto de Nador, la ciudad marroquí más cercana a Melilla. Agentes de la Gendarmería Real, la Policía y la Protección Civil han participado en las operaciones de rescate nada más conocerse los hechos.

Desde Melilla no se ha desarrollado ninguna intervención por este naufragio, al tratarse de aguas marroquíes y estar fuera de la competencia de las autoridades españoles, y porque no se ha requerido ayuda por parte de Marruecos, según las fuentes.

http://kaosenlared.net/seis-muertos-y-cuatro-desaparecidos-en-el-naufragio-de-un-patera-cerca-de-melilla/

Cómo ganar dinero desahuciando bebés de viviendas públicas

En la mañana del viernes 23 de enero de 2015, un dispositivo de unos cincuenta policías antidisturbios ejecutó el desahucio de Wilson Ruilova y Cecilia Paredes, de 35 y 43 años, y sus tres hijos, de 16 y 7 años y mes y medio de edad.

La vivienda, sita en el número 68 de la Avenida de las Suertes del barrio de Vallecas de Madrid, fué adjudicada a la familia cuando era de protección oficial por el Ayuntamiento de Madrid en 2009 a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La EMVS, para reducir su deuda, que ascendía a 630 millones, vendió 1.860 viviendas públicas por 128,5 millones, con sus inquilinos dentro, a Fidere, filial en España del fondo buitre de inversión estadounidense Blackstone, entre ellas la de Wilson y su familia.

El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar, a precio muy bajo, deuda pública de entidades cercanas a la quiebra, para después intentar cobrar la totalidad de su valor.

Wilson, electricista en paro, y Cecilia, cuidadora también en el paro, y sus hijos viven con unos ingresos mensuales de 391€ al mes procedentes de un subsidio del Estado con los que no pueden hacer frente al alquiler, que de 480€ ha subido hasta 700€.

Intentaron negociar con Fidere un alquiler al que pudieran hacer frente, sin éxito.

Los límites de la libertad de expresión

20 ene 2015
Octavio Salazar Benítez

Profesor Titular de D. Constitucional, Universidad de Córdoba

En las últimas semanas todos nos hemos convertido en ejemplares defensores de la libertad de expresión. Ante la agresión dramática al corazón de nuestras democracias, hemos reaccionado lógicamente con una defensa encendida de uno de los derechos sin los que el edificio constitucional se derrumbaría. Sin embargo, y al margen del cinismo de quienes encabezan manifestaciones cuando acaban de aprobar medidas enormemente restrictivas de dicha libertad, la mayoría parece haber olvidado que toda teoría de los derechos es una teoría de los límites. Es decir, que la misma garantía de nuestros derechos fundamentales conlleva necesariamente el establecimiento de límites de los mismos para hacer posible la convivencia o, lo que es lo mismo, para hacer posible que derechos en conflicto alcancen un equilibrio, en ocasiones inestable, pero pacífico.

Tras el atentado de París, uno de los grandes debates abiertos es sin duda el del respeto a las creencias religiosas y, por tanto, hasta qué punto las convicciones pueden operar como límites de la libertad de expresión. Un debate que, a su vez, nos remite al relacionado con la gestión de las religiones en el espacio público democrático. Es evidente que un Estado constitucional debe garantizar el respeto de las convicciones de los individuos, con independencia de que sean sagradas o no —de ahí la necesidad de reivindicar el término libertad de conciencia frente a libertad religiosa—, así como la expresión colectiva y pública de las mismas.

Ello no quiere decir que deba existir confusión entre la ley de todos y la moral de unos pocos, como tampoco que las expresiones religiosas carezcan de límites. Es decir, en un Estado constitucional, construido sobre el contenido sustancial que representan los derechos fundamentales, debería resultar incontestable que las expresiones de la dignidad humana actuasen como muro de contención frente a cualquier idea o convicción, al menos en lo que a su proyección pública se refiere. Por lo tanto, “no todo vale” en un Estado constitucional o, mejor dicho, no todo debería valer lo mismo. En consecuencia, los límites legales, incluso penales, deberían también aplicarse a las expresiones religiosas que públicamente atenten contra los derechos humanos. De ahí que no debería temblarnos el pulso de la ley ante, por ejemplo, las declaraciones machistas y homófobas de imanes u obispos, como tampoco debería resultarnos indiferente que los poderes públicos subvencionen a confesiones que discriminan por razón de sexo.

Desde este punto de vista, resulta muy complicado mantener jurídicamente, como se hace en nuestro ordenamiento, un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Se trata de un tipo que difícilmente se ajusta a los contenidos garantistas de un Derecho Penal democrático y ante el que resulta casi  misión imposible probar de manera fehaciente el ánimo de ofender. Sobre todo porque nos situamos en terrenos enormemente personales, emocionales, muy subjetivos, ante los que los límites legales deben actuar con cautela. Si lleváramos al extremo el tipo penal de la ofensa, prácticamente eliminaríamos la libertad de expresión, porque cualquiera de nosotros con facilidad puede entender que una manifestación, del tipo que sea, ha herido nuestras convicciones que, insisto, pueden ser religiosas o no, por lo que carece de sentido proteger más a las primeras que al resto.

Sin duda, una consecuencia aún no superada de entender que las creencias religiosas, y solo ellas, son las que pueden  determinar el sustrato moral del individuo. En consecuencia, entiendo que el único límite que la libertad de expresión debería tener en un Estado constitucional es el derivado de la garantía de la igualdad y no discriminación. Es decir, lo que no deberíamos aceptar  en una sociedad democrática son las expresiones que discriminen o que inciten a la discriminación de personas o grupos, como tampoco aquellas que en su caso promuevan el odio y por tanto el no reconocimiento como iguales de quienes son diferentes. Ese debería ser el único límite efectivo de cualquier derecho y por tanto también de la libertad religiosa. Todo lo demás, incluidas las expresiones críticas, irónicas y humorísticas que incidan en las convicciones propias o de los demás, debería entenderse como pieza esencial de un régimen basado en el pluralismo y apoyado, se supone, en la secularización de una sociedad en la que deben fluir ideas y pensamientos en cuanto que somos seres dotados de razón y de conciencia. Una sociedad en la que lo único sagrado debería ser el respeto  a la igual dignidad de todos y de todas y, por tanto, de todos los derechos que hacen de cada uno de nosotros un individuo con voz propia y con capacidad de disentir.

Difícilmente traduciremos en hechos este paradigma si olvidamos que sin la suma de igualdad, laicismo y justicia social la democracia deviene imposible.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/12252/los-limites-de-la-libertad-de-expresion/

España se somete al examen de la ONU sobre derechos humanos

Los países miembros interrogarán este miércoles a España sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, el trato a los inmigrantes o la limitación de la Justicia Universal. 

Protestas contra la 'ley Mordaza' en Madrid. AFP

Protestas contra la ‘ley Mordaza’ en Madrid. AFP

MADRID. -España ha firmado gran parte de los tratados y convenios internacionales referentes a derechos humanos, pero ¿Está cumpliendo realmente con sus obligaciones y compromisos? Esto es lo que pretende averiguar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este miércoles somete a España al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación por la que deben pasar todos los Estados miembros para rendir cuentas sobre esta materia cada cuatro años.

Durante aproximadamente tres horas y media, España deberá contestar en Ginebra a las preguntas de los otros 191 países miembros, que elaboran su interrogatorio a partir de la información proporcionada por los informes del propio Gobierno español, las instituciones y organismos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. En un informe que no se hará público hasta el viernes, cada país expondrá sus recomendaciones, que España es libre de aceptar o no.

Aunque la mayoría de las preguntas que los diferentes países harán a España todavía se desconocen, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho públicas las cuestiones del interrogatorio que algunos de los Estados ya han dirigido por adelantado.

Las preguntas versarán sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, inmigración o violencia de género

Llama la atención el interés sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ‘ley Mordaza’, que es puesta en entredicho, por ejemplo, por República Checa, Noruega, Suecia y Reino Unido. Este último país, en concreto, elabora la siguiente pregunta: “Por favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones menores?”

Otra pregunta frecuente, al menos entre los países que las han adelantado (siete hasta el momento) se refiere a cuestiones de violencia de género o inmigración, enfocado sobre todo a la implementación del Real Decreto Ley 16/2012 que limita la asistencia sanitaria a los extranjeros.

“¿Las autoridades aseguran que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos por parte de detenidos o de inmigrantes ilegales están sujetas a una investigación imparcial y que los migrantes en situación irregular tienen acceso a servicios de salud bajo la ley española?”, pregunta Holanda.

Según los documentos publicados por la Oficina del Alto Comisionado, también habrá preguntas a la limitación del Gobierno a la Justicia Universal, por el que muchos crímenes internacionales ya no podrán ser perseguidos desde instancias españolas.

Muchas de estas preguntas caminan en la línea de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país, que con motivo del Examen Periódico Universal denuncian vulneraciones reiteradas, sobre todo en materia de inmigración, sanidad, torturas y desapariciones, libertad de expresión y reunión o en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

“España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, asegura Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional que ha acudido a Ginebra y estará presente durante el interrogatorio.

Es la segunda vez que España se somete al examen. En 2010, aceptó 98 de las 120 recomendaciones.

Además de Amnistía, otras organizaciones de derechos humanos como Médicos del Mundo, Center for Economic and Social Rights y la Red Acoge ponen el acento en la merma de derechos que ha supuesto la aprobación de la reforma sanitaria y “la imposición” de otras políticas de austeridad que, aseguran “ha puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables”, sobre todos los de la infancia.

Eslovenia, por ejemplo, se hace eco de estas cuestiones y preguntará a España sobre qué servicios básicos de salud siguen disponibles de forma gratuita para los niños son cobertura médica y si existe garantía de que los niños migrantes en situación irregular serán atendidos en la sanidad básica gratuita.

Recomendaciones incumplidas

Esta es la segunda vez que España se somete al Examen Periódico Universal. La primera lo hizo en 2010, cuando aceptó 98 de las 128 recomendaciones formuladas por otros Estados, aunque Amnistía denuncia que algunas no se han aplicado.

En aquella ocasión, 17 países hicieron recomendaciones a España en relación a la tortura y otros malos tratos, 8 pusieron el foco en la violencia contra las mujeres y hubo 25 recomendaciones relativas al racismo y la discriminación de las personas migrantes. Amnistía denuncia que España, pese a haber aceptado casi todas de ellas, sigue en muchos casos sin cumplirlas o sin implementar medidas para mejorar la situación.

Cambiamos de año, pero no de injusticias.

Acabó el 2014 con sombras y luces.

Sombras porque ha sido un año de menos actividad en el blog, me ha pillado con menos entusiasmo por publicar, lo que por supuesto se ha traducido en un descenso de visitas, poco más de 11.000 en comparación de las más de 26.000 de los años 2011 y 2012.

Siguen teniendo visitantes las noticias sobre bebés robados a pesar de ser antiguas y ante eso debo aclarar que no es un tema ante el que pase sino que, así como antes había que dar a conocer esa lucha por los derechos de madres e hijos, ahora pienso que, aunque no solucionado, al menos esa lucha todavía dura está ya suficientemente canalizada como para poder acudir a asociaciones sobre bebés robados, presentes en cualquier provincia, que son las plataformas unificadas para seguir luchando por conseguir que se reconozcan sus derechos y lograr llegar a la verdad y en determinadas ocasiones al feliz encuentro tan anhelado.

Año también de algunas luces, pequeños triunfos o satisfacciones simbólicas como son el haber sobrepasado las 100.000 visitas al blog o la nominación con el Premio Dardos, premio otorgado por otros blogueros para dar un empujoncito, un premio más que de reconocimiento de cariño y de apoyo a la labor de mantener un blog. Fue Loretta Maio quien me lo adjudicó, autora del blog del mismo nombre, excelente bloguera y mejor persona, atenta y cariñosa, blog que sigo y que recomiendo visitéis.

Dicho premio lleva aparejadas unas condiciones como son nombrar al blog que me lo concedió, cosa que hago ahora (https://lorettamaio.wordpress.com/) y nominar a otros blogs merecedores de dicho premio, dicen que 10, pero es una condición que no voy a cumplir dado que no acostumbro a seguir cadenas de este u otros tipos.

Hay blogs merecedores de ese y mayores premios pero por una parte los de temática parecida a la este blog, denuncia de injusticias y defensa de derechos humanos, pienso que estos premios no entran en su filosofía y otros preciosos blogs que sigo personalmente, de poesía, literatura y otros temas relajantes, remansos dentro de este mundo tan injusto, al ser la temática tan diferente a esta, tampoco me parece que deba inmiscuirlos o compremeterlos con mis nominaciones, aparte de que ya la mayoría de ellos cuenta con este y otros más importantes premios.

Agradezco en el alma este detalle de ánimo, apoyo y cariño por parte de Loretta y confío en que no se moleste por no seguir dicha cadena.

Por distintas circunstancias acabé el año 2014 con intención de no continuar con el blog pero por el momento continuaré denunciando atropellos e injusticias y apoyando las luchas por los derechos de personas, colectivos o pueblos, tristemente cada vez más oprimidos y reprimidos por los poderosos e incluso los propios gobiernos.

Lamentablemente en lugar de avanzar en el bienestar, en el reconocimiento de derechos y ayuda a los menos favorecidos, cada vez hay más injusticias, más opresión y más violencia contra los humildes, el pueblo llano, los desfavorecidos, cada vez más despotismo y más avaricia y ambición por parte de los poderosos, los que precisamente tienen los medios para que el mundo juese más justo y la vida mejor, y todo esto sin distinción de razas ni de países.

En lugar de lograr la igualdad en derechos y bienestar, es en las injusticias y la represión donde parece no haber discriminaciones en cuanto a ser víctimas aunque sí que las hay en la intensidad de esa represión, mucho mayor hacia las mujeres, hacia los pueblos indígenas y hacia los más desprotegidos.

Con razón dicen que “las serpientes muerden los pies descalzos” y esas serpientes cada día aumentan y son más agresivas y únicamente todos los pueblos unidos podremos eliminar o neutralizar.

A pesar de todo esto deseo a todos un feliz año 2015, que logréis mejorar vuestra vida y conseguir lo que deseáis y os animo a poner cada uno su parte para lograr un mundo mejor.

Más culpables y otros daños colaterales

Lidia Falcón
09 ene 2015

En recuerdo y homenaje a los compañeros asesinados en Charlie Hebdo

Son unos monstruos los que han asesinado a los periodistas y el policía en la sede del semanario Charlie Hebdo (por cierto, ¿no había ninguna mujer en el consejo de redacción de la revista?). Son unos monstruos formados en las horribles enseñanzas de los fundamentalistas islámicos y no hay palabras para describir la conmoción, la tristeza y el espanto que nos embarga. Pero lo más terrible es que estas eran unas muertes anunciadas.

Y no sólo porque los periodistas de la publicación estaban condenados  por los ayatolás desde hacía tiempo y tanto el Ministerio del Interior francés como la policía lo sabían perfectamente, por eso disfrutaban de “protección” permanente, sino porque a partir de 1979 el “Occidente” democrático ha incubado, alentado y financiado a los  talibanes, los muyahidines, los ayatolás o las madrasas (escuelas) integristas, creando un movimiento islámico destructor de toda civilización que ahora no pueden controlar.

Afganistán fue la última trinchera, la última confrontación bélica de la Guerra Fría. La guerra de Occidente contra ese país comenzó en 1978, cuando se produjo la Revolución de Saur, que hizo de Afganistán un Estado Socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos inició la operación Ciclón en el contexto de la Guerra Fría, suministrando armas y una amplia financiación a los rebeldes islámicos muyahidines que desestabilizaron el país hasta tal punto que menos de un año después el Consejo Revolucionario solicitó la intervención del Ejército Soviético. Las fuerzas soviéticas intentaron, en los diez años que duró su presencia en el país, modernizar una sociedad que comenzaba a evolucionar hacia la igualdad social, económica y sexual. Pero ni el gobierno de Estados Unidos ni el del Reino Unido, con el apoyo explícito de los demás gobiernos europeos, iba a permitir que en la frontera de Pakistán, donde estaban instalados los misiles de largo alcance de la OTAN,  se instaurase un gobierno socialista. La intervención soviética indujo inmediatamente a rebelarse a los guerrilleros muyahidines. EEUU, Israel, Pakistán y Arabia Saudí financiaron y armaron a las más salvajes tribus afganas contra el gobierno soviético. Que la mayoría de la población afgana no estaba contra el poder soviético lo demuestra el hecho de que a pesar de la ingente cantidad de recursos que invirtieron esos países en alentar la sublevación popular no se produjo en diez años ningún brote de la misma. Es bueno leer la novela del escritor estadounidense de origen afgano Khaled Hosseini, Mil Soles Espléndidos, donde describe el avance pacífico que habían experimentado las mujeres y los trabajadores bajo la protección soviética y el horror que se implanta más tarde con la dictadura de los talibanes.

Pero la derrota de las tropas soviéticas no concluyó la guerra. Ni en Afganistán ni en el resto del mundo. Era preciso acabar con todos los países socialistas. El desastre de Yugoslavia vino más tarde. Y los gobiernos democráticos de las potencias occidentales que se felicitaron por la caída del Muro de Berlín y auguraron el “fin de la historia” no fueron tan listos para comprender y predecir que habían incubado los nidos de mil serpientes. Pero tampoco creo que les importe mucho. En realidad, de los desastres de la guerra las oligarquías, a las que sirven esos gobiernos, que controlan los negocios del armamento y de la reconstrucción siempre salen ganando. Organizaron las invasiones de Afganistán e Irak y han dejado esos países destrozados, después de un millón de muertos, y a las tribus más salvajes enfrentadas entre sí. Las primaveras árabes se convirtieron en el caos egipcio y en las guerras de Libia y de Siria, promovidas por los mismos poderes estadounidenses, para cortar todo avance de los movimientos obreros de esos países. Siempre está antes alimentar el monstruo fanático religioso que permitir la instauración del socialismo.

De ese modo, desde la década de los noventa, comenzó el horror que estamos sufriendo. Todos. Los cristianos y los musulmanes, los ciudadanos de países occidentales y los de los países orientales. Mucho más sufrimiento es el de los países africanos como Nigeria o Yemen y por supuesto Afganistán, cuyo tormento es inacabable, e Irak, Irán, Libia, Siria. Se trata de aniquilar cualquier  movimiento socialista, de hundir el posible poderío de naciones no alineadas con Israel y Estados Unidos, y de abandonar a su suerte a las desgraciadas poblaciones de esos países, especialmente a las mujeres.

Ellas son las principales afectadas, dado el odio que sienten esos fanáticos contra las mujeres, que, en todo caso, para el Departamento de Estado de EEUU y los demás compinches europeos no constituyen más que daños colaterales.

Nunca en el último siglo, incluso desde finales del XIX, las mujeres musulmanas han sido tan maltratadas, tan despreciadas, tan humilladas, tan odiadas por sus propios hombres: padres, maridos, hijos, hermanos, compatriotas. Un corresponsal español en la guerra de Afganistán comentaba: “Estos hombres no tienen madre, ni esposa, ni amantes, ni hermanas, ni hijas, ni amigas. Únicamente enemigas”.

En los años setenta, cuando Vietnam estaba a punto de derrotar al imperio americano y las revoluciones socialistas se sucedían, en Marruecos, en Argelia, en Egipto, en Irak, en Irán, en Siria, en Libia, en Afganistán, la mayoría de las mujeres vestían faldas cortas, llevaban los cabellos al aire y ocupaban muchos puestos de trabajo. Es patético verlas ahora envueltas en largas túnicas, tapándose el pelo y hasta la cara como si fueran leprosas y apartadas de todo escenario público. En Siria, en Jordania ninguna mujer es dependienta de comercio, hasta la ropa interior de señora la venden los hombres.

La derrota de los intentos socialistas ha conllevado la masacre de las mujeres, que aumenta día a día. Las normas del más salvaje patriarcado se han impuesto. En el norte de Nigeria se las lapida por adulterio y los asesinos del Estado Islámico secuestran niñas por centenares para adjudicárselas como esposas a los combatientes;  en Arabia Saudí  no tienen consideración de ciudadanas y por tanto no pueden conducir automóviles ni trabajar; se las persigue en Irán como apestadas por no llevar velo o vestir trajes “poco decentes”; se las casa a los diez años en Yemen, y en todo oriente, incluyendo Pakistán y Bangladesh, se impone la poligamia y el matrimonio eventual, una manera de llamar los islamistas a la esclavitud sexual. Se las mutila sexualmente, se las vende como ganado, se las mata por cualquier motivo: en India para cobrar la dote de otra esposa. Hace unos días, en Yemen, un padre había acusado de adulterio a su hija de DIEZ años, y para averiguar quién era su amante la torturó durante horas, hasta que como la niña lo negaba le pegó dos tiros en la cabeza. Las asociaciones de Derechos Humanos, la ONU y organizaciones feministas explican que la miseria, los desplazamientos de población ocasionados por las guerras, los campamentos de refugiados donde se hacinan en condiciones infrahumanas millones de huidos de sus países natales han hecho proliferar la venta de niñas y muchachas para la prostitución y el trabajo esclavo, las violaciones, los raptos y la explotación más inhumana.

La lucha que el Movimiento Feminista ha desarrollado, ¡con tanto esfuerzo!, durante más de doscientos años ha fracasado trágicamente en esas áreas del planeta. Hasta en la que fue avanzada Turquía, ese presidente Erdogan que los gobernantes occidentales veneran llamándole islamista moderado, porque es el principal aliado de la OTAN en la zona,  está imponiendo cada vez más las normas musulmanas. Afirmaba incluso hace poco que la principal tarea de  las mujeres era la maternidad, y que no deben de reírse en público.  Las mujeres del Medio Oriente y de India, Pakistán,  Bangladesh y los países africanos, donde triunfa el fundamentalismo islámico, están abandonadas a su maldita suerte en las manos de los criminales de sus hombres. Esos que no tienen ni madre, ni amigas, ni hermanas, ni amantes, ni hijas, sino únicamente enemigas.

Pero ningún gobierno de los países democráticos considera que hay que defenderlas,  como se hizo contra el apartheid con la población de raza negra en el caso de Sudáfrica, estableciendo las sanciones que utilizan contra otros países cuando les conviene apropiarse de su petróleo o de su gas, o intentan acabar con el régimen socialista como en Cuba.

El triunfo del islamismo sobre los movimientos socialistas significa, entre otros horrores, la masacre de las mujeres. Y las guerras que se suceden en varios continentes. Esas guerras que desencadenaron los gobernantes de los principales países “democráticos” occidentales, para defender sus intereses económicos, porque se desarrollan lejos de sus metrópolis —ya no quieren enfrentarse entre sí para que se repitan los bombardeos sobre Berlín,  París y Londres—  y que ahora van a dirimirse en sus propios territorios.

Pero para  los gobernantes que dirigen los países al servicio del capital está bien, porque con el auge del terrorismo no solo eliminan a enemigos molestos como los políticos de izquierda, los dirigentes sindicales, las activistas feministas, sino que provocan el rechazo a los musulmanes en sus propios países. El atentado contra Charlie Hebdo atizará los odios populares contra los inmigrantes, dará argumentos al FN en Francia y a los nazis en otros países europeos para ganar más votos, facilitará el giro a la ultra derecha a los partidos de derecha que son llamados de centro, enconará las rivalidades entre los trabajadores de la misma región y del mismo pueblo y permitirá acentuar la represión contra todo movimiento en defensa de los derechos humanos. El terrorismo, como decía Lenin, da argumentos al poder para arrasar las organizaciones de izquierda de todo tipo: vecinales, sindicales, de mujeres, de estudiantes. La represión se desencadenará con enorme fiereza y los cuerpos de policía y  la judicatura tendrán carta blanca para detener indiscriminadamente, torturar y condenar a toda persona no ya sospechosa, sino simplemente indeseable en la moderna y blanca Francia, y esa ofensiva será acogida con agrado por la mayoría de la población que odia lo extranjero. Hay que saber, para los que claman contra la islamización del país, que Francia tiene sesenta millones de habitantes y únicamente cinco son musulmanes.

Lo peor de todo es que aunque los culpables son más que los fanáticos del Estado Islámico, las víctimas no son ni el presidente de los Estados Unidos ni el del gobierno del Reino Unido ni el de la República francesa. Sino las mujeres, los trabajadores, los pueblos  y los periodistas, inmolados en las hogueras de los incendios que han provocado los que cada día presumen de defender los valores democráticos.

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/01/09/mas-culpables-y-otros-danos-colaterales/

ECUADOR ¿Qué significa el desalojo de la CONAIE para las luchas de un mundo en común?

Reacción comunitaria al intento de desalojo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento social responsable de la caída de dos presidentes neoliberales.

 22/12/14

Momento de la movilización del año 2000, que tumbó al presidente neoliberal Jamil Mahuad. / Icci

“Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio no cumple ninguna función social”[1]

Cuando leemos estas palabras pareciera ser que se trata de una orden de desalojo a cualquier ciudadan@ que es víctima de la crisis financiera en España[2]. Pero ésta orden tiene lugar en Ecuador, viene ni más ni menos que del Ministerio de la Inclusión Social del gobierno de Rafael Correa, que busca expulsar de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-.

Esta ordenanza representa una de las más grandes agresiones contra las sociedades indígenas del Ecuador y contra el movimiento indígena en Latinoamérica. Jorge Herrera el presidente de la CONAIE lo analiza de la siguiente forma: “ Es por nuestra postura crítica a la ley de Tierras, a la ley del Agua, a la extracción minera”[3].

Siguiendo el análisis de Herrera y conociendo sobre las luchas que actualmente despliega la CONAIE contra esas leyes, que buscan sentar las condiciones para la profundización del despojo de las tierras de las comunidades es preciso hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ordenar que la CONAIE desaloje la sede que ocupa desde 1991? Claramente, ésta es una agresión directa contras las luchas de las nacionalidades indígenas.

La CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas

Porque por muchos años la CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas del Ecuador han sido un referente continental de la capacidad de las comunidades indígenas en los momentos de rebelión y eso mucho nos enseñado a las jóvenes generaciones indígenas en varios lugares del mundo.

Junto a este movimiento, con sus análisis, sus actores y actoras hemos aprendido de la potencia disruptora que tienen las comunidades indígenas cuando interpelan e impugnan el orden de dominación colonial que sigue vivo en Latinoamérica. De esa forma nos enseñaron que la lucha política es por la dignidad, por la vida. Nunca por las armas y por la muerte.

Esta organización se ha solidarizado con el pueblo palestino, cuando ha sido bombardeado por Israel; también han echo notar su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México, y así innumerables actos de apoyo y solidaridad con las luchas en el mundo, seguramente, de no estar enredados en este acto de desalojo, se solidarizarían con las miles de personas desalojados hoy día en España.

Por eso ésta orden de desalojo, es una agresión contra las luchas políticas por la vida en común. Como dice Nina Pacari: “La resistencia no es sólo por la casa, es por la defensa de un proceso histórico que ha luchado contra la agresión, la privatización y contra los Tratados de Libre Comercio.”

NOTAS

Gladys Tzul Tzul:  K’iche’ de Guatemala, ingrante de la Comunidad de Estudios Mayas, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participa en el área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, reside en Alemania donde realiza una estancia en la Universidad de Gissen, Frankfurt. Realizó una estancia doctoral en el Ecuador que tenian como objetivo documentar los levantamientos indígenas de la década de los 90, ahí estaba adscrita al Centro de Investigación de Movimientos   Indígenas del Ecuador. –CEDIME- y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, -FLACSO-

[1] Tomado de Pueblos en Camino. http://www.pueblosencamino.org/index.php/component/allvideoshare/video/l…. Consultado el 15 de diciembre de 2014.

[2] En estos días he conocido a varias mujeres y hombres que han sido desalojados de sus hogares en Madrid. Según los registros en lo que va del año se han realizado 8.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014. Tomado de http://afectadosporlahipoteca.com/2014/10/10/los-datos-del-cgpj-confirma…

[3] Tomado de: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/12/15/presidente-conaie-no-…

https://www.diagonalperiodico.net/global/25151-significa-desalojo-la-conaie-para-luchas-mundo-comun.html

México – Cada hora desaparecen en el país de 9 a 10 niños

Hidalgo
El Sol de Hidalgo,16 de diciembre de 2014

Por Alejandro Colón

Pachuca, Hidalgo.- Alrededor de 500,000 niños han desaparecido en los últimos seis años en México; es decir, entre nueve y 10 cada hora, de los cuales 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad y casi dos terceras partes son del sexo femenino, de acuerdo a distintas agrupaciones, reveló el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Francisco Coronato Rodríguez.

Sin embargo, el legislador de Movimiento Ciudadano puntualizó que en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos, pues los datos de las instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles difieren mucho en sus estimaciones.

En tal sentido, Coronato Rodríguez refirió que el Senado de la República ha difundido que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150,000, esto es, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.

En contraste, el portal de la Procuraduría General de la República (PGR) solo documenta a la fecha los casos de 1,385 niños robados o desaparecidos. Este último dato “demuestra falta de voluntad por parte del gobierno para resolver un problema que ya rebasó, por mucho, a las instituciones encargadas de la seguridad del país”, consideró.

Dado que en México no existe una base de datos oficial que indique la cantidad y mucho menos la identidad de los menores cuyo paradero se desconoce, o que compile las investigaciones relativas al fenómeno, el diputado federal promueve una iniciativa para expedir la Ley General que crea el Sistema Nacional del Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos.

También integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Coronato Rodríguez afirmó que la ausencia de una base de datos eficaz de esta naturaleza, que permita a las autoridades competentes recabar y almacenar los datos de los menores desaparecidos, ha provocado que este grave delito pase inadvertido, “dejando en el olvido tanto la identidad como el dolor de los familiares de las víctimas”.

Asimismo, se contaría, por obligación, con una base de datos de ADN de los menores desaparecidos, además de que permitirá a sus familiares tener la certeza de que la información al respecto será únicamente para la localización de los niños.

Coronato destacó que la misma PGR calculó, en 2009, que anualmente desaparecen 45,000 menores de edad, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, las entidades donde se registra el mayor número de casos. Abundó que se estima que los infantes terminan en Estados Unidos y Canadá, donde se llegan a pagar hasta 50,000 dólares por ellos.

No contar con una base de datos oficial, aseguró el diputado, resulta paradójico, ya que el delito de trata de personas, sea para explotación sexual, de trabajo o extracción de órganos, representa el segundo ilícito más lucrativo en el mundo, solo debajo del narcotráfico, pues se estima que tiene ganancias de 32,000 millones de dólares al año.

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