Martín Pallín: “En la judicatura española prima la cultura de la autoridad frente a la de servidores públicos”

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín.

El sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes o los crímenes franquistas, son sólo algunos de los temas tratados.

03.10.2014 · Patricia Simón

José Antonio Martín Pallín durante la entrevista (P. S.)

Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín. Nacido en 1936, este ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue durante la dictadura franquista uno de los fundadores de la organización clandestina “Justicia Democrática”. Ya entrada la democracia, desempeñó la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Unión Progresista de Fiscales, así como la portavocía de Jueces por la Democracia. Retirado de la magistratura desde 2006, es colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas.

Invitado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a impartir una conferencia en Gijón, conversamos con él sobre el legado de Gallardón en la Administración de Justicia, el sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes y los crímenes franquistas, entre otros asuntos.

Periodismo Humano. El periodo de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia será recordado por su fallido intento de reforma de la Ley del aborto, ensombreciendo la gravedad de otras medidas como el encarecimiento de las tasas judiciales que logró mucha menos atención entre la opinión pública y que el nuevo ministro ya ha avanzado que será reformada. El encarecimiento del acceso a la justicia lo ha alejado de su concepción como derecho, facilitando que sean las clases privilegiadas las que tengan más posibilidades de defenderse y grandes sectores de la población desamparados. El ministro Gallardón amparaba esta medida en el desincentivo del abuso de las demandas y agilizar así el funcionamiento de la Administración de la Justicia. En nuestra anterior entrevista usted apuntaba algunos de los grandes obstáculos para esta Administración: un sistema basado en el papel, el abuso de los recursos, la deficiente cultura del ejercicio de la demanda civil colectiva… Según su criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que debería emprender el sistema judicial español?

Martín Pallín. Efectivamente me sorprende que en el caso de ministro Gallardón se haya centrado la atención en lo relativo a la Ley del aborto. Cualquier decisión sobre el aborto es de gobierno e incluso, de partido puesto que tiene una carga ideológica muy importante. Sin embargo, un ministro de Justicia, como de Fomento, tiene competencias específicas y para mí en este caso lo más desastroso, con diferencia, han sido sus leyes que tratan de estructurar la Administración de Justicia. La ley de tasas es absolutamente desproporcionada, hace añicos el principio constitucional del acceso a la justicia. Y nadie se ha rebelado contra ello. Quizá es muchísimo más grave en cuanto a la incidencia en el conjunto de la ciudadanía que la Ley del aborto. La regulación del Consejo del Poder Judicial, que ha sido deficiente en todos los gobiernos, ya la ha terminado de rematar con la creación de vocales permanentes, que en cualquier estructura se hacen con el poder, y transitorios, condenados a la inestabilidad. La jurisdicción universal la ha lapidado por completo y, paradójicamente, gracias a ello Rajoy ha podido ir a China. Parece que ahí le salió mal el cálculo. O bien, si se mira sólo desde el punto de vista de los negocios. En realidad, su periodo al frente del Ministerio de Justicia ha sido un desastre total. Tampoco ha sacado adelante una reforma de nuestras leyes procesales, y especialmente el penal no puede seguir así. No pueden haber causas que duren cinco o seis años, como la Gürtel o el caso Malaya. Esto es único en el mundo. No hay ningún país democrático y civilizado que tenga un proceso que dure diez años, que tenga doscientos acusados y que el juicio oral dure dos años. ¡Los juicios de Nuremberg duraron seis meses!

  1. Pero precisamente esta Ley de Tasas se presentó como una vía para agilizar la Administración de la Justicia. ¿Qué otras reformas considera urgentes para acabar con estos procesos eternos y que la justicia no pierda su valor ejemplarizante?
  2. P. Lo de agilizar parece una broma de mal gusto, sobre todo cuando se manejan estadísticas falsas y poniendo siempre como modelo a Francia argumentando que con 70 millones de habitantes tiene menos procesos, lo cual es absolutamente falso. En Francia sólo puede ejercitar la acción penal el Ministerio Fiscal. En España hemos visto cómo la ejerce Manos Limpias o cualquier espóntaneo que salte al ruedo. Por supuesto no tengo nada que objetar en que la puedan llevar a cabo los perjudicados por un delito. Pero es que ya lo dijeron los constituyentes: los procesos deben ser orales, especialmente en el ámbito penal, y no se puede seguir haciendo procesos con cientos de miles de papeles. El caso Malaya tiene más de un millón de papeles. Eso lo cuenta uno en otros países y se quedan a cuadros.
  3. En varias intervenciones en medios de comunicación, ha alertado sobre el riesgo de que la jueza Alaya, encargada de la investigación de los ERES de la Junta de Andalucía, estuviera confundiendo la investigación de unos supuestos casos fraudulentos de concesión de subvenciones con la criminalización del poder legislativo que aprobó las leyes andaluzas y, por ende, al partido socialista. Ha hablado del riesgo de que vayamos hacia un gobierno de los jueces. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos para avanzar en la separación de poderes?
  4. P.Eso me preocupa institucionalmente y he aplicado esta misma teoría cuando se me han presentado querellas contra ministros del Partido Popular. No podemos meternos en terrenos estrictamente políticos. Los ERES han manejado unos 700 millones y parece que han llegado a sus destinos legítimos seiscientos y pico. Parece que alguien ha metido la mano en la caja y sobre esto no tengo nada que objetar a la actitud de la jueza instructora, sea Alaya o quien sea. Ahora, pretender criminalizar un gobierno o votaciones de un Parlamento que apoya unas transferencias que según la jueza son ilícitas cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía dice que son inadecuadas… La cantidad de Parlamentos que habrán adoptado decisiones inadecuadas. Además está la paradoja de que esas transferencias fueron aprobadas con los votos favorables del PP y de IU, incluso con enmiedas que pedían que se destinarán más fondos. Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental.
  1. Los crímenes franquistas de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. El reciente informe del Relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha sido especialmente duro en este sentido con el Estado español y le exige al gobierno que los investigue, mientras éste sigue haciendo oídos sordos.  ¿Le queda otra salida a la ciudadanía para que se haga justicia que acudir a tribunales en otros países o a supranacionales como el Europeo de Derechos Humanos?
  2. P. En Estrasburgo se ha intentado pero este tribunal ha salido con una cinta política, no jurídica, diciendo que era un problema de España. Así que veo muy pocas posibilidades. Veo muy bien también que en Argentina se esté abordando estos crímenes, pero yo que estoy muy metido en las Asociaciones de Memoria Histórica, les repito una y otra vez que no se hagan ilusiones porque tiene un recorrido simbólico y de ahí no va a pasar. Éste es un país que ha digerido con una facilidad pasmosa, quizás porque han sido cuarenta años, algo que es digno de un juicio de Nuremberg. De hecho, si los aliados en lugar de ir a Italia, hubieran venido por Gibraltar a España, Franco habría acabado como Mussolini. Pero la Historia es la Historia y no tiene sentido ponernos nostálgicos. Pero es que además en España hay mucha gente que no tiene conciencia de que fueran crímenes. Es más, hay muchos que siguen considerando que Franco fue un salvador frente al comunismo internacional.
  3. Entonces ¿sólo nos queda que la justicia se haga en los tribunales españoles?
  4. P. Por supuesto. Y creo que en algún momento tienen que ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico constitucional y los pactos internacionales firmados por España. Siempre recuerdo, y ya estoy cansado porque parezco un obseso, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece una excepción clarísima a la retroactividad de las normas penales lo firmó España en abril de 1977 y la Ley de Amnistía es de octubre de ese mismo año. Por tanto, esa Amnistía va en contra de un pacto internacional por razones puramente cronológicas. Pero somos un país muy peculiar.
  5. La carrera judicial requiere, como otras, muchos años de preparación lo que, a falta de becas, favorece que la mayoría de las personas que la integran durante décadas pertenecieran a clases privilegiadas económicamente y más conservadoras. Esto parecía que empezaba a cambiar con una clase media más amplia que podía apoyar a sus hijos e hijas en este largo periplo. Con esta larga crisis y el alto desempleo, la carrera judicial vuelve a ser inaccesible para la mayoría de los licenciados en Derecho. ¿Cómo afecta estos condicionantes y tener una magistratura mayoritariamente conservadora a un país?
  6. P. A mí me parece aberrante el sistema de selección: es un sistema que no existe en ningún país del mundo. Tampoco hace falta estudiar tanto: hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabralo consiguen porque es pura memoria… Conozco a compañeros que se estudiaban la mitad de los 500 temas e iban a jugársela a una carta. La generalidad de las personas tienen que invertir tres, cuatro o cinco años encerrados en su casa ocho o diez horas, repetir como loritos ante elpreparador los temas y tener suerte al sacar las bolas. Eso efectivamente no se lo pueden permitir todas las familias. Pero el problema del conservadurismo viene más bien de la falta de controles democráticos durante la formación. El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos. Entonces, ¿por qué vamos a ser una excepción?

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Casi 900.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en España

Escrito por  Kaos. Derechos Humanos

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña ha alertado este martes de que un total de 873.000 personas han perdido en España el derecho a la asistencia sanitaria en los últimos dos años, después de que en 2012 entrara en vigor el decreto 16/2012, ha informado la entidad en un manifiesto, que recoge cifras del Gobierno.

Agencias

El decreto, llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vinculó la asistencia sanitaria a la condición administrativa del asegurado, restringió ciertas prestaciones y aumentó la carga directa para las personas.

En el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, el Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales catalanas, exige la derogación de esta norma y pide la elaboración de una nueva ley de Sanidad que tenga un “amplio consenso” y garantice el acceso de todas las personas a la sanidad.

Advierte de que la población afectada es especialmente vulnerable y debería gozar de medidas de protección sociosanitarias, además de que es un colectivo que ha contribuido a su financiación mediante los impuestos.

También avisa de que la diferente aplicación del decreto en las comunidades autónomas y la disparidad de criterios por parte de los centros sanitarios “ha deteriorado aún más la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud“, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.

Ha detectado que en los supuestos en los que el decreto reconoce el derecho a la atención —embarazadas, menores y atención de urgencias— se han originado numerosos casos de desatención sin tomarse ninguna iniciativa para resolver los incumplimientos.

Además, han apuntado que al desplazar la atención a las urgencias se genera un retraso diagnóstico y el agravamiento de las patologías, lo que “supone un aumento del gasto sanitario para su atención”, y han recordado que medidas de exclusión similares en otros países han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que cuesta una atención inclusiva.

El manifiesto también recoge reclamos como la exigencia de compromisos de pago; mantener los programas de prevención vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles en sectores de población para evitar brotes epidémicos, y alerta de las desigualdades económicas y de género que genera.

Han recordado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos de organismos como la ONU y el Consejo de Europa, que han instado al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, y le han pedido que evalúe el impacto del decreto en términos de derechos humanos.

También recoge dos autos del Tribunal Constitucional (TC) que apela a la importancia singular en el marco constitucional del derecho a la salud, a la integridad física y a la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, lo que “no puede ser desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/96993-casi-900-000-personas-han-perdido-el-derecho-a-la-asistencia-sanitaria-en-espa%C3%B1a

Terrorismo económico mundial

29 septiembre 2014

Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España

Un fuerte discurso de la Presidente de la Argentina en la Asamblea de la ONU en Nueva York denunciando el terrorismo económico y la responsabilidad de la Justicia de EEUU en la impunidad de fondos especulativos constituye el dato relevante por estos días[1].

Aun cuando remitía a la situación de la Argentina y la sentencia del Juez Griesa condenando al país a cancelar el 100% de la deuda más intereses y multas a fondos de inversión estadounidenses denominados “fondos buitres”, el mensaje puede hacerse extensivo al conjunto de las operaciones “normales” de un sistema financiero mundial sustentado en la valorización especulativa y el delito asociado a la compra venta de armas, la trata de personas o drogas, solo por mencionar los hechos más difundidos de la valorización capitalista contemporánea.

Antecedentes

No tiene que sorprender la caracterización realizada cuando la reestructuración regresiva del capitalismo argentino tiene antecedente en la dictadura genocida y terrorista del 1976, inspirada en las similares de Chile y Uruguay de 1973. Sin la violencia terrorista del Estado capitalista no hubiera existido la condición de posibilidad de las privatizaciones realizadas y consolidadas en tiempos constitucionales en la Argentina.

La institucionalidad regresiva del orden neoliberal mundial tiene origen en la violencia estatal de la articulación de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la democracia realmente existente asociada al orden capitalista. Por eso no debe sorprender la política de agresión imperialista contra cualquier país cuyas acciones parezcan limitar el interés de las potencias hegemónicas, en nuestros territorios, en oriente o donde sea.

El terrorismo de Estado favoreció el surgimiento de las políticas neoliberales, hegemónicas luego de cuatro décadas de violación a los derechos humanos en todo el mundo.

Liberalización o liberación

La crisis mundial convoca a discutir el orden capitalista y de hecho, la sociedad mundial está sometida a la presión por la liberalización o la liberación.

Ese programa por la liberalización está sustentado por los capitales hegemónicos, las corporaciones transnacionales, con la legitimidad de la Justicia de los países dominantes y aquella asociada a los organismos internacionales como el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dependiente del Banco Mundial.

Por su parte, la liberación es un proceso en curso, especialmente en los territorios, “nuestro-americanos”, con historia muy rica en luchas sociales, políticas y culturales. En estos años del nuevo Siglo se asociaron a la discusión por una nueva arquitectura financiera, que podría materializarse en la coyuntura, más allá de las fuertes denuncias internacionales y las solidaridades múltiples que recibe la Argentina, con medidas unilaterales como la suspensión de pagos de la deuda, y no solo la referida a los fondos buitres.

Medidas concretas

El nuevo orden mundial contra el terrorismo económico requiere de variadas batallas, entre ellas la modificación de la institucionalidad gestada bajo el terrorismo de Estado, lo que supone denunciar los tratados bilaterales de inversión y el conjunto de la institucionalidad favorable a la liberalización, entre ellas la pertenencia de la Argentina al CIADI.

Junto a ello, se requiere la profundización de la institucionalidad alternativa sugerida en la integración no subordinada que alienta el programa de la soberanía alimentaria contra la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biogenética; la soberanía sobre los bienes comunes contra las transnacionales mineras y de hidrocarburos; la soberanía financiera para administrar fondos soberanos y evitar su acumulación en los centros financieros del capitalismo global para el armamentismo y el delito en general.

Es una batalla que Argentina no puede llevar adelante en soledad y que las solidaridades receptadas en estos tiempos indican que existe espacio político, diplomático y social en la región y el mundo para renovar un proyecto de liberación contra la liberalización sostenida desde los sujetos de la dominación, los capitales transaccionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales.

El mundo capitalista en crisis demanda de iniciativas políticas de reorganización de las relaciones socio-económicas globales que pueden emerger del renovado conflicto que suscita el endeudamiento público y especialmente el conflicto de la Argentina con los especuladores y la Justicia y el orden prevalente en EEUU.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014

[1] Son terroristas los que desestabilizan la economía de un país”, aseguró la Presidenta ante la asamblea de las Naciones Unidas. Presidencia de la Nación Argentina. Miércoles, 24 de Septiembre de 2014

En: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27958-son-terroristas-los-que-desestabilizan-la-economia-de-un-pais-aseguro-la-presidenta-ante-la-asamblea-de-las-naciones-unidas-

 

http://juliogambina.blogspot.com.es/

España:Naciones Unidas crítica con el poder judicial español

Familiares de víctimas del franquismo. Protesta en Pamplona. 26 de enero de 2012. © AP Photo/Alvaro Barrientos

  • Amnistía Internacional participará hoy 10 de septiembre en el diálogo interactivo con el Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde presentará las preocupaciones de la organización.
  • Amnistía Internacional, junto a la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se dirigieron a diversas autoridades españolas demandando que cumpla con las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas

El Estado español no ha cumplido y continúa sin cumplir con sus obligaciones internacionales sobre desapariciones forzadas, y promoción de la verdad, justicia y reparación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta es una de las principales conclusiones de los informes publicados recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición publicados recientemente.

Ambos mecanismos de Naciones Unidas han coincidido en sus críticas al Poder Judicial; el Relator asegura que es la institución del Estado donde existen los mayores déficits en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante esa época.

Por su parte, el Grupo de trabajo destaca que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular, la interpretación judicial dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Igualmente alertan de que en la actualidad no existe ninguna investigación judicial efectiva sobre desapariciones forzadas, y observa cómo jueces, fiscales o policía no están presentes en las exhumaciones, lo que es considerado una omisión grave de parte de las autoridades judiciales.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en la que se concluye sobre la imposibilidad de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el Grupo de trabajo constata que a partir de dicha sentencia “prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó, ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas. Si bien esta situación ya existía con anterioridad, las decisiones del Tribunal Supremo dieron nuevos argumentos a los jueces inferiores para no avanzar en las causas judiciales”.

Las organizaciones firmantes se han hecho eco de además las siguientes preocupaciones expresada por los mecanismos de Naciones Unidas:

  • Falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal español, tal y como establece el derecho internacional.
  • La Ley de Amnistía 46/1977. Una vez más los mecanismos de Naciones Unidas alertan de que la ley de Amnistía es incompatible con las obligaciones internacionales adquiridas por España; asimismo destacan que no hay impedimentos en el sistema judicial para revisar o anular las disposiciones de la Ley que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales.
  • Jurisdicción universal y cooperación judicial con otros Estados. Ambos mecanismos se han referido, por un lado, a la reforma de la jurisdicción universal, y a las preocupaciones en torno a la no siempre adecuada colaboración por parte de España con la justicia de otros estados; en particular la argentina, donde se encuentra abierta una investigación por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y que adopten medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Información de contexto
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición han presentado informes relativos a sus visitas realizadas a España en septiembre de 2013 y enero-febrero de 2014, respectivamente. Dichos informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos durante su 27ª período de sesiones los días 10 y 12 de septiembre.

http://amnistiainternacional.periodismohumano.com/2014/09/10/espananaciones-unidas-critica-con-el-poder-judicial-espanol/

Hollman Morris: “Colombia se acerca rápidamente a firmar la paz y a partir de ese momento hay que hacer la paz”

Ha sufrido amenazas y exilio; dirige la televisión pública de Bogotá y los movimientos sociales sugieren su nombre para la Alcaldía

El periodista y comunicador colombiano, Hollman Morris. A.M.

Colombia es país en el que durante casi 60 años un conflicto armado ha producido 50.000 desaparecidos y casi cinco millones de desplazados y que ahora parece ver la luz gracias a un complejo proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese difícil escenario Hollman Morris, periodista, director de la emisora de televisión pública de Bogotá Canal Capital, mantiene un complejo pulso  en sus emisiones dedicadas a difundir los Derechos Humanos. Han sido doce años de amenazas de muerte que le obligaron a dos exilios. Su trayectoria ha llevado a una nutrida base social a proponer su nombre para las próximas elecciones municipales.

-¿Y usted que opina? 

-Me impresiona y no sé muy bien que pensar, yo soy periodista y estoy donde quiero estar informando sobre Derechos Humanos.

Apoyo social

En estas declaraciones a ELPLURAL.COM Hollman Morris se mostraba un tanto perplejo y a la vez emocionado. El aliento de intelectuales, artistas, de movimientos sociales y ciudadanos de toda condición a él y al modo de televisión que propugna le produce entusiasmo. En agosto, este apoyo se traducía en una carta que empezaba: “cuando aparece un ciudadano excepcional, puede identificársele por un signo: todos los necios se conjuran contra él”.

“Creador televisivo”

“A Hollman le pasa eso: aquellos que a diario, detrás de los micrófonos de las emisoras poderosas, derraman una locuacidad sesgada para volver gregarios a los oyentes, no soportan a un creador televisivo que hace sentir como Pedro por su casa, en las instalaciones de un canal público, a los afros, las víctimas, las mujeres, los indígenas, los LGBTI, los cineclubistas, los grafiteros, los artistas, los estudiantes contestones, los líderes inéditos de las causas más disímiles e ignoradas, en síntesis, la sociedad completa”, sintetizaba el escrito.

Doce años de amenaza

Hollman Morris lleva 20 años de profesión cubriendo para distintos medios el conflicto armado colombiano y cerca de doce recibiendo amenazas. De esta labor ha llevado entre otros reconocimientos internacionales, el premio Núremberg de Derechos Humanos. O el que concede International Rights.

La visión de las víctimas

El problema es el empeño de Morris en contar la historia desde la visión de las víctimas, no recurrir, como hace buena parte de los medios informativos de forma unilateral a la versión oficial  del Gobierno o del ejército  como únicas fuentes informativas, arruinando así la tarea esforzada de las fuerzas vivas para dar una imagen del país del tipo de “aquí no pasa nada”.

-Tuvo que exiliarse dos veces.

-La primera ocasión fue a España, donde nació mi hija. Tengo que dar las gracias, siempre a Amnistía Internacional España sin quienes mi vida hubiera sido otra. La segunda a Estados Unidos después de que mi familia sufriera un acoso psicológico terrible.

Una muñeca ensangrentada

En casa de Hollman las amenazas se recibían en forma de corona fúnebre, terror solo superado por  algo digno de la peor pesadilla, cuando su niña recibió a su nombre una muñeca ensangrentada.

Los ‛protectores’ espías

Sucedió también que el Gobierno  llegó a ponerle protección en el año 2000. En 2009, Hollman averiguó que los servicios de información tenían sus teléfonos pinchados. Los protectores le espiaban. A él y a una serie de personas a las que se había sometido a una persecución sistemática. En octubre de 2013, el proceso judicial abierto por esta causa fue declarado prescrito por la Corte Suprema de Colombia.

-Usted no ha olvidado y ha batallado ante los tribunales de su país por todo lo que han sufrido.

– Y voy a seguir peleando;  piense que estamos hablando de torturas sicológicas a todo un grupo familiar.

-¿Por qué volvió? Tenía su vida hecha en una prestigiosa Universidad estadounidense.

-Bueno, ocurre que el colombiano se diluye en el exilio pero yo me regresé y estoy ahí dirigiendo un Canal público de televisión.

-Que resume todo su trabajo desde que empezó en periodismo.

-Es la primera vez que en Colombia una televisión pública habla de Derechos humanos. Frente a las fuerzas dominantes que han sometido a los ciudadanos. Tengo el privilegio de servir a la cultura de paz desde un medio informativo.

“Narcoterrorista”, “proxeneta”…

Su tarea no ha sido –ni es-  tampoco fácil.  Lo cierto es que a Hollman le han llamado de todo. Primero fue la gravísima acusación del presidente Uribe que en una entrevista televisiva acusó al periodista de “vocero del narcoterrorismo”, porque entrevistó a un comandante guerrillero. Sus emisiones sobre el colectivo de gays y lesbianas ha llevado a algunos concejales a calificarle de “corrompido y proxeneta”.

Y la audiencia subiendo

La transmisión de un concierto de Paul McCartney le llevó a juicio de mano de la procuraduría por “despilfarrador”, aunque después fue absuelto. Sin embargo, la audiencia de Canal Capital ha ido subiendo a cotas inimaginables antes de que aceptara la gerencia del ente televisivo.

– ¿Cuánto durará Canal Capital en esta línea que usted ha iniciado?

– Durará tanto como los ciudadanos quieran defenderlo. Es una herramienta para la defensa de la sociedad. El que haya subido la audiencia es un signo del poder de los ciudadanos.

-¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir ese poder?

-Que Colombia un país complicado que busca la reconciliación.

– Usted asistió como periodista a las conversaciones de paz en La Habana. ¿Cuál es su impresión?

– Creo que Colombia se acerca rápidamente a firmar la paz y a partir de ese momento hay que hacer la paz.

-¿Y está preparado para la paz el país?

-Se necesita una gran campaña pedagógica para sacar adelante los acuerdos que se firmen. Si no hay un acompañamiento pedagógico, la desilusión puede ser mayor.

-¿Quienes se oponen?

-Los  sectores tradicionales del poder en Colombia que siempre han pensado solo en ellos y desean mantener a toda costa su poder local. El problema es la tenencia de tierras pero el Gobierno no ha dicho que haya que expropiar sino hacer un uso de las tierras baldías que se distribuirían. Lo que ocurre es que también se plantea una subida de impuestos a los terratenientes, que ahí se resisten.

-¿Y en cuanto a las FARC? ¿Qué perderían?

-También es complicado porque habrá penas de cárcel e incluso pueden pedir la extradición de algunos de ellos desde otros países.

-¿Qué necesita entonces  desde el punto de vista político Colombia para seguir adelante?

-Hay necesidad de nuevos liderazgos jóvenes en la política colombiana progresista, como está pasando aquí con el PSOE o con los nuevos movimientos sociales como Podemos que recogen las opiniones de la ciudadanía. En Colombia se plantea la necesidad de nuevos liderazgos.

-¿Qué hay de esa sugerencia de que usted sea uno de esos líderes?

-Mi trayectoria de vida, mi trayectoria profesional ha llevado a algunos a plantear que yo pueda asumir un nuevo liderazgo como alguien que desde lo social sabe gerenciar desde la cultura de paz. Esta idea surge de nuevas ciudadanías, de nuevos movimientos como por ejemplo los medio ambientales, o los sociales.

-¿Se presentaría usted?

-No estoy seguro de hacerlo.

http://www.elplural.com/2014/09/08/hollman-morris-colombia-se-acerca-rapidamente-a-firmar-la-paz-y-a-partir-de-ese-momento-hay-que-hacer-la-paz/

Argentina. Posadas: Policías de la comisaría XIII mataron a golpes a un albañil esposado

Escrito por  Llella de Misiones

Luego de ser reducido a golpes y esposado, Guirula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a la comisaria, distante a 20 cuadras, a donde llegó muerto.

 El sábado 19 de julio por la madrugada el albañil Carlos Guirula fue detenido por policías de la Comisaría XIII de Posadas en el interior de un motel, a pedido de los empleados del establecimiento que lo acusaban de escándalo. También se hicieron presentes uniformados del Comando Radioeléctrico. Luego de ser reducido a golpes y esposado, Guirula fue lanzado a la caja de la camioneta policial para ser llevado a la comisaria, distante a 20 cuadras, a donde llegó muerto.

Ese mismo día fueron detenidos 9 policías participantes del operativo en que se detuvo aGuirula, que contaron versiones diferentes de las circunstancias en las que el detenido resultó muerto. Días después se ordenó la captura de dos efectivos más. El teléfono celular de la víctima fue encontrado en poder de la oficialTabares quien hasta ahora es coincidentemente sindicada como la persona que con mayor saña golpeó aGuirula estando esposado.Las pericias practicadas posteriormente revelan que la causa de muerte fue la brutal paliza que recibió el albañil, que le provocaron el hundimiento del tórax, estallido de un pulmón y del bazo, además de presentar severos golpes en el cráneo y la zona lumbar. La saña con la que fue golpeado estando indefenso queda demostrada en la huellas de los borceguíes que le quedaron marcadas en la piel. Asimismo quedó en evidencia que los policías participantes habrían intentado borrar pruebas, y que habrían lavado la camioneta en la que se trasladó a la víctima, en la que igualmente se detectaron rastros de sangre.

Este nuevo caso de asesinato policial recuerda al de Hugo Miguel Wasyluk en el año 2010, quien fuera golpeado con saña, también encontrándose esposado e indefenso, por policías de Villa Bonita. Las gravísimas lesiones provocadas a Wasyluk lo llevaron a la muerte en la comisaria 1ra de Oberá.

En Misiones la policía provincial acumula casos de golpizas y torturas en su haber, que en varios casos culminaron con la muerte de la víctima. En muchos casos las muertes en celda se caratulan rápidamente como “suicidio”, siendo tal carátula la mayoría de las veces una sentencia anticipada de impunidad.

Es notable la sistematicidad con que esos casos, en los que las víctimas son personas que se encuentran bajo la guarda y responsabilidad del estado provincial, terminan rápidamente en la nada. En contados casos las comisarias fueron intervenidas y se anunció que el personal policial implicado habría sido puesto “a disponibilidad”, para que en unas semanas todo regrese a la “normalidad” o que esos mismos efectivos sean trasladados a otros puntos de la provincia a donde continúan con sus prácticas represivas.
Contados son los casos en que se abre un proceso penal en contra de los responsables, lo cual tampoco es garantía de justicia: hace años que en las muertes en manos de agentes del estado no se registra un solo condenado en la provincia.
Tampoco se dan a conocer medidas políticas que demuestren alguna preocupación por parte del gobierno provincial en poner fin a esta práctica de represión que tienen una larga lista de víctimas. Recordemos que la Policía de la Provincia es una institución vertical, cuyo Jefe político es el Ministro de Gobierno Jorge Franco, quien continúa al frente de su cartera a pesar de la gran cantidad de casos de violencia policial denunciados.

Agencia Para La Libertad, periodismo de intervención socialwww.agenciaparalalibertad.org

A través de Kaos en la red

El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de dinero público

Escrito por  … desde fuera de Palacio

«De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

Os recomiendo muy mucho la lectura del artículo «El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones», de Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella, publicado en el mientrastanto.e número 122, de marzo de 2014. En él se calcula que el coste del rescate bancario va a superar los 130.000 millones en pérdidas de dinero público.

Sólo quiero destacar las dos ideas básicas del texto. La primera es la denuncia de la política de opacidad, de ocultación de estas cifras, que están llevando a cabo los poderes públicos: el Ministerio de Economía, el Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), e incluso la Comisión Europea.

Una política de opacidad que se dirige contra los ciudadanos, para impedir que conozcamos el alcance real del rescate bancario. Esta política de opacidad pone de manifiesto el limitado concepto de democracia que manejan los poderes públicos.

La segunda idea es cómo el rescate bancario se ha convertido en un enorme instrumento de socialización de pérdidas privadas, lo que se ha llevado a cabo saqueando el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos. Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella consideran que hubiera sido mejor dejar quebrar a las entidades financieras que han sido rescatadas, ya que el rescate ha salido más caro a los ciudadanos.

Las dos ideas se resumen en su conclusión: «De lo que se trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El coste del rescate bancario: las cifras reales. De “ni un euro” a 130.000 millones.

http://fueradepalacio.wordpress.com/2014/03/10/el-rescate-bancario-nos-va-a-costar-mas-de-130-000-millones-de-euros-de-dinero-publico/

Cospedal consuma su pucherazo electoral

Ignacio Escolar | El Diario | 22/07/2014
Castilla-La Mancha aprueba bajar a 33 los diputados regionales tras cambiar la ley electoral

María Dolores de Cospedal en su escaño de las cortes de Castilla-La Mancha.

Un ejemplo práctico de esa regeneración que teoriza el Partido Popular: el pucherazo que acaba de aprobar en Castilla-La Mancha su secretaria general, un escándalo que tendría que indignar a cualquier ciudadano con el más mínimo respeto por la democracia, sea cual sea su color.

Es la segunda reforma electoral que aprueba De Cospedal en menos de dos años y las dos se han hecho para favorecer las perspectivas electorales del PP, ahora que las encuestas van mal. Primero aumentó los diputados autonómicos de 49 a 53, dando más escaños a las provincias donde el PP consigue más votos. Y ahora, como ni siquiera así tenía garantizado ganar, ha reducido los escaños hasta solo 33.

Que el nuevo diseño favorece claramente al PP no es una opinión: es un dato sencillo de demostrar. Hemos hecho una simulación tomando como base los resultados de las elecciones europeas (GRÄFICO). Hemos calculado cómo quedarían las Cortes de Castilla-La Mancha dependiendo de qué ley electoral se aplique. En las europeas, el PP fue la fuerza más votada en esta comunidad autónoma, pero solo consiguió el 37% de los votos. Con la reforma que aprobó la propia De Cospedal en 2012, el PP perdería la mayoría absoluta. Con su segunda reforma, la mantendría con comodidad.

Reparto de escaños en Castilla-La Mancha, según las dos leyes electorales que ha aprobado De Cospedal. Los datos de esta simulación toman como base el resultado de las europeas.

Reparto de escaños en Castilla-La Mancha, según las dos leyes electorales que ha aprobado De Cospedal. Los datos de esta simulación toman como base el resultado de las europeas.

La nueva ley electoral es tan radical que ha sido necesario modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y pasar ese cambio por el Congreso de los Diputados. Se ha aprobado sin el más mínimo consenso, sin pactar nada con nadie: ni con el PSOE ni con IU ni con UPyD. Es la primera vez en la historia democrática española que un estatuto autonómico se cambia unilateralmente y sin consenso, solo con los votos del PP.

El pucherazo es tan brutal que se podría dar el absurdo de que el PP sea la segunda fuerza en número de votos, pero consiga una mayoría absoluta en escaños incluso si logra apenas el 35% de las papeletas. Absolutamente toda la oposición sale trasquilada con una reforma que eleva el porcentaje de votos necesarios para obtener un escaño hasta unos límites antidemocráticos, que buscan dejar fuera a los partidos pequeños ahora que el voto de izquierda está dividido. En las provincias más pequeñas, como Cuenca o Guadalajara, hará falta un mínimo del 14% para poder conseguir representación parlamentaria. Con un umbral mínimo así, el PP no tendría un solo escaño ni en el parlamento vasco ni en el catalán.

Por si todo esto fuera poco, el PP se guarda otro as en la manga, no vaya a ser que ni siquiera así logren ganar. Hasta tres meses antes de las elecciones, no se sabrá exactamente cuántos escaños tiene cada provincia. De ese modo, Cospedal puede apretar aún más las tuercas si las cosas van mal, decidiendo de forma arbitraria –basta con un decreto ley– qué provincias tienen número par o impar de diputados. ¿La trampa? Que podrá dejar con un número impar solo aquellas provincias donde tengan la certeza de que van a ganar, aunque sea por un voto (Guadalajara es la candidata ideal). Como el número de escaños será tan bajo, hará falta una enorme ventaja, superior al 20% de los votos, para conseguir romper el empate en diputados en una provincia “par”.

El modelo completo es un traje a medida para el Partido Popular y la excusa para aplicarlo a apenas diez meses de las elecciones no puede ser más falaz. Dice María Dolores de Cospedal que lo hace en aras de la austeridad. Pero, ¿qué clase de “ahorro” supone reducir el número deunos diputados que ya no cobran sueldo? Solo uno: un recorte en democracia. Un hachazo a las urnas imposible de aceptar.

La media verdad del “y tú más”

Más allá de la “austeridad”, el PP argumenta que la reforma de María Dolores de Cospedal es legítima porque antes José María Barreda también cambió la ley electoral sin consenso. El argumento es falaz, no solo porque la suma de dos defectos nunca darán como resultado una virtud.

La reforma de Barreda consistió en dar un escaño más a Gualajara (de 7 a 8) y otro a Toledo (de 11 a 12). Guadalajara tenía entonces algo más población que Cuenca, pero un diputado menos. En cuanto a Toledo, tenía unos 100.000 ciudadanos más que Ciudad Real, pero el mismo número de escaños. Ambas modificaciones estaban justificadas por pura proporcionalidad, por los cambios demográficos que se habían producido desde que la anterior ley electoral había entrado en vigor, en 1986.

La reforma era políticamente criticable por una razón: porque todas las provincias quedaban en un número par de escaños, salvo Ciudad Real: casualmente, el gran feudo del PSOE. Pero el mayor número de escaños –49 entre cinco provincias– hacían que los efectos de las circunscripciones en número par fuesen mucho menos drásticos de lo que serán hoy.

Además, Barreda no aplicó esta reforma hasta después de validarla en las urnas. La anunció en 2007, unos meses antes de las autonómicas. Y como el PP se opuso, decidió no tocar la ley hasta después de ganar las elecciones con el anterior sistema electoral. Al menos Barreda no ocultó sus planes: anunció exactamente qué iba a hacer si ganaba. Solo aplicó su reforma después de vencer con la norma anterior y eso no impidió que en las siguientes elecciones autonómicas el PSOE perdiese el poder.

En 2007, la líder de la oposición era María Dolores de Cospedal. La hoy presidenta autonómica comparó entonces a Barreda con Hugo Chávez por su reforma electoral. Conviene recordar dos cosas: que Chávez, en 14 años como presidente de Velezuela, solo puso en marcha un cambio en el sistema electoral. Y que Cospedal, en apenas tres años, ya lleva dos.

Fuente: http://www.eldiario.es/escolar/Cospedal-consuma-pucherazo-electoral_6_283881647.html

Vicente Cotino y el constructor Ortiz pidieron suprimir las ayudas a la dependencia para llenar sus geriátricos

Escrito por  Angélica Rubio

 
Vicente Cotino y el constructor Ortiz pidieron suprimir las ayudas a la dependencia para llenar sus geriátricos

 
No hay sector alguno, desde urbanismo hasta las basuras o la depuración de aguas donde no aparezca una trama corrupta con alguien del PP salpicado o directamente imputado. En el caso de los dependientes la falta de escrúpulos es absoluta para enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás.

El saqueo de lo público para hacer rentables negocios privados que se reparten el dinero entre cuatro llega a unos niveles de escándalo de tal calibre en la Comunidad Valenciana que resultan ya difíciles de digerir: desde la visita del Papa hasta la ayuda a los pobres del tercer mundo pasando por los dependientes. No hay sector alguno, desde urbanismo hasta las basuras o la depuración de aguas donde no aparezca una trama corrupta con alguien del PP salpicado o directamente imputado. En el caso de los dependientes la falta de escrúpulos es absoluta para enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás.

“Habrá que hacer algo para que esto se pare”
El todopoderoso empresario, promotor y constructor de Alicante, Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa que lleva dos años imputada y que se niega a dimitir por hacer un plan de urbanismo acorde con los intereses de Ortiz, aparece esta vez como socio de la familia Cotino, cuyo representante más famoso es Juan Cotino, actual presidente de las Cortes valenciana y ex director general de la Policía con Aznar. Los negocios y la fortuna de la familia Cotino dan para mucho.

Dentro de la Operación Brugal la policía grabó una serie de conversaciones que ahora han sido desveladas y que revelan un nuevo negocio que se traían entre manos: conseguir que la Generalitat dejara de pagar a las familias con dependientes para llenar las residencias propiedad de la familia Cotino y de Ortiz.

Se da la circunstancia de que Juan Cotino también fue conseller del Gobierno valenciano, nada más y nada menos que de Bienestar Social. Impensable que este dirigente del PP crea que la Dependencia es un derecho y un servicio público cuando su familia participa en un negocio de residencias.

Las grabaciones
En las conversaciones, cuyo contenido desveló El Mundo, se escucha a tres personas: Vicente Cotino, Enrique Ortiz y Arturo Alario, director de las residencias Savia-Gerocentros. Vicente Cotino es sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas y uno de los hombres más poderosos del PP valenciano.

Está grabada una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino el 12 de febrero de 2009. El ‘sobrinísimo’ estaba en el Caribe y en esa conversación Ortiz le dice que hay que “presionar” a Joaquín Martínez, número dos de la consejería de Bienestar Social. Ortiz explica que “el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar nuestras residencias que las del tío de la boina”. Cotino le responde que verá a Martínez y se lo dirá, pero Ortiz no se conforma y recomienda a Vicente Cotino que le llama “alguien relevante” “otro conseller” y que le diga “que se tome en serio lo de esta empresa”. Es decir, que entre el sobrino de Cotino y el constructor Ortiz tienen la influencia suficiente para mover a varios consejeros autonómicos.

 
 

La patronal paga un informe contra las familias
Ese mismo día, Ortiz habla por teléfono con el gerente de las residencias, Arturo Alario. El director gerente le explica que han pedido un informe jurídico con el que se demostraría que pagar ayudas a familiares cuidadores es ilegal. Y además que ese informe lo ha pagado la patronal: “Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de accesibilidad, diciendo ya que qué coño pasa, que se están dando ayudas a cuidadores familiares a mansalva y hemos pedido un informe jurídico a Uría Menénez (un prestigioso bufete, por cierto), además a iniciativa mía, que no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la patronal de las residencias éstas, contra los cuidadores informales familiares”.

Por eso el PP se cargó la Ley de Dependencia de Zapatero
La Ley de la Dependencia fue un proyecto personal de José Luis Rodríguez Zapatero, concebido como el cuarto pilar del Estado del Bienestar para atender a la parte más vulnerable de la población, los dependientes, cuyos cuidados en centros privados suponen unos gastos que solo pueden afrontar los ricos. En España, el cuidado de los dependendientes recaía y recae fundamentalmente en las mujeres, madres, esposas o hijas, que en el caso de tener que atender a un gran dependiente tienen que dedicarse en cuerpo y alma y por tanto renunciar a tener una vida laboral. Por eso, y para que el dependiente pudiera además estar en su hogar, se diseñó un doble programa de ayudas, por un lado el acceso y la subvención en residencias, y por otro el pago de un pequeño salario al familiar que cuidaba al dependiente. Además el Estado paga las cuotas a la Seguridad Social.

En cuanto el PP llegó al Gobierno, lo primero que hizo fue dejar de pagar las cuotas de la seguridad social a los cuidadores e inmediatamente después redujo las ayudas a unas cantidades ridículas. Ese era el primer objetivo: llenar las residencias.

http://www.elplural.com/2014/07/03/vicente-cotino-y-el-constructor-ortiz-pidieron-suprimir-las-ayudas-a-la-dependencia-para-llenar-sus-geriatricos/

Paraguay, donde la tierra siembra desposesión y muerte

Meses después de la masacre de Marine Kue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación

Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder

“Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz…”. Era lo que reclamaban pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del Gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés tachado de golpe de Estado parlamentario.

La masacre de Curuguaty, en la que murieron once campesinos y seis policías en junio de 2012 tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuesta. Ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

Encogido en el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20 por ciento del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas o el 32 por ciento de las tierras cultivables, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unas 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos de entre los más de seis millones de habitantes. “Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.

Tierra y democracia. Dos palabras que en la república guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país agrario y latifundista. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten “abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución a la economía de los países y la región, la gestión de recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros”, recoge el informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’.

La abrupta salida de Lugo del Ejecutivo ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. “Una de las deudas que tenemos en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras ‘mal habidas’. Una de las grandes herencias de la dictadura es que, de los doce millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi ocho millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma”, explica el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

Las tierras de la masacre, reclamadas por un empresario colorado

Para saber qué pasó en Curuguaty, población situada en departamento de Canindeyú y precisamente uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra y en concreto la de los terrenos en los que se produjo la tragedia: en teoría del Estado, los campos de Marine Kue son reclamados por Campo Morombi, empresa del recientemente fallecido empresario Blas N. Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura.

“El caso de la tierra ‘mal habida’ de Marina Kue refleja un conflicto histórico por la desposesión a las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra”, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación: “La alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país, sin regulación y con cero control por parte del Estado, hace que el esquema económico excluyente se profundice”.

A comienzos del siglo esta planta ocupaba un millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta de la que cerca del 60 por ciento se envía a Europa para alimentar al ganado y producir biocombustibles. Ahora se contabilizan tres millones y el objetivo es llegar a los seis.

Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernaba en coalición. Las fichas siguieron cayendo tras las elecciones de abril de 2013, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y Unasur, aupándose en el poder el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. “Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de elites oligárquicas del siglo XIX”, añade Valiente.

Y es que, todo ‘cuadra’ en el país guaraní. Cristina Coronel, del Servicio Paz y Justicia, recuerda que “Cartes quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo ‘Goli’ Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. ‘Goli’ fue un mediocre senador cuyo único aporte ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores, iniciativa que se paró mediante movilizaciones”.

Plan sistemático de ejecuciones y desapariciones

La llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas (de las nueve variedades de algodón, maíz y soja que se utilizan hoy, ocho de ellas han sido aprobadas desde 2012), proceso que había paralizado Lugo. “El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacunday y de Marina Kue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia”, considera Cecilia Vuyk, del Movimiento 15 de Junio.

Curuguaty no es un hecho aislado. Desde la caída de la dictadura hasta hoy, Hugo Valiente ha registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. “Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial”, añade el abogado.

“Las medidas de Franco están siendo profundizadas con el Gobierno de Cartes”, afirma el secretario ejecutivo de la Codehupy. Y es que, apenas diez días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos Amambay, San Pedro y Concepción. Incluso el senador liberal Luis Alberto Wagner critica ante Periodismo Humano que la situación “ha empeorado notablemente, sobre todo porque los latifundistas cuentan con el apoyo de los poderes judicial y ejecutivo del Estado, mientras los que practican la agricultura familiar campesina son perseguidos inmisericordemente”.

Aníbal Alegre, campesino de 68 años, acaba de perder un ojo víctima de un balín de goma mientras trataba de impedir la fumigación de una plantación de soja de un brasileña protegida por militares. “Fuimos a pedir que respeten nuestros derechos, principalmente a la vida, ya que las fumigaciones únicamente hacen daño, principalmente a los niños y ancianos como yo. Los agrotóxicos destruyen nuestras cosechas de autoconsumo”, explicó el herido a la prensa paraguaya. “Qué lástima que el afán desmedido de enriquecimiento ilimitado de unos pocos afecte a tanta buena gente como don Aníbal Alegre”, ha escrito en las redes sociales Wagner, que trabaja en la denuncia de casos de fumigaciones.

Detenciones de campesinos

La militarización del país, la dureza represiva en todo tipo de protestas y el aumento de las fumigaciones esconden la apuesta por una economía agroexportadora, sustentada en un desigual reparto de la tierra. Las noticias sobre desalojos de campesinos, fumigaciones, quema de casas y enfrentamientos ocupan cada día más espacio en los medios nacionales y en las redes sociales. Wagner es uno de los que nutre el debate: “El agronegocio de granos, principal y casi exclusivamente la soja, sólo da ventajas a los que más tienen; la expansión de los grandes cultivos arrasa con los pequeños productores, con los que practican la agricultura familiar campesina usando semillas nativas”.

El presidente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, explica que “existe una clara persecución al campesinado en general y a las organizaciones campesinas en particular; en estos últimos tres meses tenemos más de cien compañeros y compañeras imputados, con orden de captura, ocho con prisión domiciliarias, dos en la cárcel solamente por luchar contra la fumigación de sojales y contra el modelo de producción empresarial”.

Además de la reforma de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, por la cual el poder ejecutivo tiene mayores atribuciones para la utilización de las Fuerzas Armadas en asuntos que son seguridad interna del país, Cartes ha promulgado otras dos regulaciones que han despertado controversia e inquietudes. “La Ley de Responsabilidad Fiscal, que otorga más facultades al poder ejecutivo respecto a limitar o definir el tope de utilización de recursos en el presupuesto nacional; y la Ley de Alianza Público-Privada, porque da amplias facultades al Ejecutivo para definir la asignación privada de determinados servicios que debieran estar en manos del Estado”, concreta Enrique Gauto.

Todo ello en seis meses. En los primeros pasos de un Gobierno que “tiene cinco años para realizar la venta y alquiler del país. Apuesta a deshacerse del Estado tal cual es ahora, privatizando lo que hay y lo que no hay, especialmente lo que no hay: sistemas ‘modernos’ de rutas, puertos, aeropuertos, transporte interno, ferrocarriles y obras públicas en general. En política interior tiende a resolver todo por la vía de la represión”, vaticina Pelao Carvallo, del grupo ‘¿Qué pasó en Curuguaty?’.

La mayor tasa de deforestación del mundo

El campesinado no el único grupo de población que sufre los envites del modelo agroexportador de desarrollo. También las poblaciones indígenas padecen la deforestación de sus territorios ancestrales. Según denuncia la organización de derechos humanos Survival, Paraguay ha otorgado una licencia a los ganaderos para el desmonte de una reserva de la biosfera de la Unesco y el último refugio de indígenas ayoreros no contactados. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Maryland alerta de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo “está experimentando una rápida deforestación por el desarrollo de las haciendas ganaderas. El resultado es que registra la tasa más elevada de deforestación del mundo”.

El panorama es gráfico y visual. Las estadísticas completan la realidad del sexto peor país de todo el continente americano respecto al Índice de Desarrollo Humano del PNUD (ocupa el puesto 111 de 180 Estados); y el peor situado de América del Sur. El agronegocio genera el 28 por ciento del PIB, pero sólo contribuyen un dos por ciento a los ingresos fiscales del país, revela el diario paraguayo E’a. La presión tributaria gira en torno al 13 por ciento, mientras que el promedio del Mercosur es del 25 por ciento y el de América Latina, del 18 por ciento. “Difícilmente podamos crecer en presión tributaria si no se realiza una reforma, porque aquellos sectores con más ingresos y ganancias son los que menos tributan, los que producen soja y los que producen ganado”, explica Enrique Gauto.

El modelo agroexportador avanza a través del capital transnacional, como denuncia Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty. Y no se basa sólo en los monocultivos, sino también en la ganadería, que ocupa más del 57 por ciento de las tierras. El informe ‘La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos’, uno de los últimos publicados al respecto, subraya que “la relación da una cantidad de 1,75 hectáreas de tierra para cada animal. Como contraste, las familias con pequeñas tierras –de hasta cinco hectáreas– y las que carecen de ella suman un total aproximado a 420.000 familias. Este contrasentido en la distribución y utilización de la tierra es el principal causante de los numerosos conflictos de tierra”.

El abogado Hugo Valiente finaliza recordando que “Curuguaty es el canto de cisne de la lucha campesina en Paraguay. Es el portazo que la elite terrateniente da a cualquier posibilidad de discutir la distribución de la tierra. Y se lo hace con un castigo de una brutalidad ejemplarizante, para sembrar y reproducir un terror que paralice”. Marine Kue no es ninguna excepción, aunque sí el caso con mayores repercusiones, no sólo por muertes y encarcelaciones, sino por el punto de inflexión en la política paraguaya.

http://periodismohumano.com/temas-destacados/paraguay-donde-la-tierra-siembra-desposesion-y-muerte.html

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