España: Un estado de excepción

por Rafael Narbona

Miércoles, 28 de Mayo de 2014

¿Por qué han demolido Can Vies y Kukutza? Porque el régimen del 78 no acepta que surjan brotes de poder popular, espacios alternativos que respondan con solidaridad, cultura y convivencia a la agresión neoliberal, que está liquidando los derechos sociales, laborales, políticos y humanos de la ciudad

La caverna mediática ha comenzado a establecer analogías entre Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, y Pablo Iglesias Turrión, cabeza de lista de Podemos. La comparación me parece estrafalaria e inconsistente. Otegi, que cumple condena de prisión en el Centro Penitenciario de Logroño por impulsar un proceso de paz en el conflicto de Euskal Herria, no es un político tibio y con miedo a perder votos, sino una figura profundamente comprometida con el socialismo y la autodeterminación de los pueblos. Su posición es clara y valiente. No hace ejercicios de funambulismo en la cuerda floja de las batallas electorales. Su reflexión sobre la violencia nace de su experiencia en el movimiento de liberación nacional vasco. No desea propagar el odio, sino el respeto mutuo y la superación de una dinámica de confrontación que ha sembrado muchísimo dolor. Pide respeto para todas las víctimas y un ejercicio colectivo de autocrítica. La violencia es un fracaso y, por razones éticas y políticas, las reivindicaciones deben articularse por vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Sería de agradecer que los hijos y nietos ideológicos del franquismo manifestaran la misma voluntad de diálogo, admitiendo que la dictadura cometió un genocidio. Sin embargo, la respuesta del PP consiste en minimizar las víctimas del franquismo, cuestionar el carácter criminal y totalitario de la dictadura, humillar a los familiares de los desaparecidos, exaltar un patriotismo de cartón piedra y criminalizar a los que protestan.

El abogado Carlos Sánchez Almeida afirma que nos hallamos en “un estado de excepción no declarado”. Aunque está prohibida la censura previa, ya existe un seguimiento indiscriminado de usuarios en las redes sociales, lo cual es abiertamente ilícito. Todo sugiere que se confeccionan archivos basados en criterios ideológicos, copiando las técnicas del macartismo. La Guardia Civil no puede actuar de oficio en los casos de injurias y calumnias, pero no cesa de husmear en la red para inculpar a internautas. El propósito de la caza de tuiteros –tan parecida a la caza de brujas- es intimidar a la población, especialmente a los que cuestionan las políticas de austeridad y desean un porvenir sin desigualdades. Según Sánchez Almeida, hay “una ofensiva global contra los derechos fundamentales. […] Se atacan los derechos cívicos, los sociales, el derecho a la sanidad, a la educación, a la libertad de expresión”. El objetivo es controlar internet y desarmar a la ciudadanía, privándoles del último reducto de la libertad. Si a esta ofensiva, sumamos la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, obtendremos el cuadro represivo de una dictadura. Sánchez Almeida no se muerde la lengua: “En este país no ha habido una revolución burguesa y llevamos 200 años gobernados por herederos de la Inquisición. Todos los partidos que han encarnado a la burguesía en este país, y que en este momento son PP y PSOE, funcionan bajo los postulados del Antiguo Régimen. Aquí hasta que no haya un salto revolucionario como hubo en Francia no se solucionará nada. Hay un peso enorme del caciquismo, como se ve claramente en el caso de Isabel Carrasco”. En Francia e Inglaterra, sería inimaginable el ataque del PP contra las libertades ciudadanas: “Hay una diferencia fundamental, las democracias avanzadas lo son porque decapitaron reyes en su momento. Para que España sea una democracia del estilo de estos países debería seguir algunos de sus pasos. La defensa de la libertad de expresión por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1996, que paró un intento de controlar Internet por parte de la administración Clinton, es inimaginable en España por la casta política y judicial que tenemos”. Los políticos están al servicio de la clase financiera y los jueces se limitan a proteger a esa trama corrupta. “Si la justicia española tuviese los medidos que tienen las justicias de otros países europeos, la mitad de los políticos españoles estarían en la cárcel”.

Las declaraciones del abogado Carlos Sánchez Almeida coinciden con el violento desalojo del centro okupado Can Vies de Barcelona. Un enorme dispositivo policial ha conseguido acabar con una experiencia de 17 años de convivencia solidaria y autogestión. Una excavadora ha reducido a escombros el centro de Can Vies, reproduciendo el triste destino de Kukutza, un gaztetxe del barrio de Rekalde en Bilbao. En un principio, las instituciones públicas cedieron el edificio al barrio para realizar actividades lúdicas y culturales. Pronto se convirtió en un sitio de referencia para los creadores culturales de toda Euskal Herria. Kukutza impulsó infinidad de iniciativas sociales, solidarias y artísticas: grupos de danza y escalada, biblioteca, serigrafía, talleres literarios, teatro, movimientos vecinales, debates. En 2011, se produjo un desalojo con tácticas militares. Las protestas se sofocaron con una represión digna de los peores años del franquismo. El Ayuntamiento alegó que se utilizaría el solar para construir viviendas, pero desde entonces no ha hecho nada y los comerciantes se quejan de que el barrio ha perdido su vitalidad y parte de su prosperidad. En Barcelona, no se han conformado con demoler Can Vies. En el mejor estilo de las dictaduras fascistas, los Mossos han atacado La Directa, un medio de comunicación independiente. Acudieron al local porra en mano y rompieron la luna de la librería La Ciutat Invisible, provocando que los cristales se clavaran en la cara y el tórax de un trabajador. Ya en la calle, aporrearon a una reportera de la Cadena Ser. ¿Volveremos a presenciar una masacre como la de Vitoria-Gasteiz, que costó la vida a cinco trabajadores el 3 de marzo de 1976? ¿Por qué han demolido Can Vies y Kukutza? Porque el régimen del 78 no acepta que surjan brotes de poder popular, espacios alternativos que respondan con solidaridad, cultura y convivencia a la agresión neoliberal, que está liquidando los derechos sociales, laborales, políticos y humanos de la ciudadanía. España es un estado de excepción, donde prospera la brutalidad policial, la pobreza y la corrupción de la casta política y empresarial. Hace poco, hice en coche el recorrido Madrid-El Escorial. Partí del Arco del Triunfo de Moncloa y pasé cerca del Valle de los Caídos, antiguo campo de concentración franquista. Sentí tristeza, asco y vergüenza. La geografía española está salpicada de monumentos fascistas y un significativo sector de la población añora la dictadura. A pesar de la caída del PP en las recientes elecciones europeas, no encuentro motivos para contemplar el porvenir con esperanza.

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/88674-espa%C3%B1a-un-estado-de-excepci%C3%B3n.html

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