Honduras: Matan a locutor en Catacamas; 40 comunicadores ultimados en cinco años

por Los Necios – Redacción Central / El Libertador

Miércoles, 25 de Junio de 2014

En la última década han sido asesinados 42 comunicadores sociales en Honduras, de éstos, 40 fueron ultimados a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Tegucigalpa. De varios disparos fue encontrado muerto anoche un locutor de la localidad de Catacamas, Olancho, oriente de Honduras.

Al ahora occiso respondía Luis Funes, que trabajaba en Radio Patria de esa ciudad, situada a 210 kilómetros de Tegucigalpa.

Autoridades dijeron que el fallecido salía de su casa cuando fue interceptado por desconocidos que, sin mediar palabra, le dispararon hasta dejarlo sin vida.

Por el momento, miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) no han dado con el paradero de los autores materiales de la muerte del comunicador.

Sobre el tema, el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Héctor Becerra, lamentó que el crimen contra Funes se dé en el contexto de la censura que padecen los periodistas olanchanos; a varios de ellos se les ha prohibido que relaten a través de la crónica policial los hechos violentos que se registran en esa región.

Cabe recordar que es el cuarto comunicador que es liquidado en ese departamento; en fecha reciente fue ultimado el locutor Óscar Anthony Torres Martínez, en la comunidad de Patuca, al sur de Olancho.

El fallecido trabajaba para las radios Patuca Estéreo y Doble M Estéreo.

En la última década ha sido asesinados 42 comunicadores sociales en Honduras, de éstos, 40 fueron ultimados a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/90805-honduras-matan-a-locutor-en-catacamas-40-comunicadores-ultimados-en-cinco-a%C3%B1os.html

¿Qué decidió la CPI en su informe preliminar sobre Honduras?

26 marzo, 2013

Por Verenice Bengtsson*

Finalmente la fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió el informe preliminar relacionado a los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del golpe de Estado en Honduras. El informe indica que se han recibido y analizado 17 comunicaciones relacionadas a dichos crímenes. La resolución es positiva si se toma en cuenta que aun cuando la CPI concluye que no ha tomado una decisión final, menciona que el caso de Honduras continúa en evaluación y abierto a recibir mayor información sobre los hechos acontecidos, debido a que según su valoración existe una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra determinada población civil de conformidad con al artículo 7 del Estatuto de Roma. Según la fiscalía,  existen argumentos que apoyan y contradicen los hallazgos relativos a crímenes de lesa humanidad contenidos en dicho artículo y por tal razón el caso de Honduras es calificado como en el «límite» de la evaluación preliminar.

Sin embargo, tomando en cuenta el seguimiento dado a la situación de Honduras desde que se ejecutara el golpe, así como de las constantes denuncias por asesinatos y otros crímenes cometidos contra líderes y familiares de líderes políticos de la oposición, periodistas, campesinado y defensores de derechos humanos que siguen sucediendo, considero que el informe es muy escueto y al parecer no cuenta con todas las fuentes de información que le permitan valorar la situación de Honduras en su dimensión real.  Veamos por qué.

Primero, la principal fuente de información de la que la CPI hace uso es el reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (mencionada en el informe como TRC por sus siglas en inglés) y nombrada por el gobierno que surge de las elecciones controladas por el gobierno de facto que ejecutó el golpe de Estado.  El número de víctimas que dicho informe menciona no coincide por ejemplo con los informes de la Comisión de Verdad, una comisión que ante la falta de credibilidad de la comisión gubernamental se creó paralelamente por organizaciones no gubernamentales, incluyendo entre sus miembros  a reconocidos Premios Nobel de la Paz y activistas internacionales de derechos humanos. La CPI solamente menciona que ha tenido conocimiento de dicho reporte pero no valora los resultados aportados por esta última comisión, según la cual, en el período ocurrido desde el golpe en junio de 2009 y hasta agosto de 2011, ha documentado 5,418 hechos violatorios de los derechos humanos. De estos el 60% ocurrieron durante el gobierno de facto comprendido entre junio a diciembre de 2009.

Tres ejemplos claros y breves de la escasa información con que al parecer cuenta la fiscalía son:

a) Basado en el informe de la TRC, el informe preliminar menciona únicamente 3 casos de tortura, mientras la Comisión de Verdad refiere a que en un solo día -12 de agosto de 2009- 24 personas fueron sometidas a actos de tortura durante un proceso de detención ilegal.

b) Basado en el informe de la TRC, la fiscalía menciona que de esos tres casos dos son  periodistas que fueron torturados, mientras la Comisión de la Verdad determina que a octubre de 2011 al menos 18 periodistas fueron asesinados en Honduras.

c) Con cierta imprecisión el informe preliminar menciona que 20 a 56 personas perdieron la vida de las cuales 20 casos fueron documentados por la TRC. Mientras tanto, la Comisión de Verdad recoge en su informe que 1,610 denuncias fueron documentadas por violaciones al derecho a la integridad personal  y 58 denuncias por violaciones al derecho a la vida.

También es de notar que si bien la fiscalía de la CPI menciona el cierre arbitrario de medios de comunicación que hicieron oposición al golpe, omite evaluación alguna sobre las campañas o apologías de odio que fuesen denunciadas, al ser promovidas por particulares desde los medios de comunicación ligados a la élite económica del país, contra quienes hicieron oposición al golpe de Estado. Tales campañas fueron ejecutadas, sirvieron de aliento y  aún continúan siendo utilizadas para desprestigiar, criminalizar y justificar la persecución policial y judicial contra la oposición política.

Es preciso que la CPI evalúe y no de forma aislada, el informe de la Comisión de Verdad, así como los de organismos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso hacer uso de mecanismos que le permitan recoger los testimonios orales o escritos de las supuestas víctimas a fin de determinar la gravedad de la situación hondureña.

Por otro lado, limitar la actuación de la CPI a los hechos ocurridos durante el golpe y hasta enero de 2010 en que el gobierno actual tomó posesión del poder, implica la negación de que la situación de violencia que generó el golpe de Estado contra la población civil en resistencia, se agudizó y permanece vigente ante el nivel de impunidad. El espiral de violencia trascendió ese lapso debido a la tolerancia (nacional e internacional) al crimen. Por ejemplo, la impunidad no ha sido solo decretada mediante amnistías y sentencias de absolución a los militares responsables de ejecutar el golpe,  sino también por la inactividad estatal para procesar y en otros casos al sobreseer a autoridades involucradas en actos de represión y uso excesivo de fuerza militar y policial. Esto muestra que bajo el principio de complementariedad, la CPI no debería dilatar más su actuación.

Finalmente, ante dicho espiral, que actualmente y según la ONU coloca a Honduras como el país más violento del mundo,  es claro que la CPI debe asumir su cuota de responsabilidad sobre lo que sucede en Honduras, pues falló en su rol preventivo. Es momento de que ejerza su rol punitivo. Ese fue el mandato que recibió al ser creada y esa es la esperanza que guarda la ciudadanía hondureña frente a la histórica y perpetua impunidad que tiene a Honduras de frente a la peor crisis institucional y al borde de convertirse ante la paciencia de la comunidad internacional, en un Estado fallido.

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*Verenice estudió Derecho en la  Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Derechos Humanos en  la Universidad de Lund, Suecia. Es Magister en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos por  la Universidad de Malmö, Suecia. Relativo a la CPI, se desempeñó como voluntaria impulsando la ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado hondureño, de forma decisiva y conjunta con la Coalición por la Corte Penal Internacional.

http://www.asuntosdelsur.org/que-decidio-la-cpi-en-su-informe-preliminar-sobre-honduras/

La violación de derechos humanos es política de Estado en Honduras

Comisión de la Verdad

Jueves 04 de octubre de 2012

La Comisión de la Verdad independiente sobre los hechos acontecidos tras el golpe de Estado de Honduras es contundente: el país sigue viviendo los efectos de un estado de facto que no respeta los derechos humanos. La impunidad y la mancuerna Gobierno-Empresarios garantizan el terror.

El 84% de la violación de DDHH se atribuye a Policía y Fuerzas Armadas.

El 84% de la violación de DDHH se atribuye a Policía y Fuerzas Armadas.

Por Equipo Otramérica

El congresista republicano de Estados Unidos Dana Rohrabacker llegó a Tegucigalpa en febrero de 2010 y dio un consejo al país: “No deberíamos ponernos a inventar algo, como comisiones de la verdad, debemos dejar que descanse… cerrar el libro y caminar hacia adelante, a pensar en una economía próspera en Honduras, en vez de volver a pelear la batalla del año pasado”. Rohrabacker decía esto justo después de reunirse con los tres poderes del estado, incluido el presidente, Porfirio Lobo. Para él, lo importante era la economía y al golpe de Estado lo denominó “crisis política”.

Leyendo con atención las 306 páginas del informe “La voz más autorizada es la de las víctimas” de la Comisión de la Verdad –presentado ayer en Tegucigalpa y hoy en San pedro Sula- es evidente por qué no le interesaba la verdad al congresista republicano. El informe es demoledor, repasa 5.418 violaciones de derechos humanos entre junio de 2009 y agosto de 2011, incluidos crímenes de lesa humanidad; atribuye a la Policía a las Fuerzas Armadas o a funcionarios del Gobierno el 84% de las violaciones de esos derechos; asegura que el golpe se trató de la “acción de un grupo privado-empresarial específico que (…) reaccionó ante lo que ellos denominaban ‘la amenaza chavista”, y, lo que es más grave, advierte de que “los efectos del golpe de Estado aún continúan, y que tanto antes como después de las elecciones realizadas en octubre de 2009, ambos gobiernos utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control social”.

La Comisión de la Verdad ha sido avalada y respaldada por 22 organizaciones nacionales e internacionales de prestigio, como, por ejemplo, Jueces para la Democracia (España), la Comisión Internacional de Juristas (AIJ), las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina) o las embajadas de Dinamarca y Alemania. ha sido presidida por la ecuatoriana Elsie Monge Yoder, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y en ella han participado 10 expertos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Asegura la Comisión que la mayor parte de las violaciones de derechos humanos tras el golpe se produjo en los primeros seis meses (un 60%) y que el 43% de ellas se refiere al derecho a la integridad personal y al derecho a asociación y reunión. Sin embargo, lo más interesante del detallado informe es la constatación de unas estructuras de poder que no solo permitieron el golpe de Estado, sino que garantizan la perpetuación de la injusticia social, la impunidad y de cierta dictadura empresarial sobre el aparato estatal.

El golpe de estado dejó al descubierto: los desmesurados intereses empresariales, particularmente el apoyo al golpe de Estado de las Cámaras empresariales, la industria y los servicios financieros y demás sectores del poder económico; y la fragilidad de las instituciones y su incapacidad para procesar de manera institucional los conflictos sociales y políticos”, indica la Comisión en la presentación del informe.

Los miembros de la Comisión de la Verdad dicen no entender “que el actual régimen no haya procedido ante estos graves hechos y que los autores de estas graves violaciones a los derechos humanos y contra el estado de Derecho no hayan sido investigados por las autoridades competentes, dejando en claro que la disposición a perpetrar violaciones sistemáticas contra los derechos humanos continua vigente como parte central del esquema”. Y es que en enero de 2010 se emitió un Decreto de Amnistía que mantiene en la impunidad a los responsables del Golpe y de la represión, la justicia no ha adelantado procesos y las recomendaciones hechas por la comisión de investigación designada por el propio gobierno  tampoco se han cumplido. Esa comisión determinó en julio de 2011 que sí hubo golpe de Estado y que las fuerzas de seguridad cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos 20 asesinatos.

 

Intervención extranjera e impunidad

El informe de la Comisión de la Verdad independiente apunta a la posible intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado por acción o por omisión. Le dedica un capítulo a este asunto y reflexiona: “Es difícil presumir que la ruptura del Estado del derecho, siendo esta una medida extrema y absurda, la hayan podido tomar solamente los actores locales sin, al menos, el conocimiento y algún  nivel de participación de actores fundamentales externos para una decisión de tal envergadura”.

Más que hablar de Honduras como un Estado fallido plantea al país como un Estado intervenido desde el exterior y controlado por las corporaciones privadas. De hecho, entre otros muchos ejemplos, recuerda que la canciller hondureña durante el gobierno de Manuel Zelaya, Patricia Rodas, fue sacada del país a la fuerza con destino a México a bordo del avión privado del multimillonario Miguel Facusse, cuyos escuadrones de la muerte hacen estragos en la región del Aguán.

Dentro de esa estructura estatal vacía, le parece a la Comisión de extrema gravedad la pasividad intencional de la justicia: “La manipulación del sistema de justicia juega un papel crítico en las violaciones de derechos humanos en el país, pues constituye la piedra angular para mantener la más absoluta impunidad…”..

El problema de la impunidad, insiste, es “estructural y crónico”, “antes, durante y en la etapa postgolpe”. Y la violación de derechos humanos, que continúa en el país, “fueron y siguen siendo parte de una política de Estado”. Eso incluye el accionar de grupos “con procedimientos y metodologías de los escuadrones de la muerte”, pero también un ‘nuevo’ marco legal que perpetúa las condiciones que describe la Comisión:

“El paquete de leyes y acuerdos que se ha adoptado a partir del golpe de 2009 (…) tiene entre otras consecuencias: el aumento alarmante de la presencia de las fuerzas económicas, militares y de seguridad de los Estados Unidos de América en Honduras y de su intervención y tutela sobre las políticas e instituciones del Estado; la adopción de leyes y reformas constitucionales que agravan la indefensión de la población ante las políticas del Estado y los órganos de seguridad; una mayor concentración de la tierra y explotación de la fuerza de trabajo; la concesión de terrenos y recursos naturales a intereses nacionales y extranjeros ajenos a la Constitución, los derechos y el bienestar de la población; y la aprobación de tratados y acuerdos de cooperación sin la debida participación ciudadana y contrarios a sus derechos”.

 

La resistencia

“La voz más autorizada es la de las víctimas” y la esperanza de la Comisión está puesta en la sociedad civil. En Honduras, según rezan las conclusiones del informe, “existe una reserva de enorme fortaleza y esperanza, integrada entre otros por las miles de personas que superando el silencio y el olvido, la negación, el miedo, el abuso y la revictimización que también han sido objetos de parte del Estado, como también de gran parte de los medios de comunicación masivos y otros poderes fácticos nacionales y extranjeros, han tenido el coraje de denunciar los graves delitos y violaciones a los derechos y las libertades fundamentales de que han sido víctimas”.

El documento es fundamental para entender el contexto en el que se produce el golpe de Estado y para reivindicar justicia en Honduras. La Comisión aporta este valioso trabajo para lograr tres cosas: el esclarecimiento histórico, la justicia para las víctimas, los familiares y la sociedad hondureña en general, y la reparación moral y material. Lo más probable es que el Gobierno lo ignore; los pueblos, no.

http://otramerica.com/radar/el-golpe-estado-sigue-honduras-informe-comision-verdad/2478

300 mujeres, un mismo proyecto: ser agentes activas del desarrollo de Honduras

Por: Fund. del Valle el 23/05/12 15:24

El Centro Aragua de Honduras proporciona a las mujeres rurales los recursos y conocimientos necesarios para integrarlas con éxito en el mercado laboral, ayudando además a fomentar su autoestima e independencia

300 mujeres, un mismo proyecto: ser agentes activas del desarrollo de Honduras
La foto es de Fund. del Valle

Mirna de Jesús camina cada día una hora larga para tomar el autobús que la lleva a Francisco Zambrano, departamento de Honduras, y unos 15 minutos más por una gran cuesta hasta llegar al Centro Aragua, donde toma clases de Panadería. El Centro le paga 25 lempiras diarios para que este último tramo lo pueda hacer en ‘mototaxi’, pero ella necesita ahorrar todo lo posible para sus seis hijos.

Mirna es una de las 300 mujeres que se formarán en el Centro de desarrollo rural Aragua en áreas como Corte y Confección, Panadería y Belleza, en el marco de un proyecto dirigido a la mejora de la formación profesional de la mujer hondureña, co-ejecutado por la Asociación Hondureña para la Promoción Educativa (AHPE) y Fundación del Valle, y financiado por Food For The Poor.

A través de los talleres impartidos por el centro se capacita a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, para que puedan acceder a puestos de trabajo en el entorno de sus comunidades o bien crear sus propios negocios. De este modo, además de posibilitar que aumenten sus ingresos, se fomenta la autoestima e independencia de las mujeres, frenando además su emigración a la ciudad.

El pasado 11 de mayo, se celebró la clausura del primer turno de talleres. Hasta el momento, por las aulas del centro han pasado 35 alumnas de Corte y Confección, 25 de Panadería y 30 de Belleza. Como muchas otras, Mirna de Jesús, es un ejemplo de esfuerzo e iniciativa. Un día, Mirna sorprendió a Doña Ada, chef responsable de la capacitación en Panadería, porque a las pocas horas de aprender a cocinar ‘donas’ (equivalente al donut) las preparó en su casa y las vendió a sus vecinos. Ya lo ha hecho en varias ocasiones y, como ella misma confiesa, “ahora mis vecinos me piden que las haga rellenas y siguen creciendo mis ventas”. Y así, con el apoyo del Centro Aragua, Mirna proseguirá su desarrollo hasta convertirse en una mujer con un empleo digno capaz de salir adelante por sí misma, siendo agente activo del progreso de su familia y su comunidad.

Crear oportunidades
Honduras hace frente a una tasa de subempleo visible del 8,1% en el área rural y una tasa de subempleo invisible del 35,7%. Esta situación afecta particularmente a la mujer, principalmente a aquellas que son cabeza de familia y encuentran dificultades para ejercer un trabajo fuera del hogar al tener a su cargo el cuidado de sus hijos.

Para combatir las causas que limitan el acceso a las oportunidades y ayudarles a salir del círculo de pobreza y marginación social en el que viven, AHPE implementa desde hace más de 23 años este programa de capacitación de la mujer campesina a través del Centro Aragua donde, hasta 2010, se han capacitado más de 1.000 mujeres en diversas áreas como Costura o Manualidades.

Proporcionar a la mujer los recursos y conocimientos necesarios para liderar su desarrollo, implica contribuir al crecimiento económico y social de un país con mucho que ofrecer.

http://www.canalsolidario.org/noticia/300-mujeres-un-mismo-proyecto-ser-agentes-activas-del-desarrollo-de-honduras/29555

Asesinados 7.315 menores de 23 años en Honduras

Tegucigalpa, 7 may (PL) De 1998 a marzo de 2012 fueron asesinados 7.315 menores de 23 años de edad de uno y otro sexo en Honduras, informó hoy el Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes.

Imagen activa La dependencia de la organización humanitaria Casa Alianza, dedicada a velar por los derechos de ese segmento social tan vulnerable, precisó que entre las víctimas destaca la cantidad de mujeres jóvenes.

Cerca de 20 por ciento de los homicidios ocurridos en el último año fueron contra féminas y de ellas, 70 por ciento oscilaba entre los 15 y 35 años de edad.

Las mujeres constituyen 51 por ciento de la población hondureña y de ese porcentaje, alrededor del 55 por ciento pertenece a ese rango etario. En los menos de dos años de administración del presidente Porfirio Lobo, las cifras anuales de crímenes contra jóvenes casi se duplicaron si se comparan con los registrados bajo gobiernos anteriores, añade el documento emitido por el Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes.

Desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2012 perecieron por la violencia 2.092 menores de 23 años, lo que supera la mil 19 víctimas reportadas durante el mandato de Carlos Flores (1998-2002) o las 1.976 registradas bajo el de Ricardo Maduro (2002-2006).

En Honduras, miles de jóvenes mueren cada año por robo, venganza y el llamado crimen pasional, entre otros, pues los asesinos parecen sentirse intocables en un país donde 98 por ciento de los homicidios queda en la impunidad, según el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.

Este dato concuerda con lo señalado por el Observatorio que en 86 por ciento de los casos se desconoce al responsable de las muertes de los jóvenes ejecutados de manera arbitraria desde 1998 hasta este año.

El departamento de Cortés, con 39 por ciento de los casos, es el más afectado por la problemática, seguido por el de Francisco Morazán (35 por ciento) y Atlántida (15 por ciento).

La dependencia de Casa Alianza manifestó su preocupación por el futuro del país centroamericano ante la ola de crímenes violentos que azota sobre todo a este grupo humano.

Las tasas elevadas de desempleo constituyen uno de los factores que llevan a muchos jóvenes a cometer crímenes, a juicio del ministro de Trabajo, Felícito Ávila, citado por el diario La Prensa.

Los más afectados por el desempleo tienen entre 18 y 29 años, y representan 42 por ciento de la población económicamente activa del país. Creemos que la inserción laboral de los jóvenes es determinante para evitar que se involucren en actos ilícitos, declaró el funcionario.

rmh/ism

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=504248&Itemid=1

El aceite que derrama sangre en Honduras

46 campesinos organizados del Bajo Aguán, en Colón, Honduras han sido asesinados desde el golpe de estado por recuperar tierras que les pertenecían

Responsabilizan de los asesinatos a sicarios a sueldo del principal terrateniente y empresario hondureño, Miguel Facussé

Los homicidios se producen en total impunidad bajo el gobierno de Porfirio Lobo, en el que se han multiplicado las violaciones a los derechos humanos

 

16.04.2012 · Majo Siscar · (Trujillo, Honduras)

El jueves 11 de abril Doninely “Adonis” López iba en su motocicleta al asentamiento de palma africana de la Confianza, unas tierras recuperadas por los campesinos del Aguán, en Colón, cerca del caribe hondureño, cuando seis balas de armas de grueso calibre le arrebataron la vida. Tenía 46 años y junto a sus compañeros estaba negociando con el Gobierno y los terratenientes palmeros la legalización de las tierras que iba a trabajar ese día. Pese al diálogo continuo ahora es el campesino número 46 asesinado en la región desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009 y uno de los 200 asesinados por cuestiones políticas en la Honduras

En la región del Río Aguán se mantiene desde hace dos décadas un conflicto agrario entre los campesinos sin tierra que reivindican su derecho al trabajo, a la tierra y a una vida digna y los terratenientes productores de palma africana que concentran la mayoría de las tierras de la región desde que en 1990 el gobierno hondureño decretase la Ley de Modernización Agrícola para impulsar la extensión del monocultivo y la concentración de la tierra a costa de expropiaciones y desconocimiento de los pequeños propietarios que veinte años antes había llevado a poblar esta región prácticamente deshabitada con una reforma agraria que prometía tierra y una vida digna a campesinos pobres de todo el país, el segundo más pauperizado de América Latina solo después de Haití. En los ‘70, se fomentó la creación de cooperativas de trabajo y se facilitaron préstamos para la plantación de palma en la región. Se limitó la concentración de tierras para evitar los latifundios y el Estado actuó como mediador.

Con la ofensiva neoliberal de los ‘90 dos grandes empresarios, René Morales y Miguel Facussé –uno de los hombres más poderosos de Honduras e instigador del golpe de Estado de 2009- se hicieron con el control mayoritario de la región y extendieron su producción de palma, apoyados por organismos internacionales que promueven este cultivo para producir agrocombustible y por tratarse de cobertura arbolada que da bonos de carbono. Con esta concentración de las fincas, los campesinos no solo perdieron su soberanía alimentaria, sino que se racionalizó la producción y se perdió mano de obra, además de que bajaron los salarios de los jornaleros. Los agricultores que habían perdido tierras y los asalariados empezaron a organizarse en diferentes agrupaciones. En 1998 se empezaron a visibilizar las primeras acciones organizadas: cortes de carretera, movilizaciones y tomas de tierra. Esas empresas asociativas, como la Camarones donde trabajaba Adonis López toman algunas hectáreas de tierras a los terratenientes y se asientan en ellas para poder trabajarlas y luego exigir su reconocimiento al Estado.

Guadalupe Carney fue fundada por 700 familias de campesinos sin tierra sobre lo que fue en los ’80 un campo militar donde se entrenaba a la contra nicaragüense. Ahora sus tierras ya están reconocidas por el gobierno. Chris Thomas

El gobierno de Manuel Zelaya (2006 – 2009) les reconoció y emitió un decreto para  asegurar un mínimo de tierra a cada campesino. Pero con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se anuló la nueva ley, se cortó toda negociación y en medio de la dictadura los campesinos organizados radicalizaron su toma de tierras en ambas márgenes del río Aguán. Desde entonces la represión les está desangrando. Los terratenientes aumentaron sus guardias de seguridad, sicarios a sueldo. Solo desde esa fecha se cuentan 46 homicidios, sin que se haya hecho justicia por ninguno. La respuesta gubernamental ha sido militarizar la zona, en lo que se ha llamado Operación Xatruch. Sin embargo, la presencia de soldados en las carreteras y en las propias comunidades no ha bajado la represión sino al contrario. Los campesinos acusan a los “chepos” (como se les llama en hondureño a los uniformados) de estar coadyuvados con los guardias de Facussé y Morales.

“Lo asesinaron sin piedad como ya han asesinado a muchos otros compañeros. Están tratando de presionarnos para que aceptemos firmar un acuerdo con el Gobierno que nos asfixiará económicamente para así volver a quitarnos la tierra. La gente vive aterrorizada y de nada ha servido militarizar la región, porque los asesinos siguen al acecho y ninguno de los delitos cometidos ha sido esclarecido, ni los responsables fueron castigados”, declaró Vitalino Álvarez, el portavoz del Movimiento Unificado Campesino de la Aguán -una de las cuatro organizaciones campesinas de la zona- a la Secretaría Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Sirel.

La masacre de El Tumbador

La violencia de los terratenientes no tiene límites. Los campesinos lo saben bien desde el lunes 15 de noviembre de 2010. Aquella madrugada fue la última que Guadalupe Gallardo se levantó a hacerle el desayuno a su marido. Con su machete colgado a la cintura y sus tortillas y fríjoles bien guardados, Raúl Castillo se fue a las cinco de la mañana con un grupo de hombres de su comunidad como jornaleros a cosechar la fruta de la palma africana de la finca El Tumbador, una finca de 450 hectáreas que según los labradores les pertenece. Después de dos meses de estar allí día y noche, Facussé les había dicho finalmente que estaba bien, que siguieran ahí y que ya verían como se arreglarían. Desmontaron las chabolas que habían levantado para quedarse en la tierra y se regresaron a la comunidad. Pero había que ir a trabajar la tierra. Y ese lunes, eran apenas las seis de la mañana cuando cerca de 200 guardias de Facussé cercaron las camionetas en la que viajaban los campesinos y empezaron a dispararles. Los labradores, colgados de la caja de la camioneta huyeron como pudieron. Los machetes, que usan para trabajar, no repelen las balas. El tiroteo y la persecución duró tres horas. El último de los cadáveres se encontró a un kilómetro y medio del lugar.

Era como una guerra, disparaban con armas de alto calibre que solo tiene el Ejército. La policía está confabulada con Facussé. Con sus armas nos dicen que ellos son los que mandan”, cuenta Rubén Ortiz Pineda, uno de los supervivientes. Otro, Francisco Ramírez, perdió la sonrisa ese día. Cuando recibió el balazo impulsivamente volteó la cara hacia la izquierda y el proyectil salió dejándole un hoyo arriba de la comisura izquierda del labio. Pensó que iba a morir  pero cuando se dio cuenta de que no, corrió a refugiarse. Uno de sus compañeros le recogió en la camioneta junto a otro herido en la pierna. Estuvo cuatro meses hospitalizado, pero ahora ya puede volver a sonreír junto a su esposa y su hija, de 12 años. Guadalupe Gallardo, en cambio, no puede evitar las lágrimas al recordar la masacre que le arrebató a su marido. Junto al cuerpo de Raúl, arrojado en la carretera con varios disparos de bala, le colocaron un fusil de asalto AK-47. La foto con cuatro cadáveres de campesinos fuertemente armados dio la vuelta al país. Algunos medios de comunicación, afines a los terratenientes, dijeron que los campesinos del Aguán eran guerrilleros, financiados por Venezuela y las FARC. No se hizo ninguna investigación. A día de hoy sus familias aún esperan justicia.

“¿De dónde salieron esas armas? Ellos no andaban armas, solo el machete”, espeta María Concepción Membreño, viuda de Teodoro Acosta. “Los mismos guardias se las pusieron luego de matarlos para sacarles la foto armados y para que el pueblo entero dijera que los campesinos tienen armas”, continua Guadalupe Gallardo.

Gallardo se emociona al recordar a su marido, Raúl Castillo, asesinado por los guardias de Miguel Facussé hace 16 meses. M.S.

Después de la matanza, Miguel Facussé les ofreció dinero para compensar la pérdida y que se quedaran calladas. Sigue leyendo

Honduras: Mueren cuatro campesinos en emboscada en Bajo Aguán

The Associated Press | Fecha: 03/29/2012

TEGUCIGALPA (AP) — Cuatro miembros del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán murieron el jueves y 11 resultaron heridos tras ser emboscados por elementos no identificados, informaron líderes de la agrupación.

“Aun no hemos conseguido recuperar los cuerpos y tratamos de entender qué sucedió” dijo a The Associated Press Juan Chinchilla, el vicepresidente del sindicato de campesinos.

Chinchilla explicó que “los compañeros salían de trabajar y se desplazaban en varios vehículos cuando fueron atacados por hombres armados sin que tuvieran la posibilidad de huir ni defenderse”.

El líder campesino añadió que están “teniendo problemas para recuperar los cuerpos debido a la oscuridad y la posibilidad de volver a ser atacados”.

La emboscada tuvo lugar en la finca Marañón, próxima a la localidad de Trujillo, a unos 380 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

El ataque confirma una escalada de violencia en el Valle del Aguán, centro del conflicto agrario en Honduras.

La muerte de los cuatro campesinos ocurrió tres días después de que un grupo de hombres emboscó a una unidad del Ejército con el resultado de cinco militares heridos, tres de ellos de gravedad.

Campesinos organizados en torno al sindicato ocupan desde hace años varias fincas productoras de palma africana en el Valle y reclaman del gobierno un acuerdo de entrega de las tierras.

El gobierno hizo en enero una propuesta de compra y entrega de 4.000 hectáreas a las organizaciones campesinas, que estas calificaron como “inaceptable”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general René Osorio, ha afirmado que operan en la zona “grupos de campesinos armados entrenados por Venezuela y Nicaragua” y ha reclamado autorización para incrementar la presencia militar.

El Ejército hondureño realiza desde agosto de 2011 en el Valle de Aguán la “Operación Xatruch”, que tiene como objetivo pacificar la zona.

El General Osorio dijo el miércoles que “nosotros no podemos andar desarmando a toda una población, tiene que ser legalmente establecido a través de un decreto del Congreso Nacional”.

El presidente Porfirio Lobo, por su parte, atribuyó el ataque del lunes al contingente militar a “una banda de delincuentes” proveniente de un departamento vecino.

Con las cuatro víctimas del jueves asciende a 49 el número de campesinos muertos en la zona desde 2009, según un informe del Comisionado Nacional de los derechos humanos.

También se ha registrado en el mismo período la muerte de siete guardias de seguridad y un periodista.

Hace dos semanas, cerca de un centenar de congresistas estadounidenses le pidieron a la Secretaria de Estado Hillary Clinton que “suspenda la asistencia al Ejército y la policía hondureña dadas las acusaciones creíbles de serias violaciones a los derechos humanos que recaen sobre las fuerzas de seguridad”.

Su carta se centraba específicamente en la situación en el Valle del Bajo Aguán.

Los firmantes señalan que el Gobierno hondureño debería “investigar y perseguir a los responsables de asesinatos, amenazas y abusos, incluyendo a sus autores intelectuales y a los miembros del Ejército y la policía que hayan participado o colaborado de manera creíble en dichos abusos”.

http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-29/honduras-mueren-cuatro-campesinos-en

 

Defensoras de la vida, el territorio y la madre tierra

Miércoles 07 de marzo de 2012

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El 8 de marzo es el día internacional de la mujer trabajadora. En todos los países de Sur y Norte se violentan los derechos de las mujeres. En la defensa de la vida, el territorio y la madre tierra, las mujeres tienen un rol activo. Resisten en primera línea proponiendo alternativas . Presentamos algunos casos.

Por Guadalupe Rodríguez / Salva la selva

Son legión las mujeres latinoamericanas y caribeñas que están en primera línea de las luchas continentales. En todos los territorios, en todas las trincheras. Estos son sólo algunos casos… cuéntanos más:

Panamá: por la dignidad de las mujeres indígenas en resistencia

El gobierno panameño incumplió su palabra y autorizó la explotación minera e hidroeléctrica en su territorio. Cuando la Comarca es amenazada, los Ngäbe-Buglé trabajan en conjunto. En febrero 2012, indígenas Ngöbe Bougle reaccionaron saliendo a la calle. Fueron ocho días de protesta. El saldo: represión, dos muertes de manifestantes, agresiones sexuales a mujeres por parte de la policía y decenas de heridos. En el largo proceso de resistencia, las mujeres Ngäbe han demostrado en las manifestaciones y en las protestas en el río Tabasará, en Changuinola, en ciudad de Panamá, que la defensa de la vida y el territorio es una de sus tareas. La cacica general del pueblo Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, se ha convertido en un símbolo de resistencia en Panamá. Ella junto a otras compañeras y compañeros ha liderado con dignidad la resistencia a las mentiras y la brutal agresión del Gobierno. Esta mujer Ngäbe, de Alto Laguna, corregimiento de Cerro Pelado (distrito Ñurum), participa de forma activa en la lucha de su pueblo desde que tiene 13 años.

Colombia: mujeres desaparecidas, amenazadas y violentadas

El 17 de febrero se cumplió un año de la desaparición en el departamento del Valle del Cauca de la ingeniera ambiental Sandra Viviana Cuéllar Gallego, activista y artista, nacida en Cali hace 26 años. Hoy aún no se sabe quienes fueron los autores de este crimen que hasta ahora está impune. Desde la Fiscalía colombiana no se ha dado mayor información sobre la investigación y sus avances. A Viviana le faltó la protección y seguridad que también necesitan otras muchas mujeres en su país. Como Rosalba Córdoba, lideresa afrodescendiente que maneja la embarcación de su comunidad en la cuenca del río Cacaricá, una firme defensora de los derechos humanos, mujer inquieta y práctica, al igual que firme a la hora de denunciar operaciones militares y paramilitares en su territorio. O como Yahaira Salazar, joven poeta también de origen afro, que conoció desde niña en carne propia lo que significa el desplazamiento forzado y las mentiras urdidas por el estado colombiano alrededor de la desmovilización de los paramilitares. O Emilsen Manyoma, joven madre que en medio del control militar y paramilitar consentido por el Estado en el Bajo Calima y San Juan se opone al narcotráfico afirmando su derecho a la producción limpia, a la soberanía alimentaria, a la protección de la biodiversidad. Luz Marina Cuchumbe, mujer indígena y madre de seis hijas e hijos, una de las cuales fue ejecutada extrajudicialmente y luego presentada por diversos medios de comunicación de masas como guerrillera junto al compañero que murió a su lado y a un superviviente. Ellas no constituyen casos aislados, sino que forman parte de una terrible realidad social para las mujeres.

Mujeres ecuatorianas construyendo del Buen Vivir

La Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador – AMPDE expresó en enero 2012 su voz de rechazo al comienzo de cualquier actividad minera en el país. Como alternativa, apuestan por la construcción del Buen Vivir como eje de desarrollo. En un manifiesto afirman que “propuestas extractivistas lejos de traer bonanza para todos y todas, serán causa de conflictos, tensiones, violencia y división social, perpetuando la pobreza y la desigualdad”. Es urgente caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo post-extrativista, basado en el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y soberanía sobre nuestros recursos naturales. Rechazan también la criminalización de la protesta que sufren mujeres y hombres que participan de la organización social en su país. Otra organización, Mujeres Defensoras de la Pachamama, conmemoran el día 8 de Marzo bajo el lema “Mujeres de las Américas resistiendo a la minería”.

México Indígenas Zoques chiapanecas por la tierra y la propiedad comunal

En el conflicto territorial en la selva de los Chimalapas entre los estados mexicanos de Oaxaca y Chiapas, las mujeres indígenas zoques juegan un papel fundamental. Junto a otras mujeres, María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, participa activamente en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación de un municipio chiapaneco en su territorio comunal que pertenece al estado de Oaxaca. Las mujeres zoques reprochan al gobierno de Oaxaca su desinterés, y exige que apoye esta protesta. Se trata de un conflicto agrario por la posesión de 47 mil hectáreas de selvas y bosques que enfrenta a zoques con ganaderos y talamontes chiapaneco desde hace más de 50 años. “Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después”, dice la indígena.

Honduras ¡Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres!

En noviembre de 2011, Feministas en Resistencia hondureñas repudiaron la masacre de campesinos en la región del Bajo Aguán. A pesar de la grave situación para los derechos humanos y para las mujeres en su país, denuncian públicamente que los asesinatos de campesinos son atribuidas al ejército paramilitar organizado por el terrateniente Miguel Facusse Barjum. Este habría atacado a los campesinos mientras descansaban y cuidaban de sus tierras. Demandan al régimen encabezado por Porfirio Lobo Sosa que los crímenes no queden en la impunidad y le hacen responsable de la escalada de violaciones de los derechos humanos del pueblo hondureño. La impunidad galopante refleja la incapacidad para investigar y castigar estos homicidios cometidos contra el pueblo en Resistencia.

Bolivia: Nunca más violencia contra la mujer indígena

Cuatrocientas mujeres indígenas representantes de 34 pueblos del oriente, chaco, amazonía y Tierras Altas marcharon a lo largo de 65 días en 2011 junto a sus esposos, hijas e hijos, hermanas y hermanos en defensa de su territorio amenazado por la construcción de una carretera. Durante la VIII Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS se produjeron de parte del Gobierno machista y autoridades diversos ataques contra las mujeres -que se encuentran debidamente documentados. Destacamos la falta de justicia para procesar a los responsables de la represión policial ocurrida el 25 de septiembre de 2011. Ese día llegó una orden de dispersión de la Marcha. Aproximadamente 600 policías cercaron a quienes venían marchando, gasificaron el campo que ocupaban y reduciendo violentamente a quienes protestaban fueron alejados de su ruta. Las mujeres indígenas fueron reprimidas, maniatadas, amordazadas, golpeadas. Obligadas a esconderse en el monte, a saltar al río, despojadas de sus hijos e hijas, alejadas de sus esposos, privadas de sus pertenencias que fueron destruidas. Pero ellas fueron valientes para plantear la defensa de sus derechos constitucionales y continuar la caminata de 602 kilómetros hasta la sede de Gobierno donde todo el grupo hizo escuchar sus reivindicaciones. Así lograron el objetivo de detener la construcción de la carretera que partiría en dos mitades. Pocos meses después de este logro que dio la vuelta al mundo, la exuberante naturaleza enfrenta una nueva amenaza: el Gobierno busca activar nuevamente el proyecto vial y ha comenzado una persecución judicial contra las mujeres lideresas de la VIII Marcha y otros compañeros y compañeras defensoras de los derechos indígenas.

Mujeres del Movimiento sin Tierra de Brasil en lucha por la reforma agraria

En Brasil, los grandes latifundistas acaparan enormes extensiones de tierra, mientras miles de familias no tienen acceso a la tierra. Por ejemplo, extensas áreas de cultivo han sido usurpadas para implementar monocultivos de eucalipto. El Movimiento de los Sin Tierra lucha incansablemente por la reforma agraria, denunciando la lentitud del proceso y llevando a cabo ocupaciones de tierras, campamentos y asentamientos.

Así sucede también en plena mata atlántica, en el estado de Bahía. En el municipio Alcobaça-Bahia la madrugada del 1 de marzo de 2012, 1150 mujeres campesinas del MST, de varios campamentos y asentamientos de la región ocuparon la hacienda Esperança, propiedad de la empresa Suzano Papel Celulose. El objetivo central de la ocupación es denunciar el destrozo social y ambiental que provocan las grandes empresas de eucalipto en la región. Expulsión del campo, desempleo, pobreza y desigualdad social son las consecuencias directas. Las mujeres piden una reforma agraria real, mayor agilidad en el proceso y un mayor interés por parte de las autoridades. En el estado de Bahía son 23 mil las familias acampadas del MST, algunas desde hace 8 años. Esta es la segunda ocupación en el Extremo Sur de Bahía, y el sexto año consecutivo que las mujeres del MST realizan acciones visibles y reivindicativas de la mujer campesina y sus problemas durante el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora.

¿Qué puedes hacer tú?

Todas y todos quienes lo deseen, pueden participar de una ciberacción conmemorativa del 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora desde la página web de Salva la Selva.

Compilado por Guadalupe Rodríguez, en base a informaciones y comunicados de Otramérica, Justicia y Paz, Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, Mujeres Defensoras de la Pachamama (http://defensoraspachamama.blogspot.com/), Maderas del Pueblo,Feministas en Resistencia hondureñas (http://feministascrenresistenciaalgolpe.blogspot.com/), Marielle Cauthin y Campaña en Defensa del TIPNIS, Movimiento sin Tierra MST de Brasil y Salva la Selva

http://otramerica.com/personajes/defensoras-de-la-vida-el-territorio-y-la-madre-tierra/1647

El Encuentro del Bajo Aguán hace una dura radiografía de Honduras

Lunes 20 de febrero de 2012

El Encuentro de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras, que ha reunido más que 700 personas en Tocoa (Bajo Aguán) terminó el domingo, pero la huella debe durar bastante más. En una de las zonas más peligrosas del hemisferio para los movimientos sociales organizados, se ha analizado esta Honduras fallida, golpista y asesina. Otramérica ha estado allá.

En dos años han sido asesinados 54 campesinos organizados del Bajo Aguán. En el Encuentro se denunció el plan de las Ciudades Modelos para acabar con los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Por Emma Volonté

Tocoa es una calurosa ciudad rodeada por decenas de millares de hectáreas de palma africana, tras las que se enredan los intereses del narcotráfico y los de uno de los mayores empresarios del país: Miguel Facussé Barjum. Facussé pertenece a la oligarquía hondureña, las diez familias que controlan la economía, la justicia y la política del país.

“El gobierno de Zelaya no era socialista, pero se había atrevido a hacer cosas prohibidas por el imperio [estadounidense]”, recordaba a los participantes Miriam Miranda, presidenta de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña). Bastó su promesa de tierra, reforma constitucional y de un salario digno, para que la oligarquía se sintiera tan amenazada como para organizar un golpe de estado. A éste siguió un régimen de total violencia e impunidad, que después de dos años y medio está cobrando 20 víctimas al día.

Según el informe de Human Rights Watch de 2011, a pesar de que el gobierno haya creado una Comisión de Verdad, todavía no se ha hecho justicia a las víctimas de las violaciones ocurridas después del golpe, que han afectado y siguen afectando sobre todo a defensor@s de derechos humanos, periodistas e integrantes de organizaciones campesinas. En Honduras, las violaciones continúan, según ha alertado incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la misma Organización de Estados Americanos (OEA) que ha legitimado al réfimen del presidente Porfirio Lobo al aceptar su reincorporación.

El Observatorio Permanente de los Derechos Humanos en el Aguán, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, organizó el encuentro justo para dar voz a las víctimas de la violencia del Estado, visibilizar la situación política del país y compartir experiencias buscando estrategias comúnes, en el entorno nacional e internacional, para contrarrestar la represión.

Mel en el Aguán

“Parecía que mi retorno iba a ayudar a disminuir las violaciones a los derechos humanos, pero ha continuado de una forma vergonzante la represión contra el pueblo hondureño. ¿El incremento de estas violaciones corresponde a un incidente, al azar, o es un hecho premeditado? Yo creo que obedece a leyes y decretos del mismo Estado, que legitiman la impunidad que permanece desde el golpe. Cuando la impunidad es generalizada, ésta corresponde a un plan”, denunció el ex presidente Manuel Mel Zelaya durante la cerimonia inaugural.

El plan del Gobierno parece evidente analizando las leyes que impulsa. Como la Ley Antiterrorista, que criminaliza la protesta social con el pretexto de que “fondos para grupos subversivos entran como remesas o a través de ONG”, o la Ley de Escuchas (sobre las intervenciones telefónicas). “Ya nos escuchaban, pero están tan descarados que ahora sacan una ley”, explicaba Dina Meza de COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).

La resistencia en el Aguán

Los organizadores han elegido el Bajo Aguán como sede del encuentro porque es el caso más impactante de la impunidad que reina en el país. “Al principio de los noventa, el Fondo Monetario Internacional, junto con el gobierno neoliberal hondureño, inauguraron una política agraria que daba luz verde a los terratenientes para el acaparamiento de la tierra de los campesinos. Todo el mundo empezó a vender sus tierras bajo amenazas y chantaje, sobre todo a Miguel Facussé. Quienes se negaron, fueron asesinados”, relata a Otramérica Vitalino Álvarez, Secretario de las Relaciones Publicas del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán). Cuando descubrieron que las concesiones de los terratenientes duraban hasta el 2005, los campesinos se organizaron para recuperar sus tierras.

En abril de 2010, el Gobierno prometió la entrega de 11.000 hectáreas de tierra a los campesinos del Bajo Aguán, la construcción de 500 casas y la prestación de servicios de educación y salud. El acuerdo no ha sido respetado, y las organizaciones que han protestado han sido fuertemente reprimidas: son ya 54 los campesinos asesinados por los sicarios de Miguel Facussé en los últimos dos años, una cifra exorbitante incluso en el país más violento del mundo. A pesar de la traición anterior, la semana pasada MUCA y MARCA (Movimiento Auténtico Reivendicador Campesino del Aguán) han firmado otro acuerdo con el gobierno de Lobo, que prevé la entrega de tierra a cambio de dinero y de la promesa de que el aceite de palma producido será vendido a la empresa Hondupalma.

El Encuentro de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras ha sido la ocasión para dar voz a las víctimas de la militarización del Aguán. Han llevado su testimonio los familiares de las victimas, como Eriberto Palacios, cuyo hijo fue asesinado de 30 balazos. “Nahúm era periodista y su único delito fue haber dicho que la tierra del Bajo Aguán es de los campesinos, no de los terratenientes”.

También tuvieron su espacio los que viven el día a día atrapados por las amenazas continuas, de las que son victimas hasta las niñas, como denunciaba Consuelo Castillo, del MUCA, cuya hija, saliendo de la escuela, fue amenazada por desconocidos. “Le han puesto una pistola en la boca, y le han dicho que habían matado a su madre y que nunca se encontraría su cuerpo”.

¿Ciudades modelos o plan de muerte?

Durante el encuentro han sido recordadas las detenciones, violencias y torturas ocurridas en los días del golpe, pero también el despojo de tierra que afecta a la población indígena y negra de Honduras. “Hay planes de muerte para hacer desaparecer a los pueblos culturalmente diferenciados”, explicó Miriam Miranda. Miranda se refería, en particular, al proyecto de las Regiones Administrativas Especiales, aprobado por el Congreso Nacional hace un año, también conocidas como Ciudades Modelos. La primera será construida en Trujillo, en la costa garifuna caribeña, a través de la venta de 100 km cuadrados de territorio hondureño al capital financiero internacional. Será un paraíso fiscal, una zona no sujeta a la legislación nacional donde las “empresas compradoras” podrán crear sus leyes, tribunales y su propio sistema sanitario y educativo. “Se trata de la venta de la soberanía del país, es una humillación para nosotros los hondureños. Además las Ciudades Modelo comportan desalojos y violaciones a los derechos humanos: el barrio Rio Negro en Trujillo ya está desapareciendo, ya están botando las casas para construir el muelle de cruceros ”, denunció a través de Otramérica Alfredo López, vicepresidente de OFRANEH.

Para participar en los campamentos internacionales de observación de los derechos humanos en Honduras: campamentoshonduras@gmail.com

http://otramerica.com/radar/el-encuentro-del-bajo-aguan-hace-una-dura-radiografia-de-honduras/1575

 

Honduras, ¿quién USA la violencia?

Por Ollantay Itzammá

http://otramerica.com/opinion

Viernes 17 de febrero de 2012

Cualquier imaginación cinematográfica queda superada ante la dantesca hoguera que consumió a 355 hondureños/as privadas de libertad en la Granja Penal de Comayagua, el pasado martes. Un infierno total en esta Honduras de la muerte que refleja la vergüenza de quienes dicen gobernar en democracia. ¿Por qué tanto odio y saña contra las y los excluidos por el sistema y recluidos en las cárceles?

Ollantay Itzammá

Sociólogo y analista de esta Otramérica

Mientras el fuego consumía los pabellones repletos de seres humanos hacinados que clamaban perdón y auxilio, la vigilancia estatal no se inmutó ante aquel clamor. Más por el contrario, a cuantos intentaron escapar se los reprimió. ¿Por qué tanta crueldad en esta Honduras cuya democracia y derechos humanos son protegidos y monitoreados por el gobierno de los EEUU?

Duele el acto criminal, pero duele más la hipócrita actitud “cristiana” de las y los principales responsables  que celebran actos litúrgicos por el descanso eterno de sus víctimas como en la vergonzante época de la Santa Inquisición. Como duele también la indiferencia de “pacíficos” hondureños/as que sobreviven insensibles a la apabullante matanza, esperando la justicia divina que jamás llega a resolver los problemas que ellos evaden.

¿Y los responsables?

En esta Honduras que sobrevive sin Estado, ni gobierno, se premia el delito y se castiga la ética y la defensa de los derechos humanos.

La infernal incineración colectiva de reclusos vivos en la cárcel de Comayagua, ya fue ensayada en la cárcel de San Pedro Sula, en 2003, con un saldo de 107 muertos, y en la cárcel de El Porvenir, La Ceiba, en 2005, donde quemaron 66 reclusos. ¡A los culpables se los premió con la impunidad! Lo mismo ocurre con los responsables de los más de 7 mil asesinatos anuales (más de 20 diarios), porque la policía se convirtió en la organización delincuencial más letal en un país cuyas aparentes instituciones jurídicas y políticas son dirigidas nada menos que por actores y promotores impunes del golpe de Estado.

Los responsables de la sistemática negación violenta de la condición humana de las y los hondureños en las cárceles y fuera de ellas, se pasean impunes en los espacios de la comunidad internacional, y son recibidos en la Casa Blanca como ejemplares defensores de los derechos humanos. Así promueve la comunidad internacional el crimen organizado en Honduras, como un ejemplo a seguir en países vecinos.

¿Qué buscan con la violencia generalizada?

En la década de los 70 y 80 del siglo pasado, los estados oligárquicos de varios países centroamericanos empujaron a la violencia guerrillera a sus poblaciones para masacrarlas por millares en las montañas. Así fue como se intentó desaparecer, con el financiamiento y asesoramiento norteamericano, a cuantos exigían democracia y tierra en aquel entonces.

En Honduras, en los últimos 25 años, la oligarquía, con el aval del gobierno norteamericano, diluyó adrede la aparente institucionalidad estatal con la finalidad de instaurar de facto una situación de guerra civil y muerte en todo el territorio nacional. Para ello no sólo proveyó y provee de armas de guerra a los habitantes como si fueran teléfonos celulares, sino, importó de países extranjeros escuadrones de sicarios. Deliberadamente dejó la proliferación de bandas de narcotráfico que controlan gobiernos locales y unidades territoriales completas. La finalidad de todo esto es justificar descaradamente mayor desembarque del ejército norteamericano en tierras hondureñas, para así contrarrestar a la rebelde Latinoamérica y el Caribe, que avanza indomable hacia la culminación de su independencia.

Es evidente que la “guerra contra las drogas” en Centro América y México no es sólo para resguardar militarmente la autopista regional expedida para el flujo de dólares (con olor a droga y pólvora) de y hacia los bancos norteamericanos, sino también es para asegurar la reconquista militar de América Latina bajo el argumento de “ayuda humanitaria” en estados fallidos.

¿Será que Honduras repetirá su historia?

Si en la década de los 80 del pasado siglo la invasión norteamericana hacia Centro América fue bajo el argumento de “contrarrestar” al fantasma de la ideología socialista, ahora, la invasión anunciada es para reprimir el avance de la democratización en el continente. Sólo que esta vez ni el pueblo hondureño, ni el latinoamericano caribeño, estamos dispuestos a caer en semejante patraña irracional. Honduras ya fue utilizada como la Malinche de la región durante la “guerra de baja intensidad” en los 80, pero terminó más empobrecida y humillada que nunca.

A la violencia y a sus criminales debemos derrotarlos democráticamente. Aprendimos que la violencia en condiciones desiguales sólo nos hereda muerte y retroceso. Para democratizar Honduras y la región caribelatinoamericana es fundamental articularnos en movimientos sociopolíticos de alcance regional para concluir los inconclusos procesos de independencia. Estos procesos también significan caminos de refundación.

Quienes seguimos sobreviviendo a la muerte generalizada en Honduras somos demográficamente más numerosos que todos los escuadrones de la muerte juntos. Además, nos asisten la razón y el espíritu de nuestros héroes y heroínas que nos acompañan en multitud ascendente desde diferentes rincones clamando ensordecedores gritos de justicia. La historia nos indica que todas las oligarquías e imperios asesinos cayeron presos de sus propias inmoralidades e irracionalidades. Pero, esta caída tenemos que acelerarla renovando nuestra perseverancia en la resistencia creativa y orgánica como estilo de vida. Nuestra responsabilidad es grande en Honduras. Aquí se juega no sólo el futuro de la geopolítica imperial, sino el futuro de la democracia, de la humanidad y de la vida en sus diferentes formas.

http://otramerica.com/opinion/honduras-quien-usa-la-violencia/1566