La Audiencia Nacional guarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla

LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESPAÑA Y ARGENTINA

El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.– EFE

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias “occidentales y cristianas”. La condena era clara: ellos, los “hijos de subversivos”, jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, “Sacha”, una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.

Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que “un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres”. “El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto”, añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

 Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener “muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina”. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. “Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos”, recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. “Este caso era uno de los más claros”, señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.

Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. “se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro”, mientras que sus posibles hijos seguirían “residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo”.

Una red de odontólgos “se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados”

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un “listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española”. De esta manera, los funcionarios detectaron “la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación”. Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, “una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad”, explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la “existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados”. Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría “dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos”. Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/556667/la-audiencia-nacional-guarda-una-investigacion-secreta-sobre-los-bebes-robados-por-videla

Argentina – La Iglesia, en un spot de Abuelas de Plaza de Mayo

Derechos Humanos
El arzobispo José María Arancedo hace una exhortación “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina”. El mensaje será difundido como parte de la pauta publicitaria oficial.
Algún espectador desprevenido puede verse sorprendido en estos días por la aparición televisiva del arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, haciendo una exhortación, en nombre de los obispos católicos argentinos, “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, (para) que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”.
En el spot –que se difundirá por todos los canales como parte de la pauta de publicidad oficial– el arzobispo que preside la Conferencia Episcopal aparece flanqueado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y por Rosa Roisinblit, vicepresidenta.
El texto leído ahora por Arancedo ante las cámaras es parte de una declaración sobre el tema que ya había sido emitida por el Episcopado en noviembre de 2012, pero esta es la primera vez que el máximo representante de la jerarquía católica del país asume personal y directamente el pedido, accediendo a una solicitud que desde muchos años atrás han venido realizando no sólo las Abuelas sino la totalidad de los organismos de defensa de los derechos humanos, publica hoy Página 12.
El spot, que también puede verse en la página institucional de las Abuelas, lleva por título “La fe mueve hacia la verdad”. De manera coincidente, el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, dio a conocer una carta en la que se expresa en términos similares a los planteados por Arancedo. “Ha habido una red de silencio y complicidad que ha mantenido amordazada la verdad acerca de los bebés, ahora jóvenes adultos”, dice Lozano en su misiva. Y reitera también la “obligación moral” de aportar datos para quienes posean información. Porque “la moral no es solamente no mentir; esconder la verdad o callarla también es inmoral. No alcanza con no hacer daño a alguien. No realizar el bien posible también es lastimar”.
Dirigiéndose directamente a los fieles católicos, Lozano subraya que “si sos creyente en Dios, los mandamientos de no robar, no mentir, no matar también se aplican en estas circunstancias”.
En julio anterior, después de un encuentro con las Abuelas, la Conferencia argentina de religiosas y religiosos (Confar), que agrupa a las congregaciones de todo el país, también asumió el compromiso de colaborar en la búsqueda de niños nacidos en cautiverio.
A todo lo anterior se suma la invitación que el papa Francisco le formuló a la familia Carlotto para un encuentro en el Vaticano. Bergoglio manifestó su deseo de conocer personalmente a Ignacio Guido Montoya Carlotto y la reunión quedó fijada para el próximo miércoles 5 de noviembre, a las 17, en la residencia de Santa Marta, en Roma. Del encuentro participarán varios miembros de la familia Carlotto, quienes viajarán a Roma asumiendo el costo de sus traslados, mientras que, dada la invitación pontificia, una vez en Roma todos serán huéspedes de la Santa Sede. > L. R.

Presentan a la Fiscalía el caso de una “niña robada” en Logroño en 1962

El hermanastro de la desaparecida afirma que la niña fue “anormalmente” separada de la familia en la antigua clínica Santa Cruz en Logroño

EFE | LOGROÑO

20 octubre 2014

Antonio Martín Escorza ha presentado hoy en la Fiscalía Superior de La Rioja un escrito para que investigue el presunto caso de una “niña robada” en 1962 en Logroño, que corresponde a su hermanastra Sara Martín Gutiérrez.

Martín Escorza ha asegurado a Efe que esta niña nació, “por cesárea de urgencia”, el 16 de marzo de 1962 en la clínica privada Santa Cruz de Logroño, situada en esa fecha en la calle Doctores Castroviejo, y a la que él, que entonces tenía 17 años, vio viva y la recuerda “aparentemente sana y respirando apaciblemente”.

Sin embargo, en el legajo de aborto de su hermana, que es como denomina la administración a la partida de nacimiento de un bebé que no llega a un día de vida, se certifica que “la madre ha dado a luz un feto, de unos ocho meses, en el domicilio familiar -en Logroño-, cuya muerte de produjo antes del alumbramiento”.

Martín Escorza, periodista de profesión y residente en Logroño, también ha pedido a la Fiscalía que examine los legajos de aborto de 1962 y 1963 de Logroño porque tiene “indicios” de que pueden contener presuntas falsedades en documento público constitutivas de un delito.

Este legajo está firmado por un médico, fallecido en 1969, y avalado por una persona que la familia desconoce, mientras que no figura la firma del padre de la niña, aunque sí la de la abuela materna de esta, ha dicho.

Ha relatado que a la familia se le dijo que a la niña la habían bautizado de urgencia y se le había impuesto el nombre de Sara, pero Martín Escorza ha afirmado que, en su investigación, no ha encontrado la fe de bautismo ni en la parroquia de Carmelitas, que estaba a escasos metros de la clínica; ni en la de Santa Teresita, que era a la que pertenecía el domicilio familiar; ni en la de La Redonda, que era la que correspondía a la clínica por jurisdicción.

A ello ha sumado que la niña, en la clínica Santa Cruz, fue “separada anormalmente de la familia” y él la vio sola en una habitación distinta, de la que una mujer le ordenó salir cuando quiso permanecer con ella.

La madre de la niña, Carmen Gutiérrez Subero, a la que él también considera su madre, aunque no fuera la biológica y quien falleció el pasado mes de abril, sufrió una embolia durante el embarazo y peligraba su vida, pero, “pese a todo, la niña nació viva, sana y con buen color”, ha subrayado.

“Lo único que me guía es esclarecer la verdad y encontrar a mi hermana, si estuviese viva”, ha apostillado Martín Escorza, quien ha urgido a la Fiscalía a que inste a quien corresponda para que se crucen los ADN del banco de datos que ya existe, al entender que es “el único medio de que los niños robados puedan recuperar su identidad y las familias vuelvan a reunirse”.

Artículos relacionados:

http://www.larioja.com/la-rioja/201410/20/presentan-fiscalia-caso-nina-20141020132601.html