Ayotzinapa o la disolución del Estado mexicano

21 noviembre 2014

Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Los crímenes en contra de los estudiantes de Ayotzinapa muestran un proceso que está en marcha desde hace tres décadas: la disolución del Estado mexicano. Hoy ya nadie, creo que ni en el gobierno, maneja la tesis de que ese crimen es una hazaña más de la delincuencia organizada. Con el tiempo se aclaró la profundidad del drama: el Estado mexicano es el autor de esta masacre, como lo fue en Tlatlaya y en tantas otras en los últimos años. La advertencia de Peña Nieto sobre el uso de la fuerza debió conjugarse en tiempo pretérito. La fuerza del Estado ha sido usada en innumerables ocasiones porque un Estado en desintegración siente no tener ninguna otra base para sostener el status quo.

En México el Estado de todos y para todos fue una aspiración que cristalizó en algunos artículos de la Constitución de 1917. Esos fueron los artículos de los derechos sociales, los que garantizaban la propiedad de la tierra comunal y ejidal, así como los derechos de los trabajadores. Ese anhelo también estaba plasmado en los preceptos relacionados con la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas dentro de los límites del territorio, así como de los recursos naturales en el subsuelo de la plataforma continental.

La ofensiva en contra de esos preceptos fundamentales del Estado mexicano arrancó tan pronto concluyó el congreso constituyente de 1917. Las raíces de la disolución del Estado mexicano emanado de la Revolución de 1910 están en los pactos que frenaron la movilización de masas ligada a la lucha armada. Y aunque ya desde los años cuarenta se puso en marcha una verdadera contrarrevolución, no fue sino hasta 1982 que las clases dominantes encontraron el aliado que habían esperado. La crisis de la deuda permitió destruir los cimientos del Estado mexicano, forzando la subordinación a un nuevo modelo económico que profundizaría la explotación de las masas.

Lo que quedaba del Estado de todos fue reemplazado y sólo quedó el Estado como espacio de rentabilidad del capital. Las ‘leyes de la economía’ se convirtieron en eficaz mecanismo de dominación, leyes supuestamente objetivas frente a las que la izquierda institucional no hizo nada. Incapaz de hacer una crítica del discurso del capital (la teoría económica), se vio obligada a renunciar a la posibilidad de identificar y abrir trayectorias alternativas. No pudo o no quiso darse cuenta que esas leyes económicas del neoliberalismo representaban la degradación última de la política.

El modelo económico que se impuso en México a tiros y jalones en las últimas tres décadas tiene dos características centrales. Primero, no puede ofrecer desarrollo económico y social porque el inmovilismo del Estado es la antítesis de las lecciones de la teoría del desarrollo económico. Segundo, es un modelo diseñado para recompensar la rapacería de una clase en la que se concentra cada vez más la riqueza y el poder económico.

Hoy las muestras de la desintegración se encuentran ante todo en la renuncia del Estado mexicano a ser el espacio privilegiado para dirimir controversias. No sólo en términos de proporcionar justicia a los más débiles, sino incluso para resolver los conflictos entre las diferentes esferas del capital. Para decirlo con Gramsci en su ensayo La conquista del Estado (publicado en L’Ordine Nuovo, 1919) el Estado mexicano hasta dejó de ser el espacio que unifica y disciplina a la clase dominante.

Las señales de la disolución están por todas partes. El poder ejecutivo está marcado por su ineficiencia y su profundo letargo, salvo cuando se trata de provocar y amenazar con el uso de la fuerza ‘legítima’. En las secretarías de estado se mueven papeles de un escritorio a otro, pero no hay comunicación con el mundo real. El poder judicial se ha hundido desde hace años en la corrupción y venalidad de sus funcionarios: la justicia cuesta dinero y el que no lo tiene debe olvidar sus aspiraciones de trato justo frente a la ley. El Poder Legislativo es un lugar en el que senadores y diputados se reúnen no para deliberar, sino para pasar lista y acatar instrucciones de cúpulas sometidas a intereses espurios. Los partidos políticos son tristes correas de transmisión del orden del capital y no ofrecen alternativas ni oposición democrática. Incluyo aquí a todos los partidos de las izquierdas institucionales que, por si fuera poco, hoy se han visto salpicadas por los crímenes de Ayotzinapa.

Es importante analizar la dinámica de la crisis orgánica del Estado mexicano. Las transiciones históricas son casi siempre violentas. En esos procesos sobrevienen con frecuencia los llamados y convocatorias de las juntas de notables para sacarle las castañas del fuego a los poderes establecidos. Serán las expresiones de un orden moribundo que todavía no es reemplazado por un nuevo estado de cosas. El devenir histórico está marcado por la incertidumbre y será necesario analizar cuidadosamente la situación para innovar responsablemente a cada paso del camino. Pero sin lugar a dudas será necesario avanzar hacia un mundo en que la sociedad política se someta plenamente a la sociedad civil.

Twitter: @anadaloficial

Artículo publicado en La Jornada

http://www.attac.es/2014/11/21/ayotzinapa-o-la-disolucion-del-estado-mexicano/

 

Ver también:

México:Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre México (2011 – 2014)  (en Kaos en la red)

TTIP, la dictadura escondida de las corporaciones transnacionales

11 octubre 2014

Xavier Caño / Lourdes Lucía — ATTAC Madrid

14038247399_c3bf517c89_m (1)No se ha informado nada ni se comenta públicamente, pero los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos negocian en absoluto secreto desde hace más de un año un tratado de libre comercio e inversiones. Lo de libre comercio es una entelequia porque los aranceles de exportación-importación ya son bastante reducidos. La clave está en las inversiones. Casi inexistente para prensa, radio y televisión, sólo las grandes empresas multinacionales y los lobbies saben con detalle lo que se cuece en la oscuridad.

El Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversiones, TTIP por sus siglas en inglés, es un acuerdo de gran alcance, el mayor hasta la fecha en tales acuerdos. Es así porque EEUU necesita a la vieja Europa para hacer frente a China y aislar a Rusia. Para crear el mercado más grande del mundo, un mercado de más de 800 millones de consumidores. Y las élites de Europa creen que en ese tratado, en el TTIP, está el camino de salvación del crecimiento.

¿Que pretende el TTIP? En realidad, lo que busca con desespero es eliminar las normas reguladoras, las barreras reglamentarias, las normas, cautelas y precauciones en beneficio de la ciudadanía y sus derechos, porque las élites entienden que todo eso reduce sus beneficios posibles. Lo que pretenden es que nada se oponga a sus inversiones y como quieran hacerlas.

En América Latina, en los noventa, EEUU quiso crear un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el señuelo del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado era simplemente imponer el credo neoliberal del Consenso de Washington que hoy, tras más de veinte años de sufrirlo, sabemos que conduce al desastre de una gran mayoría ciudadana y de la clase trabajadora. Porque lo que pretendía y pretende EEUU, y también la muy neoliberal Unión Europea, es aplicar rígidamente las políticas neoliberales de desregulación, ausencia de control, rebajas fiscales y privatización de todo lo público en beneficio de la élite económica y financiera.

Cuando EEUU renunció al tratado multilateral con Sudamérica y Centro América, por las protestas, la movilización de activistas y posturas de algunos gobiernos, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y con México y Canadá, el NAFTA. Como dan fe las hemerotecas y archivos, este último tratado tuvo devastadoras consecuencias para agricultura e industria mexicanas, se destruyeron millones de empleos en México y Estados Unidos y ese tratado solo benefició de verdad a grandes empresas de ambos lados, al tiempo que provocaba una intensa y abundante migración hacia EEUU y limitaba las posibilidades de desarrollo de México.

Según un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López “no hay evidencia alguna de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Pero sí de lo contrario.

La razón de ser de los tratados, aunque los maquillen o disfracen, es apoyar sin fisuras a las empresas en los países receptores de las inversiones frente a las actuaciones de sus gobiernos. Porque, en realidad, los tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales incumplan las leyes nacionales. Y, por supuesto, para imponer al país receptor la política económica que convenga a los inversores, es decir, a las corporaciones transnacionales.

Si se aprueba el Tratado se violarán sistemáticamente derechos humanos universales e inalienables desde la alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio, trabajo decente, que permita a la gente tener una vida digna, incluyendo una renta adecuada y derechos laborales… Lo que busca el TTIP es además una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores. Incluso la Comisión Europea reconoce que muchos puestos de trabajo se verán amenazados por la competencia estadounidense, además de que las normativas laborales en EEUU son menos exigentes, débiles o no existen contagiarán a las europeas.

La regulación europea de salud pública y medio ambiente, que hasta hoy es más garantista que la que hay en Estado Unidos, se verá afectada por el TTIP. Hoy el 70% de los productos alimenticios que se venden en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados; en Europa, no. Por contra, en Europa funciona el principio de cautela: antes de poner un producto en el mercado hay que probar más allá de dudas razonables que no es perjudicial. En Estados Unidos ocurre lo contrario: para que un producto sea retirado por su peligro potencial, hay que demostrarlo de tal manera que supone en trabajo descomunal.

Pesticidas, sustancias químicas que afectan al sistema hormonal humano, pollos y pavos de consumo humano lavados con cloro camparán a su aire según el modo y práctica estadounidenses.

Y, por supuesto, se verán afectados el derecho a la educación pública, a la sanidad, a la vivienda, al agua, a la energía… Todos estos servicios y bienes podrán ser privatizados en beneficio de empresas privadas.

Mención especial merece que, según se ha sabido, la Unión Europea está presionando a la Administración Obama para que expanda el llamado fracking, es decir la fracturación hidráulica, las perforaciones de petróleo mar adentro y las extracciones de gas, lo que representa un gravísimo atentado contra el medio ambiente y contra los seres vivos.

La normativa estadounidense sobre propiedad intelectual favorece los intereses de las grandes corporaciones frente a los derechos del consumidor, lo que supone una violación de la privacidad de los datos personales, porque las grandes compañías podrán acceder a esos datos de los consumidores…

Pero tal vez lo peor sea que el TTIP espera acordar una protección a ultranza de las inversiones para lo que se propone un mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS permitiría a las corporaciones y grandes empresas demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática de gobierno en aras del interés general puede afectar a sus ganancias presentes o futuras.

El ISDS estaría formado por unos presuntos tribunales que no son tales sino tres abogados privados sin mandato alguno de institución democrática alguna nacional o global. Y esos tribunales de pizarrín, por encima de los Estados, fallarían ante las demandas de menores beneficios de las élites y exigirán multimillonarias indemnizaciones. Es decir, las grandes corporaciones se asegurarían los beneficios sin mover un dedo, solo por temor de que tal o cual ley en defensa de los intereses ciudadanos pudieran mermar los beneficios de esta o aquella corporación. Las empresas podrán cuestionar las leyes, proponer restricciones y exigir indemnizaciones.

No es ficción. Hay precedentes por aplicación de mecanismos similares de otros tratados bilaterales. Philip Morris, Vattenfall, Chevron y Occidental Petroleum demandaron por cantidades multimillonarias a Uruguay, Ecuador, Argentina, Alemania…

Esos tribunales de arbitraje han sido cuestionados por profesionales del derecho y del mundo académico, pero se pasan por el arco de triunfo los sistemas legales de las naciones y la soberanía democrática de los países.

A tales tribunales especiales, que no son tribunales y que actúan al margen de cualquier tribunal legítimo estatal o internacional, solo podrán recurrir los inversores, no los estados ni los grupos de la sociedad civil. Con la agravante aberración de que sus fallos serán inapelables contra todo principio básico de buen derecho.

Para el dislate, el TTIP pretende crear un Consejo de Cooperación Regulatoria para que las corporaciones puedan cuestionar todas las decisiones parlamentarias o gubernamentales que pudieran reducir sus beneficios. Tal consejo será en verdad una cueva de lobbies que, presionarán de modo constante, buscarán rebajar o aguar las normas, incluso poder escoger otras normativas, recibir notificación de las nuevas propuestas de normas antes de su resolución y eliminar las restricciones que piensen que les perjudican.

Es decir, con el TTIP y sus mecanismo y órganos de regulación, los parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo cada vez podrán legislar menos, porque todo puede afectar a o los beneficios de las corporaciones como IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica… para oponerse frontalmente a cualquier acuerdo o medida que suponga proteger derechos humanos y laborales. En resumen: lo que pretende el tratado del libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía y sobre la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria.

La oportuna y legítima filtración de estos obscenos planes de la negociación del TTIP entre la Unión Europea y EEUU, ha promovido una amplia oposición en Europa y Estados Unidos y, por fortuna, han comenzado a celebrarse actos, protestas, movilizaciones… contra el TTIP. Además, se escriben miles de artículos y se organizan cientos de debates para informar a la ciudadanía de lo que se nos viene encima si no le ponemos remedio.

Las élites quieren aprobar el TTIP el año 2015. A pesar de sus secretos y oscuridades, el tratado ha de ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los Parlamentos de los países miembro cuyas Constituciones así lo establezcan. Esa circunstancia abre una brecha por la que la ciudadanía se puede colar, movilizándose claramente en contra de la aprobación del TTIP. Aún podemos frenar esa aberración obscena contra los derechos de la inmensa mayoría y la limpieza y estabilidad del medio ambiente.

Por ello, nos hemos unido más de 300 organizaciones y movimientos sociales en una campaña de denuncia de este Tratado, tanto difundiendo el peligro que representa en charlas, conferencia, debates, artículos, etc., como con la convocatoria de una jornada internacional contra El TTIP el próximo 11 de octubre.

Ilustración del articulo por cortesía de campact. Fotografía utilizada bajo licencia Creative Commons

http://www.attac.es/2014/10/11/ttip-la-dictadura-escondida-de-las-corporaciones-transnacionales-2/

(VÍDEO) Canarias: La Armada Española embistió a activistas de Greenpeace durante una protesta pacífica. Una herida grave

Escrito por  Kaos. Represión
Los golpes de la lancha lanzaron a una mujer al agua donde las hélices le causaron una fractura y severos cortes. La protesta contra las prospecciones en la zona y la emboscada quedó grabada en un video. Los botes de GP han sido embestidos por botes de la Armada y una activista italiana ha resultado herida con cortes y una fractura en la pierna.

La activista de greenpeace ha entrado en quirófano hace unos minutos para ser operada de una fractura abierta de tibia

La compañía petrolera Repsol debía comenzar de madrugada con las prospecciones en la zona este del Archipiélago canario. Greenpeace no dudó en moverse al lugar, y sus protestas se tradujeron como una amenaza para el gigante del crudo, por lo que la Armada Española escoltó al petrolero, el Rowan Renaissance, hasta la plataforma.

Los activistas de la organización se encontraban a bordo del Artic Sunrise, en el punto exacto de las aguas canarias en el que debían comenzar las perforaciones. Ante las protestas pacíficas de los ecologistas, la Armada fue un poco más allá, embistiendo violentamente las lanchas de la ONG varias veces.

Una de las chicas, de 23 años y nacionalidad italiana, cayó al agua durante los choques, precipitándose contra las hélices de una de las balsas que le provocaron una fractura y cortes de consideración. La activista herida fue rescatada y evacuada en helicóptero por efectivos de la Armada y el ejército del Aire.

La versión del Ejército insiste en que la joven quedó bajo uno de los botes de Greenpeace, sin embargo la organización asegura que sus lanchas no poseen hélices, por lo que las heridas fueron provocadas por uno de los efectivos de la Armada.

La página web de la organización sin ánimo de lucro explicó el incidente: “Tres lanchas de Greenpeace se han dirigido al buque perforador de Repsol, el Rowan Renaissance, para realizar una protesta pacífica contra las prospecciones que pondrían en peligro las aguas y la economía de Canarias. Cuando se estaban acercando, dos lanchas del ejército español las han interceptado, causando graves daños a dos de ellas”.

Por otro lado, el ministerio de Defensa justifica el incidente relatando que “el buque Artic Sunrise arriaba tres embarcaciones que se dirigieron hacia el Rowan Renaissance, fletado por Repsol, con la intención de abordarlo”.

Según rezan las encuestas, la mayoría de la población canaria está en contra de la explotación de petróleo en sus aguas territoriales, sin embargo, a pesar de la oposición ciudadana, el Gobierno ya tiene acordado el contrato con Repsol para la perforación en la zona.

Fuente: Agencias/ web de Greenpeace/ http://bit.ly/1EDLxv2

http://www.kaosenlared.net/component/k2/100162-v%C3%ADdeo-canarias

Guerra total de los jueces progresistas a Rajoy, al que acusan de mentir

Niegan su ‘medida estrella’ contra la corrupción: no se incorporan 300 jueces sino que se regulariza la situación de 300 magistrados que llevan tiempo incorporados

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha sido contundente: “El presidente del gobierno ha anunciado como medida especial contra la corrupción la incorporación de 300 jueces, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Jueces para la Democracia debemos aclarar que Mariano Rajoy no está diciendo la verdad”. Explica que los jueces a que hace referencia el presidente del Gobierno ya existen y lo que se hará es regularizar su actual situación. Para más inri estos jueces no pertenecen en su mayoría al ámbito penal.

“El Decreto al que se refiere el presidente del Gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados, pero que se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados”, aclara Bosch en un comunicado.

El anuncio de Rajoy
La reacción de Jueces para la Democracia responde a que el  presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer  que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la creación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces de adscripción territorial, además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional.

“Es falso”
Según aclara el portavoz de JpD “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción”.

Regularización administrativa
“En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años”. Continúa Bosch: “Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.

No tiene que ver con la corrupción
Explican desde JpD que “este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo”.

No son del ámbito penal
“La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones”, dice.

“El Gobierno sigue sin hacer nada”

Es también duro Bosch en el análisis de la situación: “Tras dos años en los que el Gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción, sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos. Desde Jueces para la Democracia lamentamos que el presidente del Gobierno no impulse medidas rigurosas contra la corrupción y, en cambio, lance cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa”.

Urbanismo, caldo de cultivo de corruptos
“Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones”, exigen los jueces progresistas.

Medios para perseguir y condenar
Recuerda también la necesidad de dotar a la justicia de una mejor infraestructura:  “nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante”.

Anuncio falaz
Concluye Bosch: “la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción”.

http://www.elplural.com/2014/10/31/guerra-total-de-los-jueces-progresistas-a-rajoy-al-que-acusan-de-mentir/

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 25/10/2010

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una “propensión al intercambio de favores” entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos “provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores”.

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como “interlocutor” en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que “reportaba” a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

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http://www.publico.es/espana/343213/anticorrupcion-confirma-que-aguirre-se-financio-ilegalmente?src=lmFn&pos=3

La corrupción condena al Partido Popular a una semana negra

Las continuas imputaciones judiciales a raíz de las tarjetas black y la financiación ilegal cercan al partido de Rajoy

El presidente se aferra al propósito de enmienda como única respuesta a la imagen de corrupción en su partido tras varios días de silencio

Rajoy ofrecerá España a Asia como puente hacia la UE, América Latina y el norte de África

Rajoy ha pasado una de las peores semanas desde que llegó a Moncloa.

El Gobierno y el PP han salido esta semana a susto por día. No ha habido jornada en que la corrupción en sus filas no haya sido noticia. De lunes a viernes, Mariano Rajoy y el partido que preside han tenido que lidiar con  el escándalo de las tarjetas black centrado en la figura de Rodrigo Rato y otra docena de afiliados, la imputación de un exsecretario general como Ángel Acebes, la del anterior alcalde de Toledo por un contrato a cambio de comisiones para pagar una campaña electoral y nuevos detalles sobre las reformas en Génova 13 a base de dinero negro. La guinda la ha puesto el hallazgo de otra cuenta bancaria de Luis Bárcenas, esta vez en Bermudas.

El plan de centrarse en vender la recuperación económica ha saltado por los aires ante las continuas informaciones con la corrupción como protagonista. La reacción durante la semana ha ido del mutismo completo a los comunicados escuetos. Hasta llegar a las promesas de enmienda “porque ya se están tomando medidas”. Nada de poner la mano en el fuego por nadie.

Rajoy ha dicho que desea que la Justicia castigue a los culpables y absuelva a los inocentes. Bárcenas queda claro que es de los primeros. En el caso de Acebes, su situación le parece “injusta”.

Los casos de corrupción, “esas cosas”

El presidente no ha tenido más remedio que pronunciarse, ya que la rueda de prensa era obligada tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. Fueron los periodistas los que citaron en sus preguntas los casos de corrupción por sus nombres. Él se refugió en la vaguedad y los llamó “esas cosas que no pueden volver a pasar”. El mismo sistema usado recientemente para referirse a Rodrigo Rato, que se convirtió en “esa persona por la que se interesa” la prensa. Igual que hace para evitar pronunciar el nombre del responsable de las finanzas del PP que sigue en prisión.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solventó las preguntas incómodas con una rueda de prensa exprés tras el Consejo de Ministros. Tres preguntas sobre Cataluña y poco más. Como excusa para las prisas, el supuesto temor a coincidir en el tiempo con la comparecencia de Rajoy desde Bruselas. Prevista para las dos, esta acabó produciéndose cinco horas después, por lo que la número dos del Gobierno se ahorró el trance.

Entre las medidas en marcha para atajar la corrupción, se encuentran los proyectos para reformar la ley que regula el funcionamiento de los partidos y las nuevas exigencias de conducta para los altos cargos. Ambos están ya en el Congreso y a eso se acoge Rajoy para trasladar el mensaje de que todas estas penosas noticias son cosa del pasado y su voluntad de que no se repitan. La intención del Gobierno es que PP y PSOE suscriban un pacto por la regeneración para convencer a los españoles y luchar contra la mala imagen. De fondo, el miedo a las encuestas y a las próximas elecciones.

“Rato ya no es militante”

La semana arrancó con las dudas de qué decisión tomar respecto a Rodrigo Rato y su militancia en el PP. El uso que el expresidente de Bankia hizo de su tarjeta black ha sacudido los cimientos de un partido en el que Rato lo fue todo. El expediente informativo llevaba 13 días abiertos cuando María Dolores de Cospedal abría la puerta a la suspensión temporal como una “decisión dolorosa” que no quedaba descartada. Al mismo tiempo, se lanzaba el mensaje de que había que respetar los plazos para que tomara una decisión el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. Eso incluía el derecho de Rato a ofrecer explicaciones.

Cospedal prometía durante una rueda de prensa este lunes que el PP tomaría una decisión “dentro del ámbito de la rapidez”. Mientras, algunos barones y dirigentes del PP reclamaban “contundencia” en el castigo. Los menos proclamaban su confianza en la inocencia de Rato o recordaban el brillante pasado del exvicepresidente. La presión surtió efecto. A última hora del lunes, Rato pidió por carta a Cospedal que le diera de baja del partido de forma temporal. Inmediatamente, el PP anunció que la investigación interna se congelaba para él y seguía para la docena de afiliados. El argumento fue que ya no era militante.

Acebes y el PP “sólo tiene una contabilidad”

El martes era el día del debate sobre las cuentas de 2015. Los conservadores se aseguraron a primera hora de vetar de nuevo una comisión de investigación sobre las tarjetas como propuso en el Congreso la Izquierda Plural. Desde la tribuna del Parlamento, Cristóbal Montoro se enfrentó a Pedro Sánchez a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en un debate bronco. Rajoy entró y salió del Congreso sin decir una palabra. Para esquivar a los periodistas, llegó a entrar en el hemiciclo por el pasillo que usan los socialistas.

Mientras, el patio del Congreso era un hervidero de comentarios sobre la situación de Rato. La noticia de la imputación de Ángel Acebes por las ayudas del PP a Libertad Digital con fondos ilegales cayó como una bomba. La mayoría se refugió en que los papeles de Bárcenas no son la contabilidad real del PP y así se difundió en un comunicado de un solo párrafo. “Si hubiera otra contabilidad desde luego no es del Partido Popular”, acababa el texto.

Cospedal, en el punto de mira

El miércoles fue el día en que se conoció la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el cerco judicial se acercó a Cospedal y a su número dos, Vicente Tirado. La causa, la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad a cambio de una comisión utilizada para pagar la campaña electoral de 2007.  El juez Pablo Ruz se refirió a la “posibilidad de que personas aforadas” acaben relacionadas con sus indagaciones y él deba enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La presidenta regional intentó argumentar que la imputación es “una oportunidad” para defenderse ante la Justicia y cargó de nuevo con que se crea en la palabra “de un presunto delincuente”, en referencia a los papeles del extesorero. Pero esos 200.000 euros recibidos como comisión a cambio del contrato a una empresa de Sacyr se utilizaron en su campaña. Entre otros testigos, ha sido llamado el diputado Sebastián González, coordinador electoral del PP nacional en aquella época.

La imputación del presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, por sospechas de prevaricación en la concesión de una licencia de construcción parece un caso menor comparado a los anteriores. Pero demostró que era raro el día que acababa sin otro conservador ante los tribunales. Hacía solo una semana, el pasado viernes, Rajoy había estado en esa provincia en un acto público y Amat había dado un discurso pocos minutos antes del presidente.

La reforma de Génova pagada en negro

La confirmación por parte de Hacienda de que la sede del PP fue reformada con dinero negro ha cerrado la semana en cuanto a sobresaltos por la corrupción. Ruz tiene confirmado que la reforma de la planta baja de Génova, 13 se pagó con 750.000 euros en B. Hay que sumarlos a otro millón que se usó para el resto del edificio. A la comprobación de cómo se usó el dinero hay que sumar el hallazgo de una nueva cuenta de Bárcenas en un paraíso fiscal del Caribe y que el juez Ruz ha ordenado embargar.

Las Marchas por la Dignidad protestan frente a los Premios Príncipe de Asturias

Cinco columnas de las denominadas Marchas por la Dignidad entraron en un Oviedo ocupado por cientos de policías antidisturbios. Varios miles de personas, muchos de ellos llegados de diferentes ciudades españolas, se concentraron pacíficamente en las cercanías de la sede de los Premios Príncipe de Asturias para protestar contra la monarquía, las políticas sociales, los desahucios, los despidos, el paro, los derechos fundamentales, los recortes económicos y la corrupción.

Las protestas transcurrieron pacíficamente, aunque la policía arrebató la bandera republicana a un ciudadano que estaba entre el público en primera línea, filtrado policialmente por razón de aspecto físico y vestimenta.

Varios ciudadanos fueron requeridos para su identificación. Algunos periodistas fueron sacados de entre el público para “comprobaciones” sin especificar después de haberse identificado previamente como prensa varias veces, también fueron grabadas en vídeo sus caras por un policía de uniforme.

Más información

La Reina (Javier Bauluz / Periodismo Humano )

Recogida de basura (Javier Bauluz / Periodismo Humano )

Los listos que no sabían nada

La supuesta ignorancia de los grandes economistas de la tarjeta ‘black’

20/10/2014

Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del Gobierno y exdirector del FMI, no sabía que tenía que declarar ante Hacienda el dinero de las tarjetas ‘black’. Pensaba que Caja Madrid ya pagaba por él. Lo dio por hecho. “No recibí ninguna información que me hiciese pensar que no estaba pagando impuestos […], era algo que existía desde hace más de 15 años y no me planteé nada”, aseguró Rodrigo Rato ante el juez Andreu.

Miguel Blesa, inspector fiscal en excedencia, tampoco sabía que esas “retribuciones que se pagaban con una tarjeta para gastar” también se tenían que declarar. “A mí nadie me dijo nada sobre si había que declararlas o no. Pensaba que sí se declaraban, pero no lo sabía. Me ha sorprendido que no se hiciera. Lo he descubierto ahora”, declaró Blesa ante el juez.

El presidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernández, también imaginaba que de los pagos al fisco de su tarjeta se ocupaba Caja Madrid. “Yo pensaba que era legal, que no tenía ningún problema. Cuando a mí se me entrega una tarjeta de este tipo, ¿cómo voy a saber yo que no es legal?”. ¡Quién lo iba a sospechar!

Lo mismo que el presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Emilio Iranzo. “Pensaba que Caja Madrid me lo había declarado y retenido en la liquidación de la renta”. Él no lo comprobó.

Igual que Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda. Fue él quien hizo la reforma fiscal de Aznar y, al igual que Miguel Blesa, antes trabajó como inspector fiscal. A pesar de su experiencia y su preparación, tampoco sabía que había que declarar los 255.400 euros que se fundió de su ‘black’.

Tampoco lo sabía Pablo Abejas, exdirector de Economía de la Comunidad de Madrid. Ni Virgilio Zapatero, exministro. Ni José Manuel Fernández Norniella, ex secretario de Estado de Comercio. Ni Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la Patronal. Ni tantos y tantos más.

“Un jubilado que cobra pensión no es un ignorante financiero”, declaró Miguel Blesa hace unos meses ante la Audiencia Nacional para justificar su gestión con las preferentes.

Al parecer, un pensionista está obligado a saber qué es un derivado tan complejo como las preferentes. Pero unos listísimos economistas que han sido ministros, inspectores de Hacienda, secretarios de Estado y hasta directores del FMI no sabían que los sobresueldos se tienen que declarar.

http://www.eldiario.es/escolar/listos-sabian_6_315728462.html

Bajando el Magdalena – Inventario de cómo quieren explotar y entregar a transnacionales los recursos energéticos del Huila

Un temor recorre de arriba a abajo a esta región del sur de Colombia: los 9 megaproyectos energéticos que propone una empresa de China para el río Magdalena, las 37 microcentrales de energía planteadas para zonas de alta pendiente de montaña y las 12 áreas petroleras ya entregadas en concesión.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales.

Los planes de Hidrochina han levantado a las poblaciones locales. Juan Gonzalo Betancur
 Por Juan Gonzalo Betancur

Preocupa mucho el gran interés en todo esto de empresas transnacionales extranjeras que no tienen sentido de pertenencia por el territorio y su gente. Mientras en el resto del país estos problemas no se conocen y los grandes medios de comunicación no hablan sobre ellos, en este departamento del Huila el asunto es tema de conversación en todos lados. Así se constata al ir de pueblo en pueblo bajando el río Magdalena donde de una forma u otra el asunto aparece hasta en la charla más desprevenida.

A simple vista parecería que la queja es cosa de ambientalistas, campesinos, indígenas o defensores de comunidades marginadas, pero la cosa va más allá.

Incluso, en varios municipios toda la clase política local (sin distingos de partido) ya se unió en contra de estos proyectos, para lo cual ha contado hasta con el apoyo de empresarios del campo, pues se afectan las tierras más fértiles y productivas de la región.

En Neiva, hace unos meses hubo una masiva marcha de protesta (se calcula en unos 40 mil los participantes) que salieron a las calles contra el intento de hacer exploraciones petroleras cerca del río Las Ceibas, que surte de agua a esa ciudad.

En otras localidades el asunto sigue siendo apenas tema de los posibles afectados, mientras hay un tercer grupo en el que están los que ven todo desde la distancia porque la situación no será con ellos o porque se pueden beneficiar de alguna forma.

Lo cierto es que en todo el Huila saben algo del asunto y lo comentan por los impactos físicos, ambientales, sociales y hasta culturales que eso traería sobre sus comarcas, debido al tamaño de los macroproyectos y a su dispersión por toda la geografía “opita”, de acuerdo con el gentilicio para los nacidos en este departamento.

Según Asoquimbo, un movimiento ciudadano que surgió en oposición al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, actualmente en construcción, estos son los megaproyectos planteados para el Huila con el aval e impulso del Gobierno Nacional de Colombia:

 

Proyectos hidroeléctricos

De acuerdo con el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, que realizó la empresa Hydrochina, compañía estatal de ese país, se proponen construir grandes represas para que el Huila quede con 9 en total y el vecino departamento del Tolima con 8. Todas aprovechando las aguas del principal río de Colombia.

Ese plan, que ya fue entregado pero solo en una versión en inglés, contó con el aval del Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos. Esta estrategia hace parte de la llamada “locomotora” minero-energética que desarrolla el mandatario dentro de su plan de gobierno Prosperidad para Todos.

De acuerdo con denuncias recogidas en la región, fue financiado casi en su totalidad por la propia compañía china, pues aportó 11.7 millones de dólares para los estudios, mientras el Estado colombiano solo puso 750 mil dólares por intermedio de Cormagdalena, la corporación autónoma regional con jurisdicción en todo el río Magdalena.

Represas en Huila

En un tramo de apenas unos 300 kilómetros:

Municipio de Pitalito: represa Guarapas, para producir 140 megavatios de energía (MW) y Chillurco (180 MW).

Municipio de Oporapa: represa Oporapa (220 MW). La empresa colombiana Emgesa, controlada por la italiana Endesa, inició ya los trámites para el otorgamiento de la licencia ambiental, documento que permite el inicio del proyecto. En ese municipio, el Concejo municipal solicitó al alcalde, el 30 de agosto pasado, realizar una consulta popular “para impedir la construcción de la represa de Oporapa y actividades de explotación minera y petrolera en el municipio”.

Municipio de Timaná: represa Pericongo (80 MW).

Zona central del Huila: represa El Quimbo (400 MW), actualmente en construcción.

Municipio de Yaguará: represa Betania (520 MW), construida hace tres décadas.

Municipio de Neiva: represa El Manso (140 MW).

Municipio de Aipe: represa Veraguas (130 MW).

Municipio de Villavieja: represa Bateas (140 MW).

En Tolima:

Municipio de Natagaima: represa Basilias (140 MW).

Municipio de Purificación: represa Lame (560 MW).

Municipio de Girardot: represas Carrasposo (170 MW) y Nariño (220 MW).

Municipio de Ambalema: represa Ambalema (160 MW).

Municipio de Cambao: represa Cambao (100 MW).

Municipio de Honda: represa Piedras Negras (100 MW).

Así mismo, se habla de otras 3 represas más entre Tolima y Cundinamarca.

Microcentrales para la producción de energía

Son del tipo “a filo de agua”. No implican grandes represas, sino que se toma el líquido de un río, se aprovecha la caída del agua por una pendiente montañosa para llevarla a una casa de máquinas donde se produce la energía y luego se devuelve a su cauce natural.

De un total de 37 proyectadas y que se podrían construir en los próximos 10 años, ya hay 14 solicitadas para construir con capital privado en los ríos El Bache, Aipe, Neiva y Las Ceibas, entre otros.

Dichas solicitudes se hicieron ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), la autoridad ambiental con jurisdicción en la región.

http://otramerica.com/especiales/el-blog-la-ruta/inventario-como-quieren-explotar-entregar-transnacionales-recursos-energeticos-huila/3246

La corrupción como instrumento político e ideológico de los poderes económicos: la trama

manolo monereo

Manolo Monereo *

Para entender lo que pasa aquí y ahora es necesario hacerse siempre la siguiente pregunta: ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Es un viejo y siempre actual problema. Refleja la contradicción orgánica entre la democracia y el capitalismo, es decir, entre un sistema político que se fundamenta en la igualdad jurídico-formal de las personas y una formación económico-social organizada en base a una desigualdad estructural de poder, renta y riqueza entre clases y grupos sociales. Las relaciones entre democracia y capitalismo han sido siempre conflictuales y, periódicamente, ambas lógicas político-sociales se hacen más antagónicas y contrapuestas, coincidiendo, no es casual, con graves crisis económicas del capitalismo.

Volvamos a la pregunta: ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Si observamos con cuidado los tenedores de las tarjetas negras de Bankia, ¿qué vemos? La cooptación de la entera clase política por los poderes económicos. El instrumento fundamental: la corrupción. Lo que asombra —aquí también hay clases— no es que la derecha política sea corrupta (esto se sabe desde siempre: es una de sus características genéticas, por así decirlo) sino que una parte significativa de la izquierda social y política se deje atrapar en la madeja de intereses corporativos y en los conflictos de los varios grupos de poder en el entorno del PP y lo haga por dinero, mucho, hasta muchísimo para la gente normal, pero calderilla para los que mandan y no se presentan a las elecciones.

El bipartidismo imperfecto (PP y PSOE más la burguesía vasca y catalana) ha sido esencial. Los que mandan y no se presentan a las elecciones necesitaban garantías de que sus intereses nunca serían cuestionados y volvieron a lo de siempre: dos partidos que se turnaban, en beneficio de los intereses generales de la oligarquía dominante, garantizados, en último término, por su corrupta majestad el rey. Como siempre, es decir, en las permanentes y, por ahora, inevitables restauraciones borbónicas, la derecha lo era de verdad; la izquierda era un sucedáneo, con el objetivo específico de impedir el surgimiento y desarrollo de una izquierda verdadera.

Aquí deberíamos afinar y ver lo nuevo, lo singular, de la corrupción en esta fase concreta. Se suele decir, se repite una y otra vez, que siempre habrá corrupción, que es algo natural al ser humano y a la política. No estoy de acuerdo: este tipo de capitalismo monopolista-financiero lleva en su seno y necesita de la corrupción para mantenerse y desarrollarse. Esta es la novedad. Se dirá que es el capitalismo en general, y seguramente es verdad, pero hay que esforzarse en profundizar y en delimitar lo específico de la fase.

El neoliberalismo, capitalismo senil y depredador, sitúa en su centro, en su modo normal de funcionamiento, la especulación, los negocios fraudulentos, la información privilegiada, el expolio de lo público y el ataque a los derechos económico-sociales. La frontera entre lo legal e ilegal desaparece conforme se llega a la cúpula de los poderes económicos-financieros y solo se hace evidente cuando se baja a la base de una sociedad, en el lugar donde habitan, luchan y sufren los hombres y mujeres normales. La legalidad aplicada contra las personas, contra las clases subalternas, de nuevo, “clases peligrosas”.

No me gusta el término casta. ¿Por qué? Porque no anuda, no engarza y no relaciona a los poderes económicos y mediáticos con la clase política. Parecería que la corrupción es cosa de los políticos y solo de ellos. ¿Y los corruptores?, ¿dónde están?, ¿quiénes son?, y ¿para qué compran los poderosos a los políticos? Todo esto desaparece y se pone el foco en los representantes de los ciudadanos, ligando política con corrupción, libertades públicas con expolio del Estado. Por esto prefiero el término trama, precisamente, para poner de manifiesto que existe una relación subjetivamente organizada y necesaria entre el poder del dinero y los políticos del régimen bipartidista. Para que los gobiernos realicen y practiquen políticas contrarias a los intereses mayoritarios tienen que ser corrompidos, anulados y sometidos. Gobernar termina siendo, en la Unión Europea del euro, el arte para conspirar contra los ciudadanos y formar parte de la antipolítica organizada desde la cúspide del poder corporativo y mafioso de las finanzas.

Hay un juego perverso. Los poderosos someten a los políticos. Los medios de comunicación, casi siempre controlados por los que mandan y no se presentan a las elecciones, se hacen eco de los escándalos y denuncian, con razón, a los representantes de los ciudadanos desde una lógica que oculta las necesarias relaciones entre los corruptores poderes económicos y sus subalternos políticos corrompidos. La ideología que se crea es del mayor interés para la oligarquía: la política es corrupción, luego hay que dejársela a los que viven de ella y el resto, la ciudadanía, a lo suyo, a aguantar y al sálvese como se pueda. Abandonar lo colectivo, privatizar lo público y renunciar a la emancipación social y política. Es el “no te metas en política”, que nos aconsejaban nuestros padres, duramente escarmentados por el terror franquista.

Los “neoliberales de todos los partidos” suelen insistir en que los culpables de la corrupción son los políticos y que su origen está en que el Estado interviene mucho y tiene demasiado poder. Su receta es conocida: más liberalizaciones, más privatizaciones, más desregulaciones. Lo más significativo del asunto es que a más predominio de los grupos de poder económicos, más corrupción, más degradación de la sociedad civil, mayor concentración de renta y riqueza, mayor fuerza de los oligopolios y prostitución del mercado como institución social.

El país necesita una revolución democrática que haga real y efectivo lo que dicen las Constituciones: que el poder reside en la soberanía popular. No será fácil, pero la revolución, para ser realmente democrática, tiene que romper con la trama oligárquica que gobierna de facto nuestro presente y controla e impide nuestro futuro como personas libres e iguales. Esto también depende de nosotros: hacer lo necesario posible y diseñar un futuro con sentido para los hombres y mujeres de carne y hueso.

(*) Manolo Monereo. Politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU. Su último libro publicado, junto con Enric Llopis, es Por Europa y contra el sistema euro (El Viejo Topo, 2014).

http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-corrupcion-como-instrumento-politico-e-ideologico-de-los-poderes-economicos-la-trama/6351