El acaparamiento de tierras de una empresa española causa hambre en Guinea Bissau

“Nadie nos preguntó, y desde que llegaron hemos pasado hambre”. Sentada bajo un inmenso árbol, rodeada de la mayoría de su aldea, Djanabu Valde se lamenta de la llegada de Agrogeba, una empresa española que en 2010 comenzó a cultivar en los terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 habitantes en el norte de Guinea Bissau. El resto del círculo no deja de asentir en cada una de sus protestas.

Con la mirada firme, esta madre de 8 hijos, cuenta que desde la llegada de la empresa arrocera han tenido que abandonar sus tierras más fertiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco.  Cuando el traductor le pregunta si la corporación española les ha traído algo bueno, los habitantes de Sara Djae muestran su enfado, como si les molestara el simple hecho de que se les plantee esa posibilidad.

En abril de 2010 la empresa española desembarca en Guinea Bissau con la concesión de 3.000 hectáreas durante 99 años. El objetivo declarado, favorecer la modernización de la agricultura y reducir así la importación del arroz, alimento clave en la antigua colonia portuguesa. Hasta ahora sólo han comenzado a cultivar unas 520 hectáreas, según la  empresa.

“El gobierno cedió tierras sin consultar a las comunidades”, explica Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de Aprodel, una ONG guineana que trabajan desde 2001 en la zona. Para Barbosa, el primer responsable de este acaparamiento de tierras es el gobierno de su país, ya que debería haber advertido a la empresa para que negociara con las comunidades afectadas.

“No queremos una inversión que traiga beneficios para unos y pobreza para otros”, razona su oposición a las prácticas de Agrogeba. Además, el portavoz de Aprodel critica el uso de productos químicos con avioneta contrarios a la normativa internacional. El propio director de Agricultura de la región reconoce que “nadie sabe qué pesticidas se usan” en los cultivos de la arrocera española.

Tampoco en el ámbito laboral escasean las críticas a Agrogeba. Los trabajadores de las aldeas cercanas protestan de retrasos en los pagos, tener que aceptar sacos de arroz como sueldo, ausencia de contratos y ninguna cobertura si caen enfermos. “Desde agosto sigo trabajando sin que me paguen”, se queja uno de ellos en la comunidad de Sara Djae. 

Herbicida encontrado por una de las comunidades. Puede leerse “las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 grados”, algo muy poco habitual en Guinea Bissau. A.S.

Pobreza en nombre del progreso

El Gobierno de Guinea Bissau calificó la inversión de Agrogeba en 2010 como un hito en el “proceso de modernización” del sector agrícola del país. Pero los habitantes de las zonas cercanas denuncian que ese supuesto progreso sólo les ha traído hambre, enfermedades y daños al medio ambiente,

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la mayoría de las poblaciones afectadas “han pasado de tres a dos comidas al día” desde la apropiación de las tierras, y el miedo a no poder alimentar a sus hijos hace que muchos de ellos se planteen mudarse a otras tierras. “Ese terreno es donde está nuestra vida”, nos explica Calido Ndjai, jefe de la aldea afectada de Sara Djae.

El citado informe denuncia que el uso de pesticidas por parte de Agrogeba ha provocado que los mosquitos se trasladen a los terrenos habitados. El resultado, el porcentaje de mujeres afectadas por malaria habría subido de un 15 a un 65% en las zonas cercanas a las plantaciones.

Lo confirma Mainu Balde, vecina y matrona del pueblo de Tchutcho, que habla de un fuerte aumento en los abortos involuntarios en su comunidad como consecuencia de la malaria. “Toda la tierra fértil nos la ha quitado Agrogeba, hemos tenido que ir a cultivar a las tierras altas, donde se produce mucho menos”, coincide con  los habitantes de Sara Djae. Además, Balde denuncia que cada vez encuentran más animales enfermos porque beben agua contaminada de fertilizantes y herbicidas.

Un niño sobre sacos de arroz cultivados en la finca de Xaianga. A.S.

“Tenemos que comprar el arroz que se produce en nuestra tierra”, “cuando el arroz no es bueno lo queman en vez de dejárnoslo”, “no han cumplido ningún compromiso”, son otras de las denuncias que  se escuchan en una reunión de los vecinos de Tchutcho.

Sólo dos de las comunidades afectadas, Bijini y Djana, consiguieron recuperar sus tierras tras protestar al Gobierno central y organizar una manifestación donde ocuparon los terrenos de cultivo. “La comunidad dijo que no aceptaba la presencia de Agrogeba porque nuestra supervivencia dependía de esa finca”, recuerda Muniro Bayo, jefe de la comunidad.

Hasta el momento, ninguno de las zonas comunidades afectadas ha acudido a los tribunales para intentar recuperar sus tierras, sino que esperan la mediación del régulo. Una suerte de jefe tradicional de la comarca, que desde el comienzo de la disputa mantiene una buena relación con los gestores de Agrogeba. 

“No le hemos quitado la tierra nadie”

Jaume Pons, uno de los cuatro socios propietarios de Agrogeba y gerente de la empresa en el terreno niega la mayoría de las acusaciones de las comunidades y las ONG. “No le hemos quitado la tierra a nadie”, “no había nada cultivado cuando llegamos”, “los salarios se pagan al día”, “mantenemos los precios de venta para ayudar a la población”, defiende ante un grupo de periodistas en la misma fábrica de la empresa.

Pons también niega que sus cultivos hayan contaminado las zonas cercanas a sus plantaciones, aunque admite que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, ya que no lo exige la legislación guineana. En cambio,  sí reconoce que queda por cumplir su promesa de construir una escuela en la aldea de Sara Djae, aunque justifica el retraso en la que la empresa aún no ha dado beneficios.

El socio de Agrogeba confía en aumentar la producción y llegar a cultivar las 3.000 hectareas cedidas por el gobierno de Bissau. Para ello, el embajador de la Unión Europea en este país,  Joaquín González-Ducay, le ha transmitido su deseo de apoyar a Agrogeba a través de un programa  de apoyo al desarrollo agrícola que cuenta con un presupuesto total de 10 millones de euros.

Agrogeba forma parte del  grupo empresarial petrolero Petromiralles, cuyos dueños son los hermanos Josep María y Pere Torrens Ferrer. Ambos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de  fraude fiscal de más de cien millones de euros, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental.

Avioneta usada por Agrogeba para la fumigación de sus plantaciones. A.S

Acaparamiento global

El acaparamiento de tierras en los países del sur por parte de empresas extranjeras es uno de esos hechos que, al producirse poco a poco y en zonas alejadas entre sí, suele pasar desapercibido. Sin embargo se trata de un fenómeno de alcance y consecuencias mundiales.  La Coalición Internacional de Acceso a la Tierra calculó en 2012 que desde el año 2000 se había comprado el 1’7% de las tierras cultivables en el planeta. Un proceso que se acelera a partir de 2008 como consecuencia de un fortísimo aumento del precio de los alimentos en los mercados globales.

El guión por el cual la tierra pasa de manos campesinas a propiedad de multinacionales tiene en África su principal escenario y en las corporaciones chinas el último actor invitado. Según un informe de Intermón Oxfam, 20 mil personas habrían sido expulsadas de sus tierras en Uganda a causa de una única empresa maderera, la New Forest Company. Las empresas privadas de los países occidentales serían sin duda los protagonistas de este expolio progresivo, y los gobiernos locales los cómplices necesarios. El aumento de la población junto a la especulación en los precios de las materias primas hace prever que estos acaparamientos de tierras no dejarán de crecer en los próximos años.

La paradoja, Guinea Bissau es desde 2007 destino preferente para la agencia de cooperación española. En uno de los lugares más pobres del mundo, donde uno de cada 5 habitantes pasa hambre de forma crónica, la actividad de una empresa de capital español parece provocar justamente los efectos contrarios a los que persigue la ayuda al desarrollo en ese país.

Nota: este reportaje ha sido elaborado gracias a las facilidades en el transporte ofrecidas por la ONG Alianza por la Solidaridad.

http://periodismohumano.com/economia/el-acaparamiento-de-tierras-de-una-empresa-espanola-causa-hambre-en-guinea-bissau.html

Expulsado ilegalmente de España dos veces siendo menor

Mohamed Camara fue desterrado clandestinamente en noviembre de 2012 a Marruecos, estando tutelado por la Consejería de Bienestar Social de Melilla y acogido en un Centro de Menores.

Tras varios intentos fallidos, logró entrar en la bahía de Melilla en patera a mediados de marzo, pero volvió a ser echado de forma irregular y deportado posteriormente a Argelia donde sufrió abusos.

Desde hace tres meses espera en los campamentos cercanos a Nador, sin dinero y exhausto tras decenas de intentos de volver a Melilla, que prospere la denuncia presentada ante la Justicia española en la que dice confiar a pesar de todo.

Él asegura que no pierde la esperanza y que, a pesar de todo lo que le ha sucedido, confía plenamente en la justicia española. Pero, durante las casi dos horas de caminata desde Tauima (pequeña población a las afueras de Nador, en el norte de Marruecos) hasta el asentamiento de inmigrantes donde vive, al joven Mohamed Camara se le nota cada vez más cansado, delgado y apático.

Mientras, en España siguen sin depurarse responsabilidades y las diligencias judiciales parecen haberse atascado en referencia a la denuncia que el propio Mohamed presentó -gracias a la intercesión de las ONG Prodein, Areas y Caminando Fronteras– en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Melilla, tras ser expulsado ilegalmente de tierras españolas en dos ocasiones siendo menor de edad, la primera de ellas estando tutelado por la Ciudad Autónoma de Melilla y acogido en un centro de menores de dicha localidad.

Desde que el pasado 20 de abril cumpliera la mayoría de edad ya no le ampara la protección especial que tanto la legislación española como las leyes internacionales dictan sobre los menores. Además, han pasado casi tres meses desde que se interpusiera la pertinente denuncia y no parece que se estén haciendo todos los esfuerzos posibles para esclarecer los hechos y restituir el gran daño infligido a este adolescente guineano.

Todo esto va haciendo mella en una persona que ha intentado entrar tantas veces a Melilla que dice haber perdido la cuenta. Un chico que ha sido deportado violentamente a Argelia en cuatro ocasiones; al que le han despojado de sus objetos personales seis veces; y que ha agotado ya todos sus recursos económicos y los de sus familiares, amigos y conocidos para probar suerte en una nueva tentativa de pisar suelo español.

Primera expulsión ilegal estando tutelado en España

Mohamed Camara nace en Conakry, capital de la República de Guinea, el 20 de abril de 1995, en el seno de una familia muy humilde, siendo el segundo de tres hermanos. Buen estudiante y deportista, destaca por su facilidad para los idiomas, llegando a hablar hasta cinco; así como por su buena condición física, que le lleva a soñar con llegar un día a jugar en el Barça, su referencia futbolística en Europa, o incluso a poder igualar algún día las marcas del velocista jamaicano Usain Bolt, su ídolo del atletismo.

“En mi país no hay absolutamente nada”, comenta el joven. “Es un país muy pobre. Allí, ahora, sólo tengo a mi hermana pequeña (de 14 años) y a mi madre. Y yo siempre quise salir para intentar tener un poco de dinero y poder rehacer mi vida, vivir mis sueños”.

Su afán por querer mejorar le llevó a realizar un viaje de siete meses hasta lograr entrar en Melilla, después de varios intentos fallidos, en marzo de 2012, cuando tan sólo contaba con 16 años de edad. La Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla confirma, en un escrito remitido al Defensor del Pueblo, que Camara estuvo tutelado por dicha entidad “desde el 28 de marzo de 2012”, permaneciendo ingresado “en el Centro de Menores ‘La Purísima’”.

Mohamed, acompañado por amigos del centro de acogida, muestra sus medallas deportivas en julio del pasado año

Mohamed, acompañado por amigos del centro de acogida, muestra sus medallas deportivas en julio del pasado año

Durante su estancia en España bajo tutela institucional, Mohamed aprende rápido la lengua española y se entusiasma con el mundo medioambiental en las clases de jardinería que recibe en  la Granja Escuela ‘Gloria Fuertes’. Destaca considerablemente en deportes, consiguiendo medalla en todas las competiciones de atletismo y fútbol a las que le dejan apuntarse.

Hace buena amistad con Ibrahima Sare, un chico burkinés dos años menor que él, con el que comparte lengua materna, aficiones y, sobre todo, color de piel. Consiguen hacer piña y se defienden mutuamente de los constantes enfrentamientos con los menores magrebíes que son mayoría en los centros de acogida en Melilla.

Muchas veces, para sentirse un poco más en casa, o al menos en un ambiente menos hostil, recorrían a pie los escasos 500 metros que separan el Centro de Menores del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde la mayoría de los internos son, al igual que ellos, de origen subsahariano. La mañana del 14 de noviembre de 2012 hicieron este camino juntos por última vez.

Según el relato de los menores, cuando se encontraban ya a las puertas del CETI, una persona que se identificó como “inspector” les instó a que subieran a un vehículo y les condujo hasta la valla de seguridad que separa a la ciudad autónoma de Marruecos donde, según afirman, fueron entregados a agentes dela Guardia Civil, quienes tras abrir una de las puertas de la valla, cerca del paso fronterizo de Mariuari, les obligaron a pasar al lado marroquí.

“Nos preguntaron cómo habíamos entrado a Melilla y nos exigían que les diéramos nombres de los ocupantes, color y marca del vehículo en el que decían que habíamos entrado”, relata Mohamed. “Les repetimos que no éramos nuevos, que vivíamos desde hacía meses en el Centro de Menores. Pero no nos creyeron. Ibrahima llevaba más de un año en Melilla, estudiaba en un instituto y hablaba perfectamente español, pero no quisieron creernos. Estaban decididos a echarnos, dijéramos lo que dijéramos”

Una carta anónima remitida a la organización Pro Derechos de la Infancia (Prodein) y presentada como documento anexo a la denuncia asegura que los jóvenes fueron expulsados entre las 11:00 horas y las 13:00 horas en la zona de la alambrada señalizada como A13-A14 y, además de dar los nombres de los guardias que participaron en esta expulsión ilegal, asegura que toda la acción “quedó recogida a través de las cámaras de vigilancia del perímetro fronterizo, las cuales son gestionadas por la Comandancia de Melilla”.

Una vez en manos de dos gendarmes de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, éstos les dijeron que se alejaran del lugar y corrieran hacia los campamentos del monte Gurugú si no querían recibir una paliza. Allí permanecieron varios días “sin nada que comer y muertos de frío y miedo”, explica Camara.

La Fiscalía General del Estado abrió entonces una investigación, ya que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos entre los que destacarían el abandono de menores, la vulneración de la Ley del Menor, la detención ilegal y la expulsión ilegal, entre otros.

Incluso la Dirección General de la Policía emitió un comunicado en el que aseguraban que habían tenido conocimiento de que ambos menores se encontraban en la localidad marroquí de Nador, a través del Defensor del Pueblo, quien habría requerido ala Jefatura Superior de Policía de Melilla “el reintegro” de los menores en el Centro de Acogida.

La Policía española pidió a la marroquí que localizase a los chavales y se los entregase en el paso fronterizo de Beni Enzar, pero se negó rotundamente a ello. Entonces, según relata Mohamed, un policía adscrito al Consulado de España en Nador, acompañado por otros dos agentes, se reunió con los menores en el aparcamiento del supermercado Marjane, a las afueras de Nador, para ofrecerles una vía alternativa de entrada a Melilla.

“Nos dijeron que estaban haciendo todo lo posible para que entráramos a España pero que estaba siendo complicado. Dijeron que podíamos ir en taxi hasta Farhana (pequeña población limítrofe con Melilla que cuenta con un paso fronterizo habilitado) y que, una vez allí, ellos no nos pondrían problemas para entrar”, explica Mohamed. Una maniobra difícil ya que “no tenemos dinero para coger un taxi”. Además, “somos negros e ilegales, ningún taxi nos pararía e incluso podría avisar a la policía”. Por si fuera poco, “decían que debíamos correr para evitar que nos atrapara la policía marroquí de frontera. Pero, ¿Y si nos cogía? Habría sido un suicidio”.

El 10 de diciembre de 2012, tras casi un mes sobreviviendo en pésimas condiciones, Ibrahima, de 14 años, fue interceptado, junto con otros 14 chavales, intentando acceder de manera irregular a Melilla en una pequeña embarcación y desde entonces permanece acogido de nuevo en Melilla, primero, en el Centro de Menores de La Purísima y, luego, debido a alguna irregularidad administrativa que todavía estudia el Defensor del Pueblo, en el centro de inmigrantes adultos (CETI).

 

Segunda expulsión ilegal y deportación a Argelia

Mohamed quedaba entonces solo, sin su compañero de batallas. Pero, Ibrahima le dejó un buen puñado de amigos y contactos, entre ellos un primo suyo, que ayudaron a Mohamed y le financiaron los dos intentos de entrada por mar a Melilla entre diciembre y enero. Aunque la suerte no le acompañó en ninguno de los dos viajes en lancha.

El pasado 15 de marzo, Mohamed se subía a un bote de pesca junto con otros 13 compañeros y recorrían los pocos kilómetros que separan la bahía de Nador de la de Melilla. Ya estaban frente ala Playa de los Cárabos, a escasos metros de la costa española cuando la Guardia Civil interceptó la embarcación.

“Estábamos a 20 metros de la playa”, asegura el joven guineano. “Pararon el bote y nos dijeron que querían ayudarnos. Que iban a llevarnos al puerto de Melilla para asistirnos”.

Entonces, tres guardias civiles amarraron la embarcación a una zodiac del Instituto Armado y la remolcaron fuera de la bahía y, aprovechando la nula visibilidad desde la ciudad, tras las escolleras y el rompeolas del puerto, sus ocupantes fueron repartidos en embarcaciones neumáticas con motores fueraborda de gran cilindrada y conducidos a los límites marinos de España por la zona norte de la ciudad.

Tanto la embarcación como los jóvenes fueron entregados a las Fuerzas Auxiliares marroquíes que les condujeron a un destacamento militar próximo a la frontera norte con Melilla.

“Yo les dije quién era y les conté toda mi historia resumida. Les dije que era menor y que había estado ocho meses acogido en Melilla. Les conté que ya me habían expulsado a Marruecos una vez pero que la Policía me dijo que podía volver”.

Mohamed asegura que, tras su declaración, fue interrogado por tres guardias que le hicieron varias preguntas y le tomaron fotografías del rostro. Uno de ellos, según declara el joven, dijo a los otros que no podían expulsarle otra vez y que debían acogerle, pero finalmente sus compañeros no le hicieron caso.

Tras ser devuelto por segunda vez de manera ilegal a Marruecos, pasó un día entero encerrado en unas dependencias para inmigrantes irregulares “sin comida y sin agua” y después fue conducido hasta la frontera de Oujda y expulsado a Argelia.

“Allí la policía argelina nos pegó y nos quitó todo lo que llevábamos: papeles, teléfonos móviles, dinero, todo. Luego nos obligó a dar la vuelta y a volver a Marruecos”, relata.

Los guardias interrogan a Mohamed Camara antes de expulsarlo de manera irregular por segunda vez

Los guardias interrogan a Mohamed Camara en la embarcación antes de expulsarlo de manera irregular por segunda vez

Desde la Delegación del Gobierno en Melilla se aseguró en todo momento que la embarcación fue interceptada en alta mar, por lo que no fue una entrega irregular. Pero las declaraciones de los ocupantes de la barca, la de los melillenses presentes en ese instante en el Paseo Marítimo y varios vídeos grabados por periodistas, organizaciones y particulares, desmontan la versión oficial.

 

Expulsiones Ilegales de menores: algo habitual

Mohamed Camara y su historia saltaron a la palestra gracias al buen trabajo de algunas de las organizaciones que trabajan en la Frontera Sur, pero no es un caso aislado.

Las expulsiones ilegales de inmigrantes de Melilla a Marruecos y de Marruecos a Argelia son una constante que aumenta de manera directamente proporcional al incremento de la presión migratoria sobre estas fronteras.

Desde que el 20 de septiembre de 2005, José Palazón, presidente de Prodein, lograra filmar estas expulsiones sumarias y denunciarlas por primera vez ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado son cientos las denuncias públicas que distintas asociaciones y organizaciones han hecho de esta preocupante práctica ilegal.

Médicos Sin Fronteras (MSF), en su Informe sobre la inmigración de origen subsahariano en situación irregular en Marruecos, de septiembre de 2005, evidenciaba, a partir de los testimonios recogidos por sus equipos, que era indudable que la Guardia Civil (encargada de la custodia fronteriza en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) “vulnera la legislación aplicable al devolver a los inmigrantes subsaharianos interceptados en las inmediaciones de la frontera”.

La devolución a Marruecos de cualquier extranjero que se hubiera encontrado en situación irregular en dicho país contraviene, según el citado informe, “las disposiciones nacionales en materia de extranjería, puede constituir una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y vulnera los principios básicos reconocidos por la Convención de Ginebra de 1951, en particular, el principio de no devolución contenido en su artículo 33.1.”.

José Palazón asegura que esta forma de proceder es habitual y que son muchas las expulsiones sumarias e ilegales que se cometen “incluso con mujeres embarazadas y niños, y a plena luz del día; sólo que esta vez se ha podido demostrar con fotos y vídeos”.

Igualmente, Palazón cree que “desde la Ciudad y la Delegación se está orquestando una campaña de difamación, precisamente para ocultar la verdadera violencia, que es la que ejercen las Fuerzas de Seguridad con los inmigrantes y los menores. Ha llegado un momento en el que las violaciones de derechos humanos en Melilla son continuas y las ilegalidades se cometen de forma impune y a la vista de todos y eso tiene que acabar”.

A la espera de una nueva oportunidad

Los inmigrantes subsaharianos, según un estudio de MSF de este año, conviven cerca de Melilla en grupos constituidos en función de los recursos que tienen para alcanzar el continente europeo. La población que vive en los bosques  del monte Gurugú, en Nador, es casi exclusivamente masculina, pero incluye un número significativo de menores no acompañados que no tienen dinero para pagar a las redes de tráfico de personas. Estos intentan entrar en Europa por otros medios, como por ejemplo saltando la valla o nadando hasta Melilla.

Y en otras zonas de Nador las comunidades se organizan según su relación con las redes de tráfico y trata de seres humanos; son grupos de hombres, mujeres, niños y niñas de nacionalidades diversas que esperan una embarcación u otro medio de transporte que les lleve hasta Europa. Estos son los llamados campamentos familiares.

Mohamed, a las puertas del Centro de Menores, días antes de su primera expulsión

Mohamed, a las puertas del Centro de Menores, días antes de su primera expulsión

Ahora, Mohamed Camara vive en uno de estos asentamientos, a unos 20 kilómetros de Melilla, acompañado por unas 100 personas más, la mayoría mujeres, jóvenes y niños.

Tiene que trabajar para los intermediarios y los jefes de los distintos campamentos para poder ganarse un puesto en alguna de las pateras que salgan este verano hacia las costas españolas o para intentar cruzar a Melilla incrustado en el doble fondo del salpicadero de algún coche.

Algunos de sus compañeros de campamento tienen malaria, fiebres, problemas estomacales o sufren fuertes dolores por contusiones o golpes: “Cuando enfermamos se pasa muy mal porque no podemos ir al hospital. Estamos lejos y tenemos miedo de que nos cojan y nos expulsen a Oujda”, asegura.

Suelen tener muchos problemas con la policía marroquí y las fuerzas auxiliares que, desde principios de marzo, vigilan a diario los asentamientos. Afirma que a las mujeres y a los niños pequeños no les pegan y tampoco los deportan, pero los jóvenes y los hombres tienen que escapar para no recibir brutales palizas.

“Vienen temprano para pillarnos dormidos. A las 4 ó 5 de la mañana salimos todos corriendo y nos escondemos. Ellos preguntan a las mujeres dónde están los hombres. Ellas no contestan o dicen que no hay hombres. Entonces las sacan de los campamentos. Luego nos quitan todas las cosas de valor y el resto lo queman. Ya han quemado tres veces mi campamento”, relata el joven guineano.

Es inteligente, alto y fibroso. Desprende seguridad e irradia confianza. A pesar de vivir tirado en un monte está limpio y aseado. Las uñas son perfectas y sus gestos parecen estudiados. Tiene un rostro bello y una mirada embaucadora. Si hubiera nacido en cualquier país europeo sería seguramente un deportista de élite o un modelo de pasarela.

Habla casi a diario con su madre, Nana, ella le da “fuerzas” y le dice que debe “tener coraje y no perder la esperanza”.  Su intención, por encima de todo, sigue siendo “entrar de nuevo a España y lo voy a seguir intentando hasta que lo consiga”. Quiere volver a Melilla porque en su país “no hay futuro” y en los campamentos “todo es muy malo, no es vida”.

Así que, a pesar de que es consciente de que se ha cometido una injusticia terrible con él, sigue confiando en la justicia española y está seguro de que algún día todo se arreglará y, al final, todo esto le habrá hecho más fuerte y mejor persona.

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